Economía

ES LA PRODUCTIVIDAD, ESTÚPIDO

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Desde hace unos días, los medios de comunicación nos avisan de que el Gobierno provisional presidido por Sánchez, ha reducido la previsión del crecimiento del PIB para 2024: del 2,4 % al 2 %. Al mismo tiempo, la letra pequeña remitida a Bruselas por el gobierno eleva la presión fiscal un 0,5% de PIB, es decir, algo más de 7.000 millones de euros. Asimismo, el documento gubernamental recoge una suma de partidas de gasto corriente por 9.000 millones de euros, achacados al desarrollo de los fondos Next Generation, lo que en principio va en contra del Reglamento del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por otro lado, el Estado español deberá destinar más de 41.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda pública, siempre y cuando la galerna surgida por el anuncio del aumento de la deuda pública de Italia, no desemboque en un deterioro de la calidad de la deuda de España. En todo caso, esos 41.000 millones de euros por intereses de la deuda para 2024, suponen más que todo lo recaudado por el impuesto de Sociedades o el equivalente acumulado de seis meses de IVA.

El panorama se oscurece aún más al comprobar que las exportaciones de bienes y servicios de España durante los primeros ocho meses del año han caído un 3,7% interanual en volumen –cantidad vendida–, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicados esta semana. Para camuflar el mal dato, la nota del Ministerio hace hincapié en que la cifra total de ventas aumentó en un 1,8% porque «aunque hemos vendido menos, lo hemos vendido más caro». Y con un descaro infinito silencian que la inflación mundial durante este periodo se eleva al 8,7%. Tristemente, el gobierno Sánchez perpetra estas triquiñuelas porque sabe que los muchos medios que controla y no pocos de los que no, titularán, como luego han hecho, la noticia de esta manera: “Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 1,8% interanual en el periodo enero-agosto y alcanzaron los 256.571 millones de euros”.

Y como la acción del gobierno Sánchez se sustenta en el despilfarro clientelar, el Plan Presupuestario de 2024 que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas incluye una previsión de ingresos de 648.000 millones de euros, equivalente al 42% del PIB de España. Naturalmente, será más del 42% del PIB porque el gobierno ha inflado a propósito la cifra de crecimiento para el próximo año, al tiempo que prevé aumentar brutalmente la recaudación en 159.000 millones de euros, un 32,5% más que este año. Si se divide esta factura entre todos los españoles tocamos a unos 13.800 euros cada uno. Sin embargo, el gasto público total previsto para 2024 por el gobierno provisional de Sánchez, ha sido estimado en 694.000 millones, por lo que cuadrarlo con el déficit estimado del 3,6% resultará un ejercicio de ingeniería financiera.

Uno de los mejores analistas independientes de la economía española, el Observatorio Económico de la de la Universidad Francisco de Vitoria, en su reciente informe trimestral considera que «la economía española necesita una serie de reformas estructurales para elevar su crecimiento potencial, aumentar su productividad y competitividad, acabar con el diferencial negativo en el mercado laboral y atraer inversiones». He aquí la bicha que ni gobierno ni sindicatos nombran; PRODUCTIVIDAD.

LA PRODUCTIVIDAD

La productividad es una medida económica que permite calcular cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, y en un tiempo determinado. Por factores se entienden los trabajadores, pero también el capital invertido durante un periodo o la innovación tecnológica.

Solo hay que verificar los índices de productividad por países para comprender que cuanto mayor es la productividad de un país, mayores son los sueldos y también los impuestos que se recaudan.

Calcular la productividad laboral de una empresa privada es relativamente sencillo: producción total dividida entre el número de horas trabajadas. A este resultado se integran los cómputos de eficiencia en el uso de los recursos, el tiempo promedio de entrega, la calidad de los productos o servicios, la amortización de inversiones, etc. Empero, la productividad de una nación se calcula sobre dos factores fundamentales; la relación entre su PIB y el total de horas trabajadas. Paralelamente, se calcula el rendimiento del capital físico tangible e intangible: equipos, maquinaria, patentes y activos en propiedad intelectual. Ambos cómputos se integran en un resultado final pues tanto el capital humano como el físico interaccionan y generan sinergias. No obstante, esta fórmula no contempla las variables de cada sector productivo, las más evidentes en España son las considerables diferencias entre el sector privado y el público que, a su vez, ambos sectores tienen enormes diferencias de productividad.

Un dato muestra la realidad con nitidez. En España los recursos administrados por las administraciones públicas del Estado que, además de la administración pública incluyen defensa, seguridad, seguridad social obligatoria, educación y sanidad pública y servicios sociales, han crecido desde el 20% del PIB de principios de los años 70, hasta superar el 50% actualmente. Sin embargo, apenas aporta un 20% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional, mientras ocupa a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Durante los últimos 25 años el crecimiento anual promedio de la productividad del sector público español fue del 0,5%, mientras que el sector privado experimentó un crecimiento promedio de productividad del 0,8%. Así, según datos de Eurostat, en 2022 España se situó 16,5 puntos por debajo de la media de la eurozona en productividad laboral por hora trabajada. En concreto 8,2 puntos menos que la media de los 27 países de la UE. Dentro de los 36 países de la OCDE, España está en la posición 18, un lugar decepcionante teniendo en cuenta que la inversión del capital físico es relativamente alta.

Frente al relato triunfalista del gobierno Sánchez asegurando que nuestra economía marcha como una moto, está el dato de tener una de las productividades más bajas de la zona euro. Se trata de un lastre mayúsculo porque España se encuentra muy alejada de las naciones punteras del mundo. De acuerdo con la Total Economy Database del Conference Board, la productividad hora (PIB por hora trabajada) en España creció en la década de los ochenta a una tasa anual del 3%, Sin embargo, en la década de los noventa esa tasa bajó al 1,2% y en lo que llevamos de siglo se ha situado en una media del 0,8%. Esta tendencia a la baja, como puede observarse en gráfico estadístico de arriba, desde 2018 en que se inicia el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la productividad de nuestra economía ya no crece poco sino que desciende.

PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD ADQUISITIVA

La mayoría de los estudios sobre la raquítica productividad de la economía española apuntan a una formación mediocre y obsoleta que no responde a las necesidades de la economía, a la escasa cultura empresarial derivada de un desprestigio social inducido por las ideologías igualitaristas de los partidos políticos de izquierdas, a la mala asignación de recursos derivada de la rigidez legislativa del mercado laboral que impide la transferencia de conocimientos y capacidades de una empresa, al tiempo que se señala a una supuesta escasa inversión tecnológica y al minifundismo empresarial. Siendo evidentes estas imputaciones, estimo que faltan unas cuantas tan importantes o más que las descritas; burocracia, inseguridad jurídica, legislación laboral lesiva y decenas de leyes y reglamentos obstaculizadores.

Si hay un ejemplo palmario de un sector de la economía española, no hace mucho tiempo boyante y productivo, que está siendo machacado por leyes y reglamentos, este es el agropecuario. Aunque la persecución leguleya cumplirá pronto el decenio, durante el último quinquenio se ha producido una autentica persecución. Leyes y reglamentos estultos generados por burgueses urbanitas con mentes obnubiladas por ideologías abstrusas, están generando la destrucción rápida de la agricultura, la ganadería y la pesca en España. Empezando por el enorme artefacto burocrático empeñado en políticas anti–productivistas llamado nuevo PAC -Política Agrícola Común (PAC)- seguido por las barbaridades perpetradas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Plan repleto de la tabarra progre tal que «uso sostenible de los suelos agrícolas, fomento de la digitalización y de la economía circular, modernización de los regadíos -que camufla el derribo de embalses y azudes centenarios para que los pececillos sean felices con permiso de los castores- … para reducir el uso de los recursos naturales, objetivos trasversales -que ni quienes los redactaron entienden- etc. etc.».

El menú antiproductivo se completa con la Ley de sanidad vegetal basada en mitos, la Ley de montes para que ardan en verano con esplendor, etc, etc. El culmen del despropósito es la ley de bienestar animal impulsada por la ministra de Podemos, Ione Belarra, aprobada el pasado febrero. Una Ley que humaniza a los animales y animaliza a los humanos, además de incrementar la burocracia y los costes de explotación. La resultante de tanto disparate ya la sufrimos todos los ciudadanos españoles menos aquellos a los que les pagamos la merienda: reducción drástica de las inversiones y la productividad e incremento bestial de los precios de los alimentos, al tiempo que se incrementan las importaciones. De seguir por la senda perpetrada por estos gobernantes, en unos meses España importará lechugas de los Países Bajos, pollos congelados de Brasil, jamones de China y aceite de oliva de Marruecos.

