VÍCTIMAS PROPICIATORIAS DEL CLIMATISMO

Un repasito conveniente para no llamarse a engaño

01/11/2021

Uno de los rasgos que mejor expone la situación que vivimos en plena resaca de la pandemia de nunca acabar, es la sorpresa con que la mayoría de los ciudadanos españoles perciben la exponencial subida del precio de la energía eléctrica. Nada extraño por cuanto llevamos cuatro décadas digiriendo todo tipo de tentempiés energéticos y medioambientales despachados por lobbies político-económicos, cuyos contrapuestos intereses logran sublimarse en el estado gaseoso de un larvado ideologismo. Me refiero al climatismo, una doctrina transversal, sostenible, ecológica, verde, aclimatable, comunitaria, algorítmica, reciclable, anisotrópica, bucólica, antropogénica, integradora, bromatológica, paisajística, biodegradable, holoeconómica, agorera, catastrofista, cabildera, bioclimatológica, global y, en fin, suma y sigue con los estupendos sustantivos y calificativos que han configurado la ideología más rentable en términos económicos y políticos del siglo XXI.

Si bien desde la pulsión acaparadora anglosajona se suele señalar a Rachel Carson como la iniciadora de la conciencia ambientalista tras la publicación de “Primavera silenciosa” en 1962, lo cierto es que el valor supremo de la naturaleza surge con el romanticismo. Aunque bien documentado, apenas se ha divulgado que el misticismo naturalista alemán del siglo XIX, expresado en la consigna “Blut und Boden”: «Sangre y tierra» fue abrazado con frenesí por el nacionalsocialismo a través de los ideólogos del völkisch que predicaron el regreso a la tierra y a la simplicidad. Así, el Tercer Reich convirtió la agricultura orgánica, el vegetarianismo y el culto a la naturaleza en parte sustancial de su política. Por ejemplo, el Führer insistía sobre «la impotencia de la humanidad frente a las leyes eternas de la naturaleza».

En el caso concreto de España, es la Institución Libre de Enseñanza como bien muestra Santos Casado de Otaola en “Naturaleza patria: ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo” quien impulsa el contacto de los discípulos con la naturaleza como pedagogía impulsora de una España bucólica y “sana”. Y como se consideraban regeneracionistas patriotas, esta visión fue asumida a principios del siglo XX por falangistas, carlistas, regionalistas y nacionalistas varios.

El empeño protector de la naturaleza, empieza a derivar en ideología con la aparición en pleno 1968 de un lobby peculiar llamado Club de Roma. Pronto se hace famoso por su primer informe publicado en 1972, titulado “Los límites del crecimiento”. Pero la sospecha de que este lobby se establecía para implantar una tesis neo-malthusiana que estrangulaba el desarrollo de los países en vías de desarrollo, algunos de estos países organizaron una conferencia en la localidad suiza de Founex, para elaborar un informe sobre desarrollo y medio ambiente objetivo. El Informe Founex de 1971 intentó armonizar la protección del medio ambiente con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustancial para todos los países del mundo. Sin embargo, las visiones deterministas configuradas por un apetitoso revuelto de catástrofe malthusiana y parusías neomarxistas y rescoldos nacionalsocialistas sazonado con el relativismo posmoderno, con la primera crisis del petróleo se fue consolidando en los países occidentales más desarrollados como movimiento alternativo al capitalismo controlado por el Estado socialdemócrata.

Fue en Alemania donde apareció el primer partido verde “Die Grünen” en 1980 con el fin de cambiar el paradigma social y económico alemán. La mayoría de sus dirigentes procedían de otros partidos, por ejemplo: Petra Kelly del SPD mientras que Gerald Häfner pertenecía a la Sociedad Antroposófica Universal. También había militantes procedentes de la extrema izquierda sesentayochista, incluidos unos cuantos maoístas, algunas feministas y sujetos procedentes de la agricultura biodinámica y del Bioland, más unos cuantos ideólogos que escondían su pasado. La imagen juvenil que proyectaron con sus verdes praderas y bucólicas montañas nevadas y banderas al viento, no terminaba de borrar cierto aire supremacista apegado a la antroposofía de Rudolf Steiner, por cuanto al enfatizar la supremacía del “Planeta” conlleva un biocentrismo radical, en el que el ser humano comparte el mismo valor con los demás seres vivos y, por tanto, no tiene derecho a erigirse en un ser superior que somete a los otros seres y a los ecosistemas para sus necesidades vitales.

