Publicación revisada el 7 de junio de 2026.

Si devolvemos la esperanza al pueblo español, una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras es factible.

¡España necesita una alternativa, no una simple alternancia!

 

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ÍNDICE

FUNDAMENTOS

DE LA INSEGURIDAD NEFANDA Y LA SUMISIÓN A CHINA

PRIORIDAD NACIONAL

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

LA SOSTENIBILIDAD INSOSTENIBLE

DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA

CLIENTELISMO DEL SIGLO XXI Y SUBVENCIONES

LA CORRUPCIÓN Y LA INEPTITUD MATAN

SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA

DECÁLOGO COMPENDIADO DE PROPUESTAS URGENTES

REFORMAS LEGISLATIVAS Y ESTRUCTURALES

LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE

OTRAS MEDIDAS Y REFORMAS URGENTES

FUNDAMENTOS

En el momento en que actualizamos esta declaración, 7 de junio de 2026, los resultados de las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, han determinado acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en las tres primeras regiones, sobre el compromiso de actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para sus comunidades y para España

Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el RÉGIMEN SANCHISTA, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España. 

Decimos RÉGIMEN porque es constatable que, transcurridos más de siete años de gobiernos del PSOE dirigido omnipotentemente por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, primero coaligándose con Podemos y luego con Sumar, junto con los interesados apoyos de la cohorte de supremacistas golpistas, odiadores de España: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC, paso a paso, decisión tras decisión, decreto tras decreto, han conformado una estrategia para someter a los españoles a un régimen despótico posmoderno «woke» del siglo XXI basado en la posverdad, la ilusión de participación ciudadana siempre capada por decisiones unilaterales del gobernante presentadas como inevitables y dictadas por la «ciencia» y la correspondiente vorágine de «expertos», mientras que al ciudadano raso explotado por el Estado pantagruélico se le exige paciencia porque mañana le irá mejor. A diferencia de los golpes de Estado que impusieron las dictaduras clásicas, las tácticas usurpatorias sanchistas se basan en la utilización sistemática de la demagogia, el clientelismo, la corrupción, la compra de lealtades, el control y ocupación de las instituciones y la ruptura sibilina del pacto constitucional.

El plato táctico fuerte del sanchismo ha sido erigir un “muro contra la derecha y la extrema derecha”. Frente a los requetemalos derechistas enemigos del pueblo y herederos del franquismo se encuentran ellos, los buenos, los que están en el «lado correcto de la historia» que encabeza el Gran Hermano, Pedro Sánchez.

Con la mutación constructivista de la Carta Magna a través de un Tribunal Constitucional amaestrado, el control sectario de las instituciones y empresas cardinales públicas y semipúblicas, la imposición de un relato histórico oficial (Ley de Memoria Democrática 20/2022) cainita y sectario para lavar el pasado y el presente del PSOE, del PCE, de ERC, de ETA y perpetrar atropellos como la obtención de la nacionalidad española a quienes se digan descendientes de exiliados republicanos en 1939 (Ley 52/2007), el desmantelamiento de cualquier control parlamentario y el uso y abuso de los decretos, mientras manejan el erario arbitrariamente sobre presupuestos caducados, el régimen sanchista se va consolidando.

Entendiendo que este intento autoritario del PSOE y sus secuaces nos conduce a un gran quebranto para España —que no excluye su destrucción en una confederación disolvente—, y por ende para los españoles, consideramos que no caben medias tintas ni partidismos para atajarlo. La gravedad de este siniestro intento se evidencia en numerosas decisiones, desde la más irritante, consistente en la prepotencia e ilegalidad de no presentar presupuestos generales del Estado en cuatro años, hasta la más sibilina, consistente en dar la vuelta a la teoría del «gran reemplazo» para camuflarla con un discurso buenista pleno de demagogia pseudoigualitarista que oculta una falsaria empatía premeditada para generar dependencia y clientelismo.

Con «la justicia restaurativa» delitos graves como el tráfico ilegal de personas, de drogas, la «okupación» de viviendas ajenas y atracos y robos violentos son justificados por ser medios de supervivencia de las «víctimas del sistema», un sistema que ellos controlan. Y de esta manera, mientras los delincuentes —entrar en España ilegalmente es un delito— campan a sus anchas y se benefician de los programas de reinserción social, inclusión, acogida e integración de inmigrantes, etc., aumenta la criminalidad violenta y la aparición de Estados paralelos en los barrios de las ciudades. Una tremebunda réplica de la situación de países como Francia y Suecia.

A finales de 2025 y principios de 2026, los datos sobre criminalidad en España muestran un aumento significativo en los delitos más graves y la cibercriminalidad, mientras que la población reclusa extranjera ha registrado un aumento notable. Así, los reclusos extranjeros representan el 33,2% del total de la población reclusa nacional (cifrada en 61.858 internos a finales de agosto de 2025) mientras que los extranjeros representan alrededor del 14% de la población empadronada en España.

En 2025, solo para la atención inmediata a inmigrantes irregulares en España el Estado gastó más de 1.800€ millones, unos 700€ millones solo en el sistema de protección internacional y atención humanitaria. Los centros e instituciones penitenciarias nos costaron 1.326€ millones. El coste por preso por día fue 78€. Para el mantenimiento y atención de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en varias regiones, como Madrid, en 2025 se adjudicaron contratos con un coste cercano a 70.000€ por menor al año. Para 2025, se destinaron 94 millones de euros para ayudas a entidades que trabajan con colectivos vulnerables, incluyendo personas inmigrantes, lo que supuso un incremento del 12% respecto a 2024. El gasto derivado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) creció un 13% en 2025, alcanzando los 4.600€ millones, al tiempo que la pobreza creció con 400.000 nuevos beneficiarios. De los más de 846.000 hogares que recibieron el IMV en 2025, unos 160.000 son extranjeros, es decir, mientras que el 14,1% de la población española total tenía nacionalidad extranjera, el porcentaje de extranjeros beneficiarios del IMV fue el 19%.

La percepción de las nefastas consecuencias de la inmigración masiva y descontrolada explicitadas en la mengua de servicios sanitarios y educativos, el brutal encarecimiento de la vivienda y el aumento de la criminalidad, ya es una apreciación transversal en la sociedad española. Sin embargo, el gobierno y sus medios persisten en negar la realidad aduciendo que la inmigración masiva es la única opción que permite solucionar la decadencia demográfica y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como acostumbran, mienten con premeditación y alevosía. Saben, pero lo ocultan arteramente, que la solución probada en otros países —Hungría es el más persuasivo al destinar cerca del 5% del PIB a políticas familiares, seguido de Polonia y últimamente Japón— consiste en estimular la natalidad y facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias numerosas con bajos recursos.

Sucede que, con una inmigración récord y con una subida confiscatoria de las cotizaciones, durante el año en curso la financiación de las pensiones españolas se sigue debilitando. Pasa que la ratio de empleados cotizantes por pensionista en España, a pesar de estar inflada mediante trampas y ocultamientos como el que un mismo trabajador puede tener varios empleos registrados, por lo que las afiliaciones son mayores que el número real de ocupados, en abril de 2026 apenas alcanzó la ratio 2,01. Sucede que, mientras el Gobierno celebra «cifras históricas» de afiliación a la Seguridad Social con más de «22 millones de ocupados», los datos reales no se pueden calcular sobre ocupación, sino sobre afiliación, con lo que se dejan cerca de 120.000 afiliados por el camino. Exactamente, la Seguridad Social ha registrado 21.882.147 afiliados en abril de 2026, mientras que el número de pensiones registrado fue 10.488.694. Por consiguiente, nos encontramos muy lejos de la meta mínima de sostenibilidad estimada en 2,5 -2,47 fue alcanzada en 2007-, lo que indica que el mercado laboral de España no logra absorber la inmigración que podría garantizar la sostenibilidad de la creciente demanda de pensiones.

Apoyados en los valores mencionados en la introducción, los firmantes de esta iniciativa hemos constatado que la intentona de consolidar el régimen despótico sanchista conlleva la exaltación de la «posverdad», el falsario igualitarismo que elimina las distinciones de mérito, cultura y virtud, para ocultar su mediocridad y su amoralidad. Para ello, han priorizado lo identitario fragmentador de la sociedad como residuo espurio de la lucha de clases, imponiéndolo a través de leyes, reglamentos, gestión sectaria y compra de medios. En realidad, el sanchismo se ha instalado en el oportunismo sin principios y en el subjetivismo que renuncia a distinguir entre lo justo de lo injusto, lo mediocre de lo excelente, con el maniqueísta propósito de anular la capacidad de juicio de los españoles y poder manipularlos a su antojo. Y obvio es que una sociedad que pierde el criterio científico y estético termina perdiendo el criterio moral. Así, nos encontramos ante la brutal evidencia de estar gobernados por una secta encabezada por un mediocre con rasgos de psicópata narcisista, cuyo objetivo esencial es acaparar el máximo poder «por los siglos de los siglos».

DE LA INSEGURIDAD NEFANDA Y LA SUMISIÓN A CHINA

En el momento que redactamos esta publicación, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado «caso Plus Ultra». El juez del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, le ha citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 17 y 18 de junio. El magistrado le atribuye la presunta comisión de tres delitos principales: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez Calama señala al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos, especialmente en favor de la compañía de aviación venezolana Plus Ultra.

Señalamos que esta imputación no nos sorprende y consideramos que solo es la punta del iceberg de las andanzas de este nefasto expresidente que constituyó el prólogo del muro sectario sanchista resucitando odios y rencores que habían sido restañados por los españoles. Sus trapacerías perpetradas en alianza con los mandamases de las dictaduras de Venezuela y China se pueden comprobar en el siguiente enlace: ENLACE A LAS TRAPACERIAS DE CHINA DONDE ZAPATERO ES PROTAGONISTA.

Y si la inmigración masiva y descontrolada, lejos de garantizar el futuro de las pensiones incide en el aumento de la criminalidad, la deflación de los salarios, la saturación de los servicios públicos, el aumento de los precios de la vivienda como consecuencia de la estulticia gubernamental y el incremento de la pobreza y la marginalización, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la aprobación del Consejo de ministros, en septiembre de 2022 decidió disolver el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur), una unidad de élite de la Guardia Civil creada en 2018 para combatir las mafias del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

Durante sus 4 años de actividad, la OCON-Sur incautó toneladas de droga y más de 300 millones de euros. Tras dicha disolución, el narcotráfico avanza imparable, sobre todo en las costas de Huelva y Cádiz. El blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas se ha disparado un 141% en la comunidad andaluza desde 2020. Ahora mismo, los narcos pagan 1.800€ por la vigilancia y 4.000€ por hacer de «narcogasolineras». Mientras que Europol sitúa el Guadalquivir como clave en el narcotráfico, el pasado viernes 8 de mayo de 2026 dos agentes de la Guardia Civil; Germán P.G. (55 años) y Jerónimo J.M. (56 años y con tres hijos) perdieron la vida en aguas de Huelva cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil colisionaron tras una maniobra amenazante de la narcolancha que las patrulleras perseguían a gran velocidad.

