Plan España 2050

O un camino de servidumbre

22/05/2021.

El “Plan España 2050” tiene un subtítulo revelador: “Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”. Una estrategia que, por diluida y camuflada, precisa 676 páginas que incluye un prólogo triunfalista firmado por el presidente del consejo de ministros del gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con el retorcido título “España: un país con hambre de futuro” donde, por ensalmo, se han borrado los pesares del presente.

Es probable que las circunstancias del momento en que se ha presentado este Plan y la puesta en escena exagerada, haya malogrado el aplauso esperado por sus autores hasta el punto de haberse convertido en tema de chirigota. Pero la farsa derivada de su presentación como “performance” del Presi y la exageración de proyectar unas “estrategias” que conducirán a unos relucientes resultados dentro de tres décadas, me parecen que están despistando bastante al personal respecto a la intencionalidad de este Plan. Por supuesto, su credibilidad es muy endeble por cuanto el gobierno que lo lanza a bombo y platillo, ha demostrado, con creces, su impericia en el manejo de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica, mientras que tiene serios problemas para calcular el PIB, el déficit y la deuda pública de este año.

Con la gesticulación y el tono vanidoso habitual, Sánchez Pérez Castejón presentó «un ejercicio de prospectiva estratégica» de futuro para «los españoles y españolas», sobre el escenario del Auditorio 400 del Museo Reina Sofía y ante un público conformado por los empresarios que han pedido las subvenciones procedentes del maná europeo. En este acogedor ambiente, apeló Sánchez a la concienciación medioambiental de los españoles, para justificar buena parte del Plan que establece las buenas conductas ciudadanas, las subidas de tasas, los modelos de transporte, consumo y alimentación que nos conviene, hasta el punto de prohibir los vuelos nacionales y subir impuestos a los billetes de avión para salvar el planeta. Y lo dijo un fulano que usa el avión oficial Falcon o el helicóptero hasta para ir a por el pan.

Acepto de antemano el reproche de abusar de lo anecdótico al señalar contradicciones entre el dicho y el hecho del presentador. Si lo hago es para manifestar que estamos ante un documento oficial que ha contado con la colaboración de 104 expertos coordinados por 8 aún más expertos, que han concretado unos objetivos para el Plan (retos los llaman) que son asumidos por el gobierno de la nación. Por lo tanto, me parece evidente que este Plan expresa la vocación del gobierno y los partidos que le apoyan, de intervenir y planificar la vida de los españoles a largo plazo, con el inequívoco fin de meternos en un molde configurado por sus ideologías. Veamos.

Lo de menos de este Plan es la retórica impostada de corrección política, lo sustancial es la utilización de un supuesto prestigio histórico del concepto planificación para el desarrollo. Claro que ese prestigio solo es factible si se borra del mapa histórico a los primeros planes, aquellos planes quinquenales totalitarios y totalizantes implantados manu militari en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) por Stalin, cuyos lacerantes resultados deberían ser enseñados en las escuelas secundarias de todos los países democráticos. También parecen obviados los planes derivados de la gran depresión de 1929 anteriores al New Deal norteamericano. Por ejemplo, los que implantaron al estado como amo y señor, (“La nostra formula è questa: tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”) de Benito Mussolini. Adolfo Hitler siguió la senda de Mussolini y de Stalin cuando implantó, de la mano de Hermann Göring, un plan cuatrienal donde la empresa privada estaba obligada a cumplir con los objetivos redactados por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

Todavía se discute si el New Deal plasmado por Franklin Roosevelt entre 1933 y 1939 fue totalmente keynesiano o si el poderoso Harold L. Ickes fue quien escogió en que gastar y las reformas a realizar. No obstante, hoy pocos discuten que la entrada de EEUU en la II Guerra Mundial fue el detonador del paradigma económico norteamericano de posguerra, configurado con la amalgama de un cuarto de Keynes con tres cuartos de liberalismo de Harry D. White. Un sistema que se mantiene hasta el “Nixon Shock” de 1971, cuando Richard Nixon cancela los acuerdos de Bretton Woods y suspende la convertibilidad directa del dólar estadounidense al oro.

