«Torrente presidente», una falacia intencional

¿Qué importan las intenciones del progre Santiago Segura en «Torrente presidente»?

El pasado sábado 11 de abril, ABC publicó un artículo firmado por J.M. de Prada con el revelador título «Derecha y torrentismo» donde el famoso novelista y columnista, admirador y divulgador de la obra de G.K. Chesterton y, por ende, belicoso contra el nihilismo cultural como se evidencia en los 60 artículos publicados en la revista ‘Magnificat’ recopilados en un libro titulado «Una biblioteca en el oasis«, hace una crítica del film de Santiago Segura «Torrente presidente«.

Sobre el mencionado basamento ideológico, de Prada se asombra de que: «Mientras, en el negociado de izquierdas, ‘Torrente, presidente’ ha levantado urticarias; en el de la derecha ha provocado universal regocijo». Su conmoción deriva de que el personaje Torrente inventado por el progre Santiago Segura, es el arquetipo del «facha cutre» para satirizar a un sector social de nuestra población machista, racista, corrupto y nostálgico del franquismo. Así, de Prada concluye: «En realidad, ‘Torrente, presidente’ es un garrafal ‘acto fallido’ –en el sentido freudiano, claro está– de quien solo puede pronunciar la verdad poniéndole un disfraz incongruente, en lugar de proclamarla sin tapujos.»

Obvio es que a de Prada no le gustan una serie de películas paródicas basadas en un personaje representado por un policía inhabilitado, corrupto, putero, drogadicto y vago que utiliza la picaresca para sobrevivir, mientras propaga su patriotismo y nostalgia del franquismo como caricatura del fascismo de baja estofa. Sin embargo, con «Torrente presidente» al público no le queda otra alternativa que asociar al cutre Torrente con Koldo/Ábalos, con «Tito Berni» (Caso Mediador) de prostitutas, cocaína y viagra al por mayor, con los ladrones puteros y drogatas de los ERE y la FAFFE, con las correrías de «la banda del Peugeot«, con los prostíbulos y saunas gais Sauna Princesa y Castellana 180 del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, con el tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación cometidos presuntamente por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez en comandita con Juan Carlos Barrabés, con el enchufado y defraudador al fisco mi hermano David Azagra, con el acaudalado en un pispás y exsecretario de organización federal del PSOE, Santos Cerdán, copropietario de Servinabar 2000 S.L. que construía sin ser constructora y que logró 86 millones en adjudicaciones, con las mordidas administradas por la SEPI de Antxón Alonso, con los tejemanejes de la descarada «fontanera» Leire Díez, etc. etc.

¿Qué importan, pues, las intenciones del progre Santiago Segura en «Torrente presidente«? En todo caso, debemos recordar que, a lo largo de la historia, diversas obras han sufrido el fenómeno de la «falacia intencional», donde la recepción del público o la crítica difiere drásticamente, o incluso se opone, a la intención original del autor. En el caso concreto de la cinematografía, «El lobo de Wall Street» de Martin Scorsese, «Starship Troopers» de Paul Verhoeven y «El club de la lucha» de David Fincher representan la falacia intencional plena.

CASO FORESTALIA

EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA

En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.

CASO FORESTALIA: OTRA PISTA DEL CONTUBERNIO ENTRE LAS ÉLITES DEL PSOE Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

ARTÍCULOS ANTERIORES SOBRE EL CONTUBERNIO DE DIRIGENTES DEL PSOE CON LOS ZARES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

ENLACE A CHINA COLONIZA ESPAÑA

ENLACE A CHINA: EL SOCIO DEPREDADOR

El llamado «Caso Forestalia» se refiere a una investigación judicial y policial sobre presuntas irregularidades en la concesión de licencias para proyectos de energías renovables en España. La implicación de José Luis Rodríguez Zapatero, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, del ministro de Industria Jordi Hereu y la conexión con China, se centran en el papel de mediación del Gobierno de Pedro Sánchez en acuerdos comerciales estratégicos que ahora están bajo sospecha por tráfico de influencias y corrupción.

Forestalia es un conglomerado que suma cerca de mil empresas con sedes en Zaragoza y Madrid. Todas están subordinadas a la matriz incluida la multinacional Levitec y el grupo Nearco, grupo que administra buena parte de las plantas de renovables, algunas de ellas bajo investigación judicial. La propiedad mayoritaria del grupo Forestalia la ostenta Fernando Rivas Samper. En mayo de 2024, Forestalia firmó una alianza estratégica con CGE (China Green Electricity, vinculada al gigante CATL) con una inversión superior a los 1.000 millones de euros para la instalación del mayor sistema de autoconsumo industrial de España que garantizará el suministro eléctrico para la producción de baterías de CATL y Stellantis. A la firma de este acuerdo acudieron como invitados de honor los ministros José Manuel Albares y Jordi Hereu. Meses más tarde, Pedro Sánchez se reunió en China con el presidente de CATL, con quien Forestalia había firmado su alianza. Antes de acabar ese año, el presidente del Gobierno recibió a ese empresario chino en la Moncloa, a quien EEUU vincula al espionaje militar de Pekín.

Gracias a la difusión de una imagen de empresa «sostenible y verde» que corresponde a un claro «greenwashing» (lavado verde), junto con una estrategia consistente en infiltrarse en las instituciones con potestad en el medio ambiente y la energía, las empresas de Rivas Samper han logrado pingues beneficios gracias a la obtención de permisos y subvenciones que les han permitido erigir plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica en España, sobre todo en Teruel y Zaragoza. Así, según las investigaciones de la Guardia Civil, se infiltraron en el gobierno del PSOE en Aragón y untaron al exconsejero de Medio Ambiente, Joaquín Aurelio Olona Blasco. A la vez, se metieron en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y compraron, entre otras, la voluntad del exdirector y militante del PSOE, Jesús Lobera para que manipulara procedimientos técnicos y presionara a funcionarios para falsificar y aprobar informes de impacto ambiental de los proyectos del grupo en Aragón.

Asimismo, la Benemérita ha descubierto que, para obtener la aprobación de plantas eólicas y fotovoltaicas y subvenciones, Forestalia compró con millones de euros las voluntades del exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en los infaustos tiempos de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, de su esposa Montserrat Heredero, de los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Águeda; y del notario Javier de Lucas Cadenas. En la vorágine de mordidas para obtener grandes beneficios infectos, Forestalia compró las voluntades del director de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y de la “fontanera del PSOE«, Leire Díez, al tiempo que transfería peculio a Servinabar, la empresa constructora sometida a investigación por corrupción de la familia Sumelzo y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Mediación de Zapatero: Diversas fuentes han señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de su «Lobby» porchino Gate Center como el facilitador del acuerdo de Forestalia con China Green Electricity y de la entrada en España de las empresas vinculadas al Partido Comunista de China. Es el caso de la incursión de CATL, el líder mundial en baterías para vehículos eléctricos, quien construye junto a Stellantis una gigafactoría en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión conjunta de 4.100 millones de euros. La planta, operativa a finales de 2026, se especializará en celdas LFP (litio ferrofosfato) y producirá 50 GWh anuales. Así Zapatero y su Gate Center se consolidan como facilitadores de la entrada y negocios para sus clientes chinos en España.

Detalles de la implicación política:

Presunta manipulación de licencias: Se investiga si ex-altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica agilizaron declaraciones de impacto ambiental para favorecer a Forestalia. Así, los investigadores consideran al exsubdirector de Evaluación Ambiental de dicho Ministerio, Eugenio Domínguez, clave para que la empresa consiguiera las licencias que se negaban a otros promotores. Sospechan que Domínguez, durante la etapa de Teresa Ribera, también aceleraba sus proyectos en detrimento de otros. La firma de Fernando Samper obtuvo el visto bueno para el Parque Eólico Teruel Clúster Maestrazgo a través de un procedimiento insólito en julio de 2024, un año antes de que se rechazara el expediente de Matarraña, a pesar de que Green Capital había iniciado los trámites cinco meses antes.

Ofensiva parlamentaria: El PP ha registrado más de 30 preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno, exigiendo explicaciones sobre por qué Albares y Hereu «apadrinaron» contratos de una empresa que estaba siendo rastreada por la Guardia Civil.

Conflictos de intereses: Se examina si el Gobierno presidido por Pedro Sánchez utilizó su influencia diplomática para favorecer intereses privados de Forestalia en el mercado asiático a cambio de contraprestaciones políticas o económicas.

En abril de 2026, la macrocausa judicial y política del «Caso Forestalia» que investiga presuntas irregularidades administrativas, corrupción y delitos medioambientales en la tramitación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos por la empresa Forestalia por supuestos de trato de favor, pagos a excargos y daño al territorio, afectando a la credibilidad de la transición energética, sigue abierta bajo secreto del sumario en algunas de sus piezas. Al mismo tiempo, China sigue colonizando España.

LA COMISIÓN DE PATRAÑAS HISTÓRICAS

DE LOS NIÑOS “ROBADOS” POR EL FRANQUISMO Y OTRAS FALACIAS

 

El pasado 31 de marzo de 2026, THE OBJECTIVE publicó un memorable artículo firmado por su directora adjunta, Maite Rico titulado: “Una farsa a la medida de Garzón” con el subtítulo «Nadie mejor para presidir la Comisión de la Verdad que un exjuez prevaricador que alentó dos bulos delirantes que la izquierda quiere colar en la ‘memoria histórica’» (Enlace al artículo).

Como implacable periodista curtida por los embates del poder por mantener su compromiso con la veracidad de los hechos y la información, Rico resume en un párrafo la calaña narcisista y manipuladora de Baltasar Garzón Real y, de rebote, la de Pedro Sánchez: «Hasta que Pedro Sánchez ha venido al rescate, facilitándole un retorno triunfal: el Gobierno acaba de nombrarlo presidente de la llamada Comisión de la Verdad, creada por la Ley de Memoria Democrática para investigar los crímenes del franquismo». Quién mejor que Garzón, muñidor de dos de las mentiras más delirantes que la izquierda pugna por imponer en el relato de la Guerra Civil y la dictadura: la de que España «es el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya» y la de «los 300.000 bebés robados del franquismo». Y es que Maite Rico fue una de los dos articulistas (el otro fue Arcadi Espada) que denunció el execrable embuste de «los niños robados por el franquismo».

Considero que la más grave patraña que ha demostrado hasta dónde pueden llegar algunas gentes sin escrúpulos para justificar sus ansias de poder, notoriedad y riqueza, es la de los niños robados por el franquismo, patraña que sigue siendo aireada por un antifranquismo sobrevenido subvencionado muchos años después de la muerte de Franco y de su régimen, gracias a las leyes ideológico-revisionistas de la historia perpetradas por el PSOE para esconder su execrable trayectoria entre 1931 y 1939, justificar su absentismo entre 1939 y 1975 y generar de nuevo una confrontación social que permita a sus dirigentes y secuaces perpetuarse en el poder y en los privilegios adyacentes.

Pues resulta que, después de todo lo vivido desde 1945, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a mucha gente de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura franquista y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la guerra o muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos «niños de la guerra» desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008, una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo por el diario El País, me sorprendió. Revelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y a familias republicanas.

El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista Interviú escritos por la periodista —y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL— María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde, con el título «La monja que trafica con niños», revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María Gómez Valbuena (de las Hijas de la Caridad) y el ginecólogo Eduardo Vela en el Patronato de Protección a la Mujer, las clínicas Santa Cristina y San Ramón y el Hogar-cuna de La Almudena desde los años 60 hasta principios de los 80. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.

También me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del «comprometido» catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricardo Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas», publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de 2008, firmado por el famoso y exjuez prevaricador Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad.

Reitero mi sorpresa cuando aparecieron en tromba noticias que, apoyadas en textos de Montse Armengou, Ricard Belis, Ángel Viñas, Ricardo Vinyes etc., aseguraban que, al menos, 30.000 niños fueron arrebatados a sus madres republicanas encarceladas o fallecidas para «venderlos» a familias franquistas o ser encerrados en orfanatos, el Auxilio Social, las colonias infantiles, etc., durante la dictadura franquista. Lo insólito era que no conociera ni hubiera leído antes un solo caso de secuestro de niños de madres encarceladas, teniendo en cuenta que tuve familiares cercanos y amigos y amigas que estuvieron presos durante el régimen, leí innumerables ensayos, periódicos y panfletos de organizaciones antifranquistas y conocí personalmente a condenadas a muerte o a largas penas por su pertenencia al PCE como Juana Doña Jiménez (1918-2003), Manolita del Arco (1920-2006) y otras menos conocidas. Incluso los testimonios escritos por Juana Doña o Tomasa Cuevas Gutiérrez muestran la dureza de la vida de las madres presas con sus hijos, pero ninguna menciona secuestros de menores. De hecho, esas mujeres compartieron sus vidas con sus hijos en la cárcel (en las galerías de madres). Sin embargo, Garzón en su auto y sus propagandistas exponían y denunciaban como política de Estado del régimen franquista el «sistemático» robo de niños a las presas rojas, peor incluso que lo sucedido después en Argentina.

En su auto judicial, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica perpetrada por el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa o incluso RTVE, dispararon todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos.

Como se puede apreciar en el Auto de 2008 accesible por internet, Garzón vincula algo forzadamente al Instituto para la Investigación y Estudio de la Herencia creado por Himmler en Mecklenburg, con el Gabinete de Investigaciones psicológicas encabezado por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera (al que llama psiquiatra en jefe de Franco) dedicado a estudiar «las raíces psicofísicas del marxismo». Así, Garzón, sin decirlo expresamente, coloca el sambenito a Vallejo Nájera como “el Mengele español” y relaciona a los “niños perdidos” con los robados durante las dictaduras de Vileda y Pinochet en Argentina y Chile. Naturalmente, estas relaciones sirvieron para muchas iniciativas posteriores, por ejemplo; para que su amigo el abogado argentino Carlos Alberto Slepoy Prada en 2010 pusiera en marcha la “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruida por la juez María Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina.

A pesar del artificio jurídico de su auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan de Estado de la dictadura de Franco para robar miles de niños a presas y madres «republicanas», para ser criados en los principios franquistas. De hecho, Garzón solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente, tamaña acusación generó los correspondientes organismos y asociaciones para indagarla. Así, «los niños robados por el franquismo» se convirtió en leitmotiv de la memoria histórica oficial establecida por el gobierno del PSOE. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, folletinescos melodramas como «El silencio de otros» (2018 producido por Pedro Almodóvar) y, por supuesto, las consabidas novelas de Almudena Grandes Hernández «El lector de Julio Verne» (2012) y «La madre de Frankenstein» (2020), o “Mala gente que camina” (2011) de Benjamín Prado.

Pronto, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. ¿Quién era el guapo que se exponía a poner ponía en duda públicamente que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995, 20 años después de la muerte de Franco) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas? Incluso los católicos «progresistas» reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.

Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales para asistencia jurídica y psicológica de las «víctimas», una fiscalía especializada, una unidad de policía especializada, una Comisión Estatal, etc., etc.

El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados (sigue activa subvencionada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada dirigido por el PSOE) donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por considerar que la había comprado y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC; News Mundo.

Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unido/as Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: «mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX». Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país».

Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado.

Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid.

Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son: «78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.

Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad, pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela (falleció el 21 octubre 2019) al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, ni siquiera a sus padres adoptivos, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.

Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. (ENLACE AL ARTÍCULO). A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” (ENLACE AL ARTÍCULO) donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: «Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento» (11 de mayo de 2011). «Vicky conoce a su gemela con 51 años» (12 de mayo de 2011). «Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas» (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.

Si no conociéramos el percal oportunista de los antifranquistas sobrevenidos, podríamos asombrarnos de que a pesar de las pruebas concluyentes de que los niños robados por el franquismo es una trola monumental, nos asombraríamos de su contumacia. Pero los casos de Eugenio Fuentes con su novela «Piedras Negras» (2020), el film «Madres paralelas» (2021) dirigido por Almodóvar, Amnistía Internacional que lejos de borrar el bulo insiste en la “denuncia”, la Fundación FIBGAR, presidida por el mismo Baltasar Garzón, el Instituto Cervantes o la Asociación SOS Bebés Robados Madrid subvencionada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada gobernado por el PSOE, Izquierda Unida, etc. impasibles el ademan mantienen la engañifa de los bebes robados por el franquismo.

¿Qué podemos esperar de esa Comisión de la Verdad presidida por Baltasar Garzón con su hija María Garzón Molina de vocal en el Consejo de Memoria Democrática y su actual compañera ahora fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado y ex fiscal general del Estado nombrada por Pedro Sánchez, Dolores Delgado García? Y mientras tanto, el gobierno dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus aliados supremacistas, han aprobado dos amnistías, una «legal» para los golpistas catalanes y otra camuflada para los esbirros de ETA quienes son homenajeados en los aquelarres llamados “ongi etorri” cuando son liberados de la cárcel.

 

GOLPE DE ESTADO

 
 

EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA

En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.

 
 
 
 
 

¿Es conspiranóico atisbar que las próximas elecciones generales que convocarán Pedro Sánchez y sus aliados serán plebiscitarias con un ¡YO O EL FASCISMO! que justifique una ley habilitante como: «La Ley para remediar la miseria del pueblo y del Reich» instruida por Hitler en marzo de 1933, o las perpetradas por sus amigos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro?

 
 

NB: 01/07/2026 – SOBRE LA LLAMADA LEY DE NIETOS

La “Ley de Nietos”: un instrumento más para perpetrar el golpe de estado.

¿Qué es la «Ley de Nietos?

‘Marque aquí’ su circunscripción

La custodia del voto CERA

La democracia es el voto de MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLÍTICA (DEMOS)

El reconocido periodista, Francisco Rosell publicó el 1 de julio de 2026 en El Debate un artículo titulado “El ladrón de urnas Sánchez y la estafa de los votantes oriundos” con la siguiente entradilla: «Sánchez está resuelto a hacer saltar las urnas con esa explosiva carga de votantes oriundos con los que quiere pasaportarse su impunidad y la de quienes roban todo lo que tocan. A este fin, pretende certificar, como en el adagio latino, que «el pueblo quiere que le engañen». Y tras enumerar el rosario de imputaciones por todo tipo de corrupciones de la mafia gobernante concluye: «Sánchez está resuelto a hacer saltar las urnas con esa explosiva carga de votantes oriundos con los que quiere pasaportarse su impunidad y la de quienes roban todo lo que tocan. A este fin, pretende certificar, como en el adagio latino, que «el pueblo quiere que le engañen» («Vulgus vult decipi») usando sus medios al servicio de su manipulación y engaño». (Enlace al artículo)

¿Qué es la «Ley de Nietos?

No obstante, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática firmada por la entonces Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago (hermana del Ministro Oscar Puente) en el BOE: (ENLACE AL BOE) estableció que eran exiliados todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y …

En otras palabras, donde la ley exigía probar el exilio, una instrucción administrativa proclamó que bastaba con “acreditar” la salida de España en esas fechas. Con ello abrió la puerta a meter como “exiliados” a simples emigrantes económicos. La barbaridad jurídica es evidente: una instrucción no puede ampliar una ley ni inventarse una presunción que el Parlamento no aprobó. Y las consecuencias no son menores: nacionalidad, voto, libre circulación por la UE, ayudas públicas, pensiones y derechos transmisibles a descendientes.

Por lo demás, esta disposición parte de una falacia histórica monumental porque a muy pocos exiliados del Frente Popular, incluidos los dirigentes, se les retiró la nacionalidad española mientras que muchos volvieron a España durante el franquismo. Por otra parte, la inmensa mayoría se refugió en Francia mientras que el por entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, concedió asilo político a unos 20.000 refugiados españoles, siendo la «inmigración intelectual» (dirigentes e intelectuales del Frente Popular) unos 6.000. Los exiliados de la guerra civil en el resto de Iberoamérica fueron exiguos. Otra cosa fue la emigración económica que durante las décadas de 1940 y 1950 fue numerosa. Por consiguiente, permitir a supuestos nietos, bisnietos y tataranietos de exiliados, incluyendo también a quienes emigraron hasta el 31 de diciembre de 1955, es un alarde de manipulación grosera. De esta guisa, la documentación exigida a los pretendientes a españoles es tan amplia como trivial. Por ejemplo; se admite documentación de instituciones, sindicatos o partidos políticos reconocidos por España, por supuesto incluido el PSOE, o por el país de acogida que acrediten haber sido refugiados.

Las fuentes más precisas aseguran que se han presentado más de 2,5 millones de solicitudes, principalmente de Argentina, Cuba, México, Venezuela y otros países de Iberoamérica. El caso más alarmante es el de Cuba donde apenas se refugiaron 500 exiliados y aparecen 350.000 descendientes que piden la nacionalidad española, por lo que el departamento de Estado de EE.UU. se muestra preocupado por la posibilidad de que los dirigentes de la dictadura utilicen esta vía para eludir sus responsabilidades penales.

Reparemos que conceder la nacionalidad española por los mencionados motivos es una injusticia hacia los españoles por igualar en derechos a los nacidos, criados, educados y contribuido al erario del Estado español con quienes en su inmensa mayoría ni siquiera han pisado suelo español. Se trata de personas que no pagaron ni pagan impuestos, no sufren las consecuencias de las políticas nacionales y no conocen la realidad cotidiana de España. Así, la supuesta reparación de una conjeturada injusticia “histórica” se convierte en un derecho político heredado (lo hacen quienes critican y castigan las herencias de padres a hijos) que diluirá la soberanía y devaluará la capacidad de decisión de los que realmente habitan España y contribuyen al sostenimiento del Estado.

Por lo tanto, con esta maniobra el Gobierno de Sánchez trata de inflar el censo exterior y con ello facilitar un voto por correo (sin custodia estricta en algunos países) que podría alterar escaños en circunscripciones ajustadas.

De esta suerte, en los consulados podrán asignar arbitrariamente la provincia de voto a los nuevos nacionales si no eligen una expresamente. En provincias que reparten entre 3 y 5 diputados (como Zamora, Ávila, Palencia, Lugo, Orense, Asturias o Huesca), el último escaño en disputa se dirime habitualmente por márgenes de apenas unos cientos de votos entre los restos de los partidos tradicionales. Si en una provincia interior con un censo local envejecido y decreciente irrumpen de golpe entre 15.000 y 25.000 nuevos electores activos desde el exterior a través de la Ley de Nietos, «el peso específico de un voto emitido en Buenos Aires o La Habana pasa a ser matemáticamente superior y más decisivo para adjudicar un escaño que el voto de un residente local«.

A la par, obvio es que no pocos «nuevos españoles» sean dirigentes y sicarios de los regímenes de Cuba, Venezuela, México y Nicaragua y que, en un momento dado, puedan eludir sus criminales responsabilidades gracias al pasaporte español.

Hasta ahora se han concedido cientos de miles (alrededor de 300.000-500.000 registradas/aprobadas según fuentes recientes), lo que aumenta el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes).

La apoteosis de estas felonías la interpretó la lideresa de Podemos Irene Montero cuando posesa gritó: «Ojalá la teoría del reemplazo; ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante» mientras que nuestra nación se diluye, los sueldos y la productividad decaen y cada día la vida de la inmensa mayoría de españoles es un poco peor. Esta bomba de relojería avalada por la Conferencia Episcopal española encabezada por el arzobispo marxista-leninista Luis Argüello, además de alterar el censo futuro y favorecer a mafias y ONGs adheridas, ni siquiera se plantean que toda regularización masiva de inmigrantes (de hecho, es el perdón de un delito) introduce una discriminación contra quienes han llegado de forma legal, aquellos que han respetado las reglas, soportado un calvario burocrático que puede durar años, con altos costes económicos y psicológicos, esas gentes que tras acatar las leyes han descubierto, con perplejidad, que residir y trabajar en España de manera legal es un menoscabo.

Realidad objetiva:

Aumento significativo del censo exterior por esta Instrucción Seudoley. Es un cambio demográfico real y rápido. El incremento de nacionalizados ha provocado un aumento sin precedentes del voto exterior (CERA), destacando provincias como Madrid, donde en menos de tres años se sumaron 106.000 nuevos electores.

La externalización de las gestiones y la adscripción flexible a circunscripciones electorales suscitan dudas respecto a la fiabilidad y justicia del sistema para incorporar nuevos votantes. También existe un riesgo grave de irregularidades de un voto por correo en países con poca supervisión, posibles abusos en solicitudes masivas, o falta de verificación estricta de los requisitos.

‘Marque aquí’ su circunscripción

Para quienes no han vivido jamás en España, la normativa permite vincular su censo electoral al municipio donde sus antepasados tuvieron su última residencia, aunque en la práctica nada impide que decidan el que más les conviene.

Así, tras obtener el pasaporte, para inscribirse en el censo el nuevo español tiene que cumplimentar un formulario necesario, aunque no es obligatorio, donde elige el municipio al que se desea —según reza el documento— quedar «adscrito a efectos electorales». ENLACE AL DOCUMENTO DE DECLARACIÓN EXPLICATIVA

Como se evidencia, el formulario plantea diversas opciones para justificar la elección: «Municipio de última residencia», «de mayor arraigo propio» o «de mayor arraigo de ascendientes». Existe una cuarta opción: «Otros motivos (especifíquelos)». Esta opción es la que más alarma a conocedores internos del sistema. ¿La razón? Permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde ejercerá su voto —Cádiz, Cuenca o cualquier otra— alegando motivos difíciles de comprobar.

Así, los nuevos españoles pueden adscribirse a un municipio sin vínculo real, más allá de marcar una casilla en un formulario, lo que abre la puerta a que una parte de este electorado decida escaños en ciertas circunscripciones. También sucede que cuando el votante no ha especificado la circunscripción, es la oficina del censo electoral la que determina a qué provincia va ese voto. Alarmante es que, en las recientes elecciones autonómicas de Andalucía, el PSOE ganara en el voto extranjero (CERA) +5,2%, tras perderlas por 19 puntos en el voto presencial en las urnas.

Llegados aquí, es imprescindible resaltar que el Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a emigrantes a superar un complejo procedimiento para votar. Esta reforma causó un aumento claro en la participación del exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a alrededor del 10% en 2023, un incremento cercano al 47%.

La custodia del voto CERA

Tras la reforma electoral de la Ley Orgánica 12/2022 el 30 de septiembre de 2022 el gobierno de Sánchez y sus secuaces eliminaron el voto rogado. Así, ya no es necesaria la solicitud para votar en el exterior, sino que es la Oficina del Censo Electoral quien envía directamente a cada inscrito en el censo todo lo necesario para ejercer el voto desde el extranjero. Esto incluye papeletas, sobres, un certificado de inscripción en el censo y un manual con instrucciones.

El votante residente en el extranjero dispone entonces de dos alternativas. Puede acudir personalmente a su embajada o consulado, mostrar pasaporte o DNI ante un funcionario y depositar la papeleta en urna, igual que en un colegio electoral en España. O puede elegir la opción más “práctica”: enviar por correo la fotocopia del documento de identidad y el certificado del censo firmados dentro del sobre con la papeleta, al consulado correspondiente. Esta modalidad difiere significativamente del voto por correo dentro de España.

Tras el escándalo de compra de votos en Melilla en 2023, la Junta Electoral reforzó los controles del voto por correo, pero no los del voto CERA. Cuando se envía el voto desde el extranjero, nadie verifica la identidad en el momento de entrega; la fotocopia del documento viaja junto a la documentación y sólo se verifica posteriormente cuando el consulado y la Junta Electoral abren y validan los sobres. Así, la papeleta circula separada de los papeles que acreditan la identidad, todo a través del sistema postal internacional sin control presencial.

El informe de la consultora Freemarket Corporative Intelligence advierte que la «Ley de Nietos» incorporará hasta 1,3 millones de nuevos votantes extranjeros al censo electoral español. El estudio destaca que este torrente de votos tendrá un impacto decisivo y podría alterar las mayorías en futuras elecciones.

Impacto territorial: Más del 70% de estos nuevos electores proceden de Iberoamérica (destacando Argentina con el 40%, Cuba, Brasil y México). Distorsión en las circunscripciones: Dado que muchos de los nuevos inscritos no tienen arraigo directo en una provincia española específica, su voto podría terminar asignándose a provincias pequeñas y menos pobladas, alterando el peso de cada escaño.

Incertidumbre en los escrutinios: Las noches electorales perderán su capacidad para ofrecer resultados definitivos, ya que el recuento del voto exterior será matemáticamente superior y decisivo en circunscripciones con menor censo local.

 

La democracia es el voto de MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLÍTICA (DEMOS)

Sólo ellos pueden votar porque solo ellos serán beneficiados o perjudicados por lo que elijan.

¿Por qué no se permite votar a los que NO SON MIEMBROS? Porque no deben decidir quién y cómo gobernará una comunidad que no es la suya.

La comunidad política puede crecer, incluyendo nuevos miembros con ciudadanía y derecho al voto. Pero no puede componerse de miembros con todas las obligaciones, y de no-miembros con derecho a votar, pero sin ninguna obligación, como pretende la Ley de Nietos. Eso deja de ser democracia porque no hay demos con poder soberano sobre sí mismo.

Por estos motivos los españoles no podemos votar en las elecciones generales de Portugal, o de Francia, por mucho que nos gusten esos países, y pese a ser miembros de la Unión Europea. Y viceversa. Las democracias entienden la soberanía y la ciudadanía como derecho al sufragio de sus ciudadanos, con obligaciones y derechos propios.

Acciones legales:

El partido Antipartido: Iustitia Europa ha elevado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para fiscalizar las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Por su parte, Vox ha solicitado la nulidad de las instrucciones del Ministerio para frenar las concesiones.

Hazte Oír ha presentado una querella contra la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, por un presunto delito de prevaricación cometido mientras ocupaba el cargo de Directora General del Ministerio de Justicia. La asociación la acusa de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.

 
 
 

«Que la prudencia no nos haga traidores»

NB 23/11/2025

Atrincherado en una deleznable mayoría parlamentaria conformada por quienes tienen como primer objetivo destruir España, el sanchismo ha derivado en un régimen de corrupción administrativa desplegado sobre una trama sectaria que ha asaltado las instituciones, empresas públicas, semipúblicas como Indra Sistemas, S.A. y privadas estratégicas como Telefónica.

Dicha mayoría fue comprada por el PSOE con indultos y amnistías a los golpistas catalanes, privilegios y condonaciones de la deuda de Cataluña, blanqueado del partido de ETA que incluye el bienestar para los pocos etarras presos con la connivencia de los siempre alevosos del PNV, además de otras disfrazadas regalías mercadeadas en zahurdas de Suiza y Bélgica.

En realidad, a Pedro Sánchez Pérez-Castejón solo le falta el control del poder judicial para consolidar su ya despótico régimen. Lo lleva intentando desde el principio y, en buena parte, ya lo ha conseguido. Así, controla el Tribunal Constitucional, no tanto el Consejo General del Poder Judicial mientras que, la condena del fiscal general del gobierno por revelación de secretos por el Tribunal Supremo, ha confirmado que el fiscal de Sánchez, García Ortiz, emprendió una guerra sucia política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Semejante varapalo ha soliviantado y embravecido a Sánchez hasta el punto de que su ira puede romperle la mandíbula. Por ende, el gobierno ha redoblado sus ataques a los jueces que cumplen con su deber y azuzado a sus huestes mediáticas para que aseveren que, la condena al fiscal de Sánchez es un golpe judicial y los jueces que no se rinden a las órdenes del “puto amo” son prevaricadores. Esta campaña de agitación y propaganda solo tienen una explicación lógica: consumar el asalto al Poder Judicial de España.

Pensar que con los antecedentes históricos del PSOE y los ya consumados por Sánchez y sus secuaces, esta caterva no se atreverá a intentar un golpe que les consolide en el poder indefinidamente, es algo peor que una ingenuidad. Por consiguiente, me parece que la frase atribuida al filólogo y nacionalista catalán, Jordi Carbonell: «Que la prudencia no nos haga traidores», los españoles debemos de aplicárnosla de inmediato.

 
 

NB 23/09/2025: Publiqué este artículo el pasado abril, con la única pretensión de exponer una inquietud basada en datos históricos sobre los golpes de estado “de la ley a la ley”, cuya constante inicial es el asalto a las instituciones del Estado que permiten la imposición en el momento oportuno de “leyes habilitantes” con las que se implanta el nuevo régimen dictatorial, como sucedió cuando Hitler hizo aprobar la Ley habilitante en 1933 y Hugo Chávez en el 2000.

Ante esta lección histórica, el deducir la probabilidad de un proceso de liquidación de la ya corroída Constitución Española por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en contubernio con sus socios ultraizquierdistas reaccionarios y supremacistas catalanes y vascos, al entender que no solo puede ser derrocado como consecuencia de perder las elecciones sino que, además, como consecuencia de la enorme corrupción generada por su gobierno, hay grandes posibilidades de que él, junto con no pocos familiares y secuaces, terminen en la cárcel, no es, en mi opinión, una hipótesis descabellada.

Como detallaré, su régimen ha consumado el asalto a las instituciones y empresas públicas, semipúblicas y privadas estratégicas como: el Tribunal Constitucional, la fiscalía aún ocupada por un procesado por un delito de revelación de secretos, el Consejo de Estado, el CIS, Renfe, AENA, INE, Correos, RTVE, Banco de España, Agencia EFE, etc. etc. sin olvidar Indra, la empresa encargada de la defensa, ciberseguridad y el recuento de votos.

Y aunque sabía que el cabecilla de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, estableció desde los inicios de su partido “un horizonte de una república plurinacional y solidaria”, no imaginé que tras ser Vicepresidente del gobierno de Sánchez, luego propietario de un canal de TV y de una taberna, persistiera ahora en su objetivo de forma tabernaria, se dedique a amenazar escupir hiel y mencionar posibles fusilamientos con el obvio objetivo de meter prisa a Sánchez. Ante la obviedad de que las declaraciones de Iglesias Turrión son un alegato incitador de un golpe de estado, he añadido un corte del vídeo en que Iglesias declara sus deseos.

Y con ser un golpe de estado una amenaza terrible por las consecuencias que pueda tener, los nubarrones se ennegrecen aún más cuando se observa la posibilidad de que el probable golpe de estado del PSOE de Sánchez y sus secuaces, constituya la transformación de España en una colonia de la República Popular China, como de facto ya lo son numerosos países de África —One Belt, One Road en África— e Iberoamérica a través de la «diplomacia de la deuda» que en España se ha establecido con la Asociación Estratégica Integral entre China y España establecida por la estrategia de “El Frente Unido” que en palabras de Xi Jinping es «una importante arma mágica para reforzar la posición dominante del Parido, y para llevar a cabo el Sueño Chino del Gran Rejuvenecimiento de la Nación China».

El primer golpe de estado moderno “incruento”, de la ley a la ley, se remonta al conocido “18 de brumario” perpetrado por Napoleón Bonaparte al 9 de noviembre de 1799, con el que liquidó al inestable directorio que pretendía moderar la Revolución francesa. La consecución posterior de otros muchos golpes de estado cesaristas, a través de manipulaciones legales, llevó a la elaboración de diferentes tesis entre la que destaca “Técnica del golpe de estado” (Technique du coup d’etat – 1931) del periodista y dramaturgo italiano, Curzio Malaparte en la que, entre otros, desentraña varios golpes de estado; el Bolchevique y la táctica de Trotski, el 18 de Brumario, el de Primo de Rivera finalizando con la Marcha sobre Roma, de la que el propio autor fue partícipe, liderada por Mussolini con la que se inicia el golpe que estableció el fascismo.

Algunos autores aseguran que el ensayo de Malaparte inspiró a Hitler tras su fracaso en el Putsch de la cervecería de Munich. Sea cierto o no, fue una ley habilitante o de plenos poderes la que el Parlamento alemán concedió a Hitler en 1933, y sobre la que con velocidad de blitzkrieg estableció «legalmente» su tiranía. Y fue Carl Schmitt quien con “El guardián de la Constitución” (Der Hüter der Verfassung 1931) se convirtió en el jurista del Tercer Reich. Así, la ley habilitante fue aprobada por el Reichstag (Gobierno) y proclamada con el consentimiento del Reichsrat (Parlamento), estableciendo una enmienda constitucional que permitió la reforma de facto de la constitución al permitir al gobierno del Reich, encabezado por Hitler, solucionar las “Urgencias del Pueblo y la Nación Alemana” mediante las leyes que él considerara oportunas.

Establecido el modelo ley habilitante como recurso “temporal” de cesión de poder que el Parlamento concede al Gobierno para hacer frente a una situación de emergencia, (ver las leyes habilitantes decretadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela) para implantar un golpe constitucional, no deberíamos extrañarnos la admiración de Ínigo Errejón y Pablo Iglesias y demás líderes de Podemos, Sumar con sus ramas En Comú Podem, Compromís, Más Madrid, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, IU, ERC, PNV y Bildu por la figura de Carl Schmitt, por cuanto inspiran buena parte de su estrategia al ensayo “Teoría del Partisano” (1.ª ed. 1963) en donde el jurista nazi alemán establece los mecanismos legales para lograr «el estado total hobbesiano». Así, «El combatiente que criminaliza a su adversario y se propone exterminarlo por todos los medios. Es el combatiente irregular que se confunde con la población civil y ataca por sorpresa a las tropas regulares en la retaguardia. No porta sus armas a la vista, no se identifica como combatiente, y su lucha imprevisible no renuncia a nada que pueda dañar al enemigo».

En este corte, el mandamás de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, declara sus intenciones de forma tabernaria, escupiendo miedo y hiel y hablando de fusilamientos de establecer una república plurinacional y solidaria con el obvio objetivo de meter prisa a Sánchez.

A estas alturas, tras las infames e inconstitucionales leyes y órdenes del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, tal que la amnistía a los golpistas catalanes o la derogación del delito de sedición, junto con la ocupación de las instituciones y la corrupción sistémica en la que se evidencia a Mr. X en su persona, resulta estéril especular si el presidente del gobierno ha leído y asumido las estrategias golpistas de Gramsci, Ernesto Laclau-Chantal Mouffe y Carl Schmitt como hacen los jefes de sus aliados ultraizquierdistas y supremacistas. De hecho, los inspiradores de Benito Mussolini fueron notables intelectuales como Gabriele d´Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Alceste De Ambris y otros muchos. Igualmente, Sánchez se ha rodeado de centenares de avisados estrategas. Desde el jefe Diego Rubio, cuyo título de tesis doctoral “La ética del engaño: secretismo, transparencia y falsedad” es más que relevante, hasta inquietantes personajes como Ángel Alonso, Paco Salazar y el reciente fichaje Idafe Martin Pérez, un demagogo periodista habitual del insulto y recreador del término “fachosfera” en el compendio de artículos publicados en El País con el título “Libre de estilo: Cuentos de la fachosfera”.

Por supuesto, en este lote de Maquiavelos posmodernos globalistas arropadores serviles de Sánchez y admiradores del sistema de crédito social de la República Popular China (Enlace a “SECRETOS” DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA), no podemos olvidar al actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García y su mentor el reconocido masón el director general de asuntos políticos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España Antonio Hernández Espinal. Como admitir que apenas quedan restos de poderes independientes en el Estado español, y que Sánchez cuenta con los instrumentos suficientes para dictar la ley habilitante golpista que aniquile la Constitución, cuyos precedentes son los decretos declarados inconstitucionales que impusieron el estado de alarma por el COVID-19, demasiados cándidos de derechas e izquierdas no asumen que el PSOE puede perpetrar un golpe, a pesar de todos los indicios y de la historia del PSOE (enlace a CONCISA HISTORIA DEL PSOE .

Porque para la personalidad narcisista, egocéntrica y arrogante de Sánchez, es insoportable no deshacerse de los jueces cumplidores de la ley, de los pocos medios críticos, de las redes sociales donde se le critica o de la oposición radical de VOX, por lo que no hace falta más que observar sus mandíbulas desencajadas que evidencian su frustración, al menor episodio que trabe sus deseos. Frustración que multiplica al no lograr manejar y controlar el laberinto que lo acogota, incluyendo a los erráticos partidos que le sostienen con pinzas. Por consiguiente, teniendo en cuenta su currículo, es más que previsible que Sánchez y sus consejeros no vean otra salida para mantenerse, mejor dicho, perpetuarse en el poder, que imitar a Teseo cargándose al Minotauro que para él es el Estado de Derecho que con no pocos desaciertos determina la vigente constitución.

Cuando el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Alejandro Fernández, ha equiparado la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana” que presentaron hace unos días JxSí y la CUP con la asamblea constituyente de Venezuela, advirtiendo que los independentistas han convertido Catalunya en una «autocracia«, opino que debería ampliar el foco y mirar al Palacio de la Moncloa.

Porque no hace falta mucha imaginación para sospechar que Sánchez, con el beneplácito de sus aliados; Sumar con sus ramas En Comú Podem, Compromís, Más Madrid, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, IU, más ERC, PNV y Bildu, convocará en el momento que mejor le convenga unas elecciones generales plebiscitarias revestidas por un Yo o el fascismo que, de triunfar, supondría la aprobación de una ley habilitante que imponga, como hizo el alemán nacido en Austria y luego un tal Hugo Chavez en Venezuela, su poder absoluto como Virrey del “Virreinato de China de los Pueblos de España” con un preámbulo de este estilo: Nosotras, nosotros y nosotres, miembros, miembras y miembres descendientes de los ancestrales pueblos y naciones de la península ibérica, trabajadoras y trabajadores de toda clase instituidos en jerarquías de dirigentes, administrativos y administrados, de la mano de nuestro caudillo y virrey Pedro Sánchez, iluminado por el pensamiento de Xi Jinping, nos declaramos súbditos de la República Popular China dirigida por el Gran Timonel y lingxiu (领袖) Xi Jinping.

Y no esperen nada de la UE cuya Comisión Europea amachambrada en la coalición de populares, socialistas, liberales y verdes regida por personajes como Ursula von der Leyen, Christophe Hansen, Kaja Kallas, Stephane Séjourné o Teresa Ribera, porque, como ya sucede en muchos países miembros, los golpes de la ley a la ley ya se están dando con la complicidad de los mencionados partidos.

CHINA COLONIZA ESPAÑA

O cómo funciona el contubernio entre los amos del Partido Comunista de China y las bandas de rapaces “españoles” que colectan mucho más que treinta monedas de plata.

 

Publicada la segunda parte de este artículo bajo el título: CHINA: EL SOCIO DEPREDADOR al que pueden enlazar aquí.

 
 

EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA

En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.

 
 

 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

LA ESTELA DEL GRAN APAGÓN

EL PINGÜE NEGOCIO DE LOS ECOLOGETAS

EL REVELADOR DECRETO LEY “ANTIAPAGONES”

DECRETOS ANTIAPAGONESES PARA ILUMINAR CHINA

TODOS EN TROPEL VISITAN A XI JINPING

EL CABILDEO COMO INSTRUMENTO DE DOMINIO Y COLONIZACIÓN

ABRUMADORAS CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

 

NB 25/09/2025: Ante algunas críticas más o menos veladas sobre la tendenciosidad ideológica de este artículo, añado esta nota con el fin de aclarar algunos aspectos dejados en el tintero el pasado agosto.

Para que nadie se confunda, declaro que la experiencia de la vida y el raciocinio me han conducido al sostenimiento de valores políticos y sociales que de forma muy concisa expongo seguidamente:

I. Los individuos adultos tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre las cuestiones importantes acerca de sus propias vidas, pero no pueden violar los mismos derechos de otros.

II. Los individuos tenemos derechos naturales, independientes del estado.

III. No hay incompatibilidad entre los derechos individuales y el bien común.

IV. El cometido del estado de derecho democrático es garantizar las libertades y derechos individuales, la igualdad ante la ley, la defensa de la ley, de la propiedad privada individual y colectiva, del territorio y del bien común. La Historia demuestra que toda extensión de dichos cometidos conduce a la arbitrariedad y a la opresión.

Partiendo de estos principios, sostengo que la opinión que expongo en este artículo, está fundamentada en datos históricos y contemporáneos. De ellos, he deducido que lejos de ser ese Club de VIPS de 96 millones con el que los lobistas y comisionistas alrededor de Grupo Cátedra China, bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero proclaman, afirmo que el Partido Comunista de China 中国共产党Zhōngguó Gòngchǎndǎng (PCC), es una centenaria organización leninista piramidal que ha absorbido los fundamentos de las triadas mafiosas chinas hasta devenir, purga tras purga criminal, en una élite aristocrática hereditaria justificada sobre una doctrina mesiánica salvaje, con el fin de eternizarse en el poder absoluto.

Aunque existen innumerables pruebas documentadas que refrendan que la mayor organización criminal de la historia de la humanidad es el Partido Comunista de China, considero que el testimonio de Desmond Shum, autor de “Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today’s China” (Ruleta Roja: Una historia desde dentro sobre riqueza, poder, corrupción y venganza en la China actual – 2021), es un texto valiosísimo para entender el entramado mafioso de funcionarios, familias y redes organizadas encabezado por «la aristocracia roja».

Un ejemplo de cómo se las gastan los amos de China es el juicio estalinista del gerifalte del PCC en 2013, Bo Xilai, promovido por Xi Jinping nada más ser investido secretario general del PCC en 2012 (es también presidente de la República desde el 14 de marzo de 2013), justificado por una campaña anticorrupción. El ser publicitado por Xi como aviso a pulsiones desobedientes, el juicio tuvo la feliz derivada de exponer con crudeza la podredumbre del régimen chino, podredumbre que meses más tarde suscitó la curiosidad de Bloomberg L.P. sobre el patrimonio familiar del presidente chino, Xi Jinping que ya en 2013 ascendía a 310 millones de euros y al 18% por ciento de una compañía de minerales raros valorada en 1.340 millones de euros. Tras purgar a más de un millón de supuestos cuadros «corruptos» hace más de una década, Xi cerró todas las salidas, salvo la de un gobierno vitalicio. Ahora, según varios informes, podría estar buscando una salida mediante una medida sin precedentes: entregar el poder a su hija, Xi Mingze imitando con ello a la familia Kim que subyuga Corea del Norte desde 1948.

