Por un eficaz Instituto Nacional de Epidemiología de España

Madrid, 05/04/2020

La guerra de las mascarillas y los respiradores expone la infausta falta de estrategia sanitaria de los Estado-Nación europeos que, como organización política, tienen el mandato preferente de proteger la salud de su población. El Estado español legisló en 1855 la primera Ley de Sanidad donde se estipulaba algún recurso contra las epidemias, pero no fue hasta noviembre de 1944, apenas cinco años después de la Guerra Civil, cuando se aprobó la Ley de Bases de Sanidad Nacional sobre la: «Base única. Incumbe al Estado el ejercicio de la función pública de Sanidad». Entre los seis servicios sanitarios exclusivos del Estado previsto por esta ley, en tercer lugar, se incluía las “Luchas sanitarias”: «Comprenderán los servicios de enseñanza, estadísticas y epidemiología general, los dirigidos contra el cáncer, lepra, tracoma, enfermedades sexuales, paludismo y reumatismo y enfermedades del corazón. La campaña contra la tuberculosis se realizará en estrecha relación con el Patronato Nacional Antituberculoso. Comprenderá también éste grupo cuantos servicios se destinen a combatir la mortalidad infantil, o sea los de Puericultura, Maternología e Higiene escolar. La intervención de la Dirección General de Sanidad en materia de sanidad colonial se ofrecerá a través de estos grupos de servicios». Valorar a estas alturas la eficacia de esta ley no es sencillo porque requiere de muchas contextualizaciones, pero lo cierto es que estructuraba, con los escasos medios de la época, la batalla contra las epidemias.

La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 fue sustituida por la Ley 14/1986 General de Sanidad aprobada por mayoría absoluta por el PSOE. Con esta ley se produce un claro retroceso respecto a la salud colectiva, al priorizar la estructuración del vigente Sistema Nacional de Salud en su dimensión asistencial; asistencia a los enfermos sobre prioridad de la salud individual, esparcidos territorialmente ya que «los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado». Mientras que la ley rebaja al Estado a mero coordinador, la salud colectiva ante epidemias no tiene carácter preferente. Las grandes lagunas de esta ley se han intentado tapar con un trampantojo de leyes y reglamentos dispersos como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, Ley de Derechos del Paciente, Ley de Sanidad Animal, el Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior, etcétera, etcétera, además de las respectivas leyes autonómicas.

El Sistema Nacional de Salud derivado de la mencionada Ley General de Sanidad, luego parcialmente reformado por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, institucionalizó el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo (SICAS) con el fin de coordinar la detección, información y el apoyo logístico al Sistema Nacional de Salud en situaciones de alerta sanitaria. El SICAS estaba bajo el mando de quien fuera el titular del Ministerio de Sanidad y contaba con un grupo asesor ad hoc y un órgano colegiado para gestionar situaciones de crisis que fue bautizado Comité Director en Situaciones de Crisis y Emergencias (CODISCE). En 2004 se cambió de nombre al SICAS por Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) cuya función es el seguimiento y evaluación de la situación y al apoyo de las distintas unidades del Ministerio de Sanidad, en coordinación con la vigía desarrollada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) fundada en 1999, para gestionar los Centros Nacionales de Epidemiología y las entidades gemelas de las comunidades autónomas. En 2013 se creó un nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) que asumió desde entonces las funciones de coordinación, notificación, evaluación e inteligencia epidemiológica, sin desmontar el CCAES ni el RENAVE, aunque parece que el CCAES es el de rango superior

Cualquier examen somero de este mogollón legislativo registra contradicciones y burocracias indeseables que dificultan las medidas ablatorias para combatir epidemias. Pero ha sido ante la realidad de una epidemia cuando este sistema ha mostrado sus vergüenzas, al desnudar el sometimiento de directivos de instituciones de carácter científico-técnico, a las conveniencias de las tácticas y estrategias de quienes ostentan el poder político.