Por supuesto, el chivo expiatorio del ecologismo militante es el depredador capitalismo por cuanto uno de los representantes más conspicuos del movimiento ecologista; Murray Bookchin, lo resume de esta guisa: «La biosfera está sufriendo daños profundos de diferentes maneras y en vastas zonas del planeta, algunas de ellas ya convertidas en lugares inhabitables debido a los desechos tóxicos y los desastres provocados por las plantas nucleares. Mientras, la polución sistémica, los agujeros de ozono, el calentamiento global y desastres de todo tipo continúan haciendo pedazos el tejido del que depende la vida entera. Que este daño lo provocan principal y abrumadoramente las corporaciones de la competitiva economía de mercado internacional nunca había estado tan claro como hasta ahora, del mismo modo que nunca había sido tan perentoria como en la actualidad la necesidad de reemplazar la sociedad existente por otra como la que promueve la ecología social». Pero un chivo expiatorio tan vaporoso exige el sacrificio simbólico de culpables a la diosa Tierra. Y quien mejor expresa el rito apaciguador de la ira de la Pachamama o Gaia, es la famosa frase de James Lovelock: «El hombre es una plaga: la tierra está enferma de humanidad, es un cáncer de la biosfera».

Claro que hay humanos culpables y humanos inocentes comprometidos en salvar el planeta. En un reciente artículo en ABC titulado: “Los verdes nos lo han puesto negro” Juan Carlos Girauta, además de aclarar que no se siente concernido por los mensajes milenaristas de Al Gore y Greta Thunberg, señala las raíces podridas de los verdes alemanes mencionando a Baldur Springmann y Werner Vogel. Que ambos personajes pertenecieran en su juventud al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, no es anecdótico pues, los ideólogos de pasado inconfesable no eran una excepción. Rudolf Bahro, Otto Schily y Herbert Gruhl apenas barnizaron su ideología primigenia con brochazos etéreos. Famoso fue entonces Gruhl como autor del superventas: “El planeta es saqueado: las consecuencias del terror de nuestras políticas”, donde explícita un darwinismo social ecológico y patrocina la separación cultural de los pueblos como «ley natural»: «…una ley de entropía que encontramos particularmente en la ecología, y que se aplica también a las culturas humanas». De ahí al supremacismo racial o al indigenismo y otros particularismos de los buenos pueblos solo hay un pasito.

Y si los verdes alemanes como precursores del ecologismo posmoderno tuvieron las raíces comentadas, en España su raigambre regeneracionista decimonónica apenas tuvo repercusión. De hecho, tanto en los Verdes como en la Federación Progresista que se fundaron en 1984, abundaban los escaldados procedentes de los partidos comunistas; carrillistas, marxistas-leninistas y trotskistas. Al fundarse Izquierda Unida en 1986, la mayoría se integró en la coalición no sin desgarros, escisiones, y vueltas a empezar con diferentes nombres que continúan alrededor de IU-Podemos y demás partidos adyacentes.

El movimiento ecologista organizado en España no logró consolidarse como en Alemania debido a diversos factores, entre los que destacan la ley electoral y la incapacidad de desprenderse de su querencia roja o rojinegra. Sin embargo, como ideología simpática y buenista, fue asumida como añadido electoral imprescindible, tanto por el PSOE como por el PP. Desde este beneplácito estratégico, se entienden las decisiones de los diferentes gobiernos respecto a las políticas energéticas y medioambientales. Asimismo, para entender mejor estas políticas infectadas de ideología, es preciso recordar que la Junta de Energía Nuclear (JEN), fue fundada en 1951, es decir, en los inicios del régimen franquista, con el objetivo de liderar la investigación de los procesos de producción y el control institucional de la energía nuclear de fisión en España, incluyendo la investigación sistemática de minerales radiactivos. En 1968 Franco inauguró la Central nuclear José Cabrera (más conocida como Zorita). En 1969 fue aprobado el Plan Eléctrico Nacional que estableció un programa estratégico para lograr un alto grado de autonomía eléctrica, mediante las centrales hidroeléctricas y las nucleares de fusión. En 1971 se inauguraron dos centrales nucleares; Santa María de Garoña y Vandellós I. En 1972 se aprobó el Plan Energético Nacional (PEN), en el que se establecía la construcción de siete nuevos reactores que tendrían que entrar en servicio entre 1980 y 1983 y aportar una potencia, junto a las centrales ya en funcionamiento, de 15.000 MWe. Dentro de este plan se encontraba la construcción de la central nuclear de Lemóniz I y II (Vizcaya), cuyas obras de construcción comenzaron igualmente en 1972.