Fue Xi Jinping quien estableció en 2013 un proyecto expansionista neocolonialista llamado: Iniciativa de la Franja y la Ruta (OBOR-2013-2050) también llamada Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI. Este proyecto en plena ejecución codicia el control de infraestructuras de comunicaciones (ver conflicto con EE.UU. en el Canal de Panamá), energía, minería, industria e incluso temas culturales en todo el mundo. Así, en palabras de Xi Jinping OBOR-2013-2050 es: «una importante arma mágica para reforzar la posición dominante del Partido y llevar a cabo el Sueño Chino del Gran Rejuvenecimiento de la Nación China».

Resulta que el arma de Xi es una derivada neocolonialista global que va penetrando en países de Eurasia, África, Iberoamérica y otras regiones, mediante la financiación de infraestructuras logísticas y la promoción de inversiones, cooperación económica y tecnológica. De esta forma, más de 150 países y 30 organizaciones internacionales han firmado acuerdos económicos con China; prácticamente todos los africanos e Iberoamericanos. China financia y desarrolla «la diplomacia de trampa de deuda«, dejando a muchas naciones, sobre todo las de África, cargadas con préstamos que no pueden pagar y que China recupera a través de explotaciones mineras y energéticas y extracción de riquezas varias.

España no ha firmado un acuerdo basado en la Franja y la Ruta (OBOR-2013-2050), sin embargo, como se puede deducir de los datos que expongo en este artículo, considero que la Asociación Estratégica Integral entre España y China firmada en 2005 por el gobierno de Zapatero, ampliado con el Plan de Acción (2025-2028) para fortalecer la asociación estratégica integral entre la República Popular China y España firmado este año por Pedro Sánchez, constituyen un abrazo del dragón chino que conlleva el dominio de España.

Y si del estudio de los datos he sacado las conclusiones que expongo, es deducible que no tengo un ápice de “chinófobo” que, al parecer, el lobista promotor de negocios en China, Julio Ceballos dedica un capítulo en ‘Observar el arroz crecer‘ (2023). Por el contrario, considero que la milenaria cultura china contiene valores como la familia, el mérito, el “guanxi” (relaciones sociales de reciprocidad), la compasión filial y el respeto a los mayores, que las ideologías y doctrinas derivadas del posmodernismo están barriendo en occidente.

Reitero que, a pesar de su extensión, este artículo solamente expone los rasgos que considero más relevantes sobre el peligro que supone para España el contubernio entre los amos del Partido Comunista de China y las bandas de rapaces “españoles”. Porque, aunque pueda parecer anecdótico, resulta llamativo que Xi Jinping en doce años haya visitado solo una vez Berlín, Roma, Londres o Madrid y, en cambio, haya recalado tres veces en Canarias. El motivo de semejante diferencia no solo es la adopción de las islas como cabecera de puente entre África e Iberoamérica, también esclarece esa querencia conocer que la empresa de explotación pesquera más importante del mundo, China National Fisheries Corporation (CNFC), tiene una sucursal ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

La leyenda tradicional cuenta que el Conde don Julián traicionó al rey visigodo Rodrigo por venganza, debido a la supuesta violación de su hija, Florinda (conocida como «la Cava»), por parte del rey. Sin embargo, la historiografía rigurosa mantiene la posibilidad de que don Julián, como gobernador de señor de Ceuta y Tánger, tuviera vínculos comerciales y de vecindad con los bereberes y los musulmanes, y que su traición fuera un movimiento para obtener beneficios políticos o económicos. Así, Julián pactó con los jefes musulmanes enviados por los Omeyas de Damasco, Tariq y Musa facilitarles el paso del estrecho. Enseguida, con los barcos de Julián, Tariq tomó Gibraltar al frente de siete mil bereberes a los que se unieron en plena batalla de Guadalete los llamados witizanos, es decir los hijos del recién fallecido rey visigodo Witiza, Olmundo, Artobás, Rómulo y Oppa, dejando disminuido el ejército del rey Rodrigo y facilitando con ello la victoria musulmana y la inmediata invasión de Hispania.

Hace mucho tiempo, incluso antes de que el audaz Antonio Escohotado osara decir que Carlos Marx no era más que un impostor, un fraude tanto a nivel humano como intelectual, logre liberarme de la perniciosa influencia de la doctrina marxista, sin embargo, su famosa frase en el “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte» «La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa» me viene al pelo para enlazar al Conde don Julián y los witizanos como alevosos colaboradores de la destrucción de la Hispania visigoda, con quienes hoy colaboran, porque se están enriqueciendo de forma fulgurante, con la invasión económica de España por la China que rige el feroz y dictatorial Partido Comunista de China.

 
 
 

LA ESTELA DEL GRAN APAGÓN

Pocos días después del apagón eléctrico de la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, el director de Servicios a la operación de Red Eléctrica Española (REE), Eduardo Prieto, descartaba el ciberataque o algún fenómeno meteorológico como causa del apagón y apuntaba a dos episodios de “desconexión de generación”, separados por un segundo y medio entre uno y otro, muy posiblemente de la generación de energía solar. La segunda desconexión terminó tumbando la red eléctrica de España y Portugal, según la explicación de este directivo.

Y aunque los medios y por supuesto el gobierno no preguntaron a los ingenieros especializados en generación y distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas de alta tensión, subestaciones y líneas de alta tensión y protección de sistemas eléctricos, cuales podrían ser las causas del colapso hasta el cero, desde el principio, en ese sector profesional no había dudas: la entrada masiva en el sistema de las centrales eólicas y solares (a las 12,30 del 28 de abril el 82% de la energía eléctrica la generaban eólicas y solares –asíncronas– 10% nuclear -4 reactores acoplados, dos de ellos a plena carga-, 3% de gas y carbón (1%) y 4% de cogeneración y residuos), desbordó la función de control dinámico de frecuencia, tensión y absorción de reactiva de la generación sincrónica de las centrales nucleares, ciclos combinados de gas, fuel, carbón e hidroeléctricas), por lo que aquel mediodía de abril se produjo, tras unos 30 minutos de intensas oscilaciones de frecuencia, tensión, potencia y pérdidas de generación por disparo, una reacción en cadena que produjo el colapso hasta el cero de tensión en el sistema peninsular español.

Las mencionadas anomalías se produjeron por caída del amortiguamiento del sistema debido al insuficiente respaldo de la generación sincrónica y ausencia de compensadores o generadores síncronos basados en sistemas FACTS de electrónica de alta potencia (sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna – Flexible AC. Transmissions Systems) que permiten controlar el flujo de corriente en las líneas de transmisión, evitan sobrecargas y permiten operar las líneas cerca de sus límites térmicos de forma segura, proveen la compensación de potencia reactiva, reduciendo con ello las pérdidas de potencia reactiva en el sistema y mejoran el factor de potencia, contribuyendo a la estabilidad de la corriente. Asimismo, los FACTS pueden limitar las corrientes de cortocircuito y sobrecarga, protegiendo los equipos y mejorando la seguridad del sistema. Por consiguiente, los sistemas FACTS de electrónica de alta potencia son INDISPENSABLES para la seguridad de la conexión a la red de las generadoras eólicas y solares.

Pasados tres meses desde aquel gravosísimo apagón, no hay un informe científico-técnico digno de tal nombre que explique con el rigor exigible las causas del corte eléctrico. La principal responsable; Red Eléctrica de España – Redeia Corporación, S.A. como transportista y operador único del sistema eléctrico español, presentó un bochornoso informe exculpándose y echando la culpa a las cinco productoras de energía eléctrica en régimen ordinario, asegurando que ellos actuaron con “absoluta diligencia”. Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que un año antes del apagón aprobó unas especificaciones laxas para calcular la capacidad de acceso firme en redes de distribución eléctrica, solo ha publicado un informe parcial el 30 de julio, afirmando que somete a audiencia pública dos circulares sobre metodología de retribución del transporte eléctrico y los valores unitarios de las instalaciones, absteniéndose de señalar responsables a los que multar por el apagón.

Otros informes como el de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) culpa a Red Eléctrica de España – Redeia de fallos en el control de tensión y señala que el sistema no tenía suficiente capacidad para manejar las oscilaciones de tensión, lo que provocó un fallo en cascada que llevó al apagón. Asimismo, Aelec crítica el informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) por estar repleto de «imprecisiones y omisiones». En realidad, estamos ante un sálvese quien pueda de la responsabilidad del desastre, desde el gobierno con su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Sara Aagesen, su Red Eléctrica de España – Redeia y las cinco productoras de energía eléctrica en régimen ordinario: Endesa, Iberdrola, Naturgy (anteriormente Unión Fenosa), EDP (España) y Acciona Energía.

Por ser el más exhaustivo, aunque sin la precisión científico-técnica debida, me sirvo del informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para el Consejo de Seguridad Nacional (el CSN lo forman el propio gobierno y sus asesores) redactado por un “Comité de Análisis de Circunstancias que concurrieron en la Crisis de Electricidad del 28 de abril de 2025” sin que sepamos quienes son sus autores, con el fin de explicitar el objeto oscuro del deseo del negocio de la electricidad en España.

Insisto en que el informe no es una auditoría independiente sino una compilación comentarios de “expertos” de varios ministerios y de las entidades que deberían ser investigadas en primer lugar; Redaia y el ministerio de la cosa. No es casual, por tanto, que este voluminoso informe, en la versión oficial publicada, emborrone (¿Por qué tanto secretismo? algunos gráficos ¿confidenciales? y datos fundamentales de los operadores, generadores, empresas, etc. que intervinieron, mientras que, por el contrario, detalla tan exageradamente las supuestas intervenciones correctores del Operador del Sistema Redeia, que convierte el relato en una extravagante absolución del principal responsable del apagón que no es otro que Redeia. No obstante, en las escuetas explicaciones sobre las causas, los clandestinos expertos señalan muy de pasada, la necesidad para la generación asíncrona (solares y eólicas) de los enlaces HVDC, con electrónica de potencia, sistemas POD (Power Oscillation Damping), equipos STATCOM con funciones POD, junto con protocolos de seguimiento y acciones coordinadas en tiempo real de la interconexión franco-española, además de incrementar el número de centrales hidroeléctricas por bombeo en España. Algo más concretos son en las recomendaciones cuando especifican la necesidad de instalar con urgencia compensadores síncronos distribuidos por el territorio peninsular para permitir el control continuo de tensión, además de aportar potencia de cortocircuito, e inercia y la actualización del sistema FACTS17, para aportar estabilidad de tensión y amortiguamiento frente a oscilaciones, además de la instalación de nuevas reactancias.

EL PINGÜE NEGOCIO DE LOS ECOLOGETAS

Sin ánimo exhaustivo, considero esclarecedor exponer unos cuantos datos que pueden mejorar la comprensión del pingüe negocio de la energía eléctrica renovable (también del hidrogeno “verde” pero lo dejo para otro suelto) impulsado por la política energética del gobierno de Sánchez, para el oligopolio compuesto por las cuatro grandes generadoras distribuidoras comercializadoras: Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy, junto con las empresas del Partido Comunista de China propietarias de buena parte de los grandes parques de renovables y monopolísticos proveedoras de equipos como paneles solares, baterías, etc. como: Corporación Three Gorges, Envision AESC, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), TDG Group – TDG Ibernavitas, China State Grid International (CSG), Go Energy Group, etc.

En primer lugar subrayo que desde 2004 el aumento de la capacidad de generación eléctrica eólica y solar no gestionable (a diferencia de las fuentes de energía como el carbón, nuclear, gas natural y parcialmente la hidroeléctrica, que pueden ser encendidas o apagadas a voluntad, mientras que la energía eólica y solar depende de la naturaleza) ha sido tan desorbitante (en 2024, representando el 56.8% del total de la generación eléctrica, con un crecimiento del 10.3% respecto al año anterior), gracias a las tarifas reguladas y las subvenciones del gobierno Sánchez y de la UE. Semejante expansión ha exigido y exige una morrocotuda inversión en la red de transporte y distribución. Así, Red Eléctrica de España – Redeia se vio obligada a invertir en 2024 más de 1.000 millones de euros, mientras que las estimaciones más conservadoras revelan que España necesitará invertir aproximadamente 52.360 millones de euros en la red eléctrica durante los próximos cinco años. De esta suerte, en 2024 España contaba con más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión, más de 6.000 posiciones de subestaciones y más de 93.000 MVA de capacidad de transformación. Esta enorme infraestructura ha supuesto que Red Eléctrica de España – Redeia cerrara 2024 con una deuda financiera neta de 5.369,9 millones de euros. ¿y quiénes pagaran/pagaremos esa deuda?

Este dispendio del gobierno de Sánchez más los que luego señalaré, son justificados con un discurso que culpabiliza a los ciudadanos del supuesto calentamiento global antropogénico basado en una hipótesis indemostrada (ENLACE A LA MEMORIA SOBRE EL APOCALIPSIS CLIMÁTICO), presenta sus disposiciones como el único camino para evitar la inminente catástrofe y considera insolidarios, negacionistas y fachas a quienes cuestionen sus tesis y sobre todo sus órdenes, puesto que este gobierno “progresista” es el único capaz de salvarnos siempre y cuando obedezcamos sin rechistar.

Recapitulemos: el precio medio de la energía eléctrica en España durante 2004 fue de 35,65 €/MWh. En lo que llevamos de año, el precio mínimo, gracias al enorme volumen de reservas de agua en los embalses y el consiguiente empleo masivo de las centrales hidroeléctricas, aconteció en abril con 108.47 €/MWh, el máximo en febrero con 168,06 €/MWh mientras que las estimaciones más optimistas calculan que el precio medio para 2025 estará en 140 €/MWh. Teniendo en cuenta que la suma de la inflación en España entre 2004 y 2024, tomando como base el Índice de Precios al Consumo (IPC), es del 51.1%, resulta que, si hubiéramos optado por ampliar las hidroeléctricas y las nucleares, el precio hoy sería de, como mucho, 53,86 €/MWh. Recordemos que el cierre nuclear costará 200 euros a cada ciudadano español con el plan actual. Así, el último informe de Enresa, la empresa estatal que desmantela nucleares, eleva el coste del apagón atómico a 17.520 millones, pero sólo hay 8.877 millones en la hucha para cubrirlo. Vamos que los españoles estamos “salvando el planeta” arruinándonos.

EL REVELADOR DECRETO LEY “ANTIAPAGONES”

El Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, «por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico», fue derogado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 22 de julio de 2025. Ante el chasco, tanto los medios del régimen como otros que presumen de no serlo, más los lobbies y think tanks patrocinados por el mencionado oligopolio disfrazado de verde, en santa alianza, de momento, con el oscuro «Gate Center» patrocinado por las gigantes China Energy Engineering Corporation (CEEC), Corporación Three Gorges, Envision AESC, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), TDG Group – TDG Ibernavitas, China State Grid International (CSG), Go Energy Group etc. unos y otros en comandita adheridos a las tetas del insondable objeto del deseo como el Global Gateway, o el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus de Úrsula y amiguitos, nos advirtieron del otro apocalipsis energético que se nos venía encima al haberse evaporado “3.000 millones en inversión”, ya que “la normativa suponía un balón de oxígeno para las renovables en un momento crítico”. Como lo leen, ahora resulta que nuestro formidable sistema eléctrico, ese “mix” energético hacia “el cero absoluto de CO2” del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) perpetrado por esa musa leguleya de la descarbonización y la sostenibilidad 2030 llamada Teresa Ribera Rodríguez, junto con el mórbido Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dirigido por Joan Groizard Payeras, recientemente nombrado Secretario de Estado de Energía, dedicado a “la asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético la gestión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética” y repartidor de los FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) que en 2023 derrochó €1.926 millones, está en peligro de colapsarse otra vez porque “las renovables eólicas y solares se encuentran en un momento crítico, con una enorme deuda acumulada”. Y lo abracadabrante del asunto es que tanto la generación eólica como la solar, han disfrutado del mayor paquete de ayudas y subvenciones de la historia. De hecho, los cálculos más conservadores estiman que entre el gobierno presidido por Sánchez y la UE han subvencionado la generación eléctrica renovable en España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. con más de €26.000 millones desde 2018.

Y resulta que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, enmarcado en el programa europeo Next Generation EU, presupuestó la disponibilidad de €163.000 millones entre 2021 y 2026. De esta cifra, aproximadamente €83.160 millones corresponden a transferencias no reembolsables, mientras que el resto se refiere a créditos. Estos fondos se suman a los €36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el PERTE de descarbonización industrial, Moves III 2025, Fondos FEDER, etc. Al mismo tiempo, el gobierno presidido por Sánchez ha disparado la fiscalidad de la generación nuclear en más de un 400%, con un incremento adicional del 50% tras el acuerdo de cierre de las nucleares de 2019, que supone 28,6 €/MWh, la más alta del mundo. Pero como el gobierno sanchista percibió que a pesar de semejante carga impositiva las nucleares podrían ser rentables, en enero de 2025 decretó una subida del 30% en la llamada “tasa Enresa”, lo que supone otros €585 millones adicionales solo para este año, lo que supera con creces sus costes operativos y conduce a su cierre definitivo.

Esta descomunal carga impositiva a la generación nuclear, junto con la interdicción de la exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minas, de minerales radiactivos, junto con la prohibición de la fracturación hidráulica de alto volumen “fracking”, (recomiendo tomar una taza de té de tila antes de comenzar su lectura) la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ha impedido el desarrollo de proyectos de centrales nucleares de tercera generación y de los prometedores reactores modulares (SMR) con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad. Esta dispendiosa planificación no puede justificarse con el impostado radicalismo verdirojo del PSOE zapatero-sanchista abrazador del pseudocientífico cambio climático antropogénico, la Agenda 2030, etc. no, hay algo más escondido. Y ese algo más que huele a podrido se constata con el dato de que la mayoría de los países europeos han tomado otro camino. Así, en 2023 se fundó la Alianza Nuclear Europea para promover el reconocimiento y potenciación de la energía nuclear como parte de la transición energética en la Unión Europea compuesta por: Francia, Finlandia, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Suecia, con Polonia, Italia y Estonia como observadores copartícipes. Y mientras tanto, el gobierno de Sánchez ha regulado el aumento de ciclos combinados de gas, limitando el uso de la energía hidroeléctrica y desdeñando centrales hidroeléctricas de bombeo.

Ante la vorágine de medidas, fondos, subvenciones y demás chollos desplegados por el gobierno de Sánchez para salvar al planeta Tierra del CO2 expelido por la humanidad, la pregunta lógica que surge en la mente es ¿y esto quien lo paga?

Por supuesto la factura de las ayudas y sinecuras que el gobierno concede a los oligopolios y transnacionales chinas la paga el consumidor español que soporta un Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) que a finales de 2023 estaba en 0,5%, en 2024 en 3,8% y desde el 1 de julio 2025 recuperó su valor originario del 5,11% que, al tratarse de un tributo especial, está sujeto al pago del IVA. Por lo tanto, su tipo real es del 6,186 % con un IVA del 21 %. De esta manera, además del roto al bolsillo al consumidor particular, los impuestos a la electricidad lastran a la industria española en Europa al reducir la competitividad de las nuestras industrias. Esta nefasta realidad es denunciada por la industria, en concreto, por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) quien en su último barómetro de julio de este año, expone que el costo eléctrico final para este sector en España alcanzó en 2025 los 63,41 €/MWh (euros por megavatio hora (MWh), lo cual es un 167% más elevado que los 23,77 €/MWh de Francia y un 43% más alto que los 44,46 €/MWh de Alemania, mientras que las compensaciones por CO2 indirecto que reciben las industrias en Alemania son notablemente mayores a las de España, donde están restringidas por la falta de presupuesto, alcanzando una diferencia de 26 euros/MWh.

En industrias importantísimas como Acerinox, Air Liquide, ArcelorMittal, Sidenor, Celsa y Tubos Reunidos, etc. el gasto eléctrico llega a representar hasta el 50% de los costos de producción, por lo que la demanda industrial ha caído un 23% en los últimos cinco años, lo que significa que una de cada cuatro productos que se producían en España han dejado de producirse.

¡Cuan caro nos está costando salvar el planeta Tierra a los españoles!

DECRETOS ANTIAPAGONESES PARA ILUMINAR CHINA

El ya archimencionado Real Decreto-ley 7/2025 “antiapagoneses” fue derogado por el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 2025. Como apuntado, este decreto es el reconocimiento tácito de culpa del apagón por parte de las administraciones del estado, incluida la supuesta empresa “privada” Red Eléctrica de España – Redeia, como agudamente ha señalado Nemesio Fernández-Cuesta en un artículo publicado en el Confidencial el pasado 2 de julio con el expresivo título: “No sabemos por qué, pero sabemos cómo evitarlo”,donde afirmaba que el decreto es la respuesta oficial al apagón y constituye un buen resumen de todo lo que se ha dejado de hacer en nuestra regulación eléctrica en estos años de Gobierno autotitulado progresista».

Entonces ¿Por qué este decreto es considerado transcendental para tantos?

Si bien enmienda la plana a las burocráticas regulaciones anteriores que el apagón demostró que fallaron estrepitosamente, aumentado las funciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto a los proveedores, también lava la cara al principal responsable del apagón; Red Eléctrica, al tiempo que declara por lo bajinis su mea culpa cuando dispone la necesidad imperiosa de «el incremento de la resiliencia de la red de transporte de energía eléctrica». Asimismo, facilita la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o para los sectores terciario y residencial. Pero lo mollar del decreto es el Artículo 8 que declara de utilidad pública las instalaciones de almacenamiento BESS stand-alone (autónomas de las plantas de generación) «a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica, requiere de un trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada», al tiempo que en el Artículo 9 simplifica casi a cero la tramitación de las instalaciones y puestas en servicio de esos almacenes BESS stand-alone. Y, por supuesto, este convoluto se acompaña con medidas fiscales y bonificaciones en el IBI y el ICIO.

Sin embargo, aunque estos almacenes suelen incluir un sistema de gestión de energía (EMS), es más que sospechoso que no se incluyan como elementos de seguridad constante, en todo momento, a los generadores síncronos basados en sistemas FACTS de electrónica de alta potencia que brindan fiabilidad a la generación eólica y solar en todo momento, mientras que los almacenes BESS stand-alone son almacenes que, por ejemplo, acumulan durante el día energía eléctrica procedente de los paneles solares para liberarla después cuando es necesaria.

En 2024, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) y BloombergNEF estimaron que la solar fotovoltaica con almacenamiento BESS stand-alone en baterías de 4 horas tiene un Costo Nivelado de la Energía (LCOE calcula el coste medio de generar electricidad durante la vida útil de una instalación de producción de energía) global de 85 a 150 €/MWh. Pero este tipo de baterías tiene un uso muy limitado: están diseñadas para desplazar unas pocas horas de generación, no para cubrir las prolongadas ausencias de sol y viento que pueden durar días o semanas.

Para terminar la faena cebadora de las mencionadas empresas apesebradas, el decreto ley concede ventajas y regalías para la generación eléctrica renovable (en realidad para solar y eólica, nada para la hidroeléctrica de bombeo), nada menos que €3.000 millones en inversión al tiempo que se aumenta el impuesto para el consumidor.

Semejante bocado justificado por los prescindibles BESS stand-alone y la generación renovable, no podía desaparecer dijeran lo que dijeran la mayoría de los diputados, por lo que los lobbies y think tanks de aquí, más el «Gate Center» de China, han conseguido que el gobierno de Sánchez se salte a la torera el Congreso de los Diputados y despiece el decreto de marras en varios para tramitarlos por vía urgente en pleno mes de agosto.

¿Cuál es la empresa china campeona del mundo en la fabricación e instalación de plantas de almacenamiento energético BESS stand-alone? Pues nada menos que China Huadian Corporation LTD uno de los cinco mayores conglomerados estatales (del Partido Comunista de China) de generación de energía junto con State Grid Xinjiang Electric Power Company y PowerChina como contratista EPC. En España tienen delegaciones las líderes globales en la producción de baterías de litio: Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) y China Three Gorges Corporation (CTG), ambas recibieron en sus sedes centrales de Pekín a Pedro Sánchez durante su reciente visita de este año a China. Además, destacan en el mismo rubro la multinacional china Sungrow que en España opera a través de su filial Soner Sorolla, TDG Ibernavitas resultante de una alianza estratégica entre el grupo chino TDG y Zeumat. Todas estas empresas y unas cuantas más operan en España, aunque algunas subcontratan con empresas españolas algunos servicios de instalación y mantenimiento. Por el contrario, los imprescindibles sistemas FACTS de electrónica de alta potencia que rinden estabilidad y calidad en las redes eléctricas, imprescindibles para la fiabilidad de la generación eólica y solar, son fabricados e instalados por reconocidas empresas europeas.

Más de un centenar de compañías chinas operan en el sector energético español. Desde Trina Solar o Chint Group, hasta China Three Gorges, los contratos para parques solares, eólicos o de hidrógeno verde les llueven del cielo del Estado español.

A pesar de la Agitprop orquestada en todo el mundo por el Partido Comunista de China y sus adláteres disfrazándose de verde, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y hexafluoruro de azufre (SF6) en China han aumentado significativamente en los últimos 3 decenios. Desde entonces, China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, incluyendo tanto CO2 como SF6.

TODOS EN TROPEL VISITAN A XI JINPING

Tras la última visita de Pedro Sánchez a Xi Jinping la segunda semana de abril de 2025, se ha producido una exuberante peregrinación de políticos españoles a China. Se trata de un auténtico rosario de romerías a Pekín, Shanghái, Wuhu, Anhui, Yangpu, etc. justificadas con todo tipo de patochadas. Invitados por los gerifaltes del Partido Comunista de China a cama. mesa y mantel de lujo visitaron la Muralla y otros monumentos y ciudades 16 alcaldes o ediles del PSOE (de municipios como Tafalla (Navarra) hasta Puebla de Cazalla (Sevilla), pasando por Zarzuela de Jadraque (Guadalajara). También la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP) fue lisonjeada por los mandamases chinos, aunque la visita más larga y florida la ha protagonizado el lugarteniente de Sánchez; Salvador Illa quien, con su numerosa delegación se paseó por China con el fin de “abrir tan pronto como sea posible una delegación de la Generalitat en Pekín”. Semejante peregrinaje a China de nuestros politicastros es solo una estrambótica consecuencia, entre otras muchas menos ocurrentes sino gravísimas, de lo que significa el oculto contubernio entre una banda de dirigentes del PSOE y PP con los mandamases del Partido Comunista de China.

Fue durante la mencionada visita de Sánchez a China cuando, tras reunirse con Xi Jinping en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai en Pekín el 11 de abril de 2025, escribió en las redes sociales el siguiente mensaje: «España y China celebran este año el 20 aniversario de su asociación estratégica integral. Con el pres0idente Xi Jinping, he abordado el nuevo impulso que hoy damos a esa asociación, con la mirada puesta en el desarrollo de unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas y en el acercamiento entre nuestras sociedades».

¿Y en que consiste esa asociación?

Rubricada por J.L. Rodríguez Zapatero y Hu Jintao en 2005, lo mollar de la «ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA» se encuentra en el apartado sexto: «China y España pondrán en pleno juego la función del mecanismo de Comisión Mixta Económico-Comercial bilateral y aportarán su colaboración a la puesta en ejecución del «Plan Integral de Desarrollo del Mercado de China» elaborado por España, así como a los planes de presencia de las empresas chinas en los mercados europeos y español, en particular, con objeto de fomentar la inversión recíproca». En realidad, su primer objetivo fue finiquitar el embargo europeo de armas a China. El segundo inaugurar una relación privilegiada, no tanto de España sino de Zapatero y sus secuaces, con la corrupta dictadura comunista china a través de lisonjas y arrumacos en forma de dineruelo. Así, para mostrar su buena voluntad, el 30 de julio de 2004 el consejo de ministros presidido por Zapatero, concedió créditos y subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) por €3,9 millones a la República Popular de China «para financiar equipamiento médico hospitalario». Estas donaciones y créditos de la humilde España a la ya por entonces próspera China, fueron anualizadas por el gobierno de Zapatero durante todo su mandato. Esta asociación ha sido ampliada y rubricada en Pekín durante la mencionada visita de Sánchez cuyo texto oficial es una muestra de desparpajo abrumadora de quien manda y quien es el mandao. <ENLACE AL DOCUMENTO ACTUALIZADO DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA

EL CABILDEO COMO INSTRUMENTO DE DOMINIO Y COLONIZACIÓN

Esta ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA es parte de la estrategia de “El Frente Unido” que en palabras de Xi Jinping es «una importante arma mágica para reforzar la posición dominante del Parido, y para llevar a cabo el Sueño Chino del Gran Rejuvenecimiento de la Nación China». La mención es un préstamo del pensamiento de Mao Tse-tung, quien ya en 1939 hablaba de “tres armas mágicas” para imponerse a sus enemigos: el Partido Comunista, la lucha armada y el mencionado Frente Unido. Desde hace dos decenios, la expansión internacional del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China ha sido formidable. Su labor se concentra en silenciar las críticas al régimen a nivel mundial, promover la propaganda en el exterior, manipular instituciones extranjeras mediante operaciones clandestinas y abiertamente ilegales y desarrollar grupos de cabildeo y presión para impulsar el dominio de un discurso globalista buenista que permita el establecimiento de regímenes adeptos en todo el mundo.

Con el apoyo del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China, en 2005 Zapatero y Moratinos impulsaron el establecimiento de organizaciones a favor de los intereses de la República Popular China, destacando como impulsor el abogado pontevedrés, Xulio Ríos Paredes. Dicha actividad fue justificada mediante los típicos tópicos de colaboración en materia «comercial, cultural y hasta «humana», humana con la dictadura comunista más implacable y sanguinaria de la historia. Así, desde 2005 hasta hoy, las organizaciones dedicadas al cabildeo a favor de la República Popular de China se han ampliado y consolidado como un pulpo de potentes tentáculos:

  1. Observatorio de la Política China
  2. ChinaLink (Chinalink ESG, es un fondo del Partido Comunista de China y Hygreen Energy)
  3. Casa Asia
  4. Fundación Consejo España China
  5. Centro Cultural Chino en España
  6. Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero (CPAFFC)
  7. Red Navarra de Estudios Chinos
  8. Asociación Cátedra China
  9. Foro España China
  10. Asociación de Amigos de China
  11. Asociación de Amigos del Pueblo Chino
  12. Y, sobre todo, el Gate Center que Zapatero fundó junto al empresario Du Fangyong en 2022.

Por si faltaba alguien en el reparto de las brevas que las empresas chinas conceden a sus facilitadores españoles de suculentos negocios, aparece en escena José Blanco López, exsecretario de organización del PSOE (antecesor en el cargo de personajes como José Ábalos y Santos Cerdán), exministro de Fomento con Zapatero, exdiputado en el Parlamento Europeo, junto con Alfonso Alonso Aranegui, exalcalde de Vitoria por el Partido Popular exministro de Sanidad del gobierno de Rajoy y expresidente del Partido Popular del País Vasco. Ambos fundan en 2018 “Acento Public Affairs S.L.”, una consultora “supraespecializada en asuntos públicos y estratégicos” el negocio y la ideología mano a mano con consejeros a relevantes políticos, en concreto a Valeriano Gómez Sánchez, Elena Valenciano Martínez-Orozco del PSOE y José María Lassalle Ruiz, Elena Pisonero Ruiz y Esteban González Pons del PP.

En octubre de 2020 los mencionados dueños de Acento registraron Acento Asia SRL, como grupo de presión en Bruselas con el objetivo de representar los intereses de Huawei, cuyo apoderado es el socio de José Luis Rodríguez Zapatero, Fangyong Du.

Es Fangyong Du, alias Miguel Duch, conocido por su apoyo financiero al think tank prochino de José Luis Rodríguez Zapatero, Gate Center, quien maneja los hilos a través de Zapatero y sus socios. Sometido ainvestigación por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a sus presuntos vínculos con los servicios de espionaje del régimen chino, durante años, Fangyong Du trabajó como asesor del principal ejecutivo de Huawei en España, Tony JinYong, además de ser la pieza clave del acercamiento de la multinacional asiática a altos cargos del Gobierno español. Por su parte, el exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha desempeñado diversas funciones dentro del lobby en el área académica, centradas en la «reflexión y el análisis».

 

En febrero de 2026, los dos jefes y exministros que representan el cabildeo del bipartidismo en España; José Blanco y Alfonso Alonso, vendieron Acento Public Affairs, al grupo francés Havas (perteneciente a Vivendi) por varios millones de euros. Ambos exministros continuarán al frente de la firma durante los próximos años para garantizar la transición y gestionar la cartera de clientes.

 
 

No menos sustancial es la intensa actividad lobbistica y propagandística del amigo de Zapatero, Xulio Ríos durante los últimos 20 años. Así, las claves de los intereses que defienden estos grupos de interés patrocinados por el Partido Comunista de China, está plasmada en el reciente ensayo de Xulio Ríos “China y España: ¿un futuro compartido?. Enfoques sobre la Asociación Estratégica Integral (2005-2025)” compendio que, naturalmente, está prologado por José Luís Rodríguez Zapatero.

No por ocultados son menos tangibles los esfuerzos del Gate Center de Fangyong Du y Zapatero para imponer la persistencia del contrato con el Cuerpo Nacional de Policía, como proveedor de la infraestructura para almacenar escuchas telefónicas llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por Huawei. Y lo han logrado presionando a Grande-Marlaska y valiéndose de la influencia del antiguo jefe de seguridad en La Moncloa durante la presidencia de Zapatero, el comisario jubilado Segundo Martínez, convertido en director de seguridad de la filial española de Huawei.

En este contexto, parece adecuado recordar que el veto a Huawei por parte de EEUU y la UE del despliegue de la red inalámbrica 5G, por ser una herramienta del gobierno chino para recopilar información y realizar actividades de espionaje, el gigante chino desplegó en España entre 2020 y 2021, toda su red de influencia para tratar de sortear dicho veto. Y entre los “consultores” que contrató la compañía asiática se encuentra Víctor de Aldama, hombre clave en el caso Ábalos-PSOE. El contrato de consultoría firmado por la empresa china y el comisionista fechado el 16 de febrero de 2021, a través de su empresa Deluxe Fortune S.L. establece un pago mensual a la empresa de Aldama de 10.000 euros mensuales más IVA. Justo 48 horas antes de que Whathefav S.L. la agencia de comunicación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, añadiese oficialmente a Huawei a su porfolio de clientes.

Con la mediación de Aldama, Huawei logró introducirse en el Ministerio de Transportes, el departamento con mayor presupuesto del Gobierno. Su prioridad era que Moncloa ignorara las recomendaciones de la Unión Europea y permitiera a la compañía participar en el despliegue de redes 5G en España. Se llevaron a cabo reuniones para discutir la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo proyectos en torno a los estadios de fútbol, aprovechando la influencia de Aldama como presidente del Zamora CF.

También parece sugerente recordar que el expresidente ejecutivo de Telefónica S.A., José María Álvarez-Pallete López, en 2019, aprobó que Huawei desplegaría la red inalámbrica 5G en España. Sin embargo, un año después, Álvarez-Pallete ordenó la eliminación gradual del equipo de Huawei de sus redes 5G críticas en España y adjudicó a Nokia la última parte de su núcleo 5G, completando la eliminación de Huawei. Aunque no ha sido explicitada públicamente, es obvio que esta decisión supuso que el gobierno de Sánchez, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en mayo de 2024 comprara el 10% de las acciones de Telefónica con la excusa contrarrestar la entrada de capital saudí en la compañía, para destituir fulminantemente a Álvarez-Pallete por no colaborar en el contubernio.

 
 

Especial mención merece Teresa Ribera Rodríguez, una abogada y funcionaria quien, gracias a su militancia fiel en el PSOE, se convirtió, sin formación técnica en ingeniería ambiental, ni en geología física, ni en termodinámica, ni en mecánica de fluidos y transferencia de radiación, en perejil de todas las salsas de las agendas climáticas y medioambientales que le elevaron a las más altas responsabilidades gubernativas.

Recordemos que era ministra “Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” cuando sucedió la tragedia causada por el desbordamiento del barranco del Pollo en las inundaciones de Valencia de 2024 y, por consiguiente, quien no realizó las obras de prevención programadas en dicho barranco y en la cuenca del Júcar, al tiempo que era la responsable directa de la desastrosa actuación entonces de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero su carrerón político empezó mucho antes, fue en 2005 cuando José Luis Rodríguez Zapatero la nombró directora de la Oficina Española del Cambio Climático y tres años más tarde secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011).

Pero su gran salto a las cumbres del negocio del cambio climático aconteció en septiembre de 2013 cuando doña Teresa empezó a colaborar como asesora en Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) y, de pronto, fue nombrada su directora, cargo que desempeñó desde junio de 2014 hasta junio de 2018. Resulta que el IDDRI es un think tank basado en Paris dedicado al cabildeo de intereses de la República Popular de China, con la que tiene acuerdos de cooperación con entidades gubernamentales como el Centro Chino para Intercambios Económicos Internacionales (CCIEE), la Academia China de Planificación Ambiental (CAEP), el centro de estudios oficial del Ministerio de Protección Ambiental de la RPC, etc. etc. Además, el IDDRI tiene convenios de Investigación conjunta con el gobierno de China que incluyen la realización de investigaciones y publicación de artículos sobre temas como la inversión china en el extranjero, las finanzas verdes, la descarbonización del sistema energético y las políticas climáticas de China respecto al Acuerdo de París que no cumple sistemáticamente.

Al mismo tiempo, en 2015 Ribera se incorporó al equipo de “expertos en clima y medio ambiente” de Pedro Sánchez para elaborar el programa electoral del PSOE. Tras obtener enorme experiencia en cabildeo de intereses de la República Popular de China, Teresa Ribera fue nombrada por Pedro Sánchez ministra “Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” en enero de 2020 hasta que, en 17 de septiembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la acogió como vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.

 

ABRUMADORAS CONCLUSIONES

La cuestión de cajón ante este formidable entramado de grupos de presión opacos en el cabildeo a favor del entramado de multinacionales chinas, es verificar las contrapartidas que los españoles hemos logrado durante estos dos decenios asociación estratégica con la China comunista, por ejemplo, sobre el número de empresas privadas españolas establecidas en China (solo pueden constituirse con más del 50% de participación del gobierno chino) y su influencia económica. Con apenas 50 empresas es obvio que la influencia es nula. La pública Indra hace de monosabio y Telefónica Tech de peón de brega, el resto son sucursales comerciales con alguna disfrazada de tecnológica.

Por otro lado, las exportaciones de España a China se concentran en el sector agroalimentario y llevan descendiendo desde 2020. La descompensación comercial a favor de China es abrumadora. Así, en 2024 las importaciones desde el gigante asiático sumaron 45.174 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas apenas alcanzaron los 7.465 millones, lo que equivale a una tasa de cobertura del 16,5%. Este desequilibrio se traduce en un déficit de 37.709 millones de euros, el más alto en la historia reciente y que representa casi el 94% del déficit comercial total de España.

Ante los mencionados datos, resulta grosero, si no conociéramos el percal, que en el resumen de los resultados del viaje, Sánchez afirme que su objetivo es «equilibrar la relación económica y comercial entre España y China» a través de un «nuevo plan de acción» que se resume en el deseo de aminorar los impedimentos a la exportación de productos sanitarios y cosméticos, nebulosos acuerdos de cooperación en ciencia, innovación, tecnología, educación y cinematografía, más dos nuevos protocolos de exportación en el ámbito agrícola y ganadero que abarcan el sector del porcino y las cerezas. Como lo leen, las cerezas cuyo precio en el mercado nacional es notablemente alto y cuya factible exportación en 2024 significaron 5.004.938 toneladas, por un valor de 7.379.203 euros. Menos mal que esas supuestas exportaciones a China serán humo por cuanto las chilenas son imbatibles en precio, de lo contrario adquirirlas en España será un lujo.

Por último, no puedo olvidar la formidable cruzada para anular las barreras administrativas que frenan las concesiones de explotación de las tierras raras de España, por parte del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China y sus aliados españoles con el concurso de China Rare Earth Holdings Ltd.

Concluyo declarando que el Partido Comunista de China, como organización aglutinadora de intereses de una élite opulenta que aspira a imponer un corporativismo global dominado por ella, está logrando que España se convierta en su colonia. Creo que aún estamos a tiempo de impedir que consoliden su infausto proyecto, pero no queda mucho tiempo y será necesario que la información sobre este intento de colonización de España, logre concienciar a los españoles sobre la desdicha que se nos está viniendo encima.

 

Publicada la segunda parte de este artículo bajo el título: CHINA: EL SOCIO DEPREDADOR al que pueden enlazar aquí.

UN PACTO PARA LA REPOSICIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA

Publicación revisada el 8 de octubre de 2026.

Si devolvemos la esperanza al pueblo español, una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras es factible

¡España necesita una alternativa, no una simple alternancia!

Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas en España para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 por Pedro Sánchez, procedemos a actualizar este manifiesto con el mismo propósito y esperanza que nos impulsó publicarlo el 5 de julio de 2025. Obramos, por tanto, a su actualización hoy mucho más convencidos que entonces sobre necesidad de revertir las nefastas consecuencias generadas por el sanchismo para España y, por ende, para los españoles. No obviamos que estas elecciones han sido contaminadas por el gobierno mediante aviesas medidas y leyes como la “ley de nietos” y el consiguiente aumento desbocado de electores potenciales del voto CERA, las acaecidas compras de votos a través del voto por correo, las dudas respecto a la custodia de esos votos, junto con maniobras como la aprobación de los demagógicos reales decretos sobre la vivienda por la Diputación Permanente del Congreso donde el PSOE y sus secuaces tienen mayoría.

 

Los promotores de esta publicación sostenemos que, de los derechos y deberes fundamentales que el Título I de la Constitución vigente establece para todos los españoles, basados en la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la cultura y la educación, aunque no se expongan expresamente, también se desprende el sostén de nuestra tradición ética y filosófica que representa la tríada de valores conformada por la búsqueda del bien, la verdad y la belleza en todos los ámbitos, sobre todo en la conducta pública, la educación y la cultura. Esta tríada se cohesiona en la lógica de la interconexión entre la verdad, el bien y la belleza, pues lo que es verdadero es necesariamente bueno por tener una razón de ser, y lo que es bueno y verdadero se manifiesta como bello al ser captado por los sentidos o el alma.

 

ENLAZAR A LA RELACIÓN DE SIGNATARIOS DE ESTE COMUNICADO

Quien desee adherirse a esta declaración, puede hacerlo en la ventana de comentarios registrando su nombre y apellidos.

 

ÍNDICE

FUNDAMENTOS

CONCISO BALANCE DEL RÉGIMEN SANCHISTA

PRIORIDAD NACIONAL

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

LA SOSTENIBILIDAD INSOSTENIBLE

CLIENTELISMO DEL SIGLO XXI Y SUBVENCIONES

SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA

DECÁLOGO COMPENDIADO DE PROPUESTAS URGENTES

REFORMAS LEGISLATIVAS Y ESTRUCTURALES

LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE

OTRAS MEDIDAS Y REFORMAS URGENTES

FUNDAMENTOS

Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el régimen sanchista, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos como aseguran Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iustitia Europa y Se Acabó la Fiesta (SALF), pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España.

Teniendo en cuenta que la oscura realidad que enfrentamos ha llevado a muchos sectores de la población a concluir que es necesario reformar varios artículos de la Constitución, con el objetivo de cimentar un estado de derecho sólido y efectivo, junto con la urgente derogación de las infames leyes dictadas por el régimen actual.

Teniendo en cuenta que el artículo 167 de la Constitución Española exige una mayoría de tres quintos (3/5) en ambas cámaras, es decir, 210 diputados y 159 senadores, para realizar las indispensables reformas para reinstaurar el estado de derecho en España proponemos:

gráfico estimativo elecciones

Teniendo en cuenta que el sistema electoral, basado en la ley d’Hondt y en circunscripciones provinciales, castiga la división del voto de un mismo espectro ideológico. Consideramos que por el bien supremo de salvar a España y por ende a los españoles del naufragio que sufrimos, la única alternativa viable para impedirlo y lograr la mayoría parlamentaria para hacerlo, es que PP y Vox concurrieran juntos en una lista única para evitar la pérdida de «restos» en provincias medianas y pequeñas, donde el tercer o cuarto partido más votado suele quedar fuera del reparto de escaños.
Consideramos que en un escenario nacional donde ambos partidos suman habitualmente entre 188 y 200 escaños en el arco parlamentario, esta concentración del voto en la «España Vaciada» sumaría entre 10 y 15 escaños adicionales a esta alianza constituida sobre un programa claro a costa de la izquierda y en algunas provincias también del nacionalismo, superando holgadamente la barrera de los 200 diputados.
Consideramos que por causas que no son necesarias explicitar, sabemos que en el momento que exponemos esta propuesta ambos partidos no consideran pactar un acuerdo preelectoral. Sin embargo, por considerar que la gravedad de la situación implica superar sectarismos y prejuicios, por el mencionado bien supremo nos atrevemos a pedirles que se atrevan a pactar un acuerdo como el que proponemos o similar.
Consideramos, en fin, que esta propuesta hay que mejorarla, pero es tiempo, por urgente, de atreverse y provocar el debate.
Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el RÉGIMEN SANCHISTA, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España. 

