desempleo

TRABAJAR EN ESPAÑA

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O UNA NOCHE EN LA ÓPERA

Pablo Rojo Barreno.

La Ministra de trabajo que descubrió los ERTE y el contrato fijo-discontinuo de la Reforma Laboral de 2012 del PP, está satisfecha por las chulísimas consecuencias de su minireforma laboral. Tras este éxito, se ha lanzado sin paracaídas a la consagración de la matria que suma, desdeñando a la femenina patria, esa que algunos oímos su aflicción. Aunque para aflicción, esos más de 13.000 millones de déficit que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incurrido en los últimos dos años. Y mientras escribo estas líneas, el gobierno presidido por Sánchez Castejón, ha decidido transferir a la Seguridad Social 19.888 millones de euros más (deuda) a los 36.502,6 millones de hace apenas un año, para tapar el agujero que supondrá su empeño (electoral) de actualizar las pensiones con el IPC en 2023. Por supuesto, el gobierno echa la culpa de estos déficits a la pandemia y a la guerra de Ucrania.

Algunos malintencionados intentan desprestigiar el contrato de trabajo fijo-discontinuo por camuflar las cifras reales de desempleo. Que lo hace no hay duda puesto que; cuando al trabajador se le comunica que sus servicios quedan congelados y deja de trabajar, para el SEPE no consta como parado sino como “demandante de empleo no parado … una situación similar los trabajadores en ERTE, no trabajaban pero no estaban en el paro«. Con todo, hay que reconocer que este modelo de contrato mejora algo la continuidad del puesto de trabajo, respeta la antigüedad, permite acceder a la indemnización por extinción de contrato, y, probablemente, reducirá la tasa de temporalidad a largo plazo. Sin embargo, sigue conservando muchas lacras de los contratos temporales, por ejemplo, cuando las entidades de crédito no lo equivalen al contrato fijo indefinido.

Coherente con la obsesión reglamentista e intervencionista característica del gobierno presidido por Sánchez Castejón, el Real Decreto-ley 3/2022 impone cinco modalidades de contrato fijo discontinuo: estacional, intermitente, adscrito a contratas o concesiones, empresas de trabajo temporal y sector público. Estos contratos pueden ser por jornada completa o parcial, siendo estos últimos los que más se firman. Es obvio que en todos los casos, en algún momento el trabajador dejará de trabajar y pasará a engrosar el paro. Por otro lado, los tribunales laborales han considerado que no puede ser fijo discontinuo un trabajador que ha prestado servicios todo el año. El laberinto leguleyo se expresa fehacientemente cuando se comprueba que; la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España, ha publicado para el 2022 nada menos que 47 modelos de contratos de trabajo, de los que 5 son para fijos-discontinuos.

Teniendo en cuenta que el suflé de estos contratos acaba de empezar, no hace falta tener mucha imaginación para prever que cuando la temporada turística acabe, un porcentaje considerable de trabajadores fijos-discontinuos pasarán a cobrar el seguro de desempleo en función de sus circunstancias personales. Estamos hablando de alrededor de un millón de trabajadores con jornadas de trabajo dispares. Si la bomba de relojería de las pensiones públicas (en julio supuso 11,8% del PIB) es manifiesta, el aumento del gasto por desempleo es algo más que un petardo, aunque las cifras oficiales nos lo camuflen.

Acostumbrados a sufrir un desempleo aciago desde hace cuatro décadas, apenas nos preguntamos como otros países de economías y riquezas naturales similares o incluso más exiguas, mantienen tasas de desempleo mucho menores y ahorran un dineral en miseria y gastos. Una respuesta sencilla la tenemos en la más católica que nosotros Irlanda, país también miembro de la UE donde los contratos de trabajo no están tipificados, por lo que los términos y condiciones del empleo dependen del acuerdo que se establezca entre el empleador y el trabajador. Esta sencilla fórmula junto con bajos impuestos, les ha permitido que estando emparejados con nosotros respecto al PIB per cápita hace 24 años, hoy (datos de 2021), con 84.940 € de PIB per cápita tripliquen con creces nuestro flaco 25.460 €, mantengan una deuda del 56% del PIB frente al 118,4% del PIB de España, al tiempo que mantienen una tasa de desempleo del 4,8% frente al 13,7% nuestra.

