EL HETEROPATRIARCADO POSCOMUNISTA

Escribir sobre las maquinaciones y tramoyas que se perpetran en los despachos gubernamentales y anexos mediáticos, con la que nos está cayendo a los españoles, parece una banalidad si no fuera porque el duunvirato Sánchez-Iglesias adoptó, desde el principio de la pandemia hace ya un año, «la guerra de trincheras de los tiempos modernos» contra quien no se pliegue a sus mandatos. Con el estado de excepción como venablo, el gobierno de lo que queda de España, conformado por quienes la cuestionan como nación y sustentado por quienes la quieren desmembrar o destruir, se dedica a imponer leyes ideologizadas y contubernios desbaratadores impasible el ademán ante los datos de la brutal crisis sanitaria/humanitaria, económica y social. Obviamente, son conscientes de los destrozos que están causando, pero confían que atrapando y manejando a su antojo el maná europeo, lograrán perpetuarse reinando en el clientelismo mesocrático. Un patronazgo que teje la tela de araña de lealtades al gobierno de un Estado cada día más orondo, ineficaz, costoso e inerme.

La patética representación de jueguitos de tronos rodeados de muertos, desempleados, arruinados, desahuciados y millones y millones de damnificados, al tiempo que se barrunta un futuro plagado de siniestras incertidumbres, es la prueba inequívoca de las derivas de unos políticos púberos que han enfangado a la sociedad con sus alucinaciones sectarias. Al punto que, con sus ensoñaciones populistas poscomunistas inspiradas en la Escuela de Essex, han infectado la sociedad de emocionalidad, sentimentalismo, simpleza y maniqueísmo.

Mientras que la tesis doctoral de Sánchez Castejón parece un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, las de Íñigo Errejón Galván y Pablo Iglesias Turrión se basan en el postmarxismo populista de los encumbrados predicadores de la Escuela de Essex: Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Lejos de las profundas indagaciones filosófico-economicistas de Marx, las especulaciones de Laclau y Mouffe se circunscriben en la conquista del poder mediante un arreglillo de la “hegemonía” gramsciana sazonada con peronismo montonero ligero. El truco, según la tesis doctoral de Iglesias Turrión, consiste en ir abrazando, como oso famélico, «movimientos sociales globales: antisistémicos, múltiples y postnacionales como sustitutivo de la clase social y motor del cambio social que han desarrollado sus teorías concretas». Esos movimientos “significantes vacíos y flotantes” de atribulados, son amontonados en un contrato identitario conformado por los míos y las mías, hasta lograr cristalizarlos en un bloque de víctimas acaudilladas por el líder carismático.

El capitalismo, por muy globalizado y mal absoluto que se le otorgue, no es suficientemente virulento para asentar la farsa. Así, las diferentes reivindicaciones de cada movimiento identitario de víctimas, de colonizados, de géneros y trans varios, de nacionalistas, indigenistas, ecologistas y animalistas sin fronteras contra la globalización, guiados por la superioridad moral altiva, pancartista, faltona, acusica y estridente, con una larga cambiada estalinista patentó el trampantojo llamado heteropatriarcado. Entonces, el programa del amado líder establece que; para librar a cada tribu identitaria del conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno llamado heteropatriarcado, es necesario implantar un Estado patrón en cada cultura, nación o estirpe, hasta lograr hacer del mundo una guardería en donde no falte el homicidio a petición del desesperado dolorido, suministrado por la sanidad pública única y verdadera.

En este contexto, que el patriarca rabadán de tribus disparejas situadas en posiciones disímiles sobreactúe colmado de egolatría y belicosidad, es de una lógica aplastante. A él no se le aplica la policía moral del Me Too, ni se le señala y culpa sin juicio. Es él quien señala y condena, quien desdeña su responsabilidad por la hecatombe en las residencias de ancianos, quien se otorga la potestad de designar herederos o proclamarse candidato del lugar que mejor le convenga y plazca.

En fin, recordemos que la historia está llena de iluminados voluntaristas del ¡sí se puede! que destrozaron la vida de muchos de nuestros antepasados. Impedir que la historia se repita, como tragedia o como farsa, es una obligación democrática.

ENSEÑANZAS DE UNA NEVADA «HISTÓRICA»

15/01/2021.

La categorización por medios y políticos de “nevada histórica”, causada por la borrasca Filomena, a los vejetes del lugar con memoria aún aceptable, nos parece algo pomposa y tramposilla. En realidad, ha sido un temporal que, con mayor o menor intensidad, se produce todos los inviernos en la península ibérica cuando convergen los vientos fríos del norte (conocidos como olas de frio) con los ábregos del sudoeste atlántico. Y sucedió que la borrasca Filomena, confluyó con una masa de aire fría procedente del ártico en la meseta sur, la Carpetovetónica y la franja aragonesa del Sistema Ibérico entre el 7 y el 11 de enero pasado, produciendo una intensa nevada en dichas regiones, con espesores medios de 50 centímetros. Mientras que en los pueblos los paisanos se las arreglaban bravamente con sus palas y tractores, los inermes urbanitas de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Soria, Teruel, Toledo y Zaragoza sufrimos, primero, el colapso y, luego, una paralización que, en el caso de Madrid y Toledo, perdura una semana y «alguna más» según el alcalde José Luis Martínez Almeida en declaraciones del jueves 14 de enero. El caso es que en la noche del viernes 8 de enero, en las regiones y ciudades indicadas, se suspendieron los servicios de ferrocarril, de los autobuses de línea, de los municipales y el aéreo al clausurar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las autoridades de aquí, de allá y de acullá, han justificado la prolongación de los bloqueos por hielo persistentes en demasía, aduciendo la excepcionalidad de la nevada y la permanencia de temperaturas nocturnas bajo cero, junto con la falta de medios debido a dicha excepcionalidad. Pero cuando se les evidencia la patente descoordinación e ineficacia en la conclusión del bloqueo, salen por peteneras y echan la culpa al adversario político. El culmen de la incompetencia es la redacción de la nota vigente hoy viernes 15 de enero en la página web del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: «… se está recuperando gradualmente las operaciones en las terminales T1, T4 y T4 debido a las heladas y temperaturas mínimas». Pero cuando se pregunta acerca de las causas de la penosa perturbación del aeropuerto más importante de España y el ralentí del ferrocarril al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana …, José Luis Ábalos Meco, en vez de dilucidarlos, responde irritado señalando la lamentable situación de las calles de Madrid. Bien es cierto que en la ciudad de Madrid, una semana después de la nevada, los autobuses siguen sin funcionar porque la mayoría de sus carriles siguen colmados de hielo. Además, las aceras son parcialmente transitables gracias a que porteros, comerciantes y vecinos las han ido limpiando, mientras la falta de dispersión de disgregadores de hielo como sal con arena, sal con cloruro potásico, salmuera con cloruro cálcico o mejor, acetato de calcio-magnesio, brillan por su ausencia. Así, a día de hoy solo funcionan unas pocas líneas de autobuses urbanos y en buena parte de la capital tampoco funciona el servicio de recogida de basura, mientras que la limpieza de las calles es un desiderátum.

