Una admirable y bella prueba sobre la contribución cultural y civilizadora de los españoles en las Indias.
El pasado martes 20 de septiembre tuve el placer de visitar la Misión San Francisco de Asís en la ciudad de San Francisco. Conocida también como Misión Dolores, es una admirable y bella prueba sobre la contribución cultural y civilizadora de los españoles en las Indias, es decir; en el continente americano.
Insiste José Javier Esparza en su didáctico: “Te voy a contar tu historia. La gran epopeya de España” que España no colonizó, sino que aquellos pocos españoles, menos de un millón en total, conquistadores, frailes y colonos, lograron la inmensa hazaña del descubrimiento y el mestizaje civilizatorio, gracias al código ético forjado durante la reconquista y a la convicción de ser portadores de la religión verdadera salvadora de la humanidad, por lo que implantaron una España bis en aquellos inmensos territorios. Y si bien es cierto que en Hispanoamérica se encuentran innumerables pruebas de esta epopeya, quien quiera verificarla solo tiene que recorrer los restos de las misiones de California fundadas por fray Junípero Serra y sus colegas-hermanos franciscanos.
En el caso concreto de la Misión de San Francisco de Asís, fueron los frailes franciscanos españoles; Francisco Palóu y Pedro Cambón quienes, acompañando al explorador José Joaquín Moraga en 1776, tras consultarlo con Junipero Serra, decidieron fundar una nueva misión (la 19 en la alta California de un total de 21) en la orilla de un arroyo en la única zona relativamente llana de la actual San Francisco. Como las otras misiones, el fin era evangelizar e instruir a los indios, en este caso la tribu de los Ohlone, tribu que como las otras que habitaban la alta California, a pesar de las trolas ideologizadas del presentismo histórico indigenista, estaban en la edad de piedra y eran caníbales. Asimismo, y debido a las enfermedades que sufrían los indios sin defensas ante las enfermedades europeas, los franciscanos españoles erigieron un hospital al lado de la Misión de San Francisco de Asís.
La historia oficial presentista mexicana y yanqui asegura que la Misión de San Francisco no tuvo un rendimiento agrícola notable, sin embargo, admiten que en 1803 llegó a contar con 20.000 cabezas de ganado y de sus cosechas obtenían excedentes que vendían a los militares del fuerte de San Francisco y a los colonos que estaban conformando la nueva ciudad.
Pero tras la independencia de México en septiembre de 1821, el nuevo estado impuso la presencia de militares para controlar las misiones, una medida que provocó en 1824 la rebelión de los chumash de las misiones de Santa Bárbara, Santa Inés y La Inmaculada. Otras rebeliones de indios se produjeron en otras misiones y buena parte de ellos huyeron. En 1834 el estado mexicano secularizó las misiones de California y expulsó a los frailes españoles para reemplazarlos por funcionarios del gobierno. Pronto los Ohlone, Chumash y otras tribus que vivían en las Misiones fueron expulsados sin contemplaciones para devenir, en el mejor de los casos, mano de obra semiesclava de los hacendados y oligarcas criollos. Sin tierras y sin hospitales, las enfermedades fueron diezmando a los nativos de California. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 que concluyó la guerra México-Americana (1846-1848), México cedió el 55 por ciento de su territorio a los yanquis, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, junto con la mayoría de los territorios de las actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming. Como Texas ya estaba ocupada por los yanquis, México reconoció el Río Grande como frontera con los Estados Unidos.
Con la llamada Fiebre del Oro, estallaron sangrientos conflictos entre los californianos nativos y los inmigrantes y colonos de origen europeo. Fueron estos yanquis quienes masacraron a los indígenas que quedaban en California entre 1850 a 1880. De hecho, se puede decir que los indígenas indios de California fueron extinguidos. Pero como el presentismo indigenista inventa la historia para justificar sus actuales fechorías, en San Francisco hay un grupúsculo (obviamente de origen sudamericano) que cobra subvenciones por bailar unas supuestas danzas Ohlone.
Cuando el gobierno de los Estados Unidos devolvió la propiedad de las misiones a la Iglesia Católica en 1874, la mayoría estaba en ruinas. No obstante, la bella vieja iglesia de la Misión San Francisco de Asís o Misión Dolores es el edificio intacto más antiguo de la ciudad de San Francisco y la única de las 21 misiones californianas que se encuentra inalterada. Su estructura ha sobrevivido los terremotos de la zona, especialmente el seísmo del año 1906. Fue en 1918 cuando se construyó la bella basílica que acompaña a la iglesia y se reparó una parte del viejo cementerio que contiene parte de los restos de nativos y frailes que construyeron la misión, junto con otras personalidades como el primer gobernador mexicano Luis Antonio Argüello.
Pocos españoles no están “concienciados” sobre el elevado coste de la energía, sobre todo cuando les llega el recibo de la electricidad o cargan de combustible su automóvil. Además, con la invasión de Ucrania y el cierre de uno de los grifos del gas natural procedente de Argelia, debido al inexplicado cambio de parecer de Pedro Sánchez sobre el antiguo Sahara español, la fragilidad energética latente de España se hizo patente. Empero, la paradójica e ideológica Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética aprobada 9 meses antes de la invasión rusa a Ucrania, no se ha modificado. Por el contrario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, arropada por Sánchez, impasible el ademán, persiste en el antinuclearismo primario en su plan energético para España.
Como creyente de la doctrina sandía, ya saben, verde por fuera y roja por dentro, para Doña Teresa, además del demonio nuclear existen renovables buenas y malas. Veamos.
El borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023 (PNIEC), enviado a la Comisión Europea, es otra revisión que pretende adaptarse a la Ley Europea sobre el Clima y el «Objetivo 55». Sus metas se basan en estudios y recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía; European Climate Foundation, y analistas del ámbito empresarial: RE100, Bloomberg Climatescope NEF y REPowerEU. Así, se han acordado los siguientes objetivos para 2030:
I. 32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
II. 48% de renovables sobre el uso final de la energía.
III. 44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final.
IV. 81% de energía renovable en la generación eléctrica.
V. Reducción de la dependencia energética hasta un 51%.
Obviamente, estos propósitos están determinados por el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que establece un calendario que solo la UE está dispuesta a cumplir, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ante los siniestros pronósticos del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Naturalmente, todas las medidas propuestas dicen promover un modelo de desarrollo sostenible y la neutralidad climática antes de 2050, sea lo que sea ese desarrollo y esa neutralidad.
Obvio es que los “analistas y consejeros” del Plan tienen intereses en la generación de energía, mientras cualquier contraste con las posibilidades energéticas actuales de España indica que el sesgo ideológico marca de la casa, implica un enorme gasto y dudas razonables sobre el pretendido objetivo de lograr una energía segura y barata. Así, en el borrador del Plan se establece nada menos que inversiones por un total de 294.000 millones de euros en siete años. Sin explicar cómo, se afirma que: «El 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%). El 40% de la inversión tendrá por destino las energías renovables, el 29% irán a ahorro y eficiencia, el 18% a redes energéticas y un 12% a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 34% en 2030». Pero las cuentas de esta lechera no cuadran. De hecho, según el gobierno, el referido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos para España suma 140.000 M€ entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 M€ en transferencias y el resto, recordémoslo, deuda. Claro que como el Plan ha sido diseñado con perspectiva de género, quien sabe.
Recapitulemos: el objetivo principal del Plan es la electrificación y descarbonización del sistema energético español. Por lo tanto, el programa de cuánto y cómo se genera electricidad es el quid de la cuestión. Y el Plan lo especifica con rotundidad: la potencia total instalada en el sector eléctrico en 2030 se establece en 214 GW –el incremento del 80% de los 120 GW de 2023 está justificado por la insuficiente fiabilidad de las renovables eólica, solar e hidráulica-. Para dicha potencia instalada, las renovales tendrían 160 GW instalados más 22 GW de almacenamiento diario, semanal y estacional. De los cuales; 62 GW de energía eólica –de las que 3 GW serían eólica offshore–, 76 GW de solar fotovoltaica –incluyendo 19 GW de autoconsumo–, 14,5 GW de hidráulica; 4,8 GW de solar termoeléctrica y, atención, solo 1,4 GW de biomasa. En cuanto a las llamadas “no renovables”, el Plan prevé para 2030 un total de 26,6 GW de ciclos combinados de gas y 3 GW energía nuclear procedente de centrales en funcionamiento -el calendario impuesto del apagón nuclear en 2030 funcionarían Ascó II, Vandellós II y Trillo-.
En resumen, el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023, eleva del 42% al 48% el porcentaje de producción renovable sobre energía total consumida en 2030 y del 74% al 81% el porcentaje de electricidad producida con renovables.
Además, añade nuevas metas relacionadas con la electrificación, la eficiencia energética y los planes verdes europeos. Entre ellos, alcanzar 11 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde –tecnología aún muy verde-, disponer de un parque de vehículos eléctricos de 5,5 millones en 2030 –también muy verde- y que se consuma un 73% de energía renovable en los edificios –más verde todavía-.
Aunque en el Plan PNIEC se incluye la “Hoja de Ruta del Biogás”, es sorprendente, o no tanto, que los objetivos para esta fuente energética sean menos rotundos y ambiciosos que para otras renovales. Y digo bien renovables porque el biogás lo es aunque produzca unos insignificantes gramitos de of CO2 por kWh. Y parece obvio que por el pecado CO2 sea la única energía
en la que el Plan prevé una producción mínima de biogás de 10,41 TWh anuales en el año 2030, a partir del potencial disponible de los residuos agroindustriales, de la fracción orgánica de los residuos de competencia local y de los lodos de aguas residuales, y de los estiércoles. Y sin embargo, esa producción mínima está a punto de sobrepasarse en 2024 debido a que las plantas de biogás en España son rentables. Entre las ampliaciones en curso de plantas de biogás en España, destaca la del Parque Tecnológico de Valdemingómez donde se procesan las basuras de Madrid capital y varias localidades de su alrededor.
