Pocos españoles no están “concienciados” sobre el elevado coste de la energía, sobre todo cuando les llega el recibo de la electricidad o cargan de combustible su automóvil. Además, con la invasión de Ucrania y el cierre de uno de los grifos del gas natural procedente de Argelia, debido al inexplicado cambio de parecer de Pedro Sánchez sobre el antiguo Sahara español, la fragilidad energética latente de España se hizo patente. Empero, la paradójica e ideológica Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética aprobada 9 meses antes de la invasión rusa a Ucrania, no se ha modificado. Por el contrario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, arropada por Sánchez, impasible el ademán, persiste en el antinuclearismo primario en su plan energético para España.
Como creyente de la doctrina sandía, ya saben, verde por fuera y roja por dentro, para Doña Teresa, además del demonio nuclear existen renovables buenas y malas. Veamos.
El borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023 (PNIEC), enviado a la Comisión Europea, es otra revisión que pretende adaptarse a la Ley Europea sobre el Clima y el «Objetivo 55». Sus metas se basan en estudios y recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía; European Climate Foundation, y analistas del ámbito empresarial: RE100, Bloomberg Climatescope NEF y REPowerEU. Así, se han acordado los siguientes objetivos para 2030:
I. 32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
II. 48% de renovables sobre el uso final de la energía.
III. 44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final.
IV. 81% de energía renovable en la generación eléctrica.
V. Reducción de la dependencia energética hasta un 51%.
Obviamente, estos propósitos están determinados por el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que establece un calendario que solo la UE está dispuesta a cumplir, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ante los siniestros pronósticos del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Naturalmente, todas las medidas propuestas dicen promover un modelo de desarrollo sostenible y la neutralidad climática antes de 2050, sea lo que sea ese desarrollo y esa neutralidad.
Obvio es que los “analistas y consejeros” del Plan tienen intereses en la generación de energía, mientras cualquier contraste con las posibilidades energéticas actuales de España indica que el sesgo ideológico marca de la casa, implica un enorme gasto y dudas razonables sobre el pretendido objetivo de lograr una energía segura y barata. Así, en el borrador del Plan se establece nada menos que inversiones por un total de 294.000 millones de euros en siete años. Sin explicar cómo, se afirma que: «El 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%). El 40% de la inversión tendrá por destino las energías renovables, el 29% irán a ahorro y eficiencia, el 18% a redes energéticas y un 12% a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 34% en 2030». Pero las cuentas de esta lechera no cuadran. De hecho, según el gobierno, el referido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos para España suma 140.000 M€ entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 M€ en transferencias y el resto, recordémoslo, deuda. Claro que como el Plan ha sido diseñado con perspectiva de género, quien sabe.
Recapitulemos: el objetivo principal del Plan es la electrificación y descarbonización del sistema energético español. Por lo tanto, el programa de cuánto y cómo se genera electricidad es el quid de la cuestión. Y el Plan lo especifica con rotundidad: la potencia total instalada en el sector eléctrico en 2030 se establece en 214 GW –el incremento del 80% de los 120 GW de 2023 está justificado por la insuficiente fiabilidad de las renovables eólica, solar e hidráulica-. Para dicha potencia instalada, las renovales tendrían 160 GW instalados más 22 GW de almacenamiento diario, semanal y estacional. De los cuales; 62 GW de energía eólica –de las que 3 GW serían eólica offshore–, 76 GW de solar fotovoltaica –incluyendo 19 GW de autoconsumo–, 14,5 GW de hidráulica; 4,8 GW de solar termoeléctrica y, atención, solo 1,4 GW de biomasa. En cuanto a las llamadas “no renovables”, el Plan prevé para 2030 un total de 26,6 GW de ciclos combinados de gas y 3 GW energía nuclear procedente de centrales en funcionamiento -el calendario impuesto del apagón nuclear en 2030 funcionarían Ascó II, Vandellós II y Trillo-.
En resumen, el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023, eleva del 42% al 48% el porcentaje de producción renovable sobre energía total consumida en 2030 y del 74% al 81% el porcentaje de electricidad producida con renovables.
Además, añade nuevas metas relacionadas con la electrificación, la eficiencia energética y los planes verdes europeos. Entre ellos, alcanzar 11 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde –tecnología aún muy verde-, disponer de un parque de vehículos eléctricos de 5,5 millones en 2030 –también muy verde- y que se consuma un 73% de energía renovable en los edificios –más verde todavía-.
Aunque en el Plan PNIEC se incluye la “Hoja de Ruta del Biogás”, es sorprendente, o no tanto, que los objetivos para esta fuente energética sean menos rotundos y ambiciosos que para otras renovales. Y digo bien renovables porque el biogás lo es aunque produzca unos insignificantes gramitos de of CO2 por kWh. Y parece obvio que por el pecado CO2 sea la única energía 
en la que el Plan prevé una producción mínima de biogás de 10,41 TWh anuales en el año 2030, a partir del potencial disponible de los residuos agroindustriales, de la fracción orgánica de los residuos de competencia local y de los lodos de aguas residuales, y de los estiércoles. Y sin embargo, esa producción mínima está a punto de sobrepasarse en 2024 debido a que las plantas de biogás en España son rentables. Entre las ampliaciones en curso de plantas de biogás en España, destaca la del Parque Tecnológico de Valdemingómez donde se procesan las basuras de Madrid capital y varias localidades de su alrededor.
Llegado aquí, dos preguntas surgen inevitablemente:
¿Por qué razón el PNIEC desdeña la energía eléctrica generada por los nuevos (Generación IV) reactores nucleares medios y modulares pequeños (SMR), si han sido reconocidos por la UE como lo que son: verdes porque no emiten CO2, fuente de energía segura y estable pues reducen los volúmenes de desechos nucleares al mínimo y en un siglo son inertes, su coste depende de forma muy marginal del precio del combustible, lo que les pone a salvo de oscilaciones en su precio debidas a factores geoestratégicos o políticos, además de imprescindibles para lograr la añorada transición energética libre de gases de efecto invernadero barata y segura?
La segunda cuestión tiene también que ver con la prioridad de la ideología en lugar de la razón ¿Por qué el PNIEC no ha evaluado debidamente el biometano como inmediatamente disponible pues hoy tenemos 146 instalaciones de biogás con una producción energética de 2,74 TWh y se puede, al contrario del hidrógeno verde que sigue muy verde, incrementar su producción exponencialmente con inversiones abordables, con un potencial estimado en 163 (TWh) – 163.000 GWh- al año, lo que hubiera supuesto cubrir el 45% de la demanda de gas natural de 2022 (es decir, casi toda la demanda doméstica y la mitad de la demanda industrial de España?
Si no hubiera la esperanza de poder cambiar pronto el último borrador del PNIEC, gracias a un cambio de gobierno, el futuro inmediato energético de España estaría marcado por costosas inversiones públicas que implicarían costes energéticos altos y alta probabilidad de inseguridad energética. Menos mal que la posibilidad de cambio es probable y que muchas empresas energéticas han dejado de confiar en la hoja de ruta de la Agenda 2030 y siguientes del actual gobierno. Por ejemplo, el grupo energético italiano Enel, propietario mayoritario de la eléctrica española Endesa con un 70% del capital, confirma su apuesta por que la energía nuclear siga siendo clave en el sistema energético europeo del futuro y por abrir más reactores con tecnologías de nueva generación. Así, Enel ha firmado una alianza con la empresa de tecnología nuclear Newcleo para desarrollar proyectos de tecnología nuclear de cuarta generación, basada en reactores más pequeños que los actuales, modulares y enfriados por plomo (LFR) -reactor flexible de neutrones rápidos que puede usar combustible con uranio empobrecido o torio alimentados con MOX-, que generan menos residuos y que permiten reaprovechar basura radiactiva como combustible de las instalaciones.
La cerrazón ideológica contra la energía nuclear abanderada por Alemania que sigue el gobierno español, tiene cada día menos seguidores por razones económicas y estratégicas obvias. No es solo Francia, también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Rusia, China y otros muchos países europeos, han optado por instalar reactores nucleares de cuarta generación.