La reciente tragedia no es excepción para los esforzados guardias de la Benemérita curtidos en la lucha contra los terroristas de ETA y GRAPO. Pero en su lucha contra el narcotráfico se enfrentan a asesinos no menos salvajes. Así, el 9 de febrero de 2024 fueron asesinados los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez cuando cerca del puerto de Barbate (Cádiz) fueron arrollados de manera deliberada por una narcolancha de gran tamaño que pasó por encima de su pequeña embarcación neumática. Estamos ante la cruda exposición de que la degradación del orden público en España, aunque camuflada, no solo se evidencia por el aumento del crimen; también se patentiza con el incremento exponencial de las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) año tras año. Durante 2025 hubo más de 1.000 agresiones a guardias civiles (casi 5 diarias) y 2.895 ataques a policías y guardias civiles solo en Andalucía, marcando un récord histórico. Además, el último Informe Anual de Seguridad Nacional elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, con aportaciones de 17 ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estima que más de 600 narcolanchas operan en el Estrecho de Gibraltar, mientras que la Armada identifica cada semana a unos 50 buques de la ‘flota fantasma’ rusa en aguas próximas a Canarias y Andalucía.

Con estos precedentes, nos resulta tan sospechoso como obsceno que la exministra de Hacienda, M.J. Montero, en el debate electoral del pasado 8 de mayo de 2026 en Canal Sur, calificara el homicidio de los dos guardias en Huelva mencionados como accidente laboral, que el ministro del interior Marlaska no se dignara acudir a su entierro y que la mayoría que sustenta al gobierno vote 6 días después del entierro contra la propuesta de declarar la actividad de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de alto riesgo.

Y si al trance de perder la vida por un sueldo raquítico se suma la indefensión que supone la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estipula que: «los agentes solo pueden usar armas ante una «amenaza grave, inmediata e inminente» para su vida o la de terceros», considerar que nuestros policías y guardias civiles están vendidos no es una exageración. Efectivamente, disparar contra narcos armados hasta los dientes que amenazan con abalanzarse con su potente narcolancha contra la frágil patrullera de la Guardia Civil se considera desproporcionado bajo el marco legal actual.

Y en un clima de tráfico ilegal, de obtención de dinero fácil colaborando con los narcos, de corrupción política sistémica, de cainismo y de tactismo e imposturas camufladas con cambios de opinión, que la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez (2018-presente) se caracterice por la felonía, el aventurerismo y la demagogia, suponen una peligrosa fragilización de la soberanía nacional, su independencia e integridad territorial, sobre todo en el Estrecho de Gibraltar, en Ceuta y Melilla y en las Islas Canarias, no tiene parangón histórico.

En abril de 2021, con el beneplácito del gobierno, fue hospitalizado en Logroño el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Inmediatamente el Gobierno del Marruecos publicó un comunicado «deplorando enérgicamente la actitud de España». Un año más tarde, el gobierno de Sánchez respaldó la propuesta de Marruecos de proclamar el Sáhara Occidental como autonomía del reino alauita, revirtiendo con ello la neutralidad histórica de España y alineándose con la postura de Estados Unidos. Ni una sola explicación sobre semejante cambio de criterio. Inmediatamente Argelia rompió el Tratado de Amistad y Cooperación y cerro el gasoducto Magreb-Europa (GME). Solo 4 años después a través del gaseoducto Medgaz se recuperó parcialmente el volumen de gas que España importaba en 2020 de Argelia, pero el tratado sigue roto.

Apenas 50 días después de la masacre perpetrada por los comandos terroristas de Hamás en el sur de Israel que causaron la muerte de 1.200 personas y el inhumano y torturador secuestro de 251 personas –en su mayoría civiles–, Pedro Sánchez visitó Israel junto con un homólogo belga, Alexander De Croo. Lo que se esperaba que fuese una visita destinada a expresar solidaridad con el Estado judío en uno de los momentos más duros de su historia, se convirtió en un viaje con dos objetivos: ganar el aplauso fácil de la extrema izquierda española y posicionar a España contra Israel mediante la provocación de declarar con estruendosa vehemencia el reconocimiento del inexistente estado palestino. Esta provocación, lejos de suavizarse, se ha convertido en ataques y acusaciones de genocidio contra Israel, al tiempo que apoyan abiertamente manifestaciones violentas (tremebundas las de la Vuelta Ciclista a España) y flotillas de cómplices de Hamás con una ayuda humanitaria que brilla por su ausencia.

En marzo de 2026, el gobierno de la teocracia iraní difundió vídeos e imágenes mostrando misiles listos para ser lanzados contra Israel con pegatinas del rostro de Pedro Sánchez y mensajes de agradecimiento por su apoyo. Los mensajes en inglés decían: «Esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, primer ministro«.

Con el segundo mandato presidencial de Donal Trump, Sánchez comprobó directamente que el norteamericano le tenía calado. Enseguida, las reticencias de la administración estadounidense sobre la lealtad del gobierno español se confirmaron cuando Sánchez se apartó de la foto y rechazó la exigencia de la OTAN y de Donald Trump de elevar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), calificando dicha meta como «incompatible«, «irrazonable» y «contraproducente«. Pero el culmen del enfrentamiento ha sucedido hace pocos días cuando tras posicionarse contra de la intervención militar de EE. UU. e Israel en Irán, calificándola de «injustificada» y contraria al derecho internacional, prohibió categóricamente la utilización del espacio aéreo español y de las bases de utilización conjunta (Rota y Morón) para las operaciones de ataque ejecutadas por Estados Unidos contra Irán. Con el lema «No a la guerra». Entretanto, Sánchez ha intensificado su agenda y acercamiento político-comercial con China hasta niveles de pleitesía hacia la aristocracia organizada en el seno del Partido Comunista de China. Enlace a un artículo -en realidad son dos- sobre cómo funciona el contubernio entre los amos del Partido Comunista de China y las bandas de rapaces “españoles”.

Peor si cabe es la renuncia de soberanía de España sobre Gibraltar derivado del reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, un texto de 606 páginas y 336 artículos que decide la supresión de la Verja y redefine el funcionamiento de la frontera, mientras que, de hecho, confirma la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón. El documento será ratificado por el Parlamento Europeo y no pasará por el Congreso de los Diputados. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo calificó el acuerdo sobre Gibraltar como una capitulación histórica para los intereses españoles al suponer la “rendición total” y la “renuncia absoluta” a la soberanía política y económica de España sobre el Peñón. “Somos el único país del mundo que no controla sus fronteras”, ha denunciado el exministro, lamentando “profundamente” la “oportunidad perdida” tras el Brexit para reforzar la posición española. Tanto el PP como Vox han corroborado las palabras de García-Margallo añadiendo que compromete la seguridad nacional al permitir la libre circulación como parte del espacio Schengen.

La penúltima canallada perpetrada por un ministro amoral de un gobierno amoral fue la disolución del equipo de investigación de la Guardia Civil «Ares» dedicado a la investigación de delitos relativos al tráfico aéreo en el Aeropuerto de Barajas, como falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento, delitos que dicho equipo investigó respecto a la compañía venezolana Plus Ultra en el contexto del sospechoso rescate perpetrado por el gobierno. La secreta disolución se produjo tras la instrucción del expediente, el intento de boicot por parte de la fiscalía «¿de quién depende?» cuando iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora.

El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste».

Añadimos que todos los Gobiernos españoles se han esforzado en mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de las trabas impuestas por el país magrebí que siempre ha empleado la baza del chantaje con la inmigración y el tráfico de hachís. Pero nunca se había producido una sumisión tan indigna como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Porque es inconcebiblemente estulto, salvo que existan intereses o hechos inconfesables, olvidar o hacernos olvidar que desde que Marruecos logró la independencia en 1956, nos han atacado traicioneramente en 1957 -Guerra de Ifni-, en 1975 con la Marcha Verde y en 2002 en el islote de Perejil. Y todo ello unido a constantes reclamaciones y coacciones para apoderarse de Ceuta, Melilla, los Peñones (Vélez de la Gomera y Alhucemas), las islas Chafarinas y, solapadamente y con todo tipo de sibilinos chantajes, las Islas Canarias, mientras insultan y menoscaban a los aliados de Mohamed VI, Trump e Israel.

PRIORIDAD NACIONAL

Este lema reivindicado por Vox y asumido en los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, responde a la constatación de graves discriminaciones a la población española en la concesión de ayudas públicas respecto a los inmigrantes recién llegados. Resulta que exigir justicia, como que los recursos públicos y las ayudas sociales se destinen de forma preferente a los ciudadanos españoles y a los inmigrantes con arraigo prolongado y demostrado, es denostado por el régimen sanchista y por la pléyade de organizaciones dedicadas a salvar náufragos de conveniencia, las numerosas redes de acogida y ONGs dedicadas a proteger exclusivamente a inmigrantes enarbolando la igualdad universal de derechos, pero nunca de obligaciones. Y sin matiz alguno, el enorme conglomerado protector de los inmigrantes acusa a quienes exigimos justicia distributiva y el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y el paso legal de nuestras fronteras, de racismo, xenofobia y supremacismo, incluidos los partidos y asociaciones que imponen altos perfiles de catalán y vascuence para el acceso a puestos de la administración local como barrenderos o limpiadoras.

Además del gobierno de Sánchez y sus aliados, entre quienes defienden la inmigración masiva destaca la Iglesia Católica en la voz del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Luis Argüello, quien, apelando al humanismo cristiano asegura que la dignidad humana es sagrada e intocable para cualquier persona, independientemente de su origen, y que el bien común ya no puede limitarse a una escala meramente local o estatal.

Esta rotunda postura de la cúpula clerical católica en España que está consternado a muchos católicos españoles, es difícil de encajar sin caer en mentises sobre los valores cardinales y teologales católicos que deben guiar la conducta humana: prudencia, justicia, fortaleza y templanza incluyendo los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.

Quizá estas discordancias se puedan disipar un poco si recordamos el resumen del alegato del sociólogo James Petras sobre las ONGs: «Las ONGs brindan a los progresistas oportunidades económicas y laborales, segundos salarios en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una «buena conciencia» y la remuneración económica dentro del sistema, con una palmadita en el hombro de las autoridades». Pues bien, entre las decenas de ONGs dedicadas a ayudar a los inmigrantes en España que han respaldado con fuerza la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de residentes indocumentados destacan las siguientes: Proactiva Open Arms, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones Accem, Cáritas Española, Migrantes con Derechos (Red de cooperación que unifica la acción de Cáritas, SJM, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de Religiosos (CONFER)), Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa, Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM España), CEAR, Asociación Cardijn, Vich-Asociación ELIN, Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Fundación Cruz Blanca, Asociación Puente de Esperanza, Cruz Roja y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El caso más reseñable, aunque el de las otras mencionadas no es desemejante, es Accem. Constituida en 1951 por la Conferencia Episcopal de entonces, en 1990, sin cambiar siglas, se reinscribió como entidad civil aconfesional sin ánimo de lucro, para poder acceder a líneas de subvención más amplias que las confesionales. Siempre administrada por la Conferencia Episcopal Española a través de religiosos y religiosas (monjas), en 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. Su estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Estamos ante una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al mismo ritmo que crece las llegadas de inmigrantes irregulares. Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 gestionó 486,9 millones de euros.

No tendremos una visión suficiente sobre este peliagudo asunto sin tener presente la potencia de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española agrupados y gestionados por su plataforma multimedia Ábside Media cuyos apéndices principales son: Cadena COPE (junto con un grupo de emisoras de radio generalistas y musicales (Cadena 100, Rock FM, MegaStar FM), Trece TV, el grupo Ecclesia conformado por un portal web y una revista mensual más el semanario Alfa y Omega distribuido a nivel nacional encartado en el diario ABC, perteneciente al grupo de comunicación Vocento.

Las críticas a estas ONGs que en su inmensa mayoría están al abrigo de la Iglesia Católica, se centran en tres ejes principales: el fomento del «efecto llamada» y la inmigración irregular, el cuestionamiento de su financiación con fondos públicos y la controversia por su apoyo institucional a regularizaciones masivas.