 

CONCISO BALANCE DEL RÉGIMEN SANCHISTA

LA FUNESTA AMNISTIA: Cuando iniciamos la redacción de este balance, se publican en los medios de comunicación las triunfales declaraciones de Carles Puigdemont desde Waterloo reivindicando la «victoria de la amnistía» y la derrota del Estado de derecho que califica como «represión de los poderes públicos españoles». Con este discurso, el líder supremacista separatista y golpista celebra el fallo del Tribunal Constitucional que, bajo la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, ha estimado por una mayoría de siete votos contra cinco el recurso de amparo de los líderes golpistas condenados por el Tribunal Supremo.

Con este fallo y la anterior Sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025 que el mismo tribunal avaló por mayoría la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024), el Constitucional presidido por Pumpido con mayoría de jueces próximos al PSOE, ha legitimado el fraude político que ha permitido gobernar a Sánchez durante la legislatura que acaba de concluir, quebrando la separación de poderes al actuar, sin legitimidad alguna, como tribunal de casación y cámara de revisión política que enmienda la plana al Tribunal Supremo. Asimismo, el TC DE Pumpido, al amnistiar la malversación, lanza el mensaje de que el desvío de dinero público con fines secesionistas queda impune si existe una negociación política de por medio. Peor aún es la legitimación del desafío soberanista, pues al anular las restricciones penales abre la vía para el regreso y la plena rehabilitación política de figuras clave como Carles Puigdemont, reactivando con ello el riesgo de un nuevo desafío a la unidad nacional sin consecuencias legales eficaces.

Estas sentencias son solo parte de las nefastas consecuencias para España del fraude consistente en la compra por parte de Sánchez de los siete votos de Junts en el Congreso (con otras fórmulas Sánchez también compró los 31 de Sumar, los 7 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los 6 de EH Bildu, los 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el de Coalición Canaria), pues constituyen una bomba de relojería que pone en peligro la existencia de España si no se pone en marcha inmediatamente la supresión de todas las leyes, reglamentos, asaltos a las instituciones y empresas perpetrados por el Gobierno de Sánchez, junto con las reformas de la Constitución cuyas carencias han hecho posible las felonías del régimen sanchista.

A este respecto, recordamos que un juez comete prevaricación judicial en España cuando dicta a sabiendas una sentencia o resolución manifiestamente injusta, según recogen los artículos 446 a 449 del Código Penal. Cuando es un gobernante quien traiciona, comprometiendo la paz, la soberanía o la defensa nacional, el Código Penal tipifica estas conductas en el Título XXIII (Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional).

Noviembre de 2019 (Campaña Electoral): Sánchez prometió explícitamente en televisión traer de vuelta al expresidente catalán a España para rendir cuentas ante la Justicia. Declaró: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Lo que nos compete es traerlo de vuelta y que comparezca ante los tribunales«. Asimismo, en la misma campaña electoral durante el debate televisado organizado en la Academia de Televisión el 4 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez reprochó al candidato del PP, a la sazón Pablo Casado: «A usted se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española».

Junio de 2021: Al defender la vía de los indultos parciales, Sánchez marcó la frontera de la legalidad excluyendo la amnistía. Afirmó textualmente en el Congreso: «La amnistía no es constitucional, el indulto sí. «El independentismo pide amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar porque no entra en la Constitución».

Noviembre de 2022 (Entrevista en televisión): El presidente insistió en que el marco normativo impedía categóricamente el perdón total. «El independentismo no pide indultos, pide una amnistía que este Gobierno no va a conceder y que, desde luego, no es constitucional».

Julio de 2023 (A 48 horas de las Elecciones Generales): Durante la campaña electoral del 23-J, Sánchez reiteró que su postura no variaría. Manifestó que el independentismo pedía la amnistía y «no la ha tenido ni la tendrá», asegurando que el PSOE se mantendría dentro del estricto ordenamiento constitucional que descartaba dicha figura.

Octubre de 2023 (Comité Federal del PSOE): Tras los resultados electorales del 23-J, que obligaron al PSOE a buscar el apoyo de los partidos independentistas catalanes para retener el Gobierno, Sánchez reconoció el cambio de posición. Pronunció la frase: «En política, para avanzar, hay que hacer de la necesidad virtud«, admitiendo formalmente el inicio de las negociaciones de la Ley de Amnistía con los golpistas de Junts y ERC que llevaron a cabo Félix Bolaños y Santos Cerdán, junto con el respaldo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las fases estratégicas.
Enero de 2024 (Defensa de la constitucionalidad): Sánchez asumió por completo el giro discursivo y acuñó el término «cambio de opinión» en lugar de mentira o traición. Argumentó que la amnistía, que antes consideraba contraria a la Carta Magna, era ahora una herramienta «perfectamente constitucional» destinada a asegurar «la convivencia y el reencuentro» entre catalanes y el resto de España.

 

CUATRO AÑOS SIN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO: Como consecuencia del desquicie ideológico y la suma de intereses del Frankenstein que sustenta al gobierno de Sánchez. Con ello Sánchez, además de ciscarse en el artículo 134.3 de la Constitución Española, ha hecho de su capa un sayo con el dinero de los españoles negociando bilateralmente con sus socios partidas fuera del foco, modificando los presupuestos caducados con créditos extraordinarios, suplementos de crédito o transferencias de partidas. Así, la recaudación tributaria del Estado español ha aumentado un 24%, impulsada por las reformas legislativas y la inflación. Si se analiza de forma acumulada toda la «era Sánchez» (desde 2018 hasta 2026), los ingresos del Estado se han incrementado en 177.000 millones de euros, lo que equivale a un aumento en la recaudación del 84,6% respecto a los niveles de 2018. Y todo ello lo ha hecho con el apoyo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien ha abanderado fórmulas y grupos de trabajo internos para examinar los conflictos de atribuciones presentados por partidos de la oposición respecto a la gobernabilidad sin presupuestos renovados y los límites de las prórrogas consecutivas.

 

EMPOBRECIMIENTO CAMUFLADO: Pese al constante triunfalismo con que alardea Pedro Sánchez con sus consignas de la España que sube como un cohete, la realidad establece que la mayoría de los españoles tienen que trabajar más para pagar mayores impuestos y recibir peores servicios públicos. Así, la ratio de ingresos sobre el PIB ascendió del 35% en 2018 al 38,3% del PIB en 2026. Un incremento de más de 3 puntos del PIB en un periodo de ocho años, una velocidad de crecimiento sin precedentes en la serie histórica. Asimismo, el régimen sanchista ha establecido un maquillaje de datos que oculta el desempleo real mediante la supresión de las cifras oficiales de los fijos discontinuos en periodos de inactividad, los demandantes con disponibilidad limitada para trabajar, las personas en formación o en cursos del servicio público y a los trabajadores con empleo parcial involuntario o baja remuneración. Cuando se suman todos los parados de verdad, se comprueba que el desempleo en España durante los últimos 8 años no ha bajado de los 3,5 millones de personas.

Otra artimaña del Gobierno de Sánchez ha sido implantar un seudocrecimiento o crecimiento artificial dopando el PIB a través del gasto público, la inyección de fondos europeos y un aumento de la población residente en España en más de 4 millones de habitantes en menos de 8 años que eleva el PIB agregado, pero que mantiene estancado el PIB per cápita.

Entre 2019 y mediados de 2026, España ha experimentado una profunda vicisitud socioeconómica marcada por una inflación acumulada de casi el 27 %, un estancamiento en el poder adquisitivo real de los salarios medios y un crecimiento demográfico histórico impulsado por la inmigración masiva y descontrolada. Así, el precio de los alimentos ha liderado las subidas, acumulando incrementos de más del 40 % en algunos productos básicos si se compara con los de mediados de 2019. Aunque el salario medio nominal aumentó progresivamente en España desde los 1.694 € mensuales en 2019 hasta superar los 2.055 € mensuales en 2026, este incremento ha sido aniquilado por la inflación. De hecho, el poder de compra real del sueldo medio es aproximadamente un 1% inferior al de 2019, e incluso un 4,6 % menor si se compara con la crisis de 2008.

El aumento desmedido de una población inmigrante mayoritariamente procedente de países del Sur Global, ha demandado atención sanitaria recurrente y otros muchos recursos del Estado como las dádivas derivadas del Ingreso Mínimo Vital, subvenciones clientelares vía ONGs, etc. Por otro lado, debido a la demografía se ha incrementado el número de personas que reciben pensiones públicas mientras que la política populista del sanchismo elude la ya inaplazable reforma del sistema de pensiones públicas que, de hecho, solo se sostiene gracias al incremento de la deuda del estado. Estas condiciones han generado una subida sustancial de costes del sistema sanitario y, en cierta manera, ha justificado el incremento de los empleados públicos mientras que se perpetraban medidas despilfarradoras clientelares. Ello ha supuesto, a pesar del mencionado incremento de impuestos, una deuda pública desbocada. Así, la deuda del Estado español se ha incrementado en cerca de 600.000 millones de euros durante el régimen de Sánchez, disparando el pago de intereses anuales y comprometiendo la estabilidad presupuestaria a cortísimo plazo.

 

LA INVASIÓN DE CEUTA: por más de 80.000 marroquíes ha mostrado con crudeza el maquiavélico desdén, falta de empatía hacia el sufrimiento de los ceutíes y un desprecio artero a la Nación Española por parte de Pedro Sánchez. Igualmente ha evidenciado su sumisión al globalismo, a las mafias de tráfico de personas y ONGs que se lucran de él, al contubernio con el lobby promarroquí del PSOE con la oligarquía económica, política y militar marroquí llamada “Majzén”, a la presión de las más de 1000 empresas españolas que han deslocalizado su producción a Marruecos y, en fin, que la sospecha de que el Reino Alauita tiene información comprometedora de Sánchez y otros ministros lograda mediante el software espía Pegasus consuma las causas de tanta pleitesía a Mohamed VI.

 

INMIGRACIÓN MASIVA Y DESCONTROLADA: Impulsada con premeditación y alevosía mediante “efectos llamada” y «puertas abiertas» que comenzaron con la acogida del barco Aquarius en 2018, seguida con falsarios acuerdos de control fronterizo con Marruecos, giras africanas a Mauritania, Gambia y Senegal defendiendo la regularización de la inmigración, regularización que Sánchez perpetró seguidamente con el Real Decreto 316/2026 del 15 de abril de 2026. Estas decisiones han supuesto la entrada a España desde 2019 hasta mediados de 2026 de más de 4 millones de inmigrantes legales y cerca de 500.000 ilegales, lo que ha significado un aumento de la población residente en España en más de 4 millones de habitantes en menos de 8 años. De esta manera, España superó por primera vez en este periodo los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero.

 

PRECARIZACIÓN LABORAL: Como consecuencia de flujos masivos e irregulares de inmigrantes y leyes laborales estultas que benefician las dinámicas de la globalización económica que buscan mano de obra barata, perjudicando los salarios y la estabilidad laboral de los trabajadores españoles.

 

VIVIENDA INASEQUIBLE DEBIDO AL GOBIERNO HIENA: Radiografía de los ocho años de Sánchez en vivienda: 4,5 millones más de habitantes, alquileres un 45% más caros, 393.000 pisos menos en oferta y, por consiguiente; comprar una vivienda es un 74% más caro que en 2018. El gran desequilibrio entre la oferta y la demanda derivado del mencionado crecimiento de habitantes que, en su inmensa mayoría, viven en ciudades, mientras que apenas se han construido 500.000 viviendas (desde 2019 en España se ha construido una media 8.600 pisos de VPO al año frente a los 60.000 de hace 15 años) tiene un gran responsable y se llama Pedro Sánchez.
Es la cerrazón ideológica y, sobre todo, el oportunismo sin principios de Sánchez y sus ministros y secuaces del Frankenstein lo que les impide comprender que LA NECESIDAD NO CREA DEMANDA.

No quieren comprender que ante la catarata de decretos leyes (Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo, Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda) que pretenden regular todo y supuestamente, defender a la parte débil, generando con ello una enorme inseguridad jurídica, DESINCENTIVA la inversión en vivienda.

¿Cómo van a invertir los particulares o los fondos buitres y no buitres en construir vivienda en España sabiendo que la bolsa, los fondos de inversión, la deuda pública, el oro y hasta las criptomonedas tienen menos riesgo y ofrecen más rentabilidad que la vivienda?

Porque además de las trabas burocráticas de todo tipo, los muchos y onerosos impuestos, las políticas energéticas inspiradas en la Agenda 2030 cuyo culmen esperpéntico y estulto es la generadora de desastres Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, la falta de capacidad de la red eléctrica es un cuello de botella que en 2026 ha dejado más de 80.000 viviendas terminadas o en desarrollo bloqueadas sin poder entregarse a sus compradores.

 

SANIDAD COLAPSADA: Debido al aumento exponencial de la población generada por la inmigración masiva y descontrolada, aumento que no ha sido compensado con el correspondiente aumento de financiación a la CC.AA. que no ha permitido el aumento proporcional de médicos y personal sanitario, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria.

 

EDUCACIÓN PRECARIA Y EN RETROCESO: Explicitada por los últimos informes PISA que muestran una caída en lectura, matemáticas y ciencias en España, situándose por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Además, varios estudios académicos señalan que el retroceso en el rendimiento académico de los estudiantes en España no solo se debe a la aplicación de la nefasta Ley Celaá (LOMLOE – Ley Orgánica 3/2020) que ha minado la exigencia académica al flexibilizar los criterios de repetición y promoción de curso, reducido el peso de la educación concertada y la gestión de los centros de educación especial, asimismo, con el aumento de alumnos extranjeros en las aulas españolas en los últimos 8 años, verificadores como Verificat indican que los estudiantes de origen extranjero suelen registrar un mayor retraso o fracaso escolar, debido a problemas de integración, lengua y nivel socioeconómico bajo.

 

DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA: Desde 2019 hasta octubre de 2026, las investigaciones judiciales en torno al Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se han ramificado en 22 causas judiciales.
1. Caso Koldo-Ábalos (Pieza Principal / Mascarillas)
2. Caso Koldo (Obra Pública).
3. Caso Puertos del Estado-Ábalos.
4. Caso Santos Cerdán (desglosado del Caso Koldo y del Caso Leire).
5. Caso ADIF.
6. Caso Begoña Gómez.
7. Caso Begoña Gómez pieza separada por el contrato de Red.es a Barrabés.
8. Caso David Sánchez («Hermanísimo»).
9. Caso Filtración de Secretos por el Fiscal General del Estado.
10. Caso Financiación Ilegal del PSOE.
11. Caso Plus Ultra.
12. Caso Plus Ultra pieza separada por las joyas de Zapatero.
13. Caso Leire (Rescate de Tubos Reunidos).
14. Caso Leire (Fontanera o Cloacas del PSOE – ver nota).
15. Caso Delcygate / Maletas de Barajas.
16. Caso Mediador (Tito Berni).
17. Caso Hidrocarburos.
18. Caso SEPI / Hirurok.
19. Caso Plus Ultra.
20. Caso Forestalia / Perserte.
21. Caso Air Europa / SEPI.
22. Caso Alfonso Carlos Moscoso.

Nota: El adelanto electoral retrasará la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Ferraz.
De los 22 casos, el Caso Koldo-Ábalos (Pieza Principal / Mascarillas) concluyó con una sentencia unánime del Tribunal Supremo dictada en junio de 2026 condenado a José Luis Ábalos (24 años y 3 meses de prisión por su delincuencia continuada durante su gestión ministerial) Koldo García (19 años, 8 meses y 1 día de prisión) y Víctor de Aldama (4 años y 6 meses de prisión).

El Caso David Sánchez («Hermanísimo») fue sentenciado por la Audiencia Provincial de Badajoz el 14 de julio de 2026 condenando a David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente del Gobierno) a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa en calidad de cooperador necesario y a Miguel Ángel Gallardo (exsecretario general del PSOE de Extremadura) por prevaricación administrativa.
Respecto al Caso Filtración de Secretos por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (ex fiscal general del Estado) fue condenado por el Tribunal Supremo a 12 meses de multa y 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos vinculado al uso de datos confidenciales de particulares.

 

EMERGENCIAS, CRISIS Y DESASTRES: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

Desde que Pedro Sánchez logró la presidencia del Gobierno en junio de 2018 hasta el momento que redactamos esta nota, España ha encadenado una serie de emergencias, crisis y desastres sin precedentes en la historia, cuyo culmen es la referida invasión orquestada por Marruecos de Ceuta el 30 y 31 de julio de 2026, cuando alrededor de 80.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera desde Marruecos.

COVID-19: España fue el quinto país del mundo y el primero de Europa con la tasa de mortandad más alta debido al COVID-19. Así, entre 2020 y 2023 fallecieron 121.886 personas, lo que equivale a una tasa de mortalidad acumulada per cápita de aproximadamente 245 muertes por cada 100.000 habitantes. Aconteció que, por motivos políticos espurios, el Gobierno de Sánchez permitió la manifestación feminista y otros espectáculos de masas el 8 de marzo de 2020, al calificar el riesgo para la salud pública en España como moderado (oficialmente solo 589 casos activos en toda España, 202 en Madrid). Luego se evidenció que el gobierno sabía que la circulación real del virus ese día era de más de 12.000 contagios concurrentes. Semejante canallada significó un enorme golpe sanitario y social para la población agravado por severos confinamientos bajo estados de alarma que posteriormente fueron declarados inconstitucionales. Al mismo tiempo, la centralización de compras de mascarillas y otros objetos sanitarios, supuso un estado de corrupción criminal orquestado por ministros del gobierno y soportado por falsos comités de expertos.

 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TAJOGAITE O CUMBRE VIEJA: Han pasado casi cinco años desde la erupción en La Palma (septiembre-diciembre de 2021) que duró 85 días. Entonces la lava sepultó más de 1.300 viviendas, 180 edificaciones agrícolas, 75 edificios industriales y hasta 370 hectáreas de cultivo que albergaban 1.360 fincas. Todo ello conllevó el realojo de miles de familias que habían perdido sus casas y que aún hoy permanecen bajo la ceniza o han desaparecido tras el paso de las coladas. Tanto el gobierno central como el autonómico no fueron capaces de acelerar las ayudas que han tardado más de 4 años en ser abonadas a los damnificados. Además, aún está pendiente la reconstrucción de que lo quedó bajo la lava, la recuperación de viviendas, cultivos, infraestructuras, negocios y, con ellos, la actividad económica y social de las zonas afectadas.

 

LA DANA: Popularmente conocida en el pasado como «gota fría» el 29 de octubre de 2024 provocó inmensas inundaciones que anegaron decenas de municipios de la provincia de Valencia y zonas limítrofes, provocando un trágico coste humano de más de 200 víctimas mortales y destrozos materiales masivos en viviendas, coches e industrias. El Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH), que recoge los episodios significativos de inundación fluvial registrados en España, demuestra que toda la península ibérica está expuesta a inundaciones, aunque destacan las cuencas mediterráneas, donde la gran riada de Valencia entre el 13 y el 14 de octubre de 1957 fue la última gran catástrofe de la zona que costó la vida a 81 personas en Valencia. Que pasados 67 años solo se haya realizado “El Plan Sur”, una colosal obra del franquismo terminada en 1969 que desvió el río Turia y que ha salvado a la ciudad de varias inundaciones incluida la reciente, deja en evidencia a muchos gobiernos incluidos los de la Generalidad Valenciana de Ximo Puig y el de Sánchez, en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) entonces dirigido por Teresa Ribera que en 2021, descartó y paralizó formalmente el proyecto de encauzamiento del Barranco del Poyo y otros causes adjuntos porque los 200 millones de euros que costaba no justificaba el beneficio proyectado y presentaba severas «trabas ambientales». Y fue el aumento exponencial y el consiguiente desbordamiento del barranco del Poyo la causa principal de la catástrofe.

También quedó de manifiesto la impericia de instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La primera respecto a las alertas de lluvias y la segunda sobre los avisos sobre el caudal del Barranco del Poyo. Y mientras la catástrofe aún se prolongaba, se evidenciaba la dejación de funciones del Gobierno de la Generalidad Valenciana y del Gobierno central de España, Pedro Sánchez; quien declaraba: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

 

LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA: han aumentado exponencialmente durante los últimos 8 años con un notable incremento de fallecidos civiles y de brigadas de extinción, causando miles de heridos y desplazados, mientras que la superficie calcinada ha alcanzado máximos históricos, destacando especialmente el año récord de 2025 con más de 354.000 hectáreas devastadas y el 2026, que ha superado las 300.000 hectáreas. Sin desdeñar la parte de responsabilidad de las CC.AA. Pedro Sánchez culpabiliza a la “alarma climática” de estos incendios para camuflar la irresponsabilidad de su gobierno, sobre todo respecto a los medios aéreos contraincendios. Así, de la flota de 14 hidroaviones Canadair (10 del veterano modelo CL-215T y 4 del modelo CL-415) del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), solo 6 o 7 aviones están operativos por falta de mantenimiento y piezas de repuesto. La negligencia del gobierno ha sido ampliada aún más por cuanto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) extinguió en julio de 2026 el contrato para modernizar los hidroaviones de la flota estatal, tras cuatro años de bloqueo y sin ejecutar las mejoras previstas. «Si necesitan más recursos, que los pidan».

 

EL APAGÓN ELÉCTRICO PUEDE REPETIRSE: El 28 de abril de 2025, España, Portugal y Andorra sufrieron un apagón eléctrico sin precedentes que dejó sin suministro a millones de personas durante más de 24 horas, que paralizó los servicios esenciales, el transporte, las telecomunicaciones, los hospitales, la industria, etc. Aunque las causas del apagón eran evidentes desde el principio, problemas en el control de tensión y la estabilidad de la red por parte de la empresa semiestatal Redeia, presidida por Beatriz Corredor, una dirigente del PSOE sin formación para ejercer ese cargo, pero que es parte de la élite del partido acaparando empleos; ministra de Vivienda de Zapatero entre 2008 y 2010, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas (2010-2011), Diputada en el Congreso por el PSOE, etc., etc.

A las 12:30 del 28 de abril de 2025, según datos de REE, el mix de generación en España era el siguiente:
Solar fotovoltaica: 18.068 MW (53,34%).
Eólica e hidráulica combinadas: aproximadamente 20%.
Ciclos combinados: 1.635 MW (4,82%).

El resto (biomasa, cogeneración, etc.). En estas condiciones, cualquier desequilibrio súbito generaría una variación de frecuencia más rápida y profunda, limitando la capacidad de respuesta de las protecciones y aumentando el riesgo de desconexiones en cascada (Bollen, Understanding Power Quality Problems, IEEE Press, 2000). Quien permitió el riesgo fue Red Eléctrica de España (REE), cuya empresa matriz es Redeia. Así, se desbordó la función de control dinámico de frecuencia, tensión y absorción de reactiva de la generación sincrónica de las centrales nucleares, ciclos combinados de gas, fuel, carbón e hidroeléctricas, por lo que aquel mediodía de abril se produjo, tras unos 30 minutos de intensas oscilaciones de frecuencia, tensión, potencia y pérdidas de generación por disparo, una reacción en cadena que produjo el colapso hasta el cero de tensión en el sistema peninsular español. (Ver los principales beneficiarios del negocio de las fotovoltaicas: CÓMO CHINA COLONIZA ESPAÑA (ENLACE PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN).

Aunque el gobierno de Sánchez desde el principio se sacudió toda responsabilidad y oculta la inepta gestión y falta de previsión de Red Eléctrica —con informes internos desvelados en 2026 que prueban que conocían de antemano la inestabilidad de la red—, la persistencia de las tensiones en el sistema eléctrico español a lo largo de 2026 indican que por intereses espurios el gobierno no ataja los problemas estructurales que van desde las deficiencias del Operador (Red Eléctrica), las deficiencias de la red eléctrica vinculadas a la generación asíncrona continúan y se amplifican significativamente en 2026. Así, Red Eléctrica ya ha tenido que activar en múltiples ocasiones durante este verano el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), ordenando paradas a la gran industria para balancear el sistema ante caídas repentinas de fotovoltaica y eólica. Al mismo tiempo, las deficiencias y la saturación de la red eléctrica en España actúan en 2026 como un importante cuello de botella que frena tanto las nuevas inversiones industriales como el suministro eléctrico a miles de viviendas.

 

EL TRÁGICO ACCIDENTE FERROVIARIO DE ADAMUZ: Ocurrido el 18 de enero de 2026 tras el descarrilamiento de un tren Iryo y el posterior choque contra los vagones descarrilados de un tren Alvia que circulaba en sentido contrario, que causó 46 víctimas mortales y decenas de heridos graves, ha sido calificado por sindicatos, maquinistas e investigadores como la auténtica crónica de un desastre anunciado. Durante meses, y de forma crítica las horas previas, la infraestructura viaria acumuló una cadena sistemática de averías, alertas desatendidas y fallos tecnológicos. Asimismo, el informe de la Guardia Civil sobre el accidente señala la negligencia de Adif en el control, mantenimiento y gestión de la infraestructura, concluyendo que una rotura en la soldadura de la vía fue la causa principal del descarrilamiento.

Tras muchas declaraciones oficiales y extraoficiales, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (no es broma lo de sostenible), Óscar Puente, garantizando la máxima transparencia en la aportación de datos técnicos y sosteniendo que asumirá las responsabilidades necesarias derivadas de la investigación si se confirman fallos por acción u omisión, declaró que él no había sido quien había soldado el carril roto que causó el accidente.
Si bien con José Luis Ábalos al frente del antiguo Ministerio de Fomento (luego de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) entre 2018 y 2021 ya se hicieron evidentes problemas de falta de inversión y mantenimiento acumulados tanto en las carreteras como en los ferrocarriles que se tradujeron en retrasos en proyectos clave e incidencias puntuales en el servicio ferroviario de regiones como Extremadura o las cercanías, desde que Óscar Puente asumió el cargo de ministro del ramo en noviembre de 2023, la red ferroviaria española ha acumulado numerosos retrasos, averías técnicas y accidentes, el más trágico el referido en Adamuz, hasta convertir la alta velocidad en baja y arriesgada debido al estado de las infraestructuras. Lo mismo sucede con las cercanías y en Rodalies. Estas vicisitudes han generado una notable caída de usuarios y Renfe y ADIF AV acumulan cada día más pérdidas.

Mientras tanto y a pesar de los graves problemas que debería estar resolviendo, Oscar Puente se dedica a insultar y despotricar contra todo aquel que ose criticar a su Puto Amo Sánchez en la red social X. Su último sonoro desbarre aconteció poco después de que Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales con la siguiente frase: «Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva». Quizá ni Puente ni Sánchez, ni los restantes líderes y lideresas de la izquierda lunática que configura el régimen sanchista, sepan que la biología y la ecología consideran al buitre un animal sumamente noble y necesario, el auténtico «guardián silencioso» de los ecosistemas, mientras que por “El Rey León” sabemos que las hienas, que como los buitres comen carroña, mienten y engañan como hace la hiena Scar manipulando a su tropa prometiéndola comida ilimitada. Y ya sabemos cómo termina Scar.

 

DE LA INDIGNA Y TRAICIONERA POLITICA ESTERIOR DE SÁNCHEZ

 
 

Indignante y traicionera es la renuncia de soberanía de España sobre Gibraltar derivado del reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, un texto de 606 páginas y 336 artículos que decide la supresión de la Verja y redefine el funcionamiento de la frontera, mientras que, de hecho, confirma la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón. El documento será ratificado por el Parlamento Europeo y no pasará por el Congreso de los Diputados. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo calificó el acuerdo sobre Gibraltar como una capitulación histórica para los intereses españoles al suponer la “rendición total” y la “renuncia absoluta” a la soberanía política y económica de España sobre el Peñón. “Somos el único país del mundo que no controla sus fronteras”, ha denunciado el exministro, lamentando “profundamente” la “oportunidad perdida” tras el Brexit para reforzar la posición española. Tanto el PP como Vox han corroborado las palabras de García-Margallo añadiendo que compromete la seguridad nacional al permitir la libre circulación como parte del espacio Schengen.

La penúltima canallada perpetrada por un ministro amoral de un gobierno amoral fue la disolución del equipo de investigación de la Guardia Civil «Ares» dedicado a la investigación de delitos relativos al tráfico aéreo en el Aeropuerto de Barajas, como falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento, delitos que dicho equipo investigó respecto a la compañía venezolana Plus Ultra en el contexto del sospechoso rescate perpetrado por el gobierno. La secreta disolución se produjo tras la instrucción del expediente, el intento de boicot por parte de la fiscalía «¿de quién depende?» cuando iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora.

El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste».

Añadimos que todos los Gobiernos españoles se han esforzado en mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de las trabas impuestas por el país magrebí que siempre ha empleado la baza del chantaje con la inmigración y el tráfico de hachís. Pero nunca se había producido una sumisión tan indigna como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Porque es inconcebiblemente estulto, salvo que existan intereses o hechos inconfesables, olvidar o hacernos olvidar que desde que Marruecos logró la independencia en 1956, nos han atacado traicioneramente en 1957 -Guerra de Ifni-, en 1975 con la Marcha Verde y en 2002 en el islote de Perejil. Y todo ello unido a constantes reclamaciones y coacciones para apoderarse de Ceuta, Melilla, los Peñones (Vélez de la Gomera y Alhucemas), las islas Chafarinas y, solapadamente y con todo tipo de sibilinos chantajes, las Islas Canarias, mientras insultan y menoscaban a los aliados de Mohamed VI, Trump e Israel.

PRIORIDAD NACIONAL

 

Este lema reivindicado por Vox y asumido en los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, responde a la constatación de graves discriminaciones a la población española en la concesión de ayudas públicas respecto a los inmigrantes recién llegados. Resulta que exigir justicia, como que los recursos públicos y las ayudas sociales se destinen de forma preferente a los ciudadanos españoles y a los inmigrantes con arraigo prolongado y demostrado, es denostado por el régimen sanchista y por la pléyade de organizaciones dedicadas a salvar náufragos de conveniencia, las numerosas redes de acogida y ONGs dedicadas a proteger exclusivamente a inmigrantes enarbolando la igualdad universal de derechos, pero nunca de obligaciones. Y sin matiz alguno, el enorme conglomerado protector de los inmigrantes acusa a quienes exigimos justicia distributiva y el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y el paso legal de nuestras fronteras, de racismo, xenofobia y supremacismo, incluidos los partidos y asociaciones que imponen altos perfiles de catalán y vascuence para el acceso a puestos de la administración local como barrenderos o limpiadoras.

Además del gobierno de Sánchez y sus aliados, entre quienes defienden la inmigración masiva destaca la Iglesia Católica en la voz del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Luis Argüello, quien, apelando al humanismo cristiano asegura que la dignidad humana es sagrada e intocable para cualquier persona, independientemente de su origen, y que el bien común ya no puede limitarse a una escala meramente local o estatal.

Esta rotunda postura de la cúpula clerical católica en España que está consternado a muchos católicos españoles, es difícil de encajar sin caer en mentises sobre los valores cardinales y teologales católicos que deben guiar la conducta humana: prudencia, justicia, fortaleza y templanza incluyendo los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.

Quizá estas discordancias se puedan disipar un poco si recordamos el resumen del alegato del sociólogo James Petras sobre las ONGs: «Las ONGs brindan a los progresistas oportunidades económicas y laborales, segundos salarios en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una «buena conciencia» y la remuneración económica dentro del sistema, con una palmadita en el hombro de las autoridades». Pues bien, entre las decenas de ONGs dedicadas a ayudar a los inmigrantes en España que han respaldado con fuerza la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de residentes indocumentados destacan las siguientes: Proactiva Open Arms, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones Accem, Cáritas Española, Migrantes con Derechos (Red de cooperación que unifica la acción de Cáritas, SJM, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de Religiosos (CONFER)), Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa, Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM España), CEAR, Asociación Cardijn, Vich-Asociación ELIN, Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Fundación Cruz Blanca, Asociación Puente de Esperanza, Cruz Roja y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El caso más reseñable, aunque el de las otras mencionadas no es desemejante, es Accem. Constituida en 1951 por la Conferencia Episcopal de entonces, en 1990, sin cambiar siglas, se reinscribió como entidad civil aconfesional sin ánimo de lucro, para poder acceder a líneas de subvención más amplias que las confesionales. Siempre administrada por la Conferencia Episcopal Española a través de religiosos y religiosas (monjas), en 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. Su estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Estamos ante una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al mismo ritmo que crece las llegadas de inmigrantes irregulares. Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 gestionó 486,9 millones de euros.

No tendremos una visión suficiente sobre este peliagudo asunto sin tener presente la potencia de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española agrupados y gestionados por su plataforma multimedia Ábside Media cuyos apéndices principales son: Cadena COPE (junto con un grupo de emisoras de radio generalistas y musicales (Cadena 100, Rock FM, MegaStar FM), Trece TV, el grupo Ecclesia conformado por un portal web y una revista mensual más el semanario Alfa y Omega distribuido a nivel nacional encartado en el diario ABC, perteneciente al grupo de comunicación Vocento.

Las críticas a estas ONGs que en su inmensa mayoría están al abrigo de la Iglesia Católica, se centran en tres ejes principales: el fomento del «efecto llamada» y la inmigración irregular, el cuestionamiento de su financiación con fondos públicos y la controversia por su apoyo institucional a regularizaciones masivas.

Y al considerar que las políticas del gobierno sanchista de inmigración masiva han generado graves problemas económicos y sociales, incluida la discriminación de los españoles, apuntamos las medidas urgentes para solventarlos que más adelante compilaremos junto con propuestas legislativas.

I. La erradicación de la inmigración masiva y descontrolada incluyendo la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y los legalizados que cometan delitos graves o reincidan.

II. Establecimiento legal de la «PRIORIDAD NACIONAL» para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, educación y servicios públicos por encima de los extranjeros que no cumplan los mínimos de un arraigo real, duradero y verificable de, al menos, 10 años trabajando y aportando al mantenimiento de la nación. Para ello es imprescindible modificar profundamente la Ley Orgánica 4/2000 y anular el Reglamento de Extranjería vigente (Real Decreto 1155/2024).

III. Anulación inmediata de todos los procesos de regularización y medidas y leyes que generen el “efecto llamada”, incluyendo el endurecimiento de las penas para las mafias de la inmigración ilegal, etc. Insistimos sobre las tremebundas consecuencias derivadas de la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales, cifra que tras solicitar la reagrupación para sus familiares, una vez cumplan con los triviales requisitos, ese medio millón se convertirán en unos meses en un millón y medio o incluso más para, en un cálculo demagógico irresponsable y cortoplacista, engordar las cifras de empleo, del PIB y de las afiliaciones a la S.S. con el fin de vendernos crecimiento y obtener votos de agradecimiento facilitándoles la pronta nacionalización española.

IV. Desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal de casas mediante el procedimiento penal rápido para enjuiciar delitos flagrantes con celeridad en el juzgado de guardia para obtener una sentencia en 24 horas mediante la aplicación sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero. Esta medida debe incluir la defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal.

V. Derogación inmediata de la “ley de nietos”, es decir, la cainita y sectaria Ley de Memoria Democrática presentada como una reparación histórica que, además de servir para lavar pasados canallescos, establece que aquellos descendientes de exiliados o emigrantes españoles que se remontan hasta 1936, -hasta nietos, e incluso en algunos casos hijos mayores de quienes ya accedieron a la nacionalidad por normas anteriores- tienen derecho a la nacionalidad española. Sobre este principio se ha desarrollado una cadena de producción en masa de nuevos españoles que, en su inmensa mayoría no ha pisado España ni aportado nada a la nación y que, por tanto. residen en el extranjero, pero que gozarán de la nacionalidad española y el consiguiente derecho al voto. Así, se prescinde de cualquier vínculo con España como condición para acceder a la nacionalidad española. Basta con acreditar una línea genealógica -a menudo reconstruida décadas después- para obtener un pasaporte y, con él, derechos políticos plenos. Las cifras hablan solas y estremecen: más de 2,5 millones de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades concedidas y una tasa de éxito del 98%.

Si esos nuevos españoles no viven ni trabajan en España, no han aportado ni aportan nada a la nación, tampoco van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar. Todos esos nuevos ciudadanos acaban en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que ya supera los 2,6 millones de inscritos. Y creciendo. Sin freno.

La apoteosis de estas felonías la interpretó la lideresa de Podemos Irene Montero cuando posesa gritó: «Ojalá la teoría del reemplazo; ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante» mientras que nuestra nación se diluye, los sueldos y la productividad decaen y cada día la vida de la inmensa mayoría de españoles es un poco peor. Esta bomba de relojería avalada por la Conferencia Episcopal española encabezada por el arzobispo marxista-leninista Luis Argüello, además de alterar el censo futuro y favorecer a mafias y ONGs adheridas, ni siquiera se plantean que toda regularización masiva de inmigrantes (de hecho, es el perdón de un delito) introduce una discriminación contra quienes han llegado de forma legal, aquellos que han respetado las reglas, soportado un calvario burocrático que puede durar años, con altos costes económicos y psicológicos, esas gentes que tras acatar las leyes han descubierto, con perplejidad, que residir y trabajar en España de manera legal es un menoscabo.

 

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

 

Teniendo en cuenta la doctrina que profesan, no es casual que los cinco ministros nombrados por Sánchez dirigentes de la coalición electoral de la extrema izquierda, Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego, se caractericen por haber realizado una gestión nefasta adornada de extrema arrogancia solo superada por quien dice encargarse de transportes y no se sabe que más sostenible, Óscar Puente Santiago, junto con la primera ministra de Educación de Pedro Sánchez, ejecutora de la redacción de la nefasta LOMLOE, Isabel Celaá Diéguez.

No es casual que Pedro Sánchez haya nombrado ministros de Cultura a dos catalanes; Miquel Iceta y Ernest Urtasun Domènech. Pero al contrario que su antecesor, Urtasun se crio en el burgués barrio barcelonés San Gervasio-La Bonanova, se licenció en Economía, aprobó las oposiciones del cuerpo diplomático en 2010 y siempre ha vivido de la política.

Sucedió que tras varias militancias políticas iniciadas en Acció Jove-CCOO y el Movimiento de Estudiantes Progresistas de la UAB, y pasar por el grupúsculo Jóvenes Verdes, Urtasun fue elegido eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV) en 2014, desde donde se catapultó hasta convertirse en dirigente de «Sumar».

Pero para entender su trayectoria política y sus decisiones como ministro de Cultura del Reino de España, es pertinente aclarar que Urtasun es hijo de militantes del PSUC, la rama catalana del Partido Comunista de España, y nieto de Jesús Urtasun Sarasibar, un falangista navarro que luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española y fue condecorado y premiado por Franco con la Medalla del Sufrimiento por la Patria y una pensión vitalicia a cargo del Estado. Así, Ernesto no estudió en una escuela pública, sino en el elitista Liceo Francés. Fue en la universidad cuando el joven Urtasun abrazó el batiburrillo esquizofrénico extendido en Cataluña que cabriola con el independentismo supremacista identitario al asumir el soberanismo —«sin independentismo», dicen—, todos los tópicos antiespañolistas y hispanófobos junto con los postulados wokes de la teoría crítica de la raza, el generismo vulgar de la teoría queer, el indigenismo y su agenda poscolonial, las agendas climáticas globalistas junto con el «derecho a decidir», que no es otra cosa que un confederalismo disolvente para España. Al asumir estos postulados ideológicos, que la gestión de Urtasun como ministro de Cultura sea renegar de España y su cultura es lógico.

Sin bagaje intelectual, en cada declaración o decisión Urtasun expone su ignorancia supina de la Historia de España al repetir las soflamas y tópicos de la leyenda negra. Así, a los museos españoles los califica como machistas, coloniales o franquistas. Como lo leen, incluido el Museo del Prado. Pacata minuta si se compara con su equiparación de la conquista española de América que creó la hispanidad con el genocidio cometido por el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo.

Despropósito tras despropósito, Urtasun asegura que la tauromaquia no debe ser nunca considerada cultura y por ello suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia y todas las ayudas al sector, al tiempo que impulsaba una Legislativa Popular (ILP): «No es mi cultura», buscando retirar el estatus de patrimonio cultural a la tauromaquia. Asimismo, ha puesto en marcha la «descolonización» de los museos estatales para «superar inercias etnocéntricas y promover una visión más crítica de la historia».

Que el tiro de Urtasun contra la tauromaquia y la hispanidad le haya salido por la culata, demuestra que un ministerio fundado en el intervencionismo y el clientelismo derivado de las subvenciones, es una lacra para la cultura y las artes de España. Su desaparición no solo supondrá quitarse de encima un aparato de propaganda sectaria camuflado y el reparto de dádivas a las voces del amo, también significará reducir gasto público y la devolución a la sociedad civil buena parte de la defensa y promoción del patrimonio y las artes y la mejora de la autonomía de quienes crean, comparten y transmiten los elementos inmateriales y materiales que definen la cultura y las artes. Para lograr estos objetivos es imprescindible promover el mecenazgo, la industria privada y el consumo cultural libre.

Como colofón de desatinos en materia de educación en España iniciado con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 de la época del PSOE del Felipato, que eliminó la cultura del esfuerzo y desincentivó el estudio, generando un clima de degradación de la disciplina y el nivel en la Educación Secundaria, tenemos la LOMLOE también conocida por Ley Celaá. Una ley que, además de profundizar en los errores pedagógicos de sus antecesoras, que han priorizado constructos teóricos y métodos constructivistas sobre la transmisión de conocimientos básicos, atenta contra la libertad metodológica de los docentes, impone cuestiones pseudocientíficas en su redactado y, a nivel burocrático, impone complicar el modelo de evaluación hasta el infinito. Eso sin entrar en su desarrollo curricular infame, repetido y producto de un determinado modelo educativo, cuya máxima es la dilución de todo tipo de conocimientos en transversalidades sin sentido. Su sustitución urgente debe contemplar los siguientes puntos:

I. Imposición del español como lengua vehicular única en todo el territorio nacional y la erradicación del adoctrinamiento ideológico.

II. Recentralizar las competencias educativas para asegurar contenidos comunes en toda España y la supresión de elementos ideológicos.

III. Elección del centro: Fomentar un sistema de cheque escolar para que las familias elijan libremente el centro educativo (público, concertado o privado).

 

LA SOSTENIBILIDAD INSOSTENIBLE

 

Insostenible es el actual sistema de pensiones públicas pues se mantiene gracias a transferencias del erario obtenidas a través de deuda del Estado. Hablamos de un endeudamiento histórico disparado, camuflado por el gobierno que, además, tapa la «deuda implícita» que representa el compromiso futuro de pago a los trabajadores actuales, estimada en varias veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España.

Según informes del Tribunal de Cuentas de primeros de mayo de 2026, el Gobierno destinó cerca de 2.400€ millones de los fondos europeos «Next Generation» en 2024 para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Se trata de una ilegalidad manifiesta que ha escandalizado a los ciudadanos de los países más aportadores Mientras tanto, las trapisondas contables del gobierno de Sánchez camuflan que la deuda de la Seguridad Social supera los 136.000€ millones y que las pensiones se pagan gracias al aumento de la deuda, un agujero que, en agosto de 2025, se situó en 598.000€ millones y subiendo.

Por desgracia, esta realidad que amenaza gravemente el futuro económico apenas es abordada por la clase política por contener una cruda realidad; la necesidad perentoria de una reforma profunda del sistema que conduzca hacia un modelo mixto que combine el reparto actual con la capitalización individual, buscando la sostenibilidad a largo plazo.

Otro capítulo urgente ya apuntado es el incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad mediante ayudas económicas directas, deducciones fiscales proporcionales y en función de la renta, conciliación laboral, provisión de servicios de cuidado infantil, prioridad para el acceso a la vivienda protegida, etc.

Imprescindible y apremiante es la reducción del gasto público empezando por «el gasto político superfluo e ideológico» junto con una rebaja sustancial de impuestos que faciliten el emprendimiento y el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles.

Como demuestra la experiencia de varios países figurada en la curva de Laffer, existe un punto óptimo de presión fiscal que maximiza la recaudación; superar este nivel mediante impuestos excesivos desincentiva la actividad económica y reduce los ingresos públicos. Por tanto, con la reducción de los impuestos confiscatorios actuales aumentará la recaudación al fomentar la inversión, el empleo y la base imponible, lo que facilitará el acceso a la vivienda, la mejora de la sanidad, la educación, la seguridad jurídica y el orden público.

Vital es la reforma del IRPF para establecer un tipo único del 15% para rentas de hasta 70.000/80.000€ y del 25% para las superiores, dejando exentos los primeros 22.000€. Otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio, etc. deben abolirse. Asimismo, la reducción del IVA, sobre todo en productos básicos, y el impuesto de sociedades conducirán a la optimización de la mencionada Curva de Laffer.

Desde junio de 2018, a pesar de las estadísticas oficiales trucadas por el gobierno, la mayoría de los españoles ha constatado la disminución real y progresiva de su capacidad adquisitiva, especialmente desde el inicio de la crisis inflacionaria en 2021. Incluso con los datos oficiales, desde 2018, el poder adquisitivo ha disminuido alrededor de un 2%, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Otros análisis indican una pérdida del 5,5% desde la pandemia. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana: «España ha caído al puesto 15 del ranking de renta per cápita de la UE y, peor aún, obtiene un resultado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos analizados por la Comisión Europea».

