El GATILLAZO ESTRATÉGICO DEL PP

21/02/2022

El descalabro causado por el Comité Ejecutivo del Partido Popular liderado por Pablo Casado y su General Secretario Teodoro García Egea, con el fin de liquidar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, es generalmente presentado por los medios como una lucha de poder entre dos liderazgos, más que por un enfrentamiento entre dos tendencias políticas. Sin negar que este conflicto contenga algo de lucha típica entre facciones de los partidos políticos, constituidas por camarillas con intereses diversos y hasta antagónicos que pretenden acaparar el poder, y cuyos desmanes suelen ser amortiguados por la imprescindible alianza para alcanzar el poder superior del Estado, considero que lo mollar de este episodio es el gatillazo estratégico de la cúpula dirigente del PP.

Recapitulemos y, sobre todo, no nos dejemos obnubilar por el atrezo. Los Montescos y Capuletos, los Rasputines y Maquiavelos, los Duncanes y ladies Macbeth, son los personajes forzosos para cualquier representación dramática de una gran mudanza de fortuna. Y en el PP, en estas horas, la fortuna está fané y descangayada. Pero el prólogo del drama se inició con el «Hasta aquí hemos llegado« lanzado contra Santiago Abascal por un encendido Pablo Casado, en el pleno del Congreso que debatía la moción de Censura presentada por VOX el 21 de octubre de 2020. Una declaración de guerra que, por la contundencia de la ofensa, dejó boquiabiertos a diputados y periodistas de todas las tendencias. Recordemos algunas frases pronunciadas por Casado: «Usted es el seguro de vida política de Sánchez… Ha llegado en auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más»…Solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados» …Esto es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en Moncloa»…Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su propio interés». Solo le faltó mentar a la madre de Abascal y llamar fachas a los de VOX. El motivo de semejantes invectivas, fue desmarcarse con contundencia de la extrema derecha con que la izquierda y los separatistas califican a VOX.

Caer en la trampa tendida por el Sanchismo y sus socios izquierdistas y separatistas, presentando a VOX como extrema derecha heredera del franquismo, solo es comprensible desde una miope visión producida por el mito convertido en tópico; La victoria por mayoría absoluta la consigue quien atraiga el voto del centro. Esta simple fórmula es justificada por la teoría espacial del voto, aunque es evidente que, desde años ha, muchos la creyeron y se equivocaron.

Uno de los primeros que pagó caro la adopción del mito centrista fue el Partido Reformista fundado en 1912 por Melquíades Álvarez, quien fue asesinado por las turbas milicianas en el sótano de la cárcel Modelo de Madrid, la noche del 22 al 23 de agosto, tras ser arbitrariamente aprisionado. El último, por el momento, arrasado por el mito es Ciudadanos. Entre ellos, todos, repito, todos los intentos por consolidar partidos centristas en España durante los últimos 110 años han fracasado. Uno tras otro. Al poco de proclamarse la II República, una de las organizaciones que con más ahínco la promovió; la Agrupación al Servicio de la República (ASR) de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y López de Ayala, se vio desbordada por la radicalización del gobierno provisional republicano. Otro fracaso trascendental para comprender la deriva de la II República fue el de la Derecha Liberal Republicana (DLR) liderada por Niceto Alcalá Zamora. La organización “trasversal” que impulsó la Transición democrática: Unión de Centro Democrático (UCD) se autodestruyó. También fracasaron estrepitosamente el Centro Democrático y Social (CDS) liderado por Adolfo Suárez González, quien volvió a caer en la misma piedra de UCD, mientras que el Partido Reformista Democrático (PRD conocido como la Operación Roca, del político catalán Miquel Roca) duró un suspiro. A Unión Progreso y Democracia (UPyD) liderado por Rosa Diez lo fagocitó Ciudadanos de Albert Rivera que, a su vez, fue fagocitado por las urnas.