Con lo que no contaban los impulsores del PEN era con la oposición radical de la banda terrorista ETA, junto con no pocos compañeros de viaje de la banda. El caso es que ETA perpetró cerca de 20 atentados con bomba en instalaciones de Iberduero y en las obras de la central nuclear de Lemóniz, al tiempo que extorsionaba al gobierno exigiendo la demolición de la central, a cambio de no ejecutar al ingeniero del proyecto nuclear de Lemóniz, José María Ryan Estrada, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en 1981. En 1982, ETA asesinó con premeditación y alevosía al ingeniero Ángel Pascual Múgica cuando se dirigía con su hijo a su trabajo en las obras de Lemóniz.

En 1984 el gobierno del PSOE presidido por Felipe González, reviso el PEN para reducir 5.000 MWe de los contemplados inicialmente en el PEN. La potencia eléctrica instalada del sector nuclear en España quedó reducida a 7500 MWe, un 40% menos de la expectativa inicial planificada en el PEN. En 1984 el PSOE gobernante decretó la moratoria nuclear, paralizando la construcción de cinco centrales nucleares: Lemóniz I y II (Vizcaya) con una potencia de 930 MWe cada una, Valdecaballeros I y II (Badajoz) con una potencia de 975 MWe cada una, y Trillo II (Guadalajara) con 1041 MWe.

Otros proyectos que ya habían completado el proceso administrativo para su construcción fueron paralizados: Santillán (Cantabria), Sayago (Zamora), Vandellós III (Tarragona) y Regodela (Lugo). El principal argumento del gobierno del PSOE fue la necesidad de adecuación de la capacidad de generación de energía eléctrica en España, en un periodo de caída de la demanda de energía eléctrica como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. Recordemos que el accidente de Chernóbil ocurrió el 27 de abril de 1986, es decir, 2 años más tarde que la moratoria nuclear. A finales de 1994 el gobierno de Felipe González aprobó la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). Mientras tanto, Francia construía un parque de centrales nucleares que le aseguraba el 70% de su consumo de energía.

El babel ideológico del PSOE sistemáticamente conlleva la incomprensión de la realidad sobre las necesidades presentes y futuras en economía y energía, por consiguiente, el dislate al respecto fue y es marca de la casa. Uno de los desatinos más memorables de la época, que indica la burbuja marxista teñida de malthusianismo en que habita este partido, lo protagonizó el arquitecto Eduardo Mangada. Miembro de la Federación Socialista Madrileña tras su expulsión del PCE en 1982, llegó a concejal de urbanismo con Tierno Galván para, posteriormente, ocupar la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda durante la presidencia de Joaquín Leguina. De su cosecha fue el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, en el que basándose en la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia marxista, concluyó que la crisis económica mundial de fines de los setenta y primeros ochenta era la definitiva del capitalismo y que, por tanto, Madrid no iba a crecer más. En consecuencia, declaró no urbanizable todo el suelo que separaba la ciudad del resto de municipios de la corona metropolitana. “Madrid no crece ni crecerá”, decía textualmente la Memoria del Plan, y denominó a este foso como Cinturón Verde. Y como Madrid no iba a crecer más, ¿para qué mejorar el transporte y las comunicaciones? Mangada afirmaba que no iba a aumentar el número de vehículos privados, que los ciudadanos harían en ferrocarril y autobús el 80% de sus desplazamientos. Despreció la M-40, que tildó de faraónica, y propuso como eje de transportes la llamada “J”, es decir, la M-30 inacabada y el distribuidor sur. La realidad desmintió todos sus pronósticos. El capitalismo continuó mientras que se hundía la URSS y Madrid siguió creciendo aunque el Plan Mangada encareció la vivienda, mientras muchas calles se colapsaron debido al aumento de vehículos. Menos mal que en 1997 se aprobó un nuevo Plan que derrocó aquel despropósito.