Y al considerar que las políticas del gobierno sanchista de inmigración masiva han generado graves problemas económicos y sociales, incluida la discriminación de los españoles, apuntamos las medidas urgentes para solventarlos que más adelante compilaremos junto con propuestas legislativas.

I. La erradicación de la inmigración masiva y descontrolada incluyendo la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y los legalizados que cometan delitos graves o reincidan.

II. Establecimiento legal de la «PRIORIDAD NACIONAL» para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, educación y servicios públicos por encima de los extranjeros que no cumplan los mínimos de un arraigo real, duradero y verificable de, al menos, 10 años trabajando y aportando al mantenimiento de la nación. Para ello es imprescindible modificar profundamente la Ley Orgánica 4/2000 y anular el Reglamento de Extranjería vigente (Real Decreto 1155/2024).

III. Anulación inmediata de todos los procesos de regularización y medidas y leyes que generen el “efecto llamada”, incluyendo el endurecimiento de las penas para las mafias de la inmigración ilegal, etc. Insistimos sobre las tremebundas consecuencias derivadas de la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales, cifra que tras solicitar la reagrupación para sus familiares, una vez cumplan con los triviales requisitos, ese medio millón se convertirán en unos meses en un millón y medio o incluso más para, en un cálculo demagógico irresponsable y cortoplacista, engordar las cifras de empleo, del PIB y de las afiliaciones a la S.S. con el fin de vendernos crecimiento y obtener votos de agradecimiento facilitándoles la pronta nacionalización española.

IV. Desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal de casas mediante el procedimiento penal rápido para enjuiciar delitos flagrantes con celeridad en el juzgado de guardia para obtener una sentencia en 24 horas mediante la aplicación sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero. Esta medida debe incluir la defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal.

V. Derogación inmediata de la “ley de nietos”, es decir, la cainita y sectaria Ley de Memoria Democrática presentada como una reparación histórica que, además de servir para lavar pasados canallescos, establece que aquellos descendientes de exiliados o emigrantes españoles que se remontan hasta 1936, -hasta nietos, e incluso en algunos casos hijos mayores de quienes ya accedieron a la nacionalidad por normas anteriores- tienen derecho a la nacionalidad española. Sobre este principio se ha desarrollado una cadena de producción en masa de nuevos españoles que, en su inmensa mayoría no ha pisado España ni aportado nada a la nación y que, por tanto. residen en el extranjero, pero que gozarán de la nacionalidad española y el consiguiente derecho al voto. Así, se prescinde de cualquier vínculo con España como condición para acceder a la nacionalidad española. Basta con acreditar una línea genealógica -a menudo reconstruida décadas después- para obtener un pasaporte y, con él, derechos políticos plenos. Las cifras hablan solas y estremecen: más de 2,5 millones de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades concedidas y una tasa de éxito del 98%.

Si esos nuevos españoles no viven ni trabajan en España, no han aportado ni aportan nada a la nación, tampoco van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar. Todos esos nuevos ciudadanos acaban en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que ya supera los 2,6 millones de inscritos. Y creciendo. Sin freno.

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Teniendo en cuenta la doctrina que profesan, no es casual que los cinco ministros nombrados por Sánchez dirigentes de la coalición electoral de la extrema izquierda, Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego, se caractericen por haber realizado una gestión nefasta adornada de extrema arrogancia solo superada por quien dice encargarse de transportes y no se sabe que más sostenible, Óscar Puente Santiago, junto con la primera ministra de Educación de Pedro Sánchez, ejecutora de la redacción de la nefasta LOMLOE, Isabel Celaá Diéguez.

No es casual que Pedro Sánchez haya nombrado ministros de Cultura a dos catalanes; Miquel Iceta y Ernest Urtasun Domènech. Pero al contrario que su antecesor, Urtasun se crio en el burgués barrio barcelonés San Gervasio-La Bonanova, se licenció en Economía, aprobó las oposiciones del cuerpo diplomático en 2010 y siempre ha vivido de la política.

Sucedió que tras varias militancias políticas iniciadas en Acció Jove-CCOO y el Movimiento de Estudiantes Progresistas de la UAB, y pasar por el grupúsculo Jóvenes Verdes, Urtasun fue elegido eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV) en 2014, desde donde se catapultó hasta convertirse en dirigente de «Sumar».

Pero para entender su trayectoria política y sus decisiones como ministro de Cultura del Reino de España, es pertinente aclarar que Urtasun es hijo de militantes del PSUC, la rama catalana del Partido Comunista de España, y nieto de Jesús Urtasun Sarasibar, un falangista navarro que luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española y fue condecorado y premiado por Franco con la Medalla del Sufrimiento por la Patria y una pensión vitalicia a cargo del Estado. Así, Ernesto no estudió en una escuela pública, sino en el elitista Liceo Francés. Fue en la universidad cuando el joven Urtasun abrazó el batiburrillo esquizofrénico extendido en Cataluña que cabriola con el independentismo supremacista identitario al asumir el soberanismo —«sin independentismo», dicen—, todos los tópicos antiespañolistas y hispanófobos junto con los postulados wokes de la teoría crítica de la raza, el generismo vulgar de la teoría queer, el indigenismo y su agenda poscolonial, las agendas climáticas globalistas junto con el «derecho a decidir», que no es otra cosa que un confederalismo disolvente para España. Al asumir estos postulados ideológicos, que la gestión de Urtasun como ministro de Cultura sea renegar de España y su cultura es lógico.

Sin bagaje intelectual, en cada declaración o decisión Urtasun expone su ignorancia supina de la Historia de España al repetir las soflamas y tópicos de la leyenda negra. Así, a los museos españoles los califica como machistas, coloniales o franquistas. Como lo leen, incluido el Museo del Prado. Pacata minuta si se compara con su equiparación de la conquista española de América que creó la hispanidad con el genocidio cometido por el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo.

Despropósito tras despropósito, Urtasun asegura que la tauromaquia no debe ser nunca considerada cultura y por ello suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia y todas las ayudas al sector, al tiempo que impulsaba una Legislativa Popular (ILP): «No es mi cultura», buscando retirar el estatus de patrimonio cultural a la tauromaquia. Asimismo, ha puesto en marcha la «descolonización» de los museos estatales para «superar inercias etnocéntricas y promover una visión más crítica de la historia».

Que el tiro de Urtasun contra la tauromaquia y la hispanidad le haya salido por la culata, demuestra que un ministerio fundado en el intervencionismo y el clientelismo derivado de las subvenciones, es una lacra para la cultura y las artes de España. Su desaparición no solo supondrá quitarse de encima un aparato de propaganda sectaria camuflado y el reparto de dádivas a las voces del amo, también significará reducir gasto público y la devolución a la sociedad civil buena parte de la defensa y promoción del patrimonio y las artes y la mejora de la autonomía de quienes crean, comparten y transmiten los elementos inmateriales y materiales que definen la cultura y las artes. Para lograr estos objetivos es imprescindible promover el mecenazgo, la industria privada y el consumo cultural libre.

Como colofón de desatinos en materia de educación en España iniciado con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 de la época del PSOE del Felipato, que eliminó la cultura del esfuerzo y desincentivó el estudio, generando un clima de degradación de la disciplina y el nivel en la Educación Secundaria, tenemos la LOMLOE también conocida por Ley Celaá. Una ley que, además de profundizar en los errores pedagógicos de sus antecesoras, que han priorizado constructos teóricos y métodos constructivistas sobre la transmisión de conocimientos básicos, atenta contra la libertad metodológica de los docentes, impone cuestiones pseudocientíficas en su redactado y, a nivel burocrático, impone complicar el modelo de evaluación hasta el infinito. Eso sin entrar en su desarrollo curricular infame, repetido y producto de un determinado modelo educativo, cuya máxima es la dilución de todo tipo de conocimientos en transversalidades sin sentido. Su sustitución urgente debe contemplar los siguientes puntos:

I. Imposición del español como lengua vehicular única en todo el territorio nacional y la erradicación del adoctrinamiento ideológico.

II. Recentralizar las competencias educativas para asegurar contenidos comunes en toda España y la supresión de elementos ideológicos.

III. Elección del centro: Fomentar un sistema de cheque escolar para que las familias elijan libremente el centro educativo (público, concertado o privado).

LA SOSTENIBILIDAD INSOSTENIBLE

Insostenible es el actual sistema de pensiones públicas pues se mantiene gracias a transferencias del erario obtenidas a través de deuda del Estado. Hablamos de un endeudamiento histórico disparado, camuflado por el gobierno que, además, tapa la «deuda implícita» que representa el compromiso futuro de pago a los trabajadores actuales, estimada en varias veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España.

Según informes del Tribunal de Cuentas de primeros de mayo de 2026, el Gobierno destinó cerca de 2.400€ millones de los fondos europeos «Next Generation» en 2024 para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Se trata de una ilegalidad manifiesta que ha escandalizado a los ciudadanos de los países más aportadores Mientras tanto, las trapisondas contables del gobierno de Sánchez camuflan que la deuda de la Seguridad Social supera los 136.000€ millones y que las pensiones se pagan gracias al aumento de la deuda, un agujero que, en agosto de 2025, se situó en 598.000€ millones y subiendo.

Por desgracia, esta realidad que amenaza gravemente el futuro económico apenas es abordada por la clase política por contener una cruda realidad; la necesidad perentoria de una reforma profunda del sistema que conduzca hacia un modelo mixto que combine el reparto actual con la capitalización individual, buscando la sostenibilidad a largo plazo.

Otro capítulo urgente ya apuntado es el incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad mediante ayudas económicas directas, deducciones fiscales proporcionales y en función de la renta, conciliación laboral, provisión de servicios de cuidado infantil, prioridad para el acceso a la vivienda protegida, etc.

Imprescindible y apremiante es la reducción del gasto público empezando por «el gasto político superfluo e ideológico» junto con una rebaja sustancial de impuestos que faciliten el emprendimiento y el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles.

Como demuestra la experiencia de varios países figurada en la curva de Laffer, existe un punto óptimo de presión fiscal que maximiza la recaudación; superar este nivel mediante impuestos excesivos desincentiva la actividad económica y reduce los ingresos públicos. Por tanto, con la reducción de los impuestos confiscatorios actuales aumentará la recaudación al fomentar la inversión, el empleo y la base imponible, lo que facilitará el acceso a la vivienda, la mejora de la sanidad, la educación, la seguridad jurídica y el orden público.

Vital es la reforma del IRPF para establecer un tipo único del 15% para rentas de hasta 70.000/80.000€ y del 25% para las superiores, dejando exentos los primeros 22.000€. Otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio, etc. deben abolirse. Asimismo, la reducción del IVA, sobre todo en productos básicos, y el impuesto de sociedades conducirán a la optimización de la mencionada Curva de Laffer.

Desde junio de 2018, a pesar de las estadísticas oficiales trucadas por el gobierno, la mayoría de los españoles ha constatado la disminución real y progresiva de su capacidad adquisitiva, especialmente desde el inicio de la crisis inflacionaria en 2021. Incluso con los datos oficiales, desde 2018, el poder adquisitivo ha disminuido alrededor de un 2%, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Otros análisis indican una pérdida del 5,5% desde la pandemia. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana: «España ha caído al puesto 15 del ranking de renta per cápita de la UE y, peor aún, obtiene un resultado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos analizados por la Comisión Europea».

