EL ESTADO Y LA PRODUCTIVIDAD

De cómo la adiposis del Estado intervencionista, frena el incremento de la productividad generadora de empleo y riqueza.

14/04/2022.

Cuando España empieza a hundirse en la estanflación (estancamiento económico y elevada inflación), la inapelable subida de los tipos de interés aumenta el coste financiero del Estado empresas y familias, al progresista sistémico le pereceara insolente e inoportuno aludir a la productividad del trabajo, en vez de culpar de los estragos que sufrimos a la guerra de Ucrania o a la pertinaz sequía.

En verdad, para los sindicatos clasistas y la izquierda en general, mentar la productividad del trabajo equivale a la bicha, pues supone la constatación del error de Marx respecto a sus cálculos sobre “la fuerza productiva del trabajo” y sus “leyes”; derivadas de la crítica a la tasa del plusvalor y la tasa de la ganancia de David Ricardo. Así, Marx dedujo una «Ley de la Pobreza Creciente» que establece que en el sistema capitalista, los asalariados por cuenta ajena sólo reciben el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia. De este corolario cientificista, Marx conjeturó la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia que descubría el virus intrínseco que aniquilaría el sistema capitalista.

Teniendo en cuenta que Marx no pisó una fábrica en su vida y que su correligionario Engels, solo visitaba la de su padre en Manchester para recoger un notable peculio, aunque desde 1850 no tuvo más remedio que ejercer de comerciante de la bolsa londinense, si bien tuvo el tiempo libre suficiente para cazar zorros, hacer crítica literaria y, sobre todo, teorizar con su amigo Marx la revolución proletaria, sin impedirle ejercer de distinguido caballero victoriano que practicaba esgrima y equitación, resulta lógica la ignorancia de los padres del socialismo-comunismo sobre el progreso de la productividad como núcleo del sistema productivo, en las sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada y existe libertad comercial. Así, en vez de confirmarse el augurio marxista descrito en la mencionada Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, las sociedades sustentadas en la propiedad privada y el comercio libre fueron incrementando la productividad desde finales del siglo XIX y, con ello, la riqueza que condujo a su reparto a través de los salarios. Donde sí se cumplió con creces la Ley de la Pobreza Creciente fue en la URSS, y se sigue cumpliendo en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Pero ¿a santo de qué evoco en este momento la productividad del trabajo y la relaciono con el Estado? Quienes hemos tenido que dirigir una industria fabricante de equipos, sabemos que la productividad del trabajo es, junto con la innovación y la optimización de recursos, los ejes fundamentales para la sostenibilidad y el progreso de la empresa y sus trabajadores. Así, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para obtener dicha producción.

Entre los factores que determinan la productividad laboral destacan los siguientes:

A. Salario (ver salario mínimo y otras intervenciones estatales) ¤¤.

B. Capacidad del trabajador (derivada de la formación) ¤¤.

C. Legislación laboral ¤¤¤.

D. Impuestos al trabajo ¤¤¤.

E. Impuestos de Sociedades (IS) y Actividades Económicas (IAE) ¤¤¤.

F. Seguridad jurídica ¤¤¤.

G. Precio de la energía ¤¤.

H. Precio de las materias primas ¤¤.

I. Bajas laborales por enfermedad o accidentes ¤¤.

J. Organización de métodos productivos.

K. Maquinaria y métodos de producción eficientes.

L. Motivación laboral.

M. Equipamiento y recursos.

N. Entorno.

O. Liderazgo.

P. Diseño de los productos o servicios.

Q. Calidad y estado de la maquinaria.

De estos factores se evidencia que C, D, E y F dependen directamente del Estado, mientras que A, B, G, H e I lo son parcialmente. Por lo tanto, la productividad del trabajo en España está condicionada por legislaciones muy variables e impredecibles en el tiempo y unos impuestos que rozan lo confiscatorio.