Los datos son contundentes. La renta española en términos de capacidad adquisitiva ha caído en comparación con los demás países europeos. En los últimos 11 años, España ha pasado de la posición decimotercera a la decimoctava, superada por países que venían de muy atrás por haber sufrido regímenes comunistas como la República Checa, Estonia o Lituania. Esta reducción de nuestra capacidad adquisitiva es la consecuencia lógica del descenso de la productividad que genera bajos salarios, mientras que el acaparo de recursos por el aumento elefantiásico de la burocracia estatal y el consiguiente endeudamiento creciente del Estado producido por el despilfarro generado por el clientelismo, ya sea en forma de amiguismo o de corrupción, del que se aprovechan sectores subvencionados políticos, culturales y del tercer sector junto con el conocido como capitalismo clientelar.

El capitalismo clientelar en España es mayoritario en los sectores más regulados, en concreto el energético, las telecomunicaciones, el farmacéutico y el financiero. Con todo, como he determinado antes, la productividad del sector privado es muy superior al público. Bien es cierto que dentro del sector público hay diferencias notables entre el sanitario y el de seguridad que tienen una productividad relativamente alta y el mucho más grande plagado de funcionarios y consejeros como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Respecto al poder adquisitivo de los salarios en España, es imprescindible señalar que la explotación denunciada por Marx respecto al robo que sufre el empleado al no recibir lo que genera, esa plusvalía que acaba en las manos del patrón, en España es parcialmente falaz puesto que la diferencia entre productividad y salarios es mayormente absorbida por las cargas fiscales al trabajo. Así, las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzaron este año el 39,5% del salario del trabajador medio español, 0,2 puntos más que el año pasado. La suma de estos dos conceptos (lo que se conoce como la cuña fiscal) supera en 4,9 puntos la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 34,6%. De esta forma, el sueldo neto que finalmente recibe el empleado queda en el 60,5% del coste laboral que tiene el empleador. Entonces ¿Quién explota al trabajador español?

Plan España 2050

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O un camino de servidumbre

22/05/2021.

El “Plan España 2050” tiene un subtítulo revelador: “Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”. Una estrategia que, por diluida y camuflada, precisa 676 páginas que incluye un prólogo triunfalista firmado por el presidente del consejo de ministros del gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con el retorcido título “España: un país con hambre de futuro” donde, por ensalmo, se han borrado los pesares del presente.

Es probable que las circunstancias del momento en que se ha presentado este Plan y la puesta en escena exagerada, haya malogrado el aplauso esperado por sus autores hasta el punto de haberse convertido en tema de chirigota. Pero la farsa derivada de su presentación como “performance” del Presi y la exageración de proyectar unas “estrategias” que conducirán a unos relucientes resultados dentro de tres décadas, me parecen que están despistando bastante al personal respecto a la intencionalidad de este Plan. Por supuesto, su credibilidad es muy endeble por cuanto el gobierno que lo lanza a bombo y platillo, ha demostrado, con creces, su impericia en el manejo de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica, mientras que tiene serios problemas para calcular el PIB, el déficit y la deuda pública de este año.

Con la gesticulación y el tono vanidoso habitual, Sánchez Pérez Castejón presentó «un ejercicio de prospectiva estratégica» de futuro para «los españoles y españolas», sobre el escenario del Auditorio 400 del Museo Reina Sofía y ante un público conformado por los empresarios que han pedido las subvenciones procedentes del maná europeo. En este acogedor ambiente, apeló Sánchez a la concienciación medioambiental de los españoles, para justificar buena parte del Plan que establece las buenas conductas ciudadanas, las subidas de tasas, los modelos de transporte, consumo y alimentación que nos conviene, hasta el punto de prohibir los vuelos nacionales y subir impuestos a los billetes de avión para salvar el planeta. Y lo dijo un fulano que usa el avión oficial Falcon o el helicóptero hasta para ir a por el pan.

