ESPAÑA, la primera globalización

Quien conoce la historia, construye el futuro

Un documental de José Luis López-Linares producido por López-Li Films

17/10/2021

Resulta singular que un film, aunque sea un documental de 90 minutos, se estrene en Madrid un sábado a las 12,30 de la mañana del vermut. Imagino que será una estrategia requetepensada por los directivos del Cine Yelmo Ideal. El caso es que la sala 2 se llenó de un público variopinto que incluía muchos jóvenes con enormes cajas de palomitas. Con semejante ambiente, José Luis López-Linares hizo una breve pero emotiva presentación del documental, con la que agradeció a los colaboradores y a los participantes del micromecenazgo su contribución a la producción del film.

Es el actor Antonio Valero el narrador principal del documental al que se añaden las intervenciones de 39 historiadores, académicos, filósofos y peritos en diversas materias, entre otros: Carmen Iglesias, Luis Ribot, Elvira Roca Barea, Enriqueta Vila Villar, Fernando García de Cortázar, Jaime Contreras, Miguel Ángel Ladero, Nigel Townson, Marcelo Gullo, Stanley Payne, Manuel Lucena, Luo Huiling, Ramón Tamames, Pedro Insua, Patricio Llons, Fray Carlos Enrique Díaz Urbina, etcétera.

Enseguida se explica el motivo del título del documental, revelando la historia poco conocida por los españoles, originada por la crisis de confianza y una notable inflación en China durante el siglo XVI, cuya consecuencia forzó a la dinastía Ming a tomar la arriesgada decisión, al finalizar el siglo, de establecer el uso obligatorio de monedas de plata para el comercio oficial, sin apenas contar con minas de plata en su territorio. Esta decisión, coincidió con la consolidación de la ruta del Galeón de Manila iniciada en 1566 que sumaba unas 15.000 millas náuticas, conectando Sevilla con Veracruz en su tramo Atlántico, Veracruz y Acapulco a través de la Ciudad de México por tierra y finalmente Acapulco y Manila atravesando la totalidad del Pacífico. Esta formidable ruta comercial y cultural que duró hasta 1821, se basó en la exportación de la plata americana y otros metales a China y la importación de sedas, marfil y porcelana. Este substancial comercio ultramarino, supuso el control monetario de España sobre China y buena parte del mundo, al tiempo que trascendió en aspectos culturales en oriente y occidente que se evidencia en el arte religioso y decorativo.

Tras la introducción, el documental entra de lleno en los temas peliagudos de nuestra historia y en la Leyenda Negra. Se describe someramente el basamento del estado español fundado por los Reyes Católicos, donde el catolicismo fue la argamasa de su unidad al ser la condición indispensable para ser español y tener los derechos civiles derivados del humanismo renacentista. Con el derecho de gentes, plasmado por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, se establece el orden jurídico y social del Imperio español que abarcó a todos los españoles, peninsulares e indígenas sin distinción. Desde aquí, el documental entra en el examen de la inquisición, la expulsión-conversión de los judíos, la conquista de América, la política de mestizaje, el formidable sistema político administrativo con instituciones que procuraron la fundación de universidades, hospitales, escuelas e industrias que procuraron un grado de prosperidad notable para la época y una paz que duró cerca de tres siglos en los Virreinatos del Imperio. Son estos datos incontrovertibles, los que ponen en solfa la inferida trapacería de los incultos españoles, la supuesta incompetencia económica del Imperio español y el sambenito de la crueldad genocida contra los nativos.

Con el trascurrir del documental van quedando claros los motivos que han impulsado a José Luis López-Linares a emprender esta arriesgada empresa; responder a la embestida de nacionalistas, populistas de diferente jaez revueltos dentro de la olla podrida posmoderna donde se aglutinan las derivadas reaccionarias del indigenismo marxistoide y su complementaria supremacista. Unos derriban estatuas de Colon en Colombia y otros la de fray Junípero Serra en un lugar tan simbólico como la Universidad de Stanford fundada por el supremacista blanco Leland Stanford. Los de más acá, se apuntan a la ceremonia de la confusión achacando al franquismo el monopolio del patriotismo, para justificar la implantación de una historia oficial que convenga a sus intereses sectarios.