El mencionado informe del Instituto Juan de Mariana también expone otros datos alarmantes como que España es «el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono escolar o el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales». Es lo que se deduce incluso de los retocados datos oficiales del IPC que exponen que la subida acumulada de precios en España entre 2020 y finales de 2025 llegó al 22,4%. Mucho peores son los datos respecto a bienes indispensables como la comida y la morada.

Así, en los alimentos el incremento de los precios en ese mismo periodo es superior al 40%, mientras que los precios de alquiler de vivienda en las grandes ciudades se han incrementado un 94%, mientras que la adquisición el incremento acumulado está entre el 30% al 45%, dependiendo de si se trata de vivienda nueva o usada y de la región geográfica.

Y mientras la burocracia estatal ha sido incrementada irresponsablemente por el sanchismo y la población productiva es masacrada con impuestos confiscatorios y trabas oficinescas, la mayoría se empobrece, puesto que el PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96% del PIB per cápita medio de la UE; en 2025 nuestro PIB per cápita fue un 18% por debajo de la media de la UE. Otras fuentes señalan que el PIB per cápita en la zona euro es sustancialmente mayor, situando a España unos 10.000 euros por debajo de dicha media.

Al mismo tiempo, los gobiernos presididos por Pedro Sánchez han incrementado constantemente el gasto partidista y clientelar, financiándolo con más impuestos, más déficit y más deuda. Deuda que oficialmente a finales de 2025 superó 1,7 billones de euros (3er trimestre 2025), un aumento de más de 400.000 millones de euros desde 2019 que supone el 103,2% del PIB. Este dato oficial es el de la deuda implícita (las obligaciones futuras del Estado que no se reflejan en la deuda explícita, como el pago de pensiones, garantías de préstamos, etc.) mientras que la deuda explícita es descomunal y se acerca al 500% del PIB, según el informe de la AIReF de 2024.

 

 

CLIENTELISMO DEL SIGLO XXI Y SUBVENCIONES

 
 

La justificación filosófica y económica de las subvenciones del Estado a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural (cine, teatro, danza, etc.) se basa en los beneficios sociales, la corrección de fallos de mercado y el ejercicio de derechos culturales. Estos argumentos sostienen que la cultura es un bien público que requiere apoyo más allá de la rentabilidad comercial inmediata. Sin embargo, esta loable intención ha sido instrumentalizada desde el Felipato (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) para influir cultural e ideológicamente estableciendo el clientelismo partidista y evitando la participación ciudadana que supondría la promoción privada del patrocinio y mecenazgo. Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, revisada por el Real Decreto Ley 6/2023, por cicateras, no han promovido el mecenazgo privado.

Las subvenciones del Estado no solo se reservan para entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, también y sobre todo a organizaciones y ONGs con claro sesgo ideológico izquierdista y woke. Obvia es la falta de transparencia en su concesión. Un ejemplo flagrante de opacidad absoluta y arbitrariedad son las dádivas otorgadas con los fondos europeos Next Generation. Asimismo, la opacidad reina en las subvenciones directas mientras que las sometidas a concurrencia competitiva se van achicando año tras año. En el caso de los gobiernos de Pedro Sánchez la pauta clientelar y de sometimiento con los informes «Fantasma», las ayudas a los amigos y la compra de medios no son relatos sino datos.

El inventario de subvenciones clientelares, para agitprop y familiares y amigos de los gobiernos de Sánchez es tan extensa que precisaríamos cientos de páginas solo para enumerarlas. Por ello solo reseñamos las que nos parecen más relevantes.

Para el control de los medios de comunicación, los gobiernos de Sánchez han destinado desde 2019 hasta 2026 la tremebunda cifra de 2.300 € millones para «publicidad» en los medios afines (destacando el Grupo PRISA, Antena 3, Cuatro, Huffington Post, AS, La Sexta, Efe, Eldiario.es y El Plural). Solo para 2026 ha destinado 271 € millones en estas subvenciones camufladas como publicidad institucional.

Empresa familiar: El Gobierno inyectó más de 700.000 € en ayudas a la empresa Industrias Plásticas Playball SL cuyo propietario y administrador es Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno.

El Grupo Inmark que absorbió una empresa dirigida por Begoña Gómez ha recibido 8 € millones de euros en subvenciones del Estado desde el año 2020.

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Desde 2021, ha recibido más de 83 € millones de euros en 412 subvenciones del Gobierno central.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Inclusión asigna 35,9 € millones de euros anuales específicamente a líneas relacionadas con migraciones (dentro de un total de 39 millones para el departamento). El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Igualdad superó en 2024 los 570 € millones que fueron concedidos sin concurso público a una lista extensa de organizaciones entre las que destacan la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas.

El gasto total autorizado en subvenciones en 2024 ascendió a 41.493 € millones y las estimaciones para 2025 sugieren cifras similares o superiores. Se estiman en más de 6.000 los organismos y empresas que recibieron ayudas y subvenciones, incluyendo ONGs, sindicatos (UGT, CCOO) y partidos afines (ERC, PSC), es decir, en «chiringuitos» clientelares.

Estamos ante una maquinación para eliminar los controles y contrapesos propios del Estado de Derecho resumidos en el imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente perpetrada por el plenipotenciario ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feliz Bolaños García quien proyecta modificar urgentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un modelo de oposiciones de futuros jueces y fiscales controlado por un centro dependiente directamente del Gobierno, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para controlar totalmente a los fiscales, junto con la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que pretende eliminar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.

LA UE NO SALVARÁ A ESPAÑA DE SÁNCHEZ

 
 

Por si no estaba clara la conducta despótica y el obsesivo control para blindar su poder de instituciones, justicia, medios, empresas, redes, familias, cuerpos, sexualidades ajenas etc. del gobierno de Pedro Sánchez, en febrero de 2026 el mismo Sánchez ha declarado con solemne agresividad que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y perseguirá penalmente los usos «perversos» de mensajes de odio, “bulos” y manipulación de algoritmos que incluirán sanciones a directivos de plataformas que no cumplan sus mandamientos. Asimismo, aseguró que fundará y apoyará una «coalición de voluntarios» para lograr una gobernanza digital a su gusto.

Ante la evidencia de la deriva del sanchismo hacia un régimen totalitario, no pocos intelectuales, periodistas y ciudadanos creen que la UE le parará los pies sancionándolo debidamente. Sin embargo, los hechos desmienten esa esperanza por cuanto el Artículo 7 del Tratado de la UE que permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado miembro si se constata una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la UE, requiere un procedimiento políticamente difícil de activar por necesitar una mayoría cualificada. Es por este motivo por lo que nunca se ha activado a pesar de que dichos valores han sido boicoteados no pocas veces tanto por gobiernos de varios países miembros, como por la Comisión.

Si a este impedimento sumamos el dato filtrado procedente del informe titulado: “The EU Censorship Files, Part II” del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que expone con detalle cómo la Comisión Europea ha interferido y condicionado el debate político y las elecciones en al menos ocho países: en Irlanda en 2024 y 2025; Francia en 2024; Países Bajos en 2023 y 2025; Eslovaquia en 2023; Moldavia en 2024; y Rumanía ese mismo año. El caso de Rumanía resulta especialmente grave. Un tribunal anuló las elecciones presidenciales de 2024 por supuesta interferencia rusa en TikTok. Sin embargo, la propia plataforma informó a la Comisión que no encontró pruebas de esa campaña. Investigaciones posteriores demostraron que otro partido rumano había financiado la campaña atribuida falsamente a Rusia. Aun así, Bruselas utilizó el relato para justificar su intervención.

Esperar, por tanto, que con la configuración de poder de la actual UE que comanda la Comisión, cuya defensa de los valores democráticos sintetizados en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos es nimia por no decir antagónica, junto con las limitaciones del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia para la aplicación del Artículo 7 del Tratado, que la UE nos saque las castañas del fuego del totalitarismo sanchista es más que optimista ilusorio.

SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA

 
 

Consideramos que la regeneración política del Estado español debe afirmar el constitucionalismo frente al nacionalismo identitario, por consiguiente, el proceso de “Libertad Constituyente” deberá enfocarse en mejorar la seguridad jurídica por lo que apuntamos las siguientes sugerencias que no precisarán un procedimiento de reforma agravado (art. 168 CE):

  1. Revisión del lenguaje y conceptos de la Constitución que, no pocas veces, son confusos o generan confusión. En concreto respecto a la insólita subordinación de la norma constitucional a “lo que dispongan las leyes” que significa que cualquier gobierno, en el caso del de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es obvio, tiene la capacidad de modificar la Constitución. Más confusión si cabe resulta de la utilización aleatoria de los términos “autoridades”, “poderes públicos” y la Jefatura del Estado, los estatutos autonómicos “garantizados”, etc. El Título de la Constitución peor conseguido, desde el punto de vista jurídico, es sin duda el Título VIII, dedicado al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, hasta el punto de haber sido considerado como un “desastre sin paliativos”.
  2. España es una nación ancestral que se remonta a tiempos pre-romanos y romanos, la reconquista, el descubrimiento de América, la Hispanidad, el Siglo de Oro, hasta la España contemporánea. Esta larga trayectoria ha dejado una huella profunda en la cultura, el idioma, el arte y la forma de vida de los españoles. Esta historia compartida es un factor clave de la identidad nacional española.
  3. Eliminar el término nacionalidades y regiones del Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
  4. Modificar el Artículo 3: «El castellano español es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
  5. Modificar el artículo 6: Los partidos políticos expresan son expresión del pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres y sus estatutos y actividades están sometidos a la Constitución y a la ley. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y lo que disponga la legislación orgánica que regulará el carácter democrático de su estructura interna, su funcionamiento y su financiación pública o privada. La legislación reguladora de los partidos políticos incluirá a todos los organismos, asociaciones, sindicatos y fundaciones vinculadas a ellos
  6. Título V de la Constitución española de 1978, titulado «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales», el cual abarca los artículos 108 al 116. Disolución automática de las Cortes (Congreso y Senado) y nuevas elecciones generales si el Gobierno no consigue la aprobación de los Presupuestos antes de fin de año.
  7. Limitación estricta del gobierno ejecutivo por Real Decreto y Decreto Ley a decisiones ejecutivas sin repercusión presupuestaria o legislativa, como nombramientos y ceses o reorganización interna, y a circunstancias extraordinarias como catástrofes naturales y estados de alarma, excepción o guerra.
  8. Adaptación de la destitución parlamentaria (impeachment) de miembros del Gobierno por delitos o incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones. Cese automático del Gobierno al término de su mandato sin posibilidad de prórroga por causas extraordinarias, y convocatoria automática de elecciones generales.
  9. Ampliación del Artículo 117.1 para la separación efectiva de poderes: elección del Consejo General del Poder Judicial por los jueces y magistrados en activo, sin injerencia del Gobierno ni de los partidos políticos; control judicial de la Fiscalía, separada del Gobierno; protección de la acción y acusación popular como derecho fundamental no derogable ni limitable por ley ordinaria.
  10. Desaparición del Tribunal Constitucional, sustituido por una sala especial del Tribunal Supremo con funciones claramente limitadas al control de constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales.
  11. Modificación del Artículo 71: Supresión de todos los aforamientos de cargos públicos, y ascenso de la transparencia para el control de las administraciones y entidades públicas a exigencia legal de obligado cumplimiento mediante sanciones efectivas.
  12. Modificación del artículo 9.3 para establecer con nitidez la protección de la seguridad jurídica mediante el control previo de constitucionalidad (derogado por Felipe González en 1985) que inhabilite decretos y leyes de cualquier ámbito que contradigan o modifiquen la Constitución y las leyes vigentes aprobadas por el Legislativo.
  13. Modificación del Artículo 22 (Derecho de asociación) para prohibir aquellos que persiguen la secesión de una parte del territorio nacional o su entrega a una potencia extranjera, de los que pretendan sustituir la democracia liberal por dictaduras o sistemas totalitarios, y disolución de aquellos condenados por terrorismo, sedición y crimen organizado, impidiendo su refundación enmascarada bajo nuevas siglas y denominaciones.
  14. Aclarar el Título VIII para establecer la redistribución del modelo y competencias territoriales, e igualdad ciudadana de derechos y obligaciones: lista de las exclusivas del Estado intransferibles (que incluya sanidad, seguridad y educación), lista de competencias autonómicas y lista de competencias municipales, evitando en lo posible solapamientos, redundancias y ambigüedades.
  15. Modificación del artículo 141 10 con el objetivo de suprimir las diputaciones provinciales y entidades administrativas redundantes, de ministerios y direcciones generales cuyas competencias sean de titularidad autonómica o municipal. Eliminación de las disposiciones adicionales que elevan privilegios anacrónicos a “derechos históricos”, suprimiendo el régimen fiscal de Concierto y Cupo o Aportación.
  16. Modificar el Artículo 27 con el fin de establecer claramente la obligación de ofrecer educación en español a lo largo de todo el sistema educativo, de primaria al doctorado, prohibiendo la inmersión lingüística obligatoria de alumnos hispanohablantes, con el aprendizaje de lenguas cooficiales autonómicas como opción optativa, y con la educación en lengua cooficial como opción electiva que también deberá garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades básicas. Veto de las barreras de acceso a ayudas y empleos públicos por exigencia abusiva de la lengua cooficial.
  17. Modificación del Artículo 23 para instituir la exigencia de residencia habitual en España, incluyendo domicilio fiscal, para derecho al sufragio activo y pasivo (candidaturas a cargos públicos y voto), distinguiendo la nacionalidad de la ciudadanía de modo que la posesión de la nacionalidad, por nacimiento o por adquisición legal, no sea equiparable a la plena ciudadanía activa.
  18. Ampliar el artículo 18.2: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La propiedad de la vivienda es un derecho del ciudadano español, derecho que debe protegerse contra el allanamiento de morada y la falsificación contractual de manera contundente y rápida, a través de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial, en el momento que el propietario observe que la vivienda de su propiedad ha sido allanada
  19. Ampliar el artículo 20.2: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni secuestro informativo.
  20. Modificar el Artículo 27.2: El Estado tiene la competencia exclusiva de la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.
  21. Modificar el Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita será financiada a través de los presupuestos generales del Estado.
  22. Eliminar el “tutelaran” del Artículo 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
  23. Modificar el Artículo 33.3.: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Cuando por los mencionados motivos, se tenga que expropiar una propiedad privada, el Estado debe indemnizar al propietario mediante un justiprecio ponderado, justiprecio que prioritariamente debe de ser acordado y en caso contrario determinado objetivamente por un tribunal especializado.
  24. Eliminar frase del Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos
  25. Eliminar el Artículo 54.
  26. Eliminar el punto 4 del Artículo 57.
  27. Modificar apartado i) del artículo 62: Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales ni amnistías.
  28. Modificar el Artículo 68Considerar la posibilidad de modificar la circunscripción electoral, actualmente la provincia, por circunscripciones más amplias o incluso a nivel nacional para mejorar la representatividad. Con ello se facilitaría una nueva ley electoral más representativa.
  29. Eliminar los puntos 2, 2 y 3 del artículo 71.
  30. Modificar el Artículo 73.1: Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a julio.
  31. Modificar y añadir texto al punto 2 del Artículo 98: El Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Nadie podrá ejercer el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del gobierno más de dos períodos consecutivos.
  32. Modificar el punto 3 del Artículo 123: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán elegidos directamente por los propios jueces y magistrados, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
  33. Modificar el punto 4 del Artículo 124: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial quien podrá vetar la propuesta del Gobierno y reclamarle otro candidato.
  34. Ampliar el Artículo 139: 139.3: El Estado tiene la competencia de garantizar la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales dentro del territorio nacional, así como la eliminación de barreras y obstáculos que puedan surgir entre las diferentes comunidades autónomas, asegurando, con ello, la igualdad de las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica en España.
  35. Eliminar frase del Artículo 149ª: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
  36. Ampliar el Artículo 149: 33ª: La educación en todos los ámbitos y fases.
  37. Modificar el Artículo 150.2: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Se excluyen las transferencias o delegaciones de aquellas competencias exclusivas del Estado referentes a las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad, la planificación, gestión y disciplina urbanística y del acceso a la vivienda y a la educación.
  38. Modificar el Artículo 159.1: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
  39. Modificar el Artículo 167.3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

 

 

 
 

I. Control mediante expulsión o internamiento de todos los inmigrantes ilegales.

II. Expulsión de aquellos solicitantes de asilo rechazados, así como de delincuentes extranjeros.

III. Ayudas económicas en especie y nunca en efectivo a los más necesitados.

IV. Prioridad absoluta para la concesión de ayudas sociales y acceso a la vivienda para los ciudadanos nativos españoles.

Anulación de todas las leyes, programas, instituciones, subvenciones y propagandas dedicadas a sustentar la tesis del cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) incluyendo el Pacto Verde Europeo, el Programa LIFE «Objetivo 55», el de alcanzar la reducción del 90 % de las emisiones netas para 2040 (los 4 de la UE). Por supuesto, consideramos imprescindible la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y el Plan de emergencia climática.

VI. La red eléctrica española está saturada y tiene graves problemas de inestabilidad, debido al demencial y corrupto programa de “transición energética” que implantó y sigue imponiendo (VER QUIENES SON LOS GRANDES APROVECHADOS los gobiernos españoles desde la perniciosa época de J. L. Rodríguez Zapatero con las subvencionadas “renovables” eólias y solares. Para evitar que el colapso eléctrico de abril de 2025 se repita y que los gastos de renovación y expansión de la red nos arruinen, es tan urgente como imprescindible elaborar un plan de mantenimiento de las centrales nucleares y la instalación de nuevas con reactores de Generación IV, complementadas con Reactores Modulares Pequeños (SMR). Al mismo tiempo, es necesario implementar un plan urgente de ampliación y renovación de las Centrales Hidroeléctricas basadas en el Bombeo Reversible.

VII. Reforma URGENTE del sistema público de pensiones de España y del sistema fiscal que incluya la anulación del impuesto sobre el patrimonio, reducciones notables y progresivas en el IVA, IRPF, trabajo, autónomos y sociedades para que la presión fiscal actual del el 36,7% del PIB se reduzca al 25%. Menos regulaciones, menos impuestos y más mercado libre.

VIII. Reforma de la Ley Orgánica 1/2025 que expulse y encarcele a los “OKUPAS” ipso facto. Promoción del «alquiler con opción a compra» mediante incentivos fiscales y programas financieros público-privados. Además, es preciso implementar un programa de incentivos para recuperar población en las zonas que la han perdido en los últimos años que incluya la rehabilitación de viviendas antiguas.

IX. Un ambicioso proyecto para fomentar la natalidad mediante incentivos fiscales y financieros.

X. Modelo familiar tradicional: rechazo de la “ideología de género “, solo dos sexos biológicos, oposición a cirugías de cambio de género en menores.

Son propuestas que pretenden afianzar la libertad, la seguridad jurídica, la división de poderes y el fortalecimiento social, económico y cultural de los españoles.

Si, como deseamos y tratamos de impulsar, el pacto para asentar el estado de derecho en España prospera y se logra la mayoría contundente en ambas cámaras de representantes, las primeras medidas del gobierno resultante deberán establecer un calendario urgente de derogación de TODAS las leyes perpetradas por el PSOE y sus adláteres y la aprobación de las leyes alternativas. Por supuesto, otras medidas urgentes como auditorias en ministerios, instituciones, empresas públicas y semipúblicas son imprescindibles para lograr los mencionados objetivos.

Leyes derogables sin necesidad de otras alternativas: En nuestra opinión, son derogables inmediatamente, con una sola ley ómnibus y sin necesidad de alternativa, las siguientes leyes:

Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la Justicia.

Ley Orgánica 1/2024 de amnistía.

Real Decreto 1155/2024 reglamento de extranjería.

Ley 4/2023 trans y de derechos LGTBI.

Ley Orgánica 2/2024 de “paridad”.

Ley 1/2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la seguridad global.

Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera.

Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda.

Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual “solo sí es sí».

Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación “Zerolo”.

Ley orgánica 14/2022 de reforma del Código Penal.

Ley 20/2022 de memoria democrática.

Ley Orgánica 3/2021 de Eutanasia.

Ley 12/2021 “Rider”.

Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral y el siguiente RDL 2/2022.

Ley 4/2020 del Impuesto sobre servicios digitales.

Ley 5/2020 del impuesto sobre las transacciones financieras.

LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Última modificación: 07 de septiembre de 2022).

«La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

La llamada Ley VioGén junto con los Sistemas del mismo nombre en todos y cada uno de los ministerios del gobierno sanchista, fue diseñada para combatir y erradicar la violencia que los hombres, solo los hombres, ejercen sobre las mujeres como «manifestación de discriminación y desigualdad», por consiguiente, impone la inversión de la carga de la prueba privando con ello la presunción de inocencia del hombre por el mero hecho de serlo. De este modo instaura una presunción “iuris et de iure” (sin posibilidad de prueba en contrario) de que la mayor reprochabilidad jurídico-penal es debida a que esas formas de maltrato o violencia se ejecutan con ánimo machista, por el mero hecho de que la víctima es una mujer a la que el hombre quiere dominar. Su sustento, desde la exposición de motivos hasta la disposición final sexta, es la «ideología de género» (o teoría queer) pues impone que la identidad es una construcción puramente discursiva o de voluntad individual, ignorando la realidad material biológica y su papel en la reproducción social. Semejante despropósito aplicado al derecho penal, destruye la neutralidad jurídica al imponer algo indemostrable, que una agresión ocurra estrictamente «por ser mujer».

Trascurridos cerca de 20 años de aplicación de la ley Vio-Gen, los resultados son lamentables en todos los aspectos excepto para quienes disfrutan del entramado institucional y sus sucursales conformadas por numerosas asociaciones, consultorías y ONGs. Para empezar, hay que destacar que las denuncias de las mujeres se han disparado año tras año (alrededor de 579 diarias en cada trimestre de 2025) y aunque han bajado un poco los llamados feminicidios (más de 1.300 desde 2004, con decenas anuales) es evidente que el diagnóstico del problema ha fallado y, lo que es peor, ha deteriorado las relaciones de afectividad entre mujeres y hombres por un reiterado uso instrumental que dificulta la reconciliación o los acuerdos amistosos, lo que ha generado un clima de desconfianza mutua que se ha extendido al clima social.

Cuando se verifican los datos recientes se comprueba un enorme enrarecimiento de las relaciones de pareja y un desbalance que prueba una vez más que lo justiciero no es justicia. De las más de 16.000 sentencias dictadas en el segundo trimestre de 2025, el 82,58% fueron condenatorias para los hombres. Peor aún son los datos de los 108 juzgados exclusivos especializados de violencia sobre la mujer cuya tasa de condena durante dicho trimestre fue el 93,31%. Sin embargo, de las más de 50.000 denuncias anuales en los últimos años, las denuncias se han disparado hasta el punto de que solo en el segundo trimestre de 2025 hubo 51.897 según los datos del Poder Judicial, sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado.

Y a pesar de la considerable cifra de recursos públicos destinados a la aplicación de esta ley que para el año 2025 supusieron 179,8 € millones, más fondos procedentes de la UE, CC.AA., Diputaciones, etc. suma que no incluye los costes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en violencia de género (Ministerio del Interior), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Justicia), ayudas de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), se suceden pifias en la protección de menores, desbarajustes en los recursos dedicados a las víctimas (solo se contemplan como victimas a las mujeres, los hombres nunca pueden serlo según esta ley), etc. En realidad, estamos ante un tinglado justificado en supuestos derechos a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, a trabajar o dejar de hacerlo, a opacas ayudas económicas, a planes de sensibilización, etc. cometidos por delegaciones, subdelegaciones, secretarías, observatorios institucionalizados, asociaciones todas ellas contra la violencia de género, con sus miles de expertos y especialistas dedicados a prevenir lo que a todas luces no previenen constituyendo con ello una formidable industria leguleya.

En el entramado institucional destacan Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales, Red de Puntos Violeta, Unidades de Violencia sobre la Mujer con delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, más recursos locales en Ayuntamientos y Diputaciones a través de sus Centros de Acción Social (CEAS), Red de Puntos Violeta y otros centros asesores específicos para la mujer en cada comunidad autónoma.

De entre las decenas de asociaciones y ONGs subvencionadas por el Estado sobresalen: Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Ana Bella, Fundación Amaranta, Asociación Malos Tratos, Asociación Clara Campoamor, FAMUVI, APRAMP, Asociación MUM, Fundación Aspacia, Asociación Stop Violencia de Género Digital, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Victoria, ONG Rescate, Asociación Por Ti Mujer, Asociación ALANNA, Asociación Somos Más, INPAVI, Caritas Española, Plataforma de Infancia (YMCA, ANAR, Fundación Diagrama y Fundación Márgenes y Vínculos), Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Fundación Aldaba, ABD, ADAVASYMT, Fundación Alma, OVIM (agrupa Associació Hèlia y Almena Cooperativa Feminista y colabora con “Madres Protectoras”, una red investigada por la justicia en varias ocasiones por ofrecer asesoramiento y ayuda a madres para huir con sus hijos cuando pierden la patria potestad a favor del padre.

Algunos pocos juristas y algún filósofo se han atrevido a criticar esta ley. Remarcable nos parece la de Javier Pérez Roldán en «Visión Crítica de la Ley de Violencia de Género» denunciando el negativo impacto en el derecho de familia y la desigualdad de trato procesal de esta ley.

Mención honorifica merece el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora al advertir como la ley VioGén aplica la desigualdad penal y el trato diferenciado, por cuanto el castigo para ciertos delitos es mayor si el agresor es hombre y la víctima es mujer. Según De Lora, esta diferenciación atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que no se basa en el acto en sí, sino en el sexo de los implicados. Asimismo, de Lora cuestiona el concepto de «violencia de género» señalando las aporías que surgen cuando la identidad de género se vuelve una cuestión de voluntad (autodeterminación), lo que podría invalidar la lógica de protección específica para el sexo biológico femenino.

La mayor repercusión mediática lograda respecto a esta ley ha sido la reciente publicación, fruto de años de investigación, de “Esto no existe” del periodista de investigación, Juan Soto Ivars donde denuncia:

Abuso del sistema: ya que el marco legal actual facilita que algunas personas, especialmente en procesos de divorcio, interpongan denuncias falsas por violencia de género, con consecuencias devastadoras para los hombres acusados (pérdida de hijos, ruina económica).

Víctimas invisibles: al enfocarse solo en la violencia machista tradicional, el sistema ignora a hombres y niños que sufren maltrato y a mujeres que no son «santas» o que son instrumentalizadas, creando una visión simplista de la violencia.

Falta de debate y polarización: reprocha como desde el poder se impide un debate social honesto sobre los fallos de la ley, tachando de «negacionistas» o «machistas» a quienes señalan problemas, lo que polariza y evita la mejora del problema.

Consecuencias nefastas para hombres y, sobre todo, para los niños: sostiene que los hombres denunciados falsamente son también víctimas de maltrato por parte del sistema, sufriendo un daño profundo y a menudo incomprendido.

Invisibilización de datos: al haber impuesto un tabú social y político que oculta la realidad de las denuncias falsas.

Quiebra del Estado de Derecho: al establecer penas diferenciadas por sexo, lo que es incompatible con la igualdad jurídica y la presunción de inocencia.

Inacción institucional ante las denuncias falsas: puesto que la Fiscalía General del Estado no persigue de oficio las denuncias falsas, favoreciendo con ello un uso instrumental de la ley.

«Nacional-ginocentrismo»: Define la narrativa de género actual como una forma de «nacionalcatolicismo de izquierda» que impone un pensamiento único.

Necesidad de una ley mejor: Juan Soto Ivars no propone explícitamente la derogación de la Ley Vio-Gen, sino que aboga por abrir un debate crítico sobre sus «efectos secundarios» y avanzar rápidamente a su reforma integral para que proteja a todas las víctimas reales y no sea un arma en disputas personales, aportando rigor y datos para su mejora. Por nuestra parte compartimos esta opinión.

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES PÚBLICAS

Es URGENTE una reforma del sistema público de pensiones de España

Consideramos urgente e imprescindible la aprobación de una ley que anule los entuertos y constructos originados por el Real Decreto Legislativo 8/2015, la (Ley General de la Seguridad Social), la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo, el Real Decreto Legislativo 670/1987 (Ley de Clases Pasivas), Ley 27/2011, el Real Decreto 625/2014 que regula el procedimiento administrativo para la tramitación de pensiones, el Real Decreto-ley 2/2023 y el Real Decreto Ley 11/2024.

Modificación urgente del sistema de pensiones públicas: El Sistema Público de pensiones de España, obligatorio vía Seguridad Social, donde los trabajadores actuales pagan a los jubilados bajo un sistema de reparto injusto y piramidal, hace años que es insostenible debido a una demografía en notable decadencia cuya tasa de natalidad se situó en 1,10 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1), junto con la creciente esperanza de vida. Ambos factores han reducido la ratio hasta los 2,3 trabajadores por cada pensionista en 2025. Además, la demagógica indexación de las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo) han forzado al gobierno a perpetrar un nuevo impuesto llamado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-“, lo que además de incrementar los impuestos al trabajo, ha desvirtuado el carácter contributivo de las cotizaciones y no ha mitigado el déficit que sigue incrementándose.

Y a pesar de las medidas y decretos de urgencia para paliar el déficit, al cierre de 2025 el déficit real del sistema ha sido 67.800 € millones, déficit cubierto por transferencias estatales que equivalen a gran parte del déficit público total, que se incrementa año tras año.

Ante esta situación es URGENTE aplicar una reforma total que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones público, favoreciendo la creación de empleo y no penalizándolo como las medidas recientemente aprobadas. Por consiguiente, proponemos derogar todas y cada una de las leyes y decretos leyes vigentes sobre el sistema público de pensiones y aprobar una LEY ORGÁNICA DE PENSIONES que contemple el cálculo de toda la vida de cotización para computar la base reguladora, retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 68/69 años y a más de los 72 de una manera voluntaria. Asimismo, la nueva ley debe depurar del Sistema Contributivo todos los sobrecostes que no le corresponden y plasmar un Sistema Complementario de Capitalización sin fiscalizaciones ni barreras. Además, es imprescindible implementar mayor seguridad al futuro pensionista con la implantación de la denominada “Mochila Austriaca” para que, en el caso de que el trabajador no la consuma durante su vida activa, ésta se podría aportar a un fondo de pensiones individual.

La Ley 7/2023 de bienestar animal es un compendio de buenismo que resulta inane por estar repleta de contradicciones y carecer de normativa adecuada.

Ley Orgánica 5/1985 “LOREG”: Desde la aprobación en 1985 de la del Régimen Electoral General (LOREG), se ha reformado en veintitrés ocasiones, la última en septiembre de 2022. Aunque algunos de sus defectos provienen del Artículo 68 de la Constitución, algunos estudios han concluido que es posible mejorar la actual desproporcionalidad del voto, sobre todo para las elecciones al Congreso de los diputados, sin modificar el mencionado artículo.

Que el primer diputado al Congreso en 2023 haya sido elegido por la provincia de Soria con 14.775 votos, por la de Lérida con 26.930 y por la de Madrid con 90.351, significa un enorme quebranto de la representatividad al primar a los partidos mayoritarios que, por ejemplo, en Lérida, Gerona y Guipúzcoa son los nacionalistas. Por otro lado, las listas cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y del resto de parlamentos de las CCAA y concejales, restringe la libertad de los ciudadanos pues, los electores no escogen a candidatos, sino que, en realidad, se adhieren a los designados, en un determinado orden, por cada partido, lo que desvincula completamente a los representantes de sus representados. Es bien sabido que cuando se pregunta a cualquier ciudadano en cualquier provincia quién es el número tres de la lista de cualquier partido, prácticamente, nadie es capaz de decir su nombre. Así, las circunscripciones enormes y las listas cerradas provocan que el Parlamento esté compuesto por empleados del jefe del partido, no por representantes directos de la ciudadanía.

Ante este escenario, invitamos al PP y VOX a confeccionar una nueva LOREG que mejore la representatividad de los ciudadanos mediante listas cerradas, pero desbloqueadas, reduzca la representación mínima inicial por provincia de dos diputados a uno y sustituya la formula D’Hondt por la Hare o Sainte-Laguë para garantizar una mayor proporcionalidad y mejor representatividad.

La LOMLOE o Ley Celaá – Ley Orgánica 3/2020: una apoteosis invertebrada de la LOGSE que ha impuesto la agenda ideológica del gobierno del PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez. La abolición del español como lengua vehicular, el acoso a la escuela concertada, la eliminación del mérito como sistema de promoción, el troceamiento regional de los planes de estudio, la imposición de un canon político con excusas cívicas, la persecución de la religión o la negación de la enseñanza especial son algunos de los desastres que consagra esta ley.

Por consiguiente, es urgentísimo que la razón, la ciencia, el mérito, la transmisión de valores democráticos y cívicos, el sentido crítico y la valoración del esfuerzo se instalen en nuestras aulas.

Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética: esta ley inspirada en el fanatismo climático, consagra, como si ciencia fuera, los acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 para “alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la generación de energía con fuentes renovables” mientras sienta las bases para un sistema eléctrico basado en fuentes renovables por ser más resiliente, como hemos comprobado con el apagón eléctrico en la península Ibérica el 28 de abril de 2025.

Los extravagancias y barbaridades que consagra esta ley subscrita por Teresa Ribera Rodríguez, cuando era vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo se explican por la combinación de sectarismo ideológico derivado de la combinación de la «Agenda Woke» y la antidemocrática Agenda 2030 impuesta por un club de oligarcas globalistas que han decidido tutelar a la población mundial y determinar lo que deben pensar y hacer los ciudadanos en todos los países, lo que deben tomar como aceptable, como positivo para sus vidas, asociado con los intereses espurios generados por el enorme colchón financiero que la UE ha sustanciado mediante el Pacto Verde Europeo con los programas y mecanismos de financiación: NextGenerationEU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Mecanismo para una Transición Justa, etc., etc.

Al partir de una hipótesis discutida y discutible como el cambio climático antropogénico (ENLACE A DEL APOCALÍPSIS CLIMÁTICO), esta ley se mece al compás del maltusianismo, la verborrea y las inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros estimadas por la UE, para prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España (incluyendo la fracturación hidráulica) los minerales radiactivos, incluyendo el uranio (España posee una enorme reserva de uranio), lo que significa la interdicción de nuevas centrales nucleares, incluidas las MSR (Reactores Modulares Pequeños). Estas prohibiciones se extienden a nuevas autorizaciones o permisos mientras se proponen desiderátums tautológicos como la “movilidad sostenible” que significa que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2.

El problema de esta sarta de disparates no solo lo ha expuesto el corte generalizado del suministro eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, también, como se ha evidenciado en países y regiones que han impuesto estas medidas como Alemania y California, es que la inseguridad de suministros y la falta de rigor en la implementación y control de la generación energética, suponen un aumento del precio de la energía y una inseguridad que está desmantelando la industria, el comercio y el sector primario.

Y mientras esta nefasta ley obstaculiza el desarrollo de la industria y el comercio libres, implanta una serie de concesiones, subvenciones y privilegios para las empresas que se lavan la cara con la ecología y, con ello, se benefician económicamente (greenwashing), la tautología del cambio climático (la epistemología de la ciencia pone de manifiesto la imposibilidad de una teoría predictiva del clima, al menos hasta ahora) sirve para amedrentar y culpabilizar de los desastres que sus políticas provocan a los ciudadanos para que paguen la fiesta ecológica sin rechistar y auto culpabilizándose. «El futuro energético de España o es verde o no será» declaró Pedro Sánchez Pérez Castejón pocos días antes del gran apagón eléctrico en la península Ibérica.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos urgente la sustitución de esta nefasta ley por una coherente que reconozca la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible para un mix energético seguro para España, junto con un plan Hidrológico Nacional que abarque todas y cada una de las cuencas con el fin de garantizar la distribución racional del agua para todos los españoles, junto con la generalización de las centrales hidroeléctricas de bombeo de última generación que permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la demanda de energía.

La Ley Orgánica 1/2023 del aborto es amoral y merece ser abolida. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sensatas sobre el aborto que, aun sosteniendo el principio del derecho a la vida del nasciturus desde la concepción, contemplan circunstancias psíquicas y sociales que podrían justificarlo en determinadas circunstancias, una ley al respecto tiene cabida siempre y cuando contenga unas previsiones como las que seguidamente exponemos como sugerencias:

I. Establecer un periodo de reflexión de, al menos, siete días.

II. No se debe autorizar el aborto de menores sin consentimiento parental.

III. Las entidades próvida deben tener voz y acceso a las ayudas públicas.

IV. Contemplar ayudas públicas y privadas (mediante mecenazgo) para facilitar la protección de la mujer y el niño.

V. Considerar los siguientes supuestos para la despenalización del aborto:

A: que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer o que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo contra la libertad o la integridad sexual de la mujer.

B: que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma.

C: que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo, no irreversible, pero si importante y duradero, para su salud tanto física como psíquica.

D: que se acrediten los dilemas mencionados con rigor mediante un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente que deberán ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde se vaya a producir. Si existe peligro para la mujer en un caso de urgencia no será necesario este informe. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida se precisa un informe sobre la madre y otro sobre el feto.

VI. Establecer que la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse, más allá de las 20 semanas, en el caso de que exista un peligro vital para la madre o se derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.

VII. Garantizar la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y la objeción de conciencia de los médicos respecto a realizar abortos.

Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: Aprobada al final de la primera legislatura del Partido Popular dirigido por José María Aznar, pero atacada por las ONGs agrupadas en la Plataforma Papeles para todos y todas con lemas buenistas como: “Ningún ser humano es ilegal”. Esta ley, sin embargo, contiene un efecto llamada contundente derivado de un extraordinario cúmulo de derechos para el inmigrante. Manga ancha para la reagrupación familiar, derecho a la asistencia jurídica gratuita, facilidades para apátridas, indocumentados y refugiados, facilidad total para la autorización de residencia y trabajo, etc.

Y a pesar de que esta ley fue concebida cuando aún la inmigración ilegal era infinitamente menor que la actual, desde hace años no se cumple en muchos apartados, en concreto respecto al retorno de los menores no acompañados (menas) y la expulsión de los ilegales. El mayor responsable de estos incumplimientos, por inacción, es el Ministerio del Interior regido por Fernando Grande-Marlaska Gómez.

 

Por otro lado, al no contar con la mayoría necesaria para ampliar “derechos y puertas abiertas”, el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón modificó el reglamento de la ley con el Real Decreto 1155/2024 – Reglamento de Extranjería (Reloex), al tiempo que el Ministerio del Efecto Llamada, más conocido como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, planifica la regularización de, al menos, 500.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a España hasta diciembre de 2024.

Aunque la mayoría “progresista” que sostiene el gobierno del PSOE-Sumar, por motivos inconfesables, esconde las consecuencias de la inmigración ilegal con su potente aparato de Agitprop, la inmensa mayoría de los españoles sabemos del criminal y mafioso tráfico de seres humanos que está engordando las faltriqueras de muchos “solidarios”, de la degradación de las condiciones de trabajo y disminución de los salarios de los españoles e inmigrantes legales, del aumento de la inseguridad y la delincuencia y del sobrecoste, en más de 30.000 millones de euros anuales, en atenderlos. Por consiguiente, los firmantes de este documento consideramos que la respuesta a esta lamentable situación nos la señalan las políticas implementadas por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

OTRAS REFORMAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES

Si bien es cierto que el proceso de desindustrialización de España fue iniciado por el PSOE dirigido por Felipe González Márquez en 1983 hasta convertirnos, esencialmente, en una economía de servicios excesivamente dependiente del turismo, también lo es que los siguientes gobiernos no hicieron nada por revertir la situación.

El culmen de una política industrial suicida lo han logrado los gobiernos del PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus políticas basadas en el fanatismo climático y los consiguientes impuestos ambientales: sobre hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre la utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica, sobre determinados medios de transporte, etc. Así, desde 2018 el sector industrial español ha perdido el 30% de sus empresas, la producción está estancada en niveles de 1995 y el empleo industrial está en mínimos históricos.

No menos grave es la “desagrarización” de la economía, es decir, del sector primario de España que incluye la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ha experimentado una reducción en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo a lo largo del tiempo. Así, este sector representaba un 6,9% del PIB español en 1985 mientras que en 2024 supuso el 2,7% del PIB. Más de 18.000 agricultores y ganaderos autónomos han echado el cierre en los últimos 7 años en España y tan solo el 4% de las explotaciones agrícolas están dirigidas por un español menor de 35 años.

Al mismo tiempo, España es el país con los peores datos de paro de toda la Unión Europea y la OCDE (10,9%), uno de cada cuatro parados de la eurozona es español o inmigrante residente en España y mayoritariamente joven. Así, menos de 2 de cada 10 contratos de trabajo que se firman en España son indefinidos y a tiempo completo, más de 900.000 afiliados tienen dos o más trabajos, de los que más de 100.000 combinan tres o más trabajos.

Las causas del mayor problema económico y social de España son múltiples y se han agravado durante los últimos años. Revertir esta grave realidad precisa de cambios legislativos, algunos ya los hemos apuntado, otros los listamos seguidamente sin desarrollarlos porque ello precisaría de un espacio inusitado para un documento de esta índole.

Limpieza seguida de auditorías en las instituciones y empresas ocupadas por el PSOE: la restauración de la salud de un organismo enfermo, precisa de un diagnóstico certero que permita su curación. El diagnóstico es evidente y, por tanto, la curación prevista para esta enfermedad mórbida también; desalojo inmediato de los ocupas del PSOE de estas instituciones y empresas seguido de auditorías integrales en todas ellas.

Una reforma laboral: que reduzca la intervención estatal en el mercado laboral, promueva la flexibilidad y la competitividad. Debería incluir la simplificación de los contratos, la reducción de costes laborales no salariales y la flexibilización de la negociación colectiva. El objetivo es atraer inversión, generar empleo y mejorar la eficiencia económica.

Un plan energético nacional: enfocado en la reducción de la intervención estatal y la promoción de la competencia en el sector energético. Esto implicaría la desregulación de los mercados energéticos, la eliminación de subsidios a tecnologías específicas y la promoción de la inversión privada en energías seguras como los reactores modulares pequeños (SMR), los reactores rápidos refrigerados por sodio (SFR) y los reactores de sales fundidas (MSR), así como el uso de inteligencia artificial y fabricación aditiva. El impulso a las renovables pasaría por las nuevas tecnologías en centrales hidroeléctricas de bombeo centradas en mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta del sistema. El objetivo del plan sería garantizar un suministro energético seguro, asequible y sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia.

Plan integral de mejora y desarrollo de Infraestructuras: forjado en la eficiencia, la competencia y la inversión privada al sustentarse en la capacidad y experiencia de nuestras empresas punteras en este sector. Se trataría de reducir las prerrogativas de la intervención estatal que debido al despilfarro de tantos años y a la deuda pública verá reducida su capacidad de inversión, para en su lugar fomentar la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras, priorizar proyectos que promuevan la conectividad, la productividad y el crecimiento económico.

Mercado único en España: Eliminar las trabas de etiquetado y otras barreras comerciales perpetradas por no pocas CCAA por motivos inconfesables, implantando la libre circulación de bienes, servicios y capitales, al tiempo que se incentive la competencia, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas y un crecimiento más robusto.

Plan de reindustrialización: para vivificar la industria fomentando un sector competitivo y dinámico a través de la reducción de la intervención estatal y la promoción de la libre competencia. Esto implicaría medidas como la disminución de la carga regulatoria, la facilitación de la inversión privada y la apuesta e incentivación fiscal por la investigación, la innovación y las mejores tecnologías.

Plan hidrológico nacional y de regadío: Bajo el lema “el agua de España es patrimonio de todos los españoles” establecer una estrategia de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, con un enfoque en la eficiencia y la optimización del uso del agua, especialmente para el regadío, considerando también la sostenibilidad ambiental. La regulación e interconexión de las Confederaciones Hidrográficas y su administración basada en la eficacia de un personal contratado por sus méritos y capacidades es imperativo.

Fiscalidad orientada al crecimiento económico: basada en la Curva de Laffer, se reduciría la carga tributaria, se simplificarían los impuestos y se establecería un sistema para establecer una mayor eficiencia en el gasto público. Estas medidas incluirían la disminución de impuestos directos e indirectos, la eliminación de trabas burocráticas y la promoción de la competencia y la inversión. Por ende, se incluiría el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit fiscal y la deuda pública.

Por una cultura libre: El intervencionismo estatal en la cultura española es una constante que se remonta a la transición y que siguiendo su doctrina, las izquierdas y los nacionalistas (las derechas nunca han osado contradecirles), han extendido exponencialmente, al monopolizar su financiación (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) mediante ayudas y subvenciones con claro sesgo ideológico. Dicha monopolización copiada de la Francia jacobina centralista, se ha conseguido restringiendo el mecenazgo privado, mediante una fiscalidad exigua de incentivos. Así, el mecenazgo cultural en España está regulado por la Ley 49/2002 (gobierno de José María Aznar) que el actual gobierno pretende modificar sin grandes variaciones.

Nuestra propuesta pasa por una ley de mecenazgo inspirada en el “Gift Aid scheme” británico, según el cual, una entidad o fundación sin ánimo de lucro puede reclamar al gobierno los impuestos pagados por los mecenas por la donación realizada. Otra ventaja que disponen las entidades sin ánimo de lucro con este sistema, es que los legados recibidos no se contabilizan en la obligación global sobre el impuesto de sucesiones que permite reclamar el reembolso integro de impuestos sobre las donaciones hechas por los contribuyentes.

