TRABAJAR EN ESPAÑA

O UNA NOCHE EN LA ÓPERA

Pablo Rojo Barreno.

La Ministra de trabajo que descubrió los ERTE y el contrato fijo-discontinuo de la Reforma Laboral de 2012 del PP, está satisfecha por las chulísimas consecuencias de su minireforma laboral. Tras este éxito, se ha lanzado sin paracaídas a la consagración de la matria que suma, desdeñando a la femenina patria, esa que algunos oímos su aflicción. Aunque para aflicción, esos más de 13.000 millones de déficit que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incurrido en los últimos dos años. Y mientras escribo estas líneas, el gobierno presidido por Sánchez Castejón, ha decidido transferir a la Seguridad Social 19.888 millones de euros más (deuda) a los 36.502,6 millones de hace apenas un año, para tapar el agujero que supondrá su empeño (electoral) de actualizar las pensiones con el IPC en 2023. Por supuesto, el gobierno echa la culpa de estos déficits a la pandemia y a la guerra de Ucrania.

Algunos malintencionados intentan desprestigiar el contrato de trabajo fijo-discontinuo por camuflar las cifras reales de desempleo. Que lo hace no hay duda puesto que; cuando al trabajador se le comunica que sus servicios quedan congelados y deja de trabajar, para el SEPE no consta como parado sino como “demandante de empleo no parado … una situación similar los trabajadores en ERTE, no trabajaban pero no estaban en el paro«. Con todo, hay que reconocer que este modelo de contrato mejora algo la continuidad del puesto de trabajo, respeta la antigüedad, permite acceder a la indemnización por extinción de contrato, y, probablemente, reducirá la tasa de temporalidad a largo plazo. Sin embargo, sigue conservando muchas lacras de los contratos temporales, por ejemplo, cuando las entidades de crédito no lo equivalen al contrato fijo indefinido.

Coherente con la obsesión reglamentista e intervencionista característica del gobierno presidido por Sánchez Castejón, el Real Decreto-ley 3/2022 impone cinco modalidades de contrato fijo discontinuo: estacional, intermitente, adscrito a contratas o concesiones, empresas de trabajo temporal y sector público. Estos contratos pueden ser por jornada completa o parcial, siendo estos últimos los que más se firman. Es obvio que en todos los casos, en algún momento el trabajador dejará de trabajar y pasará a engrosar el paro. Por otro lado, los tribunales laborales han considerado que no puede ser fijo discontinuo un trabajador que ha prestado servicios todo el año. El laberinto leguleyo se expresa fehacientemente cuando se comprueba que; la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España, ha publicado para el 2022 nada menos que 47 modelos de contratos de trabajo, de los que 5 son para fijos-discontinuos.

Teniendo en cuenta que el suflé de estos contratos acaba de empezar, no hace falta tener mucha imaginación para prever que cuando la temporada turística acabe, un porcentaje considerable de trabajadores fijos-discontinuos pasarán a cobrar el seguro de desempleo en función de sus circunstancias personales. Estamos hablando de alrededor de un millón de trabajadores con jornadas de trabajo dispares. Si la bomba de relojería de las pensiones públicas (en julio supuso 11,8% del PIB) es manifiesta, el aumento del gasto por desempleo es algo más que un petardo, aunque las cifras oficiales nos lo camuflen.

Acostumbrados a sufrir un desempleo aciago desde hace cuatro décadas, apenas nos preguntamos como otros países de economías y riquezas naturales similares o incluso más exiguas, mantienen tasas de desempleo mucho menores y ahorran un dineral en miseria y gastos. Una respuesta sencilla la tenemos en la más católica que nosotros Irlanda, país también miembro de la UE donde los contratos de trabajo no están tipificados, por lo que los términos y condiciones del empleo dependen del acuerdo que se establezca entre el empleador y el trabajador. Esta sencilla fórmula junto con bajos impuestos, les ha permitido que estando emparejados con nosotros respecto al PIB per cápita hace 24 años, hoy (datos de 2021), con 84.940 € de PIB per cápita tripliquen con creces nuestro flaco 25.460 €, mantengan una deuda del 56% del PIB frente al 118,4% del PIB de España, al tiempo que mantienen una tasa de desempleo del 4,8% frente al 13,7% nuestra.

Mientras la ministra de Educación y Formación Profesional y actual portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría encuentra los puntos de fuga de la perspectiva de género en las matemáticas, les propongo analizar con un ejemplo las peculiaridades del contrato de trabajo fijo-discontinuo.

Parece que este contrato se está utilizando masivamente para la contratación de conductores de autobuses de transporte escolar. Debido al extenso calendario de días no lectivos, fiestas locales, vacaciones de navidad (entre 18 y 20 días), semana de carnaval, semana blanca, Semana Santa y vacaciones de verano de 5/6 semanas, el contrato fijo-discontinuo es el preferido por las empresas. Así, los conductores de autobuses escolares pasan al paro en verano y navidades porque las empresas de transporte escolar ahorran un pico en salario y cotizaciones a la Seguridad Social. Veamos; la retribución se establece por un salario base más complementos, pluses y las dos gratificaciones extraordinarias de junio y navidad. Tomando la media de varios convenios colectivos, obtenemos que un conductor de autobús escolar tiene un salario bruto mensual de 1.920,00 €/. A este salario hay que añadir las mencionadas pagas extraordinarias y los correspondientes impuestos. Es decir: 320,00 € por pagas extraordinarias, 150,08 € de cotización por desempleo (5,50 %), 528,64 € por contingencia común de la S.S. (23,60 %), 4,48 € por el FOGASA (0,20 %), 84 € por accidente de trabajo y enfermedad profesional (3,75 %) y 13,44 € (0,60 %) por formación profesional. Costo total mensual para la empresa: 3.020,64 €.

PARADOJAS: Cuando la empresa aplica el contrato fijo-discontinuo mandando a su casa al conductor de autobús escolar 20 días en navidad y 5/6 semanas entre julio y agosto nos encontramos con las siguientes paradojas:

La empresa de transporte escolar se ahorra 1.890,45 € en Navidad y 4.050,96 € en verano de salario e impuestos al trabajo, sin embargo, sacrifica la posibilidad de rentabilizar su autobús durante esos dos periodos.

El conductor “disfruta” de las mismas vacaciones que los maestros, aunque ve reducido su salario real a unos 1200,00 € al mes durante 2 meses (en función de varios parámetros como cotizaciones anteriores, hijos, etc,) y solo si tiene derecho a la prestación contributiva, es decir, el paro que se concede por tener 360 o más días cotizados en los últimos seis años, seguirá cotizando a la Seguridad Social para su futura jubilación. En todos los casos, no cotizará por desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional, fondo de garantía salarial y formación profesional.

El Estado español y en concreto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace un pan como una tortas con este sistema. Así, ha recibido un total de 1.508,00 € durante el año y tendrá que pagar unos 2.400,00 € en prestaciones de desempleo más costos administrativos de personal y financieros.

Ante este panorama de perspectiva poco halagüeña, he revisado los incentivos fiscales y bonificaciones estatales para fomentar la contratación indefinida. Hay unos cuantos que bonifican total o parcialmente la cuota empresarial a la Seguridad Social. Los más generosos que pueden durar hasta tres años, son los contratos para la formación y el aprendizaje. Menos generosos son los dedicados a las conversiones de contrato de formación en alternancia en indefinido, los contratos de prácticas en indefinidos, las bonificaciones a la contratación de personas mayores de 45 años, para contratos indefinidos de parados de larga duración, colectivos en riesgo de exclusión y víctimas de diferentes circunstancias, así como para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En realidad, la única fórmula archidemostrada para estimular la contratación laboral indefinida, es la reducción general de los impuestos al trabajo, junto con la mencionada fórmula irlandesa de contratos de trabajo no tipificados y burocratizados.

Aunque es de sobra conocido el banal concepto que tienen demasiados políticos acerca del erario; «Estamos manejando el dinero público y el dinero público no es de nadie» despachado por la ínclita Carmen Calvo, el despilfarro del dinero que los contribuyentes están obligados a proveer al Estado es una canallada, aunque se disfrace con la empalagosa y demagógica redacción actual del BOE. 16 páginas antes del Dispongo tiene el Real Decreto-ley 32/2021 que arranca por la típica y tópica muletilla adaninsta: «Completar de una vez por todas la transición de nuestras relaciones laborales hacia un modelo más justo y garantista es el gran objetivo de esta reforma». De una vez por todas, escriben impasible el ademán.

Quienes defendemos el modelo de relaciones laborales claras, sin reductos privilegiados para unos pocos, sin letra pequeña ni recovecos, flexibles e indefinidas salvo para los casos concretos bien conocidos, sin intervencionismo estatal como en Irlanda, junto con el cambio de la indemnizaciones por despido por el modelo conocido como “Mochila Austriaca” vigente también en Dinamarca y Suecia, las jerigonzas burocráticas de nuestra legislación laboral nos parecen trabas destructoras de empleo y de dignidad (ver Nota Mochila Austriaca).

Nota sobre la Mochila Austríaca: Se trata de un sistema de protección para el trabajador asalariado, en que las empresas aportan el 1,53% del salario bruto de cada empleado a un fondo de capitalización o caja de prevención laboral, un importe que el trabajador se lleva consigo cuando cambia de compañía o se queda en situación de desempleo. Es el trabajador quien puede decidir si lo sigue acumulando para su posterior jubilación o si lo capitaliza para afrontar la nueva situación del paro. Para el trabajador hace las veces de indemnización y complemento a su pensión y solo él decide qué hacer con ese capital.

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

UNA LEY PARA DESTRUIR LA CONSTITUCIÓN

Uno de los métodos analíticos que tiene la ventaja de ser considerado empático, aunque, en rigor, no tiene por qué serlo, es el de ponerse en lugar del otro. Sin embargo, para aumentar la capacidad analítica, además de ponerse en lugar de alguien o de algunos, parece imprescindible el uso de la mayéutica. Por lo cual, voy a intentar aplicar el mencionado método combinado para analizar los objetivos de la camarilla que ha redactado y aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática.

Poner en perspectiva histórica los partidos políticos que han redactado y/o apoyado este proyecto de ley, es imprescindible para buscar sus motivos y raíces: PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Más País, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Izquierda (Esquerra) Republicana de Cataluña (ERC)—negociando para obtener más de lo suyo—, Candidatura d’Unitat Popular·Països Catalans (CUP), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Ahora, repasemos los partidos que promovieron el NO y la abstención en el referéndum para la ratificación de la Carta Magna en diciembre de 1978.

El NO rotundo a la Constitución lo impulsaron: Izquierda (Esquerra) Republicana de Cataluña (ERC), Euskadiko Ezkerra (EE), Herri Batasuna (HB), Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG –BNPG), Unión del Pueblo Gallego (UPG), Partido Socialista de Aragón (PSA), Organización Cuarta Internacional (OCI), Partido Obrero Revolucionario de España (PORE), Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Partido del Trabajo de España (PTE), Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE (m-l)-FRAP -CRPE), Acción Democrática Española (ADE), Falange Española de las JONS (FE-JONS), Fuerza Nueva (FN), Unión Nacional Española (UNE), Comunión Tradicionalista (CT). Promovieron la abstención: Partido Nacionalista Vasco PNV, Fuerza para la Unidad de los Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra (ESEI), Partido Socialista de Andalucía (PSA), Partido Comunista Obrero Español (PCOE), Movimiento Comunista (MC), Organización de Izquierda Comunista (OIC), Organización Comunista de España-Bandera Roja (OCE-BR), Unificación Comunista de España (UCE), Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC), Partido Comunista de Unificación (PCU), Partido de los socialistas de Cataluña-Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Falange Auténtica (FA).