Es el célebre Plan Marshall iniciado en 1947 el dador de pátina y esplendor a los planes económicos. Con sus más de 100.000 millones de dólares de 2020, sigue siendo el oráculo de Delfos de la burocracia estatalista occidental. Poco importa que los datos pongan en duda sus éxitos. Así, se suele desdeñar que, mientras Gran Bretaña recibió más del doble que Alemania Occidental, su crecimiento económico fue mucho menor. De hecho, el milagro económico alemán “Wirtschaftswunder” poco tuvo que ver con el Plan Marshall (Las ayudas a Alemania en julio de 1951 sumaban 270 millones de dólares, de los cuales los alemanes devolvieron más de un tercio) y todo a las reformas liberales impulsadas por el ministro Ludwig Erhard a partir de 1949, consistentes en un programa radical de privatización y desregulación que eliminó todos los controles regulatorios y el complejo sistema fiscal impuesto por los nacionalsocialistas. También se puede verificar que Francia e Italia empezaron sus recuperaciones económicas antes de recibir la ayuda del Plan Marshall, mientras que Austria y Grecia recibieron mucha ayuda, pero su recuperación económica se inició mucho más tarde. Pero el «coge buena fama y échate a dormir», junto con el retorno paulatino del estado orondo e intervencionista, ha determinado que la UE sobrepasara su fin y haya abrazado la política de planes de distribución de fondos públicos entre países miembros. Poco a poco, la UE ha implementado planes cada vez más gruesos. De los primeros planes redistributivos hasta el penúltimo y ya olvidado Plan Juncker, con la gran crisis derivada de la pandemia, la UE ha plasmado su Plan Marshall, multiplicándolo por 20. Un “Plan de recuperación para Europa” por un total de 1,8 billones de euros que, junto con la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, alimentan dinero a espuertas que fortalece el capitalismo de amiguetes donde, cada Estado reparte dádivas a unas cuantas empresas y organizaciones amigas, al socaire de las transiciones climáticas y digitales más otros negocios verdes resilientes por subvencionados.

Llegado aquí parece conveniente preguntarse si el Plan España 2050 es un plan y, en el caso de serlo, de que tipo. Obviamente, no es reformista como el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 o los tres planes de desarrollo del franquismo (1964-1975), basados en reformas estructurales para la liberación de la economía, al eliminar los últimos resortes intervencionistas del Estado derivados del período autárquico. Asimismo, los Pactos de la Moncloa de 1977 fueron forjados en reformas estructurales y de liberalización política. Tampoco contiene medidas de estímulo keynesiano o monetarista, sino que se sustenta en un «análisis diacrónico y prospectivo … realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política». Entonces, ¿Cuál es su fin? Pues obviamente lograr que el modelo de régimen político y social explícito en el documento devenga hegemónico: «Creemos que España tiene que mirar más al futuro y que tiene que hacerlo de una forma distinta de la que suele mirar el presente: con menos crispación, más rigor científico, y un mayor optimismo». Entonces, estamos ante un Plan que quiere cambiar la mentalidad de los españoles, una versión posmoderna de los planes de Ernesto Guevara de construir “el Hombre Nuevo” en Cuba: «La Revolución no es únicamente una transformación de las estructuras sociales, de las instituciones del régimen; es además una profunda y radical transformación de los hombres, de su conciencia, costumbres, valores y hábitos, de sus relaciones sociales».

En 1944 se publicó “Camino de Servidumbre” donde Friedrich A. Hayek advierte que la planificación estatal lleva a un Estado omnipotente dirigido por una minoría que dice querer la igualdad, pero que inexorablemente conduce a la tiranía y la consiguiente pérdida de libertad individual. La historia confirmo esta tesis sobradamente.

Que el Plan España 2050 es un ensayo de planificación ideológica tan extenso como poco repasado, se evidencia en el cúmulo de contradicciones que contiene y en las sibilinas imposiciones. Por ejemplo; anuncia que se logrará la bonanza pero prescribe más gasto social y más impuestos verdes y menos consumo, luego la mejora de la educación no parece mejorar la conciencia medioambiental. Pero lo sustancial es preguntarse si queremos que nuestros descendientes vivan coaccionados por impuestos confiscatorios, sean obligados a alimentarse de un surtido salteado de tofu y kale con sésamo, seguido de gusanos ecológicos al dente y hamburguesa de levadura modificada genéticamente con sabor a carne de vaca. Si serán más felices utilizando teléfonos móviles encurtidos, viajando como sus bisabuelos en transportes colectivos, sufriendo la tiránica e inane pirámide laboral perpetuadora del desempleo masivo, pagando en silencio la infame y descomunal deuda del Estado, soportando sin rechistar la inmigración ilegal, la decadencia demográfica, la incertidumbre sobre la seguridad jurídica, la aniquilación de las pensiones públicas, mientras añoran los tiempos pretéritos en que la inquisición de la política de la cancelación y la vorágine identitaria, todavía no habían aniquilado el arte y la libertad.

LA EUTANASIA Y POR AHÍ TE PUDRAS

Del «derecho a la vida» a la eutanasia activa de «la buena muerte» y que viva el utilitarismo.

27/12/2020.

Vivir bajo un estado de alarma con toque de queda, impuesto por unos gobernantes novatos imbuidos del irrefrenable deseo de permanecer en el machito durante decenios, gracias a la soñada hegemonía gramsciana que todo lo puede, ha generado, entre amplias capas de la población española, la percepción del inicio de una inquietante era que puede sobrepasar, en tiempo y profundidad, los infortunios derivados de la pandemia que nos quebranta.

Partiendo de la evidencia de la ineptitud del Gobierno del duunvirato de Pedro y Pablo en prever, con varias semanas de antelación, la crisis sanitaria que se nos venía encima y, una vez enterrados de hoz y coz en ella, vivir soportando mentiras, subterfugios, ordenes, contraordenes, galimatías y demagogias mil, finalizando el 2020 las frases huecas marca de la casa monclovita del estilo: «España dice adiós a otro tiempo y avanza hacia un futuro de progreso» evocan al Diamat, ahora posmoderno y conformado por ese caleidoscopio de baratillo henchido de micro-identidades.

Es indudable que la actual diarquía tiene un plan, si bien ninguno de los dos aspirantes a Diocleciano da la talla siquiera de Maximiano. No obstante, entre peronismo y chavismo planifican la republiqueta pluritaifal a toda velocidad, por si la UE les conmina a derogar el estado de excepción antes de soltarles un euro. Para implantar su proyecto «transformador, progresista y tal y tal», el Ministerio de la Verdad ha tirado del típico y tópico anuncio publicitario con la palabra mágica nuevo. Una Nueva estructura económica adornada con jitanjáforas y eufemismos de la neolengua “progresista” que la portavoza desenvuelta suelta y el BOE imprime: recuperativa, transformativa, resiliente, ecoinnovativa, empoderada, innovadora, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón afila su sublime dedo para repartir el maná europeo, asaz resbaloso. Uno de los instrumentos más preciados del proyecto «transformativo y progresista» es la educación prescrita en la Ley Celaá con su pedagogismo ideológico posmoderno y sectario que abomina del esfuerzo y de la fundamental función de la enseñanza: el ascensor social. En reaccionaria comandita con los separatistas supremacistas, la diarquía gobernante ha impuesto la ablación del español como lengua común de los españoles, junto con la implantación de historietas maniqueas para lavar las canalladas de sus ancestros ideológicos, en lugar de enseñar la Historia de España a los niños y jóvenes españoles. En otra vuelta de tuerca, los planificadores poco versados en ciencias que conforman la gran tribu de ministros/as y sus innumerables consejeros/as, han engendrado, nada menos, que una ley de cambio climático y transición energética que recuerda al arrogante «Britannia, rule the waves». El plan hegemónico incluye innumerables medidas, decretos leyes y leyes orgánicas para cargarse los principios constitucionales, destacando la reencarnación atea del tribunal del Santo Oficio o futura ley de defensa de la republiquéta pluritaifal, para imponer que noticias nos convienen y censurar las inconvenientes para nuestras castas y delicadas molleras.