El mencionado informe del Instituto Juan de Mariana también expone otros datos alarmantes como que España es «el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono escolar o el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales». Es lo que se deduce incluso de los retocados datos oficiales del IPC que exponen que la subida acumulada de precios en España entre 2020 y finales de 2025 llegó al 22,4%. Mucho peores son los datos respecto a bienes indispensables como la comida y la morada.

Así, en los alimentos el incremento de los precios en ese mismo periodo es superior al 40%, mientras que los precios de alquiler de vivienda en las grandes ciudades se han incrementado un 94%, mientras que la adquisición el incremento acumulado está entre el 30% al 45%, dependiendo de si se trata de vivienda nueva o usada y de la región geográfica.

Y mientras la burocracia estatal ha sido incrementada irresponsablemente por el sanchismo y la población productiva es masacrada con impuestos confiscatorios y trabas oficinescas, la mayoría se empobrece, puesto que el PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96% del PIB per cápita medio de la UE; en 2025 nuestro PIB per cápita fue un 18% por debajo de la media de la UE. Otras fuentes señalan que el PIB per cápita en la zona euro es sustancialmente mayor, situando a España unos 10.000 euros por debajo de dicha media.

Al mismo tiempo, los gobiernos presididos por Pedro Sánchez han incrementado constantemente el gasto partidista y clientelar, financiándolo con más impuestos, más déficit y más deuda. Deuda que oficialmente a finales de 2025 superó 1,7 billones de euros (3er trimestre 2025), un aumento de más de 400.000 millones de euros desde 2019 que supone el 103,2% del PIB. Este dato oficial es el de la deuda implícita (las obligaciones futuras del Estado que no se reflejan en la deuda explícita, como el pago de pensiones, garantías de préstamos, etc.) mientras que la deuda explícita es descomunal y se acerca al 500% del PIB, según el informe de la AIReF de 2024.

Mientras que el despilfarro clientelar del sanchismo se ha incrementado constantemente, las inversiones reales y proporcionales a la demanda derivada del incremento de la población en sectores estratégicos como vivienda, industria, gestión del agua, digitalización, sanidad, educación y transporte, han disminuido. El gobierno zarandea y presume de que las cifras totales han aumentado, pero oculta que de hecho han disminuido en proporción al número de habitantes que ha aumentado asombrosamente debido a la inmigración masiva. Así, la población española pasó de 47,3 millones a principios de 2020 a superar los 49,3 millones a mediados de 2025.

DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA

El régimen sanchista es una gran matrioska de corrupción. Se inicia con «la banda del Peugeot» y, una vez Sánchez logró la presidencia del gobierno de España, se fue extendiendo avivadamente hasta copar todas las administraciones y empresas públicas y semipúblicas. El mecanismo invasor se basa en un nepotismo sectario que incluye a familiares de Pedro Sánchez, ministros y todo tipo de gerifaltes y pancistas del PSOE. Tras la manifestación notoria del latrocinio sistémico, solo una minoría está siendo investigada por la justicia con imputaciones de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho y organización criminal, entre otros delitos.

De esta espeluznante corrupción dirigida por la Banda del PSOE, participan también los partidos secuaces del sanchismo (Bildu, PNV, PSC, PSOE Navarra, etc) y “conseguidores e intermediarios de suculentos contratos públicos” en gran parte articulados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para numerosas empresas entre las que destacan Acciona, Acento Public Affairs, Adif, Air Europa, Bancal de Rosas, Cooperativa Noran, Dirección General de Carreteras, Duro Felguera, Empresa Sumelzo S.A., Erri Berri SL, Excavaciones Fermín Osés SL, FIADELSO, Forestalia, Globalia, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), – Montearagón SL, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áridos Anfersa, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), PDVSA, Playbol, Servinabar 2000 SL, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Sumelzo S.A., Villafuel SL – What the fav, Zamora C. F. etc.

CLIENTELISMO DEL SIGLO XXI Y SUBVENCIONES

La justificación filosófica y económica de las subvenciones del Estado a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural (cine, teatro, danza, etc.) se basa en los beneficios sociales, la corrección de fallos de mercado y el ejercicio de derechos culturales. Estos argumentos sostienen que la cultura es un bien público que requiere apoyo más allá de la rentabilidad comercial inmediata. Sin embargo, esta loable intención ha sido instrumentalizada desde el Felipato (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) para influir cultural e ideológicamente estableciendo el clientelismo partidista y evitando la participación ciudadana que supondría la promoción privada del patrocinio y mecenazgo. Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, revisada por el Real Decreto Ley 6/2023, por cicateras, no han promovido el mecenazgo privado.

Las subvenciones del Estado no solo se reservan para entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, también y sobre todo a organizaciones y ONGs con claro sesgo ideológico izquierdista y woke. Obvia es la falta de transparencia en su concesión. Un ejemplo flagrante de opacidad absoluta y arbitrariedad son las dádivas otorgadas con los fondos europeos Next Generation. Asimismo, la opacidad reina en las subvenciones directas mientras que las sometidas a concurrencia competitiva se van achicando año tras año. En el caso de los gobiernos de Pedro Sánchez la pauta clientelar y de sometimiento con los informes «Fantasma», las ayudas a los amigos y la compra de medios no son relatos sino datos.

El inventario de subvenciones clientelares, para agitprop y familiares y amigos de los gobiernos de Sánchez es tan extensa que precisaríamos cientos de páginas solo para enumerarlas. Por ello solo reseñamos las que nos parecen más relevantes.

Para el control de los medios de comunicación, los gobiernos de Sánchez han destinado desde 2019 hasta 2026 la tremebunda cifra de 2.300 € millones para «publicidad» en los medios afines (destacando el Grupo PRISA, Antena 3, Cuatro, Huffington Post, AS, La Sexta, Efe, Eldiario.es y El Plural). Solo para 2026 ha destinado 271 € millones en estas subvenciones camufladas como publicidad institucional.

Empresa familiar: El Gobierno inyectó más de 700.000 € en ayudas a la empresa Industrias Plásticas Playball SL cuyo propietario y administrador es Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno.

El Grupo Inmark que absorbió una empresa dirigida por Begoña Gómez ha recibido 8 € millones de euros en subvenciones del Estado desde el año 2020.

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Desde 2021, ha recibido más de 83 € millones de euros en 412 subvenciones del Gobierno central.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Inclusión asigna 35,9 € millones de euros anuales específicamente a líneas relacionadas con migraciones (dentro de un total de 39 millones para el departamento). El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Igualdad superó en 2024 los 570 € millones que fueron concedidos sin concurso público a una lista extensa de organizaciones entre las que destacan la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas.

El gasto total autorizado en subvenciones en 2024 ascendió a 41.493 € millones y las estimaciones para 2025 sugieren cifras similares o superiores. Se estiman en más de 6.000 los organismos y empresas que recibieron ayudas y subvenciones, incluyendo ONGs, sindicatos (UGT, CCOO) y partidos afines (ERC, PSC), es decir, en «chiringuitos» clientelares.

LA CORRUPCIÓN Y LA INEPTITUD MATAN

DEL COVID AL DESCARRILAMIENTO DE ADAMUZ

Para introducir este capítulo exponemos dos datos significativos: la España funcionaria se come a la emprendedora: los empleados públicos ya superan en 346.000 a los autónomos en 2026.

En 1975 España tenía una población de 35,5 millones y contaba con 760.000 funcionarios. A finales de 2025 eran 48 millones mientras que el número de empleados públicos superó los 3.6 millones.

En términos reales y por habitante, la inversión pública del Estado español alcanzó su máximo antes de la crisis financiera, con cifras en torno a 1.300 €–1.400 € por persona. En 2024 se situó en 880 € pese al aumento continuado de la recaudación por impuestos que ahora alcanzan niveles confiscatorios, el aumento de la población en un 8% y, por tanto, unas necesidades estructurales más exigentes. De esta suerte, dos partidas se han incrementado exponencialmente en detrimento del resto. El gasto en personal del sector público que ha batido récords superando los 180.000 € millones en 2025, creciendo un 4,5% respecto al año anterior. El otro epígrafe que aumenta exponencialmente en el de las pensiones como claro caso de políticas clientelares cortoplacistas sabiendo de sobra que son insostenibles.

La partida que ha pagado el pato del aumento en sueldos funcionariales y pensiones ha sido el de las infraestructuras que ha experimentado una disminución superior en términos reales del 24% entre 2018 y 2025. Por su importancia y consecuencias, esta desinversión en el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras constituye una terrible irresponsabilidad. Pues sin que los gobiernos de Sánchez explicaran el motivo, la inversión ferroviaria se ha reducido desde 2019 un 42,5% con respecto al volumen total de km. de vía de España. Por ende, durante este lapso se ha incrementado el tráfico y el número de usuarios debido al aumento de la población con la llegada masiva de inmigrantes legales e ilegales hasta superar los 49,4 millones de habitantes de España en 2025. Por si estos datos no indicaran una dejadez canallesca, Adif, Renfe y demás empresas públicas y semipúblicas han sido “okupadas” por afiliados al PSOE y sus secuaces con sus queridongas y sobrinas, mientras se producían escandalosos yerros y accidentes por doquier.

En 2024 se registraron 22 descarrilamientos (sin víctimas). En 2023 fueron 25, con dos heridos leves. En 2018, la CIAF contabilizó 7; y en 2014, 9, de los que sólo 5 fueron investigados. Al mismo tiempo, tanto en los AVEs como en el resto del sistema ferroviario, se incrementaban accidentes, incidentes y retrasos constantes conformando un estado caótico donde el absentismo laboral en las operadoras ferroviarias, solo en entre abril de 2023 y 2024 se disparó un 32%. Que un día ocurriría una gran desgracia era un runrún tanto entre usuarios como profesionales. Y ocurrió el 18 de enero de 2026 cuando un tren Ave descarriló en Adamuz (Córdoba) llevándose por delante a otro que circulaba en sentido contrario. 46 ciudadanos resultaron muertos y 124 malheridos.

Este terrible suceso ha evidenciado crudamente las consecuencias del nepotismo sectario que deriva en corrupción sistémica, inaptitud técnica, decisiones temerarias y clara dejación de funciones. Según avanza la investigación de las causas del trágico accidente, se apuntan el desfalco perpetrado por las empresas que obtuvieron el concurso apañado de «renovación integral de la línea/vía», del control de calidad y de su mantenimiento. Por consiguiente, los 46 difuntos y los 292 heridos resultantes del descarrilamiento de un tren y el choque con el que venía en sentido contrario nunca debieron producirse con un mantenimiento adecuado.

Pero la corrupción e ineptocracia del sanchismo ya mostró antes su tétrico rostro en la pandemia de Covid-19 cuando nos impuso un confinamiento masivo que posteriormente fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Aquella gestión no sólo paralizó el país, sino que impidió a miles de familias despedirse de sus mayores. España terminó registrando más de 121.000 fallecidos por coronavirus, convirtiéndose en uno de los países europeos más golpeados por la crisis sanitaria.

Corrupción e ineptocracia durante y después de la erupción del volcán de La Palma en 2021 que destruyó más de mil hectáreas y miles de viviendas. Aunque sólo se contabilizó oficialmente una víctima mortal, la catástrofe social se prolongó durante años. Iniciando 2026 todavía hay personas viviendo en casas contenedor y sin haber recibido todas las ayudas prometidas por el Gobierno de Sánchez.