Con el fin de mejorar la información, he escrito los nombres completos de los partidos, en vez de solo las siglas. Asimismo, los he ordenado en función de la ideología que defendían y defienden, para intentar aclarar un poco el pesquis de esta retahíla de organizaciones. Para empezar, se evidencia claramente que excepto los 4 partidos residuales franquistas colocados en los últimos lugares de los dos listados, los partidos contrarios a la Constitución en 1978, excepto el PSOE, son los mismos que apoyan hoy la Ley de Memoria Democrática, aunque algunos hayan cambiado de nombre o se hayan fusionado en otros partidos y coaliciones con la misma ideología.

Asimismo, es comprobable la preponderancia de dos ideologías contrarias a la Constitución ayer y hoy; el nacionalismo supremacista y el marxismo-leninismo. En no pocos casos, ambas ideologías se entremezclaron y entremezclan. Claramente lo hacen en ERC, CUP, En Comú Podem-Galicia en Común, Más País y Euskal Herria Bildu. También es evidente que la inmensa mayoría de los partidos que se opusieron frontalmente a la Constitución en 1978, no combatieron al franquismo con el objetivo de conseguir una democracia liberal, al contrario, pretendían imponer “democracias populares” similares a la URSS, China, Albania o Cuba. No pocos practicaron el pistolerismo y el terrorismo como estrategia política. Sus herederos actuales han condimentado el marxismo-leninismo primitivo con chorros de gramscismo pasado de fecha, epatantes deconstrucciones y alteridades mezcladas con nauseabundas identidades flotantes, un coctel fernet y descangallao heredado de la Guardia de Hierro peronista firmado por el trio Laclau, Mouffe y Bergoglio, más las correspondientes gotas de “posthumanismo al alcance de todos los presupuestos” (ver “Transgénero: Un posthumanismo al alcance de todos los presupuestos” de Denis Collin). Aunque lo disimulan por razones tácticas y electorales, los partidos aliados con el PSOE hoy, mantienen una continuidad ideológica y estratégica, no pocos también orgánica, con los partidos que en 1978 se opusieron a la Constitución.

Dictaminadas las ideologías que anidan y soportan a los partidos actuales contrarios a la Constitución vigente, parece adecuado ponerse en su lugar, con el fin de comprender la estrategia que les guía para coligarse y aprobar leyes como la de memoria que nos ocupa. Recurro a su fuente ideológica original, para indicar que es el materialismo histórico marxista quien establece que el tiempo tiene dueños, que la narración del pasado (la historia) es una propiedad, un medio de producción del presente e incluso del futuro que detentan la clase dominante y los intelectuales a su servicio. Que esa propiedad; la historia, está en permanente disputa debido a la lucha de clases. Sin embargo, los partidos contrarios a la constitución española vigente, como marxistas posmodernos que son, hace tiempo que no identifican la lucha de clases con el enfrentamiento entre proletariado y burguesía, ni cuestionan la propiedad de los medios de producción. De hecho, el posmarxismo ha determinado que el proletariado es un sector subalterno del Bloque Hegemónico, bloque conformado por una visión del mundo especifica (hegemonía cultural) que, al imponerla en la sociedad, logra el poder exclusivo del Estado pantagruélico, siendo secundario, aunque sujeto de su agitación y propaganda, si ese Estado es plurinacional, confederal o nacional propio. En consecuencia, para los partidos que conforman el contubernio que les permite gobernar hoy en España, la historia les pertenece o debe pertenecerles, pues constituye el medio de producción que les facilita borrar las huellas indeseables de su pasado y deslegitimar la Constitución y la Transición, con el fin de proceder al desmantelamiento del régimen constitucional vigente. Porque la Constitución es el único valladar actual que frena que estos partidos logren imponer sus delirios ideológicos.

Pocas veces en mi vida he sentido tanta desazón leyendo un documento oficial. Desde la primera página de su extensísima exposición de motivos, permeada de medias verdades y falsedades descaradas, percibí un grado de manipulación insoportable. La manipulación es tan desahogada respecto a la Segunda República, que asocié su contenido a los once principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Su cinismo rancio rezuma en la reiteración de “los valores democráticos”. Mientras que la condición de víctima solo se obtiene si fue causada por la Dictadura, por supuesto la franquista porque, según este documento, la Segunda República fue un régimen ejemplar. El “derecho a la verdad de las víctimas” no se establece sobre el principio de la búsqueda de la verdad histórica, sino sobre la verdad oficial de Estado. Conociendo a la promotora de esta ley; la ínclita Carmen Calvo, no es extraño que algunos artículos requieran revisión psiquiátrica, por ejemplo, el Artículo 33 que concede (la ley de Memoria Histórica vigente de Zapatero también lo hace) la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. La obsesión de santificar a unos mercenarios reclutados por la Comintern de Stalin, debe obedecer a un trastorno obsesivo culpable derivado de la derrota. ¿Qué otra explicación tiene conceder la nacionalidad española a personas que, en el caso de la más joven hoy tendría 106 años? La misma que si se concediera la nacionalidad española a Amílcar Barca.

El pasado 8 de julio, Pedro de Tena alertaba sobre las consecuencias de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en Libertad Digital. Su rotundos título y subtítulo: La guerra fría civil «En España ha dado comienzo la guerra fría civil, cuya mecha fue encendida por José Luis Rodríguez Zapatero y su ley de Memoria Histórica» conforman la antesala de su pronóstico: «el propósito de este largo caballero llamado Pedro Sánchez es continuar hurgando en aquella herida civil y, ahora abiertamente, liquidar la generosa Transición democrática y reventar la convivencia nacional de una inmensa mayoría de españoles liberada del odio y el rencor por familias que perdonaron y por unas instituciones que han sido y deben ser compartidas en un proceso de alternancia democrática». El sabio enlace que Pedro de Tena hace entre Largo Caballero y Pedro Sánchez es algo más que una referencia al pozo escabroso del PSOE que esta ley pretende tapar. La historia de un partido político que solo respeta o aparenta respetar las reglas de la democracia, cuando le resultan favorables. Datos son amores; huelga general revolucionaria en 1917, intento de golpe de Estado en 1934, las amenazas pronunciadas por Largo Caballero durante la campaña electoral el 10 de febrero de 1936 en el Cinema Europa: «Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos», son indicios de la INQUIETANTE HISTORIA DEL PSOE. Más que deriva, el POSE sanchista-oportunista capaz de pactar con los enemigos de la constitución y los herederos directos del terrorismo, parece una amarga continuidad histórica.

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Concisa recensión de “Historia de un vasco. Cartas contra el olvido”

Autor: Iñaki Arteta

Fecha de publicación original: 20 de octubre de 2021.

Fue gracias a la información proporcionada por el amigo Luis Miguel Medina que acudí el pasado 23 de junio al Ateneo de Madrid, para escuchar la presentación de “Historia de un vasco. Cartas contra el olvido» escrito por Iñaki Arteta con la participación de, además del autor, Fernando Savater y Mariano José Herrador. Con la sala llena, los presentadores disertaron sobre aquellos años de plomo que en Vascongadas fueron aún más terribles para aquellos que no comulgaban con el nacionalismo, o eran del bando odiado; los españoles, por los nacionalistas supremacistas. Con afable sencillez, Iñaki Arteta nos reveló que, mientras que nunca dudó de aportar su testimonio sobre aquella espeluznante época a través de sus cortometrajes, documentales y guiones de largometrajes, nunca pensó en hacerlo a través de un libro. Fue la editora quien le animó y, tras la experiencia, reveló que no descartaba ampliar su testimonio y reflexiones en un segundo libro.

Reconozco que al iniciar la lectura del libro, el formato escogido por Arteta para contar “del joven que fue al joven actual” sus experiencias vitales, en el contexto que arranca en las vascongadas de finales del franquismo, redactadas desde el tuteo compadre, no me ayudaba a la lectura cómplice que anhelaba. Sin embargo, cuando en el capítulo 4º aborda, sin remilgos ni concesiones, el atroz papel de la religión y la Iglesia vasca como fundadora y cómplice del terrorismo etarra, convine que Arteta daba en el clavo con su formato, al intentar la búsqueda de la verdad histórica mediante un lenguaje distendido dirigido a los jóvenes. Sin decirlo expresamente, Arteta expone la verdad: sin la activísima participación de la inmensa mayoría de curas, frailes y prelados de la Iglesia vasca, ETA hubiera sido un grupúsculo nacional-socialista con una existencia parecida al FRAP o, como mucho, al GRAPO.

La evidencia del contubernio Iglesia y PNV para que ETA “moviera el nogal”, asesinara, amenazara y extorsionara, para que la élite de la nación inventada que reclama una patria que nunca ha existido, una raza superior pura y una afrenta que nunca se dio, obtenga un poder absoluto recogiendo las nueces en forma de dinero contante y sonante y privilegios mil, está claramente establecida con miles de datos y pruebas. Arteta expone unos cuantos datos contundentes de este contubernio y si bien no menciona expresamente a los “comandos alzacuellos” de ETA, aquellos elementos que sin un ápice de compasión, asesinaron por la espalda, colocaron bombas en los bajos de un coche, en un centro comercial atestado de gente o en un cuartel-vivienda, si nos recuerda al cura de Salvatierra que colaboró en el asesinato de 3 guardias civiles y menciona que conoció personalmente a un cura que asesinó a una persona.

No fueron unos pocos curas y frailes, todo lo contrario, fueron muchos quienes militaron o colaboraron con la banda terrorista, no pocos fueron dirigentes y sicarios. Algunos memorablemente sanguinarios como el monje benedictino Eustaquio Mendizábal, alias Txikia, muerto en un sangriento tiroteo metralleta en mano. Tampoco fueron santos sino homicidas el vicario de Bilbao, José Ángel Ubieta, el cura Fernando Arburúa Iparraguirre, alias Igueldo, un tipo que ejercía de sacerdote en la parroquia donostiarra de San José Obrero, mientras dirigía el “comando” Txirritia. Ocurrió que la mañana de enero de 1979 Arburúa sacó la pistola del cajón de la sacristía y se fue con sus cómplices al bar Harrería de Irún donde descargó, a quemarropa, la parabellum en el rostro del guardia civil jubilado Félix de Diego. Sin singularizar tanto, Arteta expone claramente la crueldad de los clérigos y obispos que se negaron a oficiar funerales de los asesinados, o los despacharan en pocos minutos de un modo indecente y cuasi clandestino.

No es fácil reconocer que uno estuvo a punto de cruzar la raya hacia el abismo. Mucho más valiente y sagaz es deshacerse de las inercias del entorno familiar y cultural, de la comodidad de seguir la corriente y acoplarse con un sueldo considerable y un trabajo seguro, gracias a la agencia de colocación de élites y subalternos llamada Partido Nacionalista Vasco. Que esa comodidad, que esas nueces, exigieran la banalización del mal, es, según Arteta, la gran losa moral que la mayoría de la sociedad vasca pretende olvidar. Su diagnóstico es tajante; «Ese nacionalismo que algunos graduaban (y aún hoy gradúan) de más o menos moderado para salvar los muebles de muchos consiste en un narcisismo autocontemplativo, una enfermedad mental peligrosa de vanidad y de egoísmo sin límites, capaz de desfigurar las relaciones más íntimas, familiares incluidas, y afear los rasgos de la nación que dicen defender hasta hacerla odiosa a ojos de los no adeptos».

«A aquellos que dicen que el terrorismo lo venció la sociedad vasca yo les digo que el terrorismo habría durado quinientos años de haber sido por la sociedad vasca en su conjunto. Hubo valientes, claro, pero en la misma cantidad que en cualquier otra situación extrema: pocos. Siempre hay pocos valientes. El terrorismo terminó porque se les aconsejó cerrar «la empresa» para abrir otra con nombre diferente. Una mano de pintura blanca para seguir vendiendo el mismo producto».

