LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: “Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento”.

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.

LOS PRESUPUESTOS EPIDÉMICOS LETALES

O la punta de lanza para la destrucción definitiva de los restos de sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que tiempo ha pretendimos

27/11/2020.

El pasado 15 de octubre el gobierno de Pedro y Pablo envió el Plan Presupuestario 2021 a la Comisión Europea, con el fin de acelerar la llegada del maná europeo en enero de 2021. Nada menos que 27.000 millones de € primero y pocos meses más tarde el primer albondigón de los fondos europeos para iniciar el, ¡tatatachán! mágico “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, un plan que despierta encendidos aplausos de la crème de la crème de nuestra plutocracia; los Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Ana Botín (Banco Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Florentino Pérez Rodríguez (ACS), Maurici Lucena i Betriu (Aena), Luis Gallego Martín (Iberia), Carlos Torres (BBVA) etcétera, etcétera. Todos estos y unos pocos más, llevan salivando unos meses pensando como engordarán la buchaca con el regalo avalado por los contribuyentes europeos, mientras acompañan al coro Sánchez Castejón de 23 voces más consejeros y aliados supremacistas golpistas, cantando el lied exaltado que promete 800.000 empleos (los mismitos que prometió Felipe González en 1982) y «ecosistemas resilientes a través de una transición energética justa e inclusiva». ¡Qué bonito! Trabajos dignos con salarios honestos, protegidos por todos los derechos como la igualdad de género más ecosistemas resilientes. Esto último es lo mejor puesto que después de someter a los ecosistemas a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión mediante una energía justa e inclusiva, resultará que los ecosistemas recuperarán su forma o posición original y aquí paz y después gloria. Claro que puede ocurrir, según establece la Ley de Hooke, que si a la energía justa e inclusiva se le va la mano y sobrepasa el límite elástico de los ecosistemas; cronch, zas y patapluz; tronchaos pa toa la vida.

La Ley de Hooke no puede aplicarse a las caras de cemento armado. Tampoco parece que fuera resiliente el cántaro de la lecherita del cuento de Samaniego, desde luego la pobre no tenía ni una centésima del desparpajo de la ministra de Hacienda Montero Cuadrado. Con el desparpajo insolente y el regocijo mezcla de desahogo y cachondeo que le caracteriza, la jefa del erario no disimula, como hiciera su antecesor y paisano Montoro Romero, que infla artificialmente los ingresos en su presupuesto para cuadrar el déficit, mientras nos cuenta con rotundidad de sobrada desde el Patio de Monipodio, digo desde el Palacio de la Moncloa, que el monstruoso endeudamiento del Estado español son pelillos a la mar y que sustraer 6.000 millones de euros en plena crisis económica “a los ricos y grandes empresarios” no repercutirá en los precios, como tampoco lo hará la subida del impuesto al diésel y el de los refrescos. Pues claro que no chiqui. Ya demostró Doña María Jesús en su Andalucía natal sus dotes malabares manejando el erario que, como dijo su comadre que se sienta a su siniestra en la tabla ovalada; no es de nadie … excepto de aquellos que lo manejan y disfrutan.

¡Ay los IMPUESTOS! logrados desde siempre por la fuerza coercitiva del Estado. Diezmos o décimas partes, portazgos, regalías, estancadas y gabelas, ITE, etcétera, eran calderilla comparados con los IRPF, IVA, IS, Patrimonio, Donaciones y Sucesiones, etcétera, etcétera actuales. Si amigos, confieso que viví esos tiempos innombrables en que obteniendo ingresos equivalentes pague menos del 15% en impuestos. Ahora me toca vivir tiempos en que ganado lo justito pagaré (hagan sus propias cuentas) más del 50% de mis emolumentos al Estado No soy insincero cuando declaro que no me importaría pagar lo que me correspondiera, si los gastos del Estado fueran transparentes y no estuvieran enmarañados en partidas y subpartidas aviesamente irrastreables. Me refiero a algo tan sencillo como un sistema fiscal finalista en el que cada gasto esté palmariamente ligado a cada ingreso, para que, si se produjeran como ahora despilfarros, mamoneos, chiringuitos y clientelismo, fueran descubiertos fácilmente.