Por otro lado, las estadísticas oficiales apenas distinguen la productividad aparente del factor trabajo (PAT) del sector público y el privado. Un indicador fehaciente luce cuando se comprueba que en España, durante los últimos 35 años, el sector público ha mantenido un gasto promedio entre el 42% del PIB de la época de Felipe González y un 50% del PIB actual con ligeras vaguadas del 38,2% con Aznar y el 41% con Rajoy. Actualmente, sobrepasando el 50% del PIB de gasto, el Estado español aporta el 16% del PIB, mientras emplea a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Es decir, el Estado español maneja la mitad de la riqueza nacional pero apenas aporta el 16% a dicha riqueza con los servicios que presta: administración pública, justicia, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales. Y, sin embargo, las estadísticas oficiales estiman que el incremento de la productividad del sector público español es superior al privado, a pesar de que, según el INE, en 2018 el sector privado aportó el 84.2% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con 16,7 millones de empleados, en tanto que el sector público el 15.8% con 3,4 millones de empleados.

Entonces ¿Por qué la productividad del trabajo en España (PTF) lleva empantanada desde 1985?. ¿Acaso este hecho tiene una relación directa con ser el país que, junto con Grecia, que desde entonces encabeza el ranking mundial de paro de los países desarrollados, con una tasa media del 12,6%, más del doble que la media de los países de la OCDE y el triple del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), donde la media es del 4,2%? ¿Por desventura existe una relación directa entre el aumento del gasto del Estado, la baja productividad, el delirante sistema educativo y el enorme desempleo sistémico?

Del gráfico siguiente se pueden deducir algunas conclusiones importantes.

Por ejemplo, que ni el alto desempleo ni la baja productividad en España, son una maldición de los dioses ni una predestinación por tara racial, puesto que entre 1954 y 1975 se produjo una impresionante aceleración del crecimiento del PIB, atribuible casi exclusivamente a la productividad laboral (5,8% de crecimiento del PIB del 6,2%).

Entre los innumerables estudios sobre el estancamiento de la productividad en España durante los últimos 37 años, se puede distinguir algunas explicaciones parciales, entre otras destacan la reducción de la industria con la entrada a la Comunidad Económica Europea, el bajo gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la escasa inversión en capital intangible debido a, entre otros, a la regulación del comercio minorista, los costos de creación de empresas, la falta de flexibilidad del mercado laboral, los altos impuestos al trabajo, la ineficaz legislación sobre quiebras, los lentos procedimientos judiciales, los subsidios y el “amiguismo” que han conducido a extravagantes asignaciones de capital, bajas inversiones en intangibles, mientras que los sectores que crearon más empleos (construcción y servicios), tuvieron una menor productividad laboral que la industria con un crecimiento mucho más lento del producto por hora trabajada, lo que explica inversiones especulativas puntuales y escasa innovación tecnológica. Sin duda, estas explicaciones responden a la realidad aunque apenas sugieren el dato fundamental; la relación entre el estancamiento de la productividad y el aumento del tamaño del Estado español, incluida la enorme deuda contraída.

Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.

Pues resulta que el año pasado, la masa salarial de las administraciones públicas españolas superó todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, es decir, el 27% del total del presupuesto de 550.484 millones de euros (un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020) que se comió la mitad de la riqueza producida. No piensen mal de la coalición Frankenstein que aprobó semejante cifra, ni apelen al clientelismo al constatar que los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. Trabajar en el sector público supone ganar 10.500 euros más al año de media.

Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.

Si la adiposis y el intervencionismo del Estado frena el incremento de la productividad y, si el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país solo se logra con el crecimiento sostenido de la competitividad, es decir, cuando la mejora de la productividad del trabajo permite a las empresas generar valor añadido y con ello empleo bien remunerado, el diagnóstico de la situación actual de España parece obvio.

ESPAÑA, la primera globalización

Quien conoce la historia, construye el futuro

Un documental de José Luis López-Linares producido por López-Li Films

17/10/2021

Resulta singular que un film, aunque sea un documental de 90 minutos, se estrene en Madrid un sábado a las 12,30 de la mañana del vermut. Imagino que será una estrategia requetepensada por los directivos del Cine Yelmo Ideal. El caso es que la sala 2 se llenó de un público variopinto que incluía muchos jóvenes con enormes cajas de palomitas. Con semejante ambiente, José Luis López-Linares hizo una breve pero emotiva presentación del documental, con la que agradeció a los colaboradores y a los participantes del micromecenazgo su contribución a la producción del film.

Es el actor Antonio Valero el narrador principal del documental al que se añaden las intervenciones de 39 historiadores, académicos, filósofos y peritos en diversas materias, entre otros: Carmen Iglesias, Luis Ribot, Elvira Roca Barea, Enriqueta Vila Villar, Fernando García de Cortázar, Jaime Contreras, Miguel Ángel Ladero, Nigel Townson, Marcelo Gullo, Stanley Payne, Manuel Lucena, Luo Huiling, Ramón Tamames, Pedro Insua, Patricio Llons, Fray Carlos Enrique Díaz Urbina, etcétera.

Enseguida se explica el motivo del título del documental, revelando la historia poco conocida por los españoles, originada por la crisis de confianza y una notable inflación en China durante el siglo XVI, cuya consecuencia forzó a la dinastía Ming a tomar la arriesgada decisión, al finalizar el siglo, de establecer el uso obligatorio de monedas de plata para el comercio oficial, sin apenas contar con minas de plata en su territorio. Esta decisión, coincidió con la consolidación de la ruta del Galeón de Manila iniciada en 1566 que sumaba unas 15.000 millas náuticas, conectando Sevilla con Veracruz en su tramo Atlántico, Veracruz y Acapulco a través de la Ciudad de México por tierra y finalmente Acapulco y Manila atravesando la totalidad del Pacífico. Esta formidable ruta comercial y cultural que duró hasta 1821, se basó en la exportación de la plata americana y otros metales a China y la importación de sedas, marfil y porcelana. Este substancial comercio ultramarino, supuso el control monetario de España sobre China y buena parte del mundo, al tiempo que trascendió en aspectos culturales en oriente y occidente que se evidencia en el arte religioso y decorativo.

Tras la introducción, el documental entra de lleno en los temas peliagudos de nuestra historia y en la Leyenda Negra. Se describe someramente el basamento del estado español fundado por los Reyes Católicos, donde el catolicismo fue la argamasa de su unidad al ser la condición indispensable para ser español y tener los derechos civiles derivados del humanismo renacentista. Con el derecho de gentes, plasmado por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, se establece el orden jurídico y social del Imperio español que abarcó a todos los españoles, peninsulares e indígenas sin distinción. Desde aquí, el documental entra en el examen de la inquisición, la expulsión-conversión de los judíos, la conquista de América, la política de mestizaje, el formidable sistema político administrativo con instituciones que procuraron la fundación de universidades, hospitales, escuelas e industrias que procuraron un grado de prosperidad notable para la época y una paz que duró cerca de tres siglos en los Virreinatos del Imperio. Son estos datos incontrovertibles, los que ponen en solfa la inferida trapacería de los incultos españoles, la supuesta incompetencia económica del Imperio español y el sambenito de la crueldad genocida contra los nativos.

Con el trascurrir del documental van quedando claros los motivos que han impulsado a José Luis López-Linares a emprender esta arriesgada empresa; responder a la embestida de nacionalistas, populistas de diferente jaez revueltos dentro de la olla podrida posmoderna donde se aglutinan las derivadas reaccionarias del indigenismo marxistoide y su complementaria supremacista. Unos derriban estatuas de Colon en Colombia y otros la de fray Junípero Serra en un lugar tan simbólico como la Universidad de Stanford fundada por el supremacista blanco Leland Stanford. Los de más acá, se apuntan a la ceremonia de la confusión achacando al franquismo el monopolio del patriotismo, para justificar la implantación de una historia oficial que convenga a sus intereses sectarios.