Llegado aquí, dos preguntas surgen inevitablemente:
¿Por qué razón el PNIEC desdeña la energía eléctrica generada por los nuevos (Generación IV) reactores nucleares medios y modulares pequeños (SMR), si han sido reconocidos por la UE como lo que son: verdes porque no emiten CO2, fuente de energía segura y estable pues reducen los volúmenes de desechos nucleares al mínimo y en un siglo son inertes, su coste depende de forma muy marginal del precio del combustible, lo que les pone a salvo de oscilaciones en su precio debidas a factores geoestratégicos o políticos, además de imprescindibles para lograr la añorada transición energética libre de gases de efecto invernadero barata y segura?
La segunda cuestión tiene también que ver con la prioridad de la ideología en lugar de la razón ¿Por qué el PNIEC no ha evaluado debidamente el biometano como inmediatamente disponible pues hoy tenemos 146 instalaciones de biogás con una producción energética de 2,74 TWh y se puede, al contrario del hidrógeno verde que sigue muy verde, incrementar su producción exponencialmente con inversiones abordables, con un potencial estimado en 163 (TWh) – 163.000 GWh- al año, lo que hubiera supuesto cubrir el 45% de la demanda de gas natural de 2022 (es decir, casi toda la demanda doméstica y la mitad de la demanda industrial de España?
Si no hubiera la esperanza de poder cambiar pronto el último borrador del PNIEC, gracias a un cambio de gobierno, el futuro inmediato energético de España estaría marcado por costosas inversiones públicas que implicarían costes energéticos altos y alta probabilidad de inseguridad energética. Menos mal que la posibilidad de cambio es probable y que muchas empresas energéticas han dejado de confiar en la hoja de ruta de la Agenda 2030 y siguientes del actual gobierno. Por ejemplo, el grupo energético italiano Enel, propietario mayoritario de la eléctrica española Endesa con un 70% del capital, confirma su apuesta por que la energía nuclear siga siendo clave en el sistema energético europeo del futuro y por abrir más reactores con tecnologías de nueva generación. Así, Enel ha firmado una alianza con la empresa de tecnología nuclear Newcleo para desarrollar proyectos de tecnología nuclear de cuarta generación, basada en reactores más pequeños que los actuales, modulares y enfriados por plomo (LFR) -reactor flexible de neutrones rápidos que puede usar combustible con uranio empobrecido o torio alimentados con MOX-, que generan menos residuos y que permiten reaprovechar basura radiactiva como combustible de las instalaciones.
La cerrazón ideológica contra la energía nuclear abanderada por Alemania que sigue el gobierno español, tiene cada día menos seguidores por razones económicas y estratégicas obvias. No es solo Francia, también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Rusia, China y otros muchos países europeos, han optado por instalar reactores nucleares de cuarta generación.
La mayoría de los españoles de edad provecta sabemos que hoy nuestros hijos y nietos tienen menos poder adquisitivo que el nuestro a su edad. Sin embargo, el discurso político y mediático mayoritario habla sistemáticamente de progreso apelando a los cachivaches y medios que hace unos cuantos decenios no existían. Incluso cuando los datos desmienten el discurso y no les queda otra que admitirlo, suelen hacer trampa.
Para comprender mejor el enorme retroceso, es imprescindible señalar que España elevó su nivel de imposición fiscal del 19.6% del PIB en 1975 al 42,2% del PIB en 2022 (Datos de la OCDE).
Despilfarro, latrocinio, ineptitud y cerrazón ideológica han sido los ingredientes que han conducido al desastre.
Con el título: «La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas de SantAna que ya eran suyas», el 4 de junio de 2023 ABC publicó una noticia poco novedosa. De hecho, es un capítulo más de la historia del latrocinio, despilfarro e ineptitud resultado de la intervención de la Junta de Andalucía dirigida por la banda del PSOE en Santana Motor. Estos bandidos politicastros y sindicalistas rateros no solo quebraron una empresa que en otro tiempo fue ejemplar, además, con ello pulverizaron las industrias auxiliares de la provincia de Jaén y, en buena medida, de Andalucía. El capítulo que ahora riza el rizo del latrocinio proviene de que «un juez investiga un “irregular sistema de financiación” de SantAna Motor a través de la compraventa de inmuebles. Hay ocho antiguos cargos imputados por gastar 140,3 millones en total en una fábrica inviable de titularidad autonómica».
Para enfocar debidamente la importancia de este lamentable suceso, es imprescindible recordar que desde hace años y como consecuencia de la mencionada intervención y adquisición por parte de la Junta de Andalucía de la empresa SantAna Motor S.A. en 1996, concluida con su quiebra en octubre de 2018, las comarcas de Sierra Morena que incluye Linares y La Carolina y La Loma son las regiones de España con el índice de desempleo más alto. Este nefasto episodio, debería servir de lección a quienes desde el gobierno de España insisten en la imperiosa necesidad de implantar supermercados, bancos, compañías eléctricas, inmobiliarias, telefónicas y farmacéuticas públicas.
En realidad, el intervencionismo del PSOE y sus adláteres en la economía mediante la implantación de un capitalismo de amiguetes woke, se plasma cada día con programas como: “Los convenios de transición justa” que, con nuestro dinero, pretenden resolver los graves problemas que ellos mismos han generado. Así, como buenos traficantes de ideologías redentoristas, siguen vendiendo la burra coja de su estupenda y solidaria gestión. La misma que llevó el régimen del PSOE, ese “partido de Estado” que rigió Andalucía entre 1978 y 2019.
Sucedió que tras despilfarrar cerca de mil millones de euros de los contribuyentes españoles, la Junta de Andalucía no tuvo más salida que liquidar Santa Ana Motor en octubre de 2018. En realidad, habían pasado ocho años desde su cierre tras el fracaso industrial ideado por el equipo de Gobierno del expresidente socialista Manuel Chávez, que nacionalizó la empresa tras la marcha de los japoneses de Suzuki en 1996, un proyecto que mantuvieron sus sucesores, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Ni un solo puesto de trabajo directo o indirecto (se cerraron decenas de talleres auxiliares) fue salvado.
Si no fuera tan trágico, el hundimiento de SantAna Motor podría considerarse una victoria del antifranquismo sobrevenido.
El histórico distrito minero Linares-La Carolina que en 1899 llegó a contar con 1001 minas (“Las minas de Linares” de Francisco Gutierrez Guzmán) de donde se extraían plomo y plata, más decenas de fundiciones y talleres, con la llegada del ferrocarril y hasta después de la I Guerra Mundial constituyó un foco industrial de gran importancia para España. En 1917 la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya de capital mayoritario francés, se hizo con la fundición más importante de la zona y controló con ello las minas más rentables. Sin embargo, la competencia internacional y el agotamiento de los mejores filones, produjeron una decadencia notable del sector, sobre todo al terminar la II Guerra Mundial.
La decadencia industrial y agrícola más los pavorosos índices de miseria y analfabetismo en las provincias de Badajoz y Jaén, fueron los motivos del gobierno franquista para aprobar el Plan Badajoz en 1952 (regadíos y pueblos de colonización) y el Plan Jaén en 1953 más enfocado en la industrialización. Al socaire de las facilidades que proporcionaba el Plan Jaén, un grupo de empresarios encabezados por el joven Ingeniero del ICAI, Alfredo Giménez Cassina y Antonio Sáez de Montagut invirtió 3 millones de pesetas para producir 1.000 máquinas agrícolas. Enseguida construyeron una fábrica en los terrenos de una antigua finca llamada Santa Ana ubicada en las afueras de Linares. Poco después, y ante las buenas expectativas, la compañía amplió capital en 12 millones de pesetas. Así se fundó Metalúrgica de Santa Ana para fabricar maquinaria agrícola. Enseguida, (en 1961) la fábrica comenzó a fabricar bajo licencia británica los todoterreno Land Rover Santana, y un año más tarde empezó a diversificar su negocio fabricando cajas de cambio para la fábrica de Citroën en Vigo. Con la entrada en producción del Serie IIA, en 1962 se inauguran las fábricas de Manzanares (Ciudad Real) y La Carolina.
La primera producción propia de Metalúrgica de Santa Ana fue el camión 1300 en 1967 y el Ligero militar en 1969. Además, en 1968 se une a la gama el 109 de cinco puertas. Con la intención de ganar en confort, se introducen en 1970 las versiones Especial.
Ya en la década de los ochenta, Metalúrgica de Santa Ana tuvo su primera crisis derivada de la que sufría Land Rover en el Reino Unido, por lo que la empresa británica canceló su participación del 30% en ya entonces llamada SantAna Motor S.A. No obstante, la empresa española empezó a comercializar versiones del vehículo británico bajo marca española, como el Santana 2500, al tiempo que firmó un acuerdo con Suzuki para fabricar su modelo SJ. El aumento de la producción de vehículos de la marca japonesa significó el aumento de participación de Suzuki en Santana, hasta que en 1991 Suzuki se convierte en accionista mayoritario de la compañía. Pero en 1994 la crisis del Yen y la española iniciada en 1992, supusieron pérdidas considerables para Suzuki-Santana. Entonces, su dirección propone a los sindicatos la reducción de un tercio de la plantilla (800 trabajadores), pero el comité de empresa conformado mayoritariamente por UGT y CC OO, rechaza tajantemente la propuesta e inicia constantes paros y manifestaciones callejeras que desestabilizan totalmente la producción. Ante el panorama, Suzuki huye despavorida y “vende” la compañía a la Junta de Andalucía en 1995 por un precio simbólico.