A pesar de que el PP de Aznar se escandalizó y declaró su apuesta por recuperar el plan eléctrico nacional, cuando llegó al poder apenas balbuceo el propósito de prolongar la vida de las centrales nucleares. Así, en sus programas electorales apenas se hablaba de un «mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles». Y cuando han gobernado, tanto en la época de Aznar como en la de Rajoy, una vez metidos en Moncloa; nada de lo prometido.

Por otra parte, quiero resaltar que la hemeroteca es mala compañera de viaje del climatismo. Pues resulta que si el Observatorio oficial en el volcán Mauna Loa de la NOAA que mide el CO2 de referencia atmosférica, informa que alcanzó su punto máximo para 2021 en mayo, con un promedio mensual de 419 partes por millón (ppm), resulta que hace nada menos que 26 años estábamos en 350 ppm con el «agujero de ozono» al máximo y, según el diario El País, hundidos en acontecimientos meteorológicos extremos. Si el aumento de un 20% conlleva la catástrofe anunciada desde hace décadas, debería ser un asunto discutido y discutible. Pero no lo es bajo pena de cancelación.

El ínclito Zapatero llenó los bolsillos de los espabilados que eran capaces de generar electricidad por la noche con paneles solares, para cobrar las sustanciosas subvenciones. Pero estas naderías son peccata minuta comparadas con las medidas del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Como primera medida el gobierno aceleró el cierre de las centrales eléctricas de carbón. Y aunque la Covid-19 retraso algunas medidas, a pesar de que los precios del gas natural y el petróleo iniciaban un tenebroso incremento, el gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez, apoyado parlamentariamente por los separatistas catalanes; ERC y PDeCAT, por los separatistas vascos; PNV y Bildu, por los particularistas-nacionalistas; Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria, en fin, por los escindidos populistas de Más País, en julio de 2021 aprobaron la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

La ley de marras se compromete a participar fieramente en frenar el cambio climático, a sabiendas de su incapacidad y nimiedad. Pero no repara en gastos para subvencionar una transición energética hacia el verde que te quiero verde. Nada menos que 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. Semejante cantidad se justifica con un despropósito: «Las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23 % respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050». Y los es porque establecer para dentro de 29 años la llamada neutralidad climática, es decir, la extinción del consumo de los combustibles fósiles, cuando el transporte naval y aeronáutico no tiene aún una alternativa a la vista, corona un alarde de estulticia y demagogia.

Si la demagogia resplandece desde el preámbulo de la ley, el climatismo en que se basa resulta espeluznante porque desdeña la realidad, toma por indiscutibles las proyecciones del calentamiento global antropogénico perpetradas por la burocracia de la ONU y los lobbies adyacentes, mientras que basa los objetivos estratégicos en el etéreo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Colocando la carreta delante de los bueyes, las medidas de la ley se condicionan al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ambos aún en el limbo. Pero lo fundamental de la ley es prohibir sin importar las consecuencias. En primer lugar, la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España: «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen». Pero el afán prohibitivo se dispara hasta la memez cuando a partir de la entrada en vigor de la ley, se aniquila la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, «no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas».

Pero ahí no queda la cosa. De un plumazo la ley se carga la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. 2. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas».

Recapitulemos. El gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez y sus aliados, ha limitado la vida de los siete reactores nucleares que proporcionan el 23% de la producción eléctrica consumida que irán cerrando entre 2025 y 2035. Ha extinguido la producción de carbón nacional y cerrado las correspondientes centrales eléctricas. Ha prohibido la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. Ha prohibido la fracturación hidráulica o fracking que en España se estimaba en 90 años de cobertura del consumo nacional de hidrocarburos. Por supuesto, estas medidas tan verdes del gobierno son aplaudidas por el portugués que ejerce de Secretario de la ONU y toda la dispendiosa y extensa cohorte burocrática del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, apoyados incondicionalmente por innumerables lobbies y ONGs climáticos.

