MASCOTAS Y ANIMALISMO

Continuación de: “Haciendo amigos. Sobre mascotas y cambio climático”

11/10/2021

Trascurridas varias semanas desde la publicación de «Haciendo amigos. Sobre mascotas y cambio climático» y teniendo en cuenta las críticas recibidas, algunas muy airadas como conjeturé, asumo el error de base cometido cuando, dejándome llevar por el ánimo provocador y evitar extenderme demasiado, desdeñé una parte sustancial del asunto; que el amor recientísimo por los animales de compañía, que hasta no hace tanto era patrimonio de la aristocracia con sus peluches, ahora se plasma en convivencia hogareña estrechísima, prácticamente familiar en los pequeños apartamentos de las ciudades occidentales, no tiene otra explicación que la adopción por parte de la mayoría de la población occidental, de manera más o menos consciente, de una de las ramas del darwinismo ideológico apoyado en la pangénesis. Me refiero al animalismo, ideología derivada del llamado darwinismo social o eugenesia. Trataré de explicar esta aserción con brevedad.

La eugenesia, como pseudociencia desarrollada por Francis Galton, ha sido impugnada radicalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial al considerarse, con razón, una de las causas que conllevaron al horror del holocausto. No obstante, conviene recordar que los ensayos eugenésicos no solo supusieron la consecución del crimen sistemático de Estado perpetrado por el nacionalsocialismo, también fueron ensayadas unas cuantas atrocidades como las esterilizaciones forzadas en EEUU, los países escandinavos regidos por la socialdemocracia y, no por ocultado menos cierto, en la URSS donde, la pretensión bolchevique de crear el “hombre nuevo soviético” permitió a Trofim Lysenko y al biólogo Nikolai Koltsov, realizar experimentos genéticos hasta llegar a la locura del hombre-mono como soldado sumiso que Stalin permitió ensayar al biólogo Ilya Ivanov. En España, no podemos olvidar el matricidio de Hildegart Rodríguez Carballeira en 1933, como consecuencia del desvarío ideológico eugenésico libertario de su madre, luego defendido por el doctor Félix Martí Ibáñez.

La fuente de la que mana la eugenesia y del darwinismo social, es la extrapolación zoológica que el propio Darwin realiza al subsumir al hombre en una noche zoológica, donde toda diferencia que nos pueda dignificar, es suprimida para hacer del hombre un mono venido a más. Esta animalización como ser, cuya única virtud es haber desarrollado un cerebro más grande que le permite “dominar” a otros o incluso a la naturaleza, conlleva a la humanización de los animales, sobre todo, de los animales domesticados por el hombre o cercanos a su vida.

De los estudios que conozco al respecto, es el filósofo Carlos Javier Alonso Gutiérrez en “La agonía del cientificismo. Una aproximación a la filosofía de la ciencia” (1999) quien mejor expresa el dilema, cuando explica que el hombre es a la vez un animal biológico y biográfico. «En cuanto es biológico, tiene una naturaleza animal. En cuanto es biográfico tiene historia». Por consiguiente, el desamparado homo sapiens ha supervivido, no por ser el más apto, sino porque sus escasos recursos adaptativos han sido mejorados con creces por su inteligencia, inteligencia que le permite obtener estímulos de la realidad cambiante y tomar conciencia de esa realidad y de sus actos. Es la inteligencia humana, generadora de la racionalidad, la autonomía, el lenguaje y la conciencia de la vida y de la muerte de cada individuo, el grandioso atril que nos diferencia del resto de los animales.

Con la crítica del capitalismo como depredador de los recursos naturales del planeta, se activaron las ideologías vegetarianas y animalistas. Desde esa óptica, se desarrolla el “antiespecismo” militante como reacción al llamado “especismo” vigente que, según sus detractores antiespecistas, discrimina a los animales al colocar a la humanidad en la cúspide de la naturaleza. Así, el antiespecismo considera que todos los seres vivos, y no solo los humanos, son sujetos de derecho y su vida tiene el mismo valor. En consecuencia, los animales tienen los mismos derechos que los humanos. De los deberes no comentan nada o dan por supuesto que es la humanidad quien tiene el deber de cuidar del resto de las especies.

Una de las líderes animalistas antiespecista es la francesa Corine Pelluchon, autora del “Manifiesto animalista. Politizar la causa animal” (2018), cuyo perturbador contenido conduce al veganismo radical y al anticapitalismo posmarxista. Claro que hay animalistas antiespecistas que no son veganos ni posmarxistas, pero en buena lógica deberían serlo. Pues si el animalismo antiespecista veda la crianza de animales para ser sacrificados por los humanos para alimentarse, también debería prohibir que los mismos humanos sacrifiquen animales para que perros, gatos y otras mascotas puedan comer lo que precisan. Por supuesto, siguiendo la misma lógica, se deben cerrar los muladares que alimentan las aves rapaces y convertir a leones y tigres al veganismo.

Por otro lado, es evidente que el concepto básico del animalismo que estipula que todos los animales son seres “sintientes” es una hipótesis improbable. No solo porque no todos los animales tienen un sistema nervioso centralizado, también porque las reacciones ante los estímulos en no pocos casos son iguales o inferiores a los de las plantas quienes, como seres vivos mayormente fotosintéticos podrían sentir, ser “sintientes” (algunos estudios parecen confirmarlo) pues no pocas responden a estímulos. Entonces ¿De qué se alimentarán los veganos si las plantas son también “sintientes”?

Con el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales que ha presentado el Ministerio de Derechos Sociales, el Estado español pretende intervenir estableciendo unas normas de obligado cumplimiento, no tanto para proteger a los animales de malos tratos puesto que ya existe legislación al respecto, sino para imponer conductas antiespecistas para urbanitas y propietarios de chalets, al tiempo que se beneficia a la floreciente industria alrededor de las mascotas.

En el totum revolotum de los “wokes” de la penúltima ola, el animalismo antiespecista rezuma por todos los sitios nihilismo y contrición mística. Incluso se evidencia claramente su rechazo hacia una naturaleza donde la depredación es sustancial a la vida, esa vida que se alimenta de vida y constituye las dinámicas de la biodiversidad. Por otro lado, el imperio de la corrección política ha implantado en el lenguaje cotidiano las muletillas animalistas cuando hablan de educar a los perros y gatos como si fueran alumnos de enseñanza general básica. A los perros, gatos, caballos, burros y demás animales domésticos se les doméstica, doma o entrena, además de alimentarlos y cuidarlos.

LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: «Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento».

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.