El empeño de José Luis López-Linares de llamar a rebato a los españoles denunciando la propaganda, las mentiras y las medias verdades sobre nuestra historia que intereses espurios han implantado por todo el mundo hasta acomplejarnos, esquiva un tanto la responsabilidad de muchos españoles en lo sucedido. Por cuanto, desde hace siglo y medio, los españoles hemos sido criados y maleducados sobre la vergüenza de pertenecer a una nación decadente y de malvado pasado. Los intentos de desfacer este entuerto, como el protagonizado por el polígrafo regeneracionista liberal y notorio políglota, Julián Juderías en “La leyenda negra y la verdad histórica” (1914), fueron eclipsados por planteamientos derivados de un eugenismo mal digerido que impele a la decadencia de la raza. De ser bajitos, morenos y algo holgazanes derivan los males de la patria para Lucas Mallada, mientras que para Ortega y Gasset el enano Gregorio el botero, pintado por Zuloaga, es un ser deforme, grotesco, símbolo de feria y de España. Incluso el católico conservador Menéndez Pelayo no ayudo mucho en mejorar nuestra autoestima cuando amonestaba, no exento de perspectiva: «España evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, cuna de San Ignacio […]; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reinos de taifas». Y aunque fuera el loable deseo de una pronta regeneración, es la generación del 98 la que siente a España como dolor, desventura y anomalía. Son los Unamuno, Menéndez Pidal, Azorín, Machado, Sánchez Albornoz, Marañón y Ortega y Gasset quienes ahondan en la herida cometida por la Leyenda Negra sosteniendo, como en el famoso texto de Ortega que: «el patriotismo en nuestra España de hoy debe partir de una crítica acerba y un valeroso reconocimiento del enorme fracaso español». Hubo que esperar hasta 1985 a que uno de los discípulos más destacados de Ortega y Gasset; Julián Marías Aguilera, pusiera cordura al asunto en “España inteligible. Razón histórica de las Españas”, descartando la decadencia racial, para sostener que España es coherente e inteligible desde el enfoque de la razón histórica.

Opino que el documental “ESPAÑA, la primera globalización” además de defender y divulgar hechos irrefutables de nuestra compleja y emocionante historia, con el noble fin de denunciar imposturas e impostores, nos pone a los españoles en el brete de determinar si nuestra vida en común, en un mundo globalizado que se desquicia con particularismos inventados e imposturas manipuladoras, puede fundamentarse también en la defensa y enriquecimiento de la hispanidad, entendida como tesoro cultural y útil de los pueblos que la conforman.

Enlace al tráiler de España, la primera globalización

ENSEÑANZAS DE UNA NEVADA «HISTÓRICA»

15/01/2021.

La categorización por medios y políticos de “nevada histórica”, causada por la borrasca Filomena, a los vejetes del lugar con memoria aún aceptable, nos parece algo pomposa y tramposilla. En realidad, ha sido un temporal que, con mayor o menor intensidad, se produce todos los inviernos en la península ibérica cuando convergen los vientos fríos del norte (conocidos como olas de frio) con los ábregos del sudoeste atlántico. Y sucedió que la borrasca Filomena, confluyó con una masa de aire fría procedente del ártico en la meseta sur, la Carpetovetónica y la franja aragonesa del Sistema Ibérico entre el 7 y el 11 de enero pasado, produciendo una intensa nevada en dichas regiones, con espesores medios de 50 centímetros. Mientras que en los pueblos los paisanos se las arreglaban bravamente con sus palas y tractores, los inermes urbanitas de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Soria, Teruel, Toledo y Zaragoza sufrimos, primero, el colapso y, luego, una paralización que, en el caso de Madrid y Toledo, perdura una semana y «alguna más» según el alcalde José Luis Martínez Almeida en declaraciones del jueves 14 de enero. El caso es que en la noche del viernes 8 de enero, en las regiones y ciudades indicadas, se suspendieron los servicios de ferrocarril, de los autobuses de línea, de los municipales y el aéreo al clausurar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las autoridades de aquí, de allá y de acullá, han justificado la prolongación de los bloqueos por hielo persistentes en demasía, aduciendo la excepcionalidad de la nevada y la permanencia de temperaturas nocturnas bajo cero, junto con la falta de medios debido a dicha excepcionalidad. Pero cuando se les evidencia la patente descoordinación e ineficacia en la conclusión del bloqueo, salen por peteneras y echan la culpa al adversario político. El culmen de la incompetencia es la redacción de la nota vigente hoy viernes 15 de enero en la página web del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: «… se está recuperando gradualmente las operaciones en las terminales T1, T4 y T4 debido a las heladas y temperaturas mínimas». Pero cuando se pregunta acerca de las causas de la penosa perturbación del aeropuerto más importante de España y el ralentí del ferrocarril al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana …, José Luis Ábalos Meco, en vez de dilucidarlos, responde irritado señalando la lamentable situación de las calles de Madrid. Bien es cierto que en la ciudad de Madrid, una semana después de la nevada, los autobuses siguen sin funcionar porque la mayoría de sus carriles siguen colmados de hielo. Además, las aceras son parcialmente transitables gracias a que porteros, comerciantes y vecinos las han ido limpiando, mientras la falta de dispersión de disgregadores de hielo como sal con arena, sal con cloruro potásico, salmuera con cloruro cálcico o mejor, acetato de calcio-magnesio, brillan por su ausencia. Así, a día de hoy solo funcionan unas pocas líneas de autobuses urbanos y en buena parte de la capital tampoco funciona el servicio de recogida de basura, mientras que la limpieza de las calles es un desiderátum.

Esta chusca realidad contrasta con los datos oficiales, tanto los del Ministerio de Fomento, del Ayuntamiento de Madrid y demás comunidades, ayuntamientos y diputaciones concernidas. De esta suerte, el Consistorio madrileño dice que puso en funcionamiento 135 máquinas quitanieves el domingo 10 de enero, 758 el martes 12 y 1.001 el miércoles 13. Esta flota invencible parece que es conducida por 6.034 operarios, suplementados por 1.200 más durante la semana «ante la lentitud en el avance de los trabajos». Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) colabora desde el sábado pasado en la limpieza de las grandes vías y accesos a hospitales y otros edificios estratégicos en Madrid, Toledo, etcétera. Con todo, el Ayuntamiento madrileño admite que el viernes 15 solo están despejadas el 25% de las calles.

 

El descuadre entre datos y resultados sería desconcertante si analizáramos con baremos productivistas privados o incluso públicos de otros países donde la función pública ha evolucionado desde el siglo XIX. Pero con la administración pública española dirigida por la miríada de políticos profesionales hemos topado. Falta de medios aducen, cuando, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid a través de los contratos actuales de limpieza viaria, dispone de «medios mecánicos sostenibles e inteligentes» que incluyen 200 camiones cisterna para mal baldear calles, cerca de 2000 operarios, además del “Plan de Nevada de la Ciudad de Madrid” y un “Plan de Emergencias Invernales del Ayuntamiento de Madrid (PEIAM) 2020-2021”. Pero la realidad terca de los hechos indica que baldear las 9.139 calles madrileñas (992 kilómetros) con salmuera y esparcir sal durante las 24 horas del día como es necesario, con los cientos de camiones cisternas de que dispone el ayuntamiento y los miles de operarios de limpieza vial, constituye una acción ciclópea que precisa semanas. Y aunque algo más laborioso es retirar las ramas rotas y algunos árboles caídos, el que semejante tarea apenas se haya iniciado transcurridos seis días, es un índice de tortuguismo parejo al de la administración de justicia.

Mañana en la Puerta del Sol de Madrid durante la nevada de 1963.

Podría ejercer de abuelo Cebolleta y contar los recuerdos de algunas nevadas en Madrid, pero me parece más apropiado acudir al comentario del conocido veterano meteorólogo José Antonio Maldonado, quien esta mañana en la COPE ha explicado que, a pesar del cambio climático y demás relatos, las olas de frío en España son recurrentes. Claro que si la memoria histórica es frágil y subordinada, la memoria meteorológica es cortoplacista y caprichosa, por consiguiente, hay que acudir a los archivos para recordar alguna gran nevada en Madrid. Así comprobamos que algunas no son tan lejanas, por ejemplo la del 7 de enero de 2018, la ola de frío entre el 8 al 15 de febrero de 2012, o la nevada del 4 de marzo de 2011. Más comprensible es olvidarse de la catastrófica nevada de enero de 1985 con 45 provincias afectadas, las de enero y marzo de 1971 cuando 38 personas murieron por congelación, las tres seguidas de febrero de 1963, la entonces celebrada del 24 diciembre 1962 y la más duradera de «el año del frío» de Febrero de 1956. Seguramente la selectiva memoria me rebobina mis jubilosas vivencias con la nieve en 1962 y 1963, con los barrenderos madrileños empujando la nieve y los soldados apaleándola a los camiones del ejército. Es cierto que, por entonces, los soldados eran de reemplazo, muchos y poco dispendiosos, mientras que los barrenderos municipales trabajaban duro hasta que, como los serenos, en 1986 pasaron a engrosar las oficinas del Ayuntamiento por la gracia de Enrique Tierno Galván. El caso es que aquel duro trabajo permitió que los tranvías y autobuses no pararan y que los chavales acudiéramos al cole contentos y deseando salir al patio para jugar con la nieve acumulada.