Perdiendo cada día más dinero, a trancas y barrancas en SantAna se siguieron fabricando unos pocos modelos de Suzuki e Iveco hasta 2009. La salida de los italianos es sustituida con acuerdos de fabricación con Chrysler-Fiat, CAF, Gamesa, Enertol, Grupo Daniel Alonso, etc. El dinero se escapa a chorros y la Junta de Andalucía intenta vender las fábricas a Iveco, pero los italianos no son ciegos y a pesar de obtener vehículos a bajo precio gracias a las subvenciones, deciden largarse. Como no había manera de enderezar la empresa, en 2011 la Junta de Andalucía aprueba el Plan Linares Futuro consensuado con UGT y CC OO «con el objeto de lograr regenerar el tejido económico y productivo en el entorno de Linares». Así, se cierran de hecho las fábricas y al final, quienes pagaron el pato fueron los obreros que tuvieron que aceptar extensiones del seguro de desempleo y, en su mayoría, la prejubilación (80% del salario) con la promesa de que los jóvenes ocuparían sus puestos de trabajo.
Despilfarro, latrocinio, ineptitud y cerrazón ideológica han sido los ingredientes que han conducido al desastre. A los jóvenes que ocuparían los puestos de trabajo de sus padres jubilados solo les queda la emigración, por cuanto el 64% de los jóvenes de Linares menores de 30 años están hoy sin trabajo. Como indicado al principio del artículo, la comarca de Linares lleva muchos años ocupando el primer puesto en datos de desempleo, siempre superior al 30%, una renta media anual por habitante de las menores de España con 10.241 euros en 2021 y la esperanza de vida más baja de España con 80,9 años.
Al reconocer el estupor que me produjo la beligerante reacción de numerosas gentes del común y personalidades de países formalmente democráticos por, desde posiciones ideológicas diferentes, acreditar o apoyar claramente los pretextos que Putin utiliza para justificar la invasión de Ucrania, exhibí una notable falta de agudeza sobre la maraña de contradicciones performativas que inundan el pensamiento occidental.
Entiéndanme, no me sorprendió en absoluto que el izquierdista millonario Noam Chomsky o el delirante Atilio Boron, conocido por pedir a Nicolás Maduro que «aplastara» a la oposición para evitar que Venezuela «se convertiría, de facto, en el estado número 51 de Estados Unidos», aseguren que la invasión de Ucrania es culpa de EEUU y sus aliados, por cuanto Rusia solo defiende sus fronteras “naturales” de la expansiva y amenazante OTAN. Por supuesto estos personajes que disfrutan de libertad de expresión en sus por ellos denostadas democracias, son propagandistas de la manoseada narrativa que centra toda la responsabilidad de los conflictos mundiales en Estados Unidos, por ser la potencia imperialista capitalista hegemónica desde el final de la II Guerra Mundial. Así, según la izquierda populista posmoderna que, sin remilgo alguno es baluarte de la doctrina woke nacida e implantada en Estados Unidos, los yanquis no tienen autoridad moral para reclamar el respeto a la soberanía de ningún país, por contar con una vergonzosa historia de invasiones e intervenciones armadas catastróficas que desde su Guerra de Independencia superan la cincuentena pero que solo contando desde 1959 que inició su escalada en Vietnam, han seguido en Líbano, Irak (2 veces), Yugoslavia, Afganistán, Siria y Libia. En consecuencia, según este argumento, si la potencia norteamericana apoya a Ucrania es para debilitar o incluso aniquilar a Rusia como asegura Putin. Ni que decir tiene que este argumento denota nostalgia por aquella Unión Soviética colapsada y una vehemencia digna de mejor causa.
Más sofisticado o retorcido con respecto a la historia, pero no sorprendente, es que el discurso izquierdista descrito sea asumido por el lepenismo, el trotskismo posmoderno galo, el nacional-populismo padano y personajes como Berlusconi, por cuanto muchos franceses (los italianos algo menos) soportan mal que en 1944 las fuerzas aliadas comandadas por el yanqui Dwight D. Eisenhower liberaran Francia de los nazis, y que la generosidad de Eisenhower permitiera a la desecha honrilla gabacha que la insignificante división Leclerc desfilara victoriosa en el París liberado.
Con todo, la coherencia y la honradez deberían obligar a quienes acusan de intervencionismo imperialista a los EEUU y “su” OTAN y de seguimiento perruno a los aliados Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán, apliquen la misma regla de medir alturas morales en el comportamiento de Rusia, incluida la etapa de dominación de la dinastía bolchevique. De esta manera comprobarán que su inmenso territorio es fruto de sempiternas guerras de expansión no siempre exitosas, pero sistemáticamente convertidas en mitos patrióticos imperiales.
Por ejemplo, parece objetivo aclarar que ante la alarma provocada por la revuelta decembrista del 26 de diciembre de 1825, los mitos patrióticos rusos fueron convertidos en doctrina por el noble erudito y ministro de Educación del zar Nicolás I, Serguéi Uvárov, a través de la trinidad imperial rusa: ortodoxia, autocracia y nación «pravoslaviye, samoderzhaviye y narodnost». Esta trinidad fue poco después precisada y acervada por el ideólogo del paneslavismo, Vladímir Lamanski, disponiendo que la Rusia blanca eslava tiene la sagrada misión de dominar Eurasia. Esta ideología imperialista y xenófoba fue pulida por el filósofo de cabecera de Putin, Iván Ilyín y ahora actualizada por el llamado «Rasputin de Putin», Alexander Duguin quien, junto con Yuri Kovalchuk y otros secuaces alrededor de Putin, reedifican, bajo la denominación neo-eurasianismo, un expansionismo rojipardo que establece que el enemigo del proyecto de la Gran Rusia euroasiática es el mundo «atlántico» liderado por Washington, mientras que «una alianza turco-eslava en la esfera euroasiática» haría posible el sueño paneslávico. Por consiguiente, según estos preceptos, sin el dominio de Ucrania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia, Croacia y Serbia, sin el control absoluto del Báltico y el Mar Negro, Rusia no puede consolidar el sagrado imperio euroasiático que inicia la victoria de San Dmitri Donskói de Moscú́ sobre los tártaros de la Horda Dorada en 1380.
La rehechura de la elite establecida en el siglo XVI en el Gran Ducado de Moscú por Iván IV, “el Terrible”, según Duguin y otros mentores de Putin, es la única fórmula capaz de conseguir la soñada “Tercera Roma” con capital en Moscú que incluiría, además de los mencionados países eslavos, las tres repúblicas bálticas, Rumania, Bulgaria y Grecia. Por lo tanto, todas las guerras que Rusia ha emprendido desde la fundación del Zarato, las conquistas de los Kanatos de Crimea, Kazán y Astracán, las de Siberia, Ucrania, Finlandia y el Cáucaso, la obsesión por el dominio de Crimea que tanta sangre ha causado y parece que causará, las conquistas de Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán, la ocupación militar de las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) por el Ejército Rojo en 1940, las invasiones de Finlandia y Polonia por las tropas de Stalin en comandita con las de Hitler, las divisiones acorazadas arrasando Alemania del Este en 1953, Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968, la funesta invasión de Afganistán en 1979, las dos guerras contra Chechenia (1994-1996 y 1999- 2000), la agresión a Georgia para anexionarse Osetia del Sur y Abjasia en agosto de 2008, la intervención militar que ha consolidado la dictadura de Bashar Al Assad en Siria, el envío de tropas a Kazajistán en 2022 para reprimir la justificadísima revuelta del pueblo kazajo, los ciberataques y asesinatos selectivos de opositores y el empleo de mercenarios son, para Putin y los oligarcas y secuaces que le apoyan, historia gloriosa de Rusia.
En realidad, Putin no engaña. Su estrategia expansiva la dejó clara en 2007 en un discurso clave en la Conferencia de Política de Seguridad de Múnich. Aún más explicitó es su artículo en Izvestia de octubre de 2011, donde anunció su proyecto de una “Unión Euroasiática” que se extendería desde “Lisboa a Vladivostok”.
Ante estas y otras muchas evidencias, lo sorprendente es verificar que la concepción estatista del putinismo (la centralidad férrea del Estado en la vida política y social) más el nacional-ortodoxismo paneslavo son un reclamo para gentes que se identifican en la derecha por, según ellos, constituir un freno al imperialismo yanqui y su wokeismo amoral y disgregador que envenena occidente. Esta percepción, junto con la imagen de tipo duro de Putin, conlleva todo tipo de justificaciones geoestratégicas que disimulan la esencia del régimen ruso: una autocracia centralista y paneslavista que, ante los antecedentes históricos, intenta evitar un nuevo derrumbe por la fuerza de las armas.
Ha sido el afamado y controvertido general Ben Hodges quien hace unos días expuso el talón de Aquiles del régimen ruso cuando advirtió: «El gran tamaño de Rusia hace que la solidaridad cívica sea difícil de lograr en el mejor de los casos. Con la metrópolis debilitada, cualquier sentido de identidad nacional podría deteriorarse rápidamente». Los datos históricos muestran que los colapsos del Estado ruso se debieron a que el proyecto imperial de los zares que la URSS continuó, engendra un círculo vicioso de expansión, desequilibrada estabilización y colapso por la acumulación de dificultades macroeconómicas, sociales, políticas, geográficas y étnicas. Ha sido el profesor de historia Chris Snow quien ha expuesto la posibilidad de repetición del ciclo histórico ruso, al advertir que pese a la propaganda del régimen presumiendo de fortaleza financiera por la continuidad de sus ventas de petróleo y gas (sin mencionar los menores ingresos por los bajos precios) Rusia ya sufre una crisis estructural profunda.
