EL VODEVIL DE LOS “EXPERTOS”

En toque de queda y esperando el toque de fajina.

24/10/2020.

Pablo Rojo Barreno.

Cuando el experto oficial del gobierno de la nación en pandemias varias, declara con la simpleza habitual que a tantos encandila: «Hay comunidades autónomas que están en riesgo extremo y una que está al límite, pero no le puedo decir más porque no lo hemos estudiado en profundidad» uno se queda patidifuso y consternado. Sobre todo tras ya casi siete meses de soportar constantes apelaciones a «expertos» para justificar todo tipo de órdenes y medidas mayoritariamente despóticas por parte de nuestros gobernantes. Que semejante función se perpetre con desparpajo insolente solo es explicable por la implantación en occidente del relativismo cognitivo y axiológico desde hace, al menos, tres décadas. La expertitis aguda que padecemos en España arraigada en los ámbitos políticos, administrativos y judiciales, es un artificio derivado de la sociología posmoderna que reina en las aulas de las llamadas ciencias sociales, donde se proclama que en el conocimiento científico no existen conclusiones propiamente científicas. Por lo tanto, para los estrategas de la agitación y propaganda instalados en el elefantiásico Palacio de la Moncloa madrileño y sus imitadores en el resto de las administraciones del orondo Estado español, el experto de turno es un guiñol dirigido por un largo guante movido por personajes como Iván Redondo y sus secretarías generales, gabinetes, direcciones y altos comisionados de trolas y embelecos.

Los expertos dicen, los expertos aseguran, los expertos recomiendan, junto con las cotidianas advertencias pavorosas, son los conjuros favoritos del poder para endilgarnos todo tipo de trágalas. Poco importa si el experto evocado lo es en lunas o en traviesas de ferrocarril, lo esencial para que funcione el bebedizo virtual, no es el que aparezca un tipo o tipa en carne y hueso, todo lo contrario, funciona mucho mejor cuando son fantasmales personajes o comités secretos que imposibilite contrastar su inapelable incompetencia. Esta estrategia no funcionaría tan bien como lo hace si no fuera porque, salvo contadísimas honrosas excepciones, los profesionales españoles que ejercen una labor científica no se han prodigado en los medios para explicar a la población, con el rigor que se les supone, las medidas profilácticas contra la infección por SARS-CoV-2.

No me refiero, claro está, al papelón del conspicuo Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ni por supuesto al del ministro filósofo Illa, sino a tantos que han visto como se utilizaba su nombre en vano y a quienes deberían haber aparecido hace tiempo divulgando los datos científicos disponibles sobre la pandemia y su tratamiento, evitando adoctrinamientos y opiniones ideológicas. Así, ni no fuera por sus nefastos resultados, en este estado de arrestados sería un pasatiempo divertido adivinar del pie ideológico que cojea el experto de turno que aparece en los medios, desde el instante que iniciara su discurso. Incluso los pocos suspicaces podríamos adivinarlo tras un par de frases, mientras los listos de verdad a la tercera o cuarta palabra acertarían.

A estas alturas es lacerante comprobar que la confusión y el enredo sobre la epidemia que nos asola, reinan como si hubiera retornado la peste bubónica y las teorías de los miasmas. A los intereses creados se suman indignos lucros de todo tipo disfrazados con excelsas palabras como solidaridad y bien común. Por ello, al discurso del miedo se suma la ausencia de campañas públicas en televisión, radio y grandes medios de difusión públicos y privados, sobre asuntos tan sencillos como los tipos homologados de mascarillas según las Directivas 93/42/EEC y (CE o UNE EN 14683) 2017/745 que, para el uso cotidiano del ciudadano solo deberían ser tres: las llamadas quirúrgicas NF EN 14683 (tipos I, II y IIR filtran entre el 95% al 98% de bacterias), la NF EN 149 FFP2 (filtra el 94% de aerosoles) y la NF EN 149 FFP3 (filtra el 99% de aerosoles). Eso sí, nos avisan que las quirúrgicas son desechables y apenas duran cuatro horas, mientras que las FFP 2 y 3 solo 12 horas. Cuando uno indaga un poco sobre los materiales con que se fabrican o se deben fabricar estas mascarillas, resulta que son filamentos de polipropileno cuyos nombres comerciales son Spunbond, Meltblown, Nonwoven, etc. Y si curiosea un poco más, resulta que estos fabricados son resistentes a la luz, antimicrobianos, tienen gran resistencia a productos químicos, gran resistencia al desgarre y excelente elongación, son antiestáticos, repelen el agua y el alcohol y la temperatura de inicio de deformación es 80ºC. Entonces, ¿Cómo es que solo duran unas horas? Según las investigaciones de la Universidad de Aix-Marseille Université de Francia, el coronavirus SARS-CoV-2 sometido a 60ºC durante una hora las cepas del patógeno no se eliminan por completo, pero casi. Por otro lado, en el listado de la EPA (United States Environmental Protection Agency a la que referencia oficialmente las páginas oficiales del Estado español) uno de los desinfectantes homologados para superficies blandas (porosas) es el alcohol etílico entre 70° y 96°. Entonces ¿Por qué no se pueden desinfectar las mascarillas homologadas horneando las cepas del SARS-CoV-2, si por desventura las tuvieran pegaditas en la superficie externa, a 70ºC durante una horita o pulverizándolas con una ración de 90% de alcohol de 96º y 10% de agua destilada y, con ello, reutilizarlas durante un tiempo razonable en función de sus propiedades físicas y químicas? Ante estas simples preguntas los «expertos» balbucean sin aportar datos ni estudios concluyentes. ¿Dónde están, no se ven las subvencionadas asociaciones de consumidores? Solo FACUA, siempre solicita al poder vigente, puso en duda la calidad de las mascarillas FFP2 repartidas gratuitamente a los ciudadanos por la Comunidad de Madrid. Simultáneamente, los medios de la corrección política y el cambio climático aporrean nuestra conciencia acerca del desastre causado por los plásticos y las mascarillas que acaban en los mares. Entre tanto, el Rapid Exchange of Information System (RAPEX) de la UE, lleva meses denunciando decenas de marcas de mascarillas que no cumplen las normas de filtrado debidas pero si con la moda del momento.