Acepto de antemano el reproche de abusar de lo anecdótico al señalar contradicciones entre el dicho y el hecho del presentador. Si lo hago es para manifestar que estamos ante un documento oficial que ha contado con la colaboración de 104 expertos coordinados por 8 aún más expertos, que han concretado unos objetivos para el Plan (retos los llaman) que son asumidos por el gobierno de la nación. Por lo tanto, me parece evidente que este Plan expresa la vocación del gobierno y los partidos que le apoyan, de intervenir y planificar la vida de los españoles a largo plazo, con el inequívoco fin de meternos en un molde configurado por sus ideologías. Veamos.

Lo de menos de este Plan es la retórica impostada de corrección política, lo sustancial es la utilización de un supuesto prestigio histórico del concepto planificación para el desarrollo. Claro que ese prestigio solo es factible si se borra del mapa histórico a los primeros planes, aquellos planes quinquenales totalitarios y totalizantes implantados manu militari en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por Stalin, cuyos lacerantes resultados deberían ser enseñados en las escuelas secundarias de todos los países democráticos. También parecen obviados los planes derivados de la gran depresión de 1929 anteriores al New Deal norteamericano. Por ejemplo, los que implantaron al estado como amo y señor, (“La nostra formula è questa: tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”) de Benito Mussolini. Adolfo Hitler siguió la senda de Mussolini y de Stalin cuando implantó, de la mano de Hermann Göring, un plan cuatrienal donde la empresa privada estaba obligada a cumplir con los objetivos redactados por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

Todavía se discute si el New Deal plasmado por Franklin Roosevelt entre 1933 y 1939 fue totalmente keynesiano o si el poderoso Harold L. Ickes fue quien escogió en que gastar y las reformas a realizar. No obstante, hoy pocos discuten que la entrada de EEUU en la II Guerra Mundial fue el detonador del paradigma económico norteamericano de posguerra, configurado con la amalgama de un cuarto de Keynes con tres cuartos de liberalismo de Harry D. White. Un sistema que se mantiene hasta el “Nixon Shock” de 1971, cuando Richard Nixon cancela los acuerdos de Bretton Woods y suspende la convertibilidad directa del dólar estadounidense al oro.

Es el célebre Plan Marshall iniciado en 1947 el dador de pátina y esplendor a los planes económicos. Con sus más de 100.000 millones de dólares de 2020, sigue siendo el oráculo de Delfos de la burocracia estatalista occidental. Poco importa que los datos pongan en duda sus éxitos. Así, se suele desdeñar que, mientras Gran Bretaña recibió más del doble que Alemania Occidental, su crecimiento económico fue mucho menor. De hecho, el milagro económico alemán “Wirtschaftswunder” poco tuvo que ver con el Plan Marshall (Las ayudas a Alemania en julio de 1951 sumaban 270 millones de dólares, de los cuales los alemanes devolvieron más de un tercio) y todo a las reformas liberales impulsadas por el ministro Ludwig Erhard a partir de 1949, consistentes en un programa radical de privatización y desregulación que eliminó todos los controles regulatorios y el complejo sistema fiscal impuesto por los nacionalsocialistas. También se puede verificar que Francia e Italia empezaron sus recuperaciones económicas antes de recibir la ayuda del Plan Marshall, mientras que Austria y Grecia recibieron mucha ayuda, pero su recuperación económica se inició mucho más tarde. Pero el «coge buena fama y échate a dormir», junto con el retorno paulatino del estado orondo e intervencionista, ha determinado que la UE sobrepasara su fin y haya abrazado la política de planes de distribución de fondos públicos entre países miembros. Poco a poco, la UE ha implementado planes cada vez más gruesos. De los primeros planes redistributivos hasta el penúltimo y ya olvidado Plan Juncker, con la gran crisis derivada de la pandemia, la UE ha plasmado su Plan Marshall, multiplicándolo por 20. Un “Plan de recuperación para Europa” por un total de 1,8 billones de euros que, junto con la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, alimentan dinero a espuertas que fortalece el capitalismo de amiguetes donde, cada Estado reparte dádivas a unas cuantas empresas y organizaciones amigas, al socaire de las transiciones climáticas y digitales más otros negocios verdes resilientes por subvencionados.