El 23 de febrero de 2020, el filósofo y veterano dirigente del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y a la sazón Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón Soria, dieron una rueda de prensa en la que Simón Soria declaró: «España está preparada para cualquier escenario posible» al tiempo que ambos descartaban la necesidad de tomar medidas restrictivas como suspender actos masivos o proponer el teletrabajo, como ocurría ya en el norte de Italia, mientras Simón Soria incidía en que: «al Ministerio de Sanidad le preocupaba más el brote de Covid-19 en Corea del Sur que en Irán». Por consiguiente, en España continuaron las concentraciones y manifestaciones de masas a primeros de marzo de 2020, a pesar que desde mediados de febrero, la Unión Europea había recomendado a los gobiernos impedir la celebración de actos multitudinarios y mantener medidas de distanciamiento social individual. Asimismo, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid informó a Delegación del Gobierno el 6 de marzo sobre el «riesgo inminente de contagio del coronavirus» si se producían concentraciones multitudinarias». El mencionado director del CCAES, Fernando Simón, como portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del SARS-CoV-2, declaró el 6 de marzo de 2020, tras ser preguntado en rueda de prensa sobre si era peligroso acudir a las manifestaciones previstas dos días después con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, después de divagar sobre la libertad de cada persona de acudir, afirmó: «Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera». Fue la respuesta que esperaba el gobierno, nada menos que el primer responsable de alertas y emergencias Sanitarias de España avalaba la posición del gobierno Sánchez de no restringir la aglomeración de personas que estropeaba sus proyectadas manifestaciones.

El 13 de marzo de 2020 había 5.232 personas padeciendo la COVID-19 y 153 habían fallecido en España, mientras que varias ministras y exministras del Gobierno que habían encabezado la masiva manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid portando guantes de látex, estaban contagiadas. Desbordado por los alarmantes datos procedentes de las urgencias hospitalarias que se empezaron a colapsar, el 14 de marzo el gobierno español ideo un “plan de choque“. Con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, la ley no permite imponer la hospitalización y el aislamiento de un enfermo o de una persona sospechosa de estarlo. Tampoco permite imponer un reconocimiento médico o la aplicación de un concreto tratamiento clínico sin su consentimiento. En realidad, la reclusión de la población española justificada por el gobierno por causa de la pandemia de la COVID-19, al constreñir las libertades públicas y los derechos personales pueden ser anticonstitucionales. No son pocos los juristas que exponen sus dudas respecto a que el paraguas del estado de alarma permita recluir y prohibir la libre circulación de las personas contra su voluntad, ni siquiera tienen claro que lo permita el estado de excepción puesto que, el último párrafo del Artículo 116 de la Ley Orgánica 4/1981 establece: «La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes».

Cierto es que estábamos, estaban, avisados. Pandemias como la crisis de las «vacas locas» (1996), la «neumonía asiática» (2002), la «gripe del pollo» (2003), el «Ebola» (2014-2016), fueron lo suficientemente serias como para haber suscitado un análisis minucioso sobre la falta de estrategia, medios legales y materiales que esa “Medicina Pública de las mejores del mundo” tenía. Por si nos faltaran problemas, resurgieron las peores prácticas egoístas de los estados nacionales que incluyen aliados y supuestamente amigos como Turquía y Francia capaces de robarnos nuestros pedidos de mascarillas y respiradores.

A pocos se les escapa que los vaivenes de los políticos y técnicos del gobierno respecto a la estrategia y tácticas de la lucha contra la COVID-19, en buena medida se deben al estrangulamiento de aprovisionamientos de artículos sanitarios de importación, en concreto: test de diagnóstico rápido, respiradores, equipos de protección individual que incluyen mascarillas homologadas, guantes y productos desinfectantes derivados del Alcohol Etílico. La escasez de estos productos es consecuencia de la dependencia y del exceso de demanda. Podemos echarle la culpa a la globalización pero nos estaremos engañando al desdeñar la realidad que en la salud es aún más evidente: sin la soberanía productiva de bienes no existe soberanía nacional. No se trata de abanderar la autarquía sino de establecer estrategias e instituciones (por cierto las normativas de la UE tampoco las contemplan) de salud colectiva que significa prepararse con todo el arsenal jurídico y material para la vigilancia y lucha epidemiológica. Para ello, parece evidente que hay que reorganizar e integrar las diversas instituciones existentes, a través de una legislación concreta, que establezca un eficaz Instituto Nacional de Epidemiologia de España, con un estatuto propio de Autonomía similar al del Banco de España, es decir, el futuro Instituto Nacional de Epidemiologia de España que considero urgentemente necesario. Sería una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada que, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, actuaría con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo al ordenamiento jurídico y con poderes de evaluación y concreción de líneas estratégicas para la prevención y tratamiento de pandemias y enfermedades infecciosas que incluirían las líneas de investigación científica, producción nacional de productos sanitarios y su almacenamiento, y la previsión de compras de productos sanitarios y medicamentos en el exterior.