Esta chusca realidad contrasta con los datos oficiales, tanto los del Ministerio de Fomento, del Ayuntamiento de Madrid y demás comunidades, ayuntamientos y diputaciones concernidas. De esta suerte, el Consistorio madrileño dice que puso en funcionamiento 135 máquinas quitanieves el domingo 10 de enero, 758 el martes 12 y 1.001 el miércoles 13. Esta flota invencible parece que es conducida por 6.034 operarios, suplementados por 1.200 más durante la semana «ante la lentitud en el avance de los trabajos». Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) colabora desde el sábado pasado en la limpieza de las grandes vías y accesos a hospitales y otros edificios estratégicos en Madrid, Toledo, etcétera. Con todo, el Ayuntamiento madrileño admite que el viernes 15 solo están despejadas el 25% de las calles.

 

El descuadre entre datos y resultados sería desconcertante si analizáramos con baremos productivistas privados o incluso públicos de otros países donde la función pública ha evolucionado desde el siglo XIX. Pero con la administración pública española dirigida por la miríada de políticos profesionales hemos topado. Falta de medios aducen, cuando, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid a través de los contratos actuales de limpieza viaria, dispone de «medios mecánicos sostenibles e inteligentes» que incluyen 200 camiones cisterna para mal baldear calles, cerca de 2000 operarios, además del “Plan de Nevada de la Ciudad de Madrid” y un “Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) 2020-2021”. Pero la realidad terca de los hechos indica que baldear las 9.139 calles madrileñas (992 kilómetros) con salmuera y esparcir sal durante las 24 horas del día como es necesario, con los cientos de camiones cisternas de que dispone el ayuntamiento y los miles de operarios de limpieza vial, constituye una acción ciclópea que precisa semanas. Y aunque algo más laborioso es retirar las ramas rotas y algunos árboles caídos, el que semejante tarea apenas se haya iniciado transcurridos seis días, es un índice de tortuguismo parejo al de la administración de justicia.

Mañana en la Puerta del Sol de Madrid durante la nevada de 1963.

Podría ejercer de abuelo Cebolleta y contar los recuerdos de algunas nevadas en Madrid, pero me parece más apropiado acudir al comentario del conocido veterano meteorólogo José Antonio Maldonado, quien esta mañana en la COPE ha explicado que, a pesar del cambio climático y demás relatos, las olas de frío en España son recurrentes. Claro que si la memoria histórica es frágil y subordinada, la memoria meteorológica es cortoplacista y caprichosa, por consiguiente, hay que acudir a los archivos para recordar alguna gran nevada en Madrid. Así comprobamos que algunas no son tan lejanas, por ejemplo la del 7 de enero de 2018, la ola de frío entre el 8 al 15 de febrero de 2012, o la nevada del 4 de marzo de 2011. Más comprensible es olvidarse de la catastrófica nevada de enero de 1985 con 45 provincias afectadas, las de enero y marzo de 1971 cuando 38 personas murieron por congelación, las tres seguidas de febrero de 1963, la entonces celebrada del 24 diciembre 1962 y la más duradera de «el año del frío» de Febrero de 1956. Seguramente la selectiva memoria me rebobina mis jubilosas vivencias con la nieve en 1962 y 1963, con los barrenderos madrileños empujando la nieve y los soldados apaleándola a los camiones del ejército. Es cierto que, por entonces, los soldados eran de reemplazo, muchos y poco dispendiosos, mientras que los barrenderos municipales trabajaban duro hasta que, como los serenos, en 1986 pasaron a engrosar las oficinas del Ayuntamiento por la gracia de Enrique Tierno Galván. El caso es que aquel duro trabajo permitió que los tranvías y autobuses no pararan y que los chavales acudiéramos al cole contentos y deseando salir al patio para jugar con la nieve acumulada.

Esta nevada ha caído en mal momento y sus efectos, catastróficos en muchos casos, se suman a los de la COVID-19, al rompecabezas de restricciones y medidas descoordinadas e irreflexivas, al incremento desbocado del precio de la energía y los alimentos y a la incapacidad de distribuir y aplicar con urgencia las vacunas. Estas aciagas coincidencias no pueden ser casuales ni accidentales, tienen que tener causas concretas que, aunque evidentes, los intereses espurios procuran ocultar. No hace falta ser Sherlock Holmes para advertir que la administración pública española está vetusta y sustentada sobre una organización burocrática, donde prima el corporativismo jerárquico capador de la innovación y la iniciativa, al tiempo que mantiene una dualidad estatutaria con privilegios para unas elites concretas y migajas para las bases de las innumerables pirámides y piramiditas corporales. Y todo ello sustentado en un desbarajuste retributivo caciquil e injusto, claramente desincentivador y discrecional, mejor dicho, arbitrario. De esta guisa, pululan los chollos sin merito ni capacidad que valga, pero muy bien gratificados, exponentes del atroz clientelismo. Así, la lógica del sistema no es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sobre la pauta del bien común y la lealtad institucional, sino sustentar lealtades a los jefes políticos y sus partidos como palancas impulsoras de las carreras profesionales de cada enchufado. En este campo abonado de maquinación y desaliento germina el recelo, las zancadillas, los codazos, los boicots y los escaqueos. Es, por tanto, una administración publica ineficaz y, por ende, muy cara, carísima.

LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: “Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento”.

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.

LOS PRESUPUESTOS EPIDÉMICOS LETALES

O la punta de lanza para la destrucción definitiva de los restos de sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que tiempo ha pretendimos

27/11/2020.

El pasado 15 de octubre el gobierno de Pedro y Pablo envió el Plan Presupuestario 2021 a la Comisión Europea, con el fin de acelerar la llegada del maná europeo en enero de 2021. Nada menos que 27.000 millones de € primero y pocos meses más tarde el primer albondigón de los fondos europeos para iniciar el, ¡tatatachán! mágico “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, un plan que despierta encendidos aplausos de la crème de la crème de nuestra plutocracia; los Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Ana Botín (Banco Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Florentino Pérez Rodríguez (ACS), Maurici Lucena i Betriu (Aena), Luis Gallego Martín (Iberia), Carlos Torres (BBVA) etcétera, etcétera. Todos estos y unos pocos más, llevan salivando unos meses pensando como engordarán la buchaca con el regalo avalado por los contribuyentes europeos, mientras acompañan al coro Sánchez Castejón de 23 voces más consejeros y aliados supremacistas golpistas, cantando el lied exaltado que promete 800.000 empleos (los mismitos que prometió Felipe González en 1982) y «ecosistemas resilientes a través de una transición energética justa e inclusiva». ¡Qué bonito! Trabajos dignos con salarios honestos, protegidos por todos los derechos como la igualdad de género más ecosistemas resilientes. Esto último es lo mejor puesto que después de someter a los ecosistemas a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión mediante una energía justa e inclusiva, resultará que los ecosistemas recuperarán su forma o posición original y aquí paz y después gloria. Claro que puede ocurrir, según establece la Ley de Hooke, que si a la energía justa e inclusiva se le va la mano y sobrepasa el límite elástico de los ecosistemas; cronch, zas y patapluz; tronchaos pa toa la vida.