Esta nevada ha caído en mal momento y sus efectos, catastróficos en muchos casos, se suman a los de la COVID-19, al rompecabezas de restricciones y medidas descoordinadas e irreflexivas, al incremento desbocado del precio de la energía y los alimentos y a la incapacidad de distribuir y aplicar con urgencia las vacunas. Estas aciagas coincidencias no pueden ser casuales ni accidentales, tienen que tener causas concretas que, aunque evidentes, los intereses espurios procuran ocultar. No hace falta ser Sherlock Holmes para advertir que la administración pública española está vetusta y sustentada sobre una organización burocrática, donde prima el corporativismo jerárquico capador de la innovación y la iniciativa, al tiempo que mantiene una dualidad estatutaria con privilegios para unas elites concretas y migajas para las bases de las innumerables pirámides y piramiditas corporales. Y todo ello sustentado en un desbarajuste retributivo caciquil e injusto, claramente desincentivador y discrecional, mejor dicho, arbitrario. De esta guisa, pululan los chollos sin merito ni capacidad que valga, pero muy bien gratificados, exponentes del atroz clientelismo. Así, la lógica del sistema no es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sobre la pauta del bien común y la lealtad institucional, sino sustentar lealtades a los jefes políticos y sus partidos como palancas impulsoras de las carreras profesionales de cada enchufado. En este campo abonado de maquinación y desaliento germina el recelo, las zancadillas, los codazos, los boicots y los escaqueos. Es, por tanto, una administración publica ineficaz y, por ende, muy cara, carísima.

LOS PRESUPUESTOS EPIDÉMICOS LETALES

O la punta de lanza para la destrucción definitiva de los restos de sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que tiempo ha pretendimos

27/11/2020.

El pasado 15 de octubre el gobierno de Pedro y Pablo envió el Plan Presupuestario 2021 a la Comisión Europea, con el fin de acelerar la llegada del maná europeo en enero de 2021. Nada menos que 27.000 millones de € primero y pocos meses más tarde el primer albondigón de los fondos europeos para iniciar el, ¡tatatachán! mágico “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, un plan que despierta encendidos aplausos de la crème de la crème de nuestra plutocracia; los Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Ana Botín (Banco Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Florentino Pérez Rodríguez (ACS), Maurici Lucena i Betriu (Aena), Luis Gallego Martín (Iberia), Carlos Torres (BBVA) etcétera, etcétera. Todos estos y unos pocos más, llevan salivando unos meses pensando como engordarán la buchaca con el regalo avalado por los contribuyentes europeos, mientras acompañan al coro Sánchez Castejón de 23 voces más consejeros y aliados supremacistas golpistas, cantando el lied exaltado que promete 800.000 empleos (los mismitos que prometió Felipe González en 1982) y «ecosistemas resilientes a través de una transición energética justa e inclusiva». ¡Qué bonito! Trabajos dignos con salarios honestos, protegidos por todos los derechos como la igualdad de género más ecosistemas resilientes. Esto último es lo mejor puesto que después de someter a los ecosistemas a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión mediante una energía justa e inclusiva, resultará que los ecosistemas recuperarán su forma o posición original y aquí paz y después gloria. Claro que puede ocurrir, según establece la Ley de Hooke, que si a la energía justa e inclusiva se le va la mano y sobrepasa el límite elástico de los ecosistemas; cronch, zas y patapluz; tronchaos pa toa la vida.

La Ley de Hooke no puede aplicarse a las caras de cemento armado. Tampoco parece que fuera resiliente el cántaro de la lecherita del cuento de Samaniego, desde luego la pobre no tenía ni una centésima del desparpajo de la ministra de Hacienda Montero Cuadrado. Con el desparpajo insolente y el regocijo mezcla de desahogo y cachondeo que le caracteriza, la jefa del erario no disimula, como hiciera su antecesor y paisano Montoro Romero, que infla artificialmente los ingresos en su presupuesto para cuadrar el déficit, mientras nos cuenta con rotundidad de sobrada desde el Patio de Monipodio, digo desde el Palacio de la Moncloa, que el monstruoso endeudamiento del Estado español son pelillos a la mar y que sustraer 6.000 millones de euros en plena crisis económica “a los ricos y grandes empresarios” no repercutirá en los precios, como tampoco lo hará la subida del impuesto al diésel y el de los refrescos. Pues claro que no chiqui. Ya demostró Doña María Jesús en su Andalucía natal sus dotes malabares manejando el erario que, como dijo su comadre que se sienta a su siniestra en la tabla ovalada; no es de nadie … excepto de aquellos que lo manejan y disfrutan.