Resulta que los españoles pagamos la existencia de un ministerio de consumo, cuyo titular se colocó una medallita al mérito de la igualdá, cuando impuso por decreto el pasado 21 de abril el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas en 0.96 euros la unidad. Este veleidoso ministro amante de la dictadura castrista, no tuvo a bien explicarnos como había llegado a esa cifra, cuando ya entonces era archisabido que; fabricantes ubicados en India vendían estas mascarillas a 0,042$ la unidad para pedidos superiores al millón. Claro que por la misma época el Ministerio de Illa compró 460 millones de mascarillas quirúrgicas a 0,75€ la unidad IVA excluido, mientras que en algunas plataformas de venta online se podían encontrar paquetes de 500 unidades a 0,22$ la unidad. Y cuando se pregunta a la desenvuelta ministra del ramo impositivo los motivos por los que los apaleados ciudadanos tenemos que acoquinar el 21% de IVA cuando compramos mascarillas, con el desparpajo que le caracteriza asegura que la UE no permite reducirlo, cuando es archisabido que la mayoría de los países han suprimido o reducido esa carga impositiva.

Mientras los fantasmales comités de expertos bullían por los despachos oficiales, a mediados de septiembre el I Congreso Nacional COVID-19, publicó un manifiesto a favor de una respuesta coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica y el interés general, firmado por 55 sociedades científicas españolas y dirigido a la clase política por la gestión de la COVID-19 con el eslogan siguiente: «En salud, ustedes mandan pero no saben» Enlace. Cuando me enteré de la noticia suspiré con un por fin, pero su lectura me recordó las amonestaciones de mi maestro Don Vitaliano sobre vicios tan nefandos como el truismo.

La avispada diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, hace unos días llamaba a la sensatez, a proceder «con cabeza» contra la pandemia, mientras relataba su último viaje de ida y vuelta en Iberia entre Madrid y su natal Santa Cruz de Tenerife con los dos aviones repletos, mientras los viajeros portaban mascarillas a ratos pues se las quitaban cuando comían y bebían. Al mismo tiempo, se publicó la Declaración de Great Barrington: Enlace una propuesta rubricada en el Instituto Americano de Investigación Económica en Great Barrington, Massachusetts. Firmada por más de 9.000 científicos y más de 23.000 médicos, propone adoptar medidas para proteger a los vulnerables mientras que quienes no lo son, deberían reanudar inmediatamente su vida con normalidad. Por supuesto, los medios antiliberales que en España son casi todos, en vez de analizar la propuesta y criticar sus probables defectos, se han dedicado a poner en duda a tantos firmantes y a hablar de profesores Bacterio –seguramente derivado del inconsciente que recordaba a un tal Simón- mientras apelaban a «lo que se sabe que funciona para controlar al coronavirus». ¿Qué funciona? Menos mal. Algo más seria es la crítica del Memorando Snow Enlace que pone en duda el objetivo de la inmunidad colectiva si no es a través de la vacunación. Bueno está que los científicos debatan pues, junto con la investigación que es el primer mandamiento para lograr el avance del conocimiento, puede mejorar el entendimiento. Aunque sería aún mejor si en este debate la ideología fura desterrara en favor de la lógica.