Llegado aquí parece conveniente preguntarse si el Plan España 2050 es un plan y, en el caso de serlo, de que tipo. Obviamente, no es reformista como el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 o los tres planes de desarrollo del franquismo (1964-1975), basados en reformas estructurales para la liberación de la economía, al eliminar los últimos resortes intervencionistas del Estado derivados del período autárquico. Asimismo, los Pactos de la Moncloa de 1977 fueron forjados en reformas estructurales y de liberalización política. Tampoco contiene medidas de estímulo keynesiano o monetarista, sino que se sustenta en un «análisis diacrónico y prospectivo … realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política». Entonces, ¿Cuál es su fin? Pues obviamente lograr que el modelo de régimen político y social explícito en el documento devenga hegemónico: «Creemos que España tiene que mirar más al futuro y que tiene que hacerlo de una forma distinta de la que suele mirar el presente: con menos crispación, más rigor científico, y un mayor optimismo». Entonces, estamos ante un Plan que quiere cambiar la mentalidad de los españoles, una versión posmoderna de los planes de Ernesto Guevara de construir “el Hombre Nuevo” en Cuba: «La Revolución no es únicamente una transformación de las estructuras sociales, de las instituciones del régimen; es además una profunda y radical transformación de los hombres, de su conciencia, costumbres, valores y hábitos, de sus relaciones sociales».

En 1944 se publicó “Camino de Servidumbre” donde Friedrich A. Hayek advierte que la planificación estatal lleva a un Estado omnipotente dirigido por una minoría que dice querer la igualdad, pero que inexorablemente conduce a la tiranía y la consiguiente pérdida de libertad individual. La historia confirmo esta tesis sobradamente.

Que el Plan España 2050 es un ensayo de planificación ideológica tan extenso como poco repasado, se evidencia en el cúmulo de contradicciones que contiene y en las sibilinas imposiciones. Por ejemplo; anuncia que se logrará la bonanza pero prescribe más gasto social y más impuestos verdes y menos consumo, luego la mejora de la educación no parece mejorar la conciencia medioambiental. Pero lo sustancial es preguntarse si queremos que nuestros descendientes vivan coaccionados por impuestos confiscatorios, sean obligados a alimentarse de un surtido salteado de tofu y kale con sésamo, seguido de gusanos ecológicos al dente y hamburguesa de levadura modificada genéticamente con sabor a carne de vaca. Si serán más felices utilizando teléfonos móviles encurtidos, viajando como sus bisabuelos en transportes colectivos, sufriendo la tiránica e inane pirámide laboral perpetuadora del desempleo masivo, pagando en silencio la infame y descomunal deuda del Estado, soportando sin rechistar la inmigración ilegal, la decadencia demográfica, la incertidumbre sobre la seguridad jurídica, la aniquilación de las pensiones públicas, mientras añoran los tiempos pretéritos en que la inquisición de la política de la cancelación y la vorágine identitaria, todavía no habían aniquilado el arte y la libertad.

EL SEGUNDO PLAN E DEL PSOE

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O el I Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

Pablo Rojo. 03/05/2021.

La demagogia andante asegura que hay que imprimir dinero para el pueblo y no para los bancos. Bajo esta consigna aparentemente solidaria, los EEUU de Biden y la UE de las burocracias, se han lanzado a tumba abierta a multiplicar dinero. Ya no les basta con la varita mágica de la expansión monetaria cuantitativa cocinada desde sus respectivos bancos centrales, ahora se endeudan para gastar solidariamente.

En realidad, el Plan de Recuperación para Europa es otra vuelta de tuerca de los planes de incentivación de la UE que subvencionan inversiones supuestamente estratégicas. Por supuesto, se presenta como fórmula excepcional ante una coyuntura difícil, pero resulta que, desde el Programa Eureka de la entonces CEE, la excepción se ha ido convirtiendo en normalidad. De hecho, este plan es el súmmum por la morrocotuda cantidad de dinero que reúne, nada menos que 750.000 millones de euros del paquete “Next Generation”, más 100.000 millones de euros del SURE. Estos 850.000 millones fueron acordados el 21 de julio de 2020, cuando los estragos económicos producidos por la pandemia de coronavirus apenas auguraban lo que vendría después.