¿Están malditos los partidos de centro? Preguntaba con la retranca que le caracteriza Anabel Díaz el 11 de noviembre de 2019 en El País, con motivo de la dimisión de Rivera tras la debacle electoral de Ciudadanos. Quizá la respuesta más obvia no sea muy sesuda, pero el repaso histórico demuestra que; Si a la despiadada guerra ideológica declarada por las izquierdas con el fin de lograr la hegemonía cultural y política, se le opone un centrismo ligero de equipaje moral, economicista y maleado en el tactismo oportunista y en el escaqueo patriótico, su muralla resulta tan liviana como la casita de paja del pequeño cerdito.

A pesar de que el tópico del voto del centro como determinante de las victorias electorales es fomentado por medios de tirios y troyanos, ni el PSOE de Zapatero ni mucho menos el de Sánchez, han abrazado este postulado. Todo lo contrario, desde 2004 el PSOE reanudó su antañona radicalización, reavivando la confrontación política y social mediante legislaciones ideológicamente sesgadas, rematadas por la ley de memoria histórica como máquina de lavar su espeluznante pasado y expendedora de escarnio para todo aquel que osara criticar el relato histórico oficial, colocándole el sambenito de pecado original franquista. Tan contundente fue la radicalización Zapateril que, durante el Congreso del POSE celebrado en julio del 2008, tres docenas de antiguos dirigentes expulsados en 1946, al ser entonces tildados de traidores por su colaboración con los comunistas estalinistas durante la guerra civil, empezando por Juan Negrín y terminando por el presidente del FRAP Julio Álvarez del Vayo, a título póstumo fueron reintegrados con todos los honores al PSOE. ¿Acaso Sánchez abraza la estrategia centrista cuando consuma el brazo del oso a Podemos y sus derivadas y contubernia con los separatistas golpistas y los decanos dirigentes de ETA? Sin duda, es duro admitir que el Sanchismo gobierna asentado en un Frente Populista.

Si a la omisión histórica y al menoscabo de un análisis cabal de la realidad, se añade el empaque resultante de controlar una superestructura partidaria considerable, sin méritos ni capacidades que lo abalen, va de suyo que la inhábil cúpula dirigente del PP torne a la estrategia marianista del Don Tancredo ideológico, desdeñosa y cobarde ante la hegemonía del relato izquierdista. Por consiguiente, cualquiera que dentro del partido perturbe la estrategia Tancredo-Centrista, de palabra u obra, es un saboteador, aunque su discurso se base en el liberalismo moral de la Escuela de Salamanca y algunas gotas destiladas del pensamiento de Juan Donoso Cortés, gane elecciones y sea popular. Sobran pues las enardecidas Cayetanas e Isabeles que desafían el relato woke y al Frente Populista Sanchista.

Es indudable que, a pesar de abrazar la mencionada estrategia centrista, la guerra interna en el PP no se hubiera producido o hubiera sido una escaramuza más, si la ejecutiva nacional hubiera actuado con mesura y no obnubilada por la prepotencia y la envidia. Incluso es probable que un PP dirigido por Alberto Núñez Feijóo hubiera actuado con más cautela y paternalismo, aunque, no lo podemos olvidar, también estaría amarrado a la estrategia centrista abrazada por estos inhábiles muchachos.

Ahora, para el bien de la mayoría de los españoles, queda la esperanza de que el viento perenne de destrucción creadora genere una estrategia capaz de desarbolar el Frente Populista Sanchista y emprender la regeneración de España, sobre la base del liberalismo moral y patriota.

UNA LEY POPULISTA DE LA VIVIENDA

Evocación al memorable artículo de Mariano José de Larra “Lo que no se puede decir, no se debe decir” publicado en 1834.

03/02/2022.

Aunque dentro de 12 años se cumplirán dos siglos de la publicación del memorable artículo: “Lo que no se puede decir, no se debe decir” escrito por Mariano José de Larra, su lectura nos indica que el constructivismo posmodernista que niega la posibilidad de alcanzar una verdad objetiva, no es tan novedoso como nos lo vendieron sus profetas. Al fin y al cabo, el romanticismo no fue otra cosa que el culto a la subjetividad, a la irracionalidad y al sentimiento, aunque tantas veces Larra renegara de ese encuadre buscando la verdad, con una envidiable y elegante prosa. Ejemplo de su rebeldía ante la censura y la descarada manipulación de la verdad, es la irónica fórmula con la que concluye el mencionado artículo: «Examino mi papel; no he escrito nada, no he hecho artículo, es verdad. Pero en cambio he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema; buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna, y concluiré siempre diciendo: «Lo que no se puede decir, no se debe decir». Y en esas estamos, tratando de sortear, cualquiera escribe torear, a la censura de los moralistas que nos gobiernan y procurando no incurrir en la palabra maldita o en la frase que puedan considerar heteropatriarcal, no sea que nos excomulguen y nos cancelen en vida. Ni Dios está a salvo, por lo tanto, debo escribir y escribo que este artículo, aunque no lo parezca, no pretende criticar a la que será la ley estrella de la incalificable legislatura que padecemos.

No sé si debo decir que desde el título; Ley por el Derecho a la Vivienda, hasta las antefirmas de nombres orwellianos de los ministerios de las titulares de las ministras que firman este proyecto de ley, pasando por una exposición de motivos donde los sintagmas demagógicos como «vivienda digna», conforman un extenso brindis al sol pleno de desvergonzado autobombo incluida la desfachatez de anunciarlo como norma pionera en la actual etapa democrática.

No sé si debo decir que es probable que ni las ministras abajo firmantes lean todo el texto de la ley, debido al cansancio que significa soportar tanta jerga políticamente correcta, plena de desquiciados sintagmas del tipo «soluciones habitacionales». También fatiga mucho soportar el palabreo que trata de camuflar la patológica obsesión ideológica de PSOE y UP de aniquilar el anhelo de comprar una vivienda a las nuevas generaciones, mientras ellos se afanan en acumularlas en su patrimonio particular.

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No sé si debo decir que fue el inefable Rodríguez Zapatero quien inició el intento de guetarizar a grandes sectores de la población con el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Real Decreto 2066/2008. Fracasado el intento, sus sucesores continúan con el propósito de intervenir el mercado de la vivienda, estableciendo mecanismos despóticos sobre los precios de los alquileres, recargos abusivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes se atrevan a hacer con su propiedad lo que consideren oportuno (“esos diabólicos grandes tenedores”), implantar al menos un 50% de viviendas protegidas en alquiler (mejor excluir la propiedad no sea que los trabajadores tengan algo más que perder que sus cadenas). A simple vista, solo la necedad ideológica justifica repetir el fracasado intento de Zapatero, cuando se comprueba que, tras 12 años de vigencia, en 2021 España contaba con 290.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, es decir, el 1,6% del total. Pero me parece que achacar la persistencia en imitar el nefasto sistema francés llamado HLM (habitación a alquilar) que ha terminado en guetos invivibles, debe tener un objetivo que supera el sostenella y no enmendalla ideológico.

Veamos. Desde la larga exposición de motivos se palpa el intervencionismo justificado con el sinhogarismo, aunque es en el Capítulo II. Régimen Jurídico Básico del Derecho de Propiedad de Vivienda, donde al hacer más hincapié en los deberes y cargas del propietario de una vivienda que en sus derechos, se detecta claramente que nos encontramos con un relato propagandístico muy ideologizado.

No sé si debo decir que es a través de la disposición final quinta, cuando esta ley pone en solfa el derecho de propiedad de la vivienda, modificando la ya ineficaz Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil para, con enredos leguleyos, retrasar y complicar las reclamaciones del propietario ante la justicia para recuperar su vivienda “okupada” ilegalmente. Conocido y sufrido el tortuguismo con que opera la justicia del Estado español, se puede deducir que las condiciones burocráticas impuestas al atracado, pueden postergar el desalojo de los ocupantes ilegales as calendas griegas, si dichos ocupantes alegan vulnerabilidad económica o social.

No sé si debo decir que una ley que se denomina por el derecho a la vivienda y establece «Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles» incluya el derecho de ocupación de la vivienda del prójimo, por quienes aleguen vulnerabilidad económica o social, es un monumento al cinismo y un vituperio a la inteligencia.