La Ley de Hooke no puede aplicarse a las caras de cemento armado. Tampoco parece que fuera resiliente el cántaro de la lecherita del cuento de Samaniego, desde luego la pobre no tenía ni una centésima del desparpajo de la ministra de Hacienda Montero Cuadrado. Con el desparpajo insolente y el regocijo mezcla de desahogo y cachondeo que le caracteriza, la jefa del erario no disimula, como hiciera su antecesor y paisano Montoro Romero, que infla artificialmente los ingresos en su presupuesto para cuadrar el déficit, mientras nos cuenta con rotundidad de sobrada desde el Patio de Monipodio, digo desde el Palacio de la Moncloa, que el monstruoso endeudamiento del Estado español son pelillos a la mar y que sustraer 6.000 millones de euros en plena crisis económica “a los ricos y grandes empresarios” no repercutirá en los precios, como tampoco lo hará la subida del impuesto al diésel y el de los refrescos. Pues claro que no chiqui. Ya demostró Doña María Jesús en su Andalucía natal sus dotes malabares manejando el erario que, como dijo su comadre que se sienta a su siniestra en la tabla ovalada; no es de nadie … excepto de aquellos que lo manejan y disfrutan.

¡Ay los IMPUESTOS! logrados desde siempre por la fuerza coercitiva del Estado. Diezmos o décimas partes, portazgos, regalías, estancadas y gabelas, ITE, etcétera, eran calderilla comparados con los IRPF, IVA, IS, Patrimonio, Donaciones y Sucesiones, etcétera, etcétera actuales. Si amigos, confieso que viví esos tiempos innombrables en que obteniendo ingresos equivalentes pague menos del 15% en impuestos. Ahora me toca vivir tiempos en que ganado lo justito pagaré (hagan sus propias cuentas) más del 50% de mis emolumentos al Estado No soy insincero cuando declaro que no me importaría pagar lo que me correspondiera, si los gastos del Estado fueran transparentes y no estuvieran enmarañados en partidas y subpartidas aviesamente irrastreables. Me refiero a algo tan sencillo como un sistema fiscal finalista en el que cada gasto esté palmariamente ligado a cada ingreso, para que, si se produjeran como ahora despilfarros, mamoneos, chiringuitos y clientelismo, fueran descubiertos fácilmente.

Un insolidario de libro, dirán muchos. Total, estamos hablando de unos gastos que se llevan la mitad de la riqueza nacional y contienen la bomba de relojería llamada déficit y deuda pública pantagruélica. Se retrase o no el maná europeo, el gobierno de progreso propio y para familiares y amigos, en comandita con rufianes y ziztrinak nos quieren imponer un “cierre armonizador”, para extraer a los madrileños y otros fachas que no les votan, lo mismo que sustraen a catalanes y asturianos. Por supuesto, vade retro, lo de armonizar no se aplica al cupo vasco ni al navarro no sea que los aprovechateguis se enfaden y declaren antes de lo previsto la república vasca en la España “roja y rota”. Por si no tienen claro quién paga los platos rotos en cada taifa, les invito a visitar la página Dondevanmisimpuestos

Los biempensantes y pusilánimes están escandalizados por como el duunvirato se ha conchabado con los Franqueasteis para utilizar los presupuestos como punta de lanza del proyecto que conducirá a las repúblicas confederadas ibéricas o Españazuela. Asustados, comprueban las maquinaciones institucionalizadas como el Comité Ad hoc presidencial de reparto del maná europeo, los PERTE para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, la armonización educativa o Ley Celaá que impone un futuro de “pequeños camaradas” servidores fieles de cada elite de cada taifa, mientras que con la Memoria Democrática por bemoles de ley orgánica, implantan la historia oficial para blanquear y dar esplendor a PSOE, IRC, PCE y sus ramas y escisiones, PNV y sus nueces etarras, etcétera, mientras deslegitiman la Transición y la Monarquía. Por si faltaba disolventes, el ministerio de Igual da impone la «autodeterminación de género» para que sea posible que un tío con bigotazos se declare doncella e ingrese en una cárcel de mujeres tras violar a unas cuantas.

Aclaremos: los PGE 2021 son una coartada, la representación imprescindible para lograr el maná europeo, el trampantojo leguleyo justificador de imposiciones. En realidad, como el anterior de Montoro, será manipulado como plastilina nada resiliente a través de «reales decretos-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente». Por si lo dudan, recuerden que, desde el 1 de junio de 2018 en que Sánchez formó su primer gobierno hasta el momento en que escribo, sus gobiernos se han pasado por el forro la ley de estabilidad presupuestaria y los PGE de 2018 a través de decenas de reales decretos leyes de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente necesidad.

Cuando prohombres del PSOE y otras izquierdas se mesan los pocos cabellos que les quedan, preguntándose qué han hecho mal para engendrar esta prole insensata y adanista, habría que responderles a la gallega preguntándoles ¿Qué se puede esperar de quienes, desde mamoncetes han sido instruidos en que la culpa de todos sus males y las de sus recientes ancestros la tiene España, que los problemas de España no tienen solución porque España, siempre madrasta, es el problema? Con semejantes discursos y lecciones, lo lógico es engendrar Raules Castro con coletas, gudaris de pistola fácil en herriko tabernas y xarnegos arrufianados en supremacistas.

Hoy es más evidente que nunca que sin un paradigma de nación es imposible mantener un verdadero Estado democrático. Y es la falta de paradigma nacional para España la primera carencia de nuestros jóvenes gobernantes y de no pocos opositores. Malcriados por las LOECE, LRU, LODE y LOGSE, adoctrinados en el redentorismo vulgar en la universidad pública, el poner en almoneda a España no les causa remordimiento alguno, al contrario, están empeñados en matar al padre conciliador de la, para ellos, malhadada Transición. Quien no vea como estos muchachos nos conducen hacia la destrucción de los restos que nos queda de la sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley que tiempo ha pretendimos, solo puede ser un compinche. De la asquerosa Covid-19 saldremos pronto, pero de la epidemia gubernativa temo que saldremos, si salimos, tarde y con gravísimos menoscabos.

EL VODEVIL DE LOS “EXPERTOS”

En toque de queda y esperando el toque de fajina.

24/10/2020.

Pablo Rojo Barreno.

Cuando el experto oficial del gobierno de la nación en pandemias varias, declara con la simpleza habitual que a tantos encandila: «Hay comunidades autónomas que están en riesgo extremo y una que está al límite, pero no le puedo decir más porque no lo hemos estudiado en profundidad» uno se queda patidifuso y consternado. Sobre todo tras ya casi siete meses de soportar constantes apelaciones a «expertos» para justificar todo tipo de órdenes y medidas mayoritariamente despóticas por parte de nuestros gobernantes. Que semejante función se perpetre con desparpajo insolente solo es explicable por la implantación en occidente del relativismo cognitivo y axiológico desde hace, al menos, tres décadas. La expertitis aguda que padecemos en España arraigada en los ámbitos políticos, administrativos y judiciales, es un artificio derivado de la sociología posmoderna que reina en las aulas de las llamadas ciencias sociales, donde se proclama que en el conocimiento científico no existen conclusiones propiamente científicas. Por lo tanto, para los estrategas de la agitación y propaganda instalados en el elefantiásico Palacio de la Moncloa madrileño y sus imitadores en el resto de las administraciones del orondo Estado español, el experto de turno es un guiñol dirigido por un largo guante movido por personajes como Iván Redondo y sus secretarías generales, gabinetes, direcciones y altos comisionados de trolas y embelecos.