Mientras la ministra de Educación y Formación Profesional y actual portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría encuentra los puntos de fuga de la perspectiva de género en las matemáticas, les propongo analizar con un ejemplo las peculiaridades del contrato de trabajo fijo-discontinuo.

Parece que este contrato se está utilizando masivamente para la contratación de conductores de autobuses de transporte escolar. Debido al extenso calendario de días no lectivos, fiestas locales, vacaciones de navidad (entre 18 y 20 días), semana de carnaval, semana blanca, Semana Santa y vacaciones de verano de 5/6 semanas, el contrato fijo-discontinuo es el preferido por las empresas. Así, los conductores de autobuses escolares pasan al paro en verano y navidades porque las empresas de transporte escolar ahorran un pico en salario y cotizaciones a la Seguridad Social. Veamos; la retribución se establece por un salario base más complementos, pluses y las dos gratificaciones extraordinarias de junio y navidad. Tomando la media de varios convenios colectivos, obtenemos que un conductor de autobús escolar tiene un salario bruto mensual de 1.920,00 €/. A este salario hay que añadir las mencionadas pagas extraordinarias y los correspondientes impuestos. Es decir: 320,00 € por pagas extraordinarias, 150,08 € de cotización por desempleo (5,50 %), 528,64 € por contingencia común de la S.S. (23,60 %), 4,48 € por el FOGASA (0,20 %), 84 € por accidente de trabajo y enfermedad profesional (3,75 %) y 13,44 € (0,60 %) por formación profesional. Costo total mensual para la empresa: 3.020,64 €.

PARADOJAS: Cuando la empresa aplica el contrato fijo-discontinuo mandando a su casa al conductor de autobús escolar 20 días en navidad y 5/6 semanas entre julio y agosto nos encontramos con las siguientes paradojas:

La empresa de transporte escolar se ahorra 1.890,45 € en Navidad y 4.050,96 € en verano de salario e impuestos al trabajo, sin embargo, sacrifica la posibilidad de rentabilizar su autobús durante esos dos periodos.

El conductor “disfruta” de las mismas vacaciones que los maestros, aunque ve reducido su salario real a unos 1200,00 € al mes durante 2 meses (en función de varios parámetros como cotizaciones anteriores, hijos, etc,) y solo si tiene derecho a la prestación contributiva, es decir, el paro que se concede por tener 360 o más días cotizados en los últimos seis años, seguirá cotizando a la Seguridad Social para su futura jubilación. En todos los casos, no cotizará por desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional, fondo de garantía salarial y formación profesional.

El Estado español y en concreto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace un pan como una tortas con este sistema. Así, ha recibido un total de 1.508,00 € durante el año y tendrá que pagar unos 2.400,00 € en prestaciones de desempleo más costos administrativos de personal y financieros.

Ante este panorama de perspectiva poco halagüeña, he revisado los incentivos fiscales y bonificaciones estatales para fomentar la contratación indefinida. Hay unos cuantos que bonifican total o parcialmente la cuota empresarial a la Seguridad Social. Los más generosos que pueden durar hasta tres años, son los contratos para la formación y el aprendizaje. Menos generosos son los dedicados a las conversiones de contrato de formación en alternancia en indefinido, los contratos de prácticas en indefinidos, las bonificaciones a la contratación de personas mayores de 45 años, para contratos indefinidos de parados de larga duración, colectivos en riesgo de exclusión y víctimas de diferentes circunstancias, así como para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En realidad, la única fórmula archidemostrada para estimular la contratación laboral indefinida, es la reducción general de los impuestos al trabajo, junto con la mencionada fórmula irlandesa de contratos de trabajo no tipificados y burocratizados.

Aunque es de sobra conocido el banal concepto que tienen demasiados políticos acerca del erario; «Estamos manejando el dinero público y el dinero público no es de nadie» despachado por la ínclita Carmen Calvo, el despilfarro del dinero que los contribuyentes están obligados a proveer al Estado es una canallada, aunque se disfrace con la empalagosa y demagógica redacción actual del BOE. 16 páginas antes del Dispongo tiene el Real Decreto-ley 32/2021 que arranca por la típica y tópica muletilla adaninsta: «Completar de una vez por todas la transición de nuestras relaciones laborales hacia un modelo más justo y garantista es el gran objetivo de esta reforma». De una vez por todas, escriben impasible el ademán.

