El PSOE dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tras ganar la moción de censura contra Rajoy gracias a su alianza con Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Demócrata Europeo Catalán, Compromís, Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias el 1 de junio de 2018, logró aumentar su representación parlamentaria convocando dos elecciones generales en pocos meses. La ultima intentona fue el 10 de noviembre de 2019 donde el PSOE logró el 28% de los votos y 120 escaños (tres menos que en la anterior legislatura). Ante el fracaso, Sánchez se desdijo de sus promesas electorales y se abrazó con Pablo Iglesias Turrión después de acordar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Así, Sánchez Pérez-Castejón fue investido presidente del consejo de ministros del gobierno de España el 8 de enero de 2020, gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel Existe, junto con las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu. Un día después Sánchez formó el llamado «gobierno Frankenstein», denominación articulada por el predecesor de Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba porque: «los socialistas “no pueden” ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que ellos quieren gobernar».
Los hechos evidencian el regocijo de Sánchez al frente de su gobierno Frankenstein. Un gobierno que cuenta nada menos que con 22 carteras ministeriales, incluyendo dos ministros comunistas como aquellos gobiernos de Largo Caballero y Juan Negrín López en plena guerra civil, 30 secretarías de estado, 40 direcciones y subdirecciones generales y 740 altos cargos nombrados a dedo. No solo es un gobierno elefantiásico y gravoso, también tenaz, incluso pertinaz.
Desde la gestión de la COVID-19, llena de subterfugios propagandísticos, improvisaciones, grandes negligencias, aberrantes dictámenes, exigua ciencia y falsos o clandestinos expertos, hasta la amnistía camuflada como indultos individuales a los dirigentes separatistas condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, el gobierno sanchista ha presentado oblicuamente su agenda autocrática afanándose en someter fieramente a su conveniencia los poderes del Estado, mediante el control de la abogacía del Estado, la Fiscalía, la limitación del Tribunal Constitucional, la crítica grosera al Tribunal de Cuentas por no plegarse a sus designios y la deslegitimación del Tribunal Supremo al revocar de facto la sentencia del procés con la concesión de los indultos de los condenados.
Además de la ocupación y manipulación de órganos e instituciones del Estado y las coacciones descaradas al poder judicial cuando trata de defender su independencia, el gobierno Frankenstein presidido por Sánchez Pérez-Castejón recurre contumaz a los decretazos (van cerca de 100 decretos leyes en esta legislatura) para esquivar a las Cortes. Los decretazos, las leyes aprobadas sin apenas debate parlamentario y los proyectos de ley, tienen el denominador común de ser un reservorio ideológico que comprende un trasnochado antifranquismo sobrevenido, un quimérico republicanismo, un revoltijo de feminismo queer con constructos teóricos tribales y la asunción del neomarxismo posmoderno. Esta amalgama populista al estilo del socialismo del siglo XXI, incluye la fraternidad con el separatismo supremacista al compartir la intención de degradar o enmendar soterradamente la Constitución. Son leyes y proyectos de contenido y redacción glotopolítica netamente orwelliana, donde al lenguaje inclusivo se suman los conocidos constructos lingüísticos posmodernos de manipulación. Paradigmáticas como tratados ideológicos y de seudo-ingeniería social son: la ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) o ley Celaá de educación y la ley de eutanasia. Estas leyes parecen moderadas si las comparamos con proyectos de ley como el de la garantía integral de la libertad sexual (si es sí) la Trans, LGTBI, la de Memoria Democrática, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, etcétera.
El varapalo sufrido por el PSOE con la apabullante victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, no ha cambiado su hoja de ruta un ápice. Tampoco parece que ha servido de aviso a los merodeadores de Moncloa, por lo que no pocos ciudadanos se han visto sorprendidos por el apoyo explícito de sindicatos, empresarios, banqueros y banqueras hereditarias, obispos fariseos y saduceos, tertulianos y medios dependientes del erario, al discurso sanchista que dice perdonar a los secesionistas catalanes para lograr la concordia porque, en el fondo, todos somos un poco culpables. Por supuesto se daba por descontado el apoyo más o menos entusiasta al gobierno de Sánchez de los lobbies empresariales catalanes: Foment del Treball, Cambra de Barcelona y Cercle d´Economia y gentes por el estilo, pero el implícito apoyo del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi y otros notables empresarios y banqueros, pone en evidencia el oportunismo sin principios de la élite empresarial.
Porque la elite empresarial española no puede llamarse a engaño tras 4 años de promesas incumplidas y leyes sectarias. Solo la ceguera codiciosa puede obviar que la palabra de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es siempre provisional, que la inseguridad jurídica y política es marca de la casa, que su gobierno está incentivando la inflación del precio de la energía a través de los derechos del CO2, que la contrareforma de la reforma laboral que prepara la ministra comunista costará dinero, sangre, sudor, lágrimas y paro, que el déficit de las pensiones aumentará aún más el impuesto al trabajo, en fin, que las subidas de impuestos es bandera y paradigma del PSOE y sus aliados.
Ante los datos, es obvio que para la flor y la nata empresarial que representa al capitalismo clientelar cortoplacista que desde hace tiempo impera en España, la pela es la pela. Es ese cortoplacismo derivado de la caza de subvenciones, ese olor a sardinas que resucita a los gatos, ahora es el Fondo Europeo de Reconstrucción y el Next Generation EU. Una empanada rellena de más de 140.000 millones de euros que repartirá el gobierno entre 2021 y 2026. El postre lo compone las promesas implícitas de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Así, para la CEOE esta ley «crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía». ¡Olé el desarrollo sostenible, la resiliencia, la condena a la hoguera de huella de carbono y hasta la igualdad entre hombres y mujeres (fallo garrafal por no incluir toda la retahíla de géneros no gramaticales) promete esta ley!
Mientras tanto, la agitación y propaganda desplegada por el posmoderno sucesor de Willi Münzenberg apellidado Redondo, contiene grandes promesas para dentro de 30 años. Un mundo feliz diseñado con la perversión del lenguaje, el abuso de la ventana de Overton y la ocultación de la agenda estratégica del PSOE. Sin embargo, cuando se observa con algo de atención se pueden distinguir algunas pistas. Por ejemplo cuando dicen: «debemos de cambiar el modelo de Estado, dirigirnos hacia una nueva transición». Por supuesto, sus coaligados comunistas de Unidas Podemos no la ocultan y mucho menos los separatistas. Puede ser duro admitirlo, pero mucho más duro será rendirse a la evidencia cuando sea demasiado tarde. Todos ellos son hispanófobos, todos asumen las tesis identitarias más reaccionarias, todos odian a España como los bolcheviques odiaban a Rusia en 1917. Por consiguiente, maquinan para implantar la Unión de Repúblicas Socialistas de los Pueblos Ibéricos. Si lo logran nos meterán en el camino de servidumbre que hoy transitan los venezolanos, argentinos, cubanos, nicaragüenses, coreanos del norte, vietnamitas y chinos.