El empeño de José Luis López-Linares de llamar a rebato a los españoles denunciando la propaganda, las mentiras y las medias verdades sobre nuestra historia que intereses espurios han implantado por todo el mundo hasta acomplejarnos, esquiva un tanto la responsabilidad de muchos españoles en lo sucedido. Por cuanto, desde hace siglo y medio, los españoles hemos sido criados y maleducados sobre la vergüenza de pertenecer a una nación decadente y de malvado pasado. Los intentos de desfacer este entuerto, como el protagonizado por el polígrafo regeneracionista liberal y notorio políglota, Julián Juderías en “La leyenda negra y la verdad histórica” (1914), fueron eclipsados por planteamientos derivados de un eugenismo mal digerido que impele a la decadencia de la raza. De ser bajitos, morenos y algo holgazanes derivan los males de la patria para Lucas Mallada, mientras que para Ortega y Gasset el enano Gregorio el botero, pintado por Zuloaga, es un ser deforme, grotesco, símbolo de feria y de España. Incluso el católico conservador Menéndez Pelayo no ayudo mucho en mejorar nuestra autoestima cuando amonestaba, no exento de perspectiva: «España evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, cuna de San Ignacio […]; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reinos de taifas». Y aunque fuera el loable deseo de una pronta regeneración, es la generación del 98 la que siente a España como dolor, desventura y anomalía. Son los Unamuno, Menéndez Pidal, Azorín, Machado, Sánchez Albornoz, Marañón y Ortega y Gasset quienes ahondan en la herida cometida por la Leyenda Negra sosteniendo, como en el famoso texto de Ortega que: «el patriotismo en nuestra España de hoy debe partir de una crítica acerba y un valeroso reconocimiento del enorme fracaso español». Hubo que esperar hasta 1985 a que uno de los discípulos más destacados de Ortega y Gasset; Julián Marías Aguilera, pusiera cordura al asunto en “España inteligible. Razón histórica de las Españas”, descartando la decadencia racial, para sostener que España es coherente e inteligible desde el enfoque de la razón histórica.

Opino que el documental “ESPAÑA, la primera globalización” además de defender y divulgar hechos irrefutables de nuestra compleja y emocionante historia, con el noble fin de denunciar imposturas e impostores, nos pone a los españoles en el brete de determinar si nuestra vida en común, en un mundo globalizado que se desquicia con particularismos inventados e imposturas manipuladoras, puede fundamentarse también en la defensa y enriquecimiento de la hispanidad, entendida como tesoro cultural y útil de los pueblos que la conforman.

Enlace al tráiler de España, la primera globalización

EL VODEVIL DE LOS «EXPERTOS»

En toque de queda y esperando el toque de fajina.

24/10/2020.

Pablo Rojo Barreno.

Cuando el experto oficial del gobierno de la nación en pandemias varias, declara con la simpleza habitual que a tantos encandila: «Hay comunidades autónomas que están en riesgo extremo y una que está al límite, pero no le puedo decir más porque no lo hemos estudiado en profundidad» uno se queda patidifuso y consternado. Sobre todo tras ya casi siete meses de soportar constantes apelaciones a «expertos» para justificar todo tipo de órdenes y medidas mayoritariamente despóticas por parte de nuestros gobernantes. Que semejante función se perpetre con desparpajo insolente solo es explicable por la implantación en occidente del relativismo cognitivo y axiológico desde hace, al menos, tres décadas. La expertitis aguda que padecemos en España arraigada en los ámbitos políticos, administrativos y judiciales, es un artificio derivado de la sociología posmoderna que reina en las aulas de las llamadas ciencias sociales, donde se proclama que en el conocimiento científico no existen conclusiones propiamente científicas. Por lo tanto, para los estrategas de la agitación y propaganda instalados en el elefantiásico Palacio de la Moncloa madrileño y sus imitadores en el resto de las administraciones del orondo Estado español, el experto de turno es un guiñol dirigido por un largo guante movido por personajes como Iván Redondo y sus secretarías generales, gabinetes, direcciones y altos comisionados de trolas y embelecos.