Y ese producto, el nacionalismo supremacista, sigue secuestrando emocionalmente a la sociedad vasca desde un poder hegemónico incontestable, ahora más poderoso que nunca, gracias a su contubernio con el Gobierno de España, un gobierno capaz de pactar con los herederos directos de ETA; EH Bildu, que ETA fue víctima de España hasta 1983, año en que la banda terrorista, desde 1968, ostentaba el record de haber asesinado a 417 personas. La canallada que se perpetra con un descaro inconcebible ahora mismo, es mucho más que un lavado de cara, es un pacto entre PSOE, Podemos y EH Bildu para reescribir la historia e imponer la justificación de los crímenes de ETA, mediante el victimismo de la opresión española a las Vascongadas. Así, perpetrarán esta infamia, a través de la historia oficial del Estado establecida por una ley arbitraria y dictatorial de memoria democrática. Ante esta lamentable situación, testimonios y reflexiones como la de Iñaki Arteta son imprescindibles hasta para respirar.

NARCISISMO: LA PANDEMIA DE LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES

UNA PSICOPATÍA

25/06/2022

Para la psiquiatría, el narcisismo, explicitado por primera vez por el médico británico Havelock Ellis en 1898, es un trastorno mental de la personalidad puesto que las personas que lo padecen tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de compasión por los demás. Además, detrás de una máscara de seguridad extrema, en el narcisista hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. En verdad, el Trastorno de Personalidad Narcisista es una psicopatía, en la que hay una serie de factores que ponen en peligro a los individuos que socializan con las personas que padecen este trastorno.

También se ha establecido clínicamente que en el narcisismo conviven varios rasgos y polaridades. La omnipotencia, la impotencia y la prepotencia. La omnipotencia es el lado inflado, la grandiosidad que, a menudo, va acompañada de desvalorización de otros. La impotencia (si no soy magnífico, soy basura) se manifiesta con frecuencia como un niño perdido, carente, miedoso, que siente envidia, vergüenza y rabia. La grandiosidad ayuda al narcisista a evitar darse cuenta del estado de impotencia. El narcisista sale de este estado de falta de fe a través de la prepotencia. Esconde su vulnerabilidad mintiendo y falseando la realidad a través de su propia imagen, o bien mediante la rabia, o bien por medio de la agresividad inhibe la tristeza y el miedo, porque su expresión le hace sentirse vulnerable. La negación de la tristeza y el miedo le permite al narcisista proyectar una prepotente imagen de fuerza, de independencia y valor, así es como esconde su vulnerabilidad, tanto ante sí mismo, como ante los demás.

En 2010, en EEUU se produjo un revuelo notable cuando la doctora y profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, Jean Twenge, publicó “The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement”. Se trata de un amplio estudio sicológico comparativo sobre el comportamiento de los estudiantes universitarios estadounidenses. El examen destacó que los estudiantes con claros signos de narcisismo en 2010 era el 30%, mientras que en 1982 era el 15%. Estudios posteriores realizados por Jean Twenge y W. Keith Campbell expusieron con crudeza que el narcisismo delirante se ha extendido a los adultos en proporción similar al de los jóvenes.

A las alarmas lanzadas por los psicólogos norteamericanos se sumaron varios europeos. Fue la psicóloga Agnieszka Golec de Zavala quien inició las investigaciones sobre grupos extremistas en 2005, para tratar de entender los motivos por los que algunas personas perpetran el terrorismo. Pronto relacionó este comportamiento con lo que los pensadores de la Escuela de Frankfurt Teodoro Adorno y Erich Fromm llamaron “narcisismo grupal” que Golec de Zavala lo redefinió como: «la creencia de que la grandeza exagerada del grupo de uno no es suficientemente reconocido por los demás»”. Y como todo narcisismo, esa sed de reconocimiento nunca se sacia. Entonces, la psicóloga desarrolló una escala de narcisismo grupal (colectivo) para medir la gravedad de las creencias narcisistas grupales, incluidas afirmaciones como: «Mi grupo merece un trato especial» e «Insisto en que mi grupo obtenga el respeto que se le debe«.

La persistencia de Golec de Zavala en estudiar este narcisismo grupal en las universidades SWPS polaca y en la Goldsmiths británica, le ha permitido establecer que este tipo de narcisismo no es marginal y se está desarrollando cada día con mayor intensidad en cualquier tipo de asamblea, grupos religiosos, políticos, de género, racial o étnico. Asimismo, se expande en equipos deportivos, clubes y organizaciones artísticas y culturales. Muy preocupada ante lo que descubre en sus estudios, insiste en señalar que el narcisismo colectivo no es simplemente tribalismo. De hecho, insiste en que mientras el tribalismo es inherentemente humano y que tener una identidad social saludable puede tener un impacto positivo para el bienestar, por el contrario, los narcisistas colectivos se centran más en los prejuicios del grupo externo que en la lealtad del grupo interno. De esta manera, el narcisismo grupal alimenta el radicalismo político y potencialmente incluso la violencia. Asimismo, en entornos cotidianos, puede impedir que los grupos se escuchen unos a otros y llevarlos a reducir a las personas del “otro lado” a personajes unidimensionales.

DOS TIPOS DE NARCISISMO CONVIVEN EN NUESTRA SOCIEDAD: EL COLECTIVO Y EL INDIVIDUAL

La constatación de la existencia de dos tipos de narcisismo implantados notablemente en las sociedades occidentales; el colectivo y el individual es, por las consecuencias que tienen y las que tendrán, espeluznante. Esta bipolar realidad que tanta desazón y amargura produce en demasiadas personas, es expuesta por psicólogos y sociólogos a través de los síntomas, pero apenas ahondan en las consecuencias. De hecho, escasean estudios que profundicen sobre las causas que expanden esta plaga. Esta falla seguramente se debe a que cuando se pregunta por los orígenes que han propiciado esta epidemia, invariablemente se tropieza con las iglesias ideológicas que ostentan poder.

Los predicadores de la corrección política y no pocos apesebrados y biempensantes, tratan de despistar al personal, imputando exclusivamente la plaga narcisista actual a las redes sociales. Con ello ocultan, además de confundir instrumentos con causas, que la expansión narcisista ahora convertida en pandemia, germinó antes de que los Instagram, TikTok y demás redes sociales existieran. Algo más precisos son quienes apuntan al consumo conspicuo (estatus social), a las promesas de recompensas redentoras para proteger la fragilidad individual, a la desilusión respecto a las expectativas de satisfacción con la vida y el bienestar, además de los conflictos derivados del maremágnum identitario respecto a los sexos y roles sociales. Lógicamente, este narcisismo individual y/o colectivo se agudiza con los discursos apocalípticos sobre el clima, la salud planetaria, la inmediata terminación de los recursos minerales y energéticos, los problemas económicos, demográficos y migratorios, etcétera. Así, el conflicto antes derivado de la lucha de clases entre burgueses y proletarios, desde los años 70 del siglo pasado se ha ido ampliando, año tras año, con incontables combates que ha puesto al motor de la historia marxista a punto de estallar por sobre carga, al tiempo que reprime todo intento de mejorar las relaciones humanas basadas en la fraternidad.

Uno de los conflictos sociales más enconados en este momento es el provocado por la ideología de género. Uno de los pocos que se atreven a desafiar el discurso de esta doctrina publicamente es el controvertido y brillante psicólogo clínico canadiense Jordan B Peterson quien afirma sin pestañear: «…una gran proporción de la insistencia en la distinción entre género y sexo es narcisismo no diagnosticado (y egoísta). Pero para cuando esto se revele clínicamente, muchas carreras médicas y vidas inocentes habrán sido destruidas». Ni que decir tiene que este comentario ha merecido la condena estentórea del feminismo radical identificado con el acrónimo que pronto agotará el abecedario. Naturalmente, la anterior frase de Peterson deriva de su concienzudo estudio titulado: “On the Psychological and Social Significance of Identity” donde parte del hecho histórico y factual que establece que la identidad es un rol social, lo que significa que es por necesidad socialmente negociado. Y hay una razón para esto. Una identidad, un rol, no es simplemente lo que crees que eres, momento a momento o año tras año, sino, como dice la Enciclopedia Británica (específicamente dentro de su sección de sociología), «un patrón integral de comportamiento que es socialmente reconocido» y que proporciona un medio para identificar y ubicar a un individuo en la sociedad, sirviendo también «como una estrategia para hacer frente a situaciones recurrentes y lidiar con los roles de los demás (por ejemplo, roles de padres e hijos)». Por lo tanto, tu identidad no es la ropa que usas, o la preferencia sexual de moda o el comportamiento que adoptas y haces alarde, o las causas que impulsan tu activismo, o tu indignación moral por las ideas que difieren de las tuyas, sino un conjunto de compromisos complejos entre el individuo y la sociedad en cuanto a cómo el primero y el segundo pueden apoyarse mutuamente de manera sostenible a largo plazo. «Negarse a involucrarse en el aspecto social de la negociación de la identidad, insistiendo en que lo que dices que eres es lo que todos deben aceptar, es simplemente confundirte a ti mismo y a los demás» nos dice Peterson.

Parece obvio que el motor de inducción de conflictos sociales ahora gira descontrolado esparciendo quimeras, gracias al extenso campo hipnótico conformado por miles de mesías sectarios narcisistas, cuyo primer precepto es esquivar la crítica y menos aún someter sus doctrinas al método falsacionista. Jamás de los jamases aceptarán estos predicadores que sus dogmas “progresistas” pueden ser erróneos y nocivos para la humanidad. De hecho, aunque no ha sido divulgada como debería, desde la noción freudiana del narcisismo y las hipótesis de Heinz Kohut al respecto, junto con los estudios históricos sobre la personalidad de los dictadores y líderes políticos del siglo XX, existe un consenso claro entre psicólogos y sociólogos sobre el canon narcisista del poder. Así, el narcisista poderoso configura el poder como un fin en sí mismo, en la realización de los viejos sueños infantiles de omnipotencia que desdibuja progresivamente su necesaria subordinación a una ética de la responsabilidad. Este poder egocéntrico, en tanto significa sobre todo, privilegios, prestigio, inmunidad y que pretende sistemáticamente la impunidad, elude la responsabilidad, se va cerrando sobre sí mismo alejado de quienes le otorgaron legitimidad.

Tras un siglo de experimentos quiméricos generados por el motor de la historia marxista, se evidencia que; para cada desastre sus autores siempre encuentran a un enemigo al que culpar y, si no lo encuentran, se lo inventan. El enemigo puede ser la misma naturaleza humana: rasgos como la maternidad, el dimorfismo sexual, nuestra universal preferencia por la carne, la competitividad, los afectos familiares, el deseo de propiedad, la espiritualidad y hasta la Madre Naturaleza. ¿No fue Mao Tse-Tung quien culpó a los pobres gorriones de las malas cosechas y puso a todos los chinos a exterminarlos?

Llegados aquí, parece obvio preguntarse si nos encontramos inmersos en una cultura narcisista como asegura el psicologo Melchor Alzueta Satrústegui. Todo apunta a que se trata de una nefasta distorsión del objetivo de hegemonía cultural ideado por Antonio Gramsci, al conformarse como cultura dominante (políticamente correcta) para imponer un sistema en la acción social que distorsiona o discrimina otras culturas subyacentes. Es la hegemonía de una cultura narcisista la que ha integrado la compatibilidad del narcisismo colectivo con el individual.

MENSAJES Y CONDUCTAS DE LA CULTURA NARCISISTA HEGEMÓNICA

Que los padres, guarderías, colegios y medios canten a sus hijos canciones como: «Soy especial. Mírame».

Que desde hace al menos 3 décadas (empezó en los 80 en EEUU), a los niños se les martillee con el mensaje tu eres especial y puedes ser lo que desees y hacer lo que quieras … Para luego proseguir con que la cultura del esfuerzo y la meritocracia es lo que genera fatiga estructural y una epidemia de ansiedad.

Que en la escuela y en el parlamento los jóvenes adolescentes escuchen a quienes deberían ser ejemplares en sus comportamientos y discursos, que la identidad individual es esencialmente fluida y autogeneradora, mientras que la familia, esa díada de mujer y hombre basada en el afecto y el amor junto con el propósito de criar a sus hijos, es una institución heteropatriarcal retrograda que debe aniquilarse.

Que niños y jóvenes lean y escuchen discursos en que las autoridades afirman que cualquier reproche cívico o educativo hiere los sentimientos del reprochado.

