Despilfarro, latrocinio, ineptitud y cerrazón ideológica han sido los ingredientes que han conducido al desastre.
Con el título: «La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas de SantAna que ya eran suyas», el 4 de junio de 2023 ABC publicó una noticia poco novedosa. De hecho, es un capítulo más de la historia del latrocinio, despilfarro e ineptitud resultado de la intervención de la Junta de Andalucía dirigida por la banda del PSOE en Santana Motor. Estos bandidos politicastros y sindicalistas rateros no solo quebraron una empresa que en otro tiempo fue ejemplar, además, con ello pulverizaron las industrias auxiliares de la provincia de Jaén y, en buena medida, de Andalucía. El capítulo que ahora riza el rizo del latrocinio proviene de que «un juez investiga un “irregular sistema de financiación” de SantAna Motor a través de la compraventa de inmuebles. Hay ocho antiguos cargos imputados por gastar 140,3 millones en total en una fábrica inviable de titularidad autonómica».
Para enfocar debidamente la importancia de este lamentable suceso, es imprescindible recordar que desde hace años y como consecuencia de la mencionada intervención y adquisición por parte de la Junta de Andalucía de la empresa SantAna Motor S.A. en 1996, concluida con su quiebra en octubre de 2018, las comarcas de Sierra Morena que incluye Linares y La Carolina y La Loma son las regiones de España con el índice de desempleo más alto. Este nefasto episodio, debería servir de lección a quienes desde el gobierno de España insisten en la imperiosa necesidad de implantar supermercados, bancos, compañías eléctricas, inmobiliarias, telefónicas y farmacéuticas públicas.
En realidad, el intervencionismo del PSOE y sus adláteres en la economía mediante la implantación de un capitalismo de amiguetes woke, se plasma cada día con programas como: “Los convenios de transición justa” que, con nuestro dinero, pretenden resolver los graves problemas que ellos mismos han generado. Así, como buenos traficantes de ideologías redentoristas, siguen vendiendo la burra coja de su estupenda y solidaria gestión. La misma que llevó el régimen del PSOE, ese “partido de Estado” que rigió Andalucía entre 1978 y 2019.
Sucedió que tras despilfarrar cerca de mil millones de euros de los contribuyentes españoles, la Junta de Andalucía no tuvo más salida que liquidar Santa Ana Motor en octubre de 2018. En realidad, habían pasado ocho años desde su cierre tras el fracaso industrial ideado por el equipo de Gobierno del expresidente socialista Manuel Chávez, que nacionalizó la empresa tras la marcha de los japoneses de Suzuki en 1996, un proyecto que mantuvieron sus sucesores, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Ni un solo puesto de trabajo directo o indirecto (se cerraron decenas de talleres auxiliares) fue salvado.
Si no fuera tan trágico, el hundimiento de SantAna Motor podría considerarse una victoria del antifranquismo sobrevenido.
El histórico distrito minero Linares-La Carolina que en 1899 llegó a contar con 1001 minas (“Las minas de Linares” de Francisco Gutierrez Guzmán) de donde se extraían plomo y plata, más decenas de fundiciones y talleres, con la llegada del ferrocarril y hasta después de la I Guerra Mundial constituyó un foco industrial de gran importancia para España. En 1917 la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya de capital mayoritario francés, se hizo con la fundición más importante de la zona y controló con ello las minas más rentables. Sin embargo, la competencia internacional y el agotamiento de los mejores filones, produjeron una decadencia notable del sector, sobre todo al terminar la II Guerra Mundial.
La decadencia industrial y agrícola más los pavorosos índices de miseria y analfabetismo en las provincias de Badajoz y Jaén, fueron los motivos del gobierno franquista para aprobar el Plan Badajoz en 1952 (regadíos y pueblos de colonización) y el Plan Jaén en 1953 más enfocado en la industrialización. Al socaire de las facilidades que proporcionaba el Plan Jaén, un grupo de empresarios encabezados por el joven Ingeniero del ICAI, Alfredo Giménez Cassina y Antonio Sáez de Montagut invirtió 3 millones de pesetas para producir 1.000 máquinas agrícolas. Enseguida construyeron una fábrica en los terrenos de una antigua finca llamada Santa Ana ubicada en las afueras de Linares. Poco después, y ante las buenas expectativas, la compañía amplió capital en 12 millones de pesetas. Así se fundó Metalúrgica de Santa Ana para fabricar maquinaria agrícola. Enseguida, (en 1961) la fábrica comenzó a fabricar bajo licencia británica los todoterreno Land Rover Santana, y un año más tarde empezó a diversificar su negocio fabricando cajas de cambio para la fábrica de Citroën en Vigo. Con la entrada en producción del Serie IIA, en 1962 se inauguran las fábricas de Manzanares (Ciudad Real) y La Carolina.
La primera producción propia de Metalúrgica de Santa Ana fue el camión 1300 en 1967 y el Ligero militar en 1969. Además, en 1968 se une a la gama el 109 de cinco puertas. Con la intención de ganar en confort, se introducen en 1970 las versiones Especial.