Plan de reforestación: España necesita urgentemente un plan de reforestación y restauración de bosques, a través de incentivos al sector privado y la reducción de barreras burocráticas para la inversión en proyectos forestales. Se enfocaría en la gestión sostenible de los recursos forestales, la creación de empleo en zonas rurales y la compensación de emisiones de CO2. Al mismo tiempo, es imprescindible reforzar las competencias del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO), para evitar las constantes obstrucciones e insuficiencias que se producen en grandes incendios o cuando estos atañen a dos o más Comunidades Autónomas.

 

Quien desee adherirse a esta declaración, puede hacerlo en la ventana de comentarios registrando su nombre y apellidos.

 

 

SIGNATARIOS DE ESTE COMUNICADO

Sara Diez Ibáñez

María Jesús García Ojosnegros

Eugenio González Villas

Pedro Antonio Heras Caballero

Alicia Requena Caballero

Pablo Rojo Barreno

Antonio Torregrosa González

CRÓNICA DEL PSOE

EL PSOE DE SÁNCHEZ ES EL PSOE DE SIEMPRE

No es el Caso Antonio Maura-Pablo Iglesias (1910), el Caso Colaboración con la dictadura del General Miguel Primo de Rivera (1923-1930), el Caso Pistolerismo (1932-1939), el Caso Golpe de Estado contra la Segunda República (1934), el Caso Fraude Electoral (1936), el Caso secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo (1936), el Caso Masacre de Paracuellos (1936), el Caso Oro de Moscú (el mayor robo de la historia de España 510 toneladas de oro del Estado y particulares enviadas a Stalin en 1936), el Caso Chekas (1936-1939), el Caso Tesoro Artístico Nacional(1936), el Caso Incautación (incautación de cuentas de ahorros, joyas, valores, fábricas, redes de transporte y tierras agrícolas 1936-1937), el Caso Caja General de Reparaciones (1936), el Caso del yate Vita (el segundo mayor robo de la historia de España 1939-1940), el Caso Felipe González y Flick (entre 1978 y 1985 la fundación alemana Frederik Ebert transfirió 22 millones de marcos clandestinamente a las cuentas del PSOE), el Caso Filesa, el Caso ERE de Andalucía, el Caso Roldán, el Caso Flick, el Caso Hacienda, el Caso Rumasa, el Caso Aller, el Caso Seat, el Caso AVE, el Caso Arcos, el Caso Juan Guerra, el Caso Roldán, el Caso Gal, el Caso Asesores, el Caso Ciempozuelos, el Caso Cursos de Formación, el Caso Campeón, el Caso Mallén, el Caso Comercio, el Caso Matsa, el Caso ACM, el Caso Alhambra, el Caso Feval, la Operación Madeja, el Caso Delcy, el Caso Fondos Reservados, el Caso Koldo / el Caso Mascarillas, el Caso Leire Díez, el Caso Begoña Gómez, el Caso David Sánchez, el Caso Mediador (o ‘Tito Berni’), el Caso Plus Ultra, el Caso Forestalia, el Caso Zapatero, el Caso China …

¡ES EL CASO PSOE!

 

ÍNDICE

CONTEXTUALIZACIÓN

CUANDO PROGRESISTA QUIERE DECIR RETRÓGRADO

EL PUTO AMO PUDO, PUEDE Y PODRÁ SI LE DEJAMOS

ETA YA NO MATA, GOBIERNA

LOS HISPANOHABLANTES DISCRIMINADOS EN ESPAÑA

¿QUÉ ES ESPAÑA PARA EL PSOE?

EL PSOE ASALTA INSTITUCIONES Y EMPRESAS

LA SÓRDIDA POLÍTICA EXTERIOR

POLÍTICA INMIGRATORIA

ESPAÑA VA COMO UNA MOTO AVERIADA

«LA GENERACIÓN MÁS ESTAFADA DE LA HISTORIA»

EL AMIGO ALEMÁN

CUANDO EL PSOE ERA PODEMOS

LARGO CABALLERO ANTECESOR DE SÁNCHEZ

EL ORO DE MOSCÚ Y EL TESORO DEL VITA

FILESA, MALESA Y TIME-EXPORT

EL “TALANTE” DE ZAPATERO (ZP)

Y EL PSOE SE COMIÓ A PODEMOS

 

NB 28/06/2025

Trascurridas apenas 48 horas después de la publicación de este suelto, el Tribunal Constitucional de España ha emitido sentencia avalando la constitucionalidad de la ley orgánica 1/2024, de 10 de junio, de AMNISTÍA para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Como era previsible, el bloque “progresista” del TC que encabeza su presidente Conde Pumpido, ha adulterado la Constitución vigente y cometido una tropelía jurídica al dictaminar, con impostada solemnidad el siguiente dislate: «Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que, en virtud del principio democrático, ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico».

Que esta sentencia basada en la mencionada frase es una perversión emanada de la impostura, es una evidencia por cuanto ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo pueden contravenir una sentencia legalmente emanada del poder judicial. Es más, están tan obligados a cumplirla como todos los demás ciudadanos. Pero al dictaminar que una mayoría parlamentaria puede hacer de su capa un sayo puesto que: “todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador” el TC abre la puerta de par en par a Pedro Sánchez y sus secuaces para que aprueben una ley habilitante que otorgue plenos poderes a su gobierno. De hecho, ya lo hizo con la ley habilitante 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes para la pandemia de COVID-19 que fue sentenciada como inconstitucional, sentencia que no tuvo repercusión ni demanda de responsabilidades.

Nunca como ahora es imprescindible repasar la historia para recordar que en Alemania la Ley Habilitante de 1933 otorgó a Hitler poderes dictatoriales y fue un paso crucial para establecer su régimen. En Venezuela, las leyes habilitantes perpetradas por Hugo Chávez se utilizaron para imponer el régimen dictatorial vigente.

Visto lo visto, parece evidente que la Constitución española vigente nacida en 1978 ha sido aniquilada por el PSOE, por lo que a los españoles, repito, a los españoles, solo nos quedan dos alternativas; asumir el camino de servidumbre trazado por el PSOE y sus secuaces u oponernos con uñas y dientes impulsando un pacto nacional de reforma constitucional para salvar nuestra libertad como ciudadanos y a la nación española.

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN

Inicié este comentario poco después de la aprobación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, consternado por el sectarismo cínico que rebasa con creces la Ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ambas leyes se fundamentan en la obsesión de todas las dictaduras modernas de imponer una visión del pasado, en función de los intereses de quien las dicta, incurriendo en el presentismo histórico maniqueo y obsceno, uno de los aspectos más hirientes de la ley de Memoria Democrática sanchista vigente, es no dedicar ni una sola línea a la Reconciliación y a la Concordia entre los españoles. De hecho, su contenido, es una obscena autoabsolución del PSOE y sus aliados puesto que borra, con premeditación y alevosía, el convulso periodo de II República entre abril de 1931 a julio de 1936 que motiva los acontecimientos históricos que siguieron. Además, como para aprobar esta ley el PSOE necesitaba los votos de los herederos de ETA: Euskal Herria Bildu, estos impusieron en la ley una enmienda transaccional que extiende desde 1975 hasta el 31 de diciembre de 1983 la consideración de víctimas de la dictadura franquista, periodo que incluye un año de gobierno del propio PSOE dirigido por Felipe González. Esta abominable concesión al terrorismo es horrendamente dolorosa cuando se recuerda que en este periodo, los terroristas etarras asesinaron a 313 personas, entre ellas a 12 militantes del PSOE. Claro que, como indicaré más adelante, esta canallada la empezó José Luis Rodríguez Zapatero.

Según los redactores de esta ley y los diputados que la aprobaron; PSOE y Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Més Compromís y el PDeCAT, la II República fue «tolerante». Y efectivamente fue tolerante pero solo para los que los partidos republicanos de izquierdas que desde el principio se consideraron los amos y señores del nuevo régimen. Para empezar la II República no fue el resultado de un plebiscito sino una proclama ejecutada por personajes conchabados no elegidos democráticamente tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que ganaron los monárquicos. Pero como los partidos republicanos vencieron en las grandes ciudades y los monárquicos traicionaron al rey Alfonso XIII, los miembros del «comité revolucionario«; Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga, y Álvaro de Albornoz, Manuel Azaña y Alejandro Lerroux, al enterarse de que el Rey huía, se constituyeron por la cara en «Gobierno Provisional» de la República y designaron a Niceto Alcalá-Zamora como su presidente. Inmediatamente, a través de la LEY HABILITANTE llamada “Estatuto jurídico del Gobierno Provisional” reconocía las libertades públicas pero a continuación se desdecía al concederse “plenos poderes y la facultad de suspenderlas sin intervención judicial, «si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama …»”. Además, ese mismo gobierno provisional no elegido aprobó las autoritarias leyes de Defensa de la República y de Orden Público, utilizadas extensamente para restringir la libertad de expresión, reunión y asociación. Fue ese mismo gobierno no elegido democráticamente quien redactó una constitución sectaria y anticatólica a pesar de que la inmensa mayoría de los españoles profesaba esta religión que, aunque aprobada por unas cortes constituyentes nunca fue refrendada por el pueblo español. Otras leyes autoritarias como la ley de vagos y maleantes, la ley de confesiones y congregaciones religiosas, la de reforma agraria y los estatutos catalán y vasco fueron fuentes de grandes conflictos.

Otros detales no menores que oculta la ley autoabsolutoria del PSOE y sus socios de ayer y de hoy es que, desde mayo de 1931 a julio de 1936, huestes de la Confederación Nacional del Trabajo- Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI), Unión General de Trabajadores (UGT), militantes del PSOE y republicanos de izquierdas se dedicaron a quemar iglesias y conventos y a robar sus riquezas artísticas. Simultáneamente, el pistolerismo y el crimen político fueron convirtiéndose en hábito. Así, cuando la izquierda perdió las únicas elecciones democráticas de aquel periodo en 1933 (el PSOE pasó de 115 diputados a 59), PSOE y ERC perpetraron un sangriento golpe de Estado en octubre de 1934. Tras la fraudulenta victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 (ver “1936. FRAUDE Y VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR” de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García) los lideres golpistas del 34 se autoconcedieron la Amnistía (la de Lluís Companys fue similar a la Amnistía concedida por Sánchez a Puigdemont y sus secuaces del golpe de golpe de Estado de 2017) mientras se incrementaba la violencia política, violencia que culminó el 13 de julio de 1936, cuando guardias de asalto y pistoleros socialistas secuestraron al diputado monárquico de Renovación Española, José Calvo Sotelo quien fue asesinado con dos tiros en la nuca por el militante socialista y escolta de Indalecio Prieto, Luis Cuenca Estevas.

Con el estallido de la Guerra Civil, CNT-FAI, UGT, PSOE, Partido Comunista de España (PCE) y las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), organizaron sus batallones particulares de la muerte para dedicarse al saqueo, profanación y destrucción de templos y viviendas, al tiempo que fundaron centenares de centros de detención, tortura y asesinato llamados Checas (abreviatura de las palabras rusas Txrezvitchainaia Komissia – solo en Madrid hubo un total de 345 checas) con la colaboración de la policía política soviética NKVD y meses más tarde el Servicio de Información Militar (SIM) fundado por Indalecio Prieto. Los milicianos chequistas y los agentes del NKVD y el SIM detuvieron, torturaron y asesinaron a decenas de miles de personas por ser o sospechar que fueran religiosos, liberales, católicos, monárquicos, propietarios industriales, trotskistas, quitacolumnistas, en fin, un enemigo “fascista” inhumano parasitario. El latrocinio durante este terrible periodo en el bando del Frente Popular fue absoluto y perpetrado de arriba abajo. Vil fue el regalo a Stalin de 510 toneladas de oro, correspondientes al 72,6 % de las reservas de oro del Banco de España por orden del gobierno de la II República, presidido por Francisco Largo Caballero (PSOE), y a iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Negrín (PSOE). Robos a mano armada fueron las innumerables incautaciones de propiedades, objetos de valor, obras de arte, etc. a los “desafectos” del Frente Popular. Una parte de lo robado al patrimonio de los españoles procedentes de las catedrales de Toledo y Tortosa, del Palacio Real de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, la Casa de la Moneda, la Caja General de Reparaciones, etc. incautado por los dirigentes del PSOE, al terminar la Guerra Civil (1936-1939) fue sacado de España por Juan Negrín y trasladado en un yate bautizado Vita a México. Pero como el delegado de Negrín se retrasó, quien se quedó con el botín, aliado con el presidente mejicano Lázaro Cárdenas, fue Indalecio Prieto. Prieto y sus secuaces del PSOE en México liquidaron el botín del yate Vita en 1942 por 5,3 millones de dólares (unos 118 millones de dólares de 2025) y, como de costumbre en el PSOE, se lo repartieron.

Esta descarada manipulación de la historia impuesta por ley, multiplica su carácter despótico cuando establece la obligación de incluir en los libros de texto y materiales curriculares del sistema educativo español, su manipulado relato blanqueador de la trascendente responsabilidad del PSOE y sus aliados en el fracaso de la II República y en la posterior sangrienta conflagración. Por si semejante despotismo no fuera suficiente, la ley instituye un órgano censor llamado Consejo de la Memoria Democrática con una “Comisión de la Verdad” plena de chiringuitos subvencionados.

Que los gobernantes que perpetraron esta ley terminarán sucumbiendo en el infamante cohecho y el propósito despótico de hacerse con todo el poder no es casual. Porque el Sanchismo no es original ni un ciclo imprevisible sino el suma y sigue de un partido, el PSOE, cuya trayectoria política la inaugura su fundador, Pablo Iglesias Posse cuando, tras lograr la primera y única silla en el Congreso de los diputados, el 7 de julio de 1910, desde la tribuna de las Cortes, amenazó al diputado conservador Antonio Maura y Montaner de esta manera: «hemos llegado al extremo de considerar que antes que Su Señoría suba al poder debemos llegar al atentado personal». Unos días después Manuel Possá Roca tiroteó a Maura cuanto viajaba en tren a Barcelona, hiriéndole en una pierna y en un brazo. Las Cortes emitieron una declaración oficial condenando el atentado, pero Pablo Iglesias Posse se negó a condenarlo. Una semana después, el 29 de julio, el periódico oficial del PSOE, El Socialista, se burlaba del atentado en su portada.

 

CUANDO PROGRESISTA QUIERE DECIR RETRÓGRADO

Antes de conocerse la hipótesis de Sapir-Whorf sobre que la estructura de una lengua influye en la forma en que sus hablantes piensan y perciben el mundo, George Orwell en «La política y el idioma inglés» (1946) advertía sobre que el lenguaje moldea las mentes por lo que «el lenguaje político está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento». Sobre esta certeza, Orwell explicitó brillantemente en su novela “1984” porqué la “Neolengua” es la herramienta de los totalitarismos como el estalinismo comunista y el nacismo, para limitar la capacidad de pensar críticamente y eliminar conceptos peligrosos para el régimen como la libertad y la individualidad, y asegurar la obediencia total al Partido que monopoliza el poder. Pero quien inspiró a Orwell fue el ministro de Propaganda del régimen nazi, Joseph Goebbels quien en 1942 anotó en su diario: «La esencia de la propaganda es la sencillez y la repetición. Sólo quien logre reducir a su fórmula más básica los problemas de la gente, y que tenga la valentía de repetir eternamente estas ideas en esa forma simplificada, pese a las protestas de los intelectuales, tendrá con el tiempo éxitos en influenciar la opinión pública».

Y aunque la utilización política del termino progresista nació a principios del siglo XIX en Inglaterra como contraposición a los conservadores y poco después en España durante la Regencia de María Cristina de Borbón por los liberales «exaltados», fueron los partidos comunistas de Europa occidental, en concreto el Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Comunista de Italia (PCI) quienes, tras la caída de los palos del sombrajo por la denuncia de Jrushchov de los crímenes de Stalin en 1956, el fracaso del “socialismo real”, el fiasco de la huelga general pacífica lanzada por el PCE en 1959, la visita a la España del desarrollo franquista de la dirigente comunista italiana, Rossana Rossanda en 1962 que le hizo confesar «la caducidad de las certezas». Los hechos eran inequívocos porque al iniciarse la década de los 60 tanto en Italia como en España aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los estaba convirtiendo en clase media propietaria de su vivienda y de cuantiosos artículos de consumo, por lo que los dirigentes de ambos partidos comunistas optaron por recuperar la teoría de la hegemonía política y cultural de Antonio Gramsci a través de la construcción de alianzas “interclasistas” con partidos y grupos sociales. Para esta estrategia los rancios conceptos como la lucha de clases, la emancipación del proletariado o la mención del comunismo o el socialismo no convenían. Por ello los viejos comunistas españoles e italianos optaron por el empleo de progresista como etiqueta atrapalatodo. Enseguida, el PSOE de los González, Guerra, Redondo, Múgica, Castellano, Bustelo y Gómez Llorente vencedores en el Congreso de Suresnes de octubre de 1974, adoptaron la etiqueta progresista y con ella siguen progresando los del PSOE de Sánchez.

A la etiqueta “PROGRESISTA” el PSOE y las izquierdas en general le añaden la de la “IGUALDAD”, ya saben: «Educando en igualdad», «Economía de la igualdad»», «Igualdad de trato y no discriminación», etc. Con ambas etiquetas lo que pretenden es camuflar su objetivo principal que es el control intervencionista del estado omnipresente cuando ellos ocupan el poder y la consiguiente redistribución de la riqueza de sus enemigos. Nada de igualdad ante la ley ni de igualdad de oportunidades, por cuanto mientras proclaman la diversidad, la restringen de hecho porque pretenden la uniformidad social y reprimen cualquier disidencia que ahora ceban con la absolutización posmoderna populista como excremento de la Escuela de Frankfurt, al tiempo que, por lo bajines y solo en sus documentos para iniciados llaman «globalización socialista regulada» que con notable provecho para sus faltriqueras promueven los camaradas Sánchez, Zapatero y sobre todo, Xi Jinping quien, con su fuerte liderazgo y autoridad absoluta, expande el “socialismo con características chinas” para todo el mundo, incluida la implantación del orwelliano sistema de crédito social y los monopolios globales, con la colaboración indispensable del capitalismo global de stakeholders woke-Davos que denuncia con precisión Vivek Ramaswamy.

Pero como trataré de demostrar más adelante, el trampantojo ideológico disfrazado de igualitarismo que siempre ha sido el santo y seña del PSOE, un partido que no ha tenido ni un solo teórico ni estratega digno de tal nombre, persiste desde su fundación en el maniqueísmo de la confrontación a través de la simplificación y polarización de la realidad social y política en términos de dos fuerzas opuestas y mutuamente excluyentes. Si antes el proletariado era presentado como inherentemente bueno y oprimido, ahora el totum revolotum identitario de los “progresistas” del PSOE niega matices y complejidades, reduciendo la realidad social a una dicotomía moral entre buenos y malos. Es en estos términos como el director de la flamante Fundación Avanza del PSOE creada en 2024 para el «rearme ideológico del partido, Manuel Escudero “Manu”, presenta su ofensiva «contra la ideología reaccionaria, populista y post democrática». Esta visión que divide el mundo entre víctimas y victimarios, además de ser profundamente inhumana, es el culmen de la desigualdad puesto que la igualdad no puede existir cuando unos se consideran en posesión de la verdad absoluta y niega a los otros el derecho a discrepar.

El 27 de octubre de 2024 la periodista Gabriela Bustelo tituló un artículo de opinión en The Objective: “Mafiocracia” con el subtítulo «A golpe de titulares sórdidos sobre fajos, festiverios y farlopa, estos meses nos traen brisas nostálgicas de la mafiosidad democrática de Felipe González». Con notable perspicacia, Bustelo asociaba el torbellino de corrupción del PSOE de Sánchez como un suma y sigue de la historia del partido socialista: «El sanchismo vendría a ser un felipismo milenial … estos meses nos traen brisas nostálgicas de la mafiosidad democrática de Felipe González. Aquella época de portadas diarias sobre el cutrerío socialista —Filesa, Urbanor, Flick, KIO, AVE, Expo, PSV, Urralburu, Godó, Estevill». En cuanto al marchamo de mafiocracia para el PSOE, Gabriela Bustelo lo deducía del artículo del economista y exgobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, publicado en Revista de Libros en diciembre de 2006 titulado «Mafia como política, política como mafia», donde establece que un estado democrático es aquel donde impera una ley igual para todos y se protegen por igual todos los derechos legítimos, mientras que se convierte en estado omnipresente y depredador cuando desde la cúspide gubernamental se establece una protección mafiosa que proporciona ámbitos de impunidad, desigualdad y privilegio para una élite política gobernante y sus colegas y cómplices a expensas de los ciudadanos.

La alegoría de la mafia PSOE sanchista ha calado entre buena parte de la opinión pública española tras las evidencias de que sus principales dirigentes constituían una organización criminal que practicaba sistemáticamente el cohecho para enriquecerse y financiar al partido, hasta el punto de ser asumida incluso por el mismísimo Alberto Núñez Feijóo, a pesar de seguir en periodo de merecer. No obstante, considero que el PSOE es en todo caso una mafia caviar mientras que su historia muestra que ha sido mucho más que una organización basada en la combinación de jerarquía, lealtad, y un código de silencio u omertà liderada por un Don, subjefes, consiglieres, capos, soldados o militantes y Associati o simpatizantes dado que, desde su fundación el 2 de mayo de 1879 por el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias Posse, el PSOE se arrastra en un revoltijo doctrinario configurado en el fideísmo acientífico. Del galimatías ideológico a la degradación moral solo precisa la ambición y el oportunismo sin principios del líder del momento que, sistemáticamente, genera el clientelismo y el nepotismo que se enquista y normaliza en las estructuras del poder.

Con todo, Pedro Sánchez ha simplificado este embrollo doctrinario empleando una fórmula basada en la construcción de un enemigo al que convierte en el motor de sus políticas y justificación de sus desmanes. El primero fue Francisco Franco, aunque se le ha desinflado bastante. 

En 1961, Hannah Arendt en «Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal» escribió: «…dándose las condiciones psicológicas adecuadas, incluso alguien con aspecto de inofensivo librero puede convertirse en una bestia nazi». De esta reflexión basada en el juicio de Adolf Eichmann, Arendt muestra que el espécimen del burócrata en una autocracia cumple las ordenes sin cuestionar las consecuencias morales de sus acciones y, por consiguiente, es el instrumento indispensable para la consolidación de la tiranía que siempre precisa de un caudillo, de un timonel del cariz de los Hitler, Stalin o Mao. Dictadores, burócratas, secuaces, un ordenamiento jurídico criminal y una masa que Arendt dividía en tres arquetipos: los dogmáticos aferrados a la ideología dominante, los cínicos sin principios ni valores especialistas en la manipulación política que metódicamente pretenden lograr poder; y los “ciudadanos normales”, similar al hombre-masa que estableció Ortega y Gasset, el grupo que asume las imposiciones del poder como “buenas” de una manera acrítica.

Casi tres décadas después de la publicación de las reflexiones sobre la banalidad del mal acaeció la caída del Muro de Berlín que terminó con la guerra fría y supuso una pírrica victoria del liberalismo. Así, desde las protestas de la plaza de Tiananmén en Pekín y el cerrazón posterior de los regímenes comunistas de China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, parecía que las autocracias basadas en la farsa igualitarista estaban finiquitadas. Sin embargo, tras una década de desconcierto la izquierda logró ampliar la ventana de Overton mediante la acentuación del dualismo radical que mezcla el relativismo posmoderno que niega la búsqueda de la verdad, con la promoción de la inclusión y la interseccionalidad en función de sentimientos o características personales, sobre la base de que distintas formas de opresión se superponen. Sobre estas contradicciones que dice cabalgar con soltura Pablo Iglesias Turrión y que iluminan a Pedro Sánchez, el PSOE se ha apuntado a la moda de la estrategia de hegemonía cultural y bloque histórico de Gramsci, para establecerse como élite dominante que controla los medios de la superestructura, para asegurar su hegemonía. Para lograrlo, además de la utilización de un léxico atestado de neologismos en sintagmas bimembres que estampan una significación farsante y enmarañada, sobre todo en el llamado “lenguaje inclusivo de género” de “todos y todas” que el gobierno Frankenstein ha impuesto en el reglamento del Congreso de los Diputados (sobra diputadas, miembros y miembras, etc.), consideran imprescindible la dilución de la cultura occidental y las identidades nacionales que la conforma.

En realidad, desde al menos tres decenios, el PSOE y sus aliados siguen la senda de los bloques históricos configurados en los países occidentales que en el caso de la Unión Europea lo conforma la alianza entre socialistas, populares y verdes y en España PSOE y PP quienes, sin pausa, pacto tras pacto, ley tras ley, reglamento tras reglamento, dislate tras dislate, felonía tras felonía, ha implantado una patocracia generadora de posverdades, paralógicas, paralenguajes y paramoralidad.

En España, tras 47 años de régimen constitucional, es obvio que tanto los errores de la Constitución como una serie de leyes orgánicas antidemocráticas como la ley electoral felipista de 1985 y siguientes hasta la vigente Ley Orgánica 2/2024, junto con toda serie chanchullos entre partidos “nacionales” y nacionalistas supremacistas, produjeron enseguida la mencionada partidocracia bulímica donde el PSOE con 28 años de gobiernos centrales, es el partido que más ha gobernado entre 1976 y 2025. Si la expansión de la clase política española durante este periodo ha sido constante, hasta el punto, según un estudio del sindicato CSIF, de superar los cien mil individuos entre puestos oficiales y asesores en 2023, mientras que el número de empleados públicos asciende a 3.5 millones, las más de 100,000 leyes y normas estatales autonómicas y municipales, junto con reglamentos y directivas de la UE que se aplican de forma directa y desde su publicación en el BOE prevalecen sobre cualquier norma nacional, constituyen un gigantesco laberinto donde florece la ineficacia, la corrupción, el clientelismo y el despilfarro. Así, la deuda pública española en el primer trimestre de 2025 marcó su récord con 1,668 billones de euros, el 103,5% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, sin contar que la verdadera deuda pública; la implícita más la explícita, como indica Eurostat en su informe de febrero de 2024, la deuda implícita del Reino de España supera el 500% del PIB . Quizá el exponente más estrafalario de esta penosa realidad sean las puestas en escenas aberrantes como las que protagoniza “La Conferencia de Presidentes”, un órgano inconstitucional que es presentado como el de «máximo nivel político de cooperación entre el estado y las comunidades autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral», es decir, la preventa de una confederación de taifas hasta lograr la desmembración de la nación que aún conocemos como España.

Por desgracia, a nuestra lamentable situación los españoles tenemos que añadir la rémora de esa Unión Europea que, cuando era Comunidad Económica Europea podía valorarse como una historia de éxito y salvaguarda de los valores democráticos liberales, pero que poco después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993 empezó una deriva intervencionista dirigida por un omnipresente macro-estado gobernado por una Comisión Europea dirigida por la alianza entre socialdemócratas, socialistas, populares y verdes que, a pesar de carecer de una legitimidad democrática para hacerlo, ha perpetrado un intervencionismo retrogrado y miope justificado con especulaciones seudocientíficas convertidas en dogmas de obligado cumplimiento como el Pacto Verde Europeo (¿Qué es la neutralidad climática de los Timmermans más que un suculento negocio?) la Agenda 2030 “para el Desarrollo Sostenible” y otras aberraciones doctrinarias gravosas e ineficientes que ha establecido un modelo energético industrial suicida, primero dependiente del gas ruso y luego de los paneles solares chinos, en lugar de optar por la energía nuclear y la producción de combustibles fósiles nacionales. Con estas y otras medidas como los acuerdos comerciales de cooperación y ayuda al desarrollo con países como Marruecos (ojo con el próximo acuerdo con Mercosur), el sañudo “marco regulatorio de la UE” están hundiendo a la industria y al sector primario al convertirse en barreras para la competitividad empresarial por aumentar innecesariamente los costos, generar incertidumbre y complejidad, fragmentar el mercado, frenar la innovación y reducir la competitividad global de las empresas europeas. Al mismo tiempo, el desconcierto y falta de rigor respecto de la gestión de los flujos migratorios, la protección de refugiados y la integración de inmigrantes es fuente de conflictos de todo tipo y amenazan los principios democrático-culturales europeos. Además, el Banco Central Europeo (BCE) lejos de atajar las políticas fiscales irresponsables de la mayoría de los países del euro utilizando políticas monetarias expansivas, se ha convertido en prestamista de primer recurso, y no de último, mientras que nos impone la moneda digital para controlar que hacemos con nuestro dinero calcando el sistema de “crédito social de China”. https://hallando-y-repasando.com/tag/credito-social-estalinismo/ Por si todo esto no fuera suficientemente preocupante ¿Qué salvaguarda democrática supone esta UE que ha impulsado el golpe contra la democracia en Rumanía?

Recapitulemos. El CASO PSOE es un caso de corrupción sistémica cuyos tentáculos se han seccionado en casos que no todos están siendo investigados por la justicia, destacando, entre otros: Caso Mascarillas – Caso Mascarillas de Salvador Illa – Caso Barrabés – Caso Begoña Gómez – Caso David Sánchez – Caso Delcygate – Caso Delorme – Caso Fiscal General del Estado – Caso Globalia – Caso Hidrocarburos – Caso Koldo – Caso Leire – Caso Mediador – Caso PSOE – Caso Santos Cerdán – Caso túneles de Velate.

 

EL PUTO AMO PUDO, PUEDE Y PODRÁ SI LE DEJAMOS

Sin desdeñar la ambición patológico-psicopática de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, considero necesario resaltar que la deriva despótica de su gobierno a punto de convertirse en régimen, no solo se puede explicar a través de su conocido narcisismo, de su depravación moral, política e intelectual, de su impostura plagiada a la de José Luis Rodríguez Zapatero para regenerar odios guerracivilistas, incentivar el resentimiento copiando las doctrinas de los neocomunistas de Podemos y sus adláteres que a su vez han copiado las doctrinas wokes yanquis soportadas en el victimismo, la desconfianza en la ciencia y a toda pretensión de objetividad, arrogándose una superioridad moral impostada típica de un defraudador de tesis doctoral y sufragios varios.

No menos importante es establecer que si Pedro Sánchez ha conducido a España y a los españoles hasta el borde del barranco como nación, es porque el PSOE es un partido político que lleva en su ADN el determinismo marxista, esa predestinación, antes por clase y ahora por supuesta víctima, que repudia el libre albedrio del individuo, la libertad en suma. Por consiguiente, considero primordial entender que, sin unas condiciones previas que parten de la tradición y práctica en el seno del PSOE, junto con las mencionadas lamentables condiciones en que trascurre la política en España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón jamás habría llegado a presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de España. Por lo tanto, todo lo que ha perpetrado y probablemente perpetrará Pedro Sánchez Pérez-Castejón es porque PUDO, PUEDE y, si no lo impedimos con uñas y dientes PODRÁ.

PUDO Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sin currículo relevante ni militancia consistente, encaramarse a la secretaria del PSOE en julio de 2014. Tras el batacazo electoral del PSOE en las elecciones del 26 de junio de 2016, la mayoría de la Ejecutiva Federal apremió su dimisión, sin embargo, aplicando lo que luego llamó manual de resistencia contra quien intente quitarle el sillón, intentó forzar un voto secreto para convocar un congreso mientras que su entonces secuaz, Rodolfo Ares, colocaba una urna «escondida» detrás de una mampara para perpetrar un pucherazo. Descubiertos con las manos en la masa, Sánchez y sus secuaces fueron suspendidos en vez de lo que hubiese hecho un partido con principios éticos, expulsarlos. Entonces la gestora de dirección decidió elegir un nuevo secretario general mediante primarias. Tras una frenética y demagógica campaña por toda España realizada en un viejo Peugeot 407, acompañado por: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, luego conocida como «la banda del Peugeot«, amañaron las elecciones internas para que Sánchez fuera reelegido por “las bases” del PSOE secretario general el 21 de mayo de 2017. «Vamos a tener un PSOE unido y rumbo a La Moncloa» declaró tras el pucherazo.

PUDO Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sin ser diputado y con apenas 84 diputados del PSOE, ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias a la consecución de un Frente Popular Posmoderno conformado por Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Compromís, Nueva Canarias (NCa) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). El 2 de junio de 2018 Sánchez fue investido presidente del gobierno del Reino de España inaugurándose con ello la entrada en tromba del posmarxismo populista y las doctrinas Wokes poscoloniales, queer, crítica de la raza, feminismo interseccional de género, cultura de la cancelación, capacitismo, la gordura, etc. negadoras de la biología, la ciencia y la esencia para establecer la voluntad de la acción en función del sentimiento de cada cual. Un hedonismo que discrimina y excluye cuando dice luchar contra la discriminación y la exclusión, al tiempo que celebra la mediocridad y desecha todo aquello que suponga méritos. Que Pedro Sánchez asuma como progreso el rechazo a la verdad objetiva basada en la ciencia y promueva las metanarrativas y posverdades no es sorprendente pues solo sigue la escuela del otro Marx: «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros«.

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con la colaboración de sus aliados de aquelarre de canjes ignominiosos, aprobar indultos y amnistías para mantenerse en el poder así como leyes y decretos con extensas exposiciones de motivos que si hoy dan repelús por su contenido doctrinario y su jerga atestada de tropos niveladores encaminados a establecer amalgamas, simetrías, equidistancias, paralelismos, equivalencias e indiferenciación que producen repulsa y vergüenza por haber derribado con premeditación y alevosía el sentido clásico del derecho como búsqueda de la justicia. A esta descarada manipulación en su interés y amarre del poder, en un alarde de desvergüenza lo llama «uso alternativo del derecho».

El culmen de cinismo amoral lo encarna un tipo que prometió, con la solemnidad que suelen usar los mentirosos compulsivos, que garantizaba no habría amnistía para pocos meses después perpetrarla mediante pactos inconfesables para mantenerse en el poder, por vía de urgencia concediendo la impunidad a los nacionalistas catalanes que se habían sublevado contra el Estado. Pero la desvergüenza del presidente del tribunal anticonstitucional, que ni es cándido ni es conde pero si es pumpido y cuya toga hiede de tanta mierda que arrastra, junto con las de sus palafreneros jueces “progresistas” militantes del PSOE, se evidencia descarnadamente con la tramitación urgente de la declaración de constitucionalidad de esta vomitiva amnistía. La maniobra es tan burda que hasta la Comisión Europea, en las observaciones remitidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dice lo obvio: «Parece una autoamnistía, es contraria al Estado de derecho, no responde a un interés general sino a un acuerdo político y los votos de los beneficiados por esta ley han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español y es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».

ETA YA NO MATA, GOBIERNA

Y si los indultos y la amnistía a los golpistas supremacistas catalanes son una traición a los españoles y a la nación española, no menos indigno y alevoso ha sido el blanqueo de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Pues al contrario de lo que presume Zapatero, ETA no se rindió con su Gobierno sino que con su «proceso de paz» los terroristas obtuvieron impunidad y la legalización de sus brazos políticos.

Sucedió que ya antes de llegar al poder Zapatero en marzo de 2004, Jesús Eguiguren (PSOE-PSE) y Arnaldo Otegi (ETA-Batasuna) se entrevistaron con el objetivo de volver a legalizar Batasuna, ilegalizada un año antes gracias a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP), tras sentencia del Tribunal Supremo que consideró que este partido fue «un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, que forma parte de ella y que es incompatible el ejercicio de la política con la invocación, defensa o justificación de la violencia como método válido para su ejercicio». Ya como presidente del gobierno, Zapatero entabló una negociación con ETA que llamó “proceso de paz”, proceso que fue apoyado por: Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, además del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y todos los llamados “intelectuales y artistas de la ceja”, incondicionales de Zapatero. Como las anteriores, las negociaciones fueron secretas aunque la documentación incautada al etarra Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, tras su detención en 2008 en Burdeos, nunca desmentidas por sus protagonistas y confirmadas por la Audiencia Nacional, el 21 de junio de 2005, el dirigente histórico de ETA José Antonio Urrutikoetxea alias “Josu Ternera«, se reunió en el hotel Wilson de Suiza con el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) Jesús Eguiguren quien se comunicaba constantemente con Alfredo Pérez Rubalcaba. El resultado de estas primeras reuniones fue que el gobierno español y ETA abordarían la negociación sobre la base de cambiar paz por presos y, paralelamente, los partidos vascos decidirían en una segunda mesa (paralela al Parlamento) el futuro del País Vasco. Estas negociaciones continuaron a través de la intermediación en el proceso del Centro de Diálogo Henri Dunant en Oslo y Ginebra mientras la “kaleborroka” o terrorismo callejero multiplicaba sus barbaries y se acordaba cambió el término tregua indefinida del terrorismo por tregua permanente.

En septiembre de 2006 se reunieron en el Santuario de Loyola regentado por los jesuitas, Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares por el PSE-PSOE, Iñigo Urkullu y Josune Aristondo por el PNV y Arnaldo Otegi y Rufino Etxebarría por ETA-Batasuna. Fueron los dos delegados de Zapatero quienes ofrecieron la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a Iñaki de Juana Chaos y otros presos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de ETA a través de una organización internacional, para que dejaran de enviar cartas de extorsión. Pero la oferta más vejatoria de estas negociaciones fue la instauración de un “órgano institucional común” entre Vascongadas y Navarra. Estas negociaciones a punto de ratificarse, se congelaron tras el atentado etarra en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006 que causó la muerte de dos personas y heridas a otras 19. Sin embargo, Zapatero aceptó reanudar los encuentros con la banda terrorista en mayo de 2007 en Ginebra donde participaron los mismos negociadores de Loyola sin la presencia de los del PNV. Mientras tanto, la kaleborroka se recrudecía y ETA había robado a finales de octubre 350 pistolas. Empero, el gobierno de Zapatero promovió, como acto de buena voluntad, el traslado del etarra Iñaki De Juana Chaos a un hospital vasco. El 7 de marzo de 2008, dos días antes de que se celebrasen elecciones generales en España, el concejal de Mondragón por el PSE-PSOE, Isaías Carrasco Miguel, fue asesinado por la banda terrorista ETA.

Tanto los papeles de “Thierry” como las declaraciones posteriores de unos de los negociadores de ETA, Rufino Etxeberria, establecen que al final de las negociaciones ambas partes firmaron un documento de preacuerdo titulado: “Hoja de ruta resultante” en donde se establecía la vuelta a casa de los presos etarras, el regreso de los refugiados (los etarras huidos), el desarme de ETA, la «desmilitarización» (salida de las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército del País Vasco y Navarra) la puesta en marcha de medidas de ayuda para la reincorporación a la vida social de los presos y refugiados tras su regreso y la legalización de la nueva Batasuna; Sortu.

Sucedió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDU) sentenció el 30 de junio de 2009, que la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en 2003 gracias a la Ley de Partidos Políticos era legal y proporcional a una “necesidad social imperiosa” y, por tanto, “proporcional al fin legítimo perseguido”, especialmente el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades (párrafo 94. Conclusión del TEDH sobre el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

Sucedió que la sentencia del TEDU desbarató la estrategia de legalización de la nueva Batasuna con el nombre de Sortu, por lo que dos asociaciones “pacifistas abertzales” Elkarri y Lokarri, fueron capaces, con la anuencia del ya moribundo gobierno de Zapatero y del entonces lehendakari Patxi López (PSOE-PSE-EE), pero sobre todo gracias a la financiación del Ayuntamiento de San Sebastián cuyo alcalde era el socialista Odón Elorza, y la sustancial subvención de la Diputación Foral de Guipúzcoa presidida por Markel Olano Arrese (PNV), de organizar una espectacular y bien financiada “Conferencia Internacional de Paz” en el Palacio de Ayete de San Sebastián en octubre de 2011 (también conocida como Contubernio de Ayete), con la colaboración de los “facilitadores” internacionales: Brian Currin, Kofi Annan, Bertie Aherny y Gerry Adams quienes, con otros famosos no menos bien retribuidos, abogaron por una solución pacífica del “conflicto”. Por supuesto, en la conferencia participaron Iñigo Urkullu por el PNV, Jesús Eguiguren y Rodolfo por el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE-PSE), Eusko Alkartasuna, Pello Urizar por Izquierda Abertzale Batasuna, Aralar, Oskar Matute por Alternatiba, Ezker Batua-Berdeak, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai. Es decir, los que recogen las nueces, los que quieren las nueces y el jamón y los que arrean el nogal para quedarse el nogal, las nueces y el jamón.

Como habitual en estos aquelarres, las ponencias se sustentaron en las técnicas orwellianas de retorsión del lenguaje para falsificar la realidad de un terrorismo sanguinario tales como: “empate infinito”, “tercer espacio”, “capacidad de decidir y obligación de pactar”, “final ordenado de la violencia”, “Un nuevo tiempo para Euskal Herria”, “Nuevos tiempos tras el final de ETA”, “final ordenado de la violencia”, “que la izquierda abertzale se nutra de su abnegado pasado … Porque ganada la batalla de la Memoria, habremos ganado todas y todos”(Gara, 12/07/2012).

La declaración oficial final del Contubernio de Ayete leída por Bertie Ahern es un insulto al pueblo español, a los asesinados y heridos por la banda terrorista y a los policías y guardias civiles que lucharon y murieron por defender a los españoles y a España. La abyección dice así:

Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos que ha llegado la hora y la posibilidad de finalizar la última confrontación armada en Europa.

Creemos que este objetivo puede ser alcanzado ahora con el apoyo de toda la ciudadanía, de sus representantes políticos y con el de Europa y la amplia Comunidad Internacional. Queremos aclarar que no hemos venido aquí hoy para imponer algo o pretender que tenemos el derecho o autoridad de dictar a la ciudadanía de este país, a sus diversos actores y a sus representantes políticos qué se debe hacer.

En cambio, hemos venido con buena fe y con la esperanza de poder ofrecer ideas desde nuestra propia experiencia resolviendo largos conflictos que afligieron a nuestras propias sociedades y pueblos, así como de otros que ayudamos a resolver. Sabemos desde nuestra propia experiencia que lograr terminar con una situación de violencia y conflicto, y lograr una paz duradera nunca es fácil. Se requiere valentía, voluntad de tomar riesgos, compromisos profundos, generosidad y visión de hombre de estado. La paz viene cuando el poder de la reconciliación pesa más que los hábitos del odio; cuando la posibilidad del presente y del futuro es infinitamente mejor que la amargura del pasado. Sabemos también de nuestra propia experiencia que cuando hay una verdadera oportunidad para alcanzar la paz debe ser aprovechada. La creciente exigencia de la ciudadanía de este país y sus representantes políticos para superar el conflicto mediante el diálogo, la democracia y la completa no violencia, ha creado esta oportunidad.

Sobre la base de esto creemos que es posible terminar hoy con más de cincuenta años de violencia y alcanzar una paz justa y duradera. Por todo ello:

1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

2.- Si dicha declaración fuese realizada instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

3.- Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.

4.- En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas.

5.- Estamos dispuestos a organizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones.

Como habrán comprobado, tras desdeñar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquellos cínicos mencionaron cuatro veces el conflicto y solamente una vez a las víctimas, pero ojo “a todas las víctimas”. Más canallada si cabe es decir “la última confrontación armada en Europa” reconociendo con ello a la banda terrorista ETA como ejército y por consiguiente la posibilidad de “alcanzar una paz justa y duradera”, por ende, no piden la disolución de ETA. De hecho, postulan una “solución” sin arrepentimiento ni rendición de cuentas ni retractación.

Y sin arrepentimiento, sin rendición de cuentas ni retracción, ETA y sus avaladores lograron la legalización de Batasuna rebautizada Sortu en 2012 gracias al Tribunal Constitucional. Luego Bildu se formó como una coalición electoral para las elecciones vascas de 2011, donde participaron Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y otros grupos afines a ETA. En 2014, Bildu se constituyó como una federación de partidos con el nombre Euskal Herria Bildu.

Con Sánchez en el poder los herederos directos de ETA agrupados en Euskal Herria Bildu se han convertido en sus socios predilectos y más fieles, tanto en Madrid como en Pamplona, tras la señalada concesión en la ley de Memoria Democrática la disposición adicional para investigar las vulneraciones de derechos humanos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Aunque Sánchez dijo reiteradamente que no pactaría con Bildu; en 2020 dijo que no había gobernado con Bildu, pero reconoció su apoyo parlamentario: “Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas”. En 2020 llegó a un acuerdo con Bildu para que se abstuviera en la quinta prórroga del estado de alarma de la pandemia. En 2023, Bildu votó a favor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el PSN apoyó a Bildu en Pamplona para que gobernara la ciudad. En este contexto, no debemos olvidar al ahora denostado y hasta anteayer segundo en el mando del PSOE Santos Cerdán León, quien antes fuera parlamentario navarro y número dos de María Chivite Navascués y junto con Ramón Alzórriz Goñi conformaron un triunvirato unido por el propósito de gobernar en Navarra. El papel de Cerdán ha sido fundamental para que la dirección nacional del PSOE bendijera los pactos con Bildu, primero en la Comunidad foral y luego en la política nacional. Así, desde noviembre de 2023 no hay decisión, decreto o ley presentada por el gobierno de Pedro Sánchez que antes no tenga el visto bueno de Euskal Herria Bildu.