El desahogo del duunvirato y sus aliados, puede explicarse acudiendo a “La fatal arrogancia” descrita por Friedrich Hayek sobre aquellos planificadores soviéticos doctrinarios que creían poseer la ciencia del bien y del mal llamada «materialismo dialéctico», para planificar el futuro de vida de los ciudadanos de aquella URSS acabada en agónico desastre. Solo desde esta perspectiva se entiende la obsesiva determinación del gobierno bifronte y sus aliados separatistas supremacistas, a los que se han unido los despojos de Ciudadanos, en perpetrar, a una velocidad que para sí quisieran los damnificados por los cierres de sus negocios o incluso los demandantes de ese escudo social que no dejaría a nadie atrás, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Así, henchidos de fatal arrogancia, no han escuchado las objeciones éticas y legítimas de ciudadanos, asociaciones e instituciones. Nada de carcas y fachas, las objeciones al falso derecho de que el Estado facilite el suicidio es, perdón por el tópico progre; trasversal. Y lo es porque hay tantos matices éticos sobre porqués y cómos como modelos de eutanasia. De hecho, esta ley establece la eutanasia activa desde el Estado para provocar la muerte del paciente, cuando este lo requiera, eliminando, con ello, la eutanasia pasiva que, conforme con la bioética y la deontología médica, deja morir intencionadamente al paciente por omisión o limitación de tratamientos o terapias fútiles. Tampoco esta ley se ocupa de eliminar el encarnizamiento terapéutico al tiempo que desdeña, de hecho, la ortotanasia, es decir; permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables y terminales, mediante tratamientos paliativos que eviten sufrimientos al paciente y a sus allegados.

Nadie medianamente sensato ignora la diferencia moral entre morirse o dejar morir, matar o ayudar a otro a matarse. La Ley Orgánica 11/1995 eliminó la pena de muerte en España incluso en tiempo de guerra, mientras que la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La mejora de estas leyes sobre el consentimiento informado previo a cualquier intervención sobre una persona en el ámbito biomédico, así como una reforma del testamento vital, o documento de instrucciones previas mediante el soporte jurídico de exigencias éticas y jurídicas para la atención al paciente y su autonomía para permitirle que anticipe su voluntad sobre la aplicación de determinados tratamientos o el rechazo a los mismos, si más tarde su estado le impide decidir, junto con un riguroso protocolo de tratamientos paliativos, hubieran mejorado sustancialmente los últimos momentos de vida de los ciudadanos españoles. La compasión de la sociedad que no del Estado, debe procurar eliminar el sufrimiento todo lo posible, no eliminar al que sufre. Es lo que explica uno de los máximos exponentes de la medicina española en cuidados paliativos, el Doctor Marcos Gómez Sancho, en contra de la eutanasia: “Con una sedación paliativa el objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino con el sufrimiento”.

Pero las mencionadas reformas no están en la hoja de ruta del plan hegemónico de la diarquía gobernante en España. Probablemente son capaces de entender que no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar a otro a matarse. Pero visto lo visto, parece dudoso que comprendan diferencias bioéticas sustanciales, por ejemplo que incluso dejar morir, en los casos de enfermedades incurables, implica una conducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir o suspender el tratamiento iniciado, y otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. Entonces, causar la muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que busca matar, contrario al derecho humano fundamental, por tanto inmoral y contrario a los más elementales principios de la ética. Y aunque en la exposición de motivos la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia insiste en su finalidad compasiva, dicha intención no puede legitimar el hecho de quitar la vida, tan solo, en la más clemente doctrina jurisprudencial, puede ser un atenuante que reduce la responsabilidad moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar con la vida de una persona.