Corrupción e ineptocracia antes y después de que la DANA arrasara amplias zonas del levante español y dejara 242 fallecidos y miles de damnificados. Ni la AEMET alertó en tiempo y forma, tampoco lo hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar ambos organismos dependientes del orweliano Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ni otros cuerpos como Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME) actuaron con la rapidez necesaria ante el desbordamiento del barranco del Poyo. «Si necesitan ayuda que la pidan» declaró Sánchez antes de mover un dedo mientras voluntarios de toda España acudían a socorrer a los valencianos. A semejantes despropósitos hay que sumar que la ministra del mencionado ecológico y el reto y tal y tal, Teresa Ribera, paró en 2021 la «adecuación y drenaje» del barranco del Poyo por «problemas ambientales al ser poco ecológico» y una «visión del coste-beneficio» negativa.

Corrupción e ineptocracia aquel 28 de abril de 2025 cuando se produjo un apagón masivo que afectó a la Península Ibérica y dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante horas, afectando a hospitales, transportes y servicios esenciales. Aunque el gobierno ha boicoteado la investigación sobre las causas de este desastre, los estudios y evidencias aportadas por técnicos y empresas independientes muestran que Red Eléctrica de España – Redeia Corporación, S.A. como transportista y operador único del sistema eléctrico español, dirigido por miembros y allegados del PSOE, siguieron a raja tabla la política energética del Gobierno con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia de descarbonización a 2050, más otras normativas secundarias (órdenes ministeriales, planes, etc.) que se integran en la normativa general del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ha apostado por cerrar progresivamente las centrales nucleares, reduciendo fuentes estables de generación en nombre de un extremismo climático que esconde un gran negocio para unos cuantos, sobre todo para sus aliados del Partido Comunista de China.

Corrupción e ineptocracia generan incendios forestales que llegaron a su culmen con miles de hectáreas calcinadas y varias víctimas mortales en 2025. Mientras que el Estado (gobierno central, autonomías y ayuntamientos) han invertido un 50% menos en prevención de incendios forestales (de €364 millones en 2009 a €175 en 2022 como último dato publicado), el gobierno sanchista aumentaba exponencialmente los chiringuitos poblados de burócratas del PSOE y aledaños que dicen estar dedicados a cuidar los montes, la biodiversidad, los ecosistemas con todos sus animalitos. Y mientras tanto, quienes conocen el campo y los montes han visto como sus advertencias de que la prohibición de limpiar los montes, junto con la escasez de cortafuegos eficaces y una política forestal pasiva, eran desdeñadas y silenciadas por una burocracia estatal obediente a la ideología sintetizada en la “Emergencia Climática” basada en normativas y prohibiciones estultas derivadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), etc. Esta caterva rufianesca ha contribuido a que los incendios forestales en España sean prácticamente incontrolables.

Corrupción e ineptocracia son las causantes de que el 38% de las presas estatales presenten deficiencias en seguridad hidrológica e hidráulica. Que el 60% de los embalses del Estado necesiten mejoras de seguridad inmediata. Que 112 de las 375 represas estatales requieran refuerzos estructurales sin que el gobierno contemple su realización. Que más del 75% de las presas estatales no tengan planes de emergencia. Que cerca de 140 pantanos de titularidad pública tengan su seguridad comprometida por falta de mantenimiento. Que más de 54.000 km de carreteras y autovías estatales tengan defectos graves o muy graves. Y qué decir de la red ferroviaria… mientras tanto, la red eléctrica española colapsa: no se podrán admitir nuevas peticiones de puntos de conexión para vivienda, centros de datos o industria porque dicha red en febrero de 2026 tiene más del 90% de ocupación mientras que los reglamentos insensatos impiden las inversiones imprescindibles para revertir esta situación. Además, la electricidad tiene un impuesto especial que supera el 5%, como si fuera alcohol o tabaco y,sobre ese impuesto se aplica posteriormente el IVA, en una doble tributación inmoral.

Corrupción, ineptocracia y maquiavelismo llevaron al PSOE regido por Felipe González Márquez (Felipato) a implantar, a través de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990) el constructivismo pedagógico, esa ideología desarrollada por el comunismo soviético, que con su banal eslogan «aprender a aprender» ha dominado todas las leyes educativas españolas que siguieron: LOE y LOMCE hasta la abracadabrante LOMLOE sanchista vigente. Año tras año se fue erigiendo el actual sindiós educativo, cuyo balance es: ¡Viva la ignorancia! No fueron ajenas a la plasmación del costoso e infructífero engendro del caos en el aula y el fracaso escolar las CC.AA. erigiendo universidades públicas por doquier con miles de titulaciones abstrusas mientras, en comandita con los gobiernos centrales, se dedicaban a cerrar centros de formación profesional y universidades laborales de gran prestigio, con la delirante excusa de haberlas construido el franquismo. Pero lo peor de todo, por artero es que, lejos de enmendar el fracaso, el sanchismo ha incrementado la burocracia e implantado la «neolengua» inclusiva woke y el fracaso oculto. Así, la tasa de abandono educativo temprano en España se situó en 2024 en el 13%, mientras que los informes PISA muestran resultados penosos; por debajo de la media de la OCDE en ciencias, y muy por debajo en comprensión lectora y matemáticas. Desde luego, lejísimos de los resultados de Singapur, Corea del Sur, Japón, Finlandia … y de los objetivos de cohesión social, igualdad de oportunidades y desarrollo y enriquecimiento económico, científico y cultural.

Y mientras que en España (y en la UE) se reduce capacidad industrial porque nos están salvando de la “emergencia climática”, China ha hecho justo lo contrario: ha reforzado su industria, ha asegurado el control de materias primas clave y se ha colocado como proveedor casi imprescindible de muchas de las tecnologías que ahora se consideran “estratégicas”. Paneles solares, baterías, componentes electrónicos… buena parte de lo que necesitamos comprar depende hoy de fábricas chinas, mejor dicho, de la oligarquía financiera e industrial organizada en el Partido Comunista de China. Enlace a CHINA COLONIZA ESPAÑA.

Menos autonomía energética y tecnológica; más intermediación, más regulación, más certificación, más dependencia de cadenas globales de suministro, menos futuro o un futuro oscuro. Presentar esta decadencia como una consecuencia inevitable de la globalización es falso. No ha sido la mano invisible del mercado lo que nos ha traído hasta este negro panorama, han sido las decisiones políticas.

Evidenciado que el sanchismo y sus secuaces consideran a España un botín a saquear y el poder político un mecanismo de beneficios recíprocos, es lógico que sus dirigentes hayan fraguado un plan o golpe para perpetuarse y lograr el poder omnímodo del Estado. Y ese plan lo están llevando a cabo mediante la usurpación de las instituciones, empresas públicas, semipúblicas y no pocas privadas. Es el nepotismo sectario y el enchufismo que han originado dinámicas clientelares, grandes corrupciones e ineficiencias clamorosas. Al mismo tiempo, han aprobado, y persisten en ello, leyes con narrativas delirantes que dicen luchar contra las injusticias y la discriminación, cuando lo que pretenden es vivir del rédito que éstas les generan y la degradación sistemática del Estado de Derecho.

Estamos ante una maquinación para eliminar los controles y contrapesos propios del Estado de Derecho resumidos en el imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente perpetrada por el plenipotenciario ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feliz Bolaños García quien proyecta modificar urgentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un modelo de oposiciones de futuros jueces y fiscales controlado por un centro dependiente directamente del Gobierno, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para controlar totalmente a los fiscales, junto con la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que pretende eliminar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.

Un atropello de mayor cuantía jurídica que demuestra hasta donde pueden llegar, es la justificación perpetrada por los jueces adictos al PSOE del Tribunal Constitucional (¿o anticonstitucional?) con su presidente Pumpido a la cabeza, validando la amnistía a los golpistas catalanes mediante el siguiente dislate: «Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que, en virtud del principio democrático, ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico». Con este despropósito, el TC ha dictaminado que el gobierno pueda, con la escueta mayoría parlamentaria que lo sostiene, aprobar un referéndum de autodeterminación para Cataluña, Vascongadas o Melilla y, peor aún, aprobar una ley habilitante que le otorgue plenos poderes para implantar un régimen totalitario. El precedente lo tenemos con la declarada ilegal, por el TC, ley habilitante 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes para la pandemia de COVID-19.

LA UE NO SALVARÁ A ESPAÑA DE SÁNCHEZ

Por si no estaba clara la conducta despótica y el obsesivo control para blindar su poder de instituciones, justicia, medios, empresas, redes, familias, cuerpos, sexualidades ajenas etc. del gobierno de Pedro Sánchez, en febrero de 2026 el mismo Sánchez ha declarado con solemne agresividad que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y perseguirá penalmente los usos «perversos» de mensajes de odio, “bulos” y manipulación de algoritmos que incluirán sanciones a directivos de plataformas que no cumplan sus mandamientos. Asimismo, aseguró que fundará y apoyará una «coalición de voluntarios» para lograr una gobernanza digital a su gusto.

Ante la evidencia de la deriva del sanchismo hacia un régimen totalitario, no pocos intelectuales, periodistas y ciudadanos creen que la UE le parará los pies sancionándolo debidamente. Sin embargo, los hechos desmienten esa esperanza por cuanto el Artículo 7 del Tratado de la UE que permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado miembro si se constata una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la UE, requiere un procedimiento políticamente difícil de activar por necesitar una mayoría cualificada. Es por este motivo por lo que nunca se ha activado a pesar de que dichos valores han sido boicoteados no pocas veces tanto por gobiernos de varios países miembros, como por la Comisión.

Si a este impedimento sumamos el dato filtrado procedente del informe titulado: “The EU Censorship Files, Part II” del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que expone con detalle cómo la Comisión Europea ha interferido y condicionado el debate político y las elecciones en al menos ocho países: en Irlanda en 2024 y 2025; Francia en 2024; Países Bajos en 2023 y 2025; Eslovaquia en 2023; Moldavia en 2024; y Rumanía ese mismo año. El caso de Rumanía resulta especialmente grave. Un tribunal anuló las elecciones presidenciales de 2024 por supuesta interferencia rusa en TikTok. Sin embargo, la propia plataforma informó a la Comisión que no encontró pruebas de esa campaña. Investigaciones posteriores demostraron que otro partido rumano había financiado la campaña atribuida falsamente a Rusia. Aun así, Bruselas utilizó el relato para justificar su intervención.

Esperar, por tanto, que con la configuración de poder de la actual UE que comanda la Comisión, cuya defensa de los valores democráticos sintetizados en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos es nimia por no decir antagónica, junto con las limitaciones del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia para la aplicación del Artículo 7 del Tratado, que la UE nos saque las castañas del fuego del totalitarismo sanchista es más que optimista ilusorio.

SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA

Consideramos que la regeneración política del Estado español debe afirmar el constitucionalismo frente al nacionalismo identitario, por consiguiente, el proceso de “Libertad Constituyente” deberá enfocarse en mejorar la seguridad jurídica por lo que apuntamos las siguientes sugerencias que no precisarán un procedimiento de reforma agravado (art. 168 CE):

1. 1. Revisión del lenguaje y conceptos de la Constitución que, no pocas veces, son confusos o generan confusión. En concreto respecto a la insólita subordinación de la norma constitucional a “lo que dispongan las leyes” que significa que cualquier gobierno, en el caso del de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es obvio, tiene la capacidad de modificar la Constitución. Más confusión si cabe resulta de la utilización aleatoria de los términos “autoridades”, “poderes públicos” y la Jefatura del Estado, los estatutos autonómicos “garantizados”, etc. El Título de la Constitución peor conseguido, desde el punto de vista jurídico, es sin duda el Título VIII, dedicado al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, hasta el punto de haber sido considerado como un “desastre sin paliativos”.