Que las leyes en muchos países occidentales permitan el cambio de identidad y sexo a menores sin el consentimiento de sus padres.

Que la cirugía plástica estética se haya multiplicado por diez en los últimos 20 años sin otra justificación que la idealización de su cuerpo.

Que jóvenes y adultos se hagan constantemente autofotos “selfies” posando cuan estrellas hollywoodenses con su celular, para inmediatamente colgarlas en las redes sociales.

Que niños de 5 o 6 años escuchen asegurar a sus profesores que los chicos y las chicas realmente no existen.

Con estos ejemplos y muchos más del mismo cariz, ¿Es sorprendente que los adolescentes escriban en las redes sociales mensajes como: «ni hetero ni homosexual: soy autoxesual y estoy enamorada de mi misma»?.

Al mismo tiempo, cuando observamos que el poder del narcisista grandioso, del petulante dominante y egoísta que considera que tiene derecho a todas las prebendas otorgadas al primer ministro y muchas más, se sustenta sobre una pléyade de organizaciones conformadas para agrupar a los narcisistas vulnerables, los introvertidos, defensivos, resentidos y angustiados, con baja autoestima pero aleccionados como merecedores de un trato especial por ser vos quien sois, todos refugiados en el victimismo y las fantasías de grandiosidad futura, cuya hambre insaciable de reconocimiento conduce inexorablemente al conflicto con los otros, relajarse y pensar que la epidemia narcisista es un fenómeno coyuntural y pasajero que se resolverá con buen talante y buena administración económica, es suicida.

Alquimia Social

De las ideologías totalizantes y totalitarias disfrazadas de ciencia

30/05/2022.

Como Churchill, Benjamin Franklin parece ser una fuente inagotable de frases sentenciosas sobre la libertad. En cualquier caso, la advertencia: “quien sacrifica la libertad para alcanzar la seguridad, acaba por no tener ni una ni otra” ha sido confirmada por la historia. Ocurre que las vicisitudes que atraviesan hoy las sociedades occidentales democráticas, en buena medida consecuencia de graves errores cometidos por sus dirigentes, están reproduciendo reacciones similares a las acaecidas en Europa al final de la I Guerra mundial. A la sazón, el sacrificio de la libertad fue justificada entonces con el objetivo de lograr el igualitarismo social y la prosperidad para la clase oprimida y/o alcanzar la dignidad de la nación aplicando el darwinismo social-racial. A pesar de que el resultado de aquella abdicación de la libertad es bien conocido, parece que Europa ha olvidado la esencia del monstruo tiránico de tres cabezas; comunismo, fascismo y nacionalsocialismo, que produjo la mayor carnicería humana de la historia. Así, hoy en occidente existe una tenaz resistencia por parte de la intelligentsia exquisita, para reconocer al monstruo resultante de la aniquilación de la libertad en la alianza (por el momento tácita) de dos regímenes brutales y oligárquicos como China y Rusia, junto con sus potenciales satélites en Iberoamérica y Asia.

En este contexto, por su posición geográfica como puente entre Europa y el norte de África, puerta hacia el Atlántico por su proyección hacia Iberoamérica y Finisterre de Europa, su entorno geopolítico y membresía en la UE y en la OTAN, ser el puntal occidental del Mediterráneo, atesorar un patrimonio cultural extraordinario y contar con el segundo idioma internacional, España debería tener un peso fundamental en la contribución a la paz y seguridad internacional, dentro del bloque de países democráticos occidentales. Sin embargo, desde hace al menos tres décadas, sufre una constante deconstrucción como nación que reduce ostensiblemente su influencia internacional y el sosiego de sus ciudadanos sobre el presente e inmediato futuro.

Una deconstrucción que desde 2018 en que el Sanchismo tomó el poder del Estado aliado con comunistas de etiquetas diversas y nacionalistas supremacistas vascos y catalanes, se ha disparado con la ocupación irregular de las instituciones y su consiguiente manipulación sectaria. Así, el gobierno de coalición liderado por el PSOE de Sánchez Castejón, prosigue en el empeño letal aprobando leyes ideológicas inconstitucionales que aniquilan la igualdad de los ciudadanos ante la ley e impone desigualdades en función del sexo, además de erradicar el mérito y la ética deontológica en la educación y el trabajo. Asimismo impone por ley un modelo energético costosísimo basado en el climatismo vulgar, practica el privilegio medieval del indulto gubernativo para, contra la opinión de jueces y fiscales, agraciar a golpistas supremacistas y a otros delincuentes condenados por su condición de camaradas de las sectas que proclaman aniquilar el dar vida como proyecto existencial. Además, instaura como derecho el aborto sin permiso parental para menores de 16 años, implanta la inseguridad jurídica dominando la fiscalía, promueve el retorno de aquel proletario de los años 30 republicanos que solo tenía que perder sus cadenas, frente a los trabajadores propietarios de su vivienda propiciado por el franquismo, en fin, posterga a la familia y acelera con ello el hundimiento demográfico, mientras impulsa el animalismo que equipara en derechos a humanos y animales hasta el punto en que; en el momento que escribo estas líneas, en España hay más de siete millones de perros y gatos (perrhijos) y apenas seis millones de niños menores de 14 años.

Todas estas decisiones son aderezadas por un despilfarro del erario inédito en nuestra historia, incluyendo épocas de guerra como la Guerra hispano-estadounidense de 1898. Estos y otros desafueros que no detallo por no alargarme, son perpetrados siguiendo al pie de la letra la estrategia gramsciana de la toma total del poder del Estado donde, el nuevo príncipe: “el partido”, junto con sus aliados los intelectuales orgánicos, imponen la hegemonía cultural, en cualquiera de sus formas y sobre la vida cotidiana de los sujetos, para lograr la conquista del poder político y la construcción de un nuevo Estado. La tarea de materializar la mesiánica y ansiada hegemonía, desde hace unas décadas se la denomina ingeniería social.

La locución ingeniería social fue acuñada por el filósofo de la ciencia Karl Popper para denunciar la “ingeniería” utópica u holística que pretende arreglar «de una vez por todas» el todo social. El propósito es modificar la conducta humana para que se adapte a la ideología del “ingeniero social” que, de hecho, no es más que un chamán. Con ello Popper denuncia el cientificismo de las ideologías políticas basadas en la creencia, al estilo platónico, de un ideal absoluto e inmutable convencido de que existen métodos racionales para determinar, de una vez y para siempre, cuál es ese ideal y cuáles son los mejores medios para la realización del Estado perfecto.

Que Popper utilizará la locución que establece el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras, puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas, procesos, etcétera, para denunciar en “La miseria del historicismo” (1945) «En memoria de los incontables hombres y mujeres de todos los credos, naciones o razas que cayeron víctimas de la creencia fascista y comunista en las Leyes Inexorables del Destino Histórico» la superchería de la pretensión científica del materialismo histórico marxista, es una excelente alegoría que, sin embargo, ha sido banalizada y retorcida hasta la náusea. Porque la contrastación empírica de las hipótesis marxista en todos y cada uno de sus experimentos ha sido falsada claramente.

Si bien el marxismo, en sus diversas ramificaciones, es la ideología que encabeza cronológicamente el cientificismo desde el siglo XIX, otras muchas le siguieron con las mismas pretensiones de ser ciencia. Positivismo, fisicalismo, biologismo evolucionista y antropológico con su derivadas animalistas, el psicologismo conductista, el psicoanálisis, etc. son ideologías cientificistas, meras convicciones fundamentales acerca de la estructura de la realidad y del significado y fines de la acción humana, que proporcionan una visión especifica de la realidad que otorga al creyente una visión del mundo cerrada y excluyente. Todas reclaman estatus de certeza científica y se proclaman como fuente única de la verdad. Todas conforman sistemas cerrados de ideas que se convierten en fuente de toda verdad y de toda rectitud práctica y moral. Todas pretenden transformar la realidad, sobre todo social, prometiendo a sus creyentes una emancipación idealizada. En realidad, todas estas ideologías son sistemas de creencias para legitimar intereses particulares.

Ciertamente, el que individuos que no han cotizado a la SS un sólo día de su vida, pagado un solo sueldo, creado una sola empresa o abonado una sola cuota de autónomos sean Ministros del gobierno de España, incluso ministras de trabajo, es inaudito. Quizá la única explicación a esta anormalidad se obtenga constatando que, trascurridas tres décadas largas desde la implosión de la URSS pervivan y se reinscriban ideas que legitiman la dominación de una parte de la sociedad sobre otra. Que, entretanto, hayan caído en saco roto las sucesivas denuncias contra las imposturas intelectuales de los predicadores posmodernos con ínfulas científicas. Que a pesar de los desastres causados a la humanidad, las ideologías cientificistas redentoristas mantengan prestigio a costa de ocultar y manipular los resultados de su práctica, manipulación ahora vehiculada a través del caos lingüístico y la confusión babélica repleta de armas arrojadizas contra el librepensador. Que, en esencia, sigan siendo totalizantes y totalitarias, fundamentadas en convicciones cerradas sobre la realidad, el significado y los fines de la acción humana. Que persistan en proporcionar una visión del mundo cerrada y excluyente. Que sus estrategias se fundamenten en la defensa de intereses tribales inductores de derivas esquizofrénicas.

Hablo de doctrinas concebidas para legitimar la dominación y el poder, de un cáncer metastásico que están sufriendo las sociedades occidentales aún democráticas que puede aniquilarlas. España está muy enferma.

NACIONAL PUTINISMO

EL MEOLLO IDEOLÓGICO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

«Según el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales». 06/01/2023.

El historiador militar Tom Cooper lamenta la pereza o la indecencia de los medios occidentales para denominar las guerras y conflictos recientes. Tras indicar la inconsistencia que significa llamar “guerras del golfo” a la guerra Iraq-Irán y a las dos posteriores invasiones de Iraq por EEUU y sus aliados, reprocha una estulta inexactitud cuando ahora los medios publican que llevamos 10 meses desde el inicio de la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. «Bien, les recuerdo que Putin ya invadió Ucrania en febrero de 2014. Por lo tanto, en realidad estamos hablando del octavo año de su invasión. OCHO AÑOS COMPLETOS. Y no “los primeros diez meses”». Cooper tiene más razón que un santo.

Centrémonos, no obstante, en los últimos 10 meses y a estas alturas podemos evidenciar la verdadera naturaleza del régimen “democrático” del autócrata Putin, una mezcla de Cosa Nostra y estalinismo. Asimismo, ya es obvio que el déspota, envalentonado por sus impunes bombardeos en Alepo, Damasco, Idlib, Latakia, Hama, Raqqa, Homs y Deir al-Zor, además de sus atrocidades en Chechenia y la ya olvidada invasión de Georgia en 2008 que le sirvió para apoderarse de Osetia del Sur y Abjasia, se creyó sus fantasmadas propagandísticas sobre su poderío militar y lanzó a sus superincompetentes fuerzas armadas, dirigidas por corruptos e ineptos generales, a conquistar Ucrania y colocar un régimen títere obediente a sus dictados. Su excusa fue que había que limpiar a Ucrania de corruptos y nazis controlados por la OTAN….. Dijo la sartén al cazo apártate que me tiznas. Esta falaz excusa implica que aquellos que se llaman a sí mismos ucranianos no tienen derecho a existir.

Y para sorpresa de occidente, sobre todo para la OTAN, resultó que la inmensa mayoría del pueblo ucraniano se organizó y, junto con un ejército al principio apabullado, detuvo primero y enseguida derrotó al hasta entonces imbatible ejército de la Federación Rusa en Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv y Mykolaiv. Y estas victorias el pueblo ucraniano las pagó a un precio terrible en vidas humanas: miles de soldados y civiles muertos, heridos, deslocalizados y arruinados. No fue gracias a unos pocos Javelins, NLAW, HIMARS, eso vino después, fueron los ucranianos quienes frenaron al invasor.