Mientras España sufre la mayor recesión desde la Guerra Civil, acumula el mayor déficit y deuda pública desde la recesión tras el desastre de 1898, el mayor paro real de la historia contemporánea y con los españoles confinados y atemorizados por una desordenada y oportunista gestión de la pandemia, el gobierno de la Nación confecciona los Presupuestos Generales del Estado basándose en el cuento de la lechera. Simultáneamente, lleva adelante su propósito hegemónico totalitario sobre el poder judicial con todo tipo de fullerías y correteas, la educación con la ley “Celaá” para el fomento de la ignorancia y la vagancia, de la historia con la ley de memoria democrática inspirada en la distopía orwelliana “1984” más la ley de regulación de la eutanasia inspirada en la misma obra.

Malos tiempos para la lírica … y para la ciencia.

Por un eficaz Instituto Nacional de Epidemiología de España

Madrid, 05/04/2020

La guerra de las mascarillas y los respiradores expone la infausta falta de estrategia sanitaria de los Estado-Nación europeos que, como organización política, tienen el mandato preferente de proteger la salud de su población. El Estado español legisló en 1855 la primera Ley de Sanidad donde se estipulaba algún recurso contra las epidemias, pero no fue hasta noviembre de 1944, apenas cinco años después de la Guerra Civil, cuando se aprobó la Ley de Bases de Sanidad Nacional sobre la: «Base única. Incumbe al Estado el ejercicio de la función pública de Sanidad». Entre los seis servicios sanitarios exclusivos del Estado previsto por esta ley, en tercer lugar, se incluía las “Luchas sanitarias”: «Comprenderán los servicios de enseñanza, estadísticas y epidemiología general, los dirigidos contra el cáncer, lepra, tracoma, enfermedades sexuales, paludismo y reumatismo y enfermedades del corazón. La campaña contra la tuberculosis se realizará en estrecha relación con el Patronato Nacional Antituberculoso. Comprenderá también éste grupo cuantos servicios se destinen a combatir la mortalidad infantil, o sea los de Puericultura, Maternología e Higiene escolar. La intervención de la Dirección General de Sanidad en materia de sanidad colonial se ofrecerá a través de estos grupos de servicios». Valorar a estas alturas la eficacia de esta ley no es sencillo porque requiere de muchas contextualizaciones, pero lo cierto es que estructuraba, con los escasos medios de la época, la batalla contra las epidemias.

La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 fue sustituida por la Ley 14/1986 General de Sanidad aprobada por mayoría absoluta por el PSOE. Con esta ley se produce un claro retroceso respecto a la salud colectiva, al priorizar la estructuración del vigente Sistema Nacional de Salud en su dimensión asistencial; asistencia a los enfermos sobre prioridad de la salud individual, esparcidos territorialmente ya que «los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado». Mientras que la ley rebaja al Estado a mero coordinador, la salud colectiva ante epidemias no tiene carácter preferente. Las grandes lagunas de esta ley se han intentado tapar con un trampantojo de leyes y reglamentos dispersos como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, Ley de Derechos del Paciente, Ley de Sanidad Animal, el Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior, etcétera, etcétera, además de las respectivas leyes autonómicas.

El Sistema Nacional de Salud derivado de la mencionada Ley General de Sanidad, luego parcialmente reformado por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, institucionalizó el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo (SICAS) con el fin de coordinar la detección, información y el apoyo logístico al Sistema Nacional de Salud en situaciones de alerta sanitaria. El SICAS estaba bajo el mando de quien fuera el titular del Ministerio de Sanidad y contaba con un grupo asesor ad hoc y un órgano colegiado para gestionar situaciones de crisis que fue bautizado Comité Director en Situaciones de Crisis y Emergencias (CODISCE). En 2004 se cambió de nombre al SICAS por Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) cuya función es el seguimiento y evaluación de la situación y al apoyo de las distintas unidades del Ministerio de Sanidad, en coordinación con la vigía desarrollada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) fundada en 1999, para gestionar los Centros Nacionales de Epidemiología y las entidades gemelas de las comunidades autónomas. En 2013 se creó un nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) que asumió desde entonces las funciones de coordinación, notificación, evaluación e inteligencia epidemiológica, sin desmontar el CCAES ni el RENAVE, aunque parece que el CCAES es el de rango superior

Cualquier examen somero de este mogollón legislativo registra contradicciones y burocracias indeseables que dificultan las medidas ablatorias para combatir epidemias. Pero ha sido ante la realidad de una epidemia cuando este sistema ha mostrado sus vergüenzas, al desnudar el sometimiento de directivos de instituciones de carácter científico-técnico, a las conveniencias de las tácticas y estrategias de quienes ostentan el poder político.