1. 1. Encabezar con este párrafo el Preámbulo: España es una nación ancestral que se remonta a tiempos pre-romanos y romanos, la reconquista, el descubrimiento de América, la Hispanidad, el Siglo de Oro, hasta la España contemporánea. Esta larga trayectoria ha dejado una huella profunda en la cultura, el idioma, el arte y la forma de vida de los españoles. Esta historia compartida es un factor clave de la identidad nacional española.

1. 1. Eliminar el término nacionalidades y regiones del Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

1. 1. Modificar el Artículo 3: «El castellano español es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

1. 1. Modificar el artículo 6: Los partidos políticos expresan son expresión del pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres y sus estatutos y actividades están sometidos a la Constitución y a la ley. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y lo que disponga la legislación orgánica que regulará el carácter democrático de su estructura interna, su funcionamiento y su financiación pública o privada. La legislación reguladora de los partidos políticos incluirá a todos los organismos, asociaciones, sindicatos y fundaciones vinculadas a ellos.

1. 1. Ampliar el artículo 18.2: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La propiedad de la vivienda es un derecho del ciudadano español, derecho que debe protegerse contra el allanamiento de morada y la falsificación contractual de manera contundente y rápida, a través de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial, en el momento que el propietario observe que la vivienda de su propiedad ha sido allanada.

1. 1. Ampliar el artículo 20.2: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni secuestro informativo.

1. 1. Modificar el Artículo 27.2: El Estado tiene la competencia exclusiva de la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.

1. 1. Modificar el Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita será financiada a través de los presupuestos generales del Estado.

1. 1. Eliminar el “tutelaran” del Artículo 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

1. 1. Modificar el Artículo 33.3.: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Cuando por los mencionados motivos, se tenga que expropiar una propiedad privada, el Estado debe indemnizar al propietario mediante un justiprecio ponderado, justiprecio que prioritariamente debe de ser acordado y en caso contrario determinado objetivamente por un tribunal especializado.

1. 1. Eliminar frase del Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

1. 1. Eliminar el Artículo 54.

1. 1. Eliminar el punto 4 del Artículo 57.

1. 1. Modificar apartado i) del artículo 62: Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales ni amnistías.

1. 1. Modificar el Artículo 68: Considerar la posibilidad de modificar la circunscripción electoral, actualmente la provincia, por circunscripciones más amplias o incluso a nivel nacional para mejorar la representatividad. Con ello se facilitaría una nueva ley electoral más representativa.

1. 1. Eliminar los puntos 2, 2 y 3 del artículo 71.

1. 1. Modificar el Artículo 73.1: Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a julio.

1. 1. Modificar y añadir texto al punto 2 del Artículo 98: El Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Nadie podrá ejercer el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del gobierno más de dos períodos consecutivos.

1. 1. Modificar el punto 3 del Artículo 123: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán elegidos directamente por los propios jueces y magistrados, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

1. 1. Modificar el punto 4 del Artículo 124: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial quien podrá vetar la propuesta del Gobierno y reclamarle otro candidato.

1. 1. Ampliar el Artículo 139: 139.3: El Estado tiene la competencia de garantizar la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales dentro del territorio nacional, así como la eliminación de barreras y obstáculos que puedan surgir entre las diferentes comunidades autónomas, asegurando, con ello, la igualdad de las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica en España.

1. 1. Eliminar frase del Artículo 149ª: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

1. 1. Ampliar el Artículo 149: 33ª: La educación en todos los ámbitos y fases.

1. 1. Modificar el Artículo 150.2: 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Se excluyen las transferencias o delegaciones de aquellas competencias exclusivas del Estado referentes a las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad, la planificación, gestión y disciplina urbanística y del acceso a la vivienda y a la educación.

1. 1. Modificar el Artículo 159.1: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

1. 1. Modificar el Artículo 167.3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

DECÁLOGO COMPENDIADO DE PROPUESTAS URGENTES

I. Control mediante expulsión o internamiento de todos los inmigrantes ilegales.

II. Expulsión de aquellos solicitantes de asilo rechazados, así como de delincuentes extranjeros.

III. Ayudas económicas en especie y nunca en efectivo a los más necesitados.

IV. Prioridad absoluta para la concesión de ayudas sociales y acceso a la vivienda para los ciudadanos nativos españoles.

Anulación de todas las leyes, programas, instituciones, subvenciones y propagandas dedicadas a sustentar la tesis del cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) incluyendo el Pacto Verde Europeo, el Programa LIFE «Objetivo 55», el de alcanzar la reducción del 90 % de las emisiones netas para 2040 (los 4 de la UE). Por supuesto, consideramos imprescindible la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y el Plan de emergencia climática.

VI. La red eléctrica española está saturada y tiene graves problemas de inestabilidad, debido al demencial y corrupto programa de “transición energética” que implantó y sigue imponiendo (VER QUIENES SON LOS GRANDES APROVECHADOS los gobiernos españoles desde la perniciosa época de J. L. Rodríguez Zapatero con las subvencionadas “renovables” eólias y solares. Para evitar que el colapso eléctrico de abril de 2025 se repita y que los gastos de renovación y expansión de la red nos arruinen, es tan urgente como imprescindible elaborar un plan de mantenimiento de las centrales nucleares y la instalación de nuevas con reactores de Generación IV, complementadas con Reactores Modulares Pequeños (SMR). Al mismo tiempo, es necesario implementar un plan urgente de ampliación y renovación de las Centrales Hidroeléctricas basadas en el Bombeo Reversible.

VII. Reforma URGENTE del sistema público de pensiones de España y del sistema fiscal que incluya la anulación del impuesto sobre el patrimonio, reducciones notables y progresivas en el IVA, IRPF, trabajo, autónomos y sociedades para que la presión fiscal actual del el 36,7% del PIB se reduzca al 25%. Menos regulaciones, menos impuestos y más mercado libre.

VIII. Reforma de la Ley Orgánica 1/2025 que expulse y encarcele a los “OKUPAS” ipso facto. Promoción del «alquiler con opción a compra» mediante incentivos fiscales y programas financieros público-privados. Además, es preciso implementar un programa de incentivos para recuperar población en las zonas que la han perdido en los últimos años que incluya la rehabilitación de viviendas antiguas.

IX. Un ambicioso proyecto para fomentar la natalidad mediante incentivos fiscales y financieros.

X. Modelo familiar tradicional: rechazo de la “ideología de género “, solo dos sexos biológicos, oposición a cirugías de cambio de género en menores.

REFORMAS LEGISLATIVAS Y ESTRUCTURALES

Son propuestas que pretenden afianzar la libertad, la seguridad jurídica, la división de poderes y el fortalecimiento social, económico y cultural de los españoles.

Si, como deseamos y tratamos de impulsar, el pacto para asentar el estado de derecho en España prospera y se logra la mayoría contundente en ambas cámaras de representantes, las primeras medidas del gobierno resultante deberán establecer un calendario urgente de derogación de TODAS las leyes perpetradas por el PSOE y sus adláteres y la aprobación de las leyes alternativas. Por supuesto, otras medidas urgentes como auditorias en ministerios, instituciones, empresas públicas y semipúblicas son imprescindibles para lograr los mencionados objetivos.

Leyes derogables sin necesidad de otras alternativas: En nuestra opinión, son derogables inmediatamente, con una sola ley ómnibus y sin necesidad de alternativa, las siguientes leyes:

Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la Justicia.

Ley Orgánica 1/2024 de amnistía.

Real Decreto 1155/2024 reglamento de extranjería.

Ley 4/2023 trans y de derechos LGTBI.

Ley Orgánica 2/2024 de “paridad”.

Ley 1/2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la seguridad global.

Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera.

Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda.

Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual “solo sí es sí».

Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación “Zerolo”.

Ley orgánica 14/2022 de reforma del Código Penal.

Ley 20/2022 de memoria democrática.

Ley Orgánica 3/2021 de Eutanasia.

Ley 12/2021 “Rider”.

Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral y el siguiente RDL 2/2022.

Ley 4/2020 del Impuesto sobre servicios digitales.

Ley 5/2020 del impuesto sobre las transacciones financieras.

LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Última modificación: 07 de septiembre de 2022).

«La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

La llamada Ley VioGén junto con los Sistemas del mismo nombre en todos y cada uno de los ministerios del gobierno sanchista, fue diseñada para combatir y erradicar la violencia que los hombres, solo los hombres, ejercen sobre las mujeres como «manifestación de discriminación y desigualdad», por consiguiente, impone la inversión de la carga de la prueba privando con ello la presunción de inocencia del hombre por el mero hecho de serlo. De este modo instaura una presunción “iuris et de iure” (sin posibilidad de prueba en contrario) de que la mayor reprochabilidad jurídico-penal es debida a que esas formas de maltrato o violencia se ejecutan con ánimo machista, por el mero hecho de que la víctima es una mujer a la que el hombre quiere dominar. Su sustento, desde la exposición de motivos hasta la disposición final sexta, es la «ideología de género» (o teoría queer) pues impone que la identidad es una construcción puramente discursiva o de voluntad individual, ignorando la realidad material biológica y su papel en la reproducción social. Semejante despropósito aplicado al derecho penal, destruye la neutralidad jurídica al imponer algo indemostrable, que una agresión ocurra estrictamente «por ser mujer».

Trascurridos cerca de 20 años de aplicación de la ley Vio-Gen, los resultados son lamentables en todos los aspectos excepto para quienes disfrutan del entramado institucional y sus sucursales conformadas por numerosas asociaciones, consultorías y ONGs. Para empezar, hay que destacar que las denuncias de las mujeres se han disparado año tras año (alrededor de 579 diarias en cada trimestre de 2025) y aunque han bajado un poco los llamados feminicidios (más de 1.300 desde 2004, con decenas anuales) es evidente que el diagnóstico del problema ha fallado y, lo que es peor, ha deteriorado las relaciones de afectividad entre mujeres y hombres por un reiterado uso instrumental que dificulta la reconciliación o los acuerdos amistosos, lo que ha generado un clima de desconfianza mutua que se ha extendido al clima social.

Cuando se verifican los datos recientes se comprueba un enorme enrarecimiento de las relaciones de pareja y un desbalance que prueba una vez más que lo justiciero no es justicia. De las más de 16.000 sentencias dictadas en el segundo trimestre de 2025, el 82,58% fueron condenatorias para los hombres. Peor aún son los datos de los 108 juzgados exclusivos especializados de violencia sobre la mujer cuya tasa de condena durante dicho trimestre fue el 93,31%. Sin embargo, de las más de 50.000 denuncias anuales en los últimos años, las denuncias se han disparado hasta el punto de que solo en el segundo trimestre de 2025 hubo 51.897 según los datos del Poder Judicial, sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado.

Y a pesar de la considerable cifra de recursos públicos destinados a la aplicación de esta ley que para el año 2025 supusieron 179,8 € millones, más fondos procedentes de la UE, CC.AA., Diputaciones, etc. suma que no incluye los costes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en violencia de género (Ministerio del Interior), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Justicia), ayudas de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), se suceden pifias en la protección de menores, desbarajustes en los recursos dedicados a las víctimas (solo se contemplan como victimas a las mujeres, los hombres nunca pueden serlo según esta ley), etc. En realidad, estamos ante un tinglado justificado en supuestos derechos a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, a trabajar o dejar de hacerlo, a opacas ayudas económicas, a planes de sensibilización, etc. cometidos por delegaciones, subdelegaciones, secretarías, observatorios institucionalizados, asociaciones todas ellas contra la violencia de género, con sus miles de expertos y especialistas dedicados a prevenir lo que a todas luces no previenen constituyendo con ello una formidable industria leguleya.