Pero si la sanguinaria invasión ha producido y produce semejantes tragedias, la impotencia de Putin ha generado mayor grado aún de criminalidad bombardeando aleatoriamente con sus imprecisos misiles o drones morralla que compra a los ayatolas iraníes, estructuras y viviendas de los ucranianos, continuando con ello la comisión de innumerables atrocidades en la torturada Ucrania.

Conozco unas cuantas teorías geoestratégicas que cargan al occidente aún democrático responsabilidad en esta guerra. Una de las más divulgadas es la de John Mearsheimer derivada de su artículo “Por qué la crisis en Ucrania es culpa de Occidente» escrito en 2014 y no tras la invasión de 2022. En dicho artículo Mearsheimer aseguraba que la culpa de la crisis de entonces, no eran los intereses expansionistas e imperialistas de la Federación Rusa, sino la expansión de la OTAN desde la década de los 90 hasta la actualidad; expansión acompañada por la entrada de una gran cantidad de Estados ex-soviéticos a la Unión Europea. Esta tesis desdeñaba que Rusia violó la soberanía de Ucrania, la convención de Helsinki de 1975, y múltiples tratados bilaterales firmados por ambos países en los años 90, especialmente el Memorándum de Budapest de 1994.

Admito que no todos los seguidores de la tesis de Mearsheimer o de la realpolitik del longevo Henry Kissinger padecen de antiyanquismo patológico generalizado en las izquierdas europeas e iberoamericanas, pero estoy convencido, conozco a unos cuantos, que la mayoría está persuadida de que la trágica invasión perpetrada por la Rusia de Putin es consecuencia de la estrategia expansionista de EEUU y la OTAN. No obstante, pocos, por no decir ninguno, apelan a la experiencia histórica de los pueblos sometidos por el imperialismo zarista primero y el soviético después.

Sin excusar las muchas pifias y barbaridades cometidas por la OTAN, sobre todo en los Balcanes entre 1992 y 1999, ¿es riguroso hablar de la expansión de la OTAN? ¿Acaso la OTAN ha obligado a gobiernos democráticos a unirse? ¿No es más cierto que muchos países de la antigua esfera soviética han pedido unirse a la organización a partir de redefiniciones estratégicas respecto a sus hipótesis de conflicto, para defender la soberanía de sus respectivos Estados? ¿Acaso alguien puede negar que los países del Pacto de Varsovia vieron en la caída del Telón de Acero una forma de liberarse de la llamada “rusificación” impuesta por la centralidad del imperialismo soviético heredero del antiguo imperio Ruso?. ¿Acaso no es cierto que esos países, no sin enormes sacrificios, han logrado erigir instituciones democráticas, mientras que Rusia se ha degradado a dictadura?

Por otro lado, las otras preguntas que se pueden derivar de las tesis que culpan al expansionismo occidental de esta invasión son: ¿Los académicos, políticos, analistas y periodistas occidentales que defienden las tesis de Mearsheimer, Kissinger, Waltz, etc. son conscientes del uso y más que probable apropiación indebida de sus teorías? Y teniendo en cuenta la probable expansión del conflicto ¿No deberían tratar de dar cuenta de las posibles ramificaciones de sus ideas?

Dar por sentado el «derecho» de Rusia a intervenir en sus áreas de influencia, como hacen los autores referidos y muchos otros, automáticamente concede los mismos supuestos derechos a otras potencias regionales o globales como la dictadura China. El peligro que ello supone para las naciones aún democráticas es muy superior hoy que la confrontación bilateral de la guerra fría, pues ahora EEUU (desde Obama a Biden pasando por Trump) ha vuelto al aislacionismo parcial del América para los americanos. Aunque la muestra más obvia de aislacionismo de los yanquis fue la lamentable fuga de Afganistán, peores consecuencias tuvo el desdén de Obama acerca del conflicto de Ucrania. Estoy convencido que sin la puesta de perfil de Obama en 2014 cuando Putin se merendó Crimea, más los antecedentes de Biden justificándola, la invasión de febrero pasado no se hubiera producido. 

Original escrito el 30/04/2022

En la tercera de ABC de hoy, Carlos Granés indica que el régimen ruso es una versión del peronismo, resultante de la influencia del principal impulsor del movimiento neo-eurasianista y para-fascista Aleksandr Duguin sobre Putin, definido en “La Cuarta Teoría Política”. Asimismo, Granés describe anonadado la persistencia en Iberoamérica de los populismos surgidos durante el siglo XX; peronismo, priismo, castrismo, etcétera. No obstante, no termina de vincularlos como lo que son; hijos naturales del marxismo-leninismo, fascismo y nacionalsocialismo. Entiendo que obviar el engarce de estas ideologías y su contextualización histórica y geográfica, dificulta la comprensión del trasfondo ideológico del régimen encabezado por Putin, así como las consecuencias que de ello se derivan.

En primer lugar, es preciso subrayar que el neo-eurosianismo es antieuropeo y paneslavista. Exacerbadamente crítico con la cultura romano-germana y el “euro-centrismo”. Por supuesto, es partidario de un Estado fuerte, de la moral impartida por la Iglesia Ortodoxa, de la alianza turco-eslava y de forjar fuertes alianzas en Oriente Medio. Su crítica a la cultura posmoderna occidental y al wokismo y sus derivas sexistas e identitarias es radical. Por lo tanto, en la cuestión moral y solo en la cuestión moral, el neo-eurosianismo paneslavista coincide con los llamados populismos de extrema derecha europeos, en concreto con el polaco Ley y Justicia, el húngaro Fidesz-Unión Cívica Húngara, algo menos con el Rassemblement national de Marine Le Pen y solo de refilón con VOX.

Si repasamos sucintamente la reciente historia de Rusia, no podemos desdeñar las consecuencias sociológicas del traumático colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Tampoco es baladí la rapacería perpetrada por las élites del antiguo régimen soviético, al enriquecerse obscenamente con la adquisición a precio de saldo de los monopolios del “socialismo real” durante los nueve años de la era Yeltsin. Estos hechos, más el aumento de la corrupción mafiosa y la persistencia de la pobreza de la mayoría de la población rusa, supuso la puesta en cuestión de la legitimidad del nuevo régimen a finales de los noventa.

El dedazo de Borís Yeltsin en diciembre de 1999, instalando en la presidencia de Rusia al entonces primer ministro, Vladímir Putin, un apparatchik del PCUS y coronel del KGB, nombrado jefe de la FSB (la KGB reconstituida) en 1998 y que apenas llevaba en el cargo 4 meses, se explica como un exasperado intento de salvar a un régimen que carecía de genuinos fundamentos ideológicos que lo legitimaran.

A estas alturas, parece claro que el fracaso de Yeltsin en dirigir a Rusia hacia un modelo democrático de corte occidental capitalista de libre mercado, no solo se explica por su incapacidad dirigente y la vorágine de corrupción asociada, también influyó una abrumada y nostálgica carga sentimental de la mayoría de los rusos ante el fracaso de la URSS. Por los contactos mantenidos con unos cuantos ciudadanos rusos, comparo sus aflicciones con la desolación y el pesimismo con el que nuestros abuelos sintieron con el desastre de 1898. Así, los primeros intentos de Putin de proseguir por la senda occidentalita de Yeltsin, toparon con obstáculos internos considerables.

La crítica situación de Rusia y un carácter forjado por las vicisitudes de una infancia miserable y una formidable adaptación a un medio plagado de intrigas y purgas desde la juventud, condujo a Putin a priorizar su consolidación en el poder. En primer lugar se deshizo de aquellos oligarcas que pudieran poner en peligro su mando. Fue una victoria sin prisioneros, quien se movía no salía en la foto y, además, iba a la cárcel o al cementerio. Así, consolidó pronto un régimen oligárquico, compuesto por una “nueva nobleza” tutelada por un poder caudillista. Sin embargo, los lastres de la URSS continuaron inexorablemente. La segunda guerra de Chechenia fue terriblemente sangrienta. El hundimiento del submarino nuclear Kursk en agosto de 2000 una vergüenza nacional que mostraba descarnadas chapuzas y corrupciones. La matanza en Beslán (Osetia del Norte) una cruel afrenta. El negro panorama se oscurecía aún más por la persistencia de los problemas “transfronterizos” de una Rusia insegura de sí misma. Entonces, Putin asumió la necesidad de implantar una ideología de Estado acorde con la situación y la historia de Rusia y, sobre todo, capaz de elevar la autoestima del pueblo ruso.

El neo-eurosianismo paneslavista le vino como anillo al dedo, pero la asunción de esta ideología implicaba la expansión que solo las guerras victoriosas entregaban. Tras Chechenia, Rusia invadió Georgia en 2008, con la aquiescencia, por parálisis, de George Bush y la OTAN. 

Fue el discurso de Vladímir Putin durante la Conferencia de Seguridad de Múnich el 10 de febrero de 2007, donde públicamente establece el rumbo de Rusia bajo su mandato. En primer lugar acusando a Estados Unidos de tratar de imponer sus reglas y su voluntad a otros países, «pero el modelo unipolar es imposible y totalmente inaceptable en el mundo moderno». Asimismo acusó a la OTAN de expansionista y provocativa. Añadió que Rusia respetaba los acuerdos sobre la reducción de los arsenales nucleares estratégicos pero insinuó que EEUU no. Tuvo el cuajo de afirmar que solo la ONU puede autorizar el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Pero inmediatamente dejó claro que «Rusia siempre ha desarrollado una política exterior independiente y tiene la intención de continuarla; o hacemos lo mismo que vosotros o, a la vista de nuestras actuales posibilidades financieras, desarrollamos una respuesta asimétrica».

Rusia entonces volvió do solía. Centralización, autoritarismo y capitalismo de Estado, esta vez imitando el modelo de la República Popular China, si bien ajustado al “alma rusa” de un nacionalismo expansionista antioccidental. Naturalmente, el discurso del régimen asentado sobre una oligarquía parasitaria del Estado y las riquezas naturales, esos “silovikí” acaparadores de las 22 agencias gubernamentales que, con su despotismo burocrático lastran la productividad de una economía quince veces menor que la de EEUU, solo puede ser populista.

¿Es el nacional-putinismo una versión rusa del peronismo? Mi respuesta es no. Por el contrario, constituye una versión paneslava del nacionalsocialismo con aderezos de marxismo-leninismo estalinista.

Quienes desde un peculiar neutralismo sugieren motivos históricos para justificar la invasión a sangre y fuego de Ucrania, asumiendo las acusaciones putinescas contra los “nazis” ucranianos y el expansionismo yanqui, olvidan el meollo del régimen someramente descrito aquí. Quienes desde un peculiar pacifismo izquierdista claman por la paz desde la falsa equidistancia, ocultan con premeditación y alevosía que; los países que apoyan y son aliados de Putin son sus admirados Cuba, Venezuela, Corea del norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea e Irán.

EL ESTADO Y LA PRODUCTIVIDAD

De cómo la adiposis del Estado intervencionista, frena el incremento de la productividad generadora de empleo y riqueza.

14/04/2022.

Cuando España empieza a hundirse en la estanflación (estancamiento económico y elevada inflación), la inapelable subida de los tipos de interés aumenta el coste financiero del Estado empresas y familias, al progresista sistémico le pereceara insolente e inoportuno aludir a la productividad del trabajo, en vez de culpar de los estragos que sufrimos a la guerra de Ucrania o a la pertinaz sequía.

En verdad, para los sindicatos clasistas y la izquierda en general, mentar la productividad del trabajo equivale a la bicha, pues supone la constatación del error de Marx respecto a sus cálculos sobre “la fuerza productiva del trabajo” y sus “leyes”; derivadas de la crítica a la tasa del plusvalor y la tasa de la ganancia de David Ricardo. Así, Marx dedujo una «Ley de la Pobreza Creciente» que establece que en el sistema capitalista, los asalariados por cuenta ajena sólo reciben el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia. De este corolario cientificista, Marx conjeturó la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia que descubría el virus intrínseco que aniquilaría el sistema capitalista.

