31/12/2022.
Acabando 2022 nos encontramos con los terribles datos de una lacra social vergonzosa, la violencia contra la mujer por parte de abusadores y asesinos. Además de cientos de agresiones sexuales a mujeres y niños de ambos sexos, durante 2022 en España han sido asesinadas 49 mujeres. No menos alarmante son los datos de violencia en las relaciones entre menores de 18 años que en 2021 llegaron a 661, lo que supuso un 28,6% más que en el año anterior. Según los datos de este año, las denuncias por violencia de género y agresión sexual en los juzgados españoles han aumentado cerca del 10% con respecto a 2021. Estos espeluznantes datos son una constante durante lo que llevamos de siglo. Además de mujeres, fueron asesinados decenas de niños y quedaron huérfanos otros tantos.
Empecemos recordando que desde el 2004 España cuenta con la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, el Código de Violencia de Género y Doméstica, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género así como otras leyes similares en cada una de las 17 autonomías. Todas estas leyes, códigos, pactos y reglamentos, están inspirados por la ideología género que considera a los hombres como perpetradores y a las mujeres como víctimas. En ningún caso se contabiliza oficialmente como violencia de género cuando la mujer agrede al hombre.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero, quien luego lo integró como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En 2020 el departamento de Igualdad fue desvinculado de la Vicepresidencia del Gobierno, para convertirse de nuevo en Ministerio de Igualdad regido por Irene Montero, asistida por la secretaria de Estado de Igualdad Noelia Vera. Mediante el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo se estructuró orgánicamente el Ministerio de Igualdad, estableciendo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con rango de Dirección General dirigido por Victoria Rosell. Dependen de la Delegación del Gobierno, con nivel orgánico de subdirección general, la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género, la secretaría del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer.
Al socaire de las mencionadas leyes, regulaciones y organismos, se establecieron otras instituciones públicas y privadas (asociaciones mayoritariamente subvencionadas por el erario) con programas contra la violencia de género y ayudas a las víctimas. Destacan, entre otras instituciones y organismos, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, los observatorios autonómicos de violencia de género, las redes de atención integral para la violencia de género, las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, etcétera. De este frondoso árbol institucional han florecido expertas en violencia de género en los distintos campos; desde abogadas, juezas, fiscalas, psicólogas, trabajadoras sociales, periodistas y sociólogas.
Desde el tronco hasta la última de las ramas del árbol institucional mencionado, se reivindican que las medidas de protección integral tienen como finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas directas de esta violencia.
Ante los aterradores datos de agresiones y crímenes surge la obvia pregunta ¿Por qué este formidable aparato estatal, que supone un enorme esfuerzo de recursos de todo tipo, ha sido incapaz de reducir, tras tantos años, la violencia contra la mujer? Y no solo no la ha reducido sino que los datos muestran el aumento de la violencia en las relaciones entre los jóvenes. La respuesta que ahora nos ofrece el gobierno y sus medios es «Más educación contra el machismo y nunca difundir discursos que niegan la violencia de género». Acabáramos, educación para la ciudadanía correcta y censura a lo políticamente incorrecto.
La contumacia de los ideólogos que conforman el gobierno español es palmaria puesto que no aprecian traspié alguno ni daño a la convivencia en las “discriminaciones positivas” derivadas de la ideología de género impuestas en todas las aludidas leyes y reglamentos, en detrimento de la igualdad establecida en el Artículo 14 de la Constitución española aún vigente: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Esta cerrazón ideológica, les lleva directamente a la siguiente pirueta cuando apelan a la educación como otro bálsamo de fierabrás para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo hacen con un desparpajo vergonzoso sabiendo de sobra el constante incremento de la violencia en las relaciones de pareja tras 8 leyes educativas en España desde 1980, de la LOECE a la LOMLOE, 15 años de Educación para la Ciudadanía, cinco con semáforos y buzones de Correos unisex e innumerables tesis, masters y conferencias.
Ante los hechos, ante la cruda realidad de unas relaciones afectivas entre hombre y mujer equívocas, sobradas de hedonismo y exclusivismo que generan conflictos que derivan demasiadas veces en violencia, es imprescindible verificar porqué, a pesar del enorme intervencionismo del Estado, los conflictos y la violencia entre parejas lejos de disminuir, aumentan. Enseguida, nos encontramos frente a la ideología de género o teoría queer. Para empezar, como el marxismo hizo con las clases sociales, la queer divide al ser humano en dos dimensiones; cosa pensante y sustancia extensa frente a autoconciencia y corporeidad. Por ello, la especie humana en su conjunto es dividida entre “seres humanos en sentido biológico” y “personas”. Ambas separaciones explican la aceptación acrítica de conceptos tan difusamente delineados como: “identidad autopercibida” y “sexo psicológico”, protagonistas en la formulación teórica de la ideología de género. Estas elucubraciones han fructificado en las sociedades occidentales democráticas donde, tras décadas de opulencia, se ha maximizado el hedonista placer individual; la censura a todo límite moral o institucional impuesto al deseo de satisfacción individual y la brutalidad frente a todo cuanto se opone a la realización de las pretensiones individuales. La razón biológica y la ética impugna el concepto queer, mostrando que el tratamiento hormonal y la cirugía no operan un “cambio substancial” en el individuo, sino tan sólo movimientos accidentales. Que el sujeto permanezca siendo el mismo, aunque su cuerpo se transforme radicalmente, explica el alto grado de insatisfacción entre las personas reasignadas. Tanto “quiénes somos” como “lo que somos”, constituye un dato objetivo y objetivable mucho antes de ser percibido por nuestra conciencia. Entender al ser humano como autoconciencia hace que desaparezca la realidad. La autoconciencia no aporta necesariamente una información veraz sobre nosotros mismos sino que siempre es matizada por la mirada ajena.
Deducir de lo antedicho y de la información disponible que la ideología de género o teoría queer es una doctrina de teología turbada que, sin embargo, ha reinventado el infierno trentino en la tierra para condenar “cancelar de la faz de la tierra” a heteropatriarcales y otros infieles a través de autos sacramentales y fetuas mil, es de una lógica aplastante. Por consiguiente, se trata de un credo antidemocrático que pone su epicentro en la subjetividad, pretende una construcción arbitraria de la identidad sexual ajena a los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales de la naturaleza humana, e intenta imponer una sociedad radicalmente separada de la búsqueda de la verdad dentro de la naturaleza. No debe, por tanto, formar parte del currículo escolar ni ser base de legislación alguna.