Más que un conjunto de estímulos, este Plan parece inspirado en el neocartalismo que establece el dinero como criatura del Estado, pues rebasa, con creces, los estímulos de la expansión monetaria cuantitativa puesta en marcha por el Banco Central Europeo en marzo de 2015, tras los avatares producidos por la crisis del 2008. Recordemos que esta medida fue vendida como provisional para evitar el hundimiento del euro, de los bancos comerciales y, sobre todo, absorber la deuda pública hasta bajar los tipos de interés a 0 con la consiguiente expansión de dinero barato. Ahora se trata de unos fondos obtenidos con la emisión de deuda por parte de la Unión Europea, que serán repartidos a los estados miembros en función de varios parámetros, para que cada Estado los reparta en forma de subvenciones o préstamos, tanto al sector público como al privado, bajo unas condiciones acordes con la corrección política vigente.

En vez de condiciones, el Plan de Recuperación para Europa propone erigir un jardín de rosas sin espinas. Ahí es nada, se trata de estimular la investigación y la innovación, transiciones climática y digital justas, lograr la preparación, recuperación y resiliencia económica, un nuevo programa de salud, modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola común, en fin, esa quijotesca lucha contra el cambio climático al que se concede nada menos que el 30 % de los fondos. Además, el plan atiende a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género. Un auténtico Plan Quinquenal posmoderno que concede a cada estado de la UE la clarividencia de diseñar el futuro económico, la omnipotencia de repartir dádivas y la omnipresencia de controlar los resultados, eso sí, con la aquiescencia de la burocracia bruselense.

El Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

A estas alturas, tener que advertir que el gasto estatal, ese dinero que “no es de nadie” según la ínclita Carmen Calvo, siempre, siempre y siempre es pagado por aquellos contribuyentes que trabajan en el sector privado de la economía. En el caso de España, en el momento que escribo y según la «Encuesta de Población Activa (EPA) – Primer trimestre de 2021- unos 16 millones de esforzados trabajadores españoles sostienen a 42 millones, es decir: a más de 3 millones de funcionarios, un millón de políticos y asesores adjuntos, a una población envejecida sustentada por cerca de 10 millones de pensiones públicas, 2,5 millones de personas que perciben prestaciones por desempleo, más alrededor de un millón que recibe una o más ayudas públicas (hay 22 partidas). Es decir, entre funcionarios, políticos-asesores, pensionistas y desempleados varios que perciben prestaciones del Estado suman 16,5 millones. O lo que es lo mismo, cada contribuyente real debe sostener a 1,032 compatriotas. Es obvio que esta situación es insostenible, con maná o sin maná de la UE.

Pues bien, al mismo tiempo que Biden presentaba en el Congreso su “Old Deal”, consistente en un paquete de 2.3 billones de dólares de gasto en infraestructuras y otros indefinidos incentivos económicos, el gobierno español presentó a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta suerte, el gobierno español espera conseguir 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, desde mediados del 2021 hasta 2026.

Si tienen la paciencia de leer las 348 páginas del Plan Quinquenal, apreciaran que está redactado en la neolengua de madera vigente, pero sin caer en las molestas reiteraciones y paráfrasis de la neolengua inclusiva. Así, propone «inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental». Estupendo, el problema surge al comprobar que el recuento de medidas basadas en los 4 ejes o condiciones del Plan de Recuperación para Europa mencionadas, acompañadas de imágenes de relleno bucólicas, para lograr «crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia consistente y coordinada», recuerda demasiado al cuento de la lechera. Nada más y nada menos que 30 propuestas llenas de diseño transversal, gobernanza, hasta llegar al desiderátum de, como Felipe González en 1982, prometer 800.000 puestos de trabajo «en sectores de futuro» indeterminados. Pero el primer reto que ofrece el texto de este plan es encontrar su estrategia. Y es que marea y despista tanto pleonasmo alrededor de las palabras gancho, del cúmulo de ecosistemas resilientes, biodiversidades, sostenibilidades, transiciones justas hacia digitalización, la ecológica, el cambio climático, la cohesión social y territorial, la igualdad de género, vuelta a los pilares transversales, la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial e igualdad de género. Y si difícil es encontrar la estrategia, mucho más complicado es hallar concreciones en «un paquete coherente y equilibrado de inversiones y reformas que se implementarán en los próximos 3 años dedicando casi el 40% de las inversiones a la transición verde, el 30% a la transición digital, el 10% a la educación y las habilidades y el 7% a I + D». El caso es que pretenden “movilizar” entre 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, y otros 70.000 millones en los tres años siguientes.