Como resultado de estas medidas contra el Cambio Climático, los españoles somos los más roji-verdes, los más limpios, aunque paguemos multas a la UE por no depurar las aguas residuales, los que pronto pasaremos en el ranking de mejor país que lucha contra el cambio climático a la Noruega gran extractora de hidrocarburos, los que pagamos precios desorbitados por la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, los que pagamos como lujo el transporte, los que devenimos totalmente dependientes de países terceros y, por lo tanto, muy vulnerables teniendo en cuenta que quedamos a merced de los países que especulan con los hidrocarburos, los que, en fin, pagamos caro y pagaremos carísimo el delirio climatista de nuestros gobernantes.

Mientras tanto, China está construyendo 200 centrales eléctricas accionadas por carbón y aumentará el uso de tecnología nuclear de nueva generación, incluidos los reactores marinos a pequeña escala. Francia invertirá 1.000 millones de euros en la construcción de nuevas centrales nucleares. Similares medidas son aprobadas en Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía. Polonia se mantiene firme en el aprovechamiento de su carbón. El Reino Unido amplifica la construcción de centrales nucleares y promociona el desarrollo rápido de los pequeños reactores modulares SMR conocidos como minicentrales nucleares. Jennifer Granholm, secretaria de Energía del Gobierno de Biden, acaba de declarar que; «el despliegue continuado de la energía nuclear es esencial para afrontar el cambio climático», mientras que Bill Gates inicia la fabricación de minicentrales nucleares. Rusia se relame con el precio del gas, se carcajea de la fecha 2050 como límite de la total descarbonización y se delita con la dependencia de Alemania de su gas, país cuya dirigente Ángela Merkel tomó la cobardona decisión de limitar la energía nuclear tras el accidente de Fukushima, y ahora trata de capear el temporal aumentando, sin publicidad, las centrales de carbón. India y el resto de Asia van a su aire y no digamos el continente Africano.

Mientras un tiranosaurio se convierte en la mascota de la ONU que con voz meliflua nos alerta que los humanos estamos en peligro de extinción por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, la predicadora de la mala nueva Greta Thunberg, que parece tener hilo directo con la tierra cuando, con motivo de la costosísima conferencia climática Glasgow COP26, nos vocifera: «La humanidad no está consiguiendo detener la crisis climática. Ahora ya es más que urgente — el planeta está pidiendo ayuda a gritos». Quienes somos incapaces de oír los gritos de la madre Tierra, de Gaia o Pachamama, comprobamos que la subida de precios de los bienes y servicios está impactando de lleno en el bolsillo de las familias españolas. Familias que a final de 2021 habrán sufrido una merma de poder adquisitivo de unos 8.600 millones de euros. Mientras el clima se recalienta, nosotros nos estamos congelando y endeudando hasta el punto de dejar una losa fatal a nuestros descendientes.

LOS CUENTOS DE ECHENIQUE Y RIBERA

Resumen sobre los motivos del desorbitante incremento de la energía eléctrica.

14/08/2021.

ANTECEDENTES:

En noviembre de 2019, en plena campaña electoral, Unidas Podemos afirmó: «Bajaremos la factura de la luz y pondremos firmes a las grandes eléctricas». El PSOE por su parte, prometía con orgullo un plan Superecologicoespialidoso por parte del orwelliano Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la jurista, profesora universitaria y alta funcionaria Teresa Ribera Rodríguez, afirmando que se trataba de una revolución energética y ambiental, producida por una extensión vertiginosa de las energías renovables y la consiguiente eliminación de centrales nucleares y de ciclo combinado. Esta salvadora descarbonización de España, afirmaba el PSOE, permitiría rebajar inmediatamente el precio de la factura de la energía eléctrica de, al menos, un 12% entre 2019 a 2030. Ni que decir tiene que esta reducción no se justificaba mediante cálculo objetivo alguno.