DE LOS NIÑOS ROBADOS POR EL FRANQUISMO

DE EVOCACIONES Y CRÓNICAS INCORRECTAS

25 de julio de 2019.

Pablo Rojo Barreno.

Después de todo lo vivido, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a muchas gentes de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la Guerra o de muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos “niños de la guerra” desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008 una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo el diario El País, me sorprendió. Rebelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y familias republicanas.

El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista sensacionalista Interviú escrito por la periodista y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL; María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde con el título “La monja que trafica con niños” revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María y el doctor Vela en el Hogar-cuna de La Almudena de Madrid durante los últimos veinte años. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.

Sin llegar a verlo, también me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del “comprometido” Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricard Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas” publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, firmado por el famoso ahora ex-juez Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad. En su Auto, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley de Memoria Histórica, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa, disparó todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos que el Auto de Garzón referenciaba al mencionado libro de Vinyes.

Como se puede apreciar en el Auto de 2008 accesible por internet, Garzón vincula algo forzadamente al Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia creado por Himmler en Mecklenburg, con el Gabinete de Investigaciones psicológicas encabezado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera (al que llama psiquiatra en jefe de Franco) dedicado a estudiar “las raíces psicofísicas del marxismo”. Así, Garzón, sin decirlo expresamente, coloca el sambenito a Vallejo Nájera como “el Mengele español” y relaciona a los “niños perdidos” con los robados durante las dictaduras de Vileda y Pinochet en Argentina y Chile. Naturalmente, estas relaciones sirvieron para muchas iniciativas posteriores, por ejemplo para que su amigo el abogado argentino Carlos Alberto Slepoy Prada en 2010 pusiera en marcha la “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruida por la juez María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina.

A pesar del artificio jurídico del Auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan para robar miles de niños a presas y madres republicanas para ser criados en los principios franquistas. Solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente tamaña acusación generó una inquietud generalizada de la que surgieron varios organismos para facilitar las investigaciones. El caso de los niños robados por el franquismo se convirtió, desde entonces, en leitmotiv de la memoria histórica. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, alguna película de escasa trascendencia y, por supuesto, la consabida novela de Almudena Grandes Hernández. En seguida, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. Cualquiera ponía en duda que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas. Incluso los católicos progresistas reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.

Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales que brindan asistencia jurídica y psicológica, una fiscalía, una unidad de policía especializada y una Comisión Estatal.

El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por comprarla y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC News Mundo británica. Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: “mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX”. Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país». Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia Nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado. Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid. Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son:« 78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.

Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela Vela al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.

Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: “Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento” (11 de mayo de 2011). “Vicky conoce a su gemela con 51 años” (12 de mayo de 2011). “Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas” (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen como la pertinaz sequía las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.

Mientras tanto, como señalaba Espada, sigo expectante por saber cómo los jueces españoles restituirán el honor del doctor Vela ahora que, prescripción al margen, consta que hubo conocimiento y consentimiento.

La estrategia del caracol del Dr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

O teoría y práctica del sanchismo-redondismo

1/09/2018. Pablo Rojo Barreno.

