DE EVOCACIONES Y CRÓNICAS INCORRECTAS
25 de julio de 2019.
Pablo Rojo Barreno.
Después de todo lo vivido, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a muchas gentes de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la Guerra o de muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos “niños de la guerra” desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008 una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo el diario El País, me sorprendió. Rebelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y familias republicanas.
El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista sensacionalista Interviú escrito por la periodista y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL; María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde con el título «La monja que trafica con niños» revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María y el doctor Vela en el Hogar-cuna de La Almudena de Madrid durante los últimos veinte años. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.
Sin llegar a verlo, también me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del “comprometido” Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricard Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas” publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, firmado por el famoso ahora ex-juez Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad. En su Auto, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley de Memoria Histórica, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa, disparó todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos que el Auto de Garzón referenciaba al mencionado libro de Vinyes.
Como se puede apreciar en el Auto de 2008 accesible por internet, Garzón vincula algo forzadamente al Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia creado por Himmler en Mecklenburg, con el Gabinete de Investigaciones psicológicas encabezado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera (al que llama psiquiatra en jefe de Franco) dedicado a estudiar «las raíces psicofísicas del marxismo». Así, Garzón, sin decirlo expresamente, coloca el sambenito a Vallejo Nájera como “el Mengele español” y relaciona a los “niños perdidos” con los robados durante las dictaduras de Vileda y Pinochet en Argentina y Chile. Naturalmente, estas relaciones sirvieron para muchas iniciativas posteriores, por ejemplo para que su amigo el abogado argentino Carlos Alberto Slepoy Prada en 2010 pusiera en marcha la “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruida por la juez María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina.
A pesar del artificio jurídico del Auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan para robar miles de niños a presas y madres republicanas para ser criados en los principios franquistas. Solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente tamaña acusación generó una inquietud generalizada de la que surgieron varios organismos para facilitar las investigaciones. El caso de los niños robados por el franquismo se convirtió, desde entonces, en leitmotiv de la memoria histórica. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, alguna película de escasa trascendencia y, por supuesto, la consabida novela de Almudena Grandes Hernández. En seguida, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. Cualquiera ponía en duda que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas. Incluso los católicos progresistas reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.
Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales que brindan asistencia jurídica y psicológica, una fiscalía, una unidad de policía especializada y una Comisión Estatal.
El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por comprarla y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC News Mundo británica. Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: «mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX». Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país». Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia Nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.
La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado. Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid. Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son:« 78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.
Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela Vela al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.
Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: «Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento» (11 de mayo de 2011). «Vicky conoce a su gemela con 51 años» (12 de mayo de 2011). «Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas» (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen como la pertinaz sequía las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.
Mientras tanto, como señalaba Espada, sigo expectante por saber cómo los jueces españoles restituirán el honor del doctor Vela ahora que, prescripción al margen, consta que hubo conocimiento y consentimiento.