O UNA NOCHE EN LA ÓPERA
Pablo Rojo Barreno.
La Ministra de trabajo que descubrió los ERTE y el contrato fijo-discontinuo de la Reforma Laboral de 2012 del PP, está satisfecha por las chulísimas consecuencias de su minireforma laboral. Tras este éxito, se ha lanzado sin paracaídas a la consagración de la matria que suma, desdeñando a la femenina patria, esa que algunos oímos su aflicción. Aunque para aflicción, esos más de 13.000 millones de déficit que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha incurrido en los últimos dos años. Y mientras escribo estas líneas, el gobierno presidido por Sánchez Castejón, ha decidido transferir a la Seguridad Social 19.888 millones de euros más (deuda) a los 36.502,6 millones de hace apenas un año, para tapar el agujero que supondrá su empeño (electoral) de actualizar las pensiones con el IPC en 2023. Por supuesto, el gobierno echa la culpa de estos déficits a la pandemia y a la guerra de Ucrania.
Algunos malintencionados intentan desprestigiar el contrato de trabajo fijo-discontinuo por camuflar las cifras reales de desempleo. Que lo hace no hay duda puesto que; cuando al trabajador se le comunica que sus servicios quedan congelados y deja de trabajar, para el SEPE no consta como parado sino como “demandante de empleo no parado … una situación similar los trabajadores en ERTE, no trabajaban pero no estaban en el paro«. Con todo, hay que reconocer que este modelo de contrato mejora algo la continuidad del puesto de trabajo, respeta la antigüedad, permite acceder a la indemnización por extinción de contrato, y, probablemente, reducirá la tasa de temporalidad a largo plazo. Sin embargo, sigue conservando muchas lacras de los contratos temporales, por ejemplo, cuando las entidades de crédito no lo equivalen al contrato fijo indefinido.
Coherente con la obsesión reglamentista e intervencionista característica del gobierno presidido por Sánchez Castejón, el Real Decreto-ley 3/2022 impone cinco modalidades de contrato fijo discontinuo: estacional, intermitente, adscrito a contratas o concesiones, empresas de trabajo temporal y sector público. Estos contratos pueden ser por jornada completa o parcial, siendo estos últimos los que más se firman. Es obvio que en todos los casos, en algún momento el trabajador dejará de trabajar y pasará a engrosar el paro. Por otro lado, los tribunales laborales han considerado que no puede ser fijo discontinuo un trabajador que ha prestado servicios todo el año. El laberinto leguleyo se expresa fehacientemente cuando se comprueba que; la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España, ha publicado para el 2022 nada menos que 47 modelos de contratos de trabajo, de los que 5 son para fijos-discontinuos.
Teniendo en cuenta que el suflé de estos contratos acaba de empezar, no hace falta tener mucha imaginación para prever que cuando la temporada turística acabe, un porcentaje considerable de trabajadores fijos-discontinuos pasarán a cobrar el seguro de desempleo en función de sus circunstancias personales. Estamos hablando de alrededor de un millón de trabajadores con jornadas de trabajo dispares. Si la bomba de relojería de las pensiones públicas (en julio supuso 11,8% del PIB) es manifiesta, el aumento del gasto por desempleo es algo más que un petardo, aunque las cifras oficiales nos lo camuflen.
Acostumbrados a sufrir un desempleo aciago desde hace cuatro décadas, apenas nos preguntamos como otros países de economías y riquezas naturales similares o incluso más exiguas, mantienen tasas de desempleo mucho menores y ahorran un dineral en miseria y gastos. Una respuesta sencilla la tenemos en la más católica que nosotros Irlanda, país también miembro de la UE donde los contratos de trabajo no están tipificados, por lo que los términos y condiciones del empleo dependen del acuerdo que se establezca entre el empleador y el trabajador. Esta sencilla fórmula junto con bajos impuestos, les ha permitido que estando emparejados con nosotros respecto al PIB per cápita hace 24 años, hoy (datos de 2021), con 84.940 € de PIB per cápita tripliquen con creces nuestro flaco 25.460 €, mantengan una deuda del 56% del PIB frente al 118,4% del PIB de España, al tiempo que mantienen una tasa de desempleo del 4,8% frente al 13,7% nuestra.
Mientras la ministra de Educación y Formación Profesional y actual portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría encuentra los puntos de fuga de la perspectiva de género en las matemáticas, les propongo analizar con un ejemplo las peculiaridades del contrato de trabajo fijo-discontinuo.
Parece que este contrato se está utilizando masivamente para la contratación de conductores de autobuses de transporte escolar. Debido al extenso calendario de días no lectivos, fiestas locales, vacaciones de navidad (entre 18 y 20 días), semana de carnaval, semana blanca, Semana Santa y vacaciones de verano de 5/6 semanas, el contrato fijo-discontinuo es el preferido por las empresas. Así, los conductores de autobuses escolares pasan al paro en verano y navidades porque las empresas de transporte escolar ahorran un pico en salario y cotizaciones a la Seguridad Social. Veamos; la retribución se establece por un salario base más complementos, pluses y las dos gratificaciones extraordinarias de junio y navidad. Tomando la media de varios convenios colectivos, obtenemos que un conductor de autobús escolar tiene un salario bruto mensual de 1.920,00 €/. A este salario hay que añadir las mencionadas pagas extraordinarias y los correspondientes impuestos. Es decir: 320,00 € por pagas extraordinarias, 150,08 € de cotización por desempleo (5,50 %), 528,64 € por contingencia común de la S.S. (23,60 %), 4,48 € por el FOGASA (0,20 %), 84 € por accidente de trabajo y enfermedad profesional (3,75 %) y 13,44 € (0,60 %) por formación profesional. Costo total mensual para la empresa: 3.020,64 €.