¡Ay los IMPUESTOS! logrados desde siempre por la fuerza coercitiva del Estado. Diezmos o décimas partes, portazgos, regalías, estancadas y gabelas, ITE, etcétera, eran calderilla comparados con los IRPF, IVA, IS, Patrimonio, Donaciones y Sucesiones, etcétera, etcétera actuales. Si amigos, confieso que viví esos tiempos innombrables en que obteniendo ingresos equivalentes pague menos del 15% en impuestos. Ahora me toca vivir tiempos en que ganado lo justito pagaré (hagan sus propias cuentas) más del 50% de mis emolumentos al Estado No soy insincero cuando declaro que no me importaría pagar lo que me correspondiera, si los gastos del Estado fueran transparentes y no estuvieran enmarañados en partidas y subpartidas aviesamente irrastreables. Me refiero a algo tan sencillo como un sistema fiscal finalista en el que cada gasto esté palmariamente ligado a cada ingreso, para que, si se produjeran como ahora despilfarros, mamoneos, chiringuitos y clientelismo, fueran descubiertos fácilmente.

Un insolidario de libro, dirán muchos. Total, estamos hablando de unos gastos que se llevan la mitad de la riqueza nacional y contienen la bomba de relojería llamada déficit y deuda pública pantagruélica. Se retrase o no el maná europeo, el gobierno de progreso propio y para familiares y amigos, en comandita con rufianes y ziztrinak nos quieren imponer un “cierre armonizador”, para extraer a los madrileños y otros fachas que no les votan, lo mismo que sustraen a catalanes y asturianos. Por supuesto, vade retro, lo de armonizar no se aplica al cupo vasco ni al navarro no sea que los aprovechateguis se enfaden y declaren antes de lo previsto la república vasca en la España “roja y rota”. Por si no tienen claro quién paga los platos rotos en cada taifa, les invito a visitar la página Dondevanmisimpuestos

Los biempensantes y pusilánimes están escandalizados por como el duunvirato se ha conchabado con los Franqueasteis para utilizar los presupuestos como punta de lanza del proyecto que conducirá a las repúblicas confederadas ibéricas o Españazuela. Asustados, comprueban las maquinaciones institucionalizadas como el Comité Ad hoc presidencial de reparto del maná europeo, los PERTE para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, la armonización educativa o Ley Celaá que impone un futuro de «pequeños camaradas» servidores fieles de cada elite de cada taifa, mientras que con la Memoria Democrática por bemoles de ley orgánica, implantan la historia oficial para blanquear y dar esplendor a PSOE, IRC, PCE y sus ramas y escisiones, PNV y sus nueces etarras, etcétera, mientras deslegitiman la Transición y la Monarquía. Por si faltaba disolventes, el ministerio de Igual da impone la «autodeterminación de género» para que sea posible que un tío con bigotazos se declare doncella e ingrese en una cárcel de mujeres tras violar a unas cuantas.

Aclaremos: los PGE 2021 son una coartada, la representación imprescindible para lograr el maná europeo, el trampantojo leguleyo justificador de imposiciones. En realidad, como el anterior de Montoro, será manipulado como plastilina nada resiliente a través de «reales decretos-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente». Por si lo dudan, recuerden que, desde el 1 de junio de 2018 en que Sánchez formó su primer gobierno hasta el momento en que escribo, sus gobiernos se han pasado por el forro la ley de estabilidad presupuestaria y los PGE de 2018 a través de decenas de reales decretos leyes de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente necesidad.

Cuando prohombres del PSOE y otras izquierdas se mesan los pocos cabellos que les quedan, preguntándose qué han hecho mal para engendrar esta prole insensata y adanista, habría que responderles a la gallega preguntándoles ¿Qué se puede esperar de quienes, desde mamoncetes han sido instruidos en que la culpa de todos sus males y las de sus recientes ancestros la tiene España, que los problemas de España no tienen solución porque España, siempre madrasta, es el problema? Con semejantes discursos y lecciones, lo lógico es engendrar Raules Castro con coletas, gudaris de pistola fácil en herriko tabernas y xarnegos arrufianados en supremacistas.

