EL ESTADO Y LA PRODUCTIVIDAD

De cómo la adiposis del Estado intervencionista, frena el incremento de la productividad generadora de empleo y riqueza.

14/04/2022.

Cuando España empieza a hundirse en la estanflación (estancamiento económico y elevada inflación), la inapelable subida de los tipos de interés aumenta el coste financiero del Estado empresas y familias, al progresista sistémico le pereceara insolente e inoportuno aludir a la productividad del trabajo, en vez de culpar de los estragos que sufrimos a la guerra de Ucrania o a la pertinaz sequía.

En verdad, para los sindicatos clasistas y la izquierda en general, mentar la productividad del trabajo equivale a la bicha, pues supone la constatación del error de Marx respecto a sus cálculos sobre “la fuerza productiva del trabajo” y sus “leyes”; derivadas de la crítica a la tasa del plusvalor y la tasa de la ganancia de David Ricardo. Así, Marx dedujo una «Ley de la Pobreza Creciente» que establece que en el sistema capitalista, los asalariados por cuenta ajena sólo reciben el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia. De este corolario cientificista, Marx conjeturó la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia que descubría el virus intrínseco que aniquilaría el sistema capitalista.

Teniendo en cuenta que Marx no pisó una fábrica en su vida y que su correligionario Engels, solo visitaba la de su padre en Manchester para recoger un notable peculio, aunque desde 1850 no tuvo más remedio que ejercer de comerciante de la bolsa londinense, si bien tuvo el tiempo libre suficiente para cazar zorros, hacer crítica literaria y, sobre todo, teorizar con su amigo Marx la revolución proletaria, sin impedirle ejercer de distinguido caballero victoriano que practicaba esgrima y equitación, resulta lógica la ignorancia de los padres del socialismo-comunismo sobre el progreso de la productividad como núcleo del sistema productivo, en las sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada y existe libertad comercial. Así, en vez de confirmarse el augurio marxista descrito en la mencionada Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, las sociedades sustentadas en la propiedad privada y el comercio libre fueron incrementando la productividad desde finales del siglo XIX y, con ello, la riqueza que condujo a su reparto a través de los salarios. Donde sí se cumplió con creces la Ley de la Pobreza Creciente fue en la URSS, y se sigue cumpliendo en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Pero ¿a santo de qué evoco en este momento la productividad del trabajo y la relaciono con el Estado? Quienes hemos tenido que dirigir una industria fabricante de equipos, sabemos que la productividad del trabajo es, junto con la innovación y la optimización de recursos, los ejes fundamentales para la sostenibilidad y el progreso de la empresa y sus trabajadores. Así, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para obtener dicha producción.

Entre los factores que determinan la productividad laboral destacan los siguientes:

A. Salario (ver salario mínimo y otras intervenciones estatales) ¤¤.

B. Capacidad del trabajador (derivada de la formación) ¤¤.

C. Legislación laboral ¤¤¤.

D. Impuestos al trabajo ¤¤¤.

E. Impuestos de Sociedades (IS) y Actividades Económicas (IAE) ¤¤¤.

F. Seguridad jurídica ¤¤¤.

G. Precio de la energía ¤¤.

H. Precio de las materias primas ¤¤.

I. Bajas laborales por enfermedad o accidentes ¤¤.

J. Organización de métodos productivos.

K. Maquinaria y métodos de producción eficientes.

L. Motivación laboral.

M. Equipamiento y recursos.

N. Entorno.

O. Liderazgo.

P. Diseño de los productos o servicios.

Q. Calidad y estado de la maquinaria.

De estos factores se evidencia que C, D, E y F dependen directamente del Estado, mientras que A, B, G, H e I lo son parcialmente. Por lo tanto, la productividad del trabajo en España está condicionada por legislaciones muy variables e impredecibles en el tiempo y unos impuestos que rozan lo confiscatorio.

Por otro lado, las estadísticas oficiales apenas distinguen la productividad aparente del factor trabajo (PAT) del sector público y el privado. Un indicador fehaciente luce cuando se comprueba que en España, durante los últimos 35 años, el sector público ha mantenido un gasto promedio entre el 42% del PIB de la época de Felipe González y un 50% del PIB actual con ligeras vaguadas del 38,2% con Aznar y el 41% con Rajoy. Actualmente, sobrepasando el 50% del PIB de gasto, el Estado español aporta el 16% del PIB, mientras emplea a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Es decir, el Estado español maneja la mitad de la riqueza nacional pero apenas aporta el 16% a dicha riqueza con los servicios que presta: administración pública, justicia, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales. Y, sin embargo, las estadísticas oficiales estiman que el incremento de la productividad del sector público español es superior al privado, a pesar de que, según el INE, en 2018 el sector privado aportó el 84.2% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con 16,7 millones de empleados, en tanto que el sector público el 15.8% con 3,4 millones de empleados.

Entonces ¿Por qué la productividad del trabajo en España (PTF) lleva empantanada desde 1985?. ¿Acaso este hecho tiene una relación directa con ser el país que, junto con Grecia, que desde entonces encabeza el ranking mundial de paro de los países desarrollados, con una tasa media del 12,6%, más del doble que la media de los países de la OCDE y el triple del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), donde la media es del 4,2%? ¿Por desventura existe una relación directa entre el aumento del gasto del Estado, la baja productividad, el delirante sistema educativo y el enorme desempleo sistémico?