Teniendo en cuenta que Marx no pisó una fábrica en su vida y que su correligionario Engels, solo visitaba la de su padre en Manchester para recoger un notable peculio, aunque desde 1850 no tuvo más remedio que ejercer de comerciante de la bolsa londinense, si bien tuvo el tiempo libre suficiente para cazar zorros, hacer crítica literaria y, sobre todo, teorizar con su amigo Marx la revolución proletaria, sin impedirle ejercer de distinguido caballero victoriano que practicaba esgrima y equitación, resulta lógica la ignorancia de los padres del socialismo-comunismo sobre el progreso de la productividad como núcleo del sistema productivo, en las sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada y existe libertad comercial. Así, en vez de confirmarse el augurio marxista descrito en la mencionada Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, las sociedades sustentadas en la propiedad privada y el comercio libre fueron incrementando la productividad desde finales del siglo XIX y, con ello, la riqueza que condujo a su reparto a través de los salarios. Donde sí se cumplió con creces la Ley de la Pobreza Creciente fue en la URSS, y se sigue cumpliendo en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Pero ¿a santo de qué evoco en este momento la productividad del trabajo y la relaciono con el Estado? Quienes hemos tenido que dirigir una industria fabricante de equipos, sabemos que la productividad del trabajo es, junto con la innovación y la optimización de recursos, los ejes fundamentales para la sostenibilidad y el progreso de la empresa y sus trabajadores. Así, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para obtener dicha producción.

Entre los factores que determinan la productividad laboral destacan los siguientes:

A. Salario (ver salario mínimo y otras intervenciones estatales) ¤¤.

B. Capacidad del trabajador (derivada de la formación) ¤¤.

C. Legislación laboral ¤¤¤.

D. Impuestos al trabajo ¤¤¤.

E. Impuestos de Sociedades (IS) y Actividades Económicas (IAE) ¤¤¤.

F. Seguridad jurídica ¤¤¤.

G. Precio de la energía ¤¤.

H. Precio de las materias primas ¤¤.

I. Bajas laborales por enfermedad o accidentes ¤¤.

J. Organización de métodos productivos.

K. Maquinaria y métodos de producción eficientes.

L. Motivación laboral.

M. Equipamiento y recursos.

N. Entorno.

O. Liderazgo.

P. Diseño de los productos o servicios.

Q. Calidad y estado de la maquinaria.

De estos factores se evidencia que C, D, E y F dependen directamente del Estado, mientras que A, B, G, H e I lo son parcialmente. Por lo tanto, la productividad del trabajo en España está condicionada por legislaciones muy variables e impredecibles en el tiempo y unos impuestos que rozan lo confiscatorio.

Por otro lado, las estadísticas oficiales apenas distinguen la productividad aparente del factor trabajo (PAT) del sector público y el privado. Un indicador fehaciente luce cuando se comprueba que en España, durante los últimos 35 años, el sector público ha mantenido un gasto promedio entre el 42% del PIB de la época de Felipe González y un 50% del PIB actual con ligeras vaguadas del 38,2% con Aznar y el 41% con Rajoy. Actualmente, sobrepasando el 50% del PIB de gasto, el Estado español aporta el 16% del PIB, mientras emplea a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Es decir, el Estado español maneja la mitad de la riqueza nacional pero apenas aporta el 16% a dicha riqueza con los servicios que presta: administración pública, justicia, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales. Y, sin embargo, las estadísticas oficiales estiman que el incremento de la productividad del sector público español es superior al privado, a pesar de que, según el INE, en 2018 el sector privado aportó el 84.2% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con 16,7 millones de empleados, en tanto que el sector público el 15.8% con 3,4 millones de empleados.

Entonces ¿Por qué la productividad del trabajo en España (PTF) lleva empantanada desde 1985?. ¿Acaso este hecho tiene una relación directa con ser el país que, junto con Grecia, que desde entonces encabeza el ranking mundial de paro de los países desarrollados, con una tasa media del 12,6%, más del doble que la media de los países de la OCDE y el triple del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), donde la media es del 4,2%? ¿Por desventura existe una relación directa entre el aumento del gasto del Estado, la baja productividad, el delirante sistema educativo y el enorme desempleo sistémico?

Del gráfico siguiente se pueden deducir algunas conclusiones importantes.

Por ejemplo, que ni el alto desempleo ni la baja productividad en España, son una maldición de los dioses ni una predestinación por tara racial, puesto que entre 1954 y 1975 se produjo una impresionante aceleración del crecimiento del PIB, atribuible casi exclusivamente a la productividad laboral (5,8% de crecimiento del PIB del 6,2%).

Entre los innumerables estudios sobre el estancamiento de la productividad en España durante los últimos 37 años, se puede distinguir algunas explicaciones parciales, entre otras destacan la reducción de la industria con la entrada a la Comunidad Económica Europea, el bajo gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la escasa inversión en capital intangible debido a, entre otros, a la regulación del comercio minorista, los costos de creación de empresas, la falta de flexibilidad del mercado laboral, los altos impuestos al trabajo, la ineficaz legislación sobre quiebras, los lentos procedimientos judiciales, los subsidios y el “amiguismo” que han conducido a extravagantes asignaciones de capital, bajas inversiones en intangibles, mientras que los sectores que crearon más empleos (construcción y servicios), tuvieron una menor productividad laboral que la industria con un crecimiento mucho más lento del producto por hora trabajada, lo que explica inversiones especulativas puntuales y escasa innovación tecnológica. Sin duda, estas explicaciones responden a la realidad aunque apenas sugieren el dato fundamental; la relación entre el estancamiento de la productividad y el aumento del tamaño del Estado español, incluida la enorme deuda contraída.

Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.

Pues resulta que el año pasado, la masa salarial de las administraciones públicas españolas superó todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, es decir, el 27% del total del presupuesto de 550.484 millones de euros (un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020) que se comió la mitad de la riqueza producida. No piensen mal de la coalición Frankenstein que aprobó semejante cifra, ni apelen al clientelismo al constatar que los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. Trabajar en el sector público supone ganar 10.500 euros más al año de media.

Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.

Si la adiposis y el intervencionismo del Estado frena el incremento de la productividad y, si el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país solo se logra con el crecimiento sostenido de la competitividad, es decir, cuando la mejora de la productividad del trabajo permite a las empresas generar valor añadido y con ello empleo bien remunerado, el diagnóstico de la situación actual de España parece obvio.

UNA LEY POPULISTA DE LA VIVIENDA

Evocación al memorable artículo de Mariano José de Larra “Lo que no se puede decir, no se debe decir” publicado en 1834.

03/02/2022.

Aunque dentro de 12 años se cumplirán dos siglos de la publicación del memorable artículo: “Lo que no se puede decir, no se debe decir” escrito por Mariano José de Larra, su lectura nos indica que el constructivismo posmodernista que niega la posibilidad de alcanzar una verdad objetiva, no es tan novedoso como nos lo vendieron sus profetas. Al fin y al cabo, el romanticismo no fue otra cosa que el culto a la subjetividad, a la irracionalidad y al sentimiento, aunque tantas veces Larra renegara de ese encuadre buscando la verdad, con una envidiable y elegante prosa. Ejemplo de su rebeldía ante la censura y la descarada manipulación de la verdad, es la irónica fórmula con la que concluye el mencionado artículo: «Examino mi papel; no he escrito nada, no he hecho artículo, es verdad. Pero en cambio he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema; buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna, y concluiré siempre diciendo: «Lo que no se puede decir, no se debe decir». Y en esas estamos, tratando de sortear, cualquiera escribe torear, a la censura de los moralistas que nos gobiernan y procurando no incurrir en la palabra maldita o en la frase que puedan considerar heteropatriarcal, no sea que nos excomulguen y nos cancelen en vida. Ni Dios está a salvo, por lo tanto, debo escribir y escribo que este artículo, aunque no lo parezca, no pretende criticar a la que será la ley estrella de la incalificable legislatura que padecemos.

No sé si debo decir que desde el título; Ley por el Derecho a la Vivienda, hasta las antefirmas de nombres orwellianos de los ministerios de las titulares de las ministras que firman este proyecto de ley, pasando por una exposición de motivos donde los sintagmas demagógicos como «vivienda digna», conforman un extenso brindis al sol pleno de desvergonzado autobombo incluida la desfachatez de anunciarlo como norma pionera en la actual etapa democrática.

No sé si debo decir que es probable que ni las ministras abajo firmantes lean todo el texto de la ley, debido al cansancio que significa soportar tanta jerga políticamente correcta, plena de desquiciados sintagmas del tipo «soluciones habitacionales». También fatiga mucho soportar el palabreo que trata de camuflar la patológica obsesión ideológica de PSOE y UP de aniquilar el anhelo de comprar una vivienda a las nuevas generaciones, mientras ellos se afanan en acumularlas en su patrimonio particular.

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No sé si debo decir que fue el inefable Rodríguez Zapatero quien inició el intento de guetarizar a grandes sectores de la población con el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Real Decreto 2066/2008. Fracasado el intento, sus sucesores continúan con el propósito de intervenir el mercado de la vivienda, estableciendo mecanismos despóticos sobre los precios de los alquileres, recargos abusivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes se atrevan a hacer con su propiedad lo que consideren oportuno (“esos diabólicos grandes tenedores”), implantar al menos un 50% de viviendas protegidas en alquiler (mejor excluir la propiedad no sea que los trabajadores tengan algo más que perder que sus cadenas). A simple vista, solo la necedad ideológica justifica repetir el fracasado intento de Zapatero, cuando se comprueba que, tras 12 años de vigencia, en 2021 España contaba con 290.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, es decir, el 1,6% del total. Pero me parece que achacar la persistencia en imitar el nefasto sistema francés llamado HLM (habitación a alquilar) que ha terminado en guetos invivibles, debe tener un objetivo que supera el sostenella y no enmendalla ideológico.

Veamos. Desde la larga exposición de motivos se palpa el intervencionismo justificado con el sinhogarismo, aunque es en el Capítulo II. Régimen Jurídico Básico del Derecho de Propiedad de Vivienda, donde al hacer más hincapié en los deberes y cargas del propietario de una vivienda que en sus derechos, se detecta claramente que nos encontramos con un relato propagandístico muy ideologizado.

No sé si debo decir que es a través de la disposición final quinta, cuando esta ley pone en solfa el derecho de propiedad de la vivienda, modificando la ya ineficaz Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil para, con enredos leguleyos, retrasar y complicar las reclamaciones del propietario ante la justicia para recuperar su vivienda “okupada” ilegalmente. Conocido y sufrido el tortuguismo con que opera la justicia del Estado español, se puede deducir que las condiciones burocráticas impuestas al atracado, pueden postergar el desalojo de los ocupantes ilegales as calendas griegas, si dichos ocupantes alegan vulnerabilidad económica o social.

No sé si debo decir que una ley que se denomina por el derecho a la vivienda y establece «Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles» incluya el derecho de ocupación de la vivienda del prójimo, por quienes aleguen vulnerabilidad económica o social, es un monumento al cinismo y un vituperio a la inteligencia.

No sé si debo decir que como es habitual en este tipo de leyes tan progresistas e igualitaristas, al Estado se le dota de instrumentos coercitivos e intervencionistas, entes burocráticos para colocar adeptos como el Consejo Asesor de Vivienda, además de abracadabras del tipo “Vivienda asequible incentivada” que nada nuevo aportan salvo instrumentalización política. Monumento al populismo son los preceptos dedicados a las llamadas “zonas de mercado residencial tensionado” establecidas por criterios tan enrevesados como que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), debe superar el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, para establecer estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico. Pero como los datos justificadores no se conocen, los redactores de la ley han tenido que establecer una moratoria de año y medio desde la entrada en vigor de la ley, para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consiga estos datos de las CCAA y los ayuntamientos. Y con semejante berenjenal burocrático acotado a 3 años, pretenden imponer un límite de precio a la renta conforme a un sistema de índices de precios de referencia establecidos por el Estado, cuando las viviendas pertenezcan a “grandes tenedores” con personalidad jurídica. No obstante, los pequeños propietarios y los grandes tenedores que tengan viviendas en las zonas tensionadas, no estarán sujetos a limitación de precios, pero sí a una congelación de las rentas que afectará tanto a los nuevos contratos como a los ya firmados. En cualquier caso, al tener que ser las CCAA quienes soliciten las áreas, es probable que este capítulo quede en humo demagógico.