En el entramado institucional destacan Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales, Red de Puntos Violeta, Unidades de Violencia sobre la Mujer con delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, más recursos locales en Ayuntamientos y Diputaciones a través de sus Centros de Acción Social (CEAS), Red de Puntos Violeta y otros centros asesores específicos para la mujer en cada comunidad autónoma.

De entre las decenas de asociaciones y ONGs subvencionadas por el Estado sobresalen: Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Ana Bella, Fundación Amaranta, Asociación Malos Tratos, Asociación Clara Campoamor, FAMUVI, APRAMP, Asociación MUM, Fundación Aspacia, Asociación Stop Violencia de Género Digital, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Victoria, ONG Rescate, Asociación Por Ti Mujer, Asociación ALANNA, Asociación Somos Más, INPAVI, Caritas Española, Plataforma de Infancia (YMCA, ANAR, Fundación Diagrama y Fundación Márgenes y Vínculos), Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Fundación Aldaba, ABD, ADAVASYMT, Fundación Alma, OVIM (agrupa Associació Hèlia y Almena Cooperativa Feminista y colabora con “Madres Protectoras”, una red investigada por la justicia en varias ocasiones por ofrecer asesoramiento y ayuda a madres para huir con sus hijos cuando pierden la patria potestad a favor del padre.

Algunos pocos juristas y algún filósofo se han atrevido a criticar esta ley. Remarcable nos parece la de Javier Pérez Roldán en «Visión Crítica de la Ley de Violencia de Género» denunciando el negativo impacto en el derecho de familia y la desigualdad de trato procesal de esta ley.

Mención honorifica merece el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora al advertir como la ley VioGén aplica la desigualdad penal y el trato diferenciado, por cuanto el castigo para ciertos delitos es mayor si el agresor es hombre y la víctima es mujer. Según De Lora, esta diferenciación atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que no se basa en el acto en sí, sino en el sexo de los implicados. Asimismo, de Lora cuestiona el concepto de «violencia de género» señalando las aporías que surgen cuando la identidad de género se vuelve una cuestión de voluntad (autodeterminación), lo que podría invalidar la lógica de protección específica para el sexo biológico femenino.

La mayor repercusión mediática lograda respecto a esta ley ha sido la reciente publicación, fruto de años de investigación, de “Esto no existe” del periodista de investigación, Juan Soto Ivars donde denuncia:

Abuso del sistema: ya que el marco legal actual facilita que algunas personas, especialmente en procesos de divorcio, interpongan denuncias falsas por violencia de género, con consecuencias devastadoras para los hombres acusados (pérdida de hijos, ruina económica).

Víctimas invisibles: al enfocarse solo en la violencia machista tradicional, el sistema ignora a hombres y niños que sufren maltrato y a mujeres que no son «santas» o que son instrumentalizadas, creando una visión simplista de la violencia.

Falta de debate y polarización: reprocha como desde el poder se impide un debate social honesto sobre los fallos de la ley, tachando de «negacionistas» o «machistas» a quienes señalan problemas, lo que polariza y evita la mejora del problema.

Consecuencias nefastas para hombres y, sobre todo, para los niños: sostiene que los hombres denunciados falsamente son también víctimas de maltrato por parte del sistema, sufriendo un daño profundo y a menudo incomprendido.

Invisibilización de datos: al haber impuesto un tabú social y político que oculta la realidad de las denuncias falsas.

Quiebra del Estado de Derecho: al establecer penas diferenciadas por sexo, lo que es incompatible con la igualdad jurídica y la presunción de inocencia.

Inacción institucional ante las denuncias falsas: puesto que la Fiscalía General del Estado no persigue de oficio las denuncias falsas, favoreciendo con ello un uso instrumental de la ley.

«Nacional-ginocentrismo»: Define la narrativa de género actual como una forma de «nacionalcatolicismo de izquierda» que impone un pensamiento único.

Necesidad de una ley mejor: Juan Soto Ivars no propone explícitamente la derogación de la Ley Vio-Gen, sino que aboga por abrir un debate crítico sobre sus «efectos secundarios» y avanzar rápidamente a su reforma integral para que proteja a todas las víctimas reales y no sea un arma en disputas personales, aportando rigor y datos para su mejora. Por nuestra parte compartimos esta opinión.

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES PÚBLICAS

Es URGENTE una reforma del sistema público de pensiones de España

Consideramos urgente e imprescindible la aprobación de una ley que anule los entuertos y constructos originados por el Real Decreto Legislativo 8/2015, la (Ley General de la Seguridad Social), la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo, el Real Decreto Legislativo 670/1987 (Ley de Clases Pasivas), Ley 27/2011, el Real Decreto 625/2014 que regula el procedimiento administrativo para la tramitación de pensiones, el Real Decreto-ley 2/2023 y el Real Decreto Ley 11/2024.

Modificación urgente del sistema de pensiones públicas: El Sistema Público de pensiones de España, obligatorio vía Seguridad Social, donde los trabajadores actuales pagan a los jubilados bajo un sistema de reparto injusto y piramidal, hace años que es insostenible debido a una demografía en notable decadencia cuya tasa de natalidad se situó en 1,10 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1), junto con la creciente esperanza de vida. Ambos factores han reducido la ratio hasta los 2,3 trabajadores por cada pensionista en 2025. Además, la demagógica indexación de las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo) han forzado al gobierno a perpetrar un nuevo impuesto llamado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-“, lo que además de incrementar los impuestos al trabajo, ha desvirtuado el carácter contributivo de las cotizaciones y no ha mitigado el déficit que sigue incrementándose.

Y a pesar de las medidas y decretos de urgencia para paliar el déficit, al cierre de 2025 el déficit real del sistema ha sido 67.800 € millones, déficit cubierto por transferencias estatales que equivalen a gran parte del déficit público total, que se incrementa año tras año.

Ante esta situación es URGENTE aplicar una reforma total que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones público, favoreciendo la creación de empleo y no penalizándolo como las medidas recientemente aprobadas. Por consiguiente, proponemos derogar todas y cada una de las leyes y decretos leyes vigentes sobre el sistema público de pensiones y aprobar una LEY ORGÁNICA DE PENSIONES que contemple el cálculo de toda la vida de cotización para computar la base reguladora, retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 68/69 años y a más de los 72 de una manera voluntaria. Asimismo, la nueva ley debe depurar del Sistema Contributivo todos los sobrecostes que no le corresponden y plasmar un Sistema Complementario de Capitalización sin fiscalizaciones ni barreras. Además, es imprescindible implementar mayor seguridad al futuro pensionista con la implantación de la denominada “Mochila Austriaca” para que, en el caso de que el trabajador no la consuma durante su vida activa, ésta se podría aportar a un fondo de pensiones individual.

La Ley 7/2023 de bienestar animal es un compendio de buenismo que resulta inane por estar repleta de contradicciones y carecer de normativa adecuada.

Ley Orgánica 5/1985 “LOREG”: Desde la aprobación en 1985 de la del Régimen Electoral General (LOREG), se ha reformado en veintitrés ocasiones, la última en septiembre de 2022. Aunque algunos de sus defectos provienen del Artículo 68 de la Constitución, algunos estudios han concluido que es posible mejorar la actual desproporcionalidad del voto, sobre todo para las elecciones al Congreso de los diputados, sin modificar el mencionado artículo.

Que el primer diputado al Congreso en 2023 haya sido elegido por la provincia de Soria con 14.775 votos, por la de Lérida con 26.930 y por la de Madrid con 90.351, significa un enorme quebranto de la representatividad al primar a los partidos mayoritarios que, por ejemplo, en Lérida, Gerona y Guipúzcoa son los nacionalistas. Por otro lado, las listas cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y del resto de parlamentos de las CCAA y concejales, restringe la libertad de los ciudadanos pues, los electores no escogen a candidatos, sino que, en realidad, se adhieren a los designados, en un determinado orden, por cada partido, lo que desvincula completamente a los representantes de sus representados. Es bien sabido que cuando se pregunta a cualquier ciudadano en cualquier provincia quién es el número tres de la lista de cualquier partido, prácticamente, nadie es capaz de decir su nombre. Así, las circunscripciones enormes y las listas cerradas provocan que el Parlamento esté compuesto por empleados del jefe del partido, no por representantes directos de la ciudadanía.

Ante este escenario, invitamos al PP y VOX a confeccionar una nueva LOREG que mejore la representatividad de los ciudadanos mediante listas cerradas, pero desbloqueadas, reduzca la representación mínima inicial por provincia de dos diputados a uno y sustituya la formula D’Hondt por la Hare o Sainte-Laguë para garantizar una mayor proporcionalidad y mejor representatividad.

La LOMLOE o Ley Celaá – Ley Orgánica 3/2020: una apoteosis invertebrada de la LOGSE que ha impuesto la agenda ideológica del gobierno del PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez. La abolición del español como lengua vehicular, el acoso a la escuela concertada, la eliminación del mérito como sistema de promoción, el troceamiento regional de los planes de estudio, la imposición de un canon político con excusas cívicas, la persecución de la religión o la negación de la enseñanza especial son algunos de los desastres que consagra esta ley.

Por consiguiente, es urgentísimo que la razón, la ciencia, el mérito, la transmisión de valores democráticos y cívicos, el sentido crítico y la valoración del esfuerzo se instalen en nuestras aulas.

Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética: esta ley inspirada en el fanatismo climático, consagra, como si ciencia fuera, los acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 para “alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la generación de energía con fuentes renovables” mientras sienta las bases para un sistema eléctrico basado en fuentes renovables por ser más resiliente, como hemos comprobado con el apagón eléctrico en la península Ibérica el 28 de abril de 2025.

Los extravagancias y barbaridades que consagra esta ley subscrita por Teresa Ribera Rodríguez, cuando era vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo se explican por la combinación de sectarismo ideológico derivado de la combinación de la «Agenda Woke» y la antidemocrática Agenda 2030 impuesta por un club de oligarcas globalistas que han decidido tutelar a la población mundial y determinar lo que deben pensar y hacer los ciudadanos en todos los países, lo que deben tomar como aceptable, como positivo para sus vidas, asociado con los intereses espurios generados por el enorme colchón financiero que la UE ha sustanciado mediante el Pacto Verde Europeo con los programas y mecanismos de financiación: NextGenerationEU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Mecanismo para una Transición Justa, etc., etc.

Al partir de una hipótesis discutida y discutible como el cambio climático antropogénico (ENLACE A DEL APOCALÍPSIS CLIMÁTICO), esta ley se mece al compás del maltusianismo, la verborrea y las inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros estimadas por la UE, para prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España (incluyendo la fracturación hidráulica) los minerales radiactivos, incluyendo el uranio (España posee una enorme reserva de uranio), lo que significa la interdicción de nuevas centrales nucleares, incluidas las MSR (Reactores Modulares Pequeños). Estas prohibiciones se extienden a nuevas autorizaciones o permisos mientras se proponen desiderátums tautológicos como la “movilidad sostenible” que significa que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2.

El problema de esta sarta de disparates no solo lo ha expuesto el corte generalizado del suministro eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, también, como se ha evidenciado en países y regiones que han impuesto estas medidas como Alemania y California, es que la inseguridad de suministros y la falta de rigor en la implementación y control de la generación energética, suponen un aumento del precio de la energía y una inseguridad que está desmantelando la industria, el comercio y el sector primario.