Y todo esto ¿quién lo paga y a quienes beneficia? Los embrolladores y beneficiarios del Plan responderán que la UE para socorrer a todos y todas. La verdad es que los paganos serán los de siempre, trabajadores por cuenta ajena y autónomos y empresarios alejados de las sinecuras otorgadas por los gobernantes. En algún caso y con mucha suerte, es posible que a alguno de entre los mencionados paganos le toque algún reintegro. Por supuesto, los premios gordos están ya repartidos entre la nomenklatura y las empresas cortesanas del erario, ya saben, Endesa, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, ICL, Naturgy, etcétera. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado español.

El abracadabra engañoso está implícito hasta en el título del principal paquete del maná: Next Generation EU (NGEU). Así, parece que se trata de un formidable esfuerzo para mejorar el futuro de la próxima generación, cuando en realidad, les endilgamos una monstruosa deuda que tendrán que pagar. De hecho, la UE tiene previsto emitir 850.000 millones de euros en bonos, durante los próximos 5 años e incrementar su techo de gasto hasta el 2,0% del PIB (unos 70.000 millones de euros adicionales por año). De esta guisa, se aumentarán los derechos de aduana, las contribuciones de los Estados miembros sobre la base del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), el nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables y, a partir de junio de 2024, el impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos a las empresas con una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades.

¿Estamos ante el reinflado de la gran burbuja de liquidez creada en 2009 que apenas ha producido un crecimiento ínfimo?

De momento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento queda en suspenso sine die. Sin embargo y a pesar de la recesión producida por la pandemia, unos cuantos países, que hasta ahora no eran del grupo de los frugales como Francia e Italia, han decidido reducir las cargas fiscales para relanzar la economía. Justo lo contrario que establece en su plan el gobierno español. En cualquier caso, resulta preocupante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se considere incapaz de calibrar el crecimiento que aportará el Plan de Recuperación a la economía española. No me extraña.

Por otro lado, afirmar que el gobierno español recibirá 140.000 millones de euros limpios es una falsedad. Las cuentas derivadas de nuestros compromisos como miembros de la UE, establecen que nuestra aportación será equivalente a nuestro peso económico.

Incluso aceptando que el dinero previsto llegue en tiempo y forma, es evidente que al Plan Quinquenal gubernamental le sobra palabrería y le falta concreción. Las reformas estructurales son retoques, la frugalidad y la productividad están vedadas, mientras la imprescindible reforma laboral que implante la flexiseguridad es un vade retro para el gobierno del Frente Populista Separatista.

Ante este panorama, conviene armarse de coraje y paciencia para tratar de evitar, en la medida de lo posible y con los ingenios que cada uno pueda tener, que este Plan Quinquenal no sea la repetición en forma de farsa del estéril y despilfarrador Plan E de Zapatero.

P. S. Mientras estaba pasando el texto a formato html para publicarlo en este blog, los medios no adscritos a las indicaciones de Moncloa han activado la primera alarma sobre los propósitos que se esconden entre los recovecos de la verbosidad progre, ya saben, el trampantojo inclusivo, transversal, movilidades sostenibles, seguras y conectadas … a las brechas de género … Efectivamente, en el Anexo IV, página 341, apartado 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, subrayan:«Por otro lado, se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Si perpetran esta medida, significará una subida de impuestos de 2.400 millones de euros que pagarán más de 2 millones de familias, es decir, la sustracción de 1.150 euros al año a cada familia o, lo que es lo mismo, más de 4 millones de contribuyentes de todo tipo de renta y condición. Que un día antes de las elecciones de la CAM, la ministra desparpajo matice la medida, solo garantiza que el gobierno tiene el firme propósito de imponerla.

Caminos sobre la mar integra una crónica sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en España y el resto del mundo durante buena parte del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Los enemigos del comercio – Una historia moral de la propiedad – Antonio Escohotado

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Poco importa como Antonio Escohotado se defina o lo encasillen, incluso confieso algún repelús respecto a sus declaraciones epatantes de antaño y ogaño, sin embargo, lo fundamental son sus sólidos argumentos, sin duda, dignos de admiración en estos tiempos de tribulación.

Es historia pero tambíen bálsamo contra el pensamiento débil y los  pajilleros mentales dogmáticos y demagogos.