LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Entendidos como contratos vinculantes con el ciudadano

08/08/2021.

Leyendo el riguroso ensayo histórico “1917 EL ESTADO CATALÁN Y EL SOVIET ESPAÑOL” de Roberto Villa García, estoy descubriendo que sobre estos acontecimientos históricos me informaron poco y mal. Todos aquellos venerables historiadores que estudié o leí, tanto los claramente marxistas y su deriva de Annales, como los menos doctrinarios positivistas, se ciñen a los tópicos de corrupción, fraude electoral y decadencia del régimen de la Restauración. Una pena porque el intento insurgente de 1917 condicionó nuestra historia durante el siglo XX, por cuanto aquellos “revolucionarios” encuadrados en PSOE, UGT, CNT, FAI, con sus aliados republicanos y en comandita oportunista con la Liga Regionalista encabezada por el simulador separatista Francisco Cambó, ese turbio mercader multimillonario que acabó recaudando dinero de la burguesía catalana para Franco, más las corporativistas Juntas de Defensa del sedicioso Benito Márquez, formaron un frente común para acabar con el régimen constitucional e implantar cada uno su sueño; unos el comunismo libertario, otros la dictadura del proletariado, aquellos la república confederal de los pueblos ibéricos dirigida desde Barcelona. Todos, revolucionarios y nacionalistas, despreciaban la democracia liberal y pretendieron derrocarla con todos los medios de que disponían. Pero la meticulosa contextualización que Villa García elabora, permite comprender que, aunque básica y necesitada de profundas reformas, aquella monarquía parlamentaria era, en aquel tiempo, tan democráticamente avanzada o más que las democracias escandinavas y mucho más que los convulsos regímenes de Francia, Italia y Portugal.

Como ha sido pintada con brochazos romanticoides debido a su rotundo fracaso, conviene aclarar que, aquella intentona golpista del verano de 1917, no se anduvo por las ramas. Sus principales impulsores; CNT Y UGT-PSOE, utilizaron la violencia y la coacción que costó decenas de víctimas. Y fue esta insurrección, con el único paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera, la que inició un periodo de violencia político-sindical que perduró hasta 1939.

La relación de unos sucesos poco divulgados o simplemente escondidos que expone Roberto Villa García en su magnífico ensayo, abunda en los aspectos sociológicos que permitieron la manipulación de la sociedad española, por parte de unas minorías organizadas en partidos y sindicatos. Aquella España en proceso de escolarización general que aún tenía tasas alfabetización que apenas superaba el 50% de la población, solo recibía información sobre los asuntos públicos a través de la prensa y de los partidos políticos y sindicatos. La obviedad del sesgo ideológico está en las hemerotecas, pero lo reseñable es que en España por entonces, el anarcosindicalismo y el socialismo iniciaron la agitación y propaganda masiva, esa “Agitprop” inventada por Plejánov y Lenin como estrategia política para influir en la opinión pública a través de la prensa, el arte, la cultura y cualquier otro medio.

Salvando todas las distancias, no hace falta mucha agudeza para verificar que el Agitprop de principios del siglo XXI ha cambiado de maquillaje, pero no de piel ni de sustancia. En la era regida por la posverdad, revistas como El Jueves, Mongolia o incluso Charlie Hebdo, apenas son antiguallas decimonónicas reminiscentes de La Traca y No veas. En realidad, aunque la prensa (grupos de comunicación) mantiene formalmente tendencias ideológicas, el retroceso del formato de papel y la competencia digital con sus redes tecnológicas controladas desde el Silicón Valley o Pekín, han supuesto caídas importantes en sus ventas de ejemplares y de publicidad privada, lo que ha aumentado su dependencia de la publicidad y las subvenciones públicas.