Los expertos dicen, los expertos aseguran, los expertos recomiendan, junto con las cotidianas advertencias pavorosas, son los conjuros favoritos del poder para endilgarnos todo tipo de trágalas. Poco importa si el experto evocado lo es en lunas o en traviesas de ferrocarril, lo esencial para que funcione el bebedizo virtual, no es el que aparezca un tipo o tipa en carne y hueso, todo lo contrario, funciona mucho mejor cuando son fantasmales personajes o comités secretos que imposibilite contrastar su inapelable incompetencia. Esta estrategia no funcionaría tan bien como lo hace si no fuera porque, salvo contadísimas honrosas excepciones, los profesionales españoles que ejercen una labor científica no se han prodigado en los medios para explicar a la población, con el rigor que se les supone, las medidas profilácticas contra la infección por SARS-CoV-2.

No me refiero, claro está, al papelón del conspicuo Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ni por supuesto al del ministro filósofo Illa, sino a tantos que han visto como se utilizaba su nombre en vano y a quienes deberían haber aparecido hace tiempo divulgando los datos científicos disponibles sobre la pandemia y su tratamiento, evitando adoctrinamientos y opiniones ideológicas. Así, ni no fuera por sus nefastos resultados, en este estado de arrestados sería un pasatiempo divertido adivinar del pie ideológico que cojea el experto de turno que aparece en los medios, desde el instante que iniciara su discurso. Incluso los pocos suspicaces podríamos adivinarlo tras un par de frases, mientras los listos de verdad a la tercera o cuarta palabra acertarían.

A estas alturas es lacerante comprobar que la confusión y el enredo sobre la epidemia que nos asola, reinan como si hubiera retornado la peste bubónica y las teorías de los miasmas. A los intereses creados se suman indignos lucros de todo tipo disfrazados con excelsas palabras como solidaridad y bien común. Por ello, al discurso del miedo se suma la ausencia de campañas públicas en televisión, radio y grandes medios de difusión públicos y privados, sobre asuntos tan sencillos como los tipos homologados de mascarillas según las Directivas 93/42/EEC y (CE o UNE EN 14683) 2017/745 que, para el uso cotidiano del ciudadano solo deberían ser tres: las llamadas quirúrgicas NF EN 14683 (tipos I, II y IIR filtran entre el 95% al 98% de bacterias), la NF EN 149 FFP2 (filtra el 94% de aerosoles) y la NF EN 149 FFP3 (filtra el 99% de aerosoles). Eso sí, nos avisan que las quirúrgicas son desechables y apenas duran cuatro horas, mientras que las FFP 2 y 3 solo 12 horas. Cuando uno indaga un poco sobre los materiales con que se fabrican o se deben fabricar estas mascarillas, resulta que son filamentos de polipropileno cuyos nombres comerciales son Spunbond, Meltblown, Nonwoven, etc. Y si curiosea un poco más, resulta que estos fabricados son resistentes a la luz, antimicrobianos, tienen gran resistencia a productos químicos, gran resistencia al desgarre y excelente elongación, son antiestáticos, repelen el agua y el alcohol y la temperatura de inicio de deformación es 80ºC. Entonces, ¿Cómo es que solo duran unas horas? Según las investigaciones de la Universidad de Aix-Marseille Université de Francia, el coronavirus SARS-CoV-2 sometido a 60ºC durante una hora las cepas del patógeno no se eliminan por completo, pero casi. Por otro lado, en el listado de la EPA (United States Environmental Protection Agency a la que referencia oficialmente las páginas oficiales del Estado español) uno de los desinfectantes homologados para superficies blandas (porosas) es el alcohol etílico entre 70° y 96°. Entonces ¿Por qué no se pueden desinfectar las mascarillas homologadas horneando las cepas del SARS-CoV-2, si por desventura las tuvieran pegaditas en la superficie externa, a 70ºC durante una horita o pulverizándolas con una ración de 90% de alcohol de 96º y 10% de agua destilada y, con ello, reutilizarlas durante un tiempo razonable en función de sus propiedades físicas y químicas? Ante estas simples preguntas los «expertos» balbucean sin aportar datos ni estudios concluyentes. ¿Dónde están, no se ven las subvencionadas asociaciones de consumidores? Solo FACUA, siempre solicita al poder vigente, puso en duda la calidad de las mascarillas FFP2 repartidas gratuitamente a los ciudadanos por la Comunidad de Madrid. Simultáneamente, los medios de la corrección política y el cambio climático aporrean nuestra conciencia acerca del desastre causado por los plásticos y las mascarillas que acaban en los mares. Entre tanto, el Rapid Exchange of Information System (RAPEX) de la UE, lleva meses denunciando decenas de marcas de mascarillas que no cumplen las normas de filtrado debidas pero si con la moda del momento.

