HACIENDO AMIGOS. SOBRE MASCOTAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

26/07/2021.

Sé bien que con este suelto me ganaré antipatías y hasta enemigos, pero también sé que algún alma caritativa se comparecerá y atenderá y entenderá mis cuitas.

Abunda la buena gente que está preocupada por el desastroso estado del planeta Tierra, otros dicen Gaia y Pachamama. Máxime ante los lúgubres augurios sobre las consecuencias del calentamiento global que, al parecer, su solución no solo requiere grandes esfuerzos financieros y tecnológicos por parte de la humanidad culpable del problema, también precisa de héroes adolescentes, Herculitos y Herculitas que en “nombre de la justicia climática” nos acongojen gritándonos: «No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico». Y en esas estamos, pues cada gran causa precisa de grandes villanos y en el caso de esta; somos Usted y yo.

De entre los animales domesticados por los crueles humanos (no me digan que no me pongo correctísimo), los rumiantes, a pesar de ser radicalmente vegetarianos, que digo, veganos de suyo, de darnos sin rechistar leche, lana, cuero y carne, no son muy simpáticos ni mucho menos zalameros. Y entre los menos zalameros destaca el ganado vacuno que, para más inri, parece que sus pedos de metano producen hasta el 14% de todas las emisiones de efecto invernadero. Por consiguiente, siguiendo las indicaciones del Ministro Garzón, hay que reducir el número de vacas al mínimo para evitar semejante daño y el no menos peligroso que genera su sabrosa carne y su leche generadora de mantequilla, quesos y yogures malignos.

Mucho más simpáticos, zalameros y obedientes son los cánidos y algo menos los gatos, aunque adorables, suaves al tacto, eróticos sus dulces ronroneos y hasta juegan al escondite. Por estos méritos ambos han pasado en unos decenios de ser ayudantes de caza y severos guardianes de ganado y haciendas, a animales de compañía o mascotas obedientes. Solo tienen un par de pequeños defectos, no terminan de adaptarse a los retretes humanos ni a la alimentación vegana. Es más, siguen comiendo carne como posesos.

En España, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), calcula que en 2019 había unas 13 millones de mascotas registradas, aunque admiten que puede haber otros 10 millones sin registrar, en concreto se calculan 15 millones de perros y 2,5 millones de gatos que viven en el 36% de los domicilios particulares. Respecto al gasto medio de cada animal de compañía, calculan que supera los 1.200 euros al año, mientras que deducen que los españoles invierten tres horas diarias en sus mascotas. Poco me parece cuando veo como los cuidan mis amigos, siempre atentos a sus necesidades y alimentados a placer, con pienso envasado en paquetes y latas más relucientes que los de cereales infantiles y las de caviar Beluga Caspian Pearl. ¿Y qué ingredientes contienen esos magníficos alimentos para nuestras obedientes mascotas? Pues principalmente salmón, pollo, cordero, buey, vaca y pavo. Eso si, de alta calidad y super ecológicos, sin soja, trigo ni maíz añadidos, sin colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales.

Teniendo en cuenta que un perro medio adulto puede ingerir 1 kg de pienso al día y un gato 70 gramos. Que en Europa, según la FEDIAF (European pet food industry), en 2019 había 90 millones de perros y 110 millones de gatos. Que estos animalitos consumieron 8,5 millones de toneladas de salmón, pollo, cordero, buey, vaca y pavo ecológicos. Que sus amos gastaron 21.800 millones de euros ese año en alimentarlos. Que si son cívicos, como se supone, los amos europeos para sus mascotas consumen, al menos, 73.000 millones de bolsas de plástico más los correspondientes accesorios de recogida y otros cachivaches cada año (algunas bolsas se anuncian biodegradables y perfumadas), con un costo aproximado de 8.000 millones de euros, para recoger las boñigas que sueltan sus animalitos cada día en las calles y jardines de Europa. Que el incremento anual de piensos para mascotas es del 2.8%. Teniendo estos datos en cuenta, ahora, si les apetece, deduzcan el metano, la energía, los envases y la logística que precisan sus mascotas y luego hablamos del efecto invernadero, la regresión demográfica y el hambre en el mundo.

¿Cambio climático o urbanismo salvaje?

Las riadas en Alemania, Bélgica y Holanda

 

17/07/2021

Los “expertos” en cambios climáticos y otras hecatombes por llegar, aseguran que la catastrófica riada consecuencia de las copiosas lluvias entre el 14 y el 16 de julio en varias regiones de Alemania, Bélgica y Holanda, tienen su principal causa en el calentamiento climático. Al mismo tiempo, los medios de comunicación titulan gregariamente y sin aportar datos: “Alemania registra las peores inundaciones en lo que va de siglo”.

Ciertamente en la zona desbastada ha llovido mucho, nada menos que 148 litros por metro cuadrado en 48 horas, pero es innegable que la historia registra terribles riadas con miles de víctimas en esas regiones de Europa: 1170, 1287, 1304, 1342, 1362, 1634 … La trágica más reciente en la que perecieron 340 personas, se registra en 1962 un poco más al norte de la actual. Así, las riadas en Renania-Palatinado, Renania del Norte-Westfalia, la Valonia belga y el Limburgo de los Países Bajos, son recurrentes cuando el Rin y sus afluentes Mosela, Vesdre, Ourthe, Düssel, etc, incluyendo al casi riachuelo Erft (me recuerda la terrible inundación de Sevilla en 1961 por la inusitada crecida del arroyo Tamarguillo) que está vez ha sido el más destructor, aumentan exponencialmente su caudal cuando acontecen copiosas precipitaciones tormentosas en su cuenca.

Pero hoy los datos contundentes son enemigos del discurso políticamente correcto con que nos inunda cada día, las nomenclaturas archiverdes de la UE. Solo de pasada, algunos medios han dejado caer la posibilidad de que una urbanización masiva y descontrolada en zonas inundables de los cauces de los ríos, pudieran haber aumentado los efectos de las tormentas causadas por el cambio climático que nos quebranta. Porque es archisabido que las tormentas e inundaciones no son nada nuevo en Rhein-Erft-Kreis, un área salpicada de minas a cielo abierto que históricamente se utilizaron para extraer carbón, grava o arena. Y ocurrió que al mismo tiempo que se construían chalets a orillas del bucólico río, los propietarios de la cantera de grava Blessem solicitaron una expansión en 2015, solicitud que fue concedida por las autoridades locales bajo la condición de construir un muro de contención de 1,2 km, con el fin de evitar que la sima de la mina se convirtiera en un embalse incontrolable en caso de riada. Pero el muro protector entre la excavación de grava y el cauce del Erft resultó ineficaz ahora porque el río se desbordó aguas arriba de la mina, desencadenando ríos de agua por las calles de los pueblos, corrimientos de tierra y acumulaciones de agua en las zonas más bajas.