Hoy es más evidente que nunca que sin un paradigma de nación es imposible mantener un verdadero Estado democrático. Y es la falta de paradigma nacional para España la primera carencia de nuestros jóvenes gobernantes y de no pocos opositores. Malcriados por las LOECE, LRU, LODE y LOGSE, adoctrinados en el redentorismo vulgar en la universidad pública, el poner en almoneda a España no les causa remordimiento alguno, al contrario, están empeñados en matar al padre conciliador de la, para ellos, malhadada Transición. Quien no vea como estos muchachos nos conducen hacia la destrucción de los restos que nos queda de la sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley que tiempo ha pretendimos, solo puede ser un compinche. De la asquerosa Covid-19 saldremos pronto, pero de la epidemia gubernativa temo que saldremos, si salimos, tarde y con gravísimos menoscabos.

EL VODEVIL DE LOS «EXPERTOS»

En toque de queda y esperando el toque de fajina.

24/10/2020.

Pablo Rojo Barreno.

Cuando el experto oficial del gobierno de la nación en pandemias varias, declara con la simpleza habitual que a tantos encandila: «Hay comunidades autónomas que están en riesgo extremo y una que está al límite, pero no le puedo decir más porque no lo hemos estudiado en profundidad» uno se queda patidifuso y consternado. Sobre todo tras ya casi siete meses de soportar constantes apelaciones a «expertos» para justificar todo tipo de órdenes y medidas mayoritariamente despóticas por parte de nuestros gobernantes. Que semejante función se perpetre con desparpajo insolente solo es explicable por la implantación en occidente del relativismo cognitivo y axiológico desde hace, al menos, tres décadas. La expertitis aguda que padecemos en España arraigada en los ámbitos políticos, administrativos y judiciales, es un artificio derivado de la sociología posmoderna que reina en las aulas de las llamadas ciencias sociales, donde se proclama que en el conocimiento científico no existen conclusiones propiamente científicas. Por lo tanto, para los estrategas de la agitación y propaganda instalados en el elefantiásico Palacio de la Moncloa madrileño y sus imitadores en el resto de las administraciones del orondo Estado español, el experto de turno es un guiñol dirigido por un largo guante movido por personajes como Iván Redondo y sus secretarías generales, gabinetes, direcciones y altos comisionados de trolas y embelecos.

Los expertos dicen, los expertos aseguran, los expertos recomiendan, junto con las cotidianas advertencias pavorosas, son los conjuros favoritos del poder para endilgarnos todo tipo de trágalas. Poco importa si el experto evocado lo es en lunas o en traviesas de ferrocarril, lo esencial para que funcione el bebedizo virtual, no es el que aparezca un tipo o tipa en carne y hueso, todo lo contrario, funciona mucho mejor cuando son fantasmales personajes o comités secretos que imposibilite contrastar su inapelable incompetencia. Esta estrategia no funcionaría tan bien como lo hace si no fuera porque, salvo contadísimas honrosas excepciones, los profesionales españoles que ejercen una labor científica no se han prodigado en los medios para explicar a la población, con el rigor que se les supone, las medidas profilácticas contra la infección por SARS-CoV-2.

No me refiero, claro está, al papelón del conspicuo Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ni por supuesto al del ministro filósofo Illa, sino a tantos que han visto como se utilizaba su nombre en vano y a quienes deberían haber aparecido hace tiempo divulgando los datos científicos disponibles sobre la pandemia y su tratamiento, evitando adoctrinamientos y opiniones ideológicas. Así, ni no fuera por sus nefastos resultados, en este estado de arrestados sería un pasatiempo divertido adivinar del pie ideológico que cojea el experto de turno que aparece en los medios, desde el instante que iniciara su discurso. Incluso los pocos suspicaces podríamos adivinarlo tras un par de frases, mientras los listos de verdad a la tercera o cuarta palabra acertarían.