Resulta que los españoles pagamos la existencia de un ministerio de consumo, cuyo titular se colocó una medallita al mérito de la igualdá, cuando impuso por decreto el pasado 21 de abril el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 0.96 euros la unidad. Este veleidoso ministro amante de la dictadura castrista, no tuvo a bien explicarnos como había llegado a esa cifra, cuando ya entonces era archisabido que; fabricantes ubicados en India vendían estas mascarillas a 0,042$ la unidad para pedidos superiores al millón. Claro que por la misma época el Ministerio de Illa compró 460 millones de mascarillas quirúrgicas a 0,75€ la unidad IVA excluido, mientras que en algunas plataformas de venta online se podían encontrar paquetes de 500 unidades a 0,22$ la unidad. Y cuando se pregunta a la desenvuelta ministra del ramo impositivo los motivos por los que los apaleados ciudadanos tenemos que acoquinar el 21% de IVA cuando compramos mascarillas, con el desparpajo que le caracteriza asegura que la UE no permite reducirlo, cuando es archisabido que la mayoría de los países han suprimido o reducido esa carga impositiva.

Mientras los fantasmales comités de expertos bullían por los despachos oficiales, a mediados de septiembre el I Congreso Nacional COVID-19, publicó un manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica y el interés general, firmado por 55 sociedades científicas españolas y dirigido a la clase política por la gestión de la COVID-19 con el eslogan siguiente: «En salud, ustedes mandan pero no saben» Enlace. Cuando me enteré de la noticia suspiré con un por fin, pero su lectura me recordó las amonestaciones de mi maestro Don Vitaliano sobre vicios tan nefandos como el truismo.

La avispada diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, hace unos días llamaba a la sensatez, a proceder «con cabeza» contra la pandemia, mientras relataba su último viaje de ida y vuelta en Iberia entre Madrid y su natal Santa Cruz de Tenerife con los dos aviones repletos, mientras los viajeros portaban mascarillas a ratos pues se las quitaban cuando comían y bebían. Al mismo tiempo, se publicó la Declaración de Great Barrington: Enlace una propuesta rubricada en el Instituto Americano de Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts. Firmada por más de 9.000 científicos y más de 23.000 médicos, propone adoptar medidas para proteger a los vulnerables mientras que quienes no lo son, deberían reanudar inmediatamente su vida con normalidad. Por supuesto, los medios antiliberales que en España son casi todos, en vez de analizar la propuesta y criticar sus probables defectos, se han dedicado a poner en duda a tantos firmantes y a hablar de profesores Bacterio –seguramente derivado del inconsciente que recordaba a un tal Simón- mientras apelaban a «lo que se sabe que funciona para controlar al coronavirus». ¿Qué funciona? Menos mal. Algo más seria es la crítica del Memorando Snow Enlace que pone en duda el objetivo de la inmunidad colectiva si no es a través de la vacunación. Bueno está que los científicos debatan pues, junto con la investigación que es el primer mandamiento para lograr el avance del conocimiento, puede mejorar el entendimiento. Aunque sería aún mejor si en este debate la ideología fura desterrara en favor de la lógica.