Del gráfico siguiente se pueden deducir algunas conclusiones importantes.

Por ejemplo, que ni el alto desempleo ni la baja productividad en España, son una maldición de los dioses ni una predestinación por tara racial, puesto que entre 1954 y 1975 se produjo una impresionante aceleración del crecimiento del PIB, atribuible casi exclusivamente a la productividad laboral (5,8% de crecimiento del PIB del 6,2%).

Entre los innumerables estudios sobre el estancamiento de la productividad en España durante los últimos 37 años, se puede distinguir algunas explicaciones parciales, entre otras destacan la reducción de la industria con la entrada a la Comunidad Económica Europea, el bajo gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la escasa inversión en capital intangible debido a, entre otros, a la regulación del comercio minorista, los costos de creación de empresas, la falta de flexibilidad del mercado laboral, los altos impuestos al trabajo, la ineficaz legislación sobre quiebras, los lentos procedimientos judiciales, los subsidios y el “amiguismo” que han conducido a extravagantes asignaciones de capital, bajas inversiones en intangibles, mientras que los sectores que crearon más empleos (construcción y servicios), tuvieron una menor productividad laboral que la industria con un crecimiento mucho más lento del producto por hora trabajada, lo que explica inversiones especulativas puntuales y escasa innovación tecnológica. Sin duda, estas explicaciones responden a la realidad aunque apenas sugieren el dato fundamental; la relación entre el estancamiento de la productividad y el aumento del tamaño del Estado español, incluida la enorme deuda contraída.

Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.

Pues resulta que el año pasado, la masa salarial de las administraciones públicas españolas superó todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, es decir, el 27% del total del presupuesto de 550.484 millones de euros (un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020) que se comió la mitad de la riqueza producida. No piensen mal de la coalición Frankenstein que aprobó semejante cifra, ni apelen al clientelismo al constatar que los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. Trabajar en el sector público supone ganar 10.500 euros más al año de media.

Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.

Si la adiposis y el intervencionismo del Estado frena el incremento de la productividad y, si el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país solo se logra con el crecimiento sostenido de la competitividad, es decir, cuando la mejora de la productividad del trabajo permite a las empresas generar valor añadido y con ello empleo bien remunerado, el diagnóstico de la situación actual de España parece obvio.

LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: «Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento».

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.

EL ESTADO EXHIBE EL OGRO QUE LLEVA DENTRO

20/03/2020

Desgraciadamente, la situación que vivimos me ha reavivado algunos ya brumosos recuerdos de mis primeros años, cuando oía a mis padres y tíos hablar con temor de las tropelías que cometían los inspectores de la Fiscalía de Tasas, de los agricultores acaparadores, de tenderos bandidos y funcionarios malhechores bien agazapados en las zahúrdas del régimen que administraban concesiones y licencias de importación, mientras los periódicos y radios divulgaban que el Consejo de Ministros había multado con millones de pesetas al gerente y otros miembros del Consorcio de la Panadería de Madrid, por tráfico ilícito de harinas procedentes del trigo argentino.

Hoy, 20 de febrero de 2020, los medios nos cuentan que aquí y allá la policía ha confiscado unos cuantos miles de mascarillas, guantes de nitrilo, botellas de soluciones hidroalcohólicas, gafas protectoras, botellas de alcohol y desechables imprescindibles para combatir el COVID-19. Verduras de la eras para camuflar la incapacidad de una máquina burocrática que a pesar de chorrear grasa por doquier, está gripada por falta de uso y energía. Como en la década de la autarquía del corporativismo franquista, la sociedad civil se ha puesto en marcha casi clandestinamente. Aquí y allá hay gentes que han empezado a fabricarse mascarillas, guantes y batas. No obstante, que en estos momentos en las farmacias no haya alcohol sanitario y muchos otros accesorios higiénicos que las autoridades dicen indispensables para contener la pandemia, demuestra algo más que incapacidad, sobre todo cuando aparece el Vicepresidente II de lo Social con nombre eclesial quien, dando ejemplo de insolidaridad saltándose la obligatoria cuarentena, se dedica a decir naderías para cubrir su ignorancia sobre el grave problema, mientras justifica sus traiciones disfrazándose por la mañana de ministro y por la tarde de Lenin agitador de caceroladas en los balcones.

Sobran las arengas demagógicas ahora más que nunca y sobre todo politizar el dolor, máxime por aquellos que se llaman progresistas y que hace solo un mes twitteaban: “que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad” al tiempo que plasmaron el contubernio con los separatistas supremacistas.

Gobiernito pinturero, pónganse de una vez a trabajar, deje de sermonearnos sobre las maravillas de lo público y permitan a la sociedad trabajar como sabe que es, mil veces mejor que lo que ustedes imaginan. No se escuden con los recortes de Rajoy ni en la corrupción del PP, ni nos cuenten milongas como la de que el virus ha venido y nadie sabe cómo ha sido, cuando hace solo 12 días nos aseguraron que era otra gripe más y animaron a las gentes a manifestarse en manada.