Desde hace unos días, los medios de comunicación nos avisan de que el Gobierno provisional presidido por Sánchez, ha reducido la previsión del crecimiento del PIB para 2024: del 2,4 % al 2 %. Al mismo tiempo, la letra pequeña remitida a Bruselas por el gobierno eleva la presión fiscal un 0,5% de PIB, es decir, algo más de 7.000 millones de euros. Asimismo, el documento gubernamental recoge una suma de partidas de gasto corriente por 9.000 millones de euros, achacados al desarrollo de los fondos Next Generation, lo que en principio va en contra del Reglamento del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por otro lado, el Estado español deberá destinar más de 41.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda pública, siempre y cuando la galerna surgida por el anuncio del aumento de la deuda pública de Italia, no desemboque en un deterioro de la calidad de la deuda de España. En todo caso, esos 41.000 millones de euros por intereses de la deuda para 2024, suponen más que todo lo recaudado por el impuesto de Sociedades o el equivalente acumulado de seis meses de IVA.
El panorama se oscurece aún más al comprobar que las exportaciones de bienes y servicios de España durante los primeros ocho meses del año han caído un 3,7% interanual en volumen –cantidad vendida–, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicados esta semana. Para camuflar el mal dato, la nota del Ministerio hace hincapié en que la cifra total de ventas aumentó en un 1,8% porque «aunque hemos vendido menos, lo hemos vendido más caro». Y con un descaro infinito silencian que la inflación mundial durante este periodo se eleva al 8,7%. Tristemente, el gobierno Sánchez perpetra estas triquiñuelas porque sabe que los muchos medios que controla y no pocos de los que no, titularán, como luego han hecho, la noticia de esta manera: “Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 1,8% interanual en el periodo enero-agosto y alcanzaron los 256.571 millones de euros”.
Y como la acción del gobierno Sánchez se sustenta en el despilfarro clientelar, el Plan Presupuestario de 2024 que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas incluye una previsión de ingresos de 648.000 millones de euros, equivalente al 42% del PIB de España. Naturalmente, será más del 42% del PIB porque el gobierno ha inflado a propósito la cifra de crecimiento para el próximo año, al tiempo que prevé aumentar brutalmente la recaudación en 159.000 millones de euros, un 32,5% más que este año. Si se divide esta factura entre todos los españoles tocamos a unos 13.800 euros cada uno. Sin embargo, el gasto público total previsto para 2024 por el gobierno provisional de Sánchez, ha sido estimado en 694.000 millones, por lo que cuadrarlo con el déficit estimado del 3,6% resultará un ejercicio de ingeniería financiera.
Uno de los mejores analistas independientes de la economía española, el Observatorio Económico de la de la Universidad Francisco de Vitoria, en su reciente informe trimestral considera que «la economía española necesita una serie de reformas estructurales para elevar su crecimiento potencial, aumentar su productividad y competitividad, acabar con el diferencial negativo en el mercado laboral y atraer inversiones». He aquí la bicha que ni gobierno ni sindicatos nombran; PRODUCTIVIDAD.
LA PRODUCTIVIDAD
La productividad es una medida económica que permite calcular cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, y en un tiempo determinado. Por factores se entienden los trabajadores, pero también el capital invertido durante un periodo o la innovación tecnológica.
Solo hay que verificar los índices de productividad por países para comprender que cuanto mayor es la productividad de un país, mayores son los sueldos y también los impuestos que se recaudan.
Calcular la productividad laboral de una empresa privada es relativamente sencillo: producción total dividida entre el número de horas trabajadas. A este resultado se integran los cómputos de eficiencia en el uso de los recursos, el tiempo promedio de entrega, la calidad de los productos o servicios, la amortización de inversiones, etc. Empero, la productividad de una nación se calcula sobre dos factores fundamentales; la relación entre su PIB y el total de horas trabajadas. Paralelamente, se calcula el rendimiento del capital físico tangible e intangible: equipos, maquinaria, patentes y activos en propiedad intelectual. Ambos cómputos se integran en un resultado final pues tanto el capital humano como el físico interaccionan y generan sinergias. No obstante, esta fórmula no contempla las variables de cada sector productivo, las más evidentes en España son las considerables diferencias entre el sector privado y el público que, a su vez, ambos sectores tienen enormes diferencias de productividad.
Un dato muestra la realidad con nitidez. En España los recursos administrados por las administraciones públicas del Estado que, además de la administración pública incluyen defensa, seguridad, seguridad social obligatoria, educación y sanidad pública y servicios sociales, han crecido desde el 20% del PIB de principios de los años 70, hasta superar el 50% actualmente. Sin embargo, apenas aporta un 20% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional, mientras ocupa a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Durante los últimos 25 años el crecimiento anual promedio de la productividad del sector público español fue del 0,5%, mientras que el sector privado experimentó un crecimiento promedio de productividad del 0,8%. Así, según datos de Eurostat, en 2022 España se situó 16,5 puntos por debajo de la media de la eurozona en productividad laboral por hora trabajada. En concreto 8,2 puntos menos que la media de los 27 países de la UE. Dentro de los 36 países de la OCDE, España está en la posición 18, un lugar decepcionante teniendo en cuenta que la inversión del capital físico es relativamente alta.