Los expertos dicen, los expertos aseguran, los expertos recomiendan, junto con las cotidianas advertencias pavorosas, son los conjuros favoritos del poder para endilgarnos todo tipo de trágalas. Poco importa si el experto evocado lo es en lunas o en traviesas de ferrocarril, lo esencial para que funcione el bebedizo virtual, no es el que aparezca un tipo o tipa en carne y hueso, todo lo contrario, funciona mucho mejor cuando son fantasmales personajes o comités secretos que imposibilite contrastar su inapelable incompetencia. Esta estrategia no funcionaría tan bien como lo hace si no fuera porque, salvo contadísimas honrosas excepciones, los profesionales españoles que ejercen una labor científica no se han prodigado en los medios para explicar a la población, con el rigor que se les supone, las medidas profilácticas contra la infección por SARS-CoV-2.

No me refiero, claro está, al papelón del conspicuo Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ni por supuesto al del ministro filósofo Illa, sino a tantos que han visto como se utilizaba su nombre en vano y a quienes deberían haber aparecido hace tiempo divulgando los datos científicos disponibles sobre la pandemia y su tratamiento, evitando adoctrinamientos y opiniones ideológicas. Así, ni no fuera por sus nefastos resultados, en este estado de arrestados sería un pasatiempo divertido adivinar del pie ideológico que cojea el experto de turno que aparece en los medios, desde el instante que iniciara su discurso. Incluso los pocos suspicaces podríamos adivinarlo tras un par de frases, mientras los listos de verdad a la tercera o cuarta palabra acertarían.

A estas alturas es lacerante comprobar que la confusión y el enredo sobre la epidemia que nos asola, reinan como si hubiera retornado la peste bubónica y las teorías de los miasmas. A los intereses creados se suman indignos lucros de todo tipo disfrazados con excelsas palabras como solidaridad y bien común. Por ello, al discurso del miedo se suma la ausencia de campañas públicas en televisión, radio y grandes medios de difusión públicos y privados, sobre asuntos tan sencillos como los tipos homologados de mascarillas según las Directivas 93/42/EEC y (CE o UNE EN 14683) 2017/745 que, para el uso cotidiano del ciudadano solo deberían ser tres: las llamadas quirúrgicas NF EN 14683 (tipos I, II y IIR filtran entre el 95% al 98% de bacterias), la NF EN 149 FFP2 (filtra el 94% de aerosoles) y la NF EN 149 FFP3 (filtra el 99% de aerosoles). Eso sí, nos avisan que las quirúrgicas son desechables y apenas duran cuatro horas, mientras que las FFP 2 y 3 solo 12 horas. Cuando uno indaga un poco sobre los materiales con que se fabrican o se deben fabricar estas mascarillas, resulta que son filamentos de polipropileno cuyos nombres comerciales son Spunbond, Meltblown, Nonwoven, etc. Y si curiosea un poco más, resulta que estos fabricados son resistentes a la luz, antimicrobianos, tienen gran resistencia a productos químicos, gran resistencia al desgarre y excelente elongación, son antiestáticos, repelen el agua y el alcohol y la temperatura de inicio de deformación es 80ºC. Entonces, ¿Cómo es que solo duran unas horas? Según las investigaciones de la Universidad de Aix-Marseille Université de Francia, el coronavirus SARS-CoV-2 sometido a 60ºC durante una hora las cepas del patógeno no se eliminan por completo, pero casi. Por otro lado, en el listado de la EPA (United States Environmental Protection Agency a la que referencia oficialmente las páginas oficiales del Estado español) uno de los desinfectantes homologados para superficies blandas (porosas) es el alcohol etílico entre 70° y 96°. Entonces ¿Por qué no se pueden desinfectar las mascarillas homologadas horneando las cepas del SARS-CoV-2, si por desventura las tuvieran pegaditas en la superficie externa, a 70ºC durante una horita o pulverizándolas con una ración de 90% de alcohol de 96º y 10% de agua destilada y, con ello, reutilizarlas durante un tiempo razonable en función de sus propiedades físicas y químicas? Ante estas simples preguntas los «expertos» balbucean sin aportar datos ni estudios concluyentes. ¿Dónde están, no se ven las subvencionadas asociaciones de consumidores? Solo FACUA, siempre solicita al poder vigente, puso en duda la calidad de las mascarillas FFP2 repartidas gratuitamente a los ciudadanos por la Comunidad de Madrid. Simultáneamente, los medios de la corrección política y el cambio climático aporrean nuestra conciencia acerca del desastre causado por los plásticos y las mascarillas que acaban en los mares. Entre tanto, el Rapid Exchange of Information System (RAPEX) de la UE, lleva meses denunciando decenas de marcas de mascarillas que no cumplen las normas de filtrado debidas pero si con la moda del momento.

Resulta que los españoles pagamos la existencia de un ministerio de consumo, cuyo titular se colocó una medallita al mérito de la igualdá, cuando impuso por decreto el pasado 21 de abril el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 0.96 euros la unidad. Este veleidoso ministro amante de la dictadura castrista, no tuvo a bien explicarnos como había llegado a esa cifra, cuando ya entonces era archisabido que; fabricantes ubicados en India vendían estas mascarillas a 0,042$ la unidad para pedidos superiores al millón. Claro que por la misma época el Ministerio de Illa compró 460 millones de mascarillas quirúrgicas a 0,75€ la unidad IVA excluido, mientras que en algunas plataformas de venta online se podían encontrar paquetes de 500 unidades a 0,22$ la unidad. Y cuando se pregunta a la desenvuelta ministra del ramo impositivo los motivos por los que los apaleados ciudadanos tenemos que acoquinar el 21% de IVA cuando compramos mascarillas, con el desparpajo que le caracteriza asegura que la UE no permite reducirlo, cuando es archisabido que la mayoría de los países han suprimido o reducido esa carga impositiva.

Mientras los fantasmales comités de expertos bullían por los despachos oficiales, a mediados de septiembre el I Congreso Nacional COVID-19, publicó un manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica y el interés general, firmado por 55 sociedades científicas españolas y dirigido a la clase política por la gestión de la COVID-19 con el eslogan siguiente: «En salud, ustedes mandan pero no saben» Enlace. Cuando me enteré de la noticia suspiré con un por fin, pero su lectura me recordó las amonestaciones de mi maestro Don Vitaliano sobre vicios tan nefandos como el truismo.

La avispada diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, hace unos días llamaba a la sensatez, a proceder «con cabeza» contra la pandemia, mientras relataba su último viaje de ida y vuelta en Iberia entre Madrid y su natal Santa Cruz de Tenerife con los dos aviones repletos, mientras los viajeros portaban mascarillas a ratos pues se las quitaban cuando comían y bebían. Al mismo tiempo, se publicó la Declaración de Great Barrington: Enlace una propuesta rubricada en el Instituto Americano de Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts. Firmada por más de 9.000 científicos y más de 23.000 médicos, propone adoptar medidas para proteger a los vulnerables mientras que quienes no lo son, deberían reanudar inmediatamente su vida con normalidad. Por supuesto, los medios antiliberales que en España son casi todos, en vez de analizar la propuesta y criticar sus probables defectos, se han dedicado a poner en duda a tantos firmantes y a hablar de profesores Bacterio –seguramente derivado del inconsciente que recordaba a un tal Simón- mientras apelaban a «lo que se sabe que funciona para controlar al coronavirus». ¿Qué funciona? Menos mal. Algo más seria es la crítica del Memorando Snow Enlace que pone en duda el objetivo de la inmunidad colectiva si no es a través de la vacunación. Bueno está que los científicos debatan pues, junto con la investigación que es el primer mandamiento para lograr el avance del conocimiento, puede mejorar el entendimiento. Aunque sería aún mejor si en este debate la ideología fura desterrara en favor de la lógica.