A estas alturas es lacerante comprobar que la confusión y el enredo sobre la epidemia que nos asola, reinan como si hubiera retornado la peste bubónica y las teorías de los miasmas. A los intereses creados se suman indignos lucros de todo tipo disfrazados con excelsas palabras como solidaridad y bien común. Por ello, al discurso del miedo se suma la ausencia de campañas públicas en televisión, radio y grandes medios de difusión públicos y privados, sobre asuntos tan sencillos como los tipos homologados de mascarillas según las Directivas 93/42/EEC y (CE o UNE EN 14683) 2017/745 que, para el uso cotidiano del ciudadano solo deberían ser tres: las llamadas quirúrgicas NF EN 14683 (tipos I, II y IIR filtran entre el 95% al 98% de bacterias), la NF EN 149 FFP2 (filtra el 94% de aerosoles) y la NF EN 149 FFP3 (filtra el 99% de aerosoles). Eso sí, nos avisan que las quirúrgicas son desechables y apenas duran cuatro horas, mientras que las FFP 2 y 3 solo 12 horas. Cuando uno indaga un poco sobre los materiales con que se fabrican o se deben fabricar estas mascarillas, resulta que son filamentos de polipropileno cuyos nombres comerciales son Spunbond, Meltblown, Nonwoven, etc. Y si curiosea un poco más, resulta que estos fabricados son resistentes a la luz, antimicrobianos, tienen gran resistencia a productos químicos, gran resistencia al desgarre y excelente elongación, son antiestáticos, repelen el agua y el alcohol y la temperatura de inicio de deformación es 80ºC. Entonces, ¿Cómo es que solo duran unas horas? Según las investigaciones de la Universidad de Aix-Marseille Université de Francia, el coronavirus SARS-CoV-2 sometido a 60ºC durante una hora las cepas del patógeno no se eliminan por completo, pero casi. Por otro lado, en el listado de la EPA (United States Environmental Protection Agency a la que referencia oficialmente las páginas oficiales del Estado español) uno de los desinfectantes homologados para superficies blandas (porosas) es el alcohol etílico entre 70° y 96°. Entonces ¿Por qué no se pueden desinfectar las mascarillas homologadas horneando las cepas del SARS-CoV-2, si por desventura las tuvieran pegaditas en la superficie externa, a 70ºC durante una horita o pulverizándolas con una ración de 90% de alcohol de 96º y 10% de agua destilada y, con ello, reutilizarlas durante un tiempo razonable en función de sus propiedades físicas y químicas? Ante estas simples preguntas los «expertos» balbucean sin aportar datos ni estudios concluyentes. ¿Dónde están, no se ven las subvencionadas asociaciones de consumidores? Solo FACUA, siempre solicita al poder vigente, puso en duda la calidad de las mascarillas FFP2 repartidas gratuitamente a los ciudadanos por la Comunidad de Madrid. Simultáneamente, los medios de la corrección política y el cambio climático aporrean nuestra conciencia acerca del desastre causado por los plásticos y las mascarillas que acaban en los mares. Entre tanto, el Rapid Exchange of Information System (RAPEX) de la UE, lleva meses denunciando decenas de marcas de mascarillas que no cumplen las normas de filtrado debidas pero si con la moda del momento.

Resulta que los españoles pagamos la existencia de un ministerio de consumo, cuyo titular se colocó una medallita al mérito de la igualdá, cuando impuso por decreto el pasado 21 de abril el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 0.96 euros la unidad. Este veleidoso ministro amante de la dictadura castrista, no tuvo a bien explicarnos como había llegado a esa cifra, cuando ya entonces era archisabido que; fabricantes ubicados en India vendían estas mascarillas a 0,042$ la unidad para pedidos superiores al millón. Claro que por la misma época el Ministerio de Illa compró 460 millones de mascarillas quirúrgicas a 0,75€ la unidad IVA excluido, mientras que en algunas plataformas de venta online se podían encontrar paquetes de 500 unidades a 0,22$ la unidad. Y cuando se pregunta a la desenvuelta ministra del ramo impositivo los motivos por los que los apaleados ciudadanos tenemos que acoquinar el 21% de IVA cuando compramos mascarillas, con el desparpajo que le caracteriza asegura que la UE no permite reducirlo, cuando es archisabido que la mayoría de los países han suprimido o reducido esa carga impositiva.

Mientras los fantasmales comités de expertos bullían por los despachos oficiales, a mediados de septiembre el I Congreso Nacional COVID-19, publicó un manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica y el interés general, firmado por 55 sociedades científicas españolas y dirigido a la clase política por la gestión de la COVID-19 con el eslogan siguiente: «En salud, ustedes mandan pero no saben» Enlace. Cuando me enteré de la noticia suspiré con un por fin, pero su lectura me recordó las amonestaciones de mi maestro Don Vitaliano sobre vicios tan nefandos como el truismo.