Quienes defendemos el modelo de relaciones laborales claras, sin reductos privilegiados para unos pocos, sin letra pequeña ni recovecos, flexibles e indefinidas salvo para los casos concretos bien conocidos, sin intervencionismo estatal como en Irlanda, junto con el cambio de la indemnizaciones por despido por el modelo conocido como “Mochila Austriaca” vigente también en Dinamarca y Suecia, las jerigonzas burocráticas de nuestra legislación laboral nos parecen trabas destructoras de empleo y de dignidad (ver Nota Mochila Austriaca).

Nota sobre la Mochila Austríaca: Se trata de un sistema de protección para el trabajador asalariado, en que las empresas aportan el 1,53% del salario bruto de cada empleado a un fondo de capitalización o caja de prevención laboral, un importe que el trabajador se lleva consigo cuando cambia de compañía o se queda en situación de desempleo. Es el trabajador quien puede decidir si lo sigue acumulando para su posterior jubilación o si lo capitaliza para afrontar la nueva situación del paro. Para el trabajador hace las veces de indemnización y complemento a su pensión y solo él decide qué hacer con ese capital.

EL ESTADO Y LA PRODUCTIVIDAD

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De cómo la adiposis del Estado intervencionista, frena el incremento de la productividad generadora de empleo y riqueza.

14/04/2022.

Cuando España empieza a hundirse en la estanflación (estancamiento económico y elevada inflación), la inapelable subida de los tipos de interés aumenta el coste financiero del Estado empresas y familias, al progresista sistémico le pereceara insolente e inoportuno aludir a la productividad del trabajo, en vez de culpar de los estragos que sufrimos a la guerra de Ucrania o a la pertinaz sequía.

En verdad, para los sindicatos clasistas y la izquierda en general, mentar la productividad del trabajo equivale a la bicha, pues supone la constatación del error de Marx respecto a sus cálculos sobre “la fuerza productiva del trabajo” y sus “leyes”; derivadas de la crítica a la tasa del plusvalor y la tasa de la ganancia de David Ricardo. Así, Marx dedujo una «Ley de la Pobreza Creciente» que establece que en el sistema capitalista, los asalariados por cuenta ajena sólo reciben el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia. De este corolario cientificista, Marx conjeturó la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia que descubría el virus intrínseco que aniquilaría el sistema capitalista.

Teniendo en cuenta que Marx no pisó una fábrica en su vida y que su correligionario Engels, solo visitaba la de su padre en Manchester para recoger un notable peculio, aunque desde 1850 no tuvo más remedio que ejercer de comerciante de la bolsa londinense, si bien tuvo el tiempo libre suficiente para cazar zorros, hacer crítica literaria y, sobre todo, teorizar con su amigo Marx la revolución proletaria, sin impedirle ejercer de distinguido caballero victoriano que practicaba esgrima y equitación, resulta lógica la ignorancia de los padres del socialismo-comunismo sobre el progreso de la productividad como núcleo del sistema productivo, en las sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada y existe libertad comercial. Así, en vez de confirmarse el augurio marxista descrito en la mencionada Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, las sociedades sustentadas en la propiedad privada y el comercio libre fueron incrementando la productividad desde finales del siglo XIX y, con ello, la riqueza que condujo a su reparto a través de los salarios. Donde sí se cumplió con creces la Ley de la Pobreza Creciente fue en la URSS, y se sigue cumpliendo en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Pero ¿a santo de qué evoco en este momento la productividad del trabajo y la relaciono con el Estado? Quienes hemos tenido que dirigir una industria fabricante de equipos, sabemos que la productividad del trabajo es, junto con la innovación y la optimización de recursos, los ejes fundamentales para la sostenibilidad y el progreso de la empresa y sus trabajadores. Así, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para obtener dicha producción.

Entre los factores que determinan la productividad laboral destacan los siguientes:

A. Salario (ver salario mínimo y otras intervenciones estatales) ¤¤.

B. Capacidad del trabajador (derivada de la formación) ¤¤.

C. Legislación laboral ¤¤¤.

D. Impuestos al trabajo ¤¤¤.

E. Impuestos de Sociedades (IS) y Actividades Económicas (IAE) ¤¤¤.

F. Seguridad jurídica ¤¤¤.

G. Precio de la energía ¤¤.

H. Precio de las materias primas ¤¤.

I. Bajas laborales por enfermedad o accidentes ¤¤.

J. Organización de métodos productivos.

K. Maquinaria y métodos de producción eficientes.

L. Motivación laboral.

M. Equipamiento y recursos.

N. Entorno.

O. Liderazgo.

P. Diseño de los productos o servicios.

Q. Calidad y estado de la maquinaria.

De estos factores se evidencia que C, D, E y F dependen directamente del Estado, mientras que A, B, G, H e I lo son parcialmente. Por lo tanto, la productividad del trabajo en España está condicionada por legislaciones muy variables e impredecibles en el tiempo y unos impuestos que rozan lo confiscatorio.