Mientras España sufre la mayor recesión desde la Guerra Civil, acumula el mayor déficit y deuda pública desde la recesión tras el desastre de 1898, el mayor paro real de la historia contemporánea y con los españoles confinados y atemorizados por una desordenada y oportunista gestión de la pandemia, el gobierno de la Nación confecciona los Presupuestos Generales del Estado basándose en el cuento de la lechera. Simultáneamente, lleva adelante su propósito hegemónico totalitario sobre el poder judicial con todo tipo de fullerías y correteas, la educación con la ley “Celaá” para el fomento de la ignorancia y la vagancia, de la historia con la ley de memoria democrática inspirada en la distopía orwelliana “1984” más la ley de regulación de la eutanasia inspirada en la misma obra.

Malos tiempos para la lírica … y para la ciencia.

DE LOS NIÑOS ROBADOS POR EL FRANQUISMO

DE EVOCACIONES Y CRÓNICAS INCORRECTAS

25 de julio de 2019.

Pablo Rojo Barreno.

Después de todo lo vivido, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a muchas gentes de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la Guerra o de muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos “niños de la guerra” desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008 una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo el diario El País, me sorprendió. Rebelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y familias republicanas.

El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista sensacionalista Interviú escrito por la periodista y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL; María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde con el título «La monja que trafica con niños» revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María y el doctor Vela en el Hogar-cuna de La Almudena de Madrid durante los últimos veinte años. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.

Sin llegar a verlo, también me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del “comprometido” Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricard Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas” publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, firmado por el famoso ahora ex-juez Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad. En su Auto, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley de Memoria Histórica, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa, disparó todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos que el Auto de Garzón referenciaba al mencionado libro de Vinyes.

Como se puede apreciar en el Auto de 2008 accesible por internet, Garzón vincula algo forzadamente al Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia creado por Himmler en Mecklenburg, con el Gabinete de Investigaciones psicológicas encabezado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera (al que llama psiquiatra en jefe de Franco) dedicado a estudiar «las raíces psicofísicas del marxismo». Así, Garzón, sin decirlo expresamente, coloca el sambenito a Vallejo Nájera como “el Mengele español” y relaciona a los “niños perdidos” con los robados durante las dictaduras de Vileda y Pinochet en Argentina y Chile. Naturalmente, estas relaciones sirvieron para muchas iniciativas posteriores, por ejemplo para que su amigo el abogado argentino Carlos Alberto Slepoy Prada en 2010 pusiera en marcha la “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruida por la juez María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina.

A pesar del artificio jurídico del Auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan para robar miles de niños a presas y madres republicanas para ser criados en los principios franquistas. Solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente tamaña acusación generó una inquietud generalizada de la que surgieron varios organismos para facilitar las investigaciones. El caso de los niños robados por el franquismo se convirtió, desde entonces, en leitmotiv de la memoria histórica. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, alguna película de escasa trascendencia y, por supuesto, la consabida novela de Almudena Grandes Hernández. En seguida, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. Cualquiera ponía en duda que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas. Incluso los católicos progresistas reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.

Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales que brindan asistencia jurídica y psicológica, una fiscalía, una unidad de policía especializada y una Comisión Estatal.

El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por comprarla y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC News Mundo británica. Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: «mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX». Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país». Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia Nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado. Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid. Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son:« 78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.

Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela Vela al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.

Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: «Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento» (11 de mayo de 2011). «Vicky conoce a su gemela con 51 años» (12 de mayo de 2011). «Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas» (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen como la pertinaz sequía las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.

Mientras tanto, como señalaba Espada, sigo expectante por saber cómo los jueces españoles restituirán el honor del doctor Vela ahora que, prescripción al margen, consta que hubo conocimiento y consentimiento.