Los datos parecen dar razón a Snow. El primer desequilibrio de Rusia es demográfico. Con 145 millones de habitantes su población desciende cada año, sobre todo en las grandes ciudades y en los krais Russkii (Русский) de etnia mayoritaria eslava, frente a los de las veintiuna repúblicas de etnias diferentes cuya población sube ligeramente. De hecho, entre 2002 y 2020, la etnia ruso-eslava se ha reducido en 10 millones de personas. Por otro lado, el PIB ruso en 2022 sumó 1,7 billones de dólares, mientras que Italia, con 59 millones de habitantes, tiene un PIB de 1,9 billones de dólares. En términos de renta por habitante, Rusia anda a la zaga de Kazajistán, Croacia y Rumanía. Su productividad es tercermundista pues el 60% de sus exportaciones son gas y petróleo, que representan, en total, un tercio de su economía, ligada, por tanto, a los vaivenes del precio de la energía. Les siguen otras materias primas y aparejos de guerra que en la práctica se han mostrado quebradizos. Así, el déficit presupuestario del Kremlin de 2022 fue de 47 mil millones de dólares, y el déficit presupuestario de este año aumentó a 3,42 billones de dólares en abril. Los ingresos totales de Rusia cayeron un 22 por ciento y sus gastos aumentaron un 26 por ciento. Rusia no cumplió con su objetivo presupuestario para todo el año y las pérdidas aumentan constantemente. Además, el valor del rublo se ha depreciado en más del 30% desde principios de 2023. Estas cifras contrastadas se oponen a no pocas oficiales que aseguran que el impuesto al valor añadido (IVA) se mantiene estable, lo que induce a pensar que Moscú nos está mintiendo para hacer que la situación sea menos catastrófica de lo que es.
El reconocido escritor ruso Mikhail Shishkin tuvo el coraje de escribir una carta abierta con el título: “Mi querido pueblo ruso: los ucranianos luchan contra el ejército de Putin para defender su libertad y la nuestra”. En el fondo, expresa la realidad de un poder oligárquico cuyo sistema de explotación y extracción centralizado en Moscú se muestra cada día más cruel e ineficiente. A pesar de las apariencias, el poder vertical implantado por Putin es frágil al estar constituido por un grupo reducido de individuos sin un mecanismo real de sucesión. Ineficiencia y aventurerismo hace que el sistema de Putin sea incluso más débil que el de la Unión Soviética. Personajes como Yevgueni Prigoshin y Serguéi Shoigú muestran la vorágine delincuencial del régimen.
Además, la Federación Rusa compuesta por nueve krais, cuarenta y siete óblasts, veintiuna repúblicas, cuatro distritos autónomos y dos ciudades federales que conforman los ochenta y tres sujetos federales, carece de instituciones locales sólidas. En realidad, solo la bota moscovita contiene las aspiraciones ancestrales de chechenos, baskirios, tártaros del Volga, udmurtos, mordovianos, ingusetios, calmucos, tuvanos, yacutos y altáis repartidos en las veintiuna repúblicas y varios krais y óblasts. De hecho, muchos han intentado independizarse de Moscú en el pasado. En la década de 1980, por ejemplo, Osetia, Chechenia e Ingushetia. Tartaristán y Baskiria también lo intentaron antes y hoy, a pesar de la represión, acontecen protestas contra la guerra en estas repúblicas. En Kuban perviven rescoldos del genocidio circasiano entre 1864 y 1870, por lo que la convivencia entre autóctonos y rusos es tensa. La efímera República de los Urales de 1993, es otro ejemplo de intentos fallidos de separarse del gobierno de Moscú.
La inestabilidad inherente a una federación que en realidad es una confederación, regida por un poder central extractor incapaz de generar riqueza, está siendo más fragilizada por el sangrado de recursos exigidos por una guerra generada por la mezcla de ambición imperialista y miedo del régimen a su propio colapso. Así, el sufrimiento y la pobreza aumentan al tiempo que el colapso demográfico de la Rusia eslava parece imparable.
En este contexto ¿se puede culpar a Ucrania de aspirar a pertenecer a la Unión Europea, en lugar de plegarse a una Rusia económicamente irrelevante, lastrada por un implacable centralismo étno-imperialista, además de científica y tecnológicamente muy inferior a Estados Unidos, China, Japón, Corea del sur y otros países del bloque occidental?
Un repaso sobre los motivos de una decadencia ocultada por el oportunismo
Uno de los tópicos, no sin fundamento, es el de la laboriosidad juiciosa de los alemanes. Pero como a toda generalización habrá que aplicar la regla de los pimientos de Padrón; unos si y otros no. En realidad, su prestigio como nación seria es muy reciente, apenas se remonta a las últimas siete décadas que inauguran dos hombres sabios y sobrios: Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Fue gracias a sus decisiones que la República Federal de Alemania (RFA) logró recuperarse rápidamente de la hecatombe de la II Guerra Mundial.
Creo que merece la pena repasar sumariamente cómo, a partir de 1949, el Ministro de economía de la RFA, Ludwig Erhard aplicó una política económica basada el ordoliberalismo (también inspirador del Plan de Estabilización franquista) una corriente surgida en la Universidad de Friburgo en la década de los treinta del siglo pasado, cuyo padre intelectual fue Walter Eucken al que siguieron las aportaciones de Franz Böhm, Hans Großmann-Doerth, Leonhard Miksch, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack y el mismo Ludwig Erhard. Fue Alfred Müller-Armack, mano derecha de Erhard, quien acuñó el concepto «Economía Social de Mercado». El fundamento del ordoliberalismo es el pacto entre sindicatos y patronal para coordinar y acordar salarios y productividad, bajo el compromiso de incrementar la capacidad adquisitiva de los salarios, el mantenimiento del empleo y el aumento general de la riqueza. Algo muy parecido al corporativismo aplicado por Eduardo Aunós durante la Dictadura de Primo de Rivera (en el que colaboró con denuedo la UGT dirigida por Largo Caballero) y la socialdemocracia de los países escandinavos. El socialdemócrata Karl Schiller no solo apoyó esta política económica sino que la amplió a través del Globalsteuerung, o dirección global, un proceso por el cual el gobierno no interviene en los detalles de la economía, pero establece pautas que fomentan un crecimiento no inflacionario e ininterrumpido. Por supuesto, también la RFA se vio favorecida por el Plan Marshall (1948-1952), y la reducción por parte de los aliados del 50% de la deuda externa alemana en la Conferencia de Londres de 1952.
El éxito de los “Treinta Gloriosos” (1946-1975) y el modelo de economía social de mercado que los socialdemócratas siguieron y ampliaron, dio a la República Federal de Alemania un periodo casi ininterrumpido de prosperidad con un crecimiento medio del 7 % anual, mientras que el desempleo cayó del 11 % en 1950 al 0.7 % en 1965. Semejante hazaña también fue posible gracias a la reconciliación sincera entre Francia y Alemania que desembocó en la Declaración de Schuman que propuso que el carbón y el acero de la RFA y Francia (y los demás países que se adhirieran) se sometieran a una administración conjunta que llevó a la firma del Tratado de París el 18 de abril de 1951 por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado por Francia, RFA, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El aumento general de la riqueza en la RFA, como resultado de una renovada y productiva industrialización, hizo olvidar a sus ciudadanos guerras, crisis y hambrunas no tan lejanas, incluida la hiperinflación durante la catastrófica República de Weimar. Pero de pronto llegó la crisis petrolera de 1973 poniendo en solfa la estabilidad con el aumento de la inflación y la inseguridad energética. Este contratiempo inesperado produjo un sentimiento de frustración y vulnerabilidad en la sociedad alemana occidental.
Como consecuencia colateral de la crisis del petróleo, los grupúsculos residuales de las revueltas de los 60 y los situados a la izquierda del Partido Socialdemócrata, sin olvidar, aunque se olvida, el latente econazismo de montañas nevadas y banderas al viento en sectores no tan minoritarios de la población, surgió un movimiento ecologista potente contra la energía nuclear civil llamado Energiewende (antinuclear, control democrático y activismo medioambiental). De esta manera, en 1980, seis años antes del accidente de Chernóbil, se funda el Partido verde Die Grünen. La primera gran victoria de los verdes, se produce con la paralización del proyecto de la central nuclear de Wyhl en 1983. La fusión del núcleo del reactor de la central nuclear de Chernóbil en 1986 afianzó a los verdes como fuerza política, al exagerar hasta el paroxismo los niveles de radioactividad o lluvia radiactiva procedente de Chernóbil que caía como hecatombe flamígera sobre Alemania. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que había hasta entonces apoyado el plan de desarrollo de la energía nuclear civil, en agosto de 1986 propuso su abandono en 10 años. Empero, el entonces Canciller y dirigente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Helmut Kohl, mantuvo el apoyo a la energía nuclear.
Bajo la batuta de Kohl como canciller de la RFA entre el 1 de octubre de 1982 y el 26 de octubre de 1998, la política de diversificación energética se mantiene a pesar de las manifestaciones en contra de los verdes y del SPD. Esta posición y el mantenimiento del ordoliberalismo como línea maestra de la economía, permitieron a la RFA remontar la crisis de los setenta con creces. Ya en 1989 la RFA era la tercera potencia económica mundial solo por detrás de EEUU y Japón. Y sobre estos poderes, el 3 de octubre de 1990 el Helmut Kohl logró la reunificación de Alemania que consistió en la absorción por parte de la RFA de los cinco landers de la sovietizada República Democrática Alemana: Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia Anhalt y Turingia y Brandeburgo. Con el cierre de las tres deplorables centrales nucleares de la RDA, la RFA en 1992 tenía 17 plantas nucleares en activo.
Tras la victoria electoral de la coalición del SPD dirigido por Gerhard Schröder y los Verdes encabezados por Joshka Fischer en 1998, el nuevo gobierno roji-verde establece el objetivo de eliminar todas las centrales nucleares inmediatamente. Tras escabrosas negociaciones que duraron más de dos años, el gobierno dirigido por Schröder pactó con la industria el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares, estableciendo un periodo máximo de actividad de 32 años, de modo que el último reactor se debería desconectar en 2022. Al mismo tiempo, el gobierno aprobó una serie de leyes (Erneuerbare-Energien-Gesetz) para incentivar, a través de reducciones fiscales, subvenciones y otros muchos privilegios, la generación de energía eléctrica renovable como colofón del programa Energiewende.