Un insolidario de libro, dirán muchos. Total, estamos hablando de unos gastos que se llevan la mitad de la riqueza nacional y contienen la bomba de relojería llamada déficit y deuda pública pantagruélica. Se retrase o no el maná europeo, el gobierno de progreso propio y para familiares y amigos, en comandita con rufianes y ziztrinak nos quieren imponer un “cierre armonizador”, para extraer a los madrileños y otros fachas que no les votan, lo mismo que sustraen a catalanes y asturianos. Por supuesto, vade retro, lo de armonizar no se aplica al cupo vasco ni al navarro no sea que los aprovechateguis se enfaden y declaren antes de lo previsto la república vasca en la España “roja y rota”. Por si no tienen claro quién paga los platos rotos en cada taifa, les invito a visitar la página Dondevanmisimpuestos

Los biempensantes y pusilánimes están escandalizados por como el duunvirato se ha conchabado con los Franqueasteis para utilizar los presupuestos como punta de lanza del proyecto que conducirá a las repúblicas confederadas ibéricas o Españazuela. Asustados, comprueban las maquinaciones institucionalizadas como el Comité Ad hoc presidencial de reparto del maná europeo, los PERTE para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, la armonización educativa o Ley Celaá que impone un futuro de “pequeños camaradas” servidores fieles de cada elite de cada taifa, mientras que con la Memoria Democrática por bemoles de ley orgánica, implantan la historia oficial para blanquear y dar esplendor a PSOE, IRC, PCE y sus ramas y escisiones, PNV y sus nueces etarras, etcétera, mientras deslegitiman la Transición y la Monarquía. Por si faltaba disolventes, el ministerio de Igual da impone la «autodeterminación de género» para que sea posible que un tío con bigotazos se declare doncella e ingrese en una cárcel de mujeres tras violar a unas cuantas.

Aclaremos: los PGE 2021 son una coartada, la representación imprescindible para lograr el maná europeo, el trampantojo leguleyo justificador de imposiciones. En realidad, como el anterior de Montoro, será manipulado como plastilina nada resiliente a través de «reales decretos-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente». Por si lo dudan, recuerden que, desde el 1 de junio de 2018 en que Sánchez formó su primer gobierno hasta el momento en que escribo, sus gobiernos se han pasado por el forro la ley de estabilidad presupuestaria y los PGE de 2018 a través de decenas de reales decretos leyes de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente necesidad.

Cuando prohombres del PSOE y otras izquierdas se mesan los pocos cabellos que les quedan, preguntándose qué han hecho mal para engendrar esta prole insensata y adanista, habría que responderles a la gallega preguntándoles ¿Qué se puede esperar de quienes, desde mamoncetes han sido instruidos en que la culpa de todos sus males y las de sus recientes ancestros la tiene España, que los problemas de España no tienen solución porque España, siempre madrasta, es el problema? Con semejantes discursos y lecciones, lo lógico es engendrar Raules Castro con coletas, gudaris de pistola fácil en herriko tabernas y xarnegos arrufianados en supremacistas.

Hoy es más evidente que nunca que sin un paradigma de nación es imposible mantener un verdadero Estado democrático. Y es la falta de paradigma nacional para España la primera carencia de nuestros jóvenes gobernantes y de no pocos opositores. Malcriados por las LOECE, LRU, LODE y LOGSE, adoctrinados en el redentorismo vulgar en la universidad pública, el poner en almoneda a España no les causa remordimiento alguno, al contrario, están empeñados en matar al padre conciliador de la, para ellos, malhadada Transición. Quien no vea como estos muchachos nos conducen hacia la destrucción de los restos que nos queda de la sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley que tiempo ha pretendimos, solo puede ser un compinche. De la asquerosa Covid-19 saldremos pronto, pero de la epidemia gubernativa temo que saldremos, si salimos, tarde y con gravísimos menoscabos.

EL ESTADO EXHIBE EL OGRO QUE LLEVA DENTRO

20/03/2020

Desgraciadamente, la situación que vivimos me ha reavivado algunos ya brumosos recuerdos de mis primeros años, cuando oía a mis padres y tíos hablar con temor de las tropelías que cometían los inspectores de la Fiscalía de Tasas, de los agricultores acaparadores, de tenderos bandidos y funcionarios malhechores bien agazapados en las zahúrdas del régimen que administraban concesiones y licencias de importación, mientras los periódicos y radios divulgaban que el Consejo de Ministros había multado con millones de pesetas al gerente y otros miembros del Consorcio de la Panadería de Madrid, por tráfico ilícito de harinas procedentes del trigo argentino.