Mientras España sufre la mayor recesión desde la Guerra Civil, acumula el mayor déficit y deuda pública desde la recesión tras el desastre de 1898, el mayor paro real de la historia contemporánea y con los españoles confinados y atemorizados por una desordenada y oportunista gestión de la pandemia, el gobierno de la Nación confecciona los Presupuestos Generales del Estado basándose en el cuento de la lechera. Simultáneamente, lleva adelante su propósito hegemónico totalitario sobre el poder judicial con todo tipo de fullerías y correteas, la educación con la ley “Celaá” para el fomento de la ignorancia y la vagancia, de la historia con la ley de memoria democrática inspirada en la distopía orwelliana “1984” más la ley de regulación de la eutanasia inspirada en la misma obra.

Malos tiempos para la lírica … y para la ciencia.

LA VENGANZA COMO MOTOR DE LA HISTORIA

Madrid, 06/08/2020

«Que no se ha marchao, que lo hemos echao»

Alguna vez mi padre me contó, con notable exactitud, su participación, con apenas 14 años, en la jubilosa manifestación de masas acaecida en la tarde del 14 de abril de 1931 entre la fuente de Cibeles y la Puerta del Sol madrileñas, festejando la caída de Alfonso XIII y la proclamación de la II República. Según contaba, al anochecer, los manifestantes madrileños se enteraron de la salida, a toda prisa, del Monarca y su familia del Palacio Real rumbo al exilio. Entonces, los gritos pidiendo la cabeza del “Africano” (Alfonso XIII) se transformaron en un salmo revelador: «Que no se ha marchao, que lo hemos echao». Esta sentencia espontánea rebelaba algo más que satisfacción por el acontecimiento y la proclamación de un orden nuevo, era el indisimulado placer que producía a las masas la humillación al gran ofensor, la venganza final de los parias de la tierra, la placentera sensación de la vuelta de la tortilla de una vez por todas.

La reciente decisión del rey Juan Carlos I de abandonar España, seguramente se deberá a varios motivos, sin descartar el hartazgo, aunque la lectura más generalizada es la del sacrificio personal en defensa de la institución que encabeza su hijo Felipe VI. Otra versión, no menos oficial por cuanto se publica desde el Consejo de Ministros y en el Congreso de los diputados por la coalición y grupos que sustentan al actual gobierno, juzga que es una huida del culpable de no se sabe aún bien que crímenes. Y entre medias, se propaga la versión del chivo expiatorio para tapar los muchos errores del gobierno tocante a la COVID-19. Sobre estas dos últimas hipótesis, se vierten todo tipo de relaciones con algunos acontecimientos históricos a través de la mención de nombres señeros; Carlos I de Inglaterra, Luis XVI de Francia o Nicolás II de Rusia, naturalmente asociados a cabezas, hachas, guillotinas y sótanos de Ekaterimburgo. No obstante, no abundan quienes superan intenciones y nostalgias y se atreven a continuar la referencia histórica hasta enlazarla con la suerte de Danton y Robespierre y, para más inri o recochineo, describir el mismo gozo sentido por las ciudadanas tejedoras francesas con la caída de la cabeza en el cesto del ciudadano Capeto, del Incorruptible Robespierre y del Buen dictador Danton. Muchas pistas dan la evocación histórica sobre el placer de las ciudadanas tejedoras viendo cortar cabezas de los poderosos, de cualquiera de ellos pues todos, desde el Rey hasta los revolucionarios ahora traidores, eran culpables de las humillaciones y ofensas ancestrales a la plebe que, de pronto, se había convertido en masa de ciudadanos con derecho al espectáculo de hacer del pasado tabla rasa y dar vueltas a las tortillas.

Antes que Rodríguez Zapatero, Jean Paul Marat recetó «mantener constantemente al pueblo en un estado de excitación hasta el momento en que “leyes justas” lograran cimentar definitivamente al régimen revolucionario». Dicha excitación, entonces y ahora, se inculca con inyecciones diarias de odio y resentimiento, eso que algunos llaman la politización del dolor con la precaución de reservarse la exclusividad de determinar los dolores politizables y los que no lo son. Desde esta formidable presunción maniquea, las corruptelas e iniquidades de la derechona y la monarquía borbónica, ciertas o sospechadas, son las causantes exclusivas de que las clases populares sufran los estragos de la crisis sanitaria y social. De nadie más y mucho menos de quienes señalan culpables enseñoreando coleta y barba hirsuta y desgreñada, imitando a sus amados descamisados agraviados o encorbatados resentidos que les votan. Y del alago interesado al amado pueblo se pasa a la irresponsabilidad del explotado, humillado y ofendido. Por ejemplo, del que tiene que okupar la vivienda del vecino debido a que la derechona y la monarquía borbónica y nadie más, son los responsables de la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda asequible para los jóvenes. Incluso que la ocupación se haya convertido en un magnífico negocio para mafiosos, la culpa es de los propietarios abusadores, de los bancos especuladores y, por supuesto, de la derechona y la monarquía borbónica.

Juan Carlos I es responsable de toda su trayectoria como monarca, de indudables aciertos y de algunas acciones reprobables durante su senectud, pero creo que el balance histórico riguroso le será favorable. Que los gurús del palacio de la Moncloa utilicen la dialéctica del bueno y el malo, para humillar al Rey, utilizando la vieja estrategia de hacer leña del árbol caído para prender la hoguera purificadora que iguala a todos, empieza a ser arriesgado. El peligro de prender la llama de la agitación contra el chivo expiatorio, cuando objetivamente pintan bastos y el ferragosto pandémico ha secado la pradera de las sinecuras tapabocas, el que las llamas de la humillación se propaguen, como en su día comprobaron Danton, Robespierre y Trotski, no es improbable, pues sabemos que se puede prever cómo empieza la algarada pero no como termina. A propósito, hace solo unos días, el 10 de Termidor del año II, se cumplió el 226 aniversario del guillotinamiento de Robespierre.

EL HIJO DEL SIGLO. UNA NOVELA HISTÓRICA

Madrid, 01/07/2020

No fueron las críticas leídas en algunos suplementos culturales acerca de una llamada ficción documental sobre el ascenso al poder de Benito Mussolini escrita por Antonio Scurati con el título: “El hijo del siglo”, lo que me ha inducido a leerla, sino un comentario de Nicolás Redondo Terreros en el programa radiofónico Herrera en COPE en el que atestiguó el placer y asombro que le estaba produciendo su lectura y la recomendación de leerla a todo aquel que quisiera entender el fenómeno del fascismo. Semejante invitación por parte de una persona que mamó el socialismo como hijo del dirigente del PSOE y UGT Nicolás Redondo Urbieta, que de adulto llegó a secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) y abandonó con honor la política profesional, creo que merece la debida atención de quienes, como es mi caso, aún tenemos curiosidad y ganas de entender los procesos históricos recientes que, nos guste o disguste, aún influyen en nuestra vida. A este contundente motivo se suma el hecho de que haber vivido en la Lombarda y laboriosa Brescia durante los dos últimos años del siglo XX, reanimó mi interés por la historia de Italia. Por otro lado, tampoco parece casual que fascista siga siendo el improperio prominente en España, aunque se emplee con estruendosa venalidad. Así que hace unos días adquirí “El hijo del siglo”, un vademécum tamaño A5 ampliado (17×24 cm) de 819 páginas con letra normal y por ello algo incómodo para quienes, como es mi caso, les guste leer en la cama para mejor conciliar el sueño.

