NACIONAL PUTINISMO

EL MEOLLO IDEOLÓGICO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

30/04/2022

En la tercera de ABC de hoy, Carlos Granés indica que el régimen ruso es una versión del peronismo, resultante de la influencia del principal impulsor del movimiento neo-eurasianista y para-fascista Aleksandr Duguin sobre Putin, definido en “La Cuarta Teoría Política”. Asimismo, Granés describe anonadado la persistencia en Iberoamérica de los populismos surgidos durante el siglo XX; peronismo, priismo, castrismo, etcétera. No obstante, no termina de vincularlos como lo que son; hijos naturales del marxismo-leninismo, fascismo y nacionalsocialismo. Entiendo que obviar el engarce de estas ideologías y su contextualización histórica y geográfica, dificulta la comprensión del trasfondo ideológico del régimen encabezado por Putin, así como las consecuencias que de ello se derivan.

En primer lugar, es preciso subrayar que el neo-eurosianismo es antieuropeo y paneslavista. Exacerbadamente crítico con la cultura romano-germana y el “euro-centrismo”. Por supuesto, es partidario de un Estado fuerte, de la moral impartida por la Iglesia Ortodoxa, de la alianza turco-eslava y de forjar fuertes alianzas en Oriente Medio. Su crítica a la cultura posmoderna occidental y al wokismo y sus derivas sexistas e identitarias es radical. Por lo tanto, en la cuestión moral y solo en la cuestión moral, el neo-eurosianismo paneslavista coincide con los llamados populismos de extrema derecha europeos, en concreto con el polaco Ley y Justicia, el húngaro Fidesz-Unión Cívica Húngara, algo menos con el Rassemblement national de Marine Le Pen y solo de refilón con VOX.

Si repasamos sucintamente la reciente historia de Rusia, no podemos desdeñar las consecuencias sociológicas del traumático colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Tampoco es baladí la rapacería perpetrada por las élites del antiguo régimen soviético, al enriquecerse obscenamente con la adquisición a precio de saldo de los monopolios del “socialismo real” durante los nueve años de la era Yeltsin. Estos hechos, más el aumento de la corrupción mafiosa y la persistencia de la pobreza de la mayoría de la población rusa, supuso la puesta en cuestión de la legitimidad del nuevo régimen a finales de los noventa.

El dedazo de Borís Yeltsin en diciembre de 1999, instalando en la presidencia de Rusia al entonces primer ministro, Vladímir Putin, un apparatchik del PCUS y coronel del KGB, nombrado jefe de la FSB (la KGB reconstituida) en 1998 y que apenas llevaba en el cargo 4 meses, se explica como un exasperado intento de salvar a un régimen que carecía de genuinos fundamentos ideológicos que lo legitimaran.

A estas alturas, parece claro que el fracaso de Yeltsin en dirigir a Rusia hacia un modelo democrático de corte occidental capitalista de libre mercado, no solo se explica por su incapacidad dirigente y la vorágine de corrupción asociada, también influyó una abrumada y nostálgica carga sentimental de la mayoría de los rusos ante el fracaso de la URSS. Por los contactos mantenidos con unos cuantos ciudadanos rusos, comparo sus aflicciones con la desolación y el pesimismo con el que nuestros abuelos sintieron con el desastre de 1898. Así, los primeros intentos de Putin de proseguir por la senda occidentalita de Yeltsin, toparon con obstáculos internos considerables.

La crítica situación de Rusia y un carácter forjado por las vicisitudes de una infancia miserable y una formidable adaptación a un medio plagado de intrigas y purgas desde la juventud, condujo a Putin a priorizar su consolidación en el poder. En primer lugar se deshizