ENLACE PARA LEER CAMINOS SOBRE LA MAR

Con este relato histórico con trazos autobiográficos, convoco a los españoles a la reflexión sobre los acuciantes problemas que nos atañen.

Pretendo dar mi testimonio sin caer en el anacronismo histórico. Autarquía franquista, desarrollismo, militancia antifranquista clandestina y democracia, son desmenuzados con el fin de establecer un aviso a navegantes sobre los trances que acechan a la sociedad española, cuando se acerca la tercera década del siglo XXI.

Caminos sobre la mar integra una crónica sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en España y el resto del mundo durante buena parte del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. Con este relato histórico «con trazos autobiográficos», Pablo Rojo nos convoca a la reflexión sobre los acuciantes problemas que atañen a los españoles, ofreciendo al lector una visión auténtica, sin filtros, alejada de verdades edulcoradas o manipuladas, de dogmatismos, doctrinas y trincheras ideológicas y basada en el estudio, la experiencia propia, el análisis crítico y el aprendizaje de los aciertos y errores. Un punto de vista que busca abrir los ojos del lector y hacerlo reflexionar libremente sobre las razones que han desembocado en un presente que lejos parece del paraíso de derechos y libertades que se nos vende y sobre el incierto futuro que, oculto tras cortinas de humo hábilmente manejadas y dispuestas, parece cernirse sobre la sociedad si no se produce un profundo cambio de rumbo.

ENTREVISTA EN TREGOLAM

PRÓLOGO

El título y ánimo de esta crónica, con retazos autobiográficos, se inspira en los reflexivos poemas de Antonio Machado en Proverbios y cantares del poemario “Campos de Castilla” (1912). En particular, en los diez célebres versos de la vigésimo novena estrofa “Caminante, no hay camino” donde el poeta medita sobre el sentido y la fugacidad de la vida humana. Esos caminos sobre la mar recorridos que se disolverán inexorablemente con la muerte. Pero al mismo tiempo, en el tercero y cuarto verso que dicen: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar» Machado sitúa la individualidad y la falta de predestinación de ese camino. El escepticismo contra cualquier trayectoria vital marcada, de antemano, por un destino, Machado lo reitera en muchos de sus poemas, sin embargo, el mensaje que, entiendo, completa mejor su reflexión se manifiesta claramente anudando los versos mencionados con su famoso poema escrito, diez años antes, titulado “Soledades” (1903) cuando expresa: «He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas; he navegado en cien mares, y atracado en cien riberas». Reconocerme en estos versos machadianos significa asumir una trayectoria de búsqueda de veredas que, aunque no pocas veces erradas, he ido transitando, andando y desandando, a veces con dolor y otras con esperanza. Paso a paso, golpe a golpe, he intentado ir forjando un pensamiento crítico mientras aprendía, coscorrón tras coscorrón, la utilización de la verificación como antídoto contra la foto fija de una forma de ver el mundo bajo el prisma de un corral ideológico. Con estos sucintos bagajes, la percepción de un mundo enmarañado de mensajes e ideas dispares y antagónicas repletas de admoniciones y fobias, casi siempre carentes de sustento epistémico, me ha inducido, a la vejez viruelas, a cavilar mientras escribo y rememoro, sobre lo higiénico que puede resultar buscar la verdad y la objetividad desde el examen crítico de lo experimentado y ocurrido.
Es probable que sin el cúmulo de exageraciones, sesgos, ficciones, ocultamientos y, no pocas, ucronías respecto a la historia contemporánea de España, comúnmente divulgadas invocando la Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007, la idea de iniciar este osado escrito testimonial no hubiera pasado por mi cabeza. El acicate para intentarlo es el profundo malestar y mayor preocupación acerca de las nefastas consecuencias, para la convivencia armoniosa de la sociedad española, de la divulgación de tantos relatos con ínfulas histórico-memorísticas, colmados de inexactitudes y maniqueísmo, sobre nuestro reciente pasado.

El definitivo acicate para emprender este afán, ha sido la traumática vivencia soportada por la humanidad, con notable consternación para los españoles, derivada de los estragos provocados por el coronavirus (SARS-CoV-2)2 enfermedad llamada COVID-19, durante los ocho primeros meses de 2020 cuando, aunque las adversidades prosiguen, es la fecha en que concluyo este escrito. Para los más jóvenes, esta inesperada calamidad está siendo una experiencia traumática que supone el aumento de la, ya anteriormente, frágil perspectiva de un futuro esperanzador para sus vidas. Para los mayores, una atroz vivencia de la que no tenemos otra referencia que los rescoldos de una trágica y cruenta guerra civil, a la par que la sospecha fundada de dirigirnos hacia un despotismo revestido con ropajes más sutiles que los que vistieron quienes nos oprimieron en nuestra juventud, pero no por ello menos intolerante.

Con su largo título; «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» la ley pregona, en su exposición de motivos, fraternales fines; «La presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles» pero acota la aplicación del bálsamo para las lesiones sucedidas entre el 18 de julio de 1936 y 1976, al tiempo que estigmatiza, sin matices, a todos aquellos que, por incontables causas, participaron en la sublevación militar contra el gobierno del Frente Popular de la II República, lucharon en el llamado bando nacional o colaboraron con la dictadura franquista. Asimismo, no es baladí que esta ley autorizara al Gobierno a organizar y reestructurar el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, labor que el mismo gobierno se apresuró a perpetrar desmantelándolo pocos meses después de que la LMH fuera aprobada. Dentro de los preceptos que declaran la ilegitimidad del franquismo y sus tribunales de justicia, la LMH implanta la eliminación de cualquier símbolo y referencia considerada franquista antes de la promulgación de la Constitución de 1978. Además de incentivos pecuniarios para localizar cadáveres y la reparación moral de las víctimas a través del reconocimiento de derechos y honores a sus fiduciarios, la LMH «sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática». Con ello, concede la categoría de historia a la memoria de unos, mientras niega la de otros.

Redactada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la LMH fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, con los votos a favor de: PSOE, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco.

En buena práctica etiológica, laceraciones tan prolongadas y profundas como las que invoca la LMH, precisan determinar las causas para realizar un diagnóstico que lleven a utilizar los cicatrizantes apropiados. Sin embargo, esta ley, al prescindir del quinquenio republicano que precede a la Guerra Civil, ratifica que el periodo histórico entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 fue una sosegada etapa democrática, inexplicablemente, quebrantada por un ominoso golpe militar liderado por Francisco Franco Bahamonde, al referirse reiteradamente a: «la legalidad anterior al 18 de julio». En este baile, entre memoria e historia, se escapa un detalle sustancial; no hay investigación histórica digna de tal nombre que, para explicar la última Guerra Civil entre españoles acontecida entre julio de 1936 y abril de 1939 e incluso la larga dictadura franquista, no examine los acontecimientos que se produjeron durante el periodo republicano, incluso, si me apuran, de los últimos años del periodo de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera. Pretender que los conflictos sobre la tenencia y explotación de la tierra, la encarnizada lucha de clases, el anticlericalismo militante institucionalizado que fue generando innumerables actos de violencia, el intento revolucionario de octubre de 1934, las controvertidas elecciones con que el Frente Popular logró el poder en febrero de 1936, el incremento de amenazas y crímenes políticos acaecidos en España en los cinco meses anteriores a la Guerra Civil que, según los datos del Congreso de los diputados sumaron 333 muertos y 1.511 heridos, son datos y sucesos prescindibles para entender los terribles acontecimientos que seguidamente vivieron y vivimos tantos españoles, es adulterar cualquier posibilidad de reparación moral para todos con que esta ley se pretende legitimar.

Por si la restricción historiográfica descrita no fuera un obstáculo para los propósitos de reparación general de injusticias, crímenes y abusos ocurridos tantos años ha, la LMH establece que, realmente, solo tienen derecho a reparación moral aquellos que lucharon por la defensa de los valores democráticos, valores que se dan por, incuestionables, en partidos, sindicatos y organizaciones que conformaron el Frente Popular republicano y los que luego se opusieron a la dictadura franquista. En consecuencia, esta ley impone el relato de que todo aquel que se opuso a los sublevados contra la II República y la dictadura franquista, sin duda lo hizo en defensa de la democracia. Pero la misma ley se desdice, flagrantemente de dicha presunción democrática cuando, en el duodécimo párrafo de la Exposición de Motivos establece la legitimación “intensísima y singularizada” como luchadores por la democracia, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que combatieron como fuerzas de choque del ejército republicano durante la Guerra Civil, legitimación que concreta, en el artículo 18, concediendo la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de dichas Brigadas. Es evidente que, tanto por la mención específica en la exposición de motivos, como la concreción del asunto en un artículo, los redactores y diputados que aprobaron esta ley conocían bien la historia de las Brigadas Internacionales. Unas brigadas que fueron reclutadas, organizadas y dirigidas por la III Internacional o Internacional Comunista, también conocida por su abreviatura en ruso Komintern. Me permito constar que la Komintern fue fundada en Moscú en 1919 por Vladímir Ilich Uliánov, alias “Lenin” y dirigida, desde la muerte de este hasta su disolución, por Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, alias Stalin. El primer mandato de la Komintern era la imposición de la “dictadura del proletariado” en todo el mundo al modo soviético leninista y luego estalinista. En todo caso, buena parte de los integrantes y dirigentes de esta legión que combatió en España, fueron “depurados” durante la ola de purgas estalinistas en las “democracias populares” implantadas por la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. Purgas que se inauguran con la acusación, sin pruebas, de “espionaje a favor de poderes extranjeros, desviación trotskista y titista”, consiguiente juicio amañado y ejecución el 15 de octubre de 1949 de László Rajk, quien había sido comisario del Batallón Rakosi de la XIII Brigada Internacional del Ejército Popular de la II República española, luego héroe de la resistencia contra los nacionalsocialistas de Hitler y Ministro del Interior de la República Popular de Hungría. Solo los excombatientes brigadistas que vivieron en los países capitalistas, por ejemplo: Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Canadá, a pesar de ser en algunos casos acosados, pudieron contarlo muchos años después tal y como escuché a unos cuantos y, más adelante, contaré.