Buen narrador de sensaciones, sentimientos y ambientes, Antonio Scurati nos sitúa en la Italia vencedora pero arruinada tras acabar la Primera Guerra Mundial. Relegada por sus aliados, entonces Italia solo consiguió afianzar las pequeñas comarcas de Trieste, Trentino, Alto Adigio, Istia y Zara, mientras apenas recibía indemnizaciones que pudieran amortiguar la recesión industrial en las regiones trasalpinas del valle del Po, al tiempo que persistía en la tierra más fecunda de Italia el latifundismo. A la par, la Revolución Bolchevique de 1917 animaba la lucha de clases revolucionaria emprendida por el Partido Socialista Italiano, mientras que los centenares de miles de excombatientes voluntarios que se habían batido contra el Imperio austrohúngaro y Alemania en las sangrientas batallas del Isonzo y en la cruenta humillación de Caporetto, comprobaban que sus proezas bélicas eran desestimadas por los gobernantes y buena parte de la sociedad. El repudio más notorio hacia los veteranos soldados provenía de los líderes socialistas que, consecuentes con el internacionalismo proletario, se habían opuesto a la entrada de Italia en la guerra. Para los conservadores y liberales eran un incordio más que se sumaba al conflicto revolucionario liderado por socialistas y anarquistas que ponía en peligro la continuidad del régimen caciquil basado en una monarquía constitucional personificada en Vittorio Emanuele III de Saboya, Duce supremo de Italia y aquiescente con el “trasformismo” que había envilecido los principios liberales tras el Risorgimento.

Este resumen de situación histórica Scurati lo va desplegando sobre anécdotas y cavilaciones de los personajes, sobre todo de los “Camice Nere” que se van adhiriendo a los fascios (Liga de Acción Revolucionaria del Fascio, fundada en 1914 por Mussolini y De Ambris que toma el nombre fascio de los luchadores de la Roma Imperial), la mayoría voluntarios de las fuerzas de asalto de élite Arditi (Osados) quienes, como la mayoría de obreros y campesinos se encuentran en paro y hambrientos, pero dispuestos a enrolarse en las bandas de la porra del fascio “Ligas y Escuadras de Combate” que les aporten un sustento y justifique su pasado y quizá su futuro.

A las duras condiciones económicas de una posguerra desastrosamente administrada, se suman las ideologías redentoristas con los consabidos resentimientos generadores de venganzas revanchistas. La lucha de clases se vuelve despiadada y la toma del poder proletario parece estar en la punta del fusil. Así se inician las ocupaciones de fábricas y tierras que desencadena el “Biennio Rosso” entre 1919 y 1920 que Antonio Scurati disgrega en lances particulares. Pero lo cierto es que el bienio rojo fue un formidable intento revolucionario armado con su “Guardie Rosse” modelo bolchevique que defendía las ocupaciones de las fábricas y se preparaba para asaltar el poder del Estado. La condescendencia con que Scurati escribe sobre el proceso revolucionario es demasiado evidente. Apenas nombra de pasada a Antonio Gramsci, no registra su notorio liderazgo en los consejos obreros de Turín y tampoco señala la actividad revolucionaria de los anarquistas de la Unione Sindicale Italiana y de su líder Errico Malatesta, ni mucho menos menciona los escuadrones armados “Arditi del Popolo” del anarcosindicalista Argo Secondari. Y así, entre las descripciones detalladas de Scurati de decenas de episodios sangrientos y despiadados protagonizados por los fascios de Mussolini que dirigieron personajes pendencieros como Italo Balbo, surge el terrible atentado conocido como Strage del Diana ocurrido el 23 de marzo de 1921 en el teatro Kursaal Diana de Milán, donde una bomba arrancó la vida a 22 personas inocentes y causo más de 80 heridos graves. La evidencia de un atentado anarquista dirige las pesquisas hacia Antonio Pietropaolo quien, junto con otros estudiantes anarquistas, antes había incendiado la sede del periódico socialista Avanti y la central eléctrica de via Gadio. La masacre del Kursaal Diana reforzó el discurso de la utilización de la violencia política de Mussolini. Ellos, los fascistas, eran guerreros que iban a pecho descubierto a la caza de rojos y anarquistas, mientras que estos usaban la violencia traicionera e indiscriminada. Mejor que los argumentos es la intimidación puesto que la seguridad de poseer la causa justa concede la buena conciencia y permite la barbarie. Con esta fórmula, los Roberto Farinacci, Italo Balbo y demás jefes de las escuadras fascistas, seguros de la utilidad de su ideología y apoyados por intelectuales y artistas futuristas, siguieron organizando razias criminales contra militantes y dirigentes socialistas, anarquistas y comunistas sin sentimiento de culpa alguno. ¡Qué otra cosa fue la Marcha sobre Roma!

Mientras que Antonio Scurati opaca un tanto los acontecimientos históricos con anécdotas, estas le sirven para desplegar un extenso y denso relato sobre las personalidades de los líderes fascistas. Por supuesto se explaya con la de Benito Mussolini pero también describe ampliamente las de Gabriele d’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Alceste De Ambris y otros muchos. Asimismo se permite contrastar estas personalidades con las de algunos de sus adversarios, sobre todo con la del socialista Giacomo Matteotti asesinado por los esbirros de Mussolini. El problema es que ese contraste cae en un manifiesto maniqueísmo. La insistencia machacona de Scurati describiendo al machista misógino, follador obsesivo compulsivo y eyaculador precoz que, a pesar de su mediocridad intelectual, manipula masas y líderes con desenvoltura y casi siempre logra sus fines, seguramente es eficaz para presentar a un Mussolini arquetipo del líder populista y a los demás fascistas que le acompañaron como ineptos sicópatas, pero resulta grotesca como explicación histórica.

La deriva del maestro de escuela, luego periodista y director del órgano oficial del Partido Socialista Italiano Avanti, desde el socialismo marxista al intervencionismo y luego al nacionalismo corporativista, no se aborda en esta densa novela y, sin embargo, el triunfo de Mussolini en el estado caótico de una Italia colapsada y carente de perspectivas comerciales internacionales francas, no solo se puede explicar por la actividad amedrentadora de los camisas negras, también existió un discurso y un programa muy inspirado en la encíclica Rerum Novarum, de mayo de 1892 cuando dice: «Los capitalistas y los propios obreros pueden contribuir en gran medida a resolver el problema obrero mediante instituciones que ofrecerían el oportuno socorro a las necesidades y a aproximar a las dos clases entre sí. Tales son, por ejemplo, las sociedades de ayuda mutua, los múltiples seguros privados: pero ocupan, sin embargo, el primer puesto las corporaciones de artes y oficios. Muy patentes fueron en tiempos de nuestros antepasados las ventajas de dichas corporaciones. Vemos con placer cómo se constituyen por doquier asociaciones de este tipo y es deseable que crezca su número y actividad». Y sobre el programa corporativo previamente acordado, tan pronto como el 19 de diciembre de 1923 Mussolini preside la firma del acuerdo entre Confindustria y la Confederación de las corporaciones fascistas que se unificaron en un solo sindicato de patronos y obreros. Y no por casualidad en las mismas fechas en España, tras el llamado Trienio Bolchevique (1918-20) que justifica el pronunciamiento de Primo de Rivera, el ilerdense Eduardo Aunós Pérez apoyado por Juan Flórez Posada, inician el Estado Corporativo en España donde participaron el PSOE y sobre todo la UGT de Francisco Largo Caballero.

