Por un eficaz Instituto Nacional de Epidemiología de España

Madrid, 05/04/2020

La guerra de las mascarillas y los respiradores expone la infausta falta de estrategia sanitaria de los Estado-Nación europeos que, como organización política, tienen el mandato preferente de proteger la salud de su población. El Estado español legisló en 1855 la primera Ley de Sanidad donde se estipulaba algún recurso contra las epidemias, pero no fue hasta noviembre de 1944, apenas cinco años después de la Guerra Civil, cuando se aprobó la Ley de Bases de Sanidad Nacional sobre la: «Base única. Incumbe al Estado el ejercicio de la función pública de Sanidad». Entre los seis servicios sanitarios exclusivos del Estado previsto por esta ley, en tercer lugar, se incluía las “Luchas sanitarias”: «Comprenderán los servicios de enseñanza, estadísticas y epidemiología general, los dirigidos contra el cáncer, lepra, tracoma, enfermedades sexuales, paludismo y reumatismo y enfermedades del corazón. La campaña contra la tuberculosis se realizará en estrecha relación con el Patronato Nacional Antituberculoso. Comprenderá también éste grupo cuantos servicios se destinen a combatir la mortalidad infantil, o sea los de Puericultura, Maternología e Higiene escolar. La intervención de la Dirección General de Sanidad en materia de sanidad colonial se ofrecerá a través de estos grupos de servicios». Valorar a estas alturas la eficacia de esta ley no es sencillo porque requiere de muchas contextualizaciones, pero lo cierto es que estructuraba, con los escasos medios de la época, la batalla contra las epidemias.

La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 fue sustituida por la Ley 14/1986 General de Sanidad aprobada por mayoría absoluta por el PSOE. Con esta ley se produce un claro retroceso respecto a la salud colectiva, al priorizar la estructuración del vigente Sistema Nacional de Salud en su dimensión asistencial; asistencia a los enfermos sobre prioridad de la salud individual, esparcidos territorialmente ya que «los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado». Mientras que la ley rebaja al Estado a mero coordinador, la salud colectiva ante epidemias no tiene carácter preferente. Las grandes lagunas de esta ley se han intentado tapar con un trampantojo de leyes y reglamentos dispersos como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, Ley de Derechos del Paciente, Ley de Sanidad Animal, el Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior, etcétera, etcétera, además de las respectivas leyes autonómicas.

El Sistema Nacional de Salud derivado de la mencionada Ley General de Sanidad, luego parcialmente reformado por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, institucionalizó el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo (SICAS) con el fin de coordinar la detección, información y el apoyo logístico al Sistema Nacional de Salud en situaciones de alerta sanitaria. El SICAS estaba bajo el mando de quien fuera el titular del Ministerio de Sanidad y contaba con un grupo asesor ad hoc y un órgano colegiado para gestionar situaciones de crisis que fue bautizado Comité Director en Situaciones de Crisis y Emergencias (CODISCE). En 2004 se cambió de nombre al SICAS por Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) cuya función es el seguimiento y evaluación de la situación y al apoyo de las distintas unidades del Ministerio de Sanidad, en coordinación con la vigía desarrollada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) fundada en 1999, para gestionar los Centros Nacionales de Epidemiología y las entidades gemelas de las comunidades autónomas. En 2013 se creó un nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) que asumió desde entonces las funciones de coordinación, notificación, evaluación e inteligencia epidemiológica, sin desmontar el CCAES ni el RENAVE, aunque parece que el CCAES es el de rango superior

Cualquier examen somero de este mogollón legislativo registra contradicciones y burocracias indeseables que dificultan las medidas ablatorias para combatir epidemias. Pero ha sido ante la realidad de una epidemia cuando este sistema ha mostrado sus vergüenzas, al desnudar el sometimiento de directivos de instituciones de carácter científico-técnico, a las conveniencias de las tácticas y estrategias de quienes ostentan el poder político.