La avispada diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, hace unos días llamaba a la sensatez, a proceder «con cabeza» contra la pandemia, mientras relataba su último viaje de ida y vuelta en Iberia entre Madrid y su natal Santa Cruz de Tenerife con los dos aviones repletos, mientras los viajeros portaban mascarillas a ratos pues se las quitaban cuando comían y bebían. Al mismo tiempo, se publicó la Declaración de Great Barrington: Enlace una propuesta rubricada en el Instituto Americano de Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts. Firmada por más de 9.000 científicos y más de 23.000 médicos, propone adoptar medidas para proteger a los vulnerables mientras que quienes no lo son, deberían reanudar inmediatamente su vida con normalidad. Por supuesto, los medios antiliberales que en España son casi todos, en vez de analizar la propuesta y criticar sus probables defectos, se han dedicado a poner en duda a tantos firmantes y a hablar de profesores Bacterio –seguramente derivado del inconsciente que recordaba a un tal Simón- mientras apelaban a «lo que se sabe que funciona para controlar al coronavirus». ¿Qué funciona? Menos mal. Algo más seria es la crítica del Memorando Snow Enlace que pone en duda el objetivo de la inmunidad colectiva si no es a través de la vacunación. Bueno está que los científicos debatan pues, junto con la investigación que es el primer mandamiento para lograr el avance del conocimiento, puede mejorar el entendimiento. Aunque sería aún mejor si en este debate la ideología fura desterrara en favor de la lógica.

Mientras España sufre la mayor recesión desde la Guerra Civil, acumula el mayor déficit y deuda pública desde la recesión tras el desastre de 1898, el mayor paro real de la historia contemporánea y con los españoles confinados y atemorizados por una desordenada y oportunista gestión de la pandemia, el gobierno de la Nación confecciona los Presupuestos Generales del Estado basándose en el cuento de la lechera. Simultáneamente, lleva adelante su propósito hegemónico totalitario sobre el poder judicial con todo tipo de fullerías y correteas, la educación con la ley “Celaá” para el fomento de la ignorancia y la vagancia, de la historia con la ley de memoria democrática inspirada en la distopía orwelliana “1984” más la ley de regulación de la eutanasia inspirada en la misma obra.

Malos tiempos para la lírica … y para la ciencia.

DE LOS NIÑOS ROBADOS POR EL FRANQUISMO

DE EVOCACIONES Y CRÓNICAS INCORRECTAS

25 de julio de 2019.

Pablo Rojo Barreno.

Después de todo lo vivido, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a muchas gentes de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la Guerra o de muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos “niños de la guerra” desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008 una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo el diario El País, me sorprendió. Rebelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y familias republicanas.

El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista sensacionalista Interviú escrito por la periodista y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL; María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde con el título «La monja que trafica con niños» revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María y el doctor Vela en el Hogar-cuna de La Almudena de Madrid durante los últimos veinte años. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.

Sin llegar a verlo, también me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del “comprometido” Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricard Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas” publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, firmado por el famoso ahora ex-juez Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad. En su Auto, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley de Memoria Histórica, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa, disparó todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos que el Auto de Garzón referenciaba al mencionado libro de Vinyes.

Como se puede apreciar en el Auto de 2008 accesible por internet, Garzón vincula algo forzadamente al Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia creado por Himmler en Mecklenburg, con el Gabinete de Investigaciones psicológicas encabezado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera (al que llama psiquiatra en jefe de Franco) dedicado a estudiar «las raíces psicofísicas del marxismo». Así, Garzón, sin decirlo expresamente, coloca el sambenito a Vallejo Nájera como “el Mengele español” y relaciona a los “niños perdidos” con los robados durante las dictaduras de Vileda y Pinochet en Argentina y Chile. Naturalmente, estas relaciones sirvieron para muchas iniciativas posteriores, por ejemplo para que su amigo el abogado argentino Carlos Alberto Slepoy Prada en 2010 pusiera en marcha la “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruida por la juez María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina.

A pesar del artificio jurídico del Auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan para robar miles de niños a presas y madres republicanas para ser criados en los principios franquistas. Solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente tamaña acusación generó una inquietud generalizada de la que surgieron varios organismos para facilitar las investigaciones. El caso de los niños robados por el franquismo se convirtió, desde entonces, en leitmotiv de la memoria histórica. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, alguna película de escasa trascendencia y, por supuesto, la consabida novela de Almudena Grandes Hernández. En seguida, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. Cualquiera ponía en duda que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas. Incluso los católicos progresistas reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.

Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales que brindan asistencia jurídica y psicológica, una fiscalía, una unidad de policía especializada y una Comisión Estatal.

El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por comprarla y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC News Mundo británica. Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: «mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX». Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país». Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia Nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado. Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid. Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son:« 78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.

Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela Vela al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.

Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: «Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento» (11 de mayo de 2011). «Vicky conoce a su gemela con 51 años» (12 de mayo de 2011). «Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas» (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen como la pertinaz sequía las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.

Mientras tanto, como señalaba Espada, sigo expectante por saber cómo los jueces españoles restituirán el honor del doctor Vela ahora que, prescripción al margen, consta que hubo conocimiento y consentimiento.