LOS HISPANOHABLANTES DISCRIMINADOS EN ESPAÑA

La discriminación lingüística a los hispanohablantes en Cataluña y Vascongadas se inició con el felipato (1982-1996), gracias a la connivencia de los gobiernos de Felipe González con Jordi Pujol y los lehendakaris Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza. La connivencia con Pujol fue aumentada hasta la claudicación por el gobierno del Partido Popular de Aznar con el “Pacto del Majestic”, claudicación que fue rematada por Zapatero con su irresponsable frase que cumplió: «Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el parlamento de Cataluña». Tras el proceso independentista de Cataluña (procés català) y el intento de golpe de estado de los independentistas, tras los indultos y la amnistía a los golpistas, en el momento que redacto este suelto en junio de 2025 nos encontramos que con el gobierno de la Generalidad del PSOE-PSC presidido por Salvador Illa, la inmersión lingüística ha convertido a las escuelas públicas catalanas en “madrasas” independentistas que soliviantan los derechos de padres y niños, así como los de aquellos profesores que creyeron en la vigencia del Estado de derecho también en las aulas de Cataluña. Además de las flagrantes vulneraciones de la ley en educación, continúan vulnerándose los derechos de los hispanohablantes en la rotulación comercial, de los consumidores y comerciantes. Estamos ante la continuación de la utilización del catalán y el vascuence como medios cruciales para construir identidades nacionales, movilizar a la población y justificar la demanda de autodeterminación.

La organización Hablamos Español ha documentado casos de imposición lingüística y uso de fondos públicos para promover el catalán y el euskera en detrimento del español. «Denunciamos que los gobiernos autónomos de las Comunidades Autónomas bilingües discriminan el uso del español en su rotulación, documentos y campañas. Esto es una anomalía democrática. No pasa en ningún país del mundo y no se debería aceptar como normal». Por el interés de esta publicación les invito a leerla en el SIGUIENTE ENLACE.

A esta grave situación se ha añadido una plaga de oportunistas sin principios que pretenden elevar al rango de lengua oficial de sus taifas, como hoy son el catalán, el vascuence y el gallego a sus parlas dialectales. Por ahí andan intentando imponer castrapo, llionés, asturianu o llingua y ese cúmulo de faltas de ortografía que algunos, como Juanma Moreno, llaman andalú. Y lo gravé, lo gravísimo, es que no son solo los partidos secesionistas quienes impulsan estos desvaríos que están socavando la soberanía española para dar paso a un mosaico de pretendidas naciones apoyadas en señas de identidad a menudo tan artificiales como esas lenguas.

¿QUÉ ES ESPAÑA PARA EL PSOE?

Pues depende del día y el momento. A principios del siglo XX consideraba que la nación española era un artificio burgués que sería superado por la construcción de un Estado obrero. En la década de 1920 que había que construir una «confederación republicana de las nacionalidades ibéricas» (propuesta por socialistas catalanes y apoyada por Julián Besteiro). Durante la II República apelaron al “Estado Integral” sin por ello dejar de aliarse con ERC para el golpe de 1934. Ínterin las vacaciones de 40 años durante el franquismo volvieron a la confederación republicana de nacionalidades ibéricas. En 1974 en Suresnes definieron España como un conjunto de «nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas», que debía ser resuelta por una «República federal». Ya en 1977 Felipe González y Alfonso Guerra cambiaron la resolución del partido apostando por «poderes autonómicos en las nacionalidades y regiones». Con Zapatero y su guerracivilismo vuelta al confederalismo diciendo aquello de «la nación es un concepto discutido y discutible». En abril de 2017 Sánchez definió España como una «nación de naciones» para luego conceder todo tipo de prebendas a sus aliados independentistas que quieren destruir España.

En verdad, no hay una sola ley sanchista que no distorsione la realidad y contradiga el derecho natural y niegue la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Manipuladora es la Ley de memoria democrática, discriminatoria y estulta es la ley del «Solo sí es sí«, hipócrita la de la Eutanasia, abominable la ley “trans” que destruye el derecho paternal al garantizar el libre cambio de sexo desde los 16 años y desde los 12 años sin que los padres puedan rechistar mientras la infamia es cubierta por la Seguridad Social. En fin, demagoga y por tanto contraproducente en sus objetivos es la ley “Zerolo – LGTBIQ++++” que ha disparado las bajas laborales en un 78,5% desde 2022.

La ley sanchista por excelencia, tanto por su demagógico contenido como su genuina impericia en comprender como funciona el mercado, es la “Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023. Esta ley clientelar pesca votos del lumpen protege a las mafias y aprovechados “okupas” e “inquiokupas” y a la “especial vulnerabilidad”, a costa del propietario que en España es mayoritariamente una persona que ha comprado una vivienda con el esfuerzo de una vida entera ahorrando y la pone en alquiler para sobrevivir durante la vejez. Además, con su estulto intervencionismo declarando “zonas de mercado residencial tensionado” limita los precios de alquiler, impone prórrogas extraordinarias en contratos de alquiler y embrolla los contratos a favor del inquilino, mientras establece chiringuitos burocráticos que solo sirven para llenar andorgas y corromper como indican sus progres denominaciones: Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo «como máximo órgano de cooperación de estas materias entre el Estado, las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla»; la Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo; y las Comisiones Bilaterales de Vivienda y Suelo. Este embrollo leguleyo solo ha generado una enorme inseguridad jurídica y no ha impulsado la construcción de nueva vivienda, ni protegida ni sin proteger. En consecuencia, en dos años de vigencia de esta la ley, en lugar de lograr su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, ha generado el efecto contrario al reducir la oferta y el consiguiente aumento de precios de venta y alquiler, por lo que el acceso a la vivienda, digna o menos digna, se ha vuelto una pesadilla, sobre todo para los jóvenes.

Renglón aparte merece la “Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética” basada en los acuerdos de París de 2015 y perfectamente alineada con la Agenda 2030 para, agárrense, “alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la generación de energía con fuentes renovables” mientras sienta las bases para un sistema eléctrico más resiliente (este concepto de la ciencia de resistencia de materiales lo aplican para cualquier roto o descosido) y dependiente de fuentes renovables. Pero sobre todo prohíbe.

Prohíbe la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (incluyendo la fracturación hidráulica) y minerales radiactivos, incluyendo el uranio (España posee una enorme reserva de uranio), en territorio español, lo que significa la prohibición implícita de nuevas centrales nucleares, incluidas las MSR (Reactores Modulares Pequeños). Estas prohibiciones se extienden a nuevas autorizaciones o permisos mientras se proponen desiderátums tautológicos como la “movilidad sostenible” que significa que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2. El problema de esta sarta de disparates no solo lo ha expuesto el corte generalizado del suministro eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, también, como se ha evidenciado en países y regiones que han impuesto estas medidas como Alemania y California, es que la inseguridad de suministros y la falta de rigor en la implementación y control de la generación energética, suponen un aumento del precio de la energía y una inseguridad que está desmantelando la industria, el comercio y el sector primario, mientras se implanta un puerto de arrebatacapas de concesiones, subvenciones y privilegios para las empresas que se lavan la cara con la ecología y con ello se benefician económicamente (greenwashing), mientras la tautología del cambio climático (la epistemología de la ciencia pone de manifiesto la imposibilidad de una teoría predictiva del clima, al menos hasta ahora) sirve para amedrentar y culpabilizar de los desastres a los ciudadanos para que paguen la fiesta ecológica. «El futuro energético de España o es verde o no será» declaró Pedro Sánchez pocos días antes del gran apagón eléctrico.

El uso, por abuso, inconstitucional de los cientos de decretos leyes lo consiguió Pedro Sánchez con el Real Decreto ley 5/2023 que bajo la apariencia de un decreto anticrisis de medidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania y del volcán de La Palma, el gobierno metió de rondón 226 artículos, cinco disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

Que quien tiene la máxima responsabilidad de perseguir el delito, el Fiscal General del Estado que en su día nombró Sánchez, Álvaro García Ortiz, sea procesado por el delito de revelación de secretos, borre las pruebas directas de su caso y sea defendido a capa y espada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no tiene paragón. Un Bolaños acusado por el juez Peinado de malversar el erario y que se parece cada día más al  lacayo del Duque de Lerma, Rodrigo Calderón y Aranda pues, además de ejercer de portavoz de la defensa de Begoña Gómez y David Sánchez, se dedica a fiscalizar las opiniones y actuaciones de los jueces mientras pretende desmantelar el Estado de derecho con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el obvio fin de vaciar los cimientos de la fiscalía en defensa de la legalidad y el interés público para, mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal, otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales que controla el gobierno. Asimismo, Bolaños está lanzando la “Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal” con el fin de colonizar el Poder Judicial a través de magistrados y fiscales afines que no necesiten acreditar ningún mérito o capacidad para ingresar en sus puestos.

Con estos y otros antecedentes de incondicional sumisión a las órdenes de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Bolaños parece el candidato preferido por el “Puto Amo”, en palabras del también fiel e inepto ministro de transportes, Óscar Puente Santiago, para perpetrar una LEY HABILITANTE como recurso “temporal” de cesión de poder que el Parlamento concede al Gobierno para hacer frente a una situación de emergencia y perpetuarse en el poder.

EL PSOE ASALTA INSTITUCIONES Y EMPRESAS

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón asaltar las instituciones del Estado, empresas públicas y privadas estratégicas para ponerlas en manos de sus más fieles cofrades. Para hacerse una idea del poder que ya acapara Pedro Sánchez, además del propio como presidente del gobierno, refiero un resumido listado de algunas instituciones, medios y empresas que ocupan sus secuaces:

 
  1. Tribunal Constitucional: Cándido Conde-Pumpido y Juan Carlos Campo
  2. Fiscalía General del Estado: El encausado Álvaro García Ortiz
  3. Tribunal de Cuentas: Enriqueta Chicano
  4. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): José Félix Tezanos
  5. Consejo de Estado: Carmen Calvo, Magdalena Valerio y María Teresa Fernández de la Vega.
  6. Cuerpo Nacional de Policía (CNP): Francisco Pardo
  7. RTVE: José Pablo López Sánchez
  8. Banco de España: José Luis Escrivá
  9. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): Belén Gualda González y Bartolomé Lora Toro. Entidad de Derecho Público que abarca 14 empresas y también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100 sociedades. SEPI depende del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero
  10. Agencia EFE: Miguel Ángel Oliver, el exjefe de prensa de la Moncloa durante el principio del mandato de Pedro Sánchez
  11. Patrimonio Nacional: Ana de la Cueva desde julio de 2021, exsecretaria de Estado de Economía durante los primeros años del Ejecutivo de Sánchez
  12. Grupo ENUSA: Mariano Moreno Pavón Director- Gerente de la CEF del PSOE
  13. Renfe: Álvaro Fernández Heredia
  14. Adif: Luis Pedro Marco de la Peña
  15. Correos: Pedro Saura García
  16. AENA: Mauricio Lucena Betriu; diputado socialista en el Parlamento de Cataluña desde 2012 hasta 2015
  17. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: José Luis Rodríguez Álvarez
  18. Red Eléctrica de España: Beatriz Corredor
  19. Paradores: Raquel Sánchez
  20. Loterías y Apuestas del Estado: Jesús Huerta Almendro
  21. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Gerardo Gutiérrez Ardoy
  22. Enagás: Antonio Llardén
  23. Centro Nacional de Inteligencia (CNI): Esperanza Casteleiro
  24. Hipódromo de la Zarzuela: Ernesto Gasco
  25. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Isabel Valldecabres Ortiz
  26. Hispasat: Pedro Duque
  27. Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seiit): Después de dejar en la bancarrota a Correos, Sánchez premió a Juan Manuel Serrano con este chollo.
  28. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): María José Rallo del Olmo
  29. Agencia Estatal Antidopaje (CELAD): Silvia Calzón; exdiputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía y que fue secretaria de Estado de Sanidad hasta noviembre de 2023
  30. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Eva Granados,
  31. Consejo Superior de Deportes (CSD): José Manuel Rodríguez Uribes
  32. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Eloísa del Pino
  33. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): Iván Redondo y Cani Fernández
  34. Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura (SGAUVA): el amigo de Sánchez José Ignacio Carnicero
  35. Mercasa: José Manuel Miñones
  36. Indra: José Vicente de los Mozos sustituto de Marc Murtra catapultado a Telefónica. Esta empresa es la que hace el recuento de los votos electorales.
  37. Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA): Inés María Bardón Rafael
  38. Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA): José Tejero Manzanares
  39. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: José Luis Rodríguez Álvarez
  40. Enusa: — empresa pública responsable del ciclo inicial del combustible nuclear en España— Mariano Moreno Pavón Ex Gerente de la CEF del PSOE.
  41. Telefónica: Marc Murtra y Carlos Ocaña, Consejero Delegado de Telefónica (coautor del libro de la tesis de Pedro Sánchez)
  42. Sepides: Francisco Antonio Blanco
  43. Navantia: Ricardo Domínguez
  44. Cetarsa: Juan Andrés Tovar Mena
  45. Enresa:: José Luis Navarro Ribera
  46. Ebro Foods: Meritxell Batet
  47. Embajada de la ONU: Héctor Gómez
  48. Embajada de la Unesco: Miquel Iceta
  49. Casa Árabe: la negra que escribe los manuales de resistencia a Sánchez, Irene Lozano
  50. Casa África: José Segura Clavell,
  51. Embajada de la OCDE: Ximo Puig
  52. Embajada ante la Santa Sede: Isabel Celáa
  53. Embajada Observadora Permanente ante la Organización de los Estados Americanos: Carmen Montón
  54. Casa Mediterráneo: Andrés Perelló Rodríguez
  55. Turespaña: Rosario Sánchez Grau
  56. Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN): Hugo Morán
 
 

LA SÓRDIDA POLÍTICA EXTERIOR

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón perpetrar una política exterior contraria a los intereses estratégicos de España y sus ciudadanos porque, como en el resto de su acción gubernamental, es consecuencia de la corrupción. Para comprender cada paso, cada pirueta del gobierno de Sánchez en este capítulo es imprescindible evocar a los tejemanejes de tres trúhanes; el lobista y zascandil José Luis Rodríguez Zapatero con sus lucrativos negocios con los dictadores de Venezuela y China y del mismo Zapatero con Miguel Ángel Moratinos y José Bono haciendo lobby para Mohamed VI en Marruecos ENLACE A: “SECRETOS” DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA”

Que la política exterior sanchista está movida por intereses espurios se manifiesta claramente cuando se supo que los espías de Marruecos interceptaron el teléfono de Pedro Sánchez en 2021, mientras que sobre la información obtenida a través del programa de espionaje israelí Pegasus apenas se sabe que existió. El caso es que de proteger a los del Frente Polisario y atender a uno de sus líderes en un hospital español, de la noche a la mañana Sánchez rompió con la posición tradicional de España sobre el Sáhara y apoyó el plan de autonomía propuesto por Rabat. El gesto gusto a Mohamed VI y al Africa Center, centro que depende de la Fundación Instituto de Empresa (IE) que mantiene como directora a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez Fernández quien expandió su actividad para “la formación de empresarios y ejecutivos” gracias a su asociación con el APD Marruecos. Este giro copernicano provocó la ira de Argelia, aliada histórica del Frente Polisario y principal proveedor de gas a España, que cortó relaciones y la la lleve del gas de uno de los gaseoductos que nos suministra, con el consiguiente encarecimiento y dependencia del gas ruso.

Cerca de 50 días después de las masacres cometidas por Hamás en el sur de Israel que causaron la muerte de 1.200 personas (en su mayoría civiles) Pedro Sánchez, visitó Israel junto con un homólogo belga, Alexander De Croo. Lo que se esperaba que fuese una visita destinada a expresar solidaridad con el Estado judío en uno de los momentos más duros de su historia, se convirtió en un viaje con dos objetivos: ganar el aplauso fácil de la extrema izquierda española y posicionar a España contra Israel. La ausencia de una condena explícita al terrorismo y la escasa atención a los españoles asesinados fue duramente criticada por el Gobierno de Netanyahu. Para rematar la faena, Pedro Sánchez fue a Ramallah para reunirse con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina y de Fatah, un tipo que no ha convocado elecciones desde hace 17 años, para comunicarle su apoyo que concretó meses más tarde reconociendo a Palestina como Estado sin modificar las fronteras de 1967, mientras declaraba que «España no comercia con un Estado genocida» y rompía un contrato de España con una empresa de Israel para el suministro de balas.

Las crisis diplomáticas con Israel, Argentina, Argelia y Guinea Ecuatorial exponen una estrategia exterior que ha roto consensos tradicionales y ha situado a España propia y El viaje de Sánchez y su acercamiento a China han generado un profundo malestar en Estados Unidos, que medita la venganza. La última hazaña de Sánchez, tras el reconocimiento de los piratas de  Gibraltar, es la chulesca, al tiempo que impostora, posturita de no coquinar lo debido en la OTAN, para el consumo interno de sus socios y votantes antiyanquis primarios.

El gobierno de Sánchez acaba de someterse al acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre la colonia de Gibraltar, acuerdo que José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores sintetiza así: «El nuevo acuerdo sobre Gibraltar perpetúa un paraíso fiscal que condena al Campo de Gibraltar al subdesarrollo y hace imposible recuperar la soberanía». Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular lo considera positivo mientras que Alberto Núñez Feijóo pide leer la letra pequeña y luego votarlo en el Congreso.

POLÍTICA INMIGRATORIA

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón consumar todo tipo imposturas y vaivenes en la política inmigratoria, al ser usada según convenga a sus intereses aunque algunos alardes de instrumentalización le han resultado fallidos. Empezó la faena embaucadora con la acogida con bombo y platillo de 630 inmigrantes recogidos de pateras por el barco Aquarius2 alquilado por SOS Méditerranée y a 147 inmigrantes recogidos por el barco Open Arms, cuyo propietario es el controvertido y opulento empresario Óscar Camps. Al mismo tiempo, Sánchez prometió retirar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla cuyo costo total ascendió a 32.7 millones de euros, sin que ello evitara los asaltos y heridos de asaltantes y de la Guardia Civil. También decidió Sánchez extender la sanidad gratuita a los centenares de miles extranjeros ilegales que pululan por España. Mientras acogían a los inmigrantes ilegales en hoteles de lujo se produjo la invasión de Ceuta en mayo 2021 a cargo de familias marroquíes que el gobierno de Mohamed VI lanzó en represalia por la asistencia humanitaria al responsable del Frente Polisario y la pésima gestión en la devolución de los menores a sus parientes. Desde entonces y hasta marzo de 2024, Marruecos ha recibido más de 11.500 millones de euros en subvenciones y financiación directa de la UE, sin cumplir sus compromisos migratorios, con una tasa de retorno de inmigrantes ilegales marroquíes inferior al 10% y llegadas récord a Canarias y el sur de España.

En febrero de 2024, Pedro Sánchez y Úrsula Von der Leyen viajaron a Mauritaria para ofrecer más apoyo en forma de fondos (más de 500 millones) e inversiones a cambio de una mayor cooperación en el control de los flujos migratorios tras haberse disparado ya por entonces la partida de cayucos de sus costas con rumbo a Canarias. Desde entonces hasta enero de 2025 las Islas Canarias recibieron 7.270 inmigrantes en 110 pateras y cayucos. Asimismo, el gobierno de Sánchez regala cada año millones de euros justificados como refuerzo de las capacidades materiales de las fuerzas de seguridad marroquíes contra las redes de inmigración irregular y el tráfico de personas.

La superioridad estratégica lograda por Marruecos con el gobierno de Sánchez no tiene otra explicación lógica que el chantaje. Un chantaje que seguramente sobrepasa el de la inmigración ilegal, mientras la seguridad en las calles de nuestras ciudades aumenta, la integración de inmigrantes legales se debilita mientras se instrumentaliza políticamente el problema de los miles de inmigrantes ilegales “menores de edad».

Desde hace 5 años, en las ciudades y pueblos de España se está produciendo el mismo fenómeno que es generalizado en Francia, Bélgica, Reino Unido o Suecia; guetos controlados por la Sharia o Ley Islámica a través imanes enviados con un propósito tan obvio como ocultado. Son esas “no go zones” para la policía que TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE EJERCEN EL PODER EN DICHOS GUETOS camuflan la degradación y los enormes gastos que conllevan, miles de millones de euros, dentro de los planes para evitar la exclusión social.

ESPAÑA VA COMO UNA MOTO AVERIADA

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón tener la osadía de presumir de éxito en política económica gracias a su comprobada impostura que oculta que, durante estos años ha disfrutado del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia proporcionados por el BCE y Bruselas, junto con la mayor recaudación fiscal de la historia. Y sin embargo, nos ha arrastrado al mayor endeudamiento de la historia de España. Jamás ningún gobernante ha dispuesto de tantos recursos y jamás antes ninguno ha despilfarrado tanto. Es el aumento exponencial y constante de empleados públicos lo que vicia la ya de por si viciada estadística y oculta los graves problemas estructurales como la baja productividad, la alta deuda pública, el déficit público y la dependencia del turismo, mientras que el desempleo sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes, lo que limita el potencial de crecimiento y genera desigualdades sociales. A esta ocultada realidad se ha sumado el aumento constante de los impuestos, no deflactar el IRPF por la inflación, el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social y el aumento constante de los impuestos especiales. Así, durante el mandato de Pedro Sánchez hasta enero de 2025, la inflación acumula un incremento del 21,3 %. En el caso de los alimentos, estos se han encarecido casi un 38 %, según el último informe del Instituto Juan de Mariana. Y aunque el salario medio haya crecido un 22,2 % desde 2018 hasta 2024, la decisión del Gobierno sanchista de no deflactar la tarifa del IRPF, los incrementos nominales se han visto devorados por la inflación.

Una de las mejores síntesis documentada de la realidad económica en España que he leído, la ha escrito el periodista de economía, Javier Jorrín en un excelente artículo publicado en El Confidencial titulado “La recuperación que nunca llega: la renta de las familias todavía es inferior a la de hace 18 años” con el aclarador subtítulo: “La masa salarial ha crecido un 30% desde el año 2008, pero es un espejismo provocado por la inflación y el aumento de la población. Por el contrario, la renta real por habitante sigue un 3% por debajo y el consumo ha caído más de un 6%”. Enlace al mencionado artículo

Jorrín señala un dato que indica que el aumento de la renta durante estos años no se debe al aumento de la productividad sino al gasto público: «El principal impulso de la renta de los hogares en España en la última década procede de las prestaciones sociales, en especial de las pensiones. El envejecimiento y la generosidad del sistema público español provocan que el gasto público en transferencias a los hogares se haya disparado en los últimos años. En concreto, las prestaciones monetarias recibidas han aumentado un 25% desde el año 2008, hasta un total de 5.600 euros al año de media por habitante … Este incremento del gasto se ha financiado, en gran medida, con déficit y deuda. Esto es, ha supuesto un aumento de la renta disponible de las familias, pero también un pasivo para las Administraciones Públicas. También se ha financiado con recortes en otras partidas, en especial, en inversión pública. Decisiones que han servido para mantener el dinamismo del gasto corriente, pero que han frenado el crecimiento potencial del país.».

La percepción de que el sistema público de pensiones de España es una estafa piramidal cuyo gasto total en 2024 superó el 12% del PIB aunque es archisabida, es silenciada por la mayoría de los medios y partidos políticos. Solo los empresarios y algunos economistas liberales exponen que a pesar del enorme esfuerzo que supone el impuesto al trabajo de la Seguridad Social, el sistema de pensiones actual es insostenible. Pero como exponer la verdad es tarea imposible para Sánchez y sus secuaces, su gobierno enmascara y falsea balances hasta tener la desvergüenza de presentar cuentas de resultados en positivo enmascarando con ello el déficit de 66.000 millones de euros en 2024. La «magia contable» sanchista consiste en convertir las «transferencias» desde los presupuestos del Estado a la Seguridad Social en ingresos regulares. Como reseñado anteriormente, la deuda pública española en el primer trimestre de 2025 marcó su récord con 1,668 billones de euros, el 103,5% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, sin contar que la verdadera deuda pública; la implícita más la explícita, como indica Eurostat en su informe de febrero de 2024, la deuda implícita del Reino de España supera el 500% del PIB.

Todos, absolutamente todos los impuestos se han incrementado durante la presidencia de Pedro Sánchez. Así, la factura fiscal ha aumentado una media de 2.073 euros entre impuestos y cotizaciones, por lo que los españoles hemos perdido más de 1.400 euros de poder adquisitivo desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Aunque las estadísticas del desempleo y la población que realmente trabaja están manipuladas por los contratos de fijos discontinuos para ocultar el verdadero nivel de desempleo, lo que no puede camuflar el gobierno es que los contratos “basura” por días y hasta por horas se han multiplicado desde que gobiernan. En consecuencia, en 2024 más de 1,5 millones de personas solicitaron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y acudieron a otros servicios sociales para cubrir necesidades básicas, como comer, vestirse o pagar el alquiler. Las solicitudes para obtener el subsidio por desempleo aumentaron 60% en 2024 alcanzando el nivel máximo en diez años. Por si estos datos no fueran suficientemente indicativos para probar el aumento de la pobreza durante el régimen sanchista, el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre de 2024 registró que el 34,7% de los niños españoles estaban en riesgo de pobreza, mientras que 3.918.872 tuvieron carencias materiales graves. Dicho de otro modo: el éxito económico y el escudo social de los que presume Sánchez son cuentos y no cuentas.

LA GENERACIÓN MÁS ESTAFADA DE LA HISTORIA

Cuando se exponen las consecuencias de la nefasta política económica intervencionista sanchista, no puede olvidarse otro aspecto sustancial que la descalabra, tanto desde el punto de vista de la baja productividad como del desempleo estructural. No es por casualidad que son los jóvenes quienes tienen las mayores dificultades para encontrar trabajo, debido a desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo en el mercado laboral. El corolario lógico de esta situación que contiene la paradoja de un mercado laboral que no encuentra suficientes médicos, ingenieros, matemáticos, electromecánicos de mantenimiento, albañiles, fontaneros, electricistas, etc. es que «la generación más preparada de la historia» es un alago engañoso que oculta la realidad de una generación estafada por una inflación de grados, másteres y doctorados en las llamadas ciencias sociales, cuya demanda está restringida al estado y sus tentáculos sociales.

Esta estafa se inició tiempo ha con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), una utopía posmoderna rousseauniana aprobada en 1990 por el gobierno del PSOE presidido por Felipe González e impulsada por el entonces ministro de Educación, José Maria Maravall. Aunque se ha dicho repetidamente que la LOGSE fue redactada por pedagogos, la verdad es que fue perpetrada por dos psicólogos posmodernos, Alvaro Marchesi y Cesar Coll. Con esta ley se institucionalizó la falta de exigencia académica, la promoción automática de curso, el desbarajuste de la formación profesional y la pérdida de calidad en la enseñanza. La doctrina de fondo de esta ley y las siguientes perpetradas por el PSOE, se basa en la teoría pedagógica de la “comprensividad” inventada por los laboristas británicos para evitar la segregación por razones de sexo, capacidad o dinero, lo que implica hacer un mismo currículum y compartir un mismo espacio, imposiciones que llevan implícitas disolver las diferencias y, sobre todo, uniformar. Y uniformar significa reducir al mínimo común denominador contenidos y expectativas así como deslegitimar la excelencia y las jerarquías intelectuales individuales. Es lo que de forma atroz dijo el sucesor de Maravall en el ministerio de educación, Javier Solana en una proclama a favor de la LOGSE y la socialización del conocimiento: «Se ha democratizado la enseñanza porque la suma de los pocos saberes de todos es más grande que la suma de los muchos saberes de pocos».

Otra nefasta particularidad de la LOGSE fue la concesión de ceder el 45% del currículum a las autonomías con dos lenguas oficiales, lo que dio a los nacionalistas la herramienta imprescindible para adoctrinar a los alumnos. Con la LOE (Ley Orgánica de Educación) de 2006 y la LOMLOE de 2020 se cedió el 55%.

Durante la segunda legislatura de José María Aznar se aprobó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ley que no se pudo aplicar pero que intentaba poner freno a los desmanes de la LOGSE, mejorar los resultados académicos, reforzar los valores y aumentar la disciplina en las aulas. Sin embargo, la LOCE fue derogada en 2006 por Zapatero y sustituida por la LOE que no era otra cosa que una LOGSE más reaccionaria y posmoderna.

Como durante sus dos legislaturas Marianao Rajoy no consideró necesario ni urgente mejorar la educación, Sánchez se apresuró a reformar la LOE de Zapatero con la Ley Orgánica 3/2020 LOMLOE o ley Celaà. Se trata de una LOGSE ideológicamente cerril con un largo preámbulo de jerga woke-2030 que repite niños y niñas tropecientas veces, habla de la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, el «enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación, atender al desarrollo sostenible», etc. etc. Esta LOMLOE es un atentado contra la libertad metodológica de los docentes, impone cuestiones pseudocientíficas en su redactado y, a nivel burocrático, complica el modelo de evaluación hasta el infinito. Peor aún es su desarrollo curricular infame, repetido y producto de una doctrina sectaria cuya máxima es la dilución de todo tipo de conocimientos en transversalidades sin sentido.

Si las pruebas PISA evidencian el fracaso de la LOGSE, LOE y sobre todo la LOMLOE, si España tiene una de las tasas más altas de abandono escolar temprano de la Unión Europea, lo que contribuye a la falta de trabajadores con formación adecuada para acceder al mercado laboral, si la falta de interés en la formación técnica y profesional y la inflación de titulaciones universitarias mostrencas son causas fundamentales del desempleo estructural, resulta espantoso e indignante que, con la cooperación de los sindicatos CCOO y UGT, los políticos que envían a sus hijos a centros privados elitistas y luego a Oxford, Cambridge, Imperial College London y la London School of Economics, impongan a la población menos pudiente un sistema educativo que la experiencia empírica ha demostrado ser la causa del desastre educativo y económico de los últimos 35 años.

PUDO Y PUEDE Pedro Sánchez Pérez-Castejón perpetrar todo lo descrito y mucho más. Puede cultivar su bonapartismo soberbio y vanidoso que polariza la sociedad para consolidar el poder porque cuenta con el dinero público que él y sus adláteres controlan sin rendir cuentas. De hecho, se pasa por el forro la ley de Transparencia pues el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) José Luis Rodríguez Álvarez y otros vocales fueron nombrados por su sanchidaz. Se trata de asignaciones opacas y sesgadas de fondos como el plan de ayudas a la digitalización y partidas para publicidad institucional, utilizados como instrumentos para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Estamos ante una reedición de la agitprop soviética para crear el relato que convenga aplicando la neolengua repleta de consignas, iconos e imágenes que disfraza, encubre o connota la realidad a la carta, mientras cualquier disidencia es motivo de acusación e insulto. En el conocido ensayo de Lenin “¿Qué hacer?” (1902) hay un párrafo que se estima fue colegido de un escrito de su entonces alma mater Gueorgui Plejánov que define la agitprop: «El propagandista comunica muchas ideas a una o varias personas, mientras que el agitador comunica una sola idea, o un pequeño número de ideas, a toda una multitud». Esta definición se ajusta cabalmente al llamado Equipo de Opinión Sincronizada de Sánchez.

Se trata de un equipo de genuflexos que sigue incondicionalmente los designios y consignas emanados desde La Moncloa. Que aplaude entusiasta la colonización de las instituciones, justifica los indultos y la amnistía a los golpistas, celebra el concierto/cupo catalán y de todas las leyes sanchistas, al tiempo que crítica a los jueces que consideren que dañan los intereses de Pedro Sánchez y familia, y tacha de fascistas, extrema derecha y derecha extrema a la oposición. Casi todos cuentan con suculentas retribuciones de la quebrada RTVE.

Como la agitprop del Equipo de Opinión Sincronizada de Sánchez no ha sido suficente para contener y tapar las noticias sobre los procesos de Begoña de Sánchez y de su hermano David, Sánchez ha lanzado a sus huestes más fieles para tomar “medidas de regeneración y transparencia de los medios”. Efectivamente son su fiel Félix Bolaños y el ministro de Cultura marxista-leninista-woke que odia la hispanidad, Ernest Urtasun los encargados de la faena. Según Urtasun, se pretende «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las ‘fake news». Como han adivinado, Urtasun está resucitando la Glavlit soviética encargada de controlar y restringir la información publicada y difundida, tanto en medios escritos como audiovisuales.

Aunque nos duela el corazón creo que es mejor encarar la verdad y reconocer que con el actual marco institucional, jurídico, político, territorial, económico, educativo, fiscal y administrativo, España se encuentra en trance de descomposición y de ruina material y moral.

EL AMIGO ALEMÁN

Cuando inicialmente reseñé que el PSOE tiene profundamente enquistados los genes ideológicos del marxismo, esos elementos centrales que constituyen su estructura de pensamiento y que guían su análisis de la sociedad y la historia que incluyen el materialismo histórico, la lucha de clases, la teoría del valor-trabajo y la crítica al capitalismo, un bloque doctrinario que conlleva el determinismo de la predestinación antes por clase y ahora por supuesta víctima, repudiando con ello el libre albedrio del individuo y, en suma, la libertad, cavilaba apesadumbrado que el PSOE es el único partido político español que, desde 1879 hasta el momento que escribo estas líneas a finales de junio de 2025, ha protagonizado buena parte de los acontecimientos recientes de nuestra agitada historia.

El doctor en Historia por el Instituto Europeo de Florencia; Antonio Muñoz Sánchez describe pormenorizadamente en su tesis doctoral publicada con el título “El amigo alemán” (2012), las relaciones entre el Partido Socialdemócrata Alemán SPD y el PSOE a finales de los años sesenta y la década siguiente del pasado siglo. En este ensayo, Muñoz Sánchez narra el lavado de cara ideológico y de imagen del PSOE previos a la Transición democrática que los entonces poderosos dirigentes del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands; SPD) Willy Brandt, Helmut Schmidt y el diputado Hans Matthöefer, a quien se apodaba “el diputado por Barcelona”, junto con el no menos poderoso socialdemócrata sueco Olof Palme, lograron imponer en el congreso del PSOE celebrado en Suresnes en octubre de 1974, una nueva dirección en detrimento de la sempiterna del exilio encabezada por el veterano pedagogo masón y krausista Rodolfo Llopis Ferrándiz. Los nuevos dirigentes elegidos tras numerosos cabildeos, fueron los entonces jóvenes sevillanos del famoso clan de la tortilla encabezados por Felipe González Márquez aunque, para evitar escisiones, fueron incluidos Nicolás Redondo Urbieta, José María Benegas y dos miembros de la Agrupación Socialista Madrileña que habían votado en contra del nuevo secretario general: Francisco Bustelo y Pablo Castellano. El apoyo del SPD al renovado PSOE fue “financiero, logístico y de entrenamiento”, además de erigirse en garante internacional (sobre todo ante EEUU representado por su entonces poderoso secretario de Estado Henry Kissinger) de la homologación ideológica acorde con la socialdemocracia europea, según los cánones germano-escandinavos elaborados en el programa del SPD conocido como “Bad Godesberg” en noviembre de 1959, fueron sintetizados en el lema: “Socialismo es libertad”. A los noveles dirigentes, los alemanes en aquel tiempo les encumbraron y famosearon gracias a las suculentas aportaciones dinerarias provistas por la Fundación Ebert y el poderoso sindicato IG Metall. El monto de la ayuda para la reconstrucción del PSOE y UGT nunca fue declarado oficialmente, pero tanto los estudios de Eusebio Mujal-León como los del mencionado historiador Antonio Muñoz Sánchez, junto con el testimonio del delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert; Dieter Koniecki como proveedor de fondos al PSOE entre 1975 y 1982, coinciden en la cifra redondeada de 20 millones de dólares (95 millones de dólares de 2018). Con todo, los flamantes dirigentes tuvieron que emplearse a fondo para conseguir el blanqueo definitivo que exigían sus benefactores alemanes; abandonar el marxismo. No lo lograron en el XXVIII Congreso, pero si en el siguiente extraordinario. Así, aquel aseado PSOE se presentó ante los españoles como “el partido de los cien años de honradez”

CUANDO EL PSOE ERA PODEMOS

Recuerdo el título, no así el contenido, de un artículo leído en Internet hace unos años: “Cuando el PSOE era Podemos” por sintetizar la raíz ideológica de un partido sin ideólogos ni estrategas dignos de tal nombre

El Partido Socialista (PSOE) fue fundado el 2 de mayo de 1879, en una clandestina comida de fraternidad organizada en una fonda cercana a la Puerta del Sol de Madrid por dieciséis tipógrafos madrileños pertenecientes a la Asociación General del Arte de Imprimir, un sindicato artesanal de la aristocracia laboral presidida por Pablo Iglesias Posse. También asistieron a la pitanza cuatro médicos, un doctor en ciencias, dos joyeros, un marmolista y un zapatero. Como ninguno de los comensales conocía directamente las obras de Marx y Engels, se nutrían de los turbulentos artículos publicados en “Les Droits de l’Homme”, “La Révolution” y, posteriormente, L’Égalité, del francés Jules Guesde y en menor medida de Paul Lafargue que les enviaba periódicamente el camarada de Iglesias en la Nueva Federación Madrileña, José Mesa y Leompart, por entonces residente en París y contertulio de Guesde y Lafargue en lo que se llamó grupo del Café Soufflet. Como he comentado antes, Iglesias Posse fue un admirador y seguidor de la peculiar empanada mental de Guesde, consistente en una mezcla de maltusianismo con las leyes de rendimientos decrecientes de Ricardo y la “ley de hierro de los salarios” de Ferdinand Lasalle, concepto que fue criticado por Marx.

La dependencia del PSOE del puritano y desconfiado Iglesias y de la Unión General de Trabajadores (UGT) fundada por él durante el primer congreso del PSOE, al ebrio socialismo de Guesde, reduccionista y determinista, caracterizado por la rigidez y simplicidad de la mayoría de sus postulados, lastró y en cierta medida sigue lastrando al PSOE que oscila entre la pasión revolucionaria al oportunismo sin principios. Y a pesar de la santificación de Iglesias Posse por parte de los memorialistas del PSOE, no fue santo de la devoción de algunos de los exiguos estudiosos marxistas españoles, Es el caso del probablemente mayor estudioso y estratega del marxismo, del leninismo y del trotskismo de España, Joaquín Maurín Juliá quien, en su libro “Los hombres de la Dictadura” (1930) escribe: «Pablo Iglesias no fue ni revolucionario ni inteligente… Iglesias era intelectualmente hombre de una mediocridad completa. Quien relea ahora sus discursos y artículos, vacíos totalmente, sin una idea propia, original, sin la menor pasión, se quedará asombrado de que hubiese podido ser el alma de una gran parte de proletariado español… Iglesias fomentó un obrerismo estrecho, mezquino, que contribuyó en gran escala a la pobreza mental de nuestros socialismo».

Aunque la hemeroteca de la Fundación Pablo Iglesias no conserva todos los números de órgano de expresión del PSOE; “El Socialista” desde su aparición en 1886, si conserva los suficientes como para comprobar la escasez de análisis teóricos originales, mientras que abunda la retórica revolucionaria reduccionista y una práctica política esencialmente pragmática, mejor dicho, oportunista.

El desastre de 1898 fue el catalizador de la aparición en España del regionalismo, el anticlericalismo, el anarquismo militante, la frustración del ejército y un general pesimismo fin de siglo que reaccionó violentamente contra los clichés del liberalismo parlamentario. El PSOE se unió con armas y bagajes al regeneracionismo fomentado por el krausismo y en cierta medida por la masonería. La relación del PSOE con la masonería no ha sido estudiada debidamente a pesar de su importancia, debido al secretismo de ambas partes, no obstante, es reseñable que los importantes dirigentes del PSOE; Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos fueron hermanos masones. Otro dato significativo es que de los 118 diputados que tuvo el PSOE durante la II República, 44 pertenecían a logias masónicas. Pero por si esta relación histórica no queda clara, informo que “El Gran Maestre” de la Gran Logia de España es el senador socialista Txema Oleaga, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia. De hecho, el PSOE ha tomado las riendas de la masonería española o viceversa porque copan la dirección de la logia española los miembros del PSOE; Francisco Javier Rivas, Jesús Oleaga (hermano de Txema), David Aragonés, José Antonio Rodríguez Peregrina, Lluís M. Moyà Noguera, Juan Carlos Goñi, Carlos Barón, etc. etc.

Con un solo diputado, el PSOE y la UGT apenas eran grupúsculos cuando estalló la I Guerra Mundial. Como España se declaró neutral el PSOE no se vio en la tesitura de declararse internacionalista o nacionalista, aunque si hubo agrias discusiones y el mismo Iglesias se vio decepcionado cuando su admirado Jules Guesde se convirtió en furibundo nacionalista. La neutralidad supuso una mejora importante para la economía española, sin embargo, tuvo el gran inconveniente de generar inflación y el consiguiente malestar social. Este malestar se expresó en numerosas huelgas directamente relacionadas con demandas económicas de los trabajadores. En este contexto, UGT había perdido afiliados pues 1916 tenía menos de 85.000 afilados en toda España. Ante esta situación y la comprobación de que su competidora anarcosindicalista CNT les quitaba afiliados a raudales, los dirigentes del PSOE y UGT apostaron por la colaboración con los enemigos anarquistas en un alarde de pragmatismo. Lo lograron en julio de 1916 con el Pacto de Zaragoza, firmado por Julián Besteiro Fernández, Vicente Barrio Minguito y por el duro antiguo estucador, Francisco Largo Caballero por parte de UGT y Ángel Pestaña Núñez, Salvador Seguí Rubinat y Ángel Lacort Gracia por parte de CNT.

Finalmente el 26 de noviembre CNT y UGT convocaron una huelga general de veinticuatro horas para el 18 de diciembre que resultó exitosa. El 10 de julio de 1917 estalló una huelga de ferroviarios que paralizó España, por lo que PSOE y UGT establecieron un comité de huelga compuesto por Francisco Largo Caballero y Daniel Anguiano por UGT y Julián Besteiro y Andrés Saborit por el PSOE. Este comité decidió declarar la Huelga General Revolucionaria el lunes 13 de agosto sin contar con la CNT.

Aplastada por el ejército, el balance oficial de la huelga fue de 71 muertos, 200 heridos graves y más de 2000 detenidos, mientras sus dirigentes fueron condenados a cadena perpetua por sediciosos, condena que purgaron en el penal de Cartagena unos meses al ser liberados tras ser elegidos diputados. Fracasada la intentona, el PSOE cambia su discurso internacionalista para empezar a “comprender” a los nacionalistas catalanes y vascos al punto de apoyar las reivindicaciones del nacionalismo burgués de Francesc Cambó.

En el XI Congreso de diciembre de 1918 Andreu Nin Pérez logra que se apruebe su propuesta de modelo de estado español, mediante una “Confederación republicana de nacionalidades ibéricas”.

LARGO CABALLERO ANTECESOR DE SÁNCHEZ

No me parece casual que sea Francisco Largo Caballero el dirigente histórico del PSOE que más nombra y vanagloria Pedro Sánchez. No hay coincidencia alguna en la crianza, escaseces de todo tipo para el primero que estudio las Escuelas Pías de San Antón y comenzó a trabajar a los siete años hasta hacerse estuquista, con la holganza burguesa para el segundo licenciado por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial y doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela de donde pasó a político profesional. Sin embargo, del reconocido carácter duro, agrio, esquinado, casi insociable de Largo Caballero al impostado narcisista, con una percepción sobredimensionada de sí mismo tanto como desenfocada del mundo de Sánchez, hay una conexión fundamental, el mesianismo y la obsesión por el poder de ambos personajes.

Sucedió que tras la derrota de la huelga revolucionaria de 1917, los dirigentes del PSOE se recluyeron en el debate en torno a la incorporación a la Internacional comunista de Lenin (también conocida como Comintern o III Internacional), mientras los anarcosindicalistas explotaban el potencial revolucionario de la situación con huelgas de carácter insurreccional como la huelga de La Canadiense, una huelga general que paralizó Barcelona y gran parte de Cataluña en 1919 y la gran huelga del puerto y transporte de Barcelona en 1923 que, junto con el clima de inestabilidad general, fueron parte de las causas que llevaron al golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923. Del debate sobre si irse o no con Lenin resultó la escisión que terminó en la creación del Partido Comunista de España (PCE). Del golpe de Estado incruento de Primo de Rivera surgió la colaboración del PSOE y UGT en el proyecto corporativista (fascista en Italia) encabezado por Eduardo Aunós Pérez quien fue subsecretario del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria en 1924, Ministro de Trabajo, Comercio e Industrial entre el 3 de diciembre de 1925 y el 3 de noviembre de 1928, Ministro de Trabajo y Previsión entre el 3 de noviembre de 1928 y el 30 de enero de 1930 y con la Dictadura de Franco Ministro de Justicia entre el 15 de marzo de 1943 y el 20 de julio de 1945.

Ocurrió que tanto para Primo como para Aunós, su época era la del Estado corporativo, orgánico e intervencionista que debía regirse por la Carta encíclica Rerum novarum del papa León XIII. Para Francisco Largo Caballero y no pocos dirigentes del PSOE y UGT el poder del Estado debía ser tomado por la clase obrera por la fuerza porque la democracia burguesa liberal era incompatible con el socialismo. Además, la flamante dictadura se concentró en perseguir a los anarcosindicalistas y comunistas dejando una rendija abierta para el entendimiento con los socialistas, sobre todo con la UGT. Ante esta situación, el PSOE no se opuso al golpe de Primo de Rivera y enseguida inició la colaboración con el régimen corporativista. Así, Aunós se comunicó con Manuel Llaneza, reconocido dirigente minero moderado y le invitó a reunirse en Madrid para “tratar” sobre los problemas de la industria minera. Este aceptó tras consultar a la ejecutiva de UGT y se reunió con Primo y Aunós el 2 de octubre de 1923, apenas 17 días después de culminar el golpe de estado. El flamante dictador propuso a Llaneza la colaboración entre su nuevo Directorio y los socialistas con el objetivo de mejorar la situación de los trabajadores. Así, El PSOE-UGT iniciaron su colaboración con la dictadura.

A pesar de las reticencias de algunos dirigentes socialistas como Indalecio Prieto, Largo Caballero vio una oportunidad inesperada de ejercer poder, por lo que acepto con entusiasmo su nombramiento como vocal de la Organización Corporativa Nacional creada por Aunós y, enseguida miembro del Consejo de Estado. En este último cargo se comprometió a estudiar la derogación de la Constitución de 1876, mientras promovía la creación de Comités Paritarios destinados a mediar y resolver los conflictos sociales. En la práctica la UGT copó la representación obrera, hasta el punto de desplazar a los sindicatos católicos, a pesar de que Primo de Rivera afirmó en numerosas ocasiones que se iba a inspirar en los principios de cooperación de la Doctrina Social de la Iglesia. Por supuesto Largo Caballero no estuvo solo participando en el gobierno de la dictadura, en realidad la decisión de colaborar activamente fue decidida por el triunvirato de la ejecutiva del PSOE: Julián Besteiro, Largo Caballero y Andrés Saborit quienes acumulaban los cargos de presidente, vicepresidente y secretario tanto del PSOE como de UGT. Por supuesto otros dirigentes socialistas les apoyaron incondicionalmente, destacando Manuel Núñez Tomás, Lucio Martínez Gil, Santiago Pérez. Solo se opusieron a esta colaboración Teodomiro Menéndez Fernández, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto.

Fue gracias a la colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera que PSOE y UGT sobrepasaron su crisis y lograron, gracias al fortalecimiento extraordinario del partido y el sindicato, desempeñar luego un papel central en la instauración de la II República. Mediante su colaboración con el Dictador, los socialistas no solamente evitaron su proscripción, sino que consiguieron también rehacer sus fuerzas de manera no asequible a otros grupos rivales. Así pues, cuando la II República fue proclamada en abril de 1931, el PSOE se había constituido en la fuerza más coherentemente organizada del panorama político español.

EL ORO DE MOSCÚ Y EL TESORO DEL VITA

Tras perder las elecciones generales de 1933 el PSOE en boca de su máximo dirigente de facto Francisco Largo Caballero, ya entonces llamado “el Lenin español” hizo honor a su apodo abandonando la “vía parlamentaria” para alcanzar el socialismo. En consecuencia, el PSOE optó por la vía insurreccional armada en octubre de 1934. Fue un intento de golpe de estado anticonstitucional en alianza con el Partido Comunista de España y la Generalidad de Cataluña presidida por Lluís Companys Jover de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La intentona tuvo el trágico desenlace de: 1.375 muertos, 2.945 heridos, 935 edificios destruidos (58 eran iglesias); 66 líneas férreas cortadas; 58 puentes volados; 31 carreteras interceptadas y 14 millones de pesetas desaparecidas. Pero el programa único del PSOE de entonces no se paraba en barras ante los costes en vidas humanas y bienes, sus dirigentes en 1936 ya no lo disimulaban. Las palabras de Largo Caballero en “El Socialista” del 9 de febrero de 1936 son preclaras: «Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo Español y del comunismo Ruso es el mismo».

Tras el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 que desencadena la guerra civil, los gobernantes del Frente Popular inician políticas de guerra represivas que conducen a desmanes y crímenes descontrolados de los que solo algunos se arrepentirían. Uno de los más truculentos los protagonizó el escolta de Indalecio Prieto, Agapito García Atadell como jefe de la Brigada del amanecer luego legalizada por el Director General de Seguridad Manuel Muñoz Martínez, como «Milicias Populares de Investigación». A los primeros “paseos” (asesinatos nocturnos sin juicio) de estas milicias y otras de partidos del Frente Popular y sindicatos UGT y CNT, siguieron el establecimiento por toda la zona republicana de centenares de cárceles y salas de tortura conocidas como “chekas” relacionándolas con las soviéticas de Lenin-Stalin. Como presidente de gobierno, Francisco Largo Caballero nombró a su compañero Ángel Galarza Gago ministro de gobernación el 4 de septiembre de 1936, pero Galarza, lejos de eliminar las chekas, las legaliza. Famosas por terroríficas fueron las checas de Madrid dirigidas por miembros del PSOE o UGT ubicadas en el Círculo de Bellas Artes, Fomento, en la calle Martínez de la Rosa, en la calle Marqués de Cubas 19 con una auxiliar en Montera 22 comandadas por el ugetista, Felipe Ortiz Torres, la de la Agrupación Socialista Madrileña montada por el diputado del PSOE Luis Pastrana Ríos y dirigida por Anselmo Burgos Gil en la de la calle Marqués de Riscal luego trasladada al convento de Santa Úrsula de Valencia. Los diarios asesinatos en la Ciudad Universitaria, secuestros y robos por doquier de García Atadell con su compadre el abogado Pedro Penabad Rodríguez y sus secuaces fueron tan enormes que, los compañeros de faena del Partido Comunista de España (PCE) y de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) iniciaron su persecución, por lo que García Atadell y sus más íntimos secuaces se refugiaron en la zona franquista donde fueron capturados, juzgados y ejecutados.

Si los deleznables sucesos antedichos han sido justificados por muchos como desgracias perpetradas en momentos críticos de la guerra, los protagonizados por los principales dirigentes del PSOE: Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto Tuero, Juan Negrín López y Amaro del Rosal Díaz, indubitablemente documentados en los archivos históricos, por su transcendencia, merecen tenerlos en cuenta como aviso. Fue ante la incapacidad del gobierno del Frente Popular en conseguir créditos dentro y fuera de España y los limites recaudatorios de la continua emisión de billetes por su efecto inflacionario galopante, por lo que Negrín, a la sazón ministro de Hacienda del gobierno de Largo Caballero, ordenó al director general del Tesoro y Seguros dirigente de Izquierda Republicana Francisco Méndez Aspe proceder a la confiscación de monedas, lingotes de oro y alhajas de las bóvedas del Banco de España (585.000 kilos de oro empaquetado en 7.800 cajas de municiones de 75 kg cada una) una reserva de oro que había sido registrada por las estadísticas internacionales en mayo de 1936 como la cuarta más grande del mundo. El «Oro de Moscú» de 585 toneladas de oro regaladas a Stalin en 2025 son 30 mil millones de €uros.

No menos cuantiosas fueron las requisas e incautaciones perpetradas por la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra, institución creada en septiembre de 1936 mediante un decreto firmado por Negrín y dirigida durante toda su existencia por el miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT; Amaro del Rosal Diaz. El nombre de la Caja indica sus fines, los bienes y fondos que la sustentaron procedieron de los bienes de los considerados como “sediciosos, rebeldes o desafectos” señalados por tribunales especiales llamados populares, además de las denuncias de los partidos que conformaban el Frente Popular. Las incautaciones fueron realizadas directamente por juntas provinciales calificadoras, los sindicatos UGT y CNT, comités populares, etcétera. Así, fueron requisados bienes, fincas rusticas y agropecuarias privadas, bienes y obras artísticas de la Iglesia católica y de particulares, acervos diversos en domicilios particulares que incluyeron muebles, títulos bancarios, metales preciosos, inmuebles urbanos, joyas y depósitos en cajas de ahorro y Monte de Piedad, colecciones de pinturas, esculturas y joyas de elevado valor histórico-arqueológico. Ni durante la guerra ni tras ella, Francisco Méndez Aspe o Amaro del Rosal Díaz rindieron cuentas ni publicaron un inventariado íntegro de la riqueza incautada por la Caja General de Reparaciones y del uso que hicieron de tal enorme caudal que constituía el ahorro y patrimonio de millones de españoles de toda condición. Hasta el fallecimiento de Juan Negrín en 1956 cuando su hijo Rómulo, siguiendo instrucciones de su padre, entregó el llamado el «Dossier Negrín» al gobierno español, no hubo expediente justificativo procedente de los responsables de las incautaciones. Aunque los historiadores Enrique Moradiellos García, Ángel Viñas y Ricardo Miralles Palencia defienden la gestión política de Negrín, la económica no tanto, otros que conforman mayoría como Pablo Martín-Aceña Manrique, Fernando García de Cortázar, Alberto Reig Tapia, Francisco Gracia Alonso y Gloria Munilla Cabrillana son menos benevolentes, en concreto, Gracia Alonso y Munilla Cabrillana detallan en “El tesoro del Vita” datos específicos sobre el expolio histórico-artístico perpetrados por Negrín y Prieto, mientras que el exiliado durante el franquismo Francisco Olaya Morales designa estos episodios de criminales.

Lo incuestionable es que el dosier Negrín es incompleto e inexacto, no informa sobre los criterios y las fórmulas con que semejante tesoro fue empleado o repartido en las manos que lo hicieron esfumarse. Lo comprobado es que además de las 510 toneladas de oro que acabaron en los sótanos del Gokhran en Moscú “Oro de Moscú” y de las 193 toneladas de oro en París, una parte considerable de las divisas obtenidas de la venta de lo requisado por la Caja General de Reparaciones fueron a cuentas corrientes en bancos franceses, británicos y norteamericanos a nombre de dirigentes del PSOE incondicionales de Negrín, destacando, entre otros; el mismo Juan Negrín y su compañera sentimental Feliciana López de Dom Pablo, José Calviño Ozores (militante del PSOE y principal comprador de armas del Frente Popular durante la guerra que devino luego millonario residente en Suiza que se definía: «socialista, republicano y capitalista»), Julián Zugazagoitia Mendieta, José María García-Valdecasas Santamaría, Alvaro de Albornoz Liminiana, José Ignacio Aldama Gamir, Alejandro Otero Fernández, Félix Gordón Ordás, Rafael Méndez Martínez, Luis Prieto Cerezo (hijo de Indalecio Prieto Tuero), Daniel Fernández Shaw, Fernando de los Ríos Urruti, Julio Álvarez del Vayo y Olloqui y Luis Araquistaín Quevedo quien, a pesar de ser uno de los beneficiarios y antiguo socio de Negrín y del Vayo en la Editorial España, años después denunció a sus compañeros. Además de las divisas esparcidas en cuentas bancarias a nombre de dirigentes del PSOE, Negrín y sus ayudantes vendieron remesas de plata por toneladas sin que se sepa adonde fue el dinero percibido. Pero quizá el mayor escándalo de todo este expolio del patrimonio de los españoles fue la apropiación indebida por parte de Indalecio Prieto Tuero en 1941, de una sustanciosa parte del patrimonio artístico español, compuesto por cuadros, ropa y objetos religiosos de varias catedrales, depósitos procedentes del Monte de Piedad de Madrid, una colección de relojes antiguos única, monedas de oro y plata de valor numismático, joyas y diamantes. Este gran tesoro conocido como «Tesoro del Vita» fue cargado en el puerto francés de El Havre en el yate Vita por órdenes de Negrín con destino México, con el objetivo de ayudar a los exiliados republicanos en aquel país. Ni Prieto ni Negrín rindieron cuentas y pocos exiliados fueron socorridos mientras que todos estos dirigentes prefirieron vivir cómodamente en países capitalistas, el menos México y los más: Suiza, Reino Unido, EEUU, que en la URSS del socialismo real.

FILESA, MALESA Y TIME-EXPORT

El 28 de octubre de 1982 el PSOE encabezado por Felipe González Márquez gana las elecciones generales por mayoría absoluta, tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23F. A los pocos meses estalló el llamado Caso Flick que destapó una parte ínfima de la financiación ilegal del PSOE por parte de la Fundación Friedrich Ebert del SPD, al comprobarse que había invadido impuestos en la RFA. En 1988 aparece otro sistema de financiación ilegal del PSOE con el nombre de “Caso Filesa”. El fraude consistió en desviaciones de dinero negro al PSOE a través de la trama de empresas Filesa, Malesa y Time-Export por un importe de 1.200 millones de pesetas (equivalentes a 16,44 millones de euros en 2025). Como ya era habitual, el juicio se demoró once años y a los condenados no les fue del todo mal, pues una parte de la condena fue suspendida por el Tribunal Constitucional y otra por el indulto parcial decretado por Gobierno del Partido Popular (PP) presidido por José María Aznar López el 1 de diciembre de 2000, cuando el PP estaba abrumado por otro escándalo de financiación irregular conocido como Caso Naseiro. Entretanto, Felipe González maniobró con notable astucia para decir digo donde dijo Diego y mantuvo a España en la OTAN. Otros casos de corrupción involucrado a miembros relevantes del PSOE fueron a apareciendo: Juan Guerra, AVE, Roldan, Palomino, etcétera. Entremezclando corrupción y autoritarismo el gobierno presidido por Felipe González incurrió en terrorismo de estado con los GAL financiado con fondos reservados entre 1983 y 1989.

Empero, el gran engaño del “Felipato” no solo fue que su gran promesa de crear 800.000 nuevos empleos en la primera legislatura no se cumplió en todo su mandato, sino que a pesar de “crear” más de medio millón de funcionarios, de establecer el mayor artilugio de clientelismo político y de corrupción llamado Plan de Empleo Rural (PER) que camuflaba la cifra real de parados en más de 200.000 personas, de la incapacidad de realizar las reformas estructurales en la industria debido a la cerrazón ideológica socialdemócrata, sucedió que el flamante gobierno socialista de González en 1983 aprobó «Ley de Reconversión industrial y Reindustrializaciones» o Reconversión Solchaga para indemnizar y subvencionar los millones de despidos en la industria. De esta manera, los trabajadores industriales en España pasó de 3.5 millones en 1975 a 2.8 millones en 1996. Efectivamente, en pocos años y a pesar de los caros floripondios de los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla en 1992, poco después a España no la reconocía ni la madre que la parió pues la tasa de desempleo se disparó pasando de un 16,61% en 1982 a un 22,1% en 1996. Para sustentar semejante desmadre los gobiernos presididos por González aumentaron los impuestos. El IVA del 16% al 18%, el IRPF subió el tipo mínimo al 20% y al 56% el tipo máximo.

Tampoco fueron asuntos de los que presumir la reconversión industrial o más bien desmantelamiento que llevó en 1985 a un índice de paro del 22 %, la recesión económica de 1993 con el 24 % de paro e inflación del 5 % y el déficit público del 6 % del PIB. La clave de la época conocida como felipismo o felipato puede estar en la frase del Vicepresidente Alfonso Guerra González: «Montesquieu sigue muerto y bien muerto y nadie tiene intención de resucitarlo». Pero la medida de mayor y larga repercusión de la era del felipato fue ya comentada anteriormente Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 que instauró un modelo basado en las teorías pedagógicas de la alteridad inclusiva donde el esfuerzo individual del alumno se relativiza a través de la promoción automática, la incomprensible enseñanza comprensiva y la eliminación de pruebas extraordinarias de recuperación. Su promotor, Alvaro Marchesi Ullastres, y sus amigos del POSE no solo han desdeñado la reducción notable del rendimiento académico y el abandono escolar producido por la LOGSE, sino que han persistido en sus planteamientos en las posteriores leyes, es decir; en seis de las ocho reformas educativas habidas en España en menos de tres décadas.

EL “TALANTE” DE ZAPATERO (ZP)

El 14 de marzo de 2004 el PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) ganó por sorpresa las elecciones generales por mayoría simple, tres días después de los atentados terroristas más cruentos de la historia de España ocurridos el 11 de marzo de 2004. Fue la extraordinaria capacidad de Alfredo Pérez Rubalcaba (el comando Rubalkaba) en el manejo sin escrúpulos de la agitación y la propaganda, el factor determinante de la victoria del PSOE, al movilizar a sus militantes y a sus aliados mediáticos, con los muertos de la masacre calientes, en la “la noche de los móviles” cercando las sedes del Partido Popular; “A la sede del PP, pásalo” con eslóganes tan elocuentes como: “Le llaman democracia y no lo es” y “Nuestros muertos, vuestras guerras”, acusando al gobierno de ser el culpable de los atentados por su apoyo a la invasión norteamericana de Irak.

Con el vuelco electoral, a pesar de no tener mayoría absoluta en el Congreso, el PSOE apoyado por  Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista, procedió a pegar otro volantazo táctico-estratégico, uno más de su historia, para persistir en su querencia histórica de patrimonializar el poder y ostentar la exclusividad del término socialista con la identificación del partido con el hombre ideal, con el hombre nuevo, con el hombre del futuro socialista.

El “talante” de Zapatero (ZP), proyectado como líder amable y dialogante, fue la consigna establecida por el PSOE sobre la imagen del hombre joven, dinámico, de ojos azules y cejas arqueadas que ocultaba un programa máximo, consistente en demoler el sistema político nacido con la Constitución de 1978, en alianza con el proyecto del dirigente máximo del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) Pascual Maragall Mira conocido como “federalismo asimétrico” que, como artificio y paso previo, escondía el objetivo último, como manifestó en 1999, para la secesión de Cataluña, siguiendo los pasos establecidos el principal ideólogo del socialismo secesionista catalán e íntimo amigo suyo, Xavier Rubert de Ventós, establecido en el opúsculo “Cataluña: de la identidad a la independencia” (1999). El pacto con los nacionalistas se explicitó el 30 de agosto de 2003 en la “Declaración de Santillana”, que disimuladas con eslóganes que repintan con obsesiva y sospechosa, por inusual en el PSOE, la palabra España: “La España Plural – La España Constitucional – La España Unida – La España en Positivo” se establecieron las directrices estratégicas para aliarse con los nacionalistas para gobernar, aislar al Gobierno y al PP, el compromiso de rehacer los estatutos de autonomía entonces vigentes, en concreto la promesa de Rodríguez Zapatero de que apoyaría sin reservas el proyecto estatuario que viniera de Cataluña. La estrategia plasmada en pactos y luego en actos del PSOE de ZP, demolía el modelo autonómico emanado de la Constitución de 1978.

De esta suerte, una vez en la presidencia del gobierno de España, ZP adoptó un discurso atrapalotodo pleno de prótesis ideológicas y demagogia trivial. Aconsejado por el sociólogo José Andrés Torres Mora, a la sazón el principal ponente de la Ley de Memoria histórica, ZP emprendió la batalla del lenguaje y del pensamiento mágico posmoderno de los bienaventurados Michel Foucault y Antonio Gramsci, cuidando el repintado de blasones con guiños al antañón krausismo del PSOE decimonónico, además de barnizar el discurso de europeísmo por un lado y por el otro con retazos del feminismo esencialista de día y meta-narrativo de noche, del confederalismo plurinacional y pluricultural, del comunitarismo, del indigenismo-zapatismo, incluyendo abrazos y guiños antiglobalización al «socialismo del siglo XXI» del castrochavismo y, con el descaro imperturbable sonriente de quien no conoce la contradicción, abrazar el principio de no-dominación del republicanismo cívico de su tutor misericordioso, Philip Pettit. Semejante olla podrida ideológica fue servida en un plato combinado. Las proteínas en capsulas de subvenciones y publicidades para los medios de comunicación públicos y los privados afines, los vegetales y carbohidratos para la educación. Así, en otra vuelta de tuerca pedagógica de Alvaro Marchesi Ullastres se inauguró “la educación en valores y ciudadanía” que Gregorio Peces Barba tanto aplaudió. El caso es que la mezcolanza de pedagogía posmoderna y valores considerados democráticos y universales como la convivencia, la tolerancia y la solidaridad son tan interpretables, de hecho lo han sido y los son al ser manipulados ideológicamente, como para sospechar que sus albaceas pretenden conducirnos a esa sociedad armónica paradisíaca fantaseada por las utopías redentoristas estatalistas, esa paz del hormiguero del gran Leviatán imaginado por Thomas Hobbes.

Vinculado con el llamado “Pacto del Tinell” firmado en Barcelona el 14 de diciembre de 2003 por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) que facilitó la formación del llamado tripartito gobernante de Cataluña, el PSOE gobernante recuperó buena parte del pacto de San Sebastián de Agosto de 1930, para horadar las bases del Estado que gobernaba al ir proponiendo, en diferentes diapasones en función del momento y del receptor, el mensaje de ir preparando una “una segunda transición democrática y plurinacional”, al tiempo que emprendía discursos nostálgicos sobre la perdida Segunda República y su anhelado resurgimiento como confederación plurinacional.

El zapaterismo fue intervencionista, descarado respecto a los medios de comunicación, la enseñanza y la judicatura. Pero, no por casualidad, dicho intervencionismo fue matizado a través del eslogan: “cambio productivo”, mientras se dejaba inflar la burbuja inmobiliaria que a su vez inflaba el erario. En realidad, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda; Pedro Solbes Mira, aplicó un dejar hacer que permitió, hasta el pinchazo de la burbuja especulativa en 2009, el engorde del aparato del Estado y el consiguiente gasto público, gasto que, con la crisis, desde 2007 se disparó sin control al tiempo que se reducían exponencialmente los ingresos, hasta llegar a la ruina del erario español y de millones de españoles.

Como tantos izquierdistas españoles de su generación, ZP abrazó el antiamericanismo primario, la mística postsesentayochista y el zapatismo altermundista apoyado en su ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

Con estos planteamientos, el zapaterismo-moratinismo promulgó “” copatrocinada con la Turquía del autoritario islamista Recep Tayip Erdogan, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, negando con ello su carta fundacional que universaliza los derechos humanos, al igualar y legitimar civilizaciones antagónicas que el filósofo Gustavo Bueno Martínez explicó a través de contundentes preguntas socráticas: «¿Cómo hacer compatible la poligamia con la monogamia sin destruir uno u otro sistema, o ambos? Otro tanto se diga cuando nos referimos a la convivencia de los matrimonios heterosexuales y los homosexuales: la institución de la familia puede darse por desaparecida a partir de un determinado porcentaje de matrimonios homosexuales. ¿Y el derecho de propiedad? ¿Cabe una alianza entre civilizaciones que contienen entre sus instituciones la propiedad privada de los medios de producción y aquellas otras que consideran necesario destruir esta institución en nombre del comunismo? ¿Tiene algún porvenir, como modelo de civilización universal, el proyecto de Den Xiaoping de hacer de China un país con dos sistemas?». Estas preguntas son aplicables a la comentada la educación en valores y ciudadanía y a la consiguiente asignatura: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y sus contenidos de naturaleza filosófica, ética o moral, relativos a la eutanasia, al aborto, a los matrimonios homosexuales, al laicismo, etcétera.

Y EL PSOE SE COMIÓ A PODEMOS

Siguiendo la tradición de cosechas de poder por parte del PSOE tras sucesos traumáticos, el 2 de junio de 2018 alcanzó Pedro Sánchez Pérez-Castejón la presidencia del gobierno de España a través de una moción de censura apoyada por 17 grupos y subgrupos parlamentarios aparentemente heterogéneos, cuyo denominador común es el derrocamiento del régimen de 1978 y, mayoritariamente, escindir regiones de España para constituir nuevas naciones en Cataluña, Vasconia, Galicia y Canarias. Con estos apoyos, la primera y principal tarea del gobierno Sánchez ha consistido es reconstruir el maniqueo de Zapatero, mediante la exhumación de la momia de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos en Cuelgamuros. Una maniobra cómico-macabra si no fuera acompañada de cainismo guerracivilista primario y antifranquismo retrospectivo, ese antifranquismo sin Franco ni franquistas de parecido jaez al denunciado por uno de los mejores cronistas de la Transición Víctor Márquez Reviriego, cuando cuenta que a partir de 1975 y 1976 todo el mundo había sido antifranquista mientras, de hecho, solo tres o cuatro años antes, la inmensa mayoría colaboraba con entusiasmo con el régimen. Pero además de pretender la reconstrucción de un pasado heroico y una república de vino y rosas ficticia con la que hacer soñar a “la gente”, el antifranquismo retrospectivo del PSOE del zapaterismo-sanchismo intenta tapar el profundo agujero en donde cayeron, arrasadas por la realidad, sus arcaicas y siempre fracasadas fórmulas.

Siete años después de llegar al poder mediante una moción de censura justificada por la corrupción del PP, solo los irreductibles y quienes se aprovechan de la situación no admiten que el gobierno de Pedro Sánchez ha degenerado en sus formas antidemocráticas hasta límites insospechados. Lo que comenzó como una promesa de regeneración democrática, ha desembocado en un proyecto político basado en la erosión sistemática del Estado de derecho. Las maniobras del sanchismo para desactivar el control judicial, con la Fiscalía General del Estado convertida en apéndice del Ejecutivo, más las sospechas sobre la neutralización de investigaciones policiales a través las cloacas del PSOE, no son episodios aislados, sino parte de una estrategia de poder que, por aviesa, nos cuesta reconocer. Si Sánchez está reventando el estado de derecho, destruyendo la totalidad de los contrapoderes y controlando todos los resortes de poder político y económico ¿Acaso no es algo parecido a lo que perpetraron Hitler y Hugo Chavez para hacerse con un poder absoluto?

“SECRETOS” DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA

Tras el aterrizaje de Pedro Sánchez en Pekín el viernes 11 de abril de 2025, escribió en las redes sociales el siguiente mensaje: «España y China celebran este año el 20 aniversario de su asociación estratégica integral. Con el presidente Xi Jinping, he abordado el nuevo impulso que hoy damos a esa asociación, con la mirada puesta en el desarrollo de unas relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas y en el acercamiento entre nuestras sociedades».

Resulta sorprendente que este mensaje de Sánchez apenas haya transcendido en los medios ni en las redes, mientras que las críticas al viaje se concentran en la inconveniencia de esta visita a China en los tiempos revueltos de la guerra de aranceles. De esta suerte, se deduce que la asociación estratégica integral con China firmado por J.L. Rodríguez Zapatero y Hu Jintao en 2005, es conveniente para los españoles. Intrigado por este consenso inicié una “encuesta” entre los amigos con la siguiente pregunta: ¿Puedes decirme que sabes respecto a la asociación estratégica integral entre España y China? La respuesta de la mayoría fue que no tenía idea. En realidad, yo tampoco sabía gran cosa al respecto, pero el mensaje de Sánchez despertó a mi gato curioso que se puso a indagar sobre lo que se cuece en esa asociación estratégica.

NB 13/07/2025.

El Ministerio del Interior del gobierno de España ha renovado la adjudicación de contratos por 12,3 millones de euros a la multinacional china Huawei, para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales, mediante los servidores OceanStor 6800 V5. Los contratos conciertan la custodia digital del resultado de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales, y se enmarca en los procesos habituales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Este sistema sirve de soporte para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas de seguridad del Estado, en cumplimiento de las Guías de Seguridad TIC elaboradas por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

La relación entre el gobierno de España con Huawei viene de lejos, de cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno de España junto con su entonces director de Seguridad Nacional, Segundo Martínez quien, oh casualidad, es el actual director de seguridad en Huawei. Ambos implantaron los sistemas de la multinacional china en el esquema Sitel, algo que provocó entonces gran inquietud en la cúpula de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Nadie en todo el espectro OTAN utiliza productos de la marca china para las áreas más sensibles de la seguridad y la defensa. Excepto España… La empresa china está incluida en la lista del Ministerio de Defensa de Estados Unidos como una compañía militar china, que opera directamente bajo las órdenes del Partido Comunista de China. Fuente: The Epoch Times España.

La Ley de Inteligencia Nacional de China, aprobada en 2017, establece de forma explícita que todas las empresas del país están obligadas a colaborar con los servicios de espionaje, y a mantener en secreto esa colaboración.

¿Qué implican estos contratos?

– Riesgos de espionaje e interferencias por parte del gobierno chino.

– Posible acceso a información reservada sobre procesos judiciales.

– Vulneración de la cadena de custodia de pruebas.

– Cesión de soberanía tecnológica y jurídica al régimen dictatorial de China.

Y lo más grave: con premeditación y alevosía del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.

La asociación estratégica integral entre España y China fue ratificada en 2005. Y aunque no se divulgó, su primer objetivo fue finiquitar el embargo europeo de armas a China. Su principal impulsor fue Moratinos quien meses antes concedió a China créditos por millones de dólares para, por ejemplo, financiar equipamiento médico hospitalario. Como lo leen y pueden consultar en el BOE.

Al mismo tiempo, se puso en marcha un lobby prochino encabezado por el abogado pontevedrés, Xulio Ríos Paredes, con la imprescindible colaboración de la embajada de China. Dicho lobby fue justificado mediante los típicos tópicos de colaboración en materia «comercial, cultural y hasta «humana«», humana con la dictadura comunista más implacable y sanguinaria de la historia. Así, desde 2005 hasta hoy, este lobby se ha ampliado y consolidado como un pulpo de potentes tentáculos como el Observatorio de la Política China, ChinaLink (Chinalink ESG, es un fondo del PCC y Hygreen Energy), Casa Asia, Centro Cultural Chino en España, Red Navarra de Estudios Chinos y, sobre todo, el Gate Center que Zapatero fundó junto al empresario Du Fangyong en 2022.

Ciertamente, la intensa actividad lobbistica y propagandística del amigo de Zapatero, Xulio Ríos durante los últimos 20 años es abrumadora, aunque poco reseñada por los medios. Sin embargo, las claves de los intereses que defienden estos instrumentos lobbísticos impulsados y patrocinados por el Partido Comunista de China, está plasmada en el reciente ensayo de Xulio Ríos “China y España: ¿un futuro compartido?. Enfoques sobre la Asociación Estratégica Integral (2005-2025)” compendio que, naturalmente, está prologado por José Luís Rodríguez Zapatero.

La cuestión de cajón ante este formidable entramado lobístico a favor de China es verificar las contrapartidas que los españoles hemos logrado durante estos dos decenios asociación estratégica con la China comunista, por ejemplo, sobre el número de empresas privadas españolas establecidas en China (solo pueden constituirse con más del 50% de participación del gobierno chino) y su influencia económica. Con apenas 50 empresas es obvio que la influencia es nula. La pública Indra hace de monosabio y Telefónica Tech de peón de brega, el resto son sucursales comerciales con alguna disfrazada de tecnológica.

Por otro lado, las exportaciones de España a China se concentran en el sector agroalimentario y llevan descendiendo desde 2020. La descompensación comercial a favor de China es abrumadora. Así, en 2024 las importaciones desde el gigante asiático sumaron 45.174 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas apenas alcanzaron los 7.465 millones, lo que equivale a una tasa de cobertura del 16,5%. Este desequilibrio se traduce en un déficit de 37.709 millones de euros, el más alto en la historia reciente y que representa casi el 94% del déficit comercial total de España.

Ante los mencionados datos, resulta grosero, si no conociéramos el percal, que en el resumen de los resultados del viaje, Sánchez afirme que su objetivo es «equilibrar la relación económica y comercial entre España y China» a través de un «nuevo plan de acción» que se resume en el deseo de aminorar los impedimentos a la exportación de productos sanitarios y cosméticos, nebulosos acuerdos de cooperación en ciencia, innovación, tecnología, educación y cinematografía, más dos nuevos protocolos de exportación en el ámbito agrícola y ganadero que abarcan el sector del porcino y las cerezas. Como lo leen, las cerezas cuyo precio en el mercado nacional es notablemente alto y cuya factible exportación en 2024 significaron 5.004.938 toneladas, por un valor de 7.379.203 euros. Menos mal que esas supuestas exportaciones a China serán humo por cuanto las chilenas son imbatibles en precio, de lo contrario adquirirlas en España será un lujo.

Podría concluir resumiendo la obviedad de que los beneficiarios de la “asociación estratégica integral” con China durante estos 20 años es China y sus obedientes lobbies que coordina lucrosamente J.L. Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el “Something is rotten in the state of Denmark” me lleva a sospechar que algo más se está cociendo en este contubernio. Me refiero a las barreras administrativas que frenan las concesiones de explotación de las tierras raras de España. Y es que la sombra de China Rare Earth es alargada.

RETORNO AL NIHILISMO DE IZQUIERDAS

El detonador de esta reseña, ha sido la intervención de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la sesión plenaria del Congreso de los diputados de España el 17 de diciembre de 2024. Como podrán comprobar en el vídeo que adjunto abajo, el argumento de la señora Belarra es aterrador porque tras un circunloquio falsamente condenatorio, justifica de hecho el asesinato del director de la empresa de seguros de salud estadounidense UnitedHealthcare, Brian Thompson, perpetrado por Luigi Mangione el pasado 4 de diciembre en Nueva York. Además, en ese afán estalinista de estatalizar todo para controlar todo, Belarra mata dos pájaros de un tiro, sanidad y vivienda, para insistir que «El crimen de Luigi Mangione ha abierto un debate social sobre la violencia muy profundo. Acabemos con un sistema de vivienda profundamente violento que permite que haya gente sin casa en un país lleno de viviendas vacías». Es decir, que según la diputada Belarra, el asesinato con premeditación y alevosía perpetrado por el terrorista Mangione (el fiscal acaba de acusarle de terrorista) justifica asesinar tanto a directores de seguros médicos y hospitales privados como a propietarios de viviendas vacías.

No estoy solamente perplejo ante el discurso de Belarra, estoy francamente estremecido. Nunca imaginé que en el Congreso de los Diputados de España se volviera a justificar un asesinato con premeditación y alevosía, tras una aviesa condena retórica. Fue el 1 de julio de 1936 cuando el diputado del PSOE, Ángel Galarza dijo al diputado de derechas, Calvo Sotelo: «Pensando en su Señoría encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida«. Diez días más tarde, tras pronunciar un elocuente discurso denunciando el caos ciudadano, la diputada del PCE, Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”, señaló a Calvo Sotelo y le dijo: «has hablado por última vez». Y aunque esa amenaza, como la anterior, fue borrada del diario de sesiones, testimonios como el de Josep Tarradellas, Salvador de Madariaga y muchos más atestiguaron que Pasionaria si dijo esa frase. Solo dos días después, un grupo de guardias de asalto y militantes socialistas afines al diputado socialista y guardia personal de Indalecio Prieto asesinaron a Calvo Sotelo.

Tras escuchar las terroríficas declaraciones de la diputada Belarra, recordé que apenas dos días antes leí un artículo escrito por el activista e investigador principal del Instituto Manhattan, Christopher F. Rufo con el título: “Luigi Mangione and Left-Wing Nihilism” (Luigi Mangione y el nihilismo de la izquierda), en donde sin desdeñar la parafernalia mediática y pseudopsicológica desplegada por los medios y redes sobre el acusado del asesinato del CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, se centra más en la deriva ideológica que condujo Luigi Mangione a esperar a Thompson y descerrajarle tres tiros por la espalda.

Inicia Rufo su artículo centrándose en los aspectos sociológicos antes que psicológicos de Mangioni. Se trata de un individuo que proviene de una familia acaudalada de la zona de Baltimore. Además, tiene buena apariencia y no poca perspicacia como indica el rastro de sus publicaciones en las redes sociales, tener dos licenciaturas en ingeniería de la Universidad de Pensilvania, ser miembro de la Ivy League y de la sociedad de honor Eta Kappa Nu, conque le reconoce su excelencia como ingeniero eléctrico y computacional.

Y sin embargo, considero que para mejorar la comprensión de lo sucedido, a esta escueta descripción sociológica de Rufo, hay que añadir el contexto sociológico que ha llevado convertir a Mangione en un héroe vengador de las malas prácticas de las corporaciones aseguradoras médicas de EE.UU. Tal es así que una parte considerable de la sociedad estadunidense, sobre todo la que se enmarca en el espectro progresista de izquierdas, considera el asesinato perpetrado por Mangione como un acto de justicia social, hasta el punto de divulgar imágenes reivindicativas del presunto asesino, mientras políticos como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y Elizabeth Warren “comprenden”, aunque luego, como Belarra, dicen que condenan el asesinato, al tiempo que se organizan manifestaciones de apoyo y hasta un fondo de defensa para Mangione a través del crowdfunding GiveSendGo.

Lógicamente lo primero que hace Rufo es interpelar sobre los motivos ¿Por qué alguien que en teoría lo tenía todo en la vida sucumbió hasta el atroz asesinato con premeditación y alevosía? ¿Por qué lo orquestó con cuidado e intentó escapar, y luego fue atrapado en una posición muy marginal, acurrucado en un McDonald’s en medio de la nada, en Pensilvania?

En lo mucho que se ha escrito sobre el crimen estos días, hay no poca confusión sobre si fue una supuesta y todavía no aclarada enfermedad incapacitante mal atendida por su seguro, o una “evolución” ideológica que pasa por la filosofía zen con un viaje iniciático a Japón lo que condujo a Mangione a perpetrar el crimen. La mejor pista se encuentra en las publicaciones y declaraciones de Mangione en la red X, en la plataforma Substack y en la aplicación para compartir lectores Goodreads durante los últimos años.

En las tres redes, Mangione comentaba y compartía lecturas del gurú del Foro Económico Mundial, Yuval Noah Harari quien presupone que los seres humanos son ratas que tienen que ser guiadas a través del laberinto del mundo moderno, y que algún día podemos superar nuestra propia naturaleza. También compartió contenidos del psicólogo social Jonathan Haidt, quien ha capturado de manera sustancial algunas de las ansiedades de la clase profesional sobre la tecnología, el comportamiento de los jóvenes y, junto con otros colegas, sobre demografía y tasas de natalidad. Asimismo Mangione compartió contenido y debatió sobre las sentencias del gurú de la salud Andrew Huberman.

Hasta ahí, nada sorprendente para alguien de su estatus y preparación. De hecho, Mangione siguió la pauta del buen burgués woke que sigue a los gurús de moda en los círculos de la élite progre occidental. Como manifiesta Rufo, se puede seguir a Harari, a Haidt o a Huberman siempre dentro de los límites de las ideologías de élite que se pueden reducir (y esto es importante) a una base científica cuantificable. Se trata de una ideología casi al estilo de «La Firma» de McKinsey, que se vincula mucho con el mundo de las universidades de élite de la Ivy League. Pero a partir de poco más de un año, Mangione cambió su discurso. Pasó de las ideologías banales de la élite burguesa a escribir una reseña del manifiesto de Unabomber muy positiva.

Recordemos que el terrorista Ted Kaczynski murió en prisión el 10 de junio de 2023, en un aparente suicidio. Brillante estudiante de Harvard y profesor de matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, abandonó su puesto en 1969 para vivir en una remota cabaña construida por él mismo en Lincoln (Montana), donde vivió con muy poco dinero, sin electricidad ni agua corriente, alimentándose de la caza y la recolección de frutos silvestres. Su nombre de guerra fue «Unabomber» y se hizo famoso enviando bombas por correo a personas, universidades y aerolíneas que consideraba cómplices del avance de nuestra moderna «sociedad tecnológica», provocando con ello la muerte de 3 personas y heridas graves a otras 23. Justificaba Kaczynski semejantes asesinatos porque consideraba que la sociedad tecnificada actual destruye la libertad y el humanismo. Mezclando anarco-primitivismo con maltusianismo, formula la total destrucción de la sociedad tecnológica (toda labor que requiera un conocimiento especializado y una división del trabajo) para volver a la sociedad preindustrial, donde los seres humanos pueden pasar por el «proceso de poder» para alcanzar sus objetivos naturales y así sentirse más realizados.

En 1995 Kaczynski, a través de amenazas, logró que varios medios publicaran su Manifiesto: “La sociedad industrial y su futuro”. Y aunque perturbó por su crudeza, no contenía nada novedoso pues se trata de la enésima versión procedente el anarquismo nihilista del siglo XIX, consistente en la transformación de la idea en acto …terrorista. Pero si a finales del siglo XIX y principios del XX, las consecuencias sociales de la industrialización no eran halagüeñas, a finales del siglo XX la sociedad tecnológica había prácticamente erradicado la pobreza extrema y el hambre en todo el mundo, mientras que la salud y la vida de la mayoría habían mejorado exponencialmente. Sin embargo, el anarco-individualista Kaczynski recurre en el apartado de su manifiesto “La psicología del izquierdismo moderno” a los mismos argumentos con que Lenin criticó al izquierdismo pequeñoburgués, mientras pretende emular a la revolución francesa y rusa en ese y otros aspectos. En realidad, Kaczynski “Unabomber” es un seis en uno: rousseauniano, malthusiano, bakuniano, nietzscheniano, leninista y darwinista social. Así, considera que el progreso-técnico es una realidad objetiva pero que no conlleva progreso moral sino un aumento descontrolado de la población, la supervivencia de los naturalmente menos aptos y la esclavitud, al impedir cada vez más la autonomía y la libertad del individuo primitivo fuerte y poderoso. El sueño de la sinrazón produce monstruos como “el hombre nuevo” soñado por, entre otros, Malatesta, Trotski, Bykhovsky, Mella Cea, “Che” Guevara y hoy los impulsores del Gran reinicio; Soros y Gates.

Hace solo unos meses, Mangione dio cuatro estrellas en Goodreads al manifiesto de Kaczynski. También se adhirió a una narrativa de izquierdas sobre la codicia corporativa. Una narrativa típica, tópica y demagógica que enarbola la izquierda, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Así, toda la miseria, la desgracia y la mala salud en el mundo, se deben a la codicia corporativa, la corrupción empresarial y a la explotación y malversación capitalista. Se trata del manoseado viejo discurso que acusa al tiempo que se desentiende de las responsabilidades y de las propias miserias.

Al mismo tiempo, parece que Mangione asumía la cultureta que del hipismo ha pasado a los despachos de los gurús tecnológicos de Silicon Valley, Nueva York o Seattle. No se trata ya de contracultura modelo años 60, sino de una psicodelia para, dicen, liberar la creatividad, la intuición y la productividad: la tipificación de Steve Jobs de los psicodélicos que no solo se consideran aceptables en estos entornos profesionales, sino que se consideran un sustituto de una vida religiosa arraigada. Puedes ir a un chamán en Sudamérica, beber una taza de ayahuasca y desbloquear tu cerebro, que luego puede usarse para desmitificar el mundo. Puedes encontrar tu yo auténtico y luego puedes salir de las trampas o las monotonías de la sociedad capitalista moderna.

Aunque su detención en un McDonalds de un pueblo de Pensilvania está lejos de la épica, no parece casual que Mangione llevara unas cuantas hojas escritas a mano cuan manifiesto de un Kaczynski redivivo. Al parecer, dichas hojas contienen evidencias de su crimen y visiones izquierdistas estereotipadas: «EE.UU. tiene la atención médica más cara del mundo y, sin embargo, tiene la 42ª esperanza de vida. En otras palabras, los ciudadanos norteamericanos no obtienen el valor correspondiente con su inversión». Entonces, ¿por qué sucede semejante asimetría? Mangione responde denunciando «la corrupción y la codicia en la industria, su búsqueda de ganancias sin deontología alguna». Y son estos motivos los que según Mangione justifican su asesinato porque «todos los directivos de los seguros sanitarios, además de codiciosos, son “parásitos”».

Calificar de parásito al enemigo “de clase, raza, género, etc,”, es el tropo más manido por las izquierdas. Desde Marx, quien jamás trabajó por cuenta ajena, los parásitos capitalistas son los que extraen la plusvalía generada por los trabajadores sin hacer nada a cambio. En este caso, Mangione señala como parásitos a directivos, contables e intermediarios comerciales de las compañías de seguros médicos, porque extraen beneficios del dolor de los estadounidenses. «Porque no se puede poner un precio a la salud, a los seres humanos, a la bondad, pero como eso es exactamente lo que hacen estos parásitos capitalistas de las aseguradoras, merecen ser eliminados porque no aprecian la vida. Simplemente la monetizan y la convierten en muerte».

La obnubilación ideológica de Mangione se manifiesta con claridad en su manifiesto cuando escribe: «No pretendo ser la persona más acreditada para exponer todos los argumentos sobre la corrupción del sistema de salud de Estados Unidos», y sin embargo, se sintió lo suficientemente cualificado como para planear y ejecutar el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Llegado aquí, vuelvo al artículo de Christopher F. Rufo donde indica que el emblema más característico de la izquierda es presentarse como progresista. «Vamos a mejorar el mundo. Vamos a ofrecer más atención médica. Vamos a ofrecer una opción pública. Vamos a tener la Ley de Atención Médica Asequible. Vamos a tener un sistema de pagador único que proporcionará atención y valorará a cada ser humano». El problema es que lograrlo no es tan sencillo como lo pintan las izquierdas. Porque el Obamacare ha fracasado por ineficiente y costoso. Porque en todos los países occidentales el mantenimiento de sistemas de salud públicos están siendo sobrepasados por los costos y las ineficiencias y si se mantienen es gracias a enormes aportaciones de los trabajadores y a las colaboraciones con la medicina privada. Pero ante estas dificultades, solo abordables desde la lógica, la justicia y la libertad, las izquierdas solo ofrecen dos respuestas, más estado y más impuestos o una nueva forma de nihilismo. “Si no podemos construir un sistema de atención médica como el que prometemos, destruyamos el sistema de atención médica existente” y tal vez de esta destrucción catastrófica surja algo mejor».

Ante este panorama, Rufo se pregunta, más allá de la dinámica individual, ¿Qué representa este caso en su conjunto? Se responde asegurando que encarna una transición histórica única en nuestro tiempo desde el izquierdismo idealista al izquierdismo nihilista histórico. «Hemos visto, especialmente en los últimos meses, lo que considero el agotamiento del movimiento de masas Black Lives Matter. Black Lives Matter como movimiento de masas en particular está acabado. Lo vimos con el veredicto de Daniel Penny en Nueva York esta semana. Pero lo que sucede después de la fragmentación, la autodevoración y la autodestrucción de los movimientos de masas de izquierda, es que se fragmentan en una multiplicidad de movimientos marginales, y movimientos marginales incluso a nivel de un solo individuo…»

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

UNA LEY PARA DESTRUIR LA CONSTITUCIÓN

Uno de los métodos analíticos que tiene la ventaja de ser considerado empático, aunque, en rigor, no tiene por qué serlo, es el de ponerse en lugar del otro. Sin embargo, para aumentar la capacidad analítica, además de ponerse en lugar de alguien o de algunos, parece imprescindible el uso de la mayéutica. Por lo cual, voy a intentar aplicar el mencionado método combinado para analizar los objetivos de la camarilla que ha redactado y aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática.

Poner en perspectiva histórica los partidos políticos que han redactado y/o apoyado este proyecto de ley, es imprescindible para buscar sus motivos y raíces: PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Más País, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Izquierda (Esquerra) Republicana de Cataluña (ERC)—negociando para obtener más de lo suyo—, Candidatura d’Unitat Popular·Països Catalans (CUP), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Ahora, repasemos los partidos que promovieron el NO y la abstención en el referéndum para la ratificación de la Carta Magna en diciembre de 1978.

El NO rotundo a la Constitución lo impulsaron: Izquierda (Esquerra) Republicana de Cataluña (ERC), Euskadiko Ezkerra (EE), Herri Batasuna (HB), Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG –BNPG), Unión del Pueblo Gallego (UPG), Partido Socialista de Aragón (PSA), Organización Cuarta Internacional (OCI), Partido Obrero Revolucionario de España (PORE), Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Partido del Trabajo de España (PTE), Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE (m-l)-FRAP -CRPE), Acción Democrática Española (ADE), Falange Española de las JONS (FE-JONS), Fuerza Nueva (FN), Unión Nacional Española (UNE), Comunión Tradicionalista (CT). Promovieron la abstención: Partido Nacionalista Vasco PNV, Fuerza para la Unidad de los Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra (ESEI), Partido Socialista de Andalucía (PSA), Partido Comunista Obrero Español (PCOE), Movimiento Comunista (MC), Organización de Izquierda Comunista (OIC), Organización Comunista de España-Bandera Roja (OCE-BR), Unificación Comunista de España (UCE), Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC), Partido Comunista de Unificación (PCU), Partido de los socialistas de Cataluña-Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Falange Auténtica (FA).

Con el fin de mejorar la información, he escrito los nombres completos de los partidos, en vez de solo las siglas. Asimismo, los he ordenado en función de la ideología que defendían y defienden, para intentar aclarar un poco el pesquis de esta retahíla de organizaciones. Para empezar, se evidencia claramente que excepto los 4 partidos residuales franquistas colocados en los últimos lugares de los dos listados, los partidos contrarios a la Constitución en 1978, excepto el PSOE, son los mismos que apoyan hoy la Ley de Memoria Democrática, aunque algunos hayan cambiado de nombre o se hayan fusionado en otros partidos y coaliciones con la misma ideología.

Asimismo, es comprobable la preponderancia de dos ideologías contrarias a la Constitución ayer y hoy; el nacionalismo supremacista y el marxismo-leninismo. En no pocos casos, ambas ideologías se entremezclaron y entremezclan. Claramente lo hacen en ERC, CUP, En Comú Podem-Galicia en Común, Más País y Euskal Herria Bildu. También es evidente que la inmensa mayoría de los partidos que se opusieron frontalmente a la Constitución en 1978, no combatieron al franquismo con el objetivo de conseguir una democracia liberal, al contrario, pretendían imponer “democracias populares” similares a la URSS, China, Albania o Cuba. No pocos practicaron el pistolerismo y el terrorismo como estrategia política. Sus herederos actuales han condimentado el marxismo-leninismo primitivo con chorros de gramscismo pasado de fecha, epatantes deconstrucciones y alteridades mezcladas con nauseabundas identidades flotantes, un coctel fernet y descangallao heredado de la Guardia de Hierro peronista firmado por el trio Laclau, Mouffe y Bergoglio, más las correspondientes gotas de “posthumanismo al alcance de todos los presupuestos” (ver “Transgénero: Un posthumanismo al alcance de todos los presupuestos” de Denis Collin). Aunque lo disimulan por razones tácticas y electorales, los partidos aliados con el PSOE hoy, mantienen una continuidad ideológica y estratégica, no pocos también orgánica, con los partidos que en 1978 se opusieron a la Constitución.

Dictaminadas las ideologías que anidan y soportan a los partidos actuales contrarios a la Constitución vigente, parece adecuado ponerse en su lugar, con el fin de comprender la estrategia que les guía para coligarse y aprobar leyes como la de memoria que nos ocupa. Recurro a su fuente ideológica original, para indicar que es el materialismo histórico marxista quien establece que el tiempo tiene dueños, que la narración del pasado (la historia) es una propiedad, un medio de producción del presente e incluso del futuro que detentan la clase dominante y los intelectuales a su servicio. Que esa propiedad; la historia, está en permanente disputa debido a la lucha de clases. Sin embargo, los partidos contrarios a la constitución española vigente, como marxistas posmodernos que son, hace tiempo que no identifican la lucha de clases con el enfrentamiento entre proletariado y burguesía, ni cuestionan la propiedad de los medios de producción. De hecho, el posmarxismo ha determinado que el proletariado es un sector subalterno del Bloque Hegemónico, bloque conformado por una visión del mundo especifica (hegemonía cultural) que, al imponerla en la sociedad, logra el poder exclusivo del Estado pantagruélico, siendo secundario, aunque sujeto de su agitación y propaganda, si ese Estado es plurinacional, confederal o nacional propio. En consecuencia, para los partidos que conforman el contubernio que les permite gobernar hoy en España, la historia les pertenece o debe pertenecerles, pues constituye el medio de producción que les facilita borrar las huellas indeseables de su pasado y deslegitimar la Constitución y la Transición, con el fin de proceder al desmantelamiento del régimen constitucional vigente. Porque la Constitución es el único valladar actual que frena que estos partidos logren imponer sus delirios ideológicos.

Pocas veces en mi vida he sentido tanta desazón leyendo un documento oficial. Desde la primera página de su extensísima exposición de motivos, permeada de medias verdades y falsedades descaradas, percibí un grado de manipulación insoportable. La manipulación es tan desahogada respecto a la Segunda República, que asocié su contenido a los once principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Su cinismo rancio rezuma en la reiteración de “los valores democráticos”. Mientras que la condición de víctima solo se obtiene si fue causada por la Dictadura, por supuesto la franquista porque, según este documento, la Segunda República fue un régimen ejemplar. El “derecho a la verdad de las víctimas” no se establece sobre el principio de la búsqueda de la verdad histórica, sino sobre la verdad oficial de Estado. Conociendo a la promotora de esta ley; la ínclita Carmen Calvo, no es extraño que algunos artículos requieran revisión psiquiátrica, por ejemplo, el Artículo 33 que concede (la ley de Memoria Histórica vigente de Zapatero también lo hace) la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. La obsesión de santificar a unos mercenarios reclutados por la Comintern de Stalin, debe obedecer a un trastorno obsesivo culpable derivado de la derrota. ¿Qué otra explicación tiene conceder la nacionalidad española a personas que, en el caso de la más joven hoy tendría 106 años? La misma que si se concediera la nacionalidad española a Amílcar Barca.

El pasado 8 de julio, Pedro de Tena alertaba sobre las consecuencias de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en Libertad Digital. Su rotundos título y subtítulo: “La guerra fría civil” «En España ha dado comienzo la guerra fría civil, cuya mecha fue encendida por José Luis Rodríguez Zapatero y su ley de Memoria Histórica» conforman la antesala de su pronóstico: «el propósito de este largo caballero llamado Pedro Sánchez es continuar hurgando en aquella herida civil y, ahora abiertamente, liquidar la generosa Transición democrática y reventar la convivencia nacional de una inmensa mayoría de españoles liberada del odio y el rencor por familias que perdonaron y por unas instituciones que han sido y deben ser compartidas en un proceso de alternancia democrática». El sabio enlace que Pedro de Tena hace entre Largo Caballero y Pedro Sánchez es algo más que una referencia al pozo escabroso del PSOE que esta ley pretende tapar. La historia de un partido político que solo respeta o aparenta respetar las reglas de la democracia, cuando le resultan favorables. Datos son amores; huelga general revolucionaria en 1917, intento de golpe de Estado en 1934, las amenazas pronunciadas por Largo Caballero durante la campaña electoral el 10 de febrero de 1936 en el Cinema Europa: «Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos», son indicios de la INQUIETANTE HISTORIA DEL PSOE. Más que deriva, el POSE sanchista-oportunista capaz de pactar con los enemigos de la constitución y los herederos directos del terrorismo, parece una amarga continuidad histórica.

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LA AGENDA DEL PSOE CAMINO DE SERVIDUMBRE

El PSOE dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tras ganar la moción de censura contra Rajoy gracias a su alianza con Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Demócrata Europeo Catalán, Compromís, Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias el 1 de junio de 2018, logró aumentar su representación parlamentaria convocando dos elecciones generales en pocos meses. La ultima intentona fue el 10 de noviembre de 2019 donde el PSOE logró el 28% de los votos y 120 escaños (tres menos que en la anterior legislatura). Ante el fracaso, Sánchez se desdijo de sus promesas electorales y se abrazó con Pablo Iglesias Turrión después de acordar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Así, Sánchez Pérez-Castejón fue investido presidente del consejo de ministros del gobierno de España el 8 de enero de 2020, gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel Existe, junto con las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu. Un día después Sánchez formó el llamado «gobierno Frankenstein», denominación articulada por el predecesor de Sánchez, Alfredo Pérez Rubalcaba porque: «los socialistas “no pueden” ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que ellos quieren gobernar».

Los hechos evidencian el regocijo de Sánchez al frente de su gobierno Frankenstein. Un gobierno que cuenta nada menos que con 22 carteras ministeriales, incluyendo dos ministros comunistas como aquellos gobiernos de Largo Caballero y Juan Negrín López en plena guerra civil, 30 secretarías de estado, 40 direcciones y subdirecciones generales y 740 altos cargos nombrados a dedo. No solo es un gobierno elefantiásico y gravoso, también tenaz, incluso pertinaz.

Desde la gestión de la COVID-19, llena de subterfugios propagandísticos, improvisaciones, grandes negligencias, aberrantes dictámenes, exigua ciencia y falsos o clandestinos expertos, hasta la amnistía camuflada como indultos individuales a los dirigentes separatistas condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, el gobierno sanchista ha presentado oblicuamente su agenda autocrática afanándose en someter fieramente a su conveniencia los poderes del Estado, mediante el control de la abogacía del Estado, la Fiscalía, la limitación del Tribunal Constitucional, la crítica grosera al Tribunal de Cuentas por no plegarse a sus designios y la deslegitimación del Tribunal Supremo al revocar de facto la sentencia del procés con la concesión de los indultos de los condenados.

Además de la ocupación y manipulación de órganos e instituciones del Estado y las coacciones descaradas al poder judicial cuando trata de defender su independencia, el gobierno Frankenstein presidido por Sánchez Pérez-Castejón recurre contumaz a los decretazos (van cerca de 100 decretos leyes en esta legislatura) para esquivar a las Cortes. Los decretazos, las leyes aprobadas sin apenas debate parlamentario y los proyectos de ley, tienen el denominador común de ser un reservorio ideológico que comprende un trasnochado antifranquismo sobrevenido, un quimérico republicanismo, un revoltijo de feminismo queer con constructos teóricos tribales y la asunción del neomarxismo posmoderno. Esta amalgama populista al estilo del socialismo del siglo XXI, incluye la fraternidad con el separatismo supremacista al compartir la intención de degradar o enmendar soterradamente la Constitución. Son leyes y proyectos de contenido y redacción glotopolítica netamente orwelliana, donde al lenguaje inclusivo se suman los conocidos constructos lingüísticos posmodernos de manipulación. Paradigmáticas como tratados ideológicos y de seudo-ingeniería social son: la ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) o ley Celaá de educación y la ley de eutanasia. Estas leyes parecen moderadas si las comparamos con proyectos de ley como el de la garantía integral de la libertad sexual (si es sí) la Trans, LGTBI, la de Memoria Democrática, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, etcétera.

El varapalo sufrido por el PSOE con la apabullante victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, no ha cambiado su hoja de ruta un ápice. Tampoco parece que ha servido de aviso a los merodeadores de Moncloa, por lo que no pocos ciudadanos se han visto sorprendidos por el apoyo explícito de sindicatos, empresarios, banqueros y banqueras hereditarias, obispos fariseos y saduceos, tertulianos y medios dependientes del erario, al discurso sanchista que dice perdonar a los secesionistas catalanes para lograr la concordia porque, en el fondo, todos somos un poco culpables. Por supuesto se daba por descontado el apoyo más o menos entusiasta al gobierno de Sánchez de los lobbies empresariales catalanes: Foment del Treball, Cambra de Barcelona y Cercle d´Economia y gentes por el estilo, pero el implícito apoyo del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi y otros notables empresarios y banqueros, pone en evidencia el oportunismo sin principios de la élite empresarial.

Porque la elite empresarial española no puede llamarse a engaño tras 4 años de promesas incumplidas y leyes sectarias. Solo la ceguera codiciosa puede obviar que la palabra de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es siempre provisional, que la inseguridad jurídica y política es marca de la casa, que su gobierno está incentivando la inflación del precio de la energía a través de los derechos del CO2, que la contrareforma de la reforma laboral que prepara la ministra comunista costará dinero, sangre, sudor, lágrimas y paro, que el déficit de las pensiones aumentará aún más el impuesto al trabajo, en fin, que las subidas de impuestos es bandera y paradigma del PSOE y sus aliados.

Ante los datos, es obvio que para la flor y la nata empresarial que representa al capitalismo clientelar cortoplacista que desde hace tiempo impera en España, la pela es la pela. Es ese cortoplacismo derivado de la caza de subvenciones, ese olor a sardinas que resucita a los gatos, ahora es el Fondo Europeo de Reconstrucción y el Next Generation EU. Una empanada rellena de más de 140.000 millones de euros que repartirá el gobierno entre 2021 y 2026. El postre lo compone las promesas implícitas de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Así, para la CEOE esta ley «crea un marco para cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático en el horizonte 2030-2050. La norma marca la senda de descarbonización de nuestra economía». ¡Olé el desarrollo sostenible, la resiliencia, la condena a la hoguera de huella de carbono y hasta la igualdad entre hombres y mujeres (fallo garrafal por no incluir toda la retahíla de géneros no gramaticales) promete esta ley!

Mientras tanto, la agitación y propaganda desplegada por el posmoderno sucesor de Willi Münzenberg apellidado Redondo, contiene grandes promesas para dentro de 30 años. Un mundo feliz diseñado con la perversión del lenguaje, el abuso de la ventana de Overton y la ocultación de la agenda estratégica del PSOE. Sin embargo, cuando se observa con algo de atención se pueden distinguir algunas pistas. Por ejemplo cuando dicen: «debemos de cambiar el modelo de Estado, dirigirnos hacia una nueva transición». Por supuesto, sus coaligados comunistas de Unidas Podemos no la ocultan y mucho menos los separatistas. Puede ser duro admitirlo, pero mucho más duro será rendirse a la evidencia cuando sea demasiado tarde. Todos ellos son hispanófobos, todos asumen las tesis identitarias más reaccionarias, todos odian a España como los bolcheviques odiaban a Rusia en 1917. Por consiguiente, maquinan para implantar la Unión de Repúblicas Socialistas de los Pueblos Ibéricos. Si lo logran nos meterán en el camino de servidumbre que hoy transitan los venezolanos, argentinos, cubanos, nicaragüenses, coreanos del norte, vietnamitas y chinos.

EL SEGUNDO PLAN E DEL PSOE

O el I Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

Pablo Rojo. 03/05/2021.

La demagogia andante asegura que hay que imprimir dinero para el pueblo y no para los bancos. Bajo esta consigna aparentemente solidaria, los EEUU de Biden y la UE de las burocracias, se han lanzado a tumba abierta a multiplicar dinero. Ya no les basta con la varita mágica de la expansión monetaria cuantitativa cocinada desde sus respectivos bancos centrales, ahora se endeudan para gastar solidariamente.

En realidad, el Plan de Recuperación para Europa es otra vuelta de tuerca de los planes de incentivación de la UE que subvencionan inversiones supuestamente estratégicas. Por supuesto, se presenta como fórmula excepcional ante una coyuntura difícil, pero resulta que, desde el Programa Eureka de la entonces CEE, la excepción se ha ido convirtiendo en normalidad. De hecho, este plan es el súmmum por la morrocotuda cantidad de dinero que reúne, nada menos que 750.000 millones de euros del paquete “Next Generation”, más 100.000 millones de euros del SURE. Estos 850.000 millones fueron acordados el 21 de julio de 2020, cuando los estragos económicos producidos por la pandemia de coronavirus apenas auguraban lo que vendría después.

Más que un conjunto de estímulos, este Plan parece inspirado en el neocartalismo que establece el dinero como criatura del Estado, pues rebasa, con creces, los estímulos de la expansión monetaria cuantitativa puesta en marcha por el Banco Central Europeo en marzo de 2015, tras los avatares producidos por la crisis del 2008. Recordemos que esta medida fue vendida como provisional para evitar el hundimiento del euro, de los bancos comerciales y, sobre todo, absorber la deuda pública hasta bajar los tipos de interés a 0 con la consiguiente expansión de dinero barato. Ahora se trata de unos fondos obtenidos con la emisión de deuda por parte de la Unión Europea, que serán repartidos a los estados miembros en función de varios parámetros, para que cada Estado los reparta en forma de subvenciones o préstamos, tanto al sector público como al privado, bajo unas condiciones acordes con la corrección política vigente.

En vez de condiciones, el Plan de Recuperación para Europa propone erigir un jardín de rosas sin espinas. Ahí es nada, se trata de estimular la investigación y la innovación, transiciones climática y digital justas, lograr la preparación, recuperación y resiliencia económica, un nuevo programa de salud, modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola común, en fin, esa quijotesca lucha contra el cambio climático al que se concede nada menos que el 30 % de los fondos. Además, el plan atiende a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género. Un auténtico Plan Quinquenal posmoderno que concede a cada estado de la UE la clarividencia de diseñar el futuro económico, la omnipotencia de repartir dádivas y la omnipresencia de controlar los resultados, eso sí, con la aquiescencia de la burocracia bruselense.

El Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

A estas alturas, tener que advertir que el gasto estatal, ese dinero que “no es de nadie” según la ínclita Carmen Calvo, siempre, siempre y siempre es pagado por aquellos contribuyentes que trabajan en el sector privado de la economía. En el caso de España, en el momento que escribo y según la «Encuesta de Población Activa (EPA) – Primer trimestre de 2021- unos 16 millones de esforzados trabajadores españoles sostienen a 42 millones, es decir: a más de 3 millones de funcionarios, un millón de políticos y asesores adjuntos, a una población envejecida sustentada por cerca de 10 millones de pensiones públicas, 2,5 millones de personas que perciben prestaciones por desempleo, más alrededor de un millón que recibe una o más ayudas públicas (hay 22 partidas). Es decir, entre funcionarios, políticos-asesores, pensionistas y desempleados varios que perciben prestaciones del Estado suman 16,5 millones. O lo que es lo mismo, cada contribuyente real debe sostener a 1,032 compatriotas. Es obvio que esta situación es insostenible, con maná o sin maná de la UE.

Pues bien, al mismo tiempo que Biden presentaba en el Congreso su “Old Deal”, consistente en un paquete de 2.3 billones de dólares de gasto en infraestructuras y otros indefinidos incentivos económicos, el gobierno español presentó a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta suerte, el gobierno español espera conseguir 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, desde mediados del 2021 hasta 2026.

Si tienen la paciencia de leer las 348 páginas del Plan Quinquenal, apreciaran que está redactado en la neolengua de madera vigente, pero sin caer en las molestas reiteraciones y paráfrasis de la neolengua inclusiva. Así, propone «inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental». Estupendo, el problema surge al comprobar que el recuento de medidas basadas en los 4 ejes o condiciones del Plan de Recuperación para Europa mencionadas, acompañadas de imágenes de relleno bucólicas, para lograr «crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia consistente y coordinada», recuerda demasiado al cuento de la lechera. Nada más y nada menos que 30 propuestas llenas de diseño transversal, gobernanza, hasta llegar al desiderátum de, como Felipe González en 1982, prometer 800.000 puestos de trabajo «en sectores de futuro» indeterminados. Pero el primer reto que ofrece el texto de este plan es encontrar su estrategia. Y es que marea y despista tanto pleonasmo alrededor de las palabras gancho, del cúmulo de ecosistemas resilientes, biodiversidades, sostenibilidades, transiciones justas hacia digitalización, la ecológica, el cambio climático, la cohesión social y territorial, la igualdad de género, vuelta a los pilares transversales, la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial e igualdad de género. Y si difícil es encontrar la estrategia, mucho más complicado es hallar concreciones en «un paquete coherente y equilibrado de inversiones y reformas que se implementarán en los próximos 3 años dedicando casi el 40% de las inversiones a la transición verde, el 30% a la transición digital, el 10% a la educación y las habilidades y el 7% a I + D». El caso es que pretenden “movilizar” entre 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, y otros 70.000 millones en los tres años siguientes.

Y todo esto ¿quién lo paga y a quienes beneficia? Los embrolladores y beneficiarios del Plan responderán que la UE para socorrer a todos y todas. La verdad es que los paganos serán los de siempre, trabajadores por cuenta ajena y autónomos y empresarios alejados de las sinecuras otorgadas por los gobernantes. En algún caso y con mucha suerte, es posible que a alguno de entre los mencionados paganos le toque algún reintegro. Por supuesto, los premios gordos están ya repartidos entre la nomenklatura y las empresas cortesanas del erario, ya saben, Endesa, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, ICL, Naturgy, etcétera. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado español.

El abracadabra engañoso está implícito hasta en el título del principal paquete del maná: Next Generation EU (NGEU). Así, parece que se trata de un formidable esfuerzo para mejorar el futuro de la próxima generación, cuando en realidad, les endilgamos una monstruosa deuda que tendrán que pagar. De hecho, la UE tiene previsto emitir 850.000 millones de euros en bonos, durante los próximos 5 años e incrementar su techo de gasto hasta el 2,0% del PIB (unos 70.000 millones de euros adicionales por año). De esta guisa, se aumentarán los derechos de aduana, las contribuciones de los Estados miembros sobre la base del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), el nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables y, a partir de junio de 2024, el impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos a las empresas con una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades.

¿Estamos ante el reinflado de la gran burbuja de liquidez creada en 2009 que apenas ha producido un crecimiento ínfimo?

De momento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento queda en suspenso sine die. Sin embargo y a pesar de la recesión producida por la pandemia, unos cuantos países, que hasta ahora no eran del grupo de los frugales como Francia e Italia, han decidido reducir las cargas fiscales para relanzar la economía. Justo lo contrario que establece en su plan el gobierno español. En cualquier caso, resulta preocupante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se considere incapaz de calibrar el crecimiento que aportará el Plan de Recuperación a la economía española. No me extraña.

Por otro lado, afirmar que el gobierno español recibirá 140.000 millones de euros limpios es una falsedad. Las cuentas derivadas de nuestros compromisos como miembros de la UE, establecen que nuestra aportación será equivalente a nuestro peso económico.

Incluso aceptando que el dinero previsto llegue en tiempo y forma, es evidente que al Plan Quinquenal gubernamental le sobra palabrería y le falta concreción. Las reformas estructurales son retoques, la frugalidad y la productividad están vedadas, mientras la imprescindible reforma laboral que implante la flexiseguridad es un vade retro para el gobierno del Frente Populista Separatista.

Ante este panorama, conviene armarse de coraje y paciencia para tratar de evitar, en la medida de lo posible y con los ingenios que cada uno pueda tener, que este Plan Quinquenal no sea la repetición en forma de farsa del estéril y despilfarrador Plan E de Zapatero.

P. S. Mientras estaba pasando el texto a formato html para publicarlo en este blog, los medios no adscritos a las indicaciones de Moncloa han activado la primera alarma sobre los propósitos que se esconden entre los recovecos de la verbosidad progre, ya saben, el trampantojo inclusivo, transversal, movilidades sostenibles, seguras y conectadas … a las brechas de género … Efectivamente, en el Anexo IV, página 341, apartado 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, subrayan:«Por otro lado, se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Si perpetran esta medida, significará una subida de impuestos de 2.400 millones de euros que pagarán más de 2 millones de familias, es decir, la sustracción de 1.150 euros al año a cada familia o, lo que es lo mismo, más de 4 millones de contribuyentes de todo tipo de renta y condición. Que un día antes de las elecciones de la CAM, la ministra desparpajo matice la medida, solo garantiza que el gobierno tiene el firme propósito de imponerla.

Caminos sobre la mar integra una crónica sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en España y el resto del mundo durante buena parte del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI.

EL IRREFRENABLE INSTINTO TOTALITARIO DEL PSOE SE DESBOCA

09/02/2018 – Pablo Rojo Barreno.

Con el beneplácito al Gobierno de la aplicación mansa del artículo 155 de la Constitución española en la Generalidad de Cataluña en octubre de 2017 por parte del Secretario General del PSOE, algunos ingenuos pensamos que, por fin, la razón había superado a la sempiterna tendencia de los dirigentes de este partido de priorizar sus intereses sectarios a los de la mayoría de sus conciudadanos. Sin embargo, poco duró la alegría en la casa del pobre, puesto que, solo dos meses después y tras innumerables contorsiones éticas y despropósitos demagógicos de los líderes y lideresas del PSC durante la campaña electoral en Cataluña, y apenas 24 horas después de conocerse los magros resultados electorales de la sucursal catalana en dicha comunidad autónoma, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentó la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica de España, cuyo contenido pueden encontrar en este enlace.

A estas alturas no voy a relatar las múltiples incongruencias y el pavoroso adanismo soberbio con que el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero promulgó dicha Ley de Memoria Histórica. Tan solo apuntar, como indicio de algunos porqués, que su desarrollo fue precedido por la firma del antidemocrático pacto del Tinell, un indiscutible retorno a las zahurdas tácticas frentepopulistas que produjeron un Estatuto de Cataluña más anticonstitucional aún que el precedente, unido a las confluencias “progresistas” con nacionalistas e izquierdistas luego aderezado con la “Alianza de Civilizaciones”. Estas disposiciones solo se explican por la morralla del pensamiento Alicia descrito por Gustavo Bueno unido al cinismo del protagonista y su banda. Un revoltijo que se convirtió en estrategia sectaria para perpetuarse en el poder mediante la exclusión del Partido Popular del campo democrático, además de tildar a todo aquel que discrepara de la visión alucinante de la realidad política y social española del PSOE y sus muchachadas izquierdistas y nacionalistas, como franquista o simplemente “facha”.

Que los resultados de la estrategia frentepopulista con los izquierdistas, nacionalistas separatistas y asimilados del terrorismo etarra, más la necia política económica durante la hecatombe económica que causaron desastrosos resultados para los españoles en general y el propio PSOE en particular, no originara el inicio de una reflexión crítica sino que al error se sumara la arrogante pretensión de que la realidad tenía que adaptarse a sus conveniencias ideológicas y sectarias, solo confirma una constante histórica de este partido. Así, en vez de rectificar parieron melifluas propuestas como la “federalista” de Granada, una atolondrada “reforma” constitucional que, en palabras de Ramón Jáuregui, pretende «dar carta de naturaleza a las singularidades o hechos diferenciales que explican la España plural» y, en fin, siguiendo la contumacia en el error, eligieron al lindo perdedor Pedro Sánchez Pérez-Castejón dos veces.

Decir con la boca pequeña y transcurridos 40 años desde la Amnistía general que los objetivos de las leyes de memoria histórica son impulsar “el espíritu de reconciliación” y el “reencuentro de los españoles”, reconocer y ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, al tiempo que, a estas alturas, proponen una Comisión de la Verdad, un Consejo de la Memoria Histórica y un régimen sancionador que incluye penas de cárcel para quienes, entre otros muchos motivos, «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución», obviando a quienes desprecien a las víctimas y enaltezcan delitos cometidos en la zona republicana y a los que justifiquen a individuos y partidos que practicaron el terrorismo durante la dictadura franquista, indican con claridad el irrefrenable instinto totalitario del PSOE y su deseo de limpiar su nada pulcro historial.

«¿Tú verdad? no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela» Antonio Machado “Proverbios y cantares” (1917).

Nota aclaratoria: Según fuentes bien informadas, el redactor de esta delirante proposición de ley es Juan Andrés Perelló Rodríguez político y abogado por este orden que en 1975 tenía 18 añitos, ahora diputado y Secretario del área de Justicia y nuevos derechos de la ejecutiva de Pedro Sánchez, antes alcalde de Buñol, eurodiputado, miembro del Comité Federal del PSOE y de la Ejecutiva Nacional del PSPV. Las mismas fuentes apuntan al Secretario del área de Estudios y Programa: José Félix Tezanos Tortajada como la eminencia gris de este ensayo de retorno inquisitorial.

AL DESVÁN DE LA HISTORIA

    Marzo de 2016.

Enlace a la nota redactada tras la candidatura a las primarias por la secretaría general del PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Para actualizar la cuestión y verificar los argumentos que escribí hace unos cuantos meses, les proporciono el enlace al vídeo del Debate entre los candidatos a la Secretaría General del PSOE.

   Una de las frases, luego muy utilizada como metáfora por la izquierda acodada en la doctrina marxista, es la escrita por Karl Marx al principio de “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” (1852) al completar la aseveración de Hegel sobre la repetición de los grandes hechos y personajes en la historia universal, indicando que el filósofo: «se olvidó de agregar: la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa». Sin embargo, pese a las apariencias de repetición de algunos hechos históricos, la historia realmente no se repite aunque constatemos a diario que sus lecciones, apenas son consideradas por quienes; por su vocación o posición política, deberían prestar mayor atención.

   La refriega acaecida en el seno del Comité Federal del PSOE el pasado primero de octubre de 2016, si la amnesia selectiva de tantos fuera menos descarada, podría rememorarnos la división acaecida durante el tercer Congreso Extraordinario del PSOE celebrado en 1921, entre los “segundistas” (a favor de seguir en la segunda internacional) y los “terceristas” (los que estaban a favor del ingreso en la tercera internacional comunista KOMINTERN fundada en 1919 por Lenin). Ganaron los “segundistas” pero el PSOE sufrió su primera gran escisión de quienes fundaron el Partido Comunista Obrero Español. Y las tensiones siguieron entre quienes defendían el modelo democrático burgués, que tras la segunda guerra mundial se definió como socialdemocracia, frente a los “revolucionarios” tentados por la dictadura más o menos proletaria. El PSOE se fracturó pero resistió el envite hasta la siguiente encrucijada entre lealtad democrática o asalto revolucionario al poder.

   El dilema surgió cuando el PSOE perdió el poder tras las primeras elecciones democráticas del 19 de noviembre de 1933, en las que votaron las mujeres en España por primera vez. Ante la evidencia del retorno al poder de la derecha, los dirigentes del PSOE UGT y las Juventudes Socialistas se lanzaron a la insurrección contra la República que habían patrocinado. El editorial de «El Socialista» del 27 de septiembre de 1934, indicaba el itinerario de la inmediata insurrección: «Las nubes van cargadas camino de octubre. El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de pruebas, jornadas duras…Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado…». El 3 de octubre, El Socialista arengó a sus lectores de esta manera: «Camaradas en guardia. En guardia… Nuestra apelación a los trabajadores de España es concreta e imperiosa: en guardia». PSOE, UGT y las Juventudes Socialistas encabezadas por Largo Caballero, Indalecio Prieto, Ramón González Peña y Santiago Carrillo, prepararon con apoyo del Komintern y tras sellar la alianza con la anarquista CNT y el Partido Comunista de España que incluía el aprovisionamiento de armas, la convocatoria de una huelga general revolucionaria el 5 de octubre de 1934. La huelga revolucionaria solo triunfó en la cuenca minera asturiano-leonesa donde se declaró una República Socialista con capital en Mieres, con el conocido trágico final coronado con la proclamación oportunista por Lluys Companys del Estat Catalá de la República Federal Espanyola.

   Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, tras viajar a la URSS, el delfín de Largo Caballero; Santiago Carrillo Solares, integró a la profusa organización juvenil del PSOE que encabezaba como secretario general en la exigua del PCE, en una maniobra que recuerda a la reciente de Pablo Iglesias con Izquierda Unida. Solo cuatro meses después de la unificación de las dos organizaciones juveniles, en noviembre de 1936 mientras que Franco rodeaba la Ciudad Universitaria madrileña, Carrillo y sus Juventudes Unificadas se pasaron al Partido Comunista en bloque.

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   Desmantelado de jóvenes y en plena guerra civil, las grandes grescas en el PSOE siguieron la misma dinámica. Y así continuaron durante el exilio, siempre identificadas con el nombre de sus caudillos: “caballeristas”, “prietistas”, “negrinistas” y “besteiristas”. En octubre de 1974 los “llopistas” fueron sobrepasados en Suresnes por los “renovadores” luego “felipistas” y el PSOE se partió en dos una vez más. Enseguida apareció la consigna recurrente e inocua; “Por el cambio” y el joven Felipe Gonzalez Márquez con su escudero Alfonso Guerra, apoyados por la por entonces potentísima y opulenta Internacional Socialista de los Willy Brandt, Helmut Schmidt, Pietro Nenni, Michael Foot, Androsch Hans, François Mitterrand y Olof Palme, se hicieron con los mandos del desvencijado PSOE, haciéndolo resurgir de las cenizas cuan Ave Fénix tras cuarenta años de ausencia, gracias a los suculentos fondos aportados por la fundación alemana Friedrich Ebert. Todo parecía estar atado y bien atado tras el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979 por Felipe, pero tras los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el por entonces flamante secretario general del PSOE; José Luis Rodríguez Zapatero, logró la presidencia del gobierno español.

   El filósofo Gustavo Bueno calificó como “pensamiento Alicia” la ensoñación ideológica del PSOE encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y sus rasputines menores; Alfredo Pérez Rubalcaba y María Teresa Fernández de la Vega. El pensamiento Alicia es resumido por Bueno como: «capaz de llamar personas humanas a los simios; progenitores A y B a los miembros de las parejas homosexuales a los que se les ha concedido un niño en adopción; o fascistas a quienes vencieron en la Guerra Civil española; de equivocar el alcance del término solidaridad –que puede aplicarse también al comportamiento de una banda de ladrones o terroristas–; y de plantear una Alianza de Civilizaciones sin delimitar antes lo que son éstas, encubriendo así los problemas reales de la gente bajo una nebulosa fantasiosa y carente de contenido».

   Lógicamente, el pensamiento Alicia fue degenerando en maniqueísmo simple con la oficialización de la memoria histórica, al tiempo que asumía la desmemoria reciente que incluía la tabla rasa a las referencias éticas históricas respecto a la deontología del político profesional y los límites en la obtención y el ejercicio del poder. El “spoil system” quedaba consagrado durante las vacas gordas de la especulación inmobiliaria, mediante el reclutamiento de diletantes plutocráticos en el partido y el reparto de canonjías a través de la redes clientelares.

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Con el reventón de la negada crisis y la caída estrepitosa de los palos del sombrajo del bienestar impostado, llegó la desastrosa gestión del zapaterismo o zapaterazo y los cantos de sirena de Hessel con coros de Sampedro. Resultó entonces que la indignación ciudadana fue desviada hacia los males provenientes de una transición sin ruptura catártica con el franquismo, principio y fin de todos los males habidos y por haber. Así, ZP y su Alicia quedaron desbordados por los antifranquistas sobrevenidos cuatro décadas después de enterrado Franco en Cuelgamuros. Eran los jóvenes campeadores anticasta abducidos por la pareja Ernesto Laclau – Chantal Mouffe, dúo mucho más «posh» que post, pues la mercadotecnia ha demostrado que rebelarse vende y si la bicha es el neoliberalismo y su medicina el NO LOGO, las superventas están garantizadas.

   Al verse señalados como casta, la nomenclatura del PSOE procuró disimular su primer desconcierto hasta que, al llegar la derechona al poder central, resucitó el Pacto del Tinell para abrazarse al poder autonómico y local con los nuevos del cambio y el gobierno de progreso y demás consignas celestiales. Total, no suena tan mal, incluso parece hasta heroica la confrontación de una lucha de clases invertebrada; “Nosotros frente a un Ellos” o “casta contra gente” donde el sujeto histórico ya no es el proletariado sino “la gente”; un trampantojo del populismo de izquierda neoperonista marca: Laclau-Mouffe, donde los descamisados son ahora todos los desheredados por la globalización, cuya cuantía es incontable por inabarcablemente etérea. Llegados a este punto, Alicia parecía encontrar su país maravilloso con esta atrayente doctrina, donde solo la globalización capitalista es el impedimento para la proliferación de los estados paternales y naturalmente hegemónicos que representa el socialismo del siglo XXI. Así, sin solución de continuidad y gracias al inconsciente lacaniano del posh-post se encuentran en el significante viaje a la ultratumba; Antonio Gramsci, Benito Mussolini, Juan Domingo Perón y Hugo Chávez, pasando por la reciente de Fidel de los Castro de toda la vida.

   Si la competencia posh-post populista lograba tal éxito mediático y electoral, el adanismo ideológico del PSOE post-Alicia se lanzó a apropiarse de los nuevos discursos y sobre todo de la estética de la nueva política. No quedaba más remedio que sustituir al viejo conspirador Pérez Rubalcaba por un joven lindo que despertara emociones amorosas en la “gente”, camisa blanca de mi esperanza sin corbata, soñada encarnación del carisma del líder mediático atonal posmoderno. Bella figura para representar los arco iris y unicornios que trascendieran la mala leche de los millones frustrados por la inclemencia de la crisis, con objeto de convertir esa emoción producida por el discurso embaucador del joven y apuesto líder en votos y poder. Sin embargo, los platós ya estaban ocupados por vendedores de emociones mucho más duchos y efébicos.

   ¿Que hemos hecho para merecer tanta desestima de la gente a pesar de lo mucho que la consentimos? Al fin y al cabo el PSOE puede ser rojo aquí, verde acá y amarillo allá. Jacobino en el Bernabéu, nacionalista en el Camp Nou y confederal en el Mestalla.

   En realidad, el travestismo muestra la desnudez ideológica y estratégica de un oportunismo sin principios, balbuceante cuando señala los paradigmas escandinavos, al ocultar que fue el innombrable Gerhard Schröder quien hizo las reformas neoliberales en Alemania que inspiraron las reformas idem en Suecia y Dinamarca. Por tanto, la historia no se repite en el PSOE puesto que no hay encrucijada reforma o revolución entre el susanismo y el pedrismo, tan solo regates tácticos para intentar sobrevivir en un mundo interdependiente que destroza los mecanismos de un poder basado en la expansión insostenible de la funcionariocracia.

   Tras años de demonización de la derecha y la globalización y conchabeo con las tesis nacionalistas y populistas, al PSOE no le queda un ápice de socialdemocracia. El desesperado intento de salvar los viejos muebles apolillados, repintado sus blasones y hablando de las tradiciones de la casa, ciertamente provocan conmiseración hasta que se comprueba la complicidad con que acogieron y acogen como aliados a los asesores de Chávez y Maduro. Retozar con el transversalismo, la autogestión, la contracultura, el colectivismo de birras y canutos, comprender la “okupación” de la casa del vecino y la crianza en tribu es querer abarcar demasiado, rebuscar con contumacia las zahúrdas antisistema. Cuando la vieja guardia del PSOE ha tocado a rebato ante la deriva, los antisistema ya son sistema. Su referente griego Syriza con su amado líder Alexis Tsipras, tras cargarse el PASOK, ha iniciado los escarceos para entrar en el redil de la Internacional Socialista y los pensionistas y parados griegos que van atrás, que arreen.

  A los propensos a rasgarse las vestiduras por un quítame allá esos partidos políticos históricos, según ellos imprescindibles para la democracia española, partidos a los que tanto debemos por habernos arruinado y endeudado, habrá que recordarles que un partido trocado en lastre «acabe arrumbado en el desván de los trastos viejos, junto al hacha de piedra y al telar de pedal», puede ser un proceso natural y benéfico para la vida en general y la de los españoles en particular.

     Nota posterior 21/12/2016.

   En uno de los actos de escaqueo típicos de Rajoy, en la anterior legislatura el Partido Popular perpetró una reforma exprés ampliando las competencias del Tribunal Constitucional para que pudiese suspender en sus funciones, a las autoridades o funcionarios, que incumplan sus resoluciones. Así, colocaba al tribunal como colchón que le evitara tomar las decisiones políticas desagradables como, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 de la constitución española. Pero el desnortado PSOE ha entrado en pánico ante el intento del duunvirato Rajoy-Santamaría de mantenerle a flote, sin entender que más que una táctica perversa, es un acto reflejo de supervivencia de régimen poco meditado, dignos de los añejos tecnócratas demócrata-cristianos que son. En un intento de diferenciarse en algo, la dirección colegiada y sus adláteres se colocan en el bando del PNV para derogar las competencias sancionadoras del Tribunal Constitucional. Ya son incapaces de conjeturar un mañana donde ellos se verían en el brete de aplicar el 155.

   Es duro ir al basurero de la historia, pero el agotamiento del régimen (de los regímenes democráticos aparentemente consolidados tras la II guerra mundial) son consecuencia de la elefantiasis estatal hoy insostenible sin dieta de adelgazamiento, dieta que los burócratas y sus aspirantes no están dispuestos a asumir. Si aguantamos todavía es gracias a los malos ejemplos de Grecia y ahora Italia. ¿Por cuánto tiempo?

Nota del 31/01/2017.

   El pasado 28 de enero de 2016, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón anunció en un mitin en Dos Hermanas (Sevilla, 120.000 habitantes) su candidatura a las primarias para la secretaría general del PSOE. Aunque anunciada, la mayoría de los medios y generadores de opinión profesionales, que en algún caso son periodistas, han vuelto al lamento sobre el peligro de escisión en el PSOE y la consiguiente hecatombe, ante las intrépidas frases pronunciadas por el exsecretario y ahora candidato: «La nuestra (se refiere a su candidatura pero pluraliza para que la arrobada militancia que le escucha la haga suya) representa un partido autónomo y de izquierda donde la militancia decide, frente a la que se abstuvo ante Rajoy y dejó al PSOE en tierra de nadie. Lo que hoy emprendemos es unir al PSOE para después unir a la izquierda y derrotar al PP». Más claro; agua. No es no, manque pierda. La dicotomía es presentada por Sánchez como enfrentamiento ideológico que deberán resolver los militantes del PSOE. Sin embargo, es un planteamiento que esconde unas cuantas imposturas.

   La principal impostura de Sánchez es presentarse como campeador del desiderátum «unidad de la izquierda» encabezado por un PSOE dinástico y sistema hasta el tuétano, pero cuyo líder no solo sería capaz de unir a las banderías internas sino que embelesaría a los ya antiguos antisistema con su carisma. Nada más, ni una gota de reflexión o compromiso sobre los graves y urgentes problemas políticos y sociales de los españoles. En cualquier caso, conviene recordar que la gestora del PSOE no ha cambiado un ápice las alianzas con populistas y separatistas (perdón por el pleonasmo) en ayuntamientos y autonomías en puro toma y daca de poder.

   No menor superchería es exhibirse como paladín de un socialismo «de izquierda». Sobre todo porque primero tendría que explicar esa demasía a través de una elaboración teórica e ideológica. Pero ni quiere ni puede.

   En realidad, la confrontación y el guirigay actual se concentra en nombres propios: Susana Díaz, Pedro Sánchez, Francisco Javier López Álvarez alias; Patxi López, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, etcétera. Nada de bolcheviques frente a mencheviques ni de segundistas contra terceristas. Es el queso, el cómo llegar al poder y luego veremos para qué. Los históricos enfrentamientos entre caballeristas, prietistas, negrinistas, besteiristas, llopistas y felipistas son tristes por inútiles y cruentos. Empero, hay una diferencia notable entre la trayectoria vital de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto Tuero, Julián Besteiro Fernández, Rodolfo Llopis Ferrándiz e incluso Felipe González Márquez pues; todos sin excepción, antes de llegar a políticos profesionales, ejercieron por cuenta ajena o propia los honorables oficios de albañil, taquígrafo, profesores de instituto por oposición, periodista y abogado laboralista. Por el contrario, ninguno de los «amados líderes» actuales resucitadores del guerracivilismo lo han hecho. Todos estos jóvenes y «jóvenas», sin excepción, han crecido amantados en la guardería apparatchik del PSOE o en la endogámica mediterraneidad universitaria, donde el reclutamiento funcionarial se inspira en La Cosa Nostra. Así se entiende mejor su vade retro a la competitividad y la meritocracia, pues son valores incompatibles con el redentorismo populista y con sus experiencias vitales. Por tanto, las actuales trifulcas entre “susanistas”, “sanchistas”, “pablistas”, “errejonistas” “patxistas”, etcétera, serían risibles, una de galgos o podencos, si no percibiéramos los inquietantes seísmos previos a la erupción vulcaniana en el nordeste de España.