No sé si debo decir que como es habitual en este tipo de leyes tan progresistas e igualitaristas, al Estado se le dota de instrumentos coercitivos e intervencionistas, entes burocráticos para colocar adeptos como el Consejo Asesor de Vivienda, además de abracadabras del tipo “Vivienda asequible incentivada” que nada nuevo aportan salvo instrumentalización política. Monumento al populismo son los preceptos dedicados a las llamadas “zonas de mercado residencial tensionado” establecidas por criterios tan enrevesados como que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), debe superar el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, para establecer estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico. Pero como los datos justificadores no se conocen, los redactores de la ley han tenido que establecer una moratoria de año y medio desde la entrada en vigor de la ley, para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consiga estos datos de las CCAA y los ayuntamientos. Y con semejante berenjenal burocrático acotado a 3 años, pretenden imponer un límite de precio a la renta conforme a un sistema de índices de precios de referencia establecidos por el Estado, cuando las viviendas pertenezcan a “grandes tenedores” con personalidad jurídica. No obstante, los pequeños propietarios y los grandes tenedores que tengan viviendas en las zonas tensionadas, no estarán sujetos a limitación de precios, pero sí a una congelación de las rentas que afectará tanto a los nuevos contratos como a los ya firmados. En cualquier caso, al tener que ser las CCAA quienes soliciten las áreas, es probable que este capítulo quede en humo demagógico.

No sé si debo decir que como el papel de bueno se lo autoconcede el gobierno, el imprescindible malo de la película es adjudicado a los ayuntamientos. Así, los consistorios podrán penalizar mediante un recargo de hasta el 150% en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal», como ser segunda residencia, estar en obras de rehabilitación o estar ofertada en el mercado. El recargo fija un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona. Nada dicen de las consecuencias económicas que sufre el propietario cuando los okupas le roban la casa. No sé si debo decir que solo consistorios regidos por personajes como Ada Colau, aplicarán esta normativa.

No sé si debo decir que siguiendo el papel de malo para los consistorios, la ley establece criterios para incrementar el parque de vivienda social reservando el 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones que deberá destinarse a la vivienda protegida, reteniendo un 50% de esa cantidad al alquiler social. El problema es que estas reservas, tendrán que ser compensadas a las promotoras por los ayuntamientos. La normativa también blinda la vivienda pública para que las administraciones autonómicas y locales (quienes tienen competencias en la materia) no puedan enajenar el parque público. Así, las viviendas de protección oficial (VPO) no podrán descalificarse durante un periodo mínimo de 30 años. A su vez, los inmuebles construidos sobre suelo destinado a VPO no podrán perder su calificación de protección.

No sé si debo decir que mientras quienes cargan con el peso de las medidas incentivadoras son las CCAA y los ayuntamientos, la inconcreción financiera preside los supuestos planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, el fondo social de vivienda y los parques públicos de vivienda. Apenas se estipulan reducciones fiscales para promociones, alquileres a jóvenes y reparaciones. Tampoco se mejoran las obligaciones de los promotores de viviendas que perciban cantidades anticipadas y, en no pocos casos, se estropean los incentivos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

No sé si debo decir que el gobierno que aprueba esta ley no tiene la intención de ponerla en marcha al establecer plazos de ejecución que impiden su curso antes de la finalización de esta legislatura. Ergo, parece que empezamos a encontrar el motivo principal de su aprobación en ese patio de Monipodio llamado Congreso. No me mal interpreten, lo que no se puede decir, no se debe decir y no digo que solo los dividendos electorales derivados de la agitación y propaganda con que está siendo y sobre todo será publicitada justifican el esfuerzo de nuestro gobierno.

En fin, No sé si debo decir que desde la percepción del fin propagandístico y clientelar de esta normativa, se puede entender el desprecio del gobierno al aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el “problemático encaje” constitucional de esta Ley. Qué más da que la ley sea recurrida y hasta anulada por el Tribunal Constitucional, si antes obtenemos buenos réditos electorales, se dirán regocijados. Mientras tanto, la sombra de la posible aplicación de esta ley, reducirá las inversiones inmobiliarias. Pero otros muchos ganarán, me refiero a unos medios bien engrasados y a otros que, previsiblemente, se caerán del caballo por el lado izquierdo ante el reparto de pasta procedente del maná de la UE que la Moncloa reparte y repartirá aún más con su reconocida generosidad. Entonces, las loas sobre esta igualitarista ley serán grandiosas.