El gobierno de coalición PSOE-Podemos estableció el 1 de junio de 2021 un nuevo modelo de facturación general basado en tres tramos horarios, con el fin de que «los usuarios puedan ahorrar en función de su eficiencia y a que ajusten mejor la potencia contratada a sus horarios de consumo». De esta suerte, según el gobierno, la nueva factura eléctrica «fomentará el ahorro energético, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico». En román paladino; el gobierno estableció con el desparpajo que le caracteriza que, por el bien del planeta y de unos cuantos de sus habitantes, españolito que vienes al mundo te guarde Dios porque te aumentamos el precio de la energía eléctrica.

RESULTADO:

En el último año y a pesar de una reducción del IVA del 21% al 10% desde el 26 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el precio de la energía eléctrica se ha incrementado en España un 180%.

DEL SUSTO A LA DEMAGOGIA:

Ante semejante inflación que aflige a la mayoría de los ciudadanos, la protesta y la indignación se han generalizado. El recibo de la luz de julio para hogares, comercios e industrias ha sido escalofriante y la subida continua imparable en agosto, por ejemplo, ayer 13 de agosto subió hasta 117,29 euros megavatio hora (MWh) de media, otro récord histórico.

A pesar de la acostumbrada pose arrogante respecto a las indignadas protestas por semejante quebranto, la coalición gubernamental no le ha quedado otro remedio que darse por enterada, No tanto como para que el Presidente del gobierno cancele por un rato sus vacaciones, pero lo suficiente para que los cientos de asesores y expertos asentados en La Moncloa y aledaños, se lancen a la tormenta de ideas geniales.

Raudos, los expertos gubernamentales nos han ofrecido los habituales brochazos y ocurrencias para solventar «DE UNA VEZ POR TODAS» problemas complejos. Fue Pablo Echenique, quien llevaba unos meses un tanto mustio por la fuga de su protector Pablo Iglesias, el primero en blandir la espada flamígera desfacedora de entuertos, declarando la enésima solución, de una vez por todas, que todo marxista-peronista presenta cada día: «tener al menos una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz». Como de costumbre, la camarilla del PSOE en el gobierno pegó un respingo y envió a la jefa del ramo ecológico y reto demográfico, Teresa Ribera, a desmentir, con la contundencia que solo es capaz de superar María Jesús Montero Cuadrado, que el gobierno tuviera en mente crear una empresa pública de energía eléctrica. Aprovechando el ratito, se dedicó a echar la culpa de las subidas de la luz a Aznar y a Rajoy, olvidando los 7 años de Zapatero y sus desorbitadas subvenciones a las renovables. Pero como la andanada a morito muerto no coló, al día siguiente culpó a la Unión Europea y al presidente de Rusia, Vladímir Putin por la subida del precio del gas natural. Como nadie se tragó estos cuentos y sus socios podemitas seguían con la tabarra nacionalizadora para tratar de salvarse de la quema, Doña Teresa anunció el 12 de agosto de 2021 la fundación de una empresa pública de generación de electricidad, a través de la absorción de las concesiones hidroeléctricas, una vez expire su plazo de concesión.

¡EXPRÓPIENSE LOS PANTANOS DE FRANCO!

Como el cuento de la buena pipa, la llamada recuperación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas, gira como el asno de Buridán en la noria de un pozo sin agua. En realidad, se trata de un ensueño ideológico de redención contra una obra franquista exitosa. De hecho, excepto algunas concesiones de antes de la guerra civil, la mayor parte de las concesiones se renovaron a finales del siglo pasado y algunas otras se prorrogaron, con lo que las principales centrales podrían llegar al final de su concesión hacia 2070. Por otro lado, entre los cientos de centrales y minicentrales que funcionan en España, suman una capacidad instalada de 17.792 MW, apenas el 20% del mix eléctrico español. Además, el panal de rica miel que se adivina con el retorno de las concesiones al Estado, ha sido rodeado por un enjambre de municipios, sindicatos, asociaciones ecologetas y comunidades autónomas.