No sé si debo decir que como el papel de bueno se lo autoconcede el gobierno, el imprescindible malo de la película es adjudicado a los ayuntamientos. Así, los consistorios podrán penalizar mediante un recargo de hasta el 150% en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal», como ser segunda residencia, estar en obras de rehabilitación o estar ofertada en el mercado. El recargo fija un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona. Nada dicen de las consecuencias económicas que sufre el propietario cuando los okupas le roban la casa. No sé si debo decir que solo consistorios regidos por personajes como Ada Colau, aplicarán esta normativa.

No sé si debo decir que siguiendo el papel de malo para los consistorios, la ley establece criterios para incrementar el parque de vivienda social reservando el 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones que deberá destinarse a la vivienda protegida, reteniendo un 50% de esa cantidad al alquiler social. El problema es que estas reservas, tendrán que ser compensadas a las promotoras por los ayuntamientos. La normativa también blinda la vivienda pública para que las administraciones autonómicas y locales (quienes tienen competencias en la materia) no puedan enajenar el parque público. Así, las viviendas de protección oficial (VPO) no podrán descalificarse durante un periodo mínimo de 30 años. A su vez, los inmuebles construidos sobre suelo destinado a VPO no podrán perder su calificación de protección.

No sé si debo decir que mientras quienes cargan con el peso de las medidas incentivadoras son las CCAA y los ayuntamientos, la inconcreción financiera preside los supuestos planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, el fondo social de vivienda y los parques públicos de vivienda. Apenas se estipulan reducciones fiscales para promociones, alquileres a jóvenes y reparaciones. Tampoco se mejoran las obligaciones de los promotores de viviendas que perciban cantidades anticipadas y, en no pocos casos, se estropean los incentivos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

No sé si debo decir que el gobierno que aprueba esta ley no tiene la intención de ponerla en marcha al establecer plazos de ejecución que impiden su curso antes de la finalización de esta legislatura. Ergo, parece que empezamos a encontrar el motivo principal de su aprobación en ese patio de Monipodio llamado Congreso. No me mal interpreten, lo que no se puede decir, no se debe decir y no digo que solo los dividendos electorales derivados de la agitación y propaganda con que está siendo y sobre todo será publicitada justifican el esfuerzo de nuestro gobierno.

En fin, No sé si debo decir que desde la percepción del fin propagandístico y clientelar de esta normativa, se puede entender el desprecio del gobierno al aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el “problemático encaje” constitucional de esta Ley. Qué más da que la ley sea recurrida y hasta anulada por el Tribunal Constitucional, si antes obtenemos buenos réditos electorales, se dirán regocijados. Mientras tanto, la sombra de la posible aplicación de esta ley, reducirá las inversiones inmobiliarias. Pero otros muchos ganarán, me refiero a unos medios bien engrasados y a otros que, previsiblemente, se caerán del caballo por el lado izquierdo ante el reparto de pasta procedente del maná de la UE que la Moncloa reparte y repartirá aún más con su reconocida generosidad. Entonces, las loas sobre esta igualitarista ley serán grandiosas.

WOKISMO

28/11/2021

El Wokismo o Justicia Social Crítica, es la enfermedad senil del posmarxismo. Una doctrina que renuncia abiertamente a los principios de la ilustración como el universalismo y la objetividad, para zambullirse en un fundamentalismo identitario que se ha coronado en poder fáctico intimidatorio en los países anglosajones, primero en las academias elitistas y luego en la cultura y la política. Con el colapso de la cosmovisión judeocristiana y el surgimiento del secularismo banal, esta doctrina se ha extendido a toda velocidad en el occidente aún democrático. En el caso de España, sus prosélitos están gobernando la nación y legislando según el catecismo woke.

Quien se atreve a discrepar de los mandamientos woke, se expone a ser sacrificado en la hoguera de los infames heteropatriarcales y desprestigiado hasta el ostracismo, sin otro juicio que la opinión de cualquier militante wokista.

Rebelarse contra esta nueva religión reaccionaria e inquisitorial, es luchar por la libertad, el libre albedrío personal y el determinismo temerario.

Sobre la violencia moralista de la manada, la de aquellos que se consideran moralmente superiores por pertenecer a ella, nos avisaba Alexander Solzhenitsyn: «Para hacer el mal, el ser humano debe, en primer lugar, creer que lo que está haciendo es bueno

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VÍCTIMAS PROPICIATORIAS DEL CLIMATISMO

Un repasito conveniente para no llamarse a engaño

01/11/2021

Uno de los rasgos que mejor expone la situación que vivimos en plena resaca de la pandemia de nunca acabar, es la sorpresa con que la mayoría de los ciudadanos españoles perciben la exponencial subida del precio de la energía eléctrica. Nada extraño por cuanto llevamos cuatro décadas digiriendo todo tipo de tentempiés energéticos y medioambientales despachados por lobbies político-económicos, cuyos contrapuestos intereses logran sublimarse en el estado gaseoso de un larvado ideologismo. Me refiero al climatismo, una doctrina transversal, sostenible, ecológica, verde, aclimatable, comunitaria, algorítmica, reciclable, anisotrópica, bucólica, antropogénica, integradora, bromatológica, paisajística, biodegradable, holoeconómica, agorera, catastrofista, cabildera, bioclimatológica, global y, en fin, suma y sigue con los estupendos sustantivos y calificativos que han configurado la ideología más rentable en términos económicos y políticos del siglo XXI.

Si bien desde la pulsión acaparadora anglosajona se suele señalar a Rachel Carson como la iniciadora de la conciencia ambientalista tras la publicación de “Primavera silenciosa” en 1962, lo cierto es que el valor supremo de la naturaleza surge con el romanticismo. Aunque bien documentado, apenas se ha divulgado que el misticismo naturalista alemán del siglo XIX, expresado en la consigna “Blut und Boden”: «Sangre y tierra» fue abrazado con frenesí por el nacionalsocialismo a través de los ideólogos del völkisch que predicaron el regreso a la tierra y a la simplicidad. Así, el Tercer Reich convirtió la agricultura orgánica, el vegetarianismo y el culto a la naturaleza en parte sustancial de su política. Por ejemplo, el Führer insistía sobre «la impotencia de la humanidad frente a las leyes eternas de la naturaleza».

En el caso concreto de España, es la Institución Libre de Enseñanza como bien muestra Santos Casado de Otaola en “Naturaleza patria: ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo” quien impulsa el contacto de los discípulos con la naturaleza como pedagogía impulsora de una España bucólica y “sana”. Y como se consideraban regeneracionistas patriotas, esta visión fue asumida a principios del siglo XX por falangistas, carlistas, regionalistas y nacionalistas varios.

El empeño protector de la naturaleza, empieza a derivar en ideología con la aparición en pleno 1968 de un lobby peculiar llamado Club de Roma. Pronto se hace famoso por su primer informe publicado en 1972, titulado “Los límites del crecimiento”. Pero la sospecha de que este lobby se establecía para implantar una tesis neo-malthusiana que estrangulaba el desarrollo de los países en vías de desarrollo, algunos de estos países organizaron una conferencia en la localidad suiza de Founex, para elaborar un informe sobre desarrollo y medio ambiente objetivo. El Informe Founex de 1971 intentó armonizar la protección del medio ambiente con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustancial para todos los países del mundo. Sin embargo, las visiones deterministas configuradas por un apetitoso revuelto de catástrofe malthusiana y parusías neomarxistas y rescoldos nacionalsocialistas sazonado con el relativismo posmoderno, con la primera crisis del petróleo se fue consolidando en los países occidentales más desarrollados como movimiento alternativo al capitalismo controlado por el Estado socialdemócrata.

Fue en Alemania donde apareció el primer partido verde “Die Grünen” en 1980 con el fin de cambiar el paradigma social y económico alemán. La mayoría de sus dirigentes procedían de otros partidos, por ejemplo: Petra Kelly del SPD mientras que Gerald Häfner pertenecía a la Sociedad Antroposófica Universal. También había militantes procedentes de la extrema izquierda sesentayochista, incluidos unos cuantos maoístas, algunas feministas y sujetos procedentes de la agricultura biodinámica y del Bioland, más unos cuantos ideólogos que escondían su pasado. La imagen juvenil que proyectaron con sus verdes praderas y bucólicas montañas nevadas y banderas al viento, no terminaba de borrar cierto aire supremacista apegado a la antroposofía de Rudolf Steiner, por cuanto al enfatizar la supremacía del “Planeta” conlleva un biocentrismo radical, en el que el ser humano comparte el mismo valor con los demás seres vivos y, por tanto, no tiene derecho a erigirse en un ser superior que somete a los otros seres y a los ecosistemas para sus necesidades vitales.

Por supuesto, el chivo expiatorio del ecologismo militante es el depredador capitalismo por cuanto uno de los representantes más conspicuos del movimiento ecologista; Murray Bookchin, lo resume de esta guisa: «La biosfera está sufriendo daños profundos de diferentes maneras y en vastas zonas del planeta, algunas de ellas ya convertidas en lugares inhabitables debido a los desechos tóxicos y los desastres provocados por las plantas nucleares. Mientras, la polución sistémica, los agujeros de ozono, el calentamiento global y desastres de todo tipo continúan haciendo pedazos el tejido del que depende la vida entera. Que este daño lo provocan principal y abrumadoramente las corporaciones de la competitiva economía de mercado internacional nunca había estado tan claro como hasta ahora, del mismo modo que nunca había sido tan perentoria como en la actualidad la necesidad de reemplazar la sociedad existente por otra como la que promueve la ecología social». Pero un chivo expiatorio tan vaporoso exige el sacrificio simbólico de culpables a la diosa Tierra. Y quien mejor expresa el rito apaciguador de la ira de la Pachamama o Gaia, es la famosa frase de James Lovelock: «El hombre es una plaga: la tierra está enferma de humanidad, es un cáncer de la biosfera».

Claro que hay humanos culpables y humanos inocentes comprometidos en salvar el planeta. En un reciente artículo en ABC titulado: “Los verdes nos lo han puesto negro” Juan Carlos Girauta, además de aclarar que no se siente concernido por los mensajes milenaristas de Al Gore y Greta Thunberg, señala las raíces podridas de los verdes alemanes mencionando a Baldur Springmann y Werner Vogel. Que ambos personajes pertenecieran en su juventud al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, no es anecdótico pues, los ideólogos de pasado inconfesable no eran una excepción. Rudolf Bahro, Otto Schily y Herbert Gruhl apenas barnizaron su ideología primigenia con brochazos etéreos. Famoso fue entonces Gruhl como autor del superventas: “El planeta es saqueado: las consecuencias del terror de nuestras políticas”, donde explícita un darwinismo social ecológico y patrocina la separación cultural de los pueblos como «ley natural»: «…una ley de entropía que encontramos particularmente en la ecología, y que se aplica también a las culturas humanas». De ahí al supremacismo racial o al indigenismo y otros particularismos de los buenos pueblos solo hay un pasito.

Y si los verdes alemanes como precursores del ecologismo posmoderno tuvieron las raíces comentadas, en España su raigambre regeneracionista decimonónica apenas tuvo repercusión. De hecho, tanto en los Verdes como en la Federación Progresista que se fundaron en 1984, abundaban los escaldados procedentes de los partidos comunistas; carrillistas, marxistas-leninistas y trotskistas. Al fundarse Izquierda Unida en 1986, la mayoría se integró en la coalición no sin desgarros, escisiones, y vueltas a empezar con diferentes nombres que continúan alrededor de IU-Podemos y demás partidos adyacentes.