El reputado geógrafo, Matthias Habel ha puesto las cosas en su sitio: «Cuando el Erft rebasa Erftstadt ya no es un río que fluye naturalmente sino una especie de canal enderezado artificialmente. Entonces, fluye mucho más rápido desde aquí y carece de las llanuras de inundación naturales que podrían hacer frente al desbordamiento».En román paladino, minas y urbanizaciones a orillas del río han cubierto las llanuras de inundación naturales creadas por el río.

LA AGENDA DEL PSOE CAMINO DE SERVIDUMBRE

El PSOE dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tras ganar la moción de censura contra Rajoy gracias a su alianza con Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Demócrata Europeo Catalán, Compromís, Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias el 1 de junio de 2018, logró aumentar su representación parlamentaria convocando dos elecciones generales en pocos meses. La ultima intentona fue el 10 de noviembre de 2019 donde el PSOE logró el 28% de los votos y 120 escaños (tres menos que en la anterior legislatura). Ante el fracaso, Sánchez se desdijo de sus promesas electorales y se abrazó con Pablo Iglesias Turrión después de acordar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Así, Sánchez Pérez-Castejón fue investido presidente del consejo de ministros del gobierno de España el 8 de enero de 2020, gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel Existe, junto con las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu. Un día después Sánchez formó el llamado «gobierno Frankenstein», denominación articulada por el predecesor de Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba porque: «los socialistas “no pueden” ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que ellos quieren gobernar».

Los hechos evidencian el regocijo de Sánchez al frente de su gobierno Frankenstein. Un gobierno que cuenta nada menos que con 22 carteras ministeriales, incluyendo dos ministros comunistas como aquellos gobiernos de Largo Caballero y Juan Negrín López en plena guerra civil, 30 secretarías de estado, 40 direcciones y subdirecciones generales y 740 altos cargos nombrados a dedo. No solo es un gobierno elefantiásico y gravoso, también tenaz, incluso pertinaz.

Desde la gestión de la COVID-19, llena de subterfugios propagandísticos, improvisaciones, grandes negligencias, aberrantes dictámenes, exigua ciencia y falsos o clandestinos expertos, hasta la amnistía camuflada como indultos individuales a los dirigentes separatistas condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, el gobierno sanchista ha presentado oblicuamente su agenda autocrática afanándose en someter fieramente a su conveniencia los poderes del Estado, mediante el control de la abogacía del Estado, la Fiscalía, la limitación del Tribunal Constitucional, la crítica grosera al Tribunal de Cuentas por no plegarse a sus designios y la deslegitimación del Tribunal Supremo al revocar de facto la sentencia del procés con la concesión de los indultos de los condenados.

Además de la ocupación y manipulación de órganos e instituciones del Estado y las coacciones descaradas al poder judicial cuando trata de defender su independencia, el gobierno Frankenstein presidido por Sánchez Pérez-Castejón recurre contumaz a los decretazos (van cerca de 100 decretos leyes en esta legislatura) para esquivar a las Cortes. Los decretazos, las leyes aprobadas sin apenas debate parlamentario y los proyectos de ley, tienen el denominador común de ser un reservorio ideológico que comprende un trasnochado antifranquismo sobrevenido, un quimérico republicanismo, un revoltijo de feminismo queer con constructos teóricos tribales y la asunción del neomarxismo posmoderno. Esta amalgama populista al estilo del socialismo del siglo XXI, incluye la fraternidad con el separatismo supremacista al compartir la intención de degradar o enmendar soterradamente la Constitución. Son leyes y proyectos de contenido y redacción glotopolítica netamente orwelliana, donde al lenguaje inclusivo se suman los conocidos constructos lingüísticos posmodernos de manipulación. Paradigmáticas como tratados ideológicos y de seudo-ingeniería social son: la ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) o ley Celaá de educación y la ley de eutanasia. Estas leyes parecen moderadas si las comparamos con proyectos de ley como el de la garantía integral de la libertad sexual (si es sí) la Trans, LGTBI, la de Memoria Democrática, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, etcétera.

El varapalo sufrido por el PSOE con la apabullante victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, no ha cambiado su hoja de ruta un ápice. Tampoco parece que ha servido de aviso a los merodeadores de Moncloa, por lo que no pocos ciudadanos se han visto sorprendidos por el apoyo explícito de sindicatos, empresarios, banqueros y banqueras hereditarias, obispos fariseos y saduceos, tertulianos y medios dependientes del erario, al discurso sanchista que dice perdonar a los secesionistas catalanes para lograr la concordia porque, en el fondo, todos somos un poco culpables. Por supuesto se daba por descontado el apoyo más o menos entusiasta al gobierno de Sánchez de los lobbies empresariales catalanes: Foment del Treball, Cambra de Barcelona y Cercle d´Economia y gentes por el estilo, pero el implícito apoyo del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi y otros notables empresarios y banqueros, pone en evidencia el oportunismo sin principios de la élite empresarial.

Porque la elite empresarial española no puede llamarse a engaño tras 4 años de promesas incumplidas y leyes sectarias. Solo la ceguera codiciosa puede obviar que la palabra de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es siempre provisional, que la inseguridad jurídica y política es marca de la casa, que su gobierno está incentivando la inflación del precio de la energía a través de los derechos del CO2, que la contrareforma de la reforma laboral que prepara la ministra comunista costará dinero, sangre, sudor, lágrimas y paro, que el déficit de las pensiones aumentará aún más el impuesto al trabajo, en fin, que las subidas de impuestos es bandera y paradigma del PSOE y sus aliados.

Ante los datos, es obvio que para la flor y la nata empresarial que representa al capitalismo clientelar cortoplacista que desde hace tiempo impera en España, la pela es la pela. Es ese cortoplacismo derivado de la caza de subvenciones, ese olor a sardinas que resucita a los gatos, ahora es el Fondo Europeo de Reconstrucción y el Next Generation EU. Una empanada rellena de más de 140.000 millones de euros que repartirá el gobierno entre 2021 y 2026. El postre lo compone las promesas implícitas de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Así, para la CEOE esta ley «crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía». ¡Olé el desarrollo sostenible, la resiliencia, la condena a la hoguera de huella de carbono y hasta la igualdad entre hombres y mujeres (fallo garrafal por no incluir toda la retahíla de géneros no gramaticales) promete esta ley!