El 30 de mayo de 2005 Ángela Merkel es elegida Canciller de la RFA. Al constatar que el precio de la energía eléctrica generada por las energías renovables era mucho más caro e inestable que la generada por las centrales nucleares recién cerradas de Stade y Obrigheim, mientras que las centrales de gas natural aseguraban el suministro, el 13 de octubre del 2005, Gazprom Export firmó un contrato con las alemanas Wingas y Wintershall (filial de BASF), para suministrar 9 millones de m³ de gas natural al año durante 25 años. El 9 abril 2010 el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, y Ángela Merkel, inauguraron la construcción del primer ramal del gasoducto Nord Stream para facilitar la llegada del gas ruso a Alemania que hasta entonces se suministraba a través de Ucrania y Polonia por los gaseoductos Brotherhood y Yamal-Europa (1997). Aquel acuerdo fue una puñalada trapera para Ucrania, Polonia y las repúblicas del Báltico. En noviembre de 2011 fue inaugurado por Merkel y Medvédev el primer ramal. El segundo ramal empezó a construirse en mayo de 2011 y se terminó en abril de 2012. El tendido de Nord Stream 2 se llevó a cabo entre 2018-2021. La primera línea de Nord Stream 2 se completó en junio de 2021 y la segunda línea se completó en septiembre de 2021.
No puede ser casual que desde que dejó de ser canciller en 2005, Gerhard Schröder trabajara para la industria gasista y petrolera rusa en concreto Presidente del consejo de administración del consorcio petrolero Rosneft, con un sueldo oficial de 600.000 euros al año, consejero de Gazprom y del Nord Stream AG, además de reconocer ser amigo personal de Putin.
En 2010 Angela Merkel acuerda en su segunda legislatura, con el Partido Liberal (FDP) como socio, extender los plazos para las entonces 17 plantas nucleares en activo. Se mantiene el objetivo del adiós a la energía nuclear, pero prolonga 14 años más la actividad de los reactores más recientes. Ya la dependencia de la RFA del gas ruso era importante, con el Nord Stream 2 y el cierre de las centrales nucleares y de carbón se convierte en absoluta. Pero el gas ruso es abundante y barato, más barato para Alemania que para todos los demás. Putin está encantado con su clienta Merkel.
Cuatro días después de la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011, Ángela Merkel revierte su anterior decisión y recupera el calendario del apagón para 2022. Ordena revisar la seguridad de todas las plantas y establece que las siete centrales nucleares construidas en los ochenta deben desconectarse en tres meses. Indemniza a los consorcios afectados con 2.400 millones de euros. Esta pusilánime decisión carente de visión estratégica por cuanto deja Alemania a merced de la llave de paso del gas ruso, es aplaudida por la mayoría de la opinión pública alemana y europea. El gas ruso sigue siendo abundante y barato, más barato para Alemania que para todos los demás. Putin está aún más encantado con su clienta Merkel.
El socialdemócrata Olaf Scholz logró en diciembre de 2021 formar gobierno aliado con los verdes y los liberales. Solo tres meses más tarde, Rusia invade Ucrania. Ante este panorama, pero creyendo que se trataba de un Blitzkrieg (guerra relámpago) de los rusos, su gobierno decide una última prórroga para las tres centrales nucleares que siguen activas. El apagón ya no será el 31 de diciembre de 2022 sino el 15 de abril de 2023. Scholz adopta esa decisión sin el consenso de sus socios. El ministro de Economía y Protección del Clima, el verde Robert Habeck, defendió el calendario previsto, mientras que el de Finanzas, el liberal Christian Lindner, reclamó mantener las últimas plantas en activo durante más tiempo.
Pero los ucranianos aguantaron la embestida y se han empeñado en subsistir como nación. Mientras tanto, Alemania se encontró entre la espada de su dependencia energética del gas ruso y la pared de su pertenencia a la OTAN y a la UE. De cómo llegó la laboriosa y parecía que sensata Alemania a esta lamentable situación solo se explica por la implantación de una ideología falsificadora de la realidad que establece la anticientífica e insensata doctrina antinuclear, como elemento sustancial para proteger el medio ambiente, cuando la realidad científica demuestra que es todo lo contrario. Porque además, la reaccionaria doctrina antinuclear frena la investigación científica y el desarrollo de una industria eficiente y limpia. El ejemplo palmario de este sindiós ideológico es la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética perpetrada por el gobierno de Sánchez.
La trampa tendida por Putin, ese gas abundante y barato, ha destapado el dumping energético a una industria antaño dinámica y competitiva y hoy entumecida.
El conocido historiador alemán Andreas Rödder exponía hace un mes en Die Welt su temor: «Todo el modelo empresarial alemán ya no funciona». Recordaba que «se apoyaba en tres pilares: Importaciones de energía barata de Rusia, dependencia económica de China y seguridad proporcionada por EE UU y la OTAN sin pagar por nuestra parte».
Al ser utilizado a diario consciente o inconscientemente por la inmensa mayoría de periodistas e eruditos que publican en los medios, nos hemos habituado a leer y escuchar ensayos, artículos y noticieros basados en el historicismo, una teoría que sostiene que la naturaleza de los seres humanos y de sus actos, solo se puede entender considerándolos como parte integrante del devenir de la historia, un proceso histórico continuo debido a que la historia tiene sus propias leyes. Uno de los pensadores que ha refutado esta tesis con determinación fue Karl Popper en: “La miseria del Historicismo” indicando que el historicista cree en una «ley del desarrollo histórico» y en la existencia de un patrón en la historia, e incluso de un fin, y en que su descubrimiento es la tarea central de la ciencia social. Desde esa presunción, el historicismo establece que esas leyes deben determinar la dirección de la acción política y social.
Los padres del historicismo tienen gran reputación en diferentes corrientes de pensamiento, desde Gottfried von Herder hasta Benedetto Croce, pasando por Friedrich Hegel, Karl Marx, Wilhelm Dilthey, etc. Quizá la frase más rotunda y que mejor sintetiza el historicismo sea la firmada por Wilhelm Dilthey: “Lo que el hombre es lo experimenta solo a través de su historia”. Por supuesto los principios del materialismo dialéctico en que se basa el materialismo histórico marxista, contienen los rasgos historicistas de predeterminación del destino del hombre ordenado por un proceso histórico. Y aunque los padres del historicismo y sus seguidores suelen alinearse en ideologías redentoristas, otras corrientes antitéticas como el positivismo con su búsqueda de leyes generales reguladoras del devenir social y varias ramas del liberalismo como el neoliberalismo (consenso de Washington) siguen pautas historicistas. Es el caso de Francis Fukuyama con su afamada teoría del Fin de Historia cuando establece: “la Historia entendida como un único y coherente proceso evolutivo”.
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Las tópicas frases hechas que oímos o leemos a menudo como: «los mercados libres conducen al desarrollo democrático«, o «el socialismo es inevitable debido a la ineludible crisis final del capitalismo«, contienen un determinismo historicista claro. Al profundizar en estos rasgos historicistas, el historiador Timothy Snyder los ha sintetizado con dos conceptos interpuestos: política de la eternidad y política de la inevitabilidad. Así, el relato de la eternidad es, además, identitario y maniqueo. Trata de nosotros/los puros contra ellos/los malos, y el éxito de los primeros pasa por la eliminación física o política de los segundos. Lo importante son los roles inmutables atribuidos por el autor del relato, y a partir de ahí lo relevante no es lo que uno hace, sino lo que uno es según el papel asignado. En consecuencia, desaparece la objetividad. Los hechos ya no son valorados por lo que son, sino en función de sus autores: un mismo hecho es bueno si lo hacemos “nosotros”, y malo si lo hacen “ellos”.
Con la inevitabilidad, las ideologías apoyadas en el historicismo presentan el triunfo de sus ideas como predestinado y fin y final de la historia. A menudo, los políticos de la inevitabilidad retratan la historia como un viaje del salvajismo a la civilización y asumen que esta tendencia continuará hasta el resultado deseado. Así, Marx entendía que la sociedad había cambiado entre varios modos de producción, desde los cazadores-recolectores neolíticos, la esclavitud antigua, la servidumbre feudal y luego el capitalismo, y que estos modos de producción dictaban cómo operaban las sociedades y, en última instancia, sus contradicciones (dialéctica) conducían al siguiente modo. Marx argumentó que la historia era, en esencia, una lucha de clases y que esta lucha definía su recorrido. Por lo tanto, la victoria del proletariado sobre la burguesía era ineludible como consecución de la dialéctica histórica. En el período moderno, postuló Marx, la lucha entre la burguesía y el proletariado conduciría al colapso del capitalismo y al triunfo del socialismo. Como indica el Manifiesto Comunista: «Hasta ahora, toda forma de sociedad se ha basado, como ya hemos visto, en el antagonismo de las clases opresoras y oprimidas… El desarrollo de la Industria Moderna, por lo tanto, corta bajo sus pies la base misma sobre la cual la burguesía produce y se apropia de los productos. Lo que produce, pues, la burguesía, sobre todo, son sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables». Este determinismo historicista ha impulsado e impulsa tácticas, estrategias y acciones despiadadas por parte de sus creyentes. Así, durante los procesos revolucionarios y sus consolidaciones como regímenes en Rusia, China y otros países, los dirigentes marxistas-leninistas-populistas cometieron y cometen atrocidades con impunidad, ya que todo lo que hicieron y hacen, es al servicio de la justa e inevitable revolución mundial, tal y como dicta el dogma.
LA INEVITABILIDAD DE LOS HISTORICISTAS “LIBERALES”
Según el canon histórico liberal, gracias a los grandes pensadores que desarrollaron los conceptos de libertades universales y derechos de propiedad, se desarrollaron las instituciones de los Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos logrando con ello adoptar las formas de gobierno más óptimas y democráticas. Con esta tesitura, el relato de los Fukuyama aseguraron que el comunismo y el fascismo fracasaron porque no tomaron en cuenta el anhelo innato de libertad dentro de todas las personas. Además, muchos liberales del siglo XX creían que el capitalismo combinado con la democracia proporcionaría el equilibrio perfecto para la gobernabilidad y, en consecuencia, se arraigaría en todos los países en donde se estableciera la propiedad privada y el mercado libre. Sobre esta inevitabilidad, cuando se derrumbó la Unión Soviética los liberales historicistas concluyeron que el liberalismo ya era dominante y que había llegado el «fin de la historia«. Los últimos vestigios del comunismo, en China, caerían con el desarrollo de mercados abiertos, puesto que la emergente clase media china exigiría reformas políticas liberadoras y democráticas, por lo que la democracia capitalista liberal reinaría en el mundo per in sæcula sæculorum amen.
Ante estas derivas historicistas neoliberales Snyder es categórico: «Los traumas aparentemente lejanos del fascismo, el nazismo y el comunismo parecían estar retrocediendo hasta volverse insignificantes. Nos permitimos el lujo de aceptar la política de la inevitabilidad, la sensación de que la historia solo podía avanzar en una dirección: hacia la democracia liberal. Entre 1989 y 1991, cuando tocó a su fin el comunismo en Europa oriental, nos tragamos el mito de un «final de la historia». Al hacerlo, bajamos las defensas, limitamos nuestra imaginación, y dejamos la puerta abierta justamente al tipo de regímenes que nos decíamos que no podrían volver jamás».
Trascurridos más de tres decenios de los augurios del fin de la historia y el “inevitable” reinado del liberalismo en todo el orbe, somos testigos que en vez de avanzar hacia esa meta estamos retrocediendo. La degradación de las libertades al socaire de las doctrinas woke en occidente, el fracaso de la llamada primavera árabe, la propagación del terrorismo islamista, la radicalización de la dictadura del Partido Comunista en China y el ascenso del populismo en general, a veces revestido de redentorista y otras de nacionalista, son hechos peliagudos. Por si faltaba poco para nublar el presente y el futuro de la humanidad, los principios liberales del capitalismo están siendo arrasados por el capitalismo woke que no es otra cosa que en un juego de monopolio. Juego que conduce a un corporativismo apoyado por la mayoría de los estados occidentales y otros organismos internacionales como Naciones Unidas, con el fin de lograr la cancelación de los insumisos e imponer un orden corporativo mundial. No hace falta ser muy perspicaz para no ver esta estrategia global, basta leer las agendas de desarrollo sostenible o el ODS 13 Acción por el clima o, mejor aún, al imperioso el fundador y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab en junio de 2020: «Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un «Gran Reset» del capitalismo».
ETERNIDAD Y VICTIMISMO
Establecidos en la incertidumbre hacia el futuro, triunfa la política de la eternidad donde un grupo o nación se coloca en el centro del victimismo histórico colectivo y perpetuo. Para los predicadores nacionalistas y xenófobos que han optado por la política de la eternidad, su eterna nación está bajo el constante ataque de los forasteros, por lo que no hay otra alternativa que expulsar o eliminar a los extranjeros o traidores y establecer un férreo Estado nacional.
Donde la política de la eternidad victimista se exhibe ahora, con la contundencia sofista de la engrasada por años de experiencia soviética de la agitprop, el relato del gobierno ruso sobre su invasión a Ucrania. Es Vladimir Putin quien afirma que Occidente ha intentado durante milenios penetrar en Rusia: imponer la cultura occidental, las instituciones occidentales y la moral occidental en el estado ruso. Rusia, como un «Estado inocente«, simplemente ha buscado protegerse a sí mismo y a sus «estados hermanos pequeños» como Ucrania, de la dominación occidental. Así, Rusia se defiende del decadente liberalismo occidental, de su ateísmo y de la degradación de la familia. En 2014, Putin justificó la ocupación del Donbás y la anexión de Crimea manu militari con el argumento, también usado por los nazis para anexionarse los Sudetes y Austria, de proteger a los rusoparlantes, cuyos derechos estaban siendo atacados. La invasión de Ucrania en 2022 actualizó ese relato: se estaba produciendo un genocidio contra la población rusa en Ucrania y había que acudir a su rescate y derrocar al Gobierno neonazi de Zelenski. Ese supuesto genocidio, por supuesto, no iba a limitarse a Ucrania: era el pueblo ruso, el russkiy mir, el que estaba en peligro. El ataque a Ucrania era preventivo. «Lo que está ocurriendo en Ucrania es una tragedia, de eso no hay duda. Pero no teníamos elección. Era cuestión de tiempo que se produjera un ataque contra Rusia», dijo Putin en abril de 2022. Este discurso victimista oculta la ambición derivada del decimonónico paneslavismo, donde la «gran nación rusa» compuesta exclusivamente por los eslavos, tiene el deber y el derecho de unificarlos y establecer el Russkiy mir en Europa y Asia bajo las égidas de autocracia y ortodoxia.
La tesis de la agresión occidental es asumida por muchos ciudadanos occidentales. Y lo hacen desdeñando muchos datos históricos relevantes, por ejemplo: el Pacto Mólotov-Ribbentrop y la consiguiente invasión del este de Polonia por la URSS en septiembre de 1939 mientras los nazis tomaban el oeste. Tampoco dan importancia a la ocupación soviética de los países bálticos a mediados de junio de 1940, el frustrado intento de quedarse con Finlandia invadiéndola a sangre y fuego en diciembre de 1939, invasión que recuerda la actual en Ucrania. Olvidan también el dato de la enorme ayuda norteamericana a la URSS de Stalin sin la que los habitantes de la URSS habrían sufrido aún más el zarpazo nazi, mientras pasan por alto como la URSS se apropió de la Europa oriental incumpliendo los compromisos de la Conferencia de Yalta. Pero menos justificable si cabe es esquivar la dominación colonialista y con bota militar encima de las naciones de Europa oriental demostrada por la invasión sangrienta que aplasto la insurrección de los húngaros en 1956, junto con la invasión bestial de Checoslovaquia con 2.000 tanques soviéticos y cientos de miles de soldados que acabaron con la heroica Primavera de Praga en agosto de 1968.
Si estos datos no ponen en duda la eternidad victimista del relato putinesco, al menos deberían templar las acusaciones de quienes en occidente culpan a Estados Unidos de la Guerra Fría, acusan a las administraciones de Reagan y H. W. Bush de dividir el Pacto de Varsovia y de traición a lo pactado con Rusia, tras el hundimiento de la URSS, por parte de los sucesivos presidentes estadounidenses y dirigentes de la Unión Europea ampliando la OTAN y la UE y enganchando a los países del este de Europa fronterizos con Rusia. Además, alineándose con el relato de la eternidad rusa, los rusófilos occidentales consideran que Occidente simplemente está repitiendo su táctica centenaria para atacar los valores rusos y la grandeza de Rusia, aludiendo a la Guerra de Crimea y la I Guerra Mundial. De este modo compran acríticamente el relato victimista de Putin expresado claramente en su discurso de año nuevo de 2023: «El futuro de Rusia es lo que más importa. Defender nuestra Patria es el deber sagrado que tenemos con nuestros antepasados y descendientes. La verdad moral e histórica está de nuestro lado. Occidente nos mintió sobre la paz mientras se preparaba para la agresión, y hoy ya no dudan en admitirlo abiertamente y utilizar cínicamente a Ucrania y su pueblo como un medio para debilitar y dividir a Rusia. Nunca hemos permitido que nadie haga esto y no lo permitiremos ahora».
Menos mal que la política de la eternidad comete el mismo error que la política de la inevitabilidad, al eliminar la dinámica iniciativa de individuos y movimientos con motivaciones y estrategias propias. Si recorriendo los acontecimientos históricos desde inicio del siglo XX, resulta palmario comprender los motivos de los polacos para pedir la entrada en la UE y en la OTAN, tampoco es complicado comprender el sentimiento pro-occidental de los ucranianos expresado en la Revolución de la Dignidad, si recordamos, por ejemplo, el Holodomor.
LIBERTAD Y RACIOCINIO
El determinismo historicista expresado en la inevitabilidad y en la eternidad, cancela cualquier desarrollo de la conciencia política y social de los individuos y las sociedades, cuando es ese desarrollo el que concreta la historia. Predecir las evoluciones de las sociedades es labor de arúspice más que de científicos. Se puede utilizar las ciencias para encauzar políticas y economías, se puede usar, con la debida prudencia y no con métodos Tezanos, encuestas y datos estadísticos para evaluar tendencias. Lo que es falaz y contrario a la experiencia milenaria, además de acientífico, es crear una única narrativa coherente sobre el pasado histórico, el presente político y el futuro prospectivo por el simple hecho de que los seres humanos no tienen omnisciencia. No podemos aislar a los individuos y comunidades que dan forma al desarrollo histórico. No podemos agregar la historia, y no debemos intentarlo.
La faceta más peligrosa de la política de la eternidad y la política de la inevitabilidad no es la simplificación excesiva de la historia que encarnan, sino las implicaciones sociales que imponen. La crisis actual de las democracias capitalistas liberales tiene varias causas, destaca, sin embargo, la alianza entre burócratas y oligarcas para restaurar un corporativismo oligopolista mundial, donde el wokeismo sea el soma narcotizante que entretenga a las masas, lo que supondría la aniquilación de las “eternas” premisas e instituciones liberales. Por el contrario, los epígonos posmodernos marxistas continúan con neologismos rebuscados justificando la cancelación de insumisos, la privación de derechos y la aniquilación del enemigo en nombre de una revolución mundial inevitable que nunca llegará. Para los nacionalistas significa una lucha paranoica constante por el dominio contra sus vecinos y renegados, sin importar el costo.
Finalmente, estas narrativas historicistas debilitan la capacidad del individuo para hacer un cambio junto con su comunidad. Niegan uno de los factores más fundamentales del desarrollo histórico: que los individuos, las instituciones y los grupos de interés pueden y deben impulsar el “progreso”. Las ideas historicistas, como dice Timothy Snyder, nos ponen en un “coma intelectual”. Al negar el historicismo, no debemos negar que el progreso es posible, sino que debemos aceptar que el progreso no está predeterminado y depende de todos nosotros como participantes activos para hacer historia de verdad.
Referencias:
La miseria del Historicismo. Karl Popper
El camino hacia la no libertad. Rusia, Europa America. Timothy Snyder
Manifiesto Comunista. Karl Marx y Friedrich Engels
Vladimir Putin’s politics of eternity. Timothy Snyder en The Guardian
Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam. Vivek Ramaswamy
El Papanatismo imitador de nuestros políticos suele resultar inútil y despilfarrador.
Comprobar, día tras día, como los políticos españoles, de todas las tendencias y colores, copian medidas foráneas que la experiencia ha demostrado ineficaces o contraproducentes es exasperante y muy costoso para los contribuyentes.
Dejo a su criterio calificar el incumplimiento de la promesa electoral de Martínez-Almeida de abolir el Plan de movilidad Urbana Sostenible de Madrid perpetrado por su antecesora, a pesar del conocido fracaso de las zonas de bajas emisiones en otras ciudades europeas como Londres y Paris. Y lo ha hecho obedeciendo sin rechistar las imposiciones de la religión climática establecidas en las leyes y reglamentos sobre el cambio climático y transición energética. Con estos antecedentes, confieso que no me sorprendió, aunque me enfadara, leer ayer el edulcorado reportaje en El Mundo donde se desvela que el Ayuntamiento de Madrid imita planes foráneos archifracasados y archicostosos. Se trata del plan adoptado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para ayudar a los “sin techo” o contra la lacra ahora designada con el feo neologismo “sinhogarismo”. «Seguimos la metodología de “housing first”. Su planteamiento es que primero se debe facilitar un alojamiento a esas personas para que puedan trabajar y salir adelante». Como es obvio, el anglicismo housing first, es fácilmente traducible por vivienda primero, pero el Ayuntamiento de Madrid ha preferido hacerlo con un remilgado “Programa Construyendo Hogar”.
Alertado por el artículo, entro en la página del Ayuntamiento y compruebo que el “Programa Construyendo Hogar” se basa en un convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS – presidida por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y Portavoz Adjunto del Grupo, Álvaro González López y que cuenta con 300 trabajadores en nómina) y el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a cargo del concejal del grupo municipal de Ciudadanos, José Aniorte Rueda. Como podrán comprobar, para este programa la EMVS aporta 98 viviendas que pone a disposición de las Entidades Sociales que lo desarrollan, mientras que el programa cuenta con un total de 175 viviendas municipales. La federación de asociaciones y centros de ayuda a personas sin hogar (FACIAM) estima que en la capital hay al menos 1.600 personas sin hogar, 650 de ellas viviendo en la calle, sin embargo, otros estudios aumentan la cifra a 3000 personas viviendo en las calles de Madrid. En apariencia, parece un programa social compasivo un tanto escaso para las necesidades, pero aunque tuviera más recursos, a estas alturas es inaudito que el Ayuntamiento de la capital de España, copie con indisimulada satisfacción el housing first, uno de los mayores fracasos, si no el mayor, de las políticas sociales de EE.UU.
Por supuesto, las entidades sociales españolas que colaboran en los housing first de Alicante, Avilés, Arona, Barcelona, Córdoba, Coslada, San Sebastian, Granada, Madrid, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Zaragoza evalúan muy requetebién estos programas. Asimismo, en la ley de la vivienda que prepara el gobierno de Sánchez y Podemas contiene el housing first.
Fue a principios de la década del 2000 cuando, presionados por ONGs y partidos minoritarios de izquierdas, los demócratas y algunos republicanos asumieron la ingenua propuesta del trabajador social neoyorquino Sam Tsemberis. Sencillo, concluyó Sam, si hay gente sin vivienda es porque faltan viviendas específicas para los sin techo, luego con proporcionar a cada persona crónicamente sin hogar, una «Vivienda de apoyo permanente» (PSH), es decir, gratis total, el problema está resuelto. De esta manera muchas personalidades públicas y privadas anunciaron que estaban dispuestas a apoyar la propuesta de Tsemberis. Así nació hace dos décadas en EE.UU el programa Housing First implantado entre el 2000 y 2004 en la mayoría de las grandes ciudades de EEUU gobernadas por el Partido Demócrata (la inmensa mayoría), destacando por su inversión pública las ciudades con más personas por mil habitantes que vivían en la calle: Washington DC, Boston, San Francisco y Nueva York.
El Housing First fue expandido y aumentado con dinero federal por Obama en 2013. Consiste en dos programas. El primero se conoce como vivienda o alojamiento de apoyo permanente (Permanent supportive housing PSH) y está dirigido a personas y familias con enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental o trastornos por el uso de sustancias psicoactivas que viven en la calle mucho tiempo o permanentemente. El PSH también puede proporcionar a los individuos sintecho un hospedaje llamado single-room occupancy (SRO) habitaciones en una especie de motel o en un bloque de habitáculos que incluye ayuda pecuniaria. El segundo programa es de realojamiento rápido para individuos y familias con urgente necesidad de vivienda, a los que se les proporciona también asistencia y pago del alquiler durante un tiempo.
Oficialmente, en 2022 había 7,754 personas sin hogar “homeless” en San Francisco, ciudad que contaba con 815.201 habitantes. Por supuesto, había muchas más. El presupuesto que dedicó la ciudad el año pasado para atender a los homeless superó los 1.400 millones de dólares, es decir, más de 180.000,00 euros por cada homeless detectado. De esta enorme cifra que pesa como una losa en el importante déficit del ayuntamiento norteamericano, una gran rebanada se gasta en el Housing First. Sin embargo, como viene sucediendo desde que en 2004 se implantó este programa, lejos de disminuir el número de personas sin hogar que viven a salto de mata en esta y otras ciudades norteamericanas, aumenta y con ello aumenta el índice de criminalidad.
Quien afirme que la solución del problema de los sintecho es sencillo es un pánfilo o un demagogo o ambas cosas. Los motivos por los que las personas no tienen donde cobijarse son muchos y de diferente índole. Un estudio reciente de la Universidad de California (UCLA) descubrió que más del 75% de los “homeless” tiene una enfermedad mental grave, otro 75% abusa de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Así, estos individuos son reacios a la disciplina y aceptar asistencia con mandatos y requisitos. Por consiguiente, el regalo de una vivienda a quien está preso de la droga o/y tiene una enfermedad mental que le impide vivir con un mínimo de autonomía, implica la necesidad de una custodia hoy imposible de implementar por carecer, en todos los países occidentales, de residencias y hospitales adecuados, además de provocar corrupción. Y es la corrupción, la burocracia y el manejo de estadísticas según el método Tezanos lo que ha producido que el programa Housing First que ha construido millones de viviendas destinadas a los sintecho en las ciudades norteamericanas, sea un fracaso sin paliativos.
Y no por archisabido que el programa Housing First es un fracaso, los demócratas lo cuestionan ¿Por qué será?
En San Francisco hay decenas de estudios que demuestran que tienen que construir 10 alojamientos PSH para sacar de la calle a una sola persona puesto que al final, la gran mayoría de esas viviendas o microviviendas se destinan a personas que no habrían estado permanentemente sin hogar. Incluso la eliminación de las calles de esa única persona sin hogar se desvanece en pocos días por cuanto inmediatamente surgen más homeless procedentes de la emigración ilegal o el consumo desbocado de droga.
Los horrores de las SRO (habitaciones en edificios o moteles) se exhibieron al público en un artículo reciente del San Francisco Chronicle. El reportaje muestra personas que viven en edificios con techos colapsados, moho tóxico, alimañas, olores nocivos, ruido constante, electrodomésticos rotos y violencia descontrolada. También señala que al menos 166 personas sufrieron una sobredosis fatal en estos habitáculos entre 2020 y 2021. Sin embargo, este número oficial es sospechoso por ser tan bajo. Un médico forense de San Francisco informó de, al menos, 1300 muertes por sobredosis de fentanilo ilícito combinado con otras drogas en los últimos dos años. Por si estos problemas no fueran suficientes, la convivencia entre los alojados gratis por el Housing First y los inquilinos que pagan su vivienda con el sudor de su frente suele ser una pesadilla para los segundos.
Que el programa Housing First está basado en una fórmula derivada de ideologías desdeñosas de la experiencia y la razón es evidente. Que además despilfarra y genera burocracia y corrupción es un dato. Las noticias sobre escándalos de corrupción en el manejo de fondos destinados a socorrer a los homeless es una constante. En realidad, quien resume mejor el asunto es la conocida expresión; “San Francisco’s Homeless Industrial Complex”. Efectivamente se trata de una estructura institucional con grandes recursos de la que disfrutan muchos. Algunos, como el director de trabajos públicos, Mohammed Nuru fue sentenciado en agosto de 2022 a 7 años de cárcel por corrupción y manipulación de contratos. En los últimos meses, auditorías internas y del FBI descubren malversaciones de fondos por parte de ONGs. Escandalosa, por los millones sustraídos, es la del Consejo Unido de Servicios Humanos (UCHS).
Entonces Sr. Almeida y demás alcaldes, presidentes y políticos en general ¿pueden explicarnos los motivos por los que sus administraciones copian mansamente el Housing First?
Aunque sea lógico, por aquello de por si me puede también tocar un día a mí, resulta a todas luces bochornoso que los medios no denuncien la oferta de suscrición de El País que incluye dos billetes GRATIS en AVE, ALVIA, INTERCITY y EUROMED por cada suscripción, cuando apenas han trascurrido dos semanas desde que el Gobierno sanchista nombró director de RENFE al militante del Partido Socialista de Cataluña, Raül Blanco Díaz. No solo porque la empresa pública ferroviaria sea un pozo sin fondo perdiendo dinero, sino porque subvenciona con el dinero de los contribuyentes del erario a un periódico privado que, desde hace años, es el principal medio de agitación y propaganda del PSOE. Así, teniendo en cuenta que el valor medio precio ida/vuelta de RENFE es 120 €, por cada nuevo suscriptor del Pravda de La Moncloa los españoles acoquinaremos al mencionado diario 240 euros.
Como escribí en el muro de Facebook donde el periodista, Luis Serrano Altimiras ha denunciado este cohecho, la patrimonialización partidista del Estado ha sido la constante histórica del PSOE. De hecho, es el único programa mantenido desde que el 2 de mayo de 1879 en Casa Labra, unos cuantos fundaron el partido zampando rodajas de bacalao rebozado regado con frascas de Valdepeñas. Pero los recientes atracos no tienen parangón. Empezando por el control de la SEPI cuyas empresas hoy ya están bajo el estricto control del PSOE que ha implantado a dedo directivos fieles al partido, destacando entre todos ellos muchos amigos de Pedro Sánchez.
Sabemos que en desvergüenza el Presi es el campeón de España y quizá del mundo. Así, en 2018 Sánchez colocó a su exjefe de gabinete y amiguete, Juan Manuel Serrano, como presidente de Correos, un político sin apenas experiencia en gestión de empresas y menos del sector postal y logístico. Desde entonces Correos es un desastre que pierde dinero a chorros, un dineral que es acoquinado por bemoles por los contribuyentes.
El dedo poderoso de Sánchez siguió colocando directivos sin pausa. La ex diputada del PSOE y ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor fue nombrada presidenta de Red Eléctrica Española (REE) en febrero de 2020. El ex ministro del PSOE, Jordi Sevilla, catapultado a Duro Felguera, empresa que posteriormente sería rescatada por la SEPI y que está arruinada.
El caso de Enagás ha sido más reciente pero no menos descarado. Fueron impuestos en el consejo de administración de esta empresa Maite Costa y el ex-diputado del PSOE, Manuel Gabriel González Ramos. También fue nombrado el amigo de Teresa Ribera, Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás en sustitución de Marcelino Oreja. Controlada.
Lo de Indra y Aena ha sido un asalto en toda regla. INDRA lo ha sido a través del jefe de Amber Capital, el francés de origen armenio Joseph Oughourlian quien, como caballero blanco de la SEPI, ha deconstruido el consejo de administración de Indra, al tiempo que, con mano de hierro, gestiona el aparato de agitación y propaganda del PSOE llamado PRISA.
Amigos del exministro de Sanidad, Salvador Illa y dirigentes del Partido de los Socialistas de Cataluña son: Marc Murtra en INDRA y el nombrado presidente de AENA Maurici Lucena. No menos relevante es el papel de control de Jordi Hereu como presidente de Hispasat.
Fundamental para la estrategia de control del PSOE son las empresas rescatadas por la SEPI (con nuestros impuestos) a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas con 10.000 millones. Así, fueron rescatadas Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y Grupo Abades. En todas ellas y en otras importantes como Iberia, Sánchez ha impuesto a un par de SUS consejeros que le aseguran su control. En algunas como Duro Felguera ha ido más allá constituyendo un consejo con miembros de la SEPI, que se han sumado a los dos ex ministros de Zapatero, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez. Además fue nombrado presidente de Duro, el conocido dirigente del PSOE asturiano, Jaime Argüelles. El reciente nombramiento de Raül Blanco como presidente de Renfe, es la guinda del intervencionismo descarado del PSOE sanchista.
En realidad, directa o indirectamente, Telefónica, Iberdrola, Prisa, Naturgy, Indra y las sucursales de ellas, claves en sectores como la tecnología, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, son controladas por el PSOE Sanchista gracias a sus nombrados adláteres y sus excelentes relaciones con Ana Botín y José María Álvarez-Pallete. También se llevaba bien con Ignacio Galán de Iberdrola y Francisco Roig hasta que ambos y otros menos conocidos, no pudieron soportar tanto intervencionismo, tanta metida de mano en sus bolsillos y tanta demagogia a su costa. Aunque menos mediático, Rafael del Pino ha puesto su pica en Flandes y expuesto crudamente el hartazgo de los empresarios españoles ante el intervencionismo acaparador perpetrado por el PSOE sanchista.
Sigo con interés los acontecimientos de Canadá, pues no en vano pasé allí 8 años de juventud con sus correspondientes inviernos de los de antes del cambio climático y conservo algunos familiares y amigos. Se bien que en España, la opinión mayoritaria considera a Canadá un país civilizadísimo, la Escandinavia de América. No pretendo estropearles esa amable estampa aunque, como sucede en los países escandinavos, no es oro todo lo que reluce. Ya conté en “Caminos sobre la mar” mis impresiones cuando llegué en otoño de 1965 a Montreal, en donde la provincia de Quebec se despojaba sin aparentes traumas del nacional-catolicismo del admirador de Franco, Maurice Duplessis, para ir abrazando un liberalismo contaminado de socialdemocracia que abanderaban unos jóvenes políticos que llamaban a su propósito “Révolution tranquille”, revolución que muy pronto degeneró en nacionalismo.
Mucho me sorprendió entonces encontrarme un país con automóviles de cocote largo y gasolineras en todas las esquinas que, sin embargo, carecía de seguridad social (se estableció en noviembre de 1970) y una calidad democrática mediocre, debido a una judicatura intervenida por el poder político de forma aún más descarada que la del franquismo. Así, los jueces de los tribunales superiores de justicia provinciales eran (son) nombrados y destituidos por el Gobierno Federal de Canadá, los jueces de otros tribunales provinciales y federales eran (son), respectivamente, nombrados y destituidos por los gobiernos provinciales y federales.
En esas cavilaciones estaba cuando de refilón conocí a Pierre E. Trudeau en la Asociación Española de Pedro, una especie de Café de Flore aflamencado situado a pocos metros de la McGill University, entonces izquierdista y ahora woke. Por allí deambulaban izquierdistas, nacionalistas quebequenses, desertores yanquis y huidos de todo el mundo. Como hijo de una familia opulenta gracias a la especulación inmobiliaria acaecida en Montreal a principios del siglo XX (bautizado Joseph-Philippe-Pierre-Yves-Elliott), aquel aún joven catedrático cordial, solterón y decían que promiscuo que acababa de ser elegido diputado del Partido Liberal, frecuentaba los garitos de la bohemia intelectual de la época. Cuando poco después llegó a Primer Ministro de Canadá no le vi más en persona pero mucho en televisión, sobre todo en octubre de 1970 cuando puso al ejército a patrullar las calles de Quebec y declaró el estado de sitio contra los terroristas del FLQ cercanos ideológicamente a ETA. El “liberal” Pierre Trudeau abolió la pena de muerte en 1976, al mismo tiempo que respaldaba al dictador Fidel Castro regalándole unos cuanto millones de dólares. Su amistad con el tirano cubano se prolongó hasta el final de sus días, al punto que Fidel Castro se desplazó a Montreal en el 2000, para asistir al funeral de su magnánimo amigo Pierre.
¿De tal palo tal astilla? Pues aunque no sea una ley biológica, teniendo también en cuenta el perfil hippie New Age burguesote de su madre; Margaret Joan Sinclair, que Justin Trudeau sea un político relativista, vanidoso y oportunista, capaz de firmar un acuerdo de coalición Frankenstein, sustentado en la doctrina woke, entre su partido y los izquierdistas desnortados del NDP, con el único fin de amarrarse al poder hasta, al menos 2025, no es sorprendente. Sobre todo para los españoles que soportamos una actitud similar por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La última medida basada en la doctrina woke que abraza con fanatismo el gobierno presidido por Justin Trudeau, es el proyecto de ley C36 “anti-hate bill” (Ley anti odio). Una ley que impone multas de hasta $200,000, la incautación de bienes y la cárcel para médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que manifiesten “información engañosa a los pacientes o al público” tanto privada como públicamente en redes sociales o artículos de opinión. Es decir, se criminaliza cualquier discurso o cualquier opinión que no se ajuste al oficial derivado de la doctrina izquierdista woke.
Con esta ley, el gobierno de Trudeau pretende implantar la censura previa y el castigo severo al discrepante, a través de una ley que proclama evitar el odio. Se trata de una inquisición descarada contra todos los que no comulguen con los mandamientos woke. En realidad, con dicha ley se “legaliza” la imposición del pensamiento único oficial del Gran Hermano que desde hace años campea en las universidades, escuelas e instituciones canadienses.
Un atisbo de esperanza acaba de surgir en Canadá, pues parece que el silencio de los corderos se ha roto con el escándalo surgido tras el intento de cancelar profesional y socialmente al famoso psicólogo clínico Jordan Peterson, por parte del Colegio de Psicólogos de Ontario. Con un descaro ostentoso, el Colegio profesional se ha permitido cancelar el derecho de ejercer su profesión a Peterson y quiere imponerle unos cursos de reorientación de duración indeterminada (pueden ser años), para que el psicólogo clínico purgue los pecados cometidos en sus comentarios públicos en Twitter y el podcast The Joe Rogan Experience. Es evidente que estamos ante una condena que recuerda los campos de reeducación soviéticos. Los ejemplos de los supuestos delitos de Peterson en las redes sociales incluyen pedir el fin de los mandatos de vacunación discriminatorios y no científicos, retuitear al líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, y criticar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.