El movimiento ecologista organizado en España no logró consolidarse como en Alemania debido a diversos factores, entre los que destacan la ley electoral y la incapacidad de desprenderse de su querencia roja o rojinegra. Sin embargo, como ideología simpática y buenista, fue asumida como añadido electoral imprescindible, tanto por el PSOE como por el PP. Desde este beneplácito estratégico, se entienden las decisiones de los diferentes gobiernos respecto a las políticas energéticas y medioambientales. Asimismo, para entender mejor estas políticas infectadas de ideología, es preciso recordar que la Junta de Energía Nuclear (JEN), fue fundada en 1951, es decir, en los inicios del régimen franquista, con el objetivo de liderar la investigación de los procesos de producción y el control institucional de la energía nuclear de fisión en España, incluyendo la investigación sistemática de minerales radiactivos. En 1968 Franco inauguró la Central nuclear José Cabrera (más conocida como Zorita). En 1969 fue aprobado el Plan Eléctrico Nacional que estableció un programa estratégico para lograr un alto grado de autonomía eléctrica, mediante las centrales hidroeléctricas y las nucleares de fusión. En 1971 se inauguraron dos centrales nucleares; Santa María de Garoña y Vandellós I. En 1972 se aprobó el Plan Energético Nacional (PEN), en el que se establecía la construcción de siete nuevos reactores que tendrían que entrar en servicio entre 1980 y 1983 y aportar una potencia, junto a las centrales ya en funcionamiento, de 15.000 MWe. Dentro de este plan se encontraba la construcción de la central nuclear de Lemóniz I y II (Vizcaya), cuyas obras de construcción comenzaron igualmente en 1972.

Con lo que no contaban los impulsores del PEN era con la oposición radical de la banda terrorista ETA, junto con no pocos compañeros de viaje de la banda. El caso es que ETA perpetró cerca de 20 atentados con bomba en instalaciones de Iberduero y en las obras de la central nuclear de Lemóniz, al tiempo que extorsionaba al gobierno exigiendo la demolición de la central, a cambio de no ejecutar al ingeniero del proyecto nuclear de Lemóniz, José María Ryan Estrada, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en 1981. En 1982, ETA asesinó con premeditación y alevosía al ingeniero Ángel Pascual Múgica cuando se dirigía con su hijo a su trabajo en las obras de Lemóniz.

En 1984 el gobierno del PSOE presidido por Felipe González, reviso el PEN para reducir 5.000 MWe de los contemplados inicialmente en el PEN. La potencia eléctrica instalada del sector nuclear en España quedó reducida a 7500 MWe, un 40% menos de la expectativa inicial planificada en el PEN. En 1984 el PSOE gobernante decretó la moratoria nuclear, paralizando la construcción de cinco centrales nucleares: Lemóniz I y II (Vizcaya) con una potencia de 930 MWe cada una, Valdecaballeros I y II (Badajoz) con una potencia de 975 MWe cada una, y Trillo II (Guadalajara) con 1041 MWe.

Otros proyectos que ya habían completado el proceso administrativo para su construcción fueron paralizados: Santillán (Cantabria), Sayago (Zamora), Vandellós III (Tarragona) y Regodela (Lugo). El principal argumento del gobierno del PSOE fue la necesidad de adecuación de la capacidad de generación de energía eléctrica en España, en un periodo de caída de la demanda de energía eléctrica como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. Recordemos que el accidente de Chernóbil ocurrió el 27 de abril de 1986, es decir, 2 años más tarde que la moratoria nuclear. A finales de 1994 el gobierno de Felipe González aprobó la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). Mientras tanto, Francia construía un parque de centrales nucleares que le aseguraba el 70% de su consumo de energía.

El babel ideológico del PSOE sistemáticamente conlleva la incomprensión de la realidad sobre las necesidades presentes y futuras en economía y energía, por consiguiente, el dislate al respecto fue y es marca de la casa. Uno de los desatinos más memorables de la época, que indica la burbuja marxista teñida de malthusianismo en que habita este partido, lo protagonizó el arquitecto Eduardo Mangada. Miembro de la Federación Socialista Madrileña tras su expulsión del PCE en 1982, llegó a concejal de urbanismo con Tierno Galván para, posteriormente, ocupar la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda durante la presidencia de Joaquín Leguina. De su cosecha fue el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, en el que basándose en la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia marxista, concluyó que la crisis económica mundial de fines de los setenta y primeros ochenta era la definitiva del capitalismo y que, por tanto, Madrid no iba a crecer más. En consecuencia, declaró no urbanizable todo el suelo que separaba la ciudad del resto de municipios de la corona metropolitana. “Madrid no crece ni crecerá”, decía textualmente la Memoria del Plan, y denominó a este foso como Cinturón Verde. Y como Madrid no iba a crecer más, ¿para qué mejorar el transporte y las comunicaciones? Mangada afirmaba que no iba a aumentar el número de vehículos privados, que los ciudadanos harían en ferrocarril y autobús el 80% de sus desplazamientos. Despreció la M-40, que tildó de faraónica, y propuso como eje de transportes la llamada “J”, es decir, la M-30 inacabada y el distribuidor sur. La realidad desmintió todos sus pronósticos. El capitalismo continuó mientras que se hundía la URSS y Madrid siguió creciendo aunque el Plan Mangada encareció la vivienda, mientras muchas calles se colapsaron debido al aumento de vehículos. Menos mal que en 1997 se aprobó un nuevo Plan que derrocó aquel despropósito.

A pesar de que el PP de Aznar se escandalizó y declaró su apuesta por recuperar el plan eléctrico nacional, cuando llegó al poder apenas balbuceo el propósito de prolongar la vida de las centrales nucleares. Así, en sus programas electorales apenas se hablaba de un «mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles». Y cuando han gobernado, tanto en la época de Aznar como en la de Rajoy, una vez metidos en Moncloa; nada de lo prometido.

Por otra parte, quiero resaltar que la hemeroteca es mala compañera de viaje del climatismo. Pues resulta que si el Observatorio oficial en el volcán Mauna Loa de la NOAA que mide el CO2 de referencia atmosférica, informa que alcanzó su punto máximo para 2021 en mayo, con un promedio mensual de 419 partes por millón (ppm), resulta que hace nada menos que 26 años estábamos en 350 ppm con el «agujero de ozono» al máximo y, según el diario El País, hundidos en acontecimientos meteorológicos extremos. Si el aumento de un 20% conlleva la catástrofe anunciada desde hace décadas, debería ser un asunto discutido y discutible. Pero no lo es bajo pena de cancelación.

El ínclito Zapatero llenó los bolsillos de los espabilados que eran capaces de generar electricidad por la noche con paneles solares, para cobrar las sustanciosas subvenciones. Pero estas naderías son peccata minuta comparadas con las medidas del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Como primera medida el gobierno aceleró el cierre de las centrales eléctricas de carbón. Y aunque la Covid-19 retraso algunas medidas, a pesar de que los precios del gas natural y el petróleo iniciaban un tenebroso incremento, el gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez, apoyado parlamentariamente por los separatistas catalanes; ERC y PDeCAT, por los separatistas vascos; PNV y Bildu, por los particularistas-nacionalistas; Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria, en fin, por los escindidos populistas de Más País, en julio de 2021 aprobaron la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

La ley de marras se compromete a participar fieramente en frenar el cambio climático, a sabiendas de su incapacidad y nimiedad. Pero no repara en gastos para subvencionar una transición energética hacia el verde que te quiero verde. Nada menos que 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. Semejante cantidad se justifica con un despropósito: «Las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23 % respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050». Y los es porque establecer para dentro de 29 años la llamada neutralidad climática, es decir, la extinción del consumo de los combustibles fósiles, cuando el transporte naval y aeronáutico no tiene aún una alternativa a la vista, corona un alarde de estulticia y demagogia.

Si la demagogia resplandece desde el preámbulo de la ley, el climatismo en que se basa resulta espeluznante porque desdeña la realidad, toma por indiscutibles las proyecciones del calentamiento global antropogénico perpetradas por la burocracia de la ONU y los lobbies adyacentes, mientras que basa los objetivos estratégicos en el etéreo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Colocando la carreta delante de los bueyes, las medidas de la ley se condicionan al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ambos aún en el limbo. Pero lo fundamental de la ley es prohibir sin importar las consecuencias. En primer lugar, la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España: «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen». Pero el afán prohibitivo se dispara hasta la memez cuando a partir de la entrada en vigor de la ley, se aniquila la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, «no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas».

Pero ahí no queda la cosa. De un plumazo la ley se carga la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. 2. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas».

Recapitulemos. El gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez y sus aliados, ha limitado la vida de los siete reactores nucleares que proporcionan el 23% de la producción eléctrica consumida que irán cerrando entre 2025 y 2035. Ha extinguido la producción de carbón nacional y cerrado las correspondientes centrales eléctricas. Ha prohibido la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. Ha prohibido la fracturación hidráulica o fracking que en España se estimaba en 90 años de cobertura del consumo nacional de hidrocarburos. Por supuesto, estas medidas tan verdes del gobierno son aplaudidas por el portugués que ejerce de Secretario de la ONU y toda la dispendiosa y extensa cohorte burocrática del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, apoyados incondicionalmente por innumerables lobbies y ONGs climáticos.

Como resultado de estas medidas contra el Cambio Climático, los españoles somos los más roji-verdes, los más limpios, aunque paguemos multas a la UE por no depurar las aguas residuales, los que pronto pasaremos en el ranking de mejor país que lucha contra el cambio climático a la Noruega gran extractora de hidrocarburos, los que pagamos precios desorbitados por la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, los que pagamos como lujo el transporte, los que devenimos totalmente dependientes de países terceros y, por lo tanto, muy vulnerables teniendo en cuenta que quedamos a merced de los países que especulan con los hidrocarburos, los que, en fin, pagamos caro y pagaremos carísimo el delirio climatista de nuestros gobernantes.

Mientras tanto, China está construyendo 200 centrales eléctricas accionadas por carbón y aumentará el uso de tecnología nuclear de nueva generación, incluidos los reactores marinos a pequeña escala. Francia invertirá 1.000 millones de euros en la construcción de nuevas centrales nucleares. Similares medidas son aprobadas en Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía. Polonia se mantiene firme en el aprovechamiento de su carbón. El Reino Unido amplifica la construcción de centrales nucleares y promociona el desarrollo rápido de los pequeños reactores modulares SMR conocidos como minicentrales nucleares. Jennifer Granholm, secretaria de Energía del Gobierno de Biden, acaba de declarar que; «el despliegue continuado de la energía nuclear es esencial para afrontar el cambio climático», mientras que Bill Gates inicia la fabricación de minicentrales nucleares. Rusia se relame con el precio del gas, se carcajea de la fecha 2050 como límite de la total descarbonización y se delita con la dependencia de Alemania de su gas, país cuya dirigente Ángela Merkel tomó la cobardona decisión de limitar la energía nuclear tras el accidente de Fukushima, y ahora trata de capear el temporal aumentando, sin publicidad, las centrales de carbón. India y el resto de Asia van a su aire y no digamos el continente Africano.

Mientras un tiranosaurio se convierte en la mascota de la ONU que con voz meliflua nos alerta que los humanos estamos en peligro de extinción por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, la predicadora de la mala nueva Greta Thunberg, que parece tener hilo directo con la tierra cuando, con motivo de la costosísima conferencia climática Glasgow COP26, nos vocifera: «La humanidad no está consiguiendo detener la crisis climática. Ahora ya es más que urgente — el planeta está pidiendo ayuda a gritos». Quienes somos incapaces de oír los gritos de la madre Tierra, de Gaia o Pachamama, comprobamos que la subida de precios de los bienes y servicios está impactando de lleno en el bolsillo de las familias españolas. Familias que a final de 2021 habrán sufrido una merma de poder adquisitivo de unos 8.600 millones de euros. Mientras el clima se recalienta, nosotros nos estamos congelando y endeudando hasta el punto de dejar una losa fatal a nuestros descendientes.