PARADOJAS: Cuando la empresa aplica el contrato fijo-discontinuo mandando a su casa al conductor de autobús escolar 20 días en navidad y 5/6 semanas entre julio y agosto nos encontramos con las siguientes paradojas:
La empresa de transporte escolar se ahorra 1.890,45 € en Navidad y 4.050,96 € en verano de salario e impuestos al trabajo, sin embargo, sacrifica la posibilidad de rentabilizar su autobús durante esos dos periodos.
El conductor “disfruta” de las mismas vacaciones que los maestros, aunque ve reducido su salario real a unos 1200,00 € al mes durante 2 meses (en función de varios parámetros como cotizaciones anteriores, hijos, etc,) y solo si tiene derecho a la prestación contributiva, es decir, el paro que se concede por tener 360 o más días cotizados en los últimos seis años, seguirá cotizando a la Seguridad Social para su futura jubilación. En todos los casos, no cotizará por desempleo, accidente de trabajo y enfermedad profesional, fondo de garantía salarial y formación profesional.
El Estado español y en concreto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace un pan como una tortas con este sistema. Así, ha recibido un total de 1.508,00 € durante el año y tendrá que pagar unos 2.400,00 € en prestaciones de desempleo más costos administrativos de personal y financieros.
Ante este panorama de perspectiva poco halagüeña, he revisado los incentivos fiscales y bonificaciones estatales para fomentar la contratación indefinida. Hay unos cuantos que bonifican total o parcialmente la cuota empresarial a la Seguridad Social. Los más generosos que pueden durar hasta tres años, son los contratos para la formación y el aprendizaje. Menos generosos son los dedicados a las conversiones de contrato de formación en alternancia en indefinido, los contratos de prácticas en indefinidos, las bonificaciones a la contratación de personas mayores de 45 años, para contratos indefinidos de parados de larga duración, colectivos en riesgo de exclusión y víctimas de diferentes circunstancias, así como para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En realidad, la única fórmula archidemostrada para estimular la contratación laboral indefinida, es la reducción general de los impuestos al trabajo, junto con la mencionada fórmula irlandesa de contratos de trabajo no tipificados y burocratizados.
Aunque es de sobra conocido el banal concepto que tienen demasiados políticos acerca del erario; «Estamos manejando el dinero público y el dinero público no es de nadie» despachado por la ínclita Carmen Calvo, el despilfarro del dinero que los contribuyentes están obligados a proveer al Estado es una canallada, aunque se disfrace con la empalagosa y demagógica redacción actual del BOE. 16 páginas antes del Dispongo tiene el Real Decreto-ley 32/2021 que arranca por la típica y tópica muletilla adaninsta: «Completar de una vez por todas la transición de nuestras relaciones laborales hacia un modelo más justo y garantista es el gran objetivo de esta reforma». De una vez por todas, escriben impasible el ademán.
Quienes defendemos el modelo de relaciones laborales claras, sin reductos privilegiados para unos pocos, sin letra pequeña ni recovecos, flexibles e indefinidas salvo para los casos concretos bien conocidos, sin intervencionismo estatal como en Irlanda, junto con el cambio de la indemnizaciones por despido por el modelo conocido como “Mochila Austriaca” vigente también en Dinamarca y Suecia, las jerigonzas burocráticas de nuestra legislación laboral nos parecen trabas destructoras de empleo y de dignidad (ver Nota Mochila Austriaca).
Nota sobre la Mochila Austríaca: Se trata de un sistema de protección para el trabajador asalariado, en que las empresas aportan el 1,53% del salario bruto de cada empleado a un fondo de capitalización o caja de prevención laboral, un importe que el trabajador se lleva consigo cuando cambia de compañía o se queda en situación de desempleo. Es el trabajador quien puede decidir si lo sigue acumulando para su posterior jubilación o si lo capitaliza para afrontar la nueva situación del paro. Para el trabajador hace las veces de indemnización y complemento a su pensión y solo él decide qué hacer con ese capital.
Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.
Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.
El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista sensacionalista Interviú escrito por la periodista y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL; María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde con el título «La monja que trafica con niños» revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María y el doctor Vela en el Hogar-cuna de La Almudena de Madrid durante los últimos veinte años. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.
A pesar del artificio jurídico del Auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan para robar miles de niños a presas y madres republicanas para ser criados en los principios franquistas. Solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente tamaña acusación generó una inquietud generalizada de la que surgieron varios organismos para facilitar las investigaciones. El caso de los niños robados por el franquismo se convirtió, desde entonces, en leitmotiv de la memoria histórica. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, alguna película de escasa trascendencia y, por supuesto, la consabida novela de Almudena Grandes Hernández. En seguida, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. Cualquiera ponía en duda que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas. Incluso los católicos progresistas reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.
La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado. Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid. Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son:« 78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.