Por supuesto ni una palabra, ni un resquicio de crítica a uno de los principales factores que han disparado los precios energéticos. Esos derechos de emisión de CO2 que la política ambientalista de la UE dirigida por Alemania ha encarecido hasta superar en este arranque de agosto los 54 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros.

LA SUBASTA DEL PRECIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

España, con José María Aznar de presidente del gobierno y con el apoyo de CiU y el PNV, se incorporó al sistema eléctrico europeo en 1997.

La UE ha establecido un marco regulatorio para el sector eléctrico europeo hasta 2030, basado en mercados transfronterizos de energía. Cada mercado establece un precio diario marginal para el día anterior a aquel en el que la energía es producida y consumida. Es el llamado electric pool o piscina eléctrica. El volumen económico de las compras mayoristas en 2020 en España sumó 3.307 millones de euros, un 30% menos que 2019 debido a la pandemia de la COVID-19. El mercado eléctrico español está interconectado con Portugal, Francia y Marruecos. Francia y Marruecos exportan mucho más que importan del mercado ibérico.

El sistema actual de pool eléctrico o piscina eléctrica establecido en 2013, fue pensado para lograr equilibrar un precio final cada día, determinado por el costo de producir la «última» unidad de potencia más cara (el costo marginal). El volumen medio negociado al contado en España durante el primer semestre de 2021 es de unos 480 GWh (80% de demanda). En principio esta fórmula de subasta asegura que se utilicen los recursos energéticos más baratos, de modo que la demanda de electricidad se satisfaga al menor costo posible para la sociedad. Esta es la teoría, pero la práctica no es tan evidente, puesto que la información sobre los costes de producción no es tan exacta como debiera, lo que implica distorsiones agravadas por el mercado de derechos de emisión de CO2.

Cada día, las empresas generadoras indican a qué precio están dispuestas a vender electricidad para cada una de las horas del día siguiente, mientras que las comercializadoras señalan a qué precio están dispuestas a comprar, según la demanda que estiman que sus clientes harán, en cada una de esas horas. A continuación, se procede a ordenar, para cada hora, todas las propuestas de venta de electricidad de menor a mayor precio y todas las propuestas de compra en sentido contrario, lo que configura, respectivamente, las curvas de oferta y de demanda. Así, van entrando a la piscina de la oferta cada central de generación eléctrica.

Las primeras en zambullirse en la piscina son las centrales nucleares (con una media del 22% del total) por constituir el costo más barato ya que no pueden dejar de funcionar salvo mantenimiento o avería, lo que significa que muchas veces ofrecen sus megavatios a coste cero. No obstante, las compañías propietarias de estas centrales se resarcen con el llamado dividendo del carbono, un porcentaje de la tasa por emisiones de CO2 destinado a incentivar el uso de las energías que no emiten carbono también es conocido por el peyorativo nombre: “windfall profits” (beneficios caídos del cielo), beneficios que el gobierno PSOE-PODEMOS arrebatará en unas semanas cuando se apruebe una Ley que establece una fórmula de minoración de los ingresos caídos del cielo (nunca mejor dicho respecto a las hidroeléctricas) que «puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones». Consecuencia previsible: remoloneo en la entrada en la subasta de las centrales limpias de CO2 para incrementar su precio.

Volviendo a la secuencia de la subasta, tras las nucleares se van incorporando a la piscina las generadoras más económicas en orden ascendente: la “hulla blanca” de las centrales hidroeléctricas que, debido a sus particularidades suponen una media del 10,5% del total, aunque su producción en verano puede reducirse hasta el 3% y convertirse en energía cara y sobrepasar en algún tramo horario el precio de las centrales de ciclo combinado. Seguidamente las renovables, cuya rentabilidad está regulada por ley a través de sustanciosas subvenciones que paga el consumidor, empezando por los generadores eólicos con el 24,8% que tienen el gran inconveniente de su irregularidad, sobre todo en verano. Otras renovables que, sin embargo emiten CO2, por tanto caras, son las centrales de biomasa, biogás, bioetanol y biodiesel estimadas en un 17% del total. La muy subvencionada solar fotovoltaica y térmica solo genera durante el día un 8% del total. Las últimas en entrar a la piscina son las centrales de ciclo combinado de gas o carbón (de carbón en 2021 solo funcionan seis, tres cerrarán a finales de este año y otras dos el próximo) que suponen una media del 16,3% del mix. El precio del costo de la última central de ciclo combinado que entra en la piscina suele establecer el precio marginal del día.