El 23 de febrero de 2020, el filósofo y veterano dirigente del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y a la sazón Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón Soria, dieron una rueda de prensa en la que Simón Soria declaró: «España está preparada para cualquier escenario posible» al tiempo que ambos descartaban la necesidad de tomar medidas restrictivas como suspender actos masivos o proponer el teletrabajo, como ocurría ya en el norte de Italia, mientras Simón Soria incidía en que: «al Ministerio de Sanidad le preocupaba más el brote de Covid-19 en Corea del Sur que en Irán». Por consiguiente, en España continuaron las concentraciones y manifestaciones de masas a primeros de marzo de 2020, a pesar que desde mediados de febrero, la Unión Europea había recomendado a los gobiernos impedir la celebración de actos multitudinarios y mantener medidas de distanciamiento social individual. Asimismo, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid informó a Delegación del Gobierno el 6 de marzo sobre el «riesgo inminente de contagio del coronavirus» si se producían concentraciones multitudinarias». El mencionado director del CCAES, Fernando Simón, como portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del SARS-CoV-2, declaró el 6 de marzo de 2020, tras ser preguntado en rueda de prensa sobre si era peligroso acudir a las manifestaciones previstas dos días después con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, después de divagar sobre la libertad de cada persona de acudir, afirmó: «Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera». Fue la respuesta que esperaba el gobierno, nada menos que el primer responsable de alertas y emergencias Sanitarias de España avalaba la posición del gobierno Sánchez de no restringir la aglomeración de personas que estropeaba sus proyectadas manifestaciones.

El 13 de marzo de 2020 había 5.232 personas padeciendo la COVID-19 y 153 habían fallecido en España, mientras que varias ministras y exministras del Gobierno que habían encabezado la masiva manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid portando guantes de látex, estaban contagiadas. Desbordado por los alarmantes datos procedentes de las urgencias hospitalarias que se empezaron a colapsar, el 14 de marzo el gobierno español ideo un “plan de choque“. Con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, la ley no permite imponer la hospitalización y el aislamiento de un enfermo o de una persona sospechosa de estarlo. Tampoco permite imponer un reconocimiento médico o la aplicación de un concreto tratamiento clínico sin su consentimiento. En realidad, la reclusión de la población española justificada por el gobierno por causa de la pandemia de la COVID-19, al constreñir las libertades públicas y los derechos personales pueden ser anticonstitucionales. No son pocos los juristas que exponen sus dudas respecto a que el paraguas del estado de alarma permita recluir y prohibir la libre circulación de las personas contra su voluntad, ni siquiera tienen claro que lo permita el estado de excepción puesto que, el último párrafo del Artículo 116 de la Ley Orgánica 4/1981 establece: «La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes».

Cierto es que estábamos, estaban, avisados. Pandemias como la crisis de las «vacas locas» (1996), la «neumonía asiática» (2002), la «gripe del pollo» (2003), el «Ebola» (2014-2016), fueron lo suficientemente serias como para haber suscitado un análisis minucioso sobre la falta de estrategia, medios legales y materiales que esa “Medicina Pública de las mejores del mundo” tenía. Por si nos faltaran problemas, resurgieron las peores prácticas egoístas de los estados nacionales que incluyen aliados y supuestamente amigos como Turquía y Francia capaces de robarnos nuestros pedidos de mascarillas y respiradores.

A pocos se les escapa que los vaivenes de los políticos y técnicos del gobierno respecto a la estrategia y tácticas de la lucha contra la COVID-19, en buena medida se deben al estrangulamiento de aprovisionamientos de artículos sanitarios de importación, en concreto: test de diagnóstico rápido, respiradores, equipos de protección individual que incluyen mascarillas homologadas, guantes y productos desinfectantes derivados del Alcohol Etílico. La escasez de estos productos es consecuencia de la dependencia y del exceso de demanda. Podemos echarle la culpa a la globalización pero nos estaremos engañando al desdeñar la realidad que en la salud es aún más evidente: sin la soberanía productiva de bienes no existe soberanía nacional. No se trata de abanderar la autarquía sino de establecer estrategias e instituciones (por cierto las normativas de la UE tampoco las contemplan) de salud colectiva que significa prepararse con todo el arsenal jurídico y material para la vigilancia y lucha epidemiológica. Para ello, parece evidente que hay que reorganizar e integrar las diversas instituciones existentes, a través de una legislación concreta, que establezca un eficaz Instituto Nacional de Epidemiologia de España, con un estatuto propio de Autonomía similar al del Banco de España, es decir, el futuro Instituto Nacional de Epidemiologia de España que considero urgentemente necesario. Sería una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada que, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, actuaría con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo al ordenamiento jurídico y con poderes de evaluación y concreción de líneas estratégicas para la prevención y tratamiento de pandemias y enfermedades infecciosas que incluirían las líneas de investigación científica, producción nacional de productos sanitarios y su almacenamiento, y la previsión de compras de productos sanitarios y medicamentos en el exterior.

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Por Pablo Rojo Pablo time to read: 7 min
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