Mientras tanto, la agitación y propaganda desplegada por el posmoderno sucesor de Willi Münzenberg apellidado Redondo, contiene grandes promesas para dentro de 30 años. Un mundo feliz diseñado con la perversión del lenguaje, el abuso de la ventana de Overton y la ocultación de la agenda estratégica del PSOE. Sin embargo, cuando se observa con algo de atención se pueden distinguir algunas pistas. Por ejemplo cuando dicen: «debemos de cambiar el modelo de Estado, dirigirnos hacia una nueva transición». Por supuesto, sus coaligados comunistas de Unidas Podemos no la ocultan y mucho menos los separatistas. Puede ser duro admitirlo, pero mucho más duro será rendirse a la evidencia cuando sea demasiado tarde. Todos ellos son hispanófobos, todos asumen las tesis identitarias más reaccionarias, todos odian a España como los bolcheviques odiaban a Rusia en 1917. Por consiguiente, maquinan para implantar la Unión de Repúblicas Socialistas de los Pueblos Ibéricos. Si lo logran nos meterán en el camino de servidumbre que hoy transitan los venezolanos, argentinos, cubanos, nicaragüenses, coreanos del norte, vietnamitas y chinos.

Plan España 2050

O un camino de servidumbre

22/05/2021.

El “Plan España 2050” tiene un subtítulo revelador: “Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”. Una estrategia que, por diluida y camuflada, precisa 676 páginas que incluye un prólogo triunfalista firmado por el presidente del consejo de ministros del gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con el retorcido título “España: un país con hambre de futuro” donde, por ensalmo, se han borrado los pesares del presente.

Es probable que las circunstancias del momento en que se ha presentado este Plan y la puesta en escena exagerada, haya malogrado el aplauso esperado por sus autores hasta el punto de haberse convertido en tema de chirigota. Pero la farsa derivada de su presentación como “performance” del Presi y la exageración de proyectar unas “estrategias” que conducirán a unos relucientes resultados dentro de tres décadas, me parecen que están despistando bastante al personal respecto a la intencionalidad de este Plan. Por supuesto, su credibilidad es muy endeble por cuanto el gobierno que lo lanza a bombo y platillo, ha demostrado, con creces, su impericia en el manejo de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica, mientras que tiene serios problemas para calcular el PIB, el déficit y la deuda pública de este año.

Con la gesticulación y el tono vanidoso habitual, Sánchez Pérez Castejón presentó «un ejercicio de prospectiva estratégica» de futuro para «los españoles y españolas», sobre el escenario del Auditorio 400 del Museo Reina Sofía y ante un público conformado por los empresarios que han pedido las subvenciones procedentes del maná europeo. En este acogedor ambiente, apeló Sánchez a la concienciación medioambiental de los españoles, para justificar buena parte del Plan que establece las buenas conductas ciudadanas, las subidas de tasas, los modelos de transporte, consumo y alimentación que nos conviene, hasta el punto de prohibir los vuelos nacionales y subir impuestos a los billetes de avión para salvar el planeta. Y lo dijo un fulano que usa el avión oficial Falcon o el helicóptero hasta para ir a por el pan.

Acepto de antemano el reproche de abusar de lo anecdótico al señalar contradicciones entre el dicho y el hecho del presentador. Si lo hago es para manifestar que estamos ante un documento oficial que ha contado con la colaboración de 104 expertos coordinados por 8 aún más expertos, que han concretado unos objetivos para el Plan (retos los llaman) que son asumidos por el gobierno de la nación. Por lo tanto, me parece evidente que este Plan expresa la vocación del gobierno y los partidos que le apoyan, de intervenir y planificar la vida de los españoles a largo plazo, con el inequívoco fin de meternos en un molde configurado por sus ideologías. Veamos.

Lo de menos de este Plan es la retórica impostada de corrección política, lo sustancial es la utilización de un supuesto prestigio histórico del concepto planificación para el desarrollo. Claro que ese prestigio solo es factible si se borra del mapa histórico a los primeros planes, aquellos planes quinquenales totalitarios y totalizantes implantados manu militari en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por Stalin, cuyos lacerantes resultados deberían ser enseñados en las escuelas secundarias de todos los países democráticos. También parecen obviados los planes derivados de la gran depresión de 1929 anteriores al New Deal norteamericano. Por ejemplo, los que implantaron al estado como amo y señor, (“La nostra formula è questa: tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”) de Benito Mussolini. Adolfo Hitler siguió la senda de Mussolini y de Stalin cuando implantó, de la mano de Hermann Göring, un plan cuatrienal donde la empresa privada estaba obligada a cumplir con los objetivos redactados por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

Todavía se discute si el New Deal plasmado por Franklin Roosevelt entre 1933 y 1939 fue totalmente keynesiano o si el poderoso Harold L. Ickes fue quien escogió en que gastar y las reformas a realizar. No obstante, hoy pocos discuten que la entrada de EEUU en la II Guerra Mundial fue el detonador del paradigma económico norteamericano de posguerra, configurado con la amalgama de un cuarto de Keynes con tres cuartos de liberalismo de Harry D. White. Un sistema que se mantiene hasta el “Nixon Shock” de 1971, cuando Richard Nixon cancela los acuerdos de Bretton Woods y suspende la convertibilidad directa del dólar estadounidense al oro.

Es el célebre Plan Marshall iniciado en 1947 el dador de pátina y esplendor a los planes económicos. Con sus más de 100.000 millones de dólares de 2020, sigue siendo el oráculo de Delfos de la burocracia estatalista occidental. Poco importa que los datos pongan en duda sus éxitos. Así, se suele desdeñar que, mientras Gran Bretaña recibió más del doble que Alemania Occidental, su crecimiento económico fue mucho menor. De hecho, el milagro económico alemán “Wirtschaftswunder” poco tuvo que ver con el Plan Marshall (Las ayudas a Alemania en julio de 1951 sumaban 270 millones de dólares, de los cuales los alemanes devolvieron más de un tercio) y todo a las reformas liberales impulsadas por el ministro Ludwig Erhard a partir de 1949, consistentes en un programa radical de privatización y desregulación que eliminó todos los controles regulatorios y el complejo sistema fiscal impuesto por los nacionalsocialistas. También se puede verificar que Francia e Italia empezaron sus recuperaciones económicas antes de recibir la ayuda del Plan Marshall, mientras que Austria y Grecia recibieron mucha ayuda, pero su recuperación económica se inició mucho más tarde. Pero el «coge buena fama y échate a dormir», junto con el retorno paulatino del estado orondo e intervencionista, ha determinado que la UE sobrepasara su fin y haya abrazado la política de planes de distribución de fondos públicos entre países miembros. Poco a poco, la UE ha implementado planes cada vez más gruesos. De los primeros planes redistributivos hasta el penúltimo y ya olvidado Plan Juncker, con la gran crisis derivada de la pandemia, la UE ha plasmado su Plan Marshall, multiplicándolo por 20. Un “Plan de recuperación para Europa” por un total de 1,8 billones de euros que, junto con la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, alimentan dinero a espuertas que fortalece el capitalismo de amiguetes donde, cada Estado reparte dádivas a unas cuantas empresas y organizaciones amigas, al socaire de las transiciones climáticas y digitales más otros negocios verdes resilientes por subvencionados.