Ya en la década de los ochenta, Metalúrgica de Santa Ana tuvo su primera crisis derivada de la que sufría Land Rover en el Reino Unido, por lo que la empresa británica canceló su participación del 30% en ya entonces llamada SantAna Motor S.A. No obstante, la empresa española empezó a comercializar versiones del vehículo británico bajo marca española, como el Santana 2500, al tiempo que firmó un acuerdo con Suzuki para fabricar su modelo SJ. El aumento de la producción de vehículos de la marca japonesa significó el aumento de participación de Suzuki en Santana, hasta que en 1991 Suzuki se convierte en accionista mayoritario de la compañía. Pero en 1994 la crisis del Yen y la española iniciada en 1992, supusieron pérdidas considerables para Suzuki-Santana. Entonces, su dirección propone a los sindicatos la reducción de un tercio de la plantilla (800 trabajadores), pero el comité de empresa conformado mayoritariamente por UGT y CC OO, rechaza tajantemente la propuesta e inicia constantes paros y manifestaciones callejeras que desestabilizan totalmente la producción. Ante el panorama, Suzuki huye despavorida y “vende” la compañía a la Junta de Andalucía en 1995 por un precio simbólico.
Perdiendo cada día más dinero, a trancas y barrancas en SantAna se siguieron fabricando unos pocos modelos de Suzuki e Iveco hasta 2009. La salida de los italianos es sustituida con acuerdos de fabricación con Chrysler-Fiat, CAF, Gamesa, Enertol, Grupo Daniel Alonso, etc. El dinero se escapa a chorros y la Junta de Andalucía intenta vender las fábricas a Iveco, pero los italianos no son ciegos y a pesar de obtener vehículos a bajo precio gracias a las subvenciones, deciden largarse. Como no había manera de enderezar la empresa, en 2011 la Junta de Andalucía aprueba el Plan Linares Futuro consensuado con UGT y CC OO «con el objeto de lograr regenerar el tejido económico y productivo en el entorno de Linares». Así, se cierran de hecho las fábricas y al final, quienes pagaron el pato fueron los obreros que tuvieron que aceptar extensiones del seguro de desempleo y, en su mayoría, la prejubilación (80% del salario) con la promesa de que los jóvenes ocuparían sus puestos de trabajo.
Despilfarro, latrocinio, ineptitud y cerrazón ideológica han sido los ingredientes que han conducido al desastre. A los jóvenes que ocuparían los puestos de trabajo de sus padres jubilados solo les queda la emigración, por cuanto el 64% de los jóvenes de Linares menores de 30 años están hoy sin trabajo. Como indicado al principio del artículo, la comarca de Linares lleva muchos años ocupando el primer puesto en datos de desempleo, siempre superior al 30%, una renta media anual por habitante de las menores de España con 10.241 euros en 2021 y la esperanza de vida más baja de España con 80,9 años.
Alertado por el artículo, entro en la página del Ayuntamiento y compruebo que el “Programa Construyendo Hogar” se basa en un convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS – presidida por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y Portavoz Adjunto del Grupo, Álvaro González López y que cuenta con 300 trabajadores en nómina) y el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a cargo del concejal del grupo municipal de Ciudadanos, José Aniorte Rueda. Como podrán comprobar, para este programa la EMVS aporta 98 viviendas que pone a disposición de las Entidades Sociales que lo desarrollan, mientras que el programa cuenta con un total de 175 viviendas municipales. La federación de asociaciones y centros de ayuda a personas sin hogar (FACIAM) estima que en la capital hay al menos 1.600 personas sin hogar, 650 de ellas viviendo en la calle, sin embargo, otros estudios aumentan la cifra a 3000 personas viviendo en las calles de Madrid. En apariencia, parece un programa social compasivo un tanto escaso para las necesidades, pero aunque tuviera más recursos, a estas alturas es inaudito que el Ayuntamiento de la capital de España, copie con indisimulada satisfacción el housing first, uno de los mayores fracasos, si no el mayor, de las políticas sociales de EE.UU.
Los horrores de las SRO (habitaciones en edificios o moteles) se exhibieron al público en un artículo reciente del San Francisco Chronicle. El reportaje muestra personas que viven en edificios con techos colapsados, moho tóxico, alimañas, olores nocivos, ruido constante, electrodomésticos rotos y violencia descontrolada. También señala que al menos 166 personas sufrieron una sobredosis fatal en estos habitáculos entre 2020 y 2021. Sin embargo, este número oficial es sospechoso por ser tan bajo. Un médico forense de San Francisco informó de, al menos, 1300 muertes por sobredosis de fentanilo ilícito combinado con otras drogas en los últimos dos años. Por si estos problemas no fueran suficientes, la convivencia entre los alojados gratis por el Housing First y los inquilinos que pagan su vivienda con el sudor de su frente suele ser una pesadilla para los segundos.