Claro que el libro que nos ocupa no es un ensayo histórico sino una novela que, sin disimulo, en vez de avisarnos de las condiciones objetivas en que se pueden producir fenómenos totalitarios como el fascismo, prefiere contarnos la miseria humana de quienes protagonizaron aquel régimen, por si de rebote al lector le aparece la figura de Matteo Salvini.

EL ESTADO EXHIBE EL OGRO QUE LLEVA DENTRO

20/03/2020

Desgraciadamente, la situación que vivimos me ha reavivado algunos ya brumosos recuerdos de mis primeros años, cuando oía a mis padres y tíos hablar con temor de las tropelías que cometían los inspectores de la Fiscalía de Tasas, de los agricultores acaparadores, de tenderos bandidos y funcionarios malhechores bien agazapados en las zahúrdas del régimen que administraban concesiones y licencias de importación, mientras los periódicos y radios divulgaban que el Consejo de Ministros había multado con millones de pesetas al gerente y otros miembros del Consorcio de la Panadería de Madrid, por tráfico ilícito de harinas procedentes del trigo argentino.

Hoy, 20 de febrero de 2020, los medios nos cuentan que aquí y allá la policía ha confiscado unos cuantos miles de mascarillas, guantes de nitrilo, botellas de soluciones hidroalcohólicas, gafas protectoras, botellas de alcohol y desechables imprescindibles para combatir el COVID-19. Verduras de la eras para camuflar la incapacidad de una máquina burocrática que a pesar de chorrear grasa por doquier, está gripada por falta de uso y energía. Como en la década de la autarquía del corporativismo franquista, la sociedad civil se ha puesto en marcha casi clandestinamente. Aquí y allá hay gentes que han empezado a fabricarse mascarillas, guantes y batas. No obstante, que en estos momentos en las farmacias no haya alcohol sanitario y muchos otros accesorios higiénicos que las autoridades dicen indispensables para contener la pandemia, demuestra algo más que incapacidad, sobre todo cuando aparece el Vicepresidente II de lo Social con nombre eclesial quien, dando ejemplo de insolidaridad saltándose la obligatoria cuarentena, se dedica a decir naderías para cubrir su ignorancia sobre el grave problema, mientras justifica sus traiciones disfrazándose por la mañana de ministro y por la tarde de Lenin agitador de caceroladas en los balcones.

Sobran las arengas demagógicas ahora más que nunca y sobre todo politizar el dolor, máxime por aquellos que se llaman progresistas y que hace solo un mes twitteaban: “que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad” al tiempo que plasmaron el contubernio con los separatistas supremacistas.

Gobiernito pinturero, pónganse de una vez a trabajar, deje de sermonearnos sobre las maravillas de lo público y permitan a la sociedad trabajar como sabe que es, mil veces mejor que lo que ustedes imaginan. No se escuden con los recortes de Rajoy ni en la corrupción del PP, ni nos cuenten milongas como la de que el virus ha venido y nadie sabe cómo ha sido, cuando hace solo 12 días nos aseguraron que era otra gripe más y animaron a las gentes a manifestarse en manada.

EL PROCÉS CONTINUA Y SUS EJECUTANTES YA VEN LA META

Y PRONTO LA ALCANZARÁN SI SEGUIMOS UNCIDOS A LA MISMA NORIA

Pablo Rojo Barreno

24/10/2012

Las coacciones, actos vandálicos y agresiones terroristas perpetradas en Barcelona y otras ciudades de Cataluña por las bandas de los CDR y demás tsunamis de fanáticos escamots que emulan a los borrokas de Arnaldo Otegi, abrigadas por el gobierno de la Generalidad de Cataluña y los partidos políticos separatistas que lo integran o apoyan, tras la sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, han evidenciado, una vez más, una verdad de Perogrullo: Que para destruir un Estado es imprescindible recurrir a la violencia. Siempre. También es una constante que los golpistas, por raciones obvias, esconden o disimulan sus arteras estrategias y tácticas de uso de la violencia, del terror como arma ideológica e instrumento para imponer su credo, que va desde el “escrache” al disidente a la guillotina jacobina, en función de las necesidades del golpe de Estado y su consolidación.

A los guardianes de las historias oficiales “de los pueblos de España” ayer y hoy de la “nación de naciones” no les gusta que se recuerden algunos detalles de nuestra reciente historia, pero a veces conviene hacerlo. Así, después de la experiencia de tres intentos de disgregar España por la brava por parte de los secesionistas catalanes (1873, 1931 y 1934) y el colaboracionismo de tantos patriotas catalanes con la dictadura franquista, el poco honorable Jordi Pujol Soley ideó una estrategia pseudo-gandhiana diciendo paz donde quería decir guerra. Me refiero, claro está, al plan diseñado con premeditación y alevosía titulado Programa 2000. Dicho programa fue planeado en 1989 sobre la iniciativa de Pujol y redactado por el maestro de escuela Ramon Juncosa Ferret, a la sazón director general de Evaluación y Estudios del departamento de Presidencia de la Generalidad y luego Director general de Ordenación e Innovación Educativa de la Generalidad de Cataluña. Concebido como plan estratégico secreto, una parte sustancial de este programa fue publicado por el Periódico de Cataluña y El País el 28 de octubre de 1990, y años más tarde su contenido completo por El Triangle en internet.

Como pueden comprobar, el Programa 2000 es un detallado proyecto para someter a la población de Cataluña a un proceso de adoctrinamiento, con el fin de conseguir una identidad catalana inequívoca, acorde con el plan de construir una nación y seguidamente un Estado. Su calendario establece la secuencia ascendente de inmersión de toda la población a la lengua catalana, imponer un relato histórico y antropológico que justifique “Un sol poble, una sola nació: ¡Catalunya!” hasta la consecución del Estado Catalán. La fabricación de relatos, superestructuras y estructuras que faciliten el objetivo final, precisa el uso de un poder considerable en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en aquellos que pueden configurar el planificado “bloque histórico” teorizado por Antonio Gramsci, compuesto fundamentalmente por los intelectuales orgánicos, las cofradías integradas en una función pública en constante expansión, sobre todo en la educación, dirigentes y beneficiarios de los organismos e instituciones culturales, de los oligopolios mediáticos que incluyen los dispendiosos medios públicos, los dueños de los sindicatos, en fin todos los restantes chiringuitos dependientes del clientelismo institucionalizado. El bloque histórico hegemónico ideado por los nacionalistas supremacistas catalanes, es dirigido y controlado por la burguesía oligárquica catalana (inequívocas son las patronales Foment, la Cambra, Cecot y Pimec) a través de sus elites políticas constituidas en punta de lanza del Procés.