Por otro lado, las estadísticas oficiales apenas distinguen la productividad aparente del factor trabajo (PAT) del sector público y el privado. Un indicador fehaciente luce cuando se comprueba que en España, durante los últimos 35 años, el sector público ha mantenido un gasto promedio entre el 42% del PIB de la época de Felipe González y un 50% del PIB actual con ligeras vaguadas del 38,2% con Aznar y el 41% con Rajoy. Actualmente, sobrepasando el 50% del PIB de gasto, el Estado español aporta el 16% del PIB, mientras emplea a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Es decir, el Estado español maneja la mitad de la riqueza nacional pero apenas aporta el 16% a dicha riqueza con los servicios que presta: administración pública, justicia, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales. Y, sin embargo, las estadísticas oficiales estiman que el incremento de la productividad del sector público español es superior al privado, a pesar de que, según el INE, en 2018 el sector privado aportó el 84.2% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con 16,7 millones de empleados, en tanto que el sector público el 15.8% con 3,4 millones de empleados.

Entonces ¿Por qué la productividad del trabajo en España (PTF) lleva empantanada desde 1985?. ¿Acaso este hecho tiene una relación directa con ser el país que, junto con Grecia, que desde entonces encabeza el ranking mundial de paro de los países desarrollados, con una tasa media del 12,6%, más del doble que la media de los países de la OCDE y el triple del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), donde la media es del 4,2%? ¿Por desventura existe una relación directa entre el aumento del gasto del Estado, la baja productividad, el delirante sistema educativo y el enorme desempleo sistémico?

Del gráfico siguiente se pueden deducir algunas conclusiones importantes.

Por ejemplo, que ni el alto desempleo ni la baja productividad en España, son una maldición de los dioses ni una predestinación por tara racial, puesto que entre 1954 y 1975 se produjo una impresionante aceleración del crecimiento del PIB, atribuible casi exclusivamente a la productividad laboral (5,8% de crecimiento del PIB del 6,2%).

Entre los innumerables estudios sobre el estancamiento de la productividad en España durante los últimos 37 años, se puede distinguir algunas explicaciones parciales, entre otras destacan la reducción de la industria con la entrada a la Comunidad Económica Europea, el bajo gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la escasa inversión en capital intangible debido a, entre otros, a la regulación del comercio minorista, los costos de creación de empresas, la falta de flexibilidad del mercado laboral, los altos impuestos al trabajo, la ineficaz legislación sobre quiebras, los lentos procedimientos judiciales, los subsidios y el “amiguismo” que han conducido a extravagantes asignaciones de capital, bajas inversiones en intangibles, mientras que los sectores que crearon más empleos (construcción y servicios), tuvieron una menor productividad laboral que la industria con un crecimiento mucho más lento del producto por hora trabajada, lo que explica inversiones especulativas puntuales y escasa innovación tecnológica. Sin duda, estas explicaciones responden a la realidad aunque apenas sugieren el dato fundamental; la relación entre el estancamiento de la productividad y el aumento del tamaño del Estado español, incluida la enorme deuda contraída.

Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.

Pues resulta que el año pasado, la masa salarial de las administraciones públicas españolas superó todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, es decir, el 27% del total del presupuesto de 550.484 millones de euros (un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020) que se comió la mitad de la riqueza producida. No piensen mal de la coalición Frankenstein que aprobó semejante cifra, ni apelen al clientelismo al constatar que los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. Trabajar en el sector público supone ganar 10.500 euros más al año de media.

Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.

Si la adiposis y el intervencionismo del Estado frena el incremento de la productividad y, si el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país solo se logra con el crecimiento sostenido de la competitividad, es decir, cuando la mejora de la productividad del trabajo permite a las empresas generar valor añadido y con ello empleo bien remunerado, el diagnóstico de la situación actual de España parece obvio.