Y mientras esta nefasta ley obstaculiza el desarrollo de la industria y el comercio libres, implanta una serie de concesiones, subvenciones y privilegios para las empresas que se lavan la cara con la ecología y, con ello, se benefician económicamente (greenwashing), la tautología del cambio climático (la epistemología de la ciencia pone de manifiesto la imposibilidad de una teoría predictiva del clima, al menos hasta ahora) sirve para amedrentar y culpabilizar de los desastres que sus políticas provocan a los ciudadanos para que paguen la fiesta ecológica sin rechistar y auto culpabilizándose. «El futuro energético de España o es verde o no será» declaró Pedro Sánchez Pérez Castejón pocos días antes del gran apagón eléctrico en la península Ibérica.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos urgente la sustitución de esta nefasta ley por una coherente que reconozca la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible para un mix energético seguro para España, junto con un plan Hidrológico Nacional que abarque todas y cada una de las cuencas con el fin de garantizar la distribución racional del agua para todos los españoles, junto con la generalización de las centrales hidroeléctricas de bombeo de última generación que permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la demanda de energía.

La Ley Orgánica 1/2023 del aborto es amoral y merece ser abolida. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sensatas sobre el aborto que, aun sosteniendo el principio del derecho a la vida del nasciturus desde la concepción, contemplan circunstancias psíquicas y sociales que podrían justificarlo en determinadas circunstancias, una ley al respecto tiene cabida siempre y cuando contenga unas previsiones como las que seguidamente exponemos como sugerencias:

I. Establecer un periodo de reflexión de, al menos, siete días.

II. No se debe autorizar el aborto de menores sin consentimiento parental.

III. Las entidades próvida deben tener voz y acceso a las ayudas públicas.

IV. Contemplar ayudas públicas y privadas (mediante mecenazgo) para facilitar la protección de la mujer y el niño.

V. Considerar los siguientes supuestos para la despenalización del aborto:

A: que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer o que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo contra la libertad o la integridad sexual de la mujer.

B: que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma.

C: que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo, no irreversible, pero si importante y duradero, para su salud tanto física como psíquica.

D: que se acrediten los dilemas mencionados con rigor mediante un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente que deberán ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde se vaya a producir. Si existe peligro para la mujer en un caso de urgencia no será necesario este informe. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida se precisa un informe sobre la madre y otro sobre el feto.

VI. Establecer que la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse, más allá de las 20 semanas, en el caso de que exista un peligro vital para la madre o se derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.

VII. Garantizar la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y la objeción de conciencia de los médicos respecto a realizar abortos.

Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: Aprobada al final de la primera legislatura del Partido Popular dirigido por José María Aznar, pero atacada por las ONGs agrupadas en la Plataforma Papeles para todos y todas con lemas buenistas como: “Ningún ser humano es ilegal”. Esta ley, sin embargo, contiene un efecto llamada contundente derivado de un extraordinario cúmulo de derechos para el inmigrante. Manga ancha para la reagrupación familiar, derecho a la asistencia jurídica gratuita, facilidades para apátridas, indocumentados y refugiados, facilidad total para la autorización de residencia y trabajo, etc.

Y a pesar de que esta ley fue concebida cuando aún la inmigración ilegal era infinitamente menor que la actual, desde hace años no se cumple en muchos apartados, en concreto respecto al retorno de los menores no acompañados (menas) y la expulsión de los ilegales. El mayor responsable de estos incumplimientos, por inacción, es el Ministerio del Interior regido por Fernando Grande-Marlaska Gómez.

 

Por otro lado, al no contar con la mayoría necesaria para ampliar “derechos y puertas abiertas”, el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón modificó el reglamento de la ley con el Real Decreto 1155/2024 – Reglamento de Extranjería (Reloex), al tiempo que el Ministerio del Efecto Llamada, más conocido como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, planifica la regularización de, al menos, 500.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a España hasta diciembre de 2024.

Aunque la mayoría “progresista” que sostiene el gobierno del PSOE-Sumar, por motivos inconfesables, esconde las consecuencias de la inmigración ilegal con su potente aparato de Agitprop, la inmensa mayoría de los españoles sabemos del criminal y mafioso tráfico de seres humanos que está engordando las faltriqueras de muchos “solidarios”, de la degradación de las condiciones de trabajo y disminución de los salarios de los españoles e inmigrantes legales, del aumento de la inseguridad y la delincuencia y del sobrecoste, en más de 30.000 millones de euros anuales, en atenderlos. Por consiguiente, los firmantes de este documento consideramos que la respuesta a esta lamentable situación nos la señalan las políticas implementadas por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

OTRAS REFORMAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES

Si bien es cierto que el proceso de desindustrialización de España fue iniciado por el PSOE dirigido por Felipe González Márquez en 1983 hasta convertirnos, esencialmente, en una economía de servicios excesivamente dependiente del turismo, también lo es que los siguientes gobiernos no hicieron nada por revertir la situación.

El culmen de una política industrial suicida lo han logrado los gobiernos del PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus políticas basadas en el fanatismo climático y los consiguientes impuestos ambientales: sobre hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre la utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica, sobre determinados medios de transporte, etc. Así, desde 2018 el sector industrial español ha perdido el 30% de sus empresas, la producción está estancada en niveles de 1995 y el empleo industrial está en mínimos históricos.

No menos grave es la “desagrarización” de la economía, es decir, del sector primario de España que incluye la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ha experimentado una reducción en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo a lo largo del tiempo. Así, este sector representaba un 6,9% del PIB español en 1985 mientras que en 2024 supuso el 2,7% del PIB. Más de 18.000 agricultores y ganaderos autónomos han echado el cierre en los últimos 7 años en España y tan solo el 4% de las explotaciones agrícolas están dirigidas por un español menor de 35 años.

Al mismo tiempo, España es el país con los peores datos de paro de toda la Unión Europea y la OCDE (10,9%), uno de cada cuatro parados de la eurozona es español o inmigrante residente en España y mayoritariamente joven. Así, menos de 2 de cada 10 contratos de trabajo que se firman en España son indefinidos y a tiempo completo, más de 900.000 afiliados tienen dos o más trabajos, de los que más de 100.000 combinan tres o más trabajos.

Las causas del mayor problema económico y social de España son múltiples y se han agravado durante los últimos años. Revertir esta grave realidad precisa de cambios legislativos, algunos ya los hemos apuntado, otros los listamos seguidamente sin desarrollarlos porque ello precisaría de un espacio inusitado para un documento de esta índole.

Limpieza seguida de auditorías en las instituciones y empresas ocupadas por el PSOE: la restauración de la salud de un organismo enfermo, precisa de un diagnóstico certero que permita su curación. El diagnóstico es evidente y, por tanto, la curación prevista para esta enfermedad mórbida también; desalojo inmediato de los ocupas del PSOE de estas instituciones y empresas seguido de auditorías integrales en todas ellas.

Una reforma laboral: que reduzca la intervención estatal en el mercado laboral, promueva la flexibilidad y la competitividad. Debería incluir la simplificación de los contratos, la reducción de costes laborales no salariales y la flexibilización de la negociación colectiva. El objetivo es atraer inversión, generar empleo y mejorar la eficiencia económica.

Un plan energético nacional: enfocado en la reducción de la intervención estatal y la promoción de la competencia en el sector energético. Esto implicaría la desregulación de los mercados energéticos, la eliminación de subsidios a tecnologías específicas y la promoción de la inversión privada en energías seguras como los reactores modulares pequeños (SMR), los reactores rápidos refrigerados por sodio (SFR) y los reactores de sales fundidas (MSR), así como el uso de inteligencia artificial y fabricación aditiva. El impulso a las renovables pasaría por las nuevas tecnologías en centrales hidroeléctricas de bombeo centradas en mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta del sistema. El objetivo del plan sería garantizar un suministro energético seguro, asequible y sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia.

Plan integral de mejora y desarrollo de Infraestructuras: forjado en la eficiencia, la competencia y la inversión privada al sustentarse en la capacidad y experiencia de nuestras empresas punteras en este sector. Se trataría de reducir las prerrogativas de la intervención estatal que debido al despilfarro de tantos años y a la deuda pública verá reducida su capacidad de inversión, para en su lugar fomentar la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras, priorizar proyectos que promuevan la conectividad, la productividad y el crecimiento económico.

Mercado único en España: Eliminar las trabas de etiquetado y otras barreras comerciales perpetradas por no pocas CCAA por motivos inconfesables, implantando la libre circulación de bienes, servicios y capitales, al tiempo que se incentive la competencia, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas y un crecimiento más robusto.

Plan de reindustrialización: para vivificar la industria fomentando un sector competitivo y dinámico a través de la reducción de la intervención estatal y la promoción de la libre competencia. Esto implicaría medidas como la disminución de la carga regulatoria, la facilitación de la inversión privada y la apuesta e incentivación fiscal por la investigación, la innovación y las mejores tecnologías.

Plan hidrológico nacional y de regadío: Bajo el lema “el agua de España es patrimonio de todos los españoles” establecer una estrategia de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, con un enfoque en la eficiencia y la optimización del uso del agua, especialmente para el regadío, considerando también la sostenibilidad ambiental. La regulación e interconexión de las Confederaciones Hidrográficas y su administración basada en la eficacia de un personal contratado por sus méritos y capacidades es imperativo.

Fiscalidad orientada al crecimiento económico: basada en la Curva de Laffer, se reduciría la carga tributaria, se simplificarían los impuestos y se establecería un sistema para establecer una mayor eficiencia en el gasto público. Estas medidas incluirían la disminución de impuestos directos e indirectos, la eliminación de trabas burocráticas y la promoción de la competencia y la inversión. Por ende, se incluiría el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit fiscal y la deuda pública.

Por una cultura libre: El intervencionismo estatal en la cultura española es una constante que se remonta a la transición y que siguiendo su doctrina, las izquierdas y los nacionalistas (las derechas nunca han osado contradecirles), han extendido exponencialmente, al monopolizar su financiación (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) mediante ayudas y subvenciones con claro sesgo ideológico. Dicha monopolización copiada de la Francia jacobina centralista, se ha conseguido restringiendo el mecenazgo privado, mediante una fiscalidad exigua de incentivos. Así, el mecenazgo cultural en España está regulado por la Ley 49/2002 (gobierno de José María Aznar) que el actual gobierno pretende modificar sin grandes variaciones.

Nuestra propuesta pasa por una ley de mecenazgo inspirada en el “Gift Aid scheme” británico, según el cual, una entidad o fundación sin ánimo de lucro puede reclamar al gobierno los impuestos pagados por los mecenas por la donación realizada. Otra ventaja que disponen las entidades sin ánimo de lucro con este sistema, es que los legados recibidos no se contabilizan en la obligación global sobre el impuesto de sucesiones que permite reclamar el reembolso integro de impuestos sobre las donaciones hechas por los contribuyentes.

Plan de reforestación: España necesita urgentemente un plan de reforestación y restauración de bosques, a través de incentivos al sector privado y la reducción de barreras burocráticas para la inversión en proyectos forestales. Se enfocaría en la gestión sostenible de los recursos forestales, la creación de empleo en zonas rurales y la compensación de emisiones de CO2. Al mismo tiempo, es imprescindible reforzar las competencias del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO), para evitar las constantes obstrucciones e insuficiencias que se producen en grandes incendios o cuando estos atañen a dos o más Comunidades Autónomas.

Quien desee adherirse a esta declaración, puede hacerlo en la ventana de comentarios registrando su nombre y apellidos.

SIGNATARIOS DE ESTE COMUNICADO

Sara Diez Ibáñez

María Jesús García Ojosnegros

Eugenio González Villas

Pedro Antonio Heras Caballero

Alicia Requena Caballero

Pablo Rojo Barreno

Antonio Torregrosa González