Por otro lado, mientras que el Estado español es el garante del «derecho a la vida» proclamado en el artículo 15 de la Constitución, con la ley orgánica de regulación de la eutanasia el mismo Estado otorga el poder a los médicos (y médicas) de, a través de «la buena muerte», poner fin a la vida de personas, estableciendo una serie de condiciones que denomina garantistas. Entonces, el problema ético se multiplica cuando se establecen las condiciones en que se aplica la buena muerte. En realidad, los requisitos son solo dos: una solicitud voluntaria por escrito y firmada por el solicitante de la prestación de ayuda para morir y «Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante incurable… sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable… en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable». Claro que enseguida se establecen las derivadas que destruyen las cacareadas garantías por cuanto: «La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud».

Aunque en el texto aprobado de esta ley se retiró a última hora el párrafo: «a de la persona con el consiguiente sufrimiento físico o mental» al mantener el ambiguo «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable» surgen preguntas impertinentes: ¿Puede el enfermo mental tomar una decisión autónoma entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable? ¿Y respecto a un neonato con enfermedad incapacitante irreversible? ¿Las tomarán en su lugar el médico o la médica responsable, la evanescente Comisión de Evaluación y Control que deberá instituirse en cada autonomía o bastará aplicar el artículo 6.1 de la Ley y una persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en presencia de un enfermo que no se entera de nada?

Que una ley que implica profundos problemas éticos y morales al confrontar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros organismos internacionales como la vida, la integridad física y moral, frente a otros más matizables como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, haya sido aprobada en plena pandemia, a toda velocidad y sin escuchar a, por lo menos, la mitad de los ciudadanos españoles, solo indica premeditación y alevosía ideológica. ¿Acaso existe en España algún partido, asociación o religión que no defienda la muerte digna y sin sufrimiento?

Los firmantes del Manifiesto contra esta ley de eutanasia activa dejaron claro sus motivos: «la eutanasia planea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España, y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia». Además, insisten en el «rechazo universal de este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de eutanasia en Holanda, hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos».

Por último, quiero dejar claro que esta ley de eutanasia no responde a valores morales liberales basados en el principio fundamental que es vivir y ayudar a vivir, puesto que mi libertad solo es posible en un mundo en el que todos seamos libres. Todo lo contrario, esta ley manifiesta un paternalismo estatalista radical agravado por la banalidad de quienes, mientras dan saltitos de alegría como la diputada del PSOE ponente de esta ley María Luisa Carcedo Roces, declaran: “Se ha aprobado un derecho que nos hace más libres”.

Es muy probable que a los promotores y aprobadores de esta ley les importe un rábano la historia del resurgimiento de la eutanasia en el siglo XIX y las consecuencias que provocaron. Precursor fue el británico Samuel Williams, aunque el doctor Simeon Baldwin fue más allá en su discurso pronunciado en la American Social Science Association en 1889 manifestando: «De la misma manera que el anciano tiene derecho a la muerte, también lo tiene el desafortunado neonato que ha venido al mundo con defectos. (Yale 1899)». Más conocidos son las proclamas de Friederich Nietzsche, Adolf Jost (“El derecho a la muerte”), Karl Binding, Alfred Hoche (“Libertad para la aniquilación de la vida indigna de la vida”), y los nazis: Eugen Fischer y Fritz Lenz (“La heredabilidad humana y la higiene racial”) que culminó con Aktion T4). Estos pensadores, científicos, médicos y juristas promovieron,durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la fórmula “Lebensurwertes Leben” (vida indigna de ser vivida). Sobre este lema se sustentaron las políticas eugenésico-eutanásicas en los países escandinavos, Canadá, EEUU y Reino Unido a principios del siglo XX y que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán abrazó con el frenesí conocido.

Los enemigos del comercio – Una historia moral de la propiedad – Antonio Escohotado

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Poco importa como Antonio Escohotado se defina o lo encasillen, incluso confieso algún repelús respecto a sus declaraciones epatantes de antaño y ogaño, sin embargo, lo fundamental son sus sólidos argumentos, sin duda, dignos de admiración en estos tiempos de tribulación.

Es historia pero tambíen bálsamo contra el pensamiento débil y los  pajilleros mentales dogmáticos y demagogos.