Es probable que existan paisanos en España que, por falta de interés, no conozcan los subterfugios con los que el Dr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón llegó a la presidencia del consejo de ministros y a residir en el Palacio de la Moncloa con sólo 84 diputados. Pero lo cierto es que lo consiguió con una maniobra legal para nada imprevisible, al menos en los aspectos aritméticos y de alianzas espurias entre fuerzas políticas. Si bien, buena parte de sus correligionarios le llamaron ‘Pedro I, el Breve’ cuando consiguió su primer mandato como secretario general, es indudable que tras el repudio del aparato del PSOE de Sánchez Pérez-Castejón, esté ha demostrado una tenacidad y capacidad de adaptación a las condiciones ambientales y las imposiciones mediáticas de la corrección política extraordinarias.

Con su lenguaje políticamente correctísimo por inclusivo en la forma y evanescente en el fondo, Sánchez Pérez-Castejón se ganó a la militancia escorada a la izquierda, totalmente podemizada y parecida a la de aquel PSOE de 1921, en donde el partido no se sumó a la III Internacional comunista de milagro. En realidad, por sus quiebros dialecticos y tácticos de los últimos meses, que se han sobreexpuesto desde que gobierna, parece evidente que Sánchez Pérez-Castejón tiene balas en la recámara que oculta astutamente, mediante gesticulaciones que no siempre funcionan como agitación y propaganda desviadora del foco y del meollo, pero que si le evitan pronunciarse sobre cual será el rumbo que tomará cuando dentro de poco, se encuentre en la encrucijada que la estudiada celada de los independentistas supremacistas catalanes y vascos le están preparando.

La memoria histórica del sanchismo-redondismo es claramente procesional, una suerte de desfile de calacas donde la Santa Compaña de la verdad oficial del PSOE establece un Halloween victorioso y vendible. Por ello, Sánchez Pérez-Castejón hace tiempo, desde que retornó a la secretaria general del PSOE, no menciona la multinacionalidad y mucho menos los ancestrales propósitos de aquella “República Federada de los Estados Unidos Ibéricos”. Tiempo al tiempo, pues desde mi punto de vista el sanchismo-redondismo es “etapista”. Por supuesto las fases y etapas de estos estrategas pretenden cambios estructurales y superestructurales que les garanticen la hegemonía cultural y política. Sin embargo, saben bien que el mayor estorbo para lograrlo es el nacionalismo supremacista que pretende la balcanización de la nación española. Asimismo, conocen de sobra la impaciencia de los separatistas catalanes, ese encelamiento ideológico que los llevará de nuevo a plantear la ruptura. Pero para entonces, la estrategia del caracol en forma de capotazo cargando la suerte con el mantra del diálogo y la bilateralidad en los gestos, esa aparente franqueza sonriente, servirá para; una vez que los separatistas catalanes arranquen la embestida, rematar el lance con el golpe de timón y el previsible discurso: queridos ciudadanos, les tendimos la mano, intentamos el diálogo mil veces, les ofrecimos de todo, pero no atienden a razones. El camino ya nos lo mostró el compañero José Blanco cuando declaró el estado de alarma ante la arrogancia de los controladores aéreos, por consiguiente que diría Felipe: Ley Orgánica 4/1981 para estados de alarma, excepción y sitio, 155 y luego elecciones generales victoriosas.

¿Tendrá el sanchismo-redondismo el ingenio y Sánchez Pérez-Castejón el temple para llevar adelante la maniobra táctica descrita? ¿No le temblara el pulso llegado el momento? Ni una milésima de milímetro como ha demostrado con la toma por asalto del cielo del Estado y sus organismos de agitación y propaganda como el CIS y RTVE.

Seguramente me equivoque, es posible que el sanchismo-redondismo sea fruto de una imaginación veterana y demasiado habituada a las visiones tácticas y estratégicas maquiavélicas. No obstante, reconocerán que la estrategia del caracol que he tratado de exponer sucintamente, es lógica y por tanto probable. A los antecedentes me remito, recuerden que partido ganó las elecciones tras el intento de golpe de estado de 1981 conocido como 23F y después de los atentados del 11 de marzo de 2004. Ya sentenció la mejor estrategia Rodriguez Zapatero a Iñaki Gabilondo: «Nos conviene que haya tensión».