Hoy, 20 de febrero de 2020, los medios nos cuentan que aquí y allá la policía ha confiscado unos cuantos miles de mascarillas, guantes de nitrilo, botellas de soluciones hidroalcohólicas, gafas protectoras, botellas de alcohol y desechables imprescindibles para combatir el COVID-19. Verduras de la eras para camuflar la incapacidad de una máquina burocrática que a pesar de chorrear grasa por doquier, está gripada por falta de uso y energía. Como en la década de la autarquía del corporativismo franquista, la sociedad civil se ha puesto en marcha casi clandestinamente. Aquí y allá hay gentes que han empezado a fabricarse mascarillas, guantes y batas. No obstante, que en estos momentos en las farmacias no haya alcohol sanitario y muchos otros accesorios higiénicos que las autoridades dicen indispensables para contener la pandemia, demuestra algo más que incapacidad, sobre todo cuando aparece el Vicepresidente II de lo Social con nombre eclesial quien, dando ejemplo de insolidaridad saltándose la obligatoria cuarentena, se dedica a decir naderías para cubrir su ignorancia sobre el grave problema, mientras justifica sus traiciones disfrazándose por la mañana de ministro y por la tarde de Lenin agitador de caceroladas en los balcones.

Sobran las arengas demagógicas ahora más que nunca y sobre todo politizar el dolor, máxime por aquellos que se llaman progresistas y que hace solo un mes twitteaban: “que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad” al tiempo que plasmaron el contubernio con los separatistas supremacistas.

Gobiernito pinturero, pónganse de una vez a trabajar, deje de sermonearnos sobre las maravillas de lo público y permitan a la sociedad trabajar como sabe que es, mil veces mejor que lo que ustedes imaginan. No se escuden con los recortes de Rajoy ni en la corrupción del PP, ni nos cuenten milongas como la de que el virus ha venido y nadie sabe cómo ha sido, cuando hace solo 12 días nos aseguraron que era otra gripe más y animaron a las gentes a manifestarse en manada.

La Funcionariocracia paradigma quimérico del estado clientelar

Luis Ventoso se permitió hace unos días el lujo de ser incorrecto para algunos o facha sin salvación para otros, abordando el problema de la marginalización militante y okupa, cogiendo las hojas del rábano por do más duele titulándolo: La sopa boba. Por otro lado, no ha mucho, en uno de los lapsus motivados por encabronamiento de la paciencia ante la estulticia de algunos de sus incondicionales, el dirigente lindo y coletudo salió por peteneras afirmando que su partido no estaba para salvar al lumpen. ¡Ah, el lumpen!, ese excedente o subproducto de la lucha de clases, ese insostenible ejército de reserva que está ralentizando la historia hasta el punto de chafar todo el constructo conocido como materialismo histórico. ¿Qué hacer con él?

Se equivocó el dirigente lindo y coletudo, se equivocaba. Por ir al norte de su fin, fue al sur de su táctica. Se equivocaba. Creyó que el cliente era dócil. Se equivocaba. Creyó que la fucionariocracia era el cielo; que el maná, tranquilizaba. Se equivocaba. Que la subvención; rocío, que el trabajo; la nevada. Se equivocaba.

El estado clientelar posmoderno más comprensible como funcionariocracia, necesita del lumpen como el trigo el agua de mayo, para autojustificarse. El problema que empieza a surgir es que el lumpen está tomando conciencia, no de clase sino de fuerza chantajista cada día más asentada, gracias al jabón de la clase política emergente y funcionarial que piensa que el pan y el circo será suficiente para controlar y obtener la adhesión de los lumpen. Pero como todos los demás de la casta se han dado cuenta, siguen bombeando el buen sentimiento de la solidaridad con ese dinero que la ministra de Zapatero decía que no era de nadie, y el globo de la cultura okupa y sopa boba sigue inflándose hasta que, en vez de explotar, la falta de recursos lo deje chupao. ¿Y luego? ¿Quién se pone a currelar si es que queda algún currelo?