Por el lado digital, las características de su público y formato determinan la apabullante preponderancia de infografías y vídeos sobre el texto. Más que lectura rápida, el teléfono móvil y la tableta inducen el repaso del trending topic. Lo sustancial, empero, es que Google colecciona noticias, fideliza a sus usuarios con ellas, controla sus gustos y preferencias en cualquier lugar del mundo y se lleva la mayor parte del pastel publicitario que tenían los medios tradicionales. Y a Google le siguen las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube …, que basan su negocio en seguir nuestras cuitas y guardarlas a buen recaudo, para luego ofrecernos aquello que anhelamos y vender a otros, incluidos partidos, empresas privadas y lobbies, información sobre nuestras necesidades, ideologías y flaquezas. En paralelo, el duopolio formado por Mediaset y Atresmedia, gracias a las leyes y torpezas cometidas al respecto por el gobierno presidido por Mariano Rajoy, impide el pluralismo audiovisual socavando la democracia, al limitar la información proveniente de fuentes plurales, al tiempo que restringe el derecho de acceso de los grupos sociales con características, preferencias o intereses que no resultan rentables, ideológica, política o comercialmente al duopolio. La banalización y el amarillismo de la programación de ambos grupos mediáticos, rubrican su estrategia para sustentar una cuota de pantalla superior al 50% que les permite acaparar el 88% de la tarta publicitaria.

La extraordinaria innovación tecnológica de las autopistas de la comunicación, como antes sucedió con las revoluciones industriales, conlleva contradicciones, victimarios y víctimas. Por un lado, las nuevas herramientas tecnológicas favorecen la interactividad, lo que algunos exageradamente llaman “periodismo ciudadano”, donde el antiguo receptor se convierte ahora en emisor. Pero este aparentemente democrático avance, significa que cualquiera, sin competencia alguna, puede expresar su opinión o, peor aún, lanzar una noticia falsa. Ello ha supuesto un notable descalabro de la profesión periodística, se ha precarizado y, con la mengua recursos, se ha producido el descenso de la deontológica profesional y la credibilidad del periodista. Semejante tótum revolútum ha facilitado que la posverdad (mentira) se expanda e institucionalice y que la opinión infundada y la manipulación a través del bulo sea el pan nuestro de cada día. Que la acusación victimista se convierta automáticamente en juicio mediático y condena del telediario. Que el organizado laberinto conformado por acusaciones, censuras, agitaciones y propagandas, soportado por leyes ideológicas, dificulte la búsqueda de la verdad científica e histórica.

Han trascurrido unos cuantos años desde la incorporación a las redes sociales y demás herramientas de internet de ciudadanos españoles identificados con la libertad sin adjetivos, la igualdad de oportunidades, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la separación de poderes. Su denominador común es la inquietud por las consecuencias del retorno del PSOE a su querencia histórica, consistente en imponer por la puerta trasera de la añagaza, un régimen confederal estatalista y despótico, en comandita con sus hermanos comunistas y los nacionalistas supremacistas dedicados a atentar contra la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles. Fruto de la oposición a esta deriva, hoy podemos constatar un vuelco impensable hace un lustro. Así, no solo han proliferado diarios online y blogs de análisis y opinión críticos con las practicas del Sanchismo y el proyecto de hegemonía cultural sintetizado en la corrección política, también se ha producido un crecimiento exponencial de participación individual en blogs y redes sociales, de ciudadanos españoles que defienden con entusiasmo los principios de libertad, democracia y ciudadanía, a pesar de los riesgos derivados de las denuncias y condenas sin juicio del Gran Hermano del siglo XXI.

De esta suerte, desde hace alrededor de un lustro, la agenda del debate político en internet ha cambiado paulatinamente desde el monopolio de las izquierdas y el separatismo, a la preponderancia de la crítica liberal desinhibida, tanto frente a trapacerías y robos impositivos, como contra el denodado intento de imponer el catecismo gramsciano. Este indudable avance está empujando a los partidos que se definen, cuando les conviene, como liberales, a enfrentarse al feudalismo mental derivado de los fragmentos ideológicos de la posmodernidad, sin tantos complejos como antaño. A la sazón, hoy podemos apreciar críticas contundentes y bien argumentadas en torno al escepticismo científico, la rapiña estatalista, el seudofeminismo queer con su solipsismo sexual del somos lo que nos apetece, el esencialismo identitario, el aval “progresista” condicionado a la utilización de la Neolengua inclusiva colmada de palabras–trampa, el integrismo ecologeta y sus derivadas animalistas, alimentarias y climáticas recalentadas, además del sumun esencialista que significa la connivencia con el nacionalismo supremacista. Estupendo, sin embargo, no somos pocos los que observamos el peligro de autocomplacencia y los primeros signos de frustración ante el cúmulo de promesas incumplidas por los gobernantes autoetiquetados liberales que, a pesar ser denunciadas en mensajes y artículos, pronto se diluyen en la vorágine de instantaneidad internáutica, mentiras flagrantes, noticias falsas, bulos, campañas de desinformación orquestadas por intereses espurios, etcétera. ¿Cómo contrarrestar este hándicap democrático e impulsar el crédito de las medidas liberalizadoras que España necesita?