El 23 de febrero de 2020, el filósofo y veterano dirigente del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y a la sazón Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón Soria, dieron una rueda de prensa en la que Simón Soria declaró: «España está preparada para cualquier escenario posible» al tiempo que ambos descartaban la necesidad de tomar medidas restrictivas como suspender actos masivos o proponer el teletrabajo, como ocurría ya en el norte de Italia, mientras Simón Soria incidía en que: «al Ministerio de Sanidad le preocupaba más el brote de Covid-19 en Corea del Sur que en Irán». Por consiguiente, en España continuaron las concentraciones y manifestaciones de masas a primeros de marzo de 2020, a pesar que desde mediados de febrero, la Unión Europea había recomendado a los gobiernos impedir la celebración de actos multitudinarios y mantener medidas de distanciamiento social individual. Asimismo, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid informó a Delegación del Gobierno el 6 de marzo sobre el «riesgo inminente de contagio del coronavirus» si se producían concentraciones multitudinarias». El mencionado director del CCAES, Fernando Simón, como portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del SARS-CoV-2, declaró el 6 de marzo de 2020, tras ser preguntado en rueda de prensa sobre si era peligroso acudir a las manifestaciones previstas dos días después con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, después de divagar sobre la libertad de cada persona de acudir, afirmó: «Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera». Fue la respuesta que esperaba el gobierno, nada menos que el primer responsable de alertas y emergencias Sanitarias de España avalaba la posición del gobierno Sánchez de no restringir la aglomeración de personas que estropeaba sus proyectadas manifestaciones.

El 13 de marzo de 2020 había 5.232 personas padeciendo la COVID-19 y 153 habían fallecido en España, mientras que varias ministras y exministras del Gobierno que habían encabezado la masiva manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid portando guantes de látex, estaban contagiadas. Desbordado por los alarmantes datos procedentes de las urgencias hospitalarias que se empezaron a colapsar, el 14 de marzo el gobierno español ideo un “plan de choque“. Con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, la ley no permite imponer la hospitalización y el aislamiento de un enfermo o de una persona sospechosa de estarlo. Tampoco permite imponer un reconocimiento médico o la aplicación de un concreto tratamiento clínico sin su consentimiento. En realidad, la reclusión de la población española justificada por el gobierno por causa de la pandemia de la COVID-19, al constreñir las libertades públicas y los derechos personales pueden ser anticonstitucionales. No son pocos los juristas que exponen sus dudas respecto a que el paraguas del estado de alarma permita recluir y prohibir la libre circulación de las personas contra su voluntad, ni siquiera tienen claro que lo permita el estado de excepción puesto que, el último párrafo del Artículo 116 de la Ley Orgánica 4/1981 establece: «La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes».

Cierto es que estábamos, estaban, avisados. Pandemias como la crisis de las «vacas locas» (1996), la «neumonía asiática» (2002), la «gripe del pollo» (2003), el «Ebola» (2014-2016), fueron lo suficientemente serias como para haber suscitado un análisis minucioso sobre la falta de estrategia, medios legales y materiales que esa “Medicina Pública de las mejores del mundo” tenía. Por si nos faltaran problemas, resurgieron las peores prácticas egoístas de los estados nacionales que incluyen aliados y supuestamente amigos como Turquía y Francia capaces de robarnos nuestros pedidos de mascarillas y respiradores.

A pocos se les escapa que los vaivenes de los políticos y técnicos del gobierno respecto a la estrategia y tácticas de la lucha contra la COVID-19, en buena medida se deben al estrangulamiento de aprovisionamientos de artículos sanitarios de importación, en concreto: test de diagnóstico rápido, respiradores, equipos de protección individual que incluyen mascarillas homologadas, guantes y productos desinfectantes derivados del Alcohol Etílico. La escasez de estos productos es consecuencia de la dependencia y del exceso de demanda. Podemos echarle la culpa a la globalización pero nos estaremos engañando al desdeñar la realidad que en la salud es aún más evidente: sin la soberanía productiva de bienes no existe soberanía nacional. No se trata de abanderar la autarquía sino de establecer estrategias e instituciones (por cierto las normativas de la UE tampoco las contemplan) de salud colectiva que significa prepararse con todo el arsenal jurídico y material para la vigilancia y lucha epidemiológica. Para ello, parece evidente que hay que reorganizar e integrar las diversas instituciones existentes, a través de una legislación concreta, que establezca un eficaz Instituto Nacional de Epidemiologia de España, con un estatuto propio de Autonomía similar al del Banco de España, es decir, el futuro Instituto Nacional de Epidemiologia de España que considero urgentemente necesario. Sería una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada que, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, actuaría con autonomía respecto a la Administración General del Estado, desempeñando sus funciones con arreglo al ordenamiento jurídico y con poderes de evaluación y concreción de líneas estratégicas para la prevención y tratamiento de pandemias y enfermedades infecciosas que incluirían las líneas de investigación científica, producción nacional de productos sanitarios y su almacenamiento, y la previsión de compras de productos sanitarios y medicamentos en el exterior.