La monopolización del uso de la lengua catalana en la administración y la enseñanza es la herramienta principal del Programa 2000, pues permite trasmitir dichos mensajes y blindar a la oligarquía de catalanes puros, al tiempo que van integrando, generación tras generación, a la mesocracia y a una clase trabajadora un tanto reticente y contaminada de españolismo. También se recupera, adaptado a las circunstancias y disimulando un poco el inequívoco supremacismo, pero acentuando mucho el victimismo, el discurso catalanista basado en la alianza entre alta burguesía, clero y élites culturales que establecieron los: Valentín Almirall Llozer, Mossèn Jaume Collell Bancells, Pompeyo Gener Babot y Doméne Martí Juliá, que establece el principio indiscutible de que Cataluña es una nación y España un Estado fallido poblado de gentes inferiores que roban al industrioso e inteligente pueblo catalán. Las frases contundentes de los líderes supremacistas lo corroboran: «La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia» suele combinarse con el “Espanya ens roba”. Pero lo que pienso que debemos de tener claro ya a estas alturas, es que el Programa 2000 ha sido exitoso, gracias a los formidables poderes de la Generalidad de Cataluña cosechados año a año del pródigo sembrado de oportunismo cortoplacista de todos los gobiernos de España desde 1982.

Repasar el Estatuto vigente que instituye la Generalidad de Cataluña es un acto rayano con lo heroico pues enseguida percibes que estás ante un texto parecido a un artefacto explosivo con detonador temporizado. Sin embargo, creo que junto con el mencionado Programa 2000, el ojearlo es instructivo para entender mejor la situación que vivimos.

La Generalidad catalana es un entramado institucional pantagruélico con potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas exclusivas dignas de un Estado intervencionista modelo francés. Sin pretender ser exhaustivo, quiero reseñar que son de potestad exclusiva de la Generalidad de Cataluña el catalán como lengua oficial de Cataluña con uso preferente (realmente exclusivo) en las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, además de lengua vehicular en la enseñanza. Le siguen como potestades exclusivas: educación, cultura, sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos, vivienda, turismo, deporte, juventud y tiempo libre, derecho civil, organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat y de los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito local, radio-televisión pública de la Generalidad y medios de comunicación dependientes, transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña con independencia de la titularidad de la infraestructura, cuerpos de policía formado por Mozos de Escuadra y Agentes Rurales, organización territorial, distribución de subvenciones propias, estatales y comunitarias europeas, servicios sociales, agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales, agua y obras hidráulicas, caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero, régimen jurídico de asociaciones, fundaciones y ONGs, cajas de ahorros, planificación, ordenación y promoción de la actividad económica, comercio, ferias, consumo, regulación de la actividad publicitaria, cooperativas y economía social, promoción y defensa de la competencia, corporaciones de derecho público y profesiones tituladas, colegios profesionales, academias, cámaras agrarias, cámaras de comercio, de industria, de navegación, protección civil, notariado y registros públicos, obras públicas que se ejecutan en el territorio de Cataluña, competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual, protección de datos, juego, apuestas y casinos, ordenación del territorio y del paisaje, del litoral, urbanismo espacios naturales, servicio meteorológico propio, consultas populares, acogida de las personas inmigradas, puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte en el territorio de Cataluña que no tengan la calificación legal de interés general o estatal. Además, ejerce innumerables competencias compartidas con el Estado destacando, entre otras, la competencia ejecutiva de la legislación del Estado en materia penitenciaria que incluye la totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria, especialmente la dirección, la organización, el régimen, el funcionamiento, la planificación y la inspección de las instituciones penitenciarias de cualquier tipo situadas en Cataluña, acciones con proyección exterior de carácter internacional, políticas de género, energía, minas, mercados de valores y centros de contratación situados en Cataluña, seguridad social, competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, etcétera, etcétera.

Un Estado dentro del Estado con extraordinaria capacidad lisonjera y coercitiva. Con un programa estructurado para convertirse en Estado soberano, los gobernantes de la Generalidad de Cataluña y sus aliados han construido el mencionado bloque hegemónico, donde la elite burguesa dominante catalana cuenta con aliados subordinados para ejercer su hegemonía, imponer su ideología nacionalista supremacista y sus intereses. Así, los intelectuales orgánicos, partidos y sindicatos han establecido como dogma que primero es la nación y luego todo lo demás. La punta del iceberg del bloque que controla y dirige la sociedad catalana son la Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y medios dependientes de las subvenciones, artistas, deportistas, patronales y sobre todo la enseñanza. «En Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado. Las tenemos listas” declaró la ex consejera de enseñanza del Gobierno de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, Clara Ponsatí Obiols, huida a Bruselas con el ex presidente Puigdemont y ahora refugiada en Escocia.

Con semejantes mimbres, el proceso soberanista de Cataluña productor de la declaración unilateral de independencia solo era una cuestión de oportunidad, es decir, esperar un momento de debilidad y crisis en España como antes hicieron en marzo de 1873 proclamado el Estado Catalán el anarquista malagueño José García Viñas y el médico socialista francés Paul Brousse, en abril de 1931 el teniente coronel del ejército español de temprana ideología carlista Francesc Macià Llussà proclamado unilateralmente la República Catalana al tiempo que proclamaba; «de aquí no nos sacarán sino muertos», en fin, ya con el primer estatuto de autonomía en plena vigencia el 6 de octubre de 1934 el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys Jover, aprovechando la huelga general revolucionaria organizada por PSOE-UGT y PCE, a la que en Cataluña se sumó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proclamó el Estado Catalán dentro de una inexistente República Federal Española, proclamación derrotada manu militari por el gobierno legítimo de la Republica que costó unas cuantas vidas.

Algunos pensamos ingenuamente que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española vigente, más las condenas a los sediciosos, llevarían a los separatistas a la reflexión sobre si su ideología y sus estrategias políticas eran adecuadas para estos tiempos y circunstancias. Nos equivocamos. Sus propósitos secesionistas son firmes porque su ideología así lo impone. La amenaza de Joaquín «Quim» Torra Pla y sus adláteres: «ho tornarem a fer» es mucho más que el desahogo altanero de un Presidente imbuido de mesianismo. Es, ni más ni menos, una disimulada manera de decir, lo seguimos haciendo pues sabed que Cataluña es una unidad de destino en lo universal. Porque mientras que la Generalidad de Cataluña sea un Estado dentro del Estado y esté controlada por el bloque separatista, gobiernen coaliciones de partidos claramente secesionistas o coaliciones con el PSC, Comú-Podem y demás entreverados, el golpe continuará.

Constatar la realidad es muchas veces desagradable, incluso espantoso. Quizá por ello persisten las llamadas al dialogo hasta nuestra extinción nacional, las propuestas extravagantes de dividir Cataluña en Tabarnias varias o las propuestas más rotundas que piden la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, la Ley de Seguridad, el estado de excepción y tipificar como delito la convocatoria ilegal de referendos. Pero aun estas medidas más contundentes, en el fondo no son otra cosa que analgésicos de urgencia ante un proceso metastásico, cuyo tratamiento no puede continuar siendo las cataplasmas en forma de más madera para los incendiarios. Quizás un 155 para todos y para siempre nos pueda desatar de la noria suicida en que nos encontramos.