Que la ley electoral vigente imponga en las elecciones generales, autonómicas y municipales la votación por lista cerrada y bloqueada de cada partido político, ha significado un alejamiento abismal, una total incomunicación entre el elector y su representante elegido. De hecho, excepto algunos concejales de poblaciones pequeñas, ningún representante político en España rinde cuentas a los electores de la circunscripción que lo eligió. Así, una vez emitido su voto, al ciudadano español no afiliado a un partido político (las declaraciones tributarias de 2020 señalan que el número de beneficiarios de la deducción por cuotas y aportaciones a partidos políticos fueron 251.480 ciudadanos, es decir, el 0,78% de la población adulta) solo le queda el recurso al pataleo, pues al tiempo que se le trata como súbdito imponiéndole una memoria histórica con retrovisor acotado entre 1936 y 1975, tiene que soportar impotente como las promesas electorales se las lleva el viento, ese olvido como inmejorable aliado del incumplimiento y de la manipulación. En algún momento de claro incumplimiento del programa electoral, como sucedió cuando en julio de 2012 el gobierno de Rajoy subió el IVA del 18% al 21%, desde algunos medios se instó a que cada partido protocolizara notarialmente su programa electoral a través de un acta de manifestaciones. Con ello, argumentaron, se incrementaría el compromiso formal. El problema es que, al final, la trascendencia mediática por incumplimiento, dependería, como ahora, de la atención de los medios y particulares que, naturalmente, suele responder a circunstancias y hechos puntuales.

Por si a alguien se le ocurre recurrir a la justicia, les recuerdo que la Audiencia Provincial de Madrid, confirmando la decisión adoptada anteriormente por el Juzgado de Primera Instancia nº 77 de Madrid, acordó no admitir a trámite la demanda de la plataforma: “Leyes Animales Ya”, al entender que por el incumplimiento de las promesas electorales de un partido no cabe exigir responsabilidad civil alguna pues: «No estando en consecuencia, sujetos ni al Derecho civil, ni al Derecho administrativo, los actos consistentes en promesas electorales. Dichas promesas electorales y su cumplimiento, forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de libertad de hacer o no hacer (y también de responsabilidad aunque de naturaleza igualmente política) que escapan al control jurisdiccional, de manera que, del acierto o desacierto en la llevanza y ejecución de las mismas, no cabe derivar responsabilidad civil concreta en términos jurídicos».

Si tenemos en cuenta el desdén al elector por parte del elegido, la imposibilidad legal de hacer cumplir los contratos sociales derivados de los programas electorales, junto con la dispersión de la vigilancia de las promesas que, para el caso, creo imprescindible circunscribir para partidos e individuos que pregonan su compromiso con la libertad, la democracia y los principios y valores contenidos en la Constitución Española, entiendo que la necesaria y constante vigilancia con respuesta inmediata, podría organizarse a través de una notaría civil y mediática, sobre la fórmula asociativa independiente. En la asociación, se depositarían como actas de manifestaciones, cada programa electoral o promesa fehaciente de cada partido político que se postule como defensor de los principios y valores mencionados. La labor principal de la, por ejemplo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA VIGILANCIA DEMOCRÁTICA sería vigilar el cumplimiento estricto de lo prometido y, en caso de incumplimiento, denunciarlo con todos los medios legales y mediáticos a su alcance. ¿Voluntarista? Seguramente, tanto como necesaria.