Las subastas diarias e intradiarias son organizadas por OMIE-OMIP, empresa privada que ejerce de operador de mercado eléctrico designado NEMO (según la terminología europea), para la gestión del mercado de electricidad en la Península Ibérica, es decir: de España y Portugal. Así, OMIE/P participa en el acoplamiento de los mercados mayoristas de electricidad en la UE, conjuntamente con todos los NEMOs designados en cada Estado miembro. La península Ibérica tiene un grado de interconexión con el sistema europeo muy inferior al del resto de países de la Unión, por debajo del 5 %, lo que le impide acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de las interconexiones eléctricas.

PAGAR IMPUESTOS COMO SI FUERA ENERGÍA

El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) que limita el volumen de los gases de efecto invernadero (ETS) CO2, que pueden emitir las industrias con gran consumo de energía, los productores de energía y las compañías aéreas, fue establecido por la UE en 2005. En España es el Plan Nacional de asignación quien establece el volumen de CO2 que las empresas están obligadas a entregar a las arcas del Estado. Se trata de comprar los derechos suficientes para cubrir todas sus emisiones si no quieren que se les impongan fuertes multas. Con este sistema se penaliza la energía generada con combustibles fósiles y se pretende impulsar las energías renovables. Se trata de un mercado que funciona según el principio de limitación y comercio. Es decir, se pone un límite máximo a la cantidad total de emisiones que pueden hacer las centrales obligadas a comprar los derechos en subastas semanales o en el mercado secundario. Al final de cada año, las centrales eléctricas deben entregar suficientes derechos para cubrir sus emisiones. En caso contrario, son sancionadas con la morrocotuda cifra de 95 euros por cada g/km de CO2 excedido.

Pero, como el precio del CO₂ estaba muy bajo y no producía el efecto disuasorio que se buscaba y el recaudatorio que se suele omitir en el discurso ecologeta, la UE decidió reducir derechos de emisión creando un mecanismo de reserva para que subiera el precio. Y ya lo creo que lo subió, al subir los precios del CO₂ el coste final de la electricidad se ha incrementado exponencialmente. Fue el gobierno español presidido por Sánchez quien redujo de 60 millones de toneladas asignadas a 10 millones. Con ello perseguía dos objetivos; forzar la producción eléctrica con renovables y aumentar la recaudación en, al menos, 1.000 millones de euros. Pero como la fiabilidad de las energías renovables a través del tiempo es incierta, las inversiones se paralizaron, sobre todo con la pandemia, por lo que quedaron a expensas del futuro maná de la UE. Como al gobierno los ingresos aún le parecían poco, redujo un 14% los derechos de emisión de CO2 asignados gratuitamente. En consecuencia, se produjo la especulación y el consiguiente aumento del precio desde los 6 euros por tonelada en 2013 hasta sobrepasar los 52,8 euros por tonelada cuando la generación por ciclo combinado de gas ha tenido que incrementarse al iniciarse el verano. Al mismo tiempo, las empresas de generación intentan cargar al precio de su oferta el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales.

Es innegable que el encarecimiento del gas natural ha sido un factor determinante del aumento del costo de generación de la energía eléctrica de las centrales de ciclo combinado cuyo costo fue 28,7 €/MWh en junio de 2021. Si a este aumento se suma la especulación de los derechos de emisión impulsada con denuedo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la jurista Teresa Ribera, más el aumento real de los impuestos basados en el porcentaje sobre los costos, el resultado no puede ser otro que el calculado por el Banco de España en el informe emitido hace tres días: “EL PAPEL DEL COSTE DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2 Y DEL ENCARECIMIENTO DEL GAS EN LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS MINORISTAS DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA: Un 20% de la subida se debe al mayor coste de los permisos de emisión de Co2. Un 50% del alza es consecuencia del encarecimiento del gas en el mercado. El resto se debe a la mayor base imponible de impuestos y el traspaso a minoristas.