Llegado aquí parece conveniente preguntarse si el Plan España 2050 es un plan y, en el caso de serlo, de que tipo. Obviamente, no es reformista como el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 o los tres planes de desarrollo del franquismo (1964-1975), basados en reformas estructurales para la liberación de la economía, al eliminar los últimos resortes intervencionistas del Estado derivados del período autárquico. Asimismo, los Pactos de la Moncloa de 1977 fueron forjados en reformas estructurales y de liberalización política. Tampoco contiene medidas de estímulo keynesiano o monetarista, sino que se sustenta en un «análisis diacrónico y prospectivo … realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política». Entonces, ¿Cuál es su fin? Pues obviamente lograr que el modelo de régimen político y social explícito en el documento devenga hegemónico: «Creemos que España tiene que mirar más al futuro y que tiene que hacerlo de una forma distinta de la que suele mirar el presente: con menos crispación, más rigor científico, y un mayor optimismo». Entonces, estamos ante un Plan que quiere cambiar la mentalidad de los españoles, una versión posmoderna de los planes de Ernesto Guevara de construir “el Hombre Nuevo” en Cuba: «La Revolución no es únicamente una transformación de las estructuras sociales, de las instituciones del régimen; es además una profunda y radical transformación de los hombres, de su conciencia, costumbres, valores y hábitos, de sus relaciones sociales».

En 1944 se publicó “Camino de Servidumbre” donde Friedrich A. Hayek advierte que la planificación estatal lleva a un Estado omnipotente dirigido por una minoría que dice querer la igualdad, pero que inexorablemente conduce a la tiranía y la consiguiente pérdida de libertad individual. La historia confirmo esta tesis sobradamente.

Que el Plan España 2050 es un ensayo de planificación ideológica tan extenso como poco repasado, se evidencia en el cúmulo de contradicciones que contiene y en las sibilinas imposiciones. Por ejemplo; anuncia que se logrará la bonanza pero prescribe más gasto social y más impuestos verdes y menos consumo, luego la mejora de la educación no parece mejorar la conciencia medioambiental. Pero lo sustancial es preguntarse si queremos que nuestros descendientes vivan coaccionados por impuestos confiscatorios, sean obligados a alimentarse de un surtido salteado de tofu y kale con sésamo, seguido de gusanos ecológicos al dente y hamburguesa de levadura modificada genéticamente con sabor a carne de vaca. Si serán más felices utilizando teléfonos móviles encurtidos, viajando como sus bisabuelos en transportes colectivos, sufriendo la tiránica e inane pirámide laboral perpetuadora del desempleo masivo, pagando en silencio la infame y descomunal deuda del Estado, soportando sin rechistar la inmigración ilegal, la decadencia demográfica, la incertidumbre sobre la seguridad jurídica, la aniquilación de las pensiones públicas, mientras añoran los tiempos pretéritos en que la inquisición de la política de la cancelación y la vorágine identitaria, todavía no habían aniquilado el arte y la libertad.

EL SEGUNDO PLAN E DEL PSOE

O el I Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

Pablo Rojo. 03/05/2021.

La demagogia andante asegura que hay que imprimir dinero para el pueblo y no para los bancos. Bajo esta consigna aparentemente solidaria, los EEUU de Biden y la UE de las burocracias, se han lanzado a tumba abierta a multiplicar dinero. Ya no les basta con la varita mágica de la expansión monetaria cuantitativa cocinada desde sus respectivos bancos centrales, ahora se endeudan para gastar solidariamente.

En realidad, el Plan de Recuperación para Europa es otra vuelta de tuerca de los planes de incentivación de la UE que subvencionan inversiones supuestamente estratégicas. Por supuesto, se presenta como fórmula excepcional ante una coyuntura difícil, pero resulta que, desde el Programa Eureka de la entonces CEE, la excepción se ha ido convirtiendo en normalidad. De hecho, este plan es el súmmum por la morrocotuda cantidad de dinero que reúne, nada menos que 750.000 millones de euros del paquete “Next Generation”, más 100.000 millones de euros del SURE. Estos 850.000 millones fueron acordados el 21 de julio de 2020, cuando los estragos económicos producidos por la pandemia de coronavirus apenas auguraban lo que vendría después.

Más que un conjunto de estímulos, este Plan parece inspirado en el neocartalismo que establece el dinero como criatura del Estado, pues rebasa, con creces, los estímulos de la expansión monetaria cuantitativa puesta en marcha por el Banco Central Europeo en marzo de 2015, tras los avatares producidos por la crisis del 2008. Recordemos que esta medida fue vendida como provisional para evitar el hundimiento del euro, de los bancos comerciales y, sobre todo, absorber la deuda pública hasta bajar los tipos de interés a 0 con la consiguiente expansión de dinero barato. Ahora se trata de unos fondos obtenidos con la emisión de deuda por parte de la Unión Europea, que serán repartidos a los estados miembros en función de varios parámetros, para que cada Estado los reparta en forma de subvenciones o préstamos, tanto al sector público como al privado, bajo unas condiciones acordes con la corrección política vigente.

En vez de condiciones, el Plan de Recuperación para Europa propone erigir un jardín de rosas sin espinas. Ahí es nada, se trata de estimular la investigación y la innovación, transiciones climática y digital justas, lograr la preparación, recuperación y resiliencia económica, un nuevo programa de salud, modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola común, en fin, esa quijotesca lucha contra el cambio climático al que se concede nada menos que el 30 % de los fondos. Además, el plan atiende a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género. Un auténtico Plan Quinquenal posmoderno que concede a cada estado de la UE la clarividencia de diseñar el futuro económico, la omnipotencia de repartir dádivas y la omnipresencia de controlar los resultados, eso sí, con la aquiescencia de la burocracia bruselense.

El Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

A estas alturas, tener que advertir que el gasto estatal, ese dinero que “no es de nadie” según la ínclita Carmen Calvo, siempre, siempre y siempre es pagado por aquellos contribuyentes que trabajan en el sector privado de la economía. En el caso de España, en el momento que escribo y según la «Encuesta de Población Activa (EPA) – Primer trimestre de 2021- unos 16 millones de esforzados trabajadores españoles sostienen a 42 millones, es decir: a más de 3 millones de funcionarios, un millón de políticos y asesores adjuntos, a una población envejecida sustentada por cerca de 10 millones de pensiones públicas, 2,5 millones de personas que perciben prestaciones por desempleo, más alrededor de un millón que recibe una o más ayudas públicas (hay 22 partidas). Es decir, entre funcionarios, políticos-asesores, pensionistas y desempleados varios que perciben prestaciones del Estado suman 16,5 millones. O lo que es lo mismo, cada contribuyente real debe sostener a 1,032 compatriotas. Es obvio que esta situación es insostenible, con maná o sin maná de la UE.

Pues bien, al mismo tiempo que Biden presentaba en el Congreso su “Old Deal”, consistente en un paquete de 2.3 billones de dólares de gasto en infraestructuras y otros indefinidos incentivos económicos, el gobierno español presentó a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta suerte, el gobierno español espera conseguir 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, desde mediados del 2021 hasta 2026.

Si tienen la paciencia de leer las 348 páginas del Plan Quinquenal, apreciaran que está redactado en la neolengua de madera vigente, pero sin caer en las molestas reiteraciones y paráfrasis de la neolengua inclusiva. Así, propone «inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental». Estupendo, el problema surge al comprobar que el recuento de medidas basadas en los 4 ejes o condiciones del Plan de Recuperación para Europa mencionadas, acompañadas de imágenes de relleno bucólicas, para lograr «crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia consistente y coordinada», recuerda demasiado al cuento de la lechera. Nada más y nada menos que 30 propuestas llenas de diseño transversal, gobernanza, hasta llegar al desiderátum de, como Felipe González en 1982, prometer 800.000 puestos de trabajo «en sectores de futuro» indeterminados. Pero el primer reto que ofrece el texto de este plan es encontrar su estrategia. Y es que marea y despista tanto pleonasmo alrededor de las palabras gancho, del cúmulo de ecosistemas resilientes, biodiversidades, sostenibilidades, transiciones justas hacia digitalización, la ecológica, el cambio climático, la cohesión social y territorial, la igualdad de género, vuelta a los pilares transversales, la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial e igualdad de género. Y si difícil es encontrar la estrategia, mucho más complicado es hallar concreciones en «un paquete coherente y equilibrado de inversiones y reformas que se implementarán en los próximos 3 años dedicando casi el 40% de las inversiones a la transición verde, el 30% a la transición digital, el 10% a la educación y las habilidades y el 7% a I + D». El caso es que pretenden “movilizar” entre 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, y otros 70.000 millones en los tres años siguientes.

Y todo esto ¿quién lo paga y a quienes beneficia? Los embrolladores y beneficiarios del Plan responderán que la UE para socorrer a todos y todas. La verdad es que los paganos serán los de siempre, trabajadores por cuenta ajena y autónomos y empresarios alejados de las sinecuras otorgadas por los gobernantes. En algún caso y con mucha suerte, es posible que a alguno de entre los mencionados paganos le toque algún reintegro. Por supuesto, los premios gordos están ya repartidos entre la nomenklatura y las empresas cortesanas del erario, ya saben, Endesa, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, ICL, Naturgy, etcétera. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado español.

El abracadabra engañoso está implícito hasta en el título del principal paquete del maná: Next Generation EU (NGEU). Así, parece que se trata de un formidable esfuerzo para mejorar el futuro de la próxima generación, cuando en realidad, les endilgamos una monstruosa deuda que tendrán que pagar. De hecho, la UE tiene previsto emitir 850.000 millones de euros en bonos, durante los próximos 5 años e incrementar su techo de gasto hasta el 2,0% del PIB (unos 70.000 millones de euros adicionales por año). De esta guisa, se aumentarán los derechos de aduana, las contribuciones de los Estados miembros sobre la base del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), el nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables y, a partir de junio de 2024, el impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos a las empresas con una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades.

¿Estamos ante el reinflado de la gran burbuja de liquidez creada en 2009 que apenas ha producido un crecimiento ínfimo?

De momento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento queda en suspenso sine die. Sin embargo y a pesar de la recesión producida por la pandemia, unos cuantos países, que hasta ahora no eran del grupo de los frugales como Francia e Italia, han decidido reducir las cargas fiscales para relanzar la economía. Justo lo contrario que establece en su plan el gobierno español. En cualquier caso, resulta preocupante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se considere incapaz de calibrar el crecimiento que aportará el Plan de Recuperación a la economía española. No me extraña.

Por otro lado, afirmar que el gobierno español recibirá 140.000 millones de euros limpios es una falsedad. Las cuentas derivadas de nuestros compromisos como miembros de la UE, establecen que nuestra aportación será equivalente a nuestro peso económico.

Incluso aceptando que el dinero previsto llegue en tiempo y forma, es evidente que al Plan Quinquenal gubernamental le sobra palabrería y le falta concreción. Las reformas estructurales son retoques, la frugalidad y la productividad están vedadas, mientras la imprescindible reforma laboral que implante la flexiseguridad es un vade retro para el gobierno del Frente Populista Separatista.

Ante este panorama, conviene armarse de coraje y paciencia para tratar de evitar, en la medida de lo posible y con los ingenios que cada uno pueda tener, que este Plan Quinquenal no sea la repetición en forma de farsa del estéril y despilfarrador Plan E de Zapatero.

P. S. Mientras estaba pasando el texto a formato html para publicarlo en este blog, los medios no adscritos a las indicaciones de Moncloa han activado la primera alarma sobre los propósitos que se esconden entre los recovecos de la verbosidad progre, ya saben, el trampantojo inclusivo, transversal, movilidades sostenibles, seguras y conectadas … a las brechas de género … Efectivamente, en el Anexo IV, página 341, apartado 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, subrayan:«Por otro lado, se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Si perpetran esta medida, significará una subida de impuestos de 2.400 millones de euros que pagarán más de 2 millones de familias, es decir, la sustracción de 1.150 euros al año a cada familia o, lo que es lo mismo, más de 4 millones de contribuyentes de todo tipo de renta y condición. Que un día antes de las elecciones de la CAM, la ministra desparpajo matice la medida, solo garantiza que el gobierno tiene el firme propósito de imponerla.