Frente al relato triunfalista del gobierno Sánchez asegurando que nuestra economía marcha como una moto, está el dato de tener una de las productividades más bajas de la zona euro. Se trata de un lastre mayúsculo porque España se encuentra muy alejada de las naciones punteras del mundo. De acuerdo con la Total Economy Database del Conference Board, la productividad hora (PIB por hora trabajada) en España creció en la década de los ochenta a una tasa anual del 3%, Sin embargo, en la década de los noventa esa tasa bajó al 1,2% y en lo que llevamos de siglo se ha situado en una media del 0,8%. Esta tendencia a la baja, como puede observarse en gráfico estadístico de arriba, desde 2018 en que se inicia el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la productividad de nuestra economía ya no crece poco sino que desciende.
PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD ADQUISITIVA
La mayoría de los estudios sobre la raquítica productividad de la economía española apuntan a una formación mediocre y obsoleta que no responde a las necesidades de la economía, a la escasa cultura empresarial derivada de un desprestigio social inducido por las ideologías igualitaristas de los partidos políticos de izquierdas, a la mala asignación de recursos derivada de la rigidez legislativa del mercado laboral que impide la transferencia de conocimientos y capacidades de una empresa, al tiempo que se señala a una supuesta escasa inversión tecnológica y al minifundismo empresarial. Siendo evidentes estas imputaciones, estimo que faltan unas cuantas tan importantes o más que las descritas; burocracia, inseguridad jurídica, legislación laboral lesiva y decenas de leyes y reglamentos obstaculizadores.
Si hay un ejemplo palmario de un sector de la economía española, no hace mucho tiempo boyante y productivo, que está siendo machacado por leyes y reglamentos, este es el agropecuario. Aunque la persecución leguleya cumplirá pronto el decenio, durante el último quinquenio se ha producido una autentica persecución. Leyes y reglamentos estultos generados por burgueses urbanitas con mentes obnubiladas por ideologías abstrusas, están generando la destrucción rápida de la agricultura, la ganadería y la pesca en España. Empezando por el enorme artefacto burocrático empeñado en políticas anti–productivistas llamado nuevo PAC -Política Agrícola Común (PAC)- seguido por las barbaridades perpetradas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Plan repleto de la tabarra progre tal que «uso sostenible de los suelos agrícolas, fomento de la digitalización y de la economía circular, modernización de los regadíos -que camufla el derribo de embalses y azudes centenarios para que los pececillos sean felices con permiso de los castores- … para reducir el uso de los recursos naturales, objetivos trasversales -que ni quienes los redactaron entienden- etc. etc.».
El menú antiproductivo se completa con la Ley de sanidad vegetal basada en mitos, la Ley de montes para que ardan en verano con esplendor, etc, etc. El culmen del despropósito es la ley de bienestar animal impulsada por la ministra de Podemos, Ione Belarra, aprobada el pasado febrero. Una Ley que humaniza a los animales y animaliza a los humanos, además de incrementar la burocracia y los costes de explotación. La resultante de tanto disparate ya la sufrimos todos los ciudadanos españoles menos aquellos a los que les pagamos la merienda: reducción drástica de las inversiones y la productividad e incremento bestial de los precios de los alimentos, al tiempo que se incrementan las importaciones. De seguir por la senda perpetrada por estos gobernantes, en unos meses España importará lechugas de los Países Bajos, pollos congelados de Brasil, jamones de China y aceite de oliva de Marruecos.
Los datos son contundentes. La renta española en términos de capacidad adquisitiva ha caído en comparación con los demás países europeos. En los últimos 11 años, España ha pasado de la posición decimotercera a la decimoctava, superada por países que venían de muy atrás por haber sufrido regímenes comunistas como la República Checa, Estonia o Lituania. Esta reducción de nuestra capacidad adquisitiva es la consecuencia lógica del descenso de la productividad que genera bajos salarios, mientras que el acaparo de recursos por el aumento elefantiásico de la burocracia estatal y el consiguiente endeudamiento creciente del Estado producido por el despilfarro generado por el clientelismo, ya sea en forma de amiguismo o de corrupción, del que se aprovechan sectores subvencionados políticos, culturales y del tercer sector junto con el conocido como capitalismo clientelar.
El capitalismo clientelar en España es mayoritario en los sectores más regulados, en concreto el energético, las telecomunicaciones, el farmacéutico y el financiero. Con todo, como he determinado antes, la productividad del sector privado es muy superior al público. Bien es cierto que dentro del sector público hay diferencias notables entre el sanitario y el de seguridad que tienen una productividad relativamente alta y el mucho más grande plagado de funcionarios y consejeros como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Respecto al poder adquisitivo de los salarios en España, es imprescindible señalar que la explotación denunciada por Marx respecto al robo que sufre el empleado al no recibir lo que genera, esa plusvalía que acaba en las manos del patrón, en España es parcialmente falaz puesto que la diferencia entre productividad y salarios es mayormente absorbida por las cargas fiscales al trabajo. Así, las cotizaciones a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzaron este año el 39,5% del salario del trabajador medio español, 0,2 puntos más que el año pasado. La suma de estos dos conceptos (lo que se conoce como la cuña fiscal) supera en 4,9 puntos la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 34,6%. De esta forma, el sueldo neto que finalmente recibe el empleado queda en el 60,5% del coste laboral que tiene el empleador. Entonces ¿Quién explota al trabajador español?