Caminos sobre la mar integra una crónica sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en España y el resto del mundo durante buena parte del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI.

MADRID EN LA ENCRUCIJADA

Contra la oligarquía burocrática sanchista de una España sin lozanía y en quiebra

Pablo Rojo. 27/04/2021

Sin la agitación y propaganda generadora de la polarización enturbiada, esa tensión que el ínclito Zapatero susurraba al hermano agitador de Gabilondo, las elecciones de la Comunidad de Madrid podrían ser un ejercicio democrático y no el lodazal demagógico del todo vale en que la han convertido quienes pretenden repetir el vuelco electoral obtenido en la tétrica campaña de 2004. Obvio es que quienes procuran convertir la pugna política en una ciénaga, es una fauna bien entrenada y adaptada al lodazal insano y asfixiante. Son reptiles de la provocación, poríferos del erario, sapos rhinella de glándulas venenosas y serpientes de cascabel de ponzoñosa retórica. Huestes profesionales de la provocación que han dejado las redes de manipulación de opinión del Komintern de Willi Münzenberg, en un juego de niños.

El sectarismo primario o la estulticia andante son insuficientes fundamentos para explicar la marea de montajes provocadores o la recuperación de arrebatadas arengas guerracivilistas como la de Dolores Ibárruri “Pasionaria” de julio de 1936, por Lastras, Marlascas y Gámeces; «¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán!» gritan con inusitada cólera. Entonces ¿Qué motivos pueden generar estos frenesís con la crisis sanitaria y económica que padecemos?

Por mucho que el vocerío enardecido de esta inusitada campaña ensordezca los sentidos y despiste las entendederas, no pocos depauperados por los impuestos, los que ganan su pan con el sudor de su frente y no con el sudor del de enfrente, están comprendiendo que esta enrabietada agitprop postsoviética desplegada por los enchufados al beneficio del erario, solo puede explicarse como un intento de perpetuación de una oligarquía burocrática (bloque dominante), a imagen y semejanza del chavismo venezolano. Así como en la Venezuela hundida en el chavismo, el maná petrolero no evitó el hundimiento económico, arrasando con ello las fuentes de ingresos del Estado, la oligarquía burocrática implantada por el chavismo “boliburguesía” sobrevive y engorda gracias al diabólico sistema de dólares subsidiados para traficar con mercancías y alimentos a costa del hambre de la población. Pero ¿Quiénes han sido los ideólogos, promotores y mantenedores del chavismo boliburgues? Casi todos son archí conocidos, desde Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo y Miguel Ángel Moratinos, los CUPEROS Josep Manel Busqueta y Anna Gabriel, pasando por el etarra Iñaki de Juana Chaos, hasta culminar en los dirigentes podemitas con su Fundación CEPS; los Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, junto con Carlos Fernández Liria y, sobre todo como asesores de Maduro: Alfredo Serrano Mancilla y Manuel Cerezal Callizo. Es decir, los mismos que armadores y sostenedores de la neo-oligarquía sanchista. Todos están empeñados en implantar un régimen a imagen y semejanza del chavismo en España. Sin petrodólares pero contando con el maná de la UE.

Los biempensantes arguyen que España no es Venezuela. Que la UE no lo consentirá. Sin embargo, el supuesto freno democrático de la UE dista mucho de ser seguro, visto lo visto en otros lares y viendo su pusilanimidad ante las derivas despóticas y el acaparamiento nepotista de las instituciones por parte de la coalición encabezada por Sánchez Pérez-Castejón. Un exceso de confianza puede desdeñar el cúmulo de componendas e intereses primarios, geoestratégicos, económicos y nacionales que pueden conducir a la tolerancia de un régimen seudodemocrático en el seno de la UE. Sobre todo si ese régimen está subordinado por clara dependencia económica. Poco les importa la subordinación derivada de la insuficiencia de ingresos del Estado de una economía achatarrada mientras el maná europeo les mantenga como oligarquía burocrática hegemónica.

Porque, como demuestran los datos estamos ya en quiebra. El primero, por descorazonador, lo expone el estudio del Banco de España sobre la situación y falta de esperanza para los jóvenes. Ahora más que nunca existe una juventud sin futuro, una España sin lozanía, impotente ante el futuro sojuzgado.

En 2020 la Seguridad Social española ya tuvo 30.000 millones de déficit y un rescate de 22.000 millones más. Al mismo tiempo, el déficit de la Administración Central del Estado superó el 7,5% del PIB, que sumado al de la Seguridad Social y la desviación de las comunidades autónomas, arrojó un déficit del 10,09% PIB. Además, hay que sumar la deuda de la Sareb. Se trata de una desviación del 10,97%, es decir, más de 123.000 millones de euros en un solo año, cuando el total del maná europeo hasta 2023, si se cumplen todas las condiciones será de 142.400 millones de euros.

Pero incluso antes del severo estrago económico causado por la pandemia, la deuda pública del Estado, reconocida oficialmente, en 2019 era de 1.188.893 millones de euros, según el Banco de España el 95,5 % del PIB. Esta enorme cifra oficial, ahora superando el 110% del PIB no es, ni mucho menos, la deuda real del Estado español. Como expongo en: “Caminos sobre la mar”, recuperando los informes del economista y profesor del IESE Business School de la Universidad de Navarra, José Ramón Pin Arboledas, una parte sustancial de la hipoteca del Estado español está camuflada en la partida llamada «gastos plurianuales». En esta partida se apilan vencimientos de deuda, intereses y otros pagos aplazados a medio plazo en inversiones, subvenciones o, incluso, gasto corriente en bienes y servicios. Por tanto, en la cuenta del Estado español llamada «gastos plurianuales», en mayo de 2020 se acumulaba una deuda de 1,25 billones de euros, cuyos pagos se han programado para los próximos cien años, según costa en la documentación del Ministerio de Hacienda.

Por si esta gigantesca deuda no fuera suficiente, el gobierno central y los 17 autonómicos siguen aumentando el gasto corriente como si no pasara nada. Así, las cifras de ejecución presupuestaria no contemplan debidamente las enormes caídas de la recaudación tributaria en el impuesto de Sociedades, el IVA, y los impuestos especiales. De esta manera, mientras el crédito del Banco Central Europeo aguante, aumentará el número de ciudadanos dependientes del Estado, de esos escudos sociales en forma de ingresos mínimos vitales y demás subsidios que, en vez de empoderar, someten.

Porque con el aumento previsto de impuestos y el mantenimiento de la innombrable pirámide laboral de España, la recuperación económica que podría emancipar a los ciudadanos y a la nación es imposible. Imposible generar empleo con unos impuestos “invisibles” al trabajo donde el empresario paga 1,69 euros por cada euro que se lleva el empleado, mientras que ese empleado con sueldo medio tiene que trabajar más de seis meses para el Estado depredador. Imposible generar empleo y riqueza con una legislación laboral discriminatoria y desquiciada que consolida el aumento del precariado y del mercado negro.

Solo con la dependencia y el sometimiento de la mayoría de los españoles se consolidará la oligarquía burocrática sanchista. Oligarquía que envidia a la de la República Popular China y su “sistema de crédito social” que otorga créditos y dádivas a los vasallos chinos, en función de su fidelidad a la dictadura del Partido Comunista Chino. Un régimen que ha dejado en mantillas al Gran Hermano orwelliano.

EL HETEROPATRIARCADO POSCOMUNISTA

Escribir sobre las maquinaciones y tramoyas que se perpetran en los despachos gubernamentales y anexos mediáticos, con la que nos está cayendo a los españoles, parece una banalidad si no fuera porque el duunvirato Sánchez-Iglesias adoptó, desde el principio de la pandemia hace ya un año, «la guerra de trincheras de los tiempos modernos» contra quien no se pliegue a sus mandatos. Con el estado de excepción como venablo, el gobierno de lo que queda de España, conformado por quienes la cuestionan como nación y sustentado por quienes la quieren desmembrar o destruir, se dedica a imponer leyes ideologizadas y contubernios desbaratadores impasible el ademán ante los datos de la brutal crisis sanitaria/humanitaria, económica y social. Obviamente, son conscientes de los destrozos que están causando, pero confían que atrapando y manejando a su antojo el maná europeo, lograrán perpetuarse reinando en el clientelismo mesocrático. Un patronazgo que teje la tela de araña de lealtades al gobierno de un Estado cada día más orondo, ineficaz, costoso e inerme.

La patética representación de jueguitos de tronos rodeados de muertos, desempleados, arruinados, desahuciados y millones y millones de damnificados, al tiempo que se barrunta un futuro plagado de siniestras incertidumbres, es la prueba inequívoca de las derivas de unos políticos púberos que han enfangado a la sociedad con sus alucinaciones sectarias. Al punto que, con sus ensoñaciones populistas poscomunistas inspiradas en la Escuela de Essex, han infectado la sociedad de emocionalidad, sentimentalismo, simpleza y maniqueísmo.

Mientras que la tesis doctoral de Sánchez Castejón parece un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, las de Íñigo Errejón Galván y Pablo Iglesias Turrión se basan en el postmarxismo populista de los encumbrados predicadores de la Escuela de Essex: Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Lejos de las profundas indagaciones filosófico-economicistas de Marx, las especulaciones de Laclau y Mouffe se circunscriben en la conquista del poder mediante un arreglillo de la “hegemonía” gramsciana sazonada con peronismo montonero ligero. El truco, según la tesis doctoral de Iglesias Turrión, consiste en ir abrazando, como oso famélico, «movimientos sociales globales: antisistémicos, múltiples y postnacionales como sustitutivo de la clase social y motor del cambio social que han desarrollado sus teorías concretas». Esos movimientos “significantes vacíos y flotantes” de atribulados, son amontonados en un contrato identitario conformado por los míos y las mías, hasta lograr cristalizarlos en un bloque de víctimas acaudilladas por el líder carismático.

El capitalismo, por muy globalizado y mal absoluto que se le otorgue, no es suficientemente virulento para asentar la farsa. Así, las diferentes reivindicaciones de cada movimiento identitario de víctimas, de colonizados, de géneros y trans varios, de nacionalistas, indigenistas, ecologistas y animalistas sin fronteras contra la globalización, guiados por la superioridad moral altiva, pancartista, faltona, acusica y estridente, con una larga cambiada estalinista patentó el trampantojo llamado heteropatriarcado. Entonces, el programa del amado líder establece que; para librar a cada tribu identitaria del conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno llamado heteropatriarcado, es necesario implantar un Estado patrón en cada cultura, nación o estirpe, hasta lograr hacer del mundo una guardería en donde no falte el homicidio a petición del desesperado dolorido, suministrado por la sanidad pública única y verdadera.

En este contexto, que el patriarca rabadán de tribus disparejas situadas en posiciones disímiles sobreactúe colmado de egolatría y belicosidad, es de una lógica aplastante. A él no se le aplica la policía moral del Me Too, ni se le señala y culpa sin juicio. Es él quien señala y condena, quien desdeña su responsabilidad por la hecatombe en las residencias de ancianos, quien se otorga la potestad de designar herederos o proclamarse candidato del lugar que mejor le convenga y plazca.

En fin, recordemos que la historia está llena de iluminados voluntaristas del ¡sí se puede! que destrozaron la vida de muchos de nuestros antepasados. Impedir que la historia se repita, como tragedia o como farsa, es una obligación democrática.

ENSEÑANZAS DE UNA NEVADA «HISTÓRICA»

15/01/2021.

La categorización por medios y políticos de “nevada histórica”, causada por la borrasca Filomena, a los vejetes del lugar con memoria aún aceptable, nos parece algo pomposa y tramposilla. En realidad, ha sido un temporal que, con mayor o menor intensidad, se produce todos los inviernos en la península ibérica cuando convergen los vientos fríos del norte (conocidos como olas de frio) con los ábregos del sudoeste atlántico. Y sucedió que la borrasca Filomena, confluyó con una masa de aire fría procedente del ártico en la meseta sur, la Carpetovetónica y la franja aragonesa del Sistema Ibérico entre el 7 y el 11 de enero pasado, produciendo una intensa nevada en dichas regiones, con espesores medios de 50 centímetros. Mientras que en los pueblos los paisanos se las arreglaban bravamente con sus palas y tractores, los inermes urbanitas de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Soria, Teruel, Toledo y Zaragoza sufrimos, primero, el colapso y, luego, una paralización que, en el caso de Madrid y Toledo, perdura una semana y «alguna más» según el alcalde José Luis Martínez Almeida en declaraciones del jueves 14 de enero. El caso es que en la noche del viernes 8 de enero, en las regiones y ciudades indicadas, se suspendieron los servicios de ferrocarril, de los autobuses de línea, de los municipales y el aéreo al clausurar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las autoridades de aquí, de allá y de acullá, han justificado la prolongación de los bloqueos por hielo persistentes en demasía, aduciendo la excepcionalidad de la nevada y la permanencia de temperaturas nocturnas bajo cero, junto con la falta de medios debido a dicha excepcionalidad. Pero cuando se les evidencia la patente descoordinación e ineficacia en la conclusión del bloqueo, salen por peteneras y echan la culpa al adversario político. El culmen de la incompetencia es la redacción de la nota vigente hoy viernes 15 de enero en la página web del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: «… se está recuperando gradualmente las operaciones en las terminales T1, T4 y T4 debido a las heladas y temperaturas mínimas». Pero cuando se pregunta acerca de las causas de la penosa perturbación del aeropuerto más importante de España y el ralentí del ferrocarril al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana …, José Luis Ábalos Meco, en vez de dilucidarlos, responde irritado señalando la lamentable situación de las calles de Madrid. Bien es cierto que en la ciudad de Madrid, una semana después de la nevada, los autobuses siguen sin funcionar porque la mayoría de sus carriles siguen colmados de hielo. Además, las aceras son parcialmente transitables gracias a que porteros, comerciantes y vecinos las han ido limpiando, mientras la falta de dispersión de disgregadores de hielo como sal con arena, sal con cloruro potásico, salmuera con cloruro cálcico o mejor, acetato de calcio-magnesio, brillan por su ausencia. Así, a día de hoy solo funcionan unas pocas líneas de autobuses urbanos y en buena parte de la capital tampoco funciona el servicio de recogida de basura, mientras que la limpieza de las calles es un desiderátum.

Esta chusca realidad contrasta con los datos oficiales, tanto los del Ministerio de Fomento, del Ayuntamiento de Madrid y demás comunidades, ayuntamientos y diputaciones concernidas. De esta suerte, el Consistorio madrileño dice que puso en funcionamiento 135 máquinas quitanieves el domingo 10 de enero, 758 el martes 12 y 1.001 el miércoles 13. Esta flota invencible parece que es conducida por 6.034 operarios, suplementados por 1.200 más durante la semana «ante la lentitud en el avance de los trabajos». Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) colabora desde el sábado pasado en la limpieza de las grandes vías y accesos a hospitales y otros edificios estratégicos en Madrid, Toledo, etcétera. Con todo, el Ayuntamiento madrileño admite que el viernes 15 solo están despejadas el 25% de las calles.

 

El descuadre entre datos y resultados sería desconcertante si analizáramos con baremos productivistas privados o incluso públicos de otros países donde la función pública ha evolucionado desde el siglo XIX. Pero con la administración pública española dirigida por la miríada de políticos profesionales hemos topado. Falta de medios aducen, cuando, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid a través de los contratos actuales de limpieza viaria, dispone de «medios mecánicos sostenibles e inteligentes» que incluyen 200 camiones cisterna para mal baldear calles, cerca de 2000 operarios, además del “Plan de Nevada de la Ciudad de Madrid” y un “Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) 2020-2021”. Pero la realidad terca de los hechos indica que baldear las 9.139 calles madrileñas (992 kilómetros) con salmuera y esparcir sal durante las 24 horas del día como es necesario, con los cientos de camiones cisternas de que dispone el ayuntamiento y los miles de operarios de limpieza vial, constituye una acción ciclópea que precisa semanas. Y aunque algo más laborioso es retirar las ramas rotas y algunos árboles caídos, el que semejante tarea apenas se haya iniciado transcurridos seis días, es un índice de tortuguismo parejo al de la administración de justicia.

Mañana en la Puerta del Sol de Madrid durante la nevada de 1963.

Podría ejercer de abuelo Cebolleta y contar los recuerdos de algunas nevadas en Madrid, pero me parece más apropiado acudir al comentario del conocido veterano meteorólogo José Antonio Maldonado, quien esta mañana en la COPE ha explicado que, a pesar del cambio climático y demás relatos, las olas de frío en España son recurrentes. Claro que si la memoria histórica es frágil y subordinada, la memoria meteorológica es cortoplacista y caprichosa, por consiguiente, hay que acudir a los archivos para recordar alguna gran nevada en Madrid. Así comprobamos que algunas no son tan lejanas, por ejemplo la del 7 de enero de 2018, la ola de frío entre el 8 al 15 de febrero de 2012, o la nevada del 4 de marzo de 2011. Más comprensible es olvidarse de la catastrófica nevada de enero de 1985 con 45 provincias afectadas, las de enero y marzo de 1971 cuando 38 personas murieron por congelación, las tres seguidas de febrero de 1963, la entonces celebrada del 24 diciembre 1962 y la más duradera de «el año del frío» de Febrero de 1956. Seguramente la selectiva memoria me rebobina mis jubilosas vivencias con la nieve en 1962 y 1963, con los barrenderos madrileños empujando la nieve y los soldados apaleándola a los camiones del ejército. Es cierto que, por entonces, los soldados eran de reemplazo, muchos y poco dispendiosos, mientras que los barrenderos municipales trabajaban duro hasta que, como los serenos, en 1986 pasaron a engrosar las oficinas del Ayuntamiento por la gracia de Enrique Tierno Galván. El caso es que aquel duro trabajo permitió que los tranvías y autobuses no pararan y que los chavales acudiéramos al cole contentos y deseando salir al patio para jugar con la nieve acumulada.

Esta nevada ha caído en mal momento y sus efectos, catastróficos en muchos casos, se suman a los de la COVID-19, al rompecabezas de restricciones y medidas descoordinadas e irreflexivas, al incremento desbocado del precio de la energía y los alimentos y a la incapacidad de distribuir y aplicar con urgencia las vacunas. Estas aciagas coincidencias no pueden ser casuales ni accidentales, tienen que tener causas concretas que, aunque evidentes, los intereses espurios procuran ocultar. No hace falta ser Sherlock Holmes para advertir que la administración pública española está vetusta y sustentada sobre una organización burocrática, donde prima el corporativismo jerárquico capador de la innovación y la iniciativa, al tiempo que mantiene una dualidad estatutaria con privilegios para unas elites concretas y migajas para las bases de las innumerables pirámides y piramiditas corporales. Y todo ello sustentado en un desbarajuste retributivo caciquil e injusto, claramente desincentivador y discrecional, mejor dicho, arbitrario. De esta guisa, pululan los chollos sin merito ni capacidad que valga, pero muy bien gratificados, exponentes del atroz clientelismo. Así, la lógica del sistema no es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sobre la pauta del bien común y la lealtad institucional, sino sustentar lealtades a los jefes políticos y sus partidos como palancas impulsoras de las carreras profesionales de cada enchufado. En este campo abonado de maquinación y desaliento germina el recelo, las zancadillas, los codazos, los boicots y los escaqueos. Es, por tanto, una administración publica ineficaz y, por ende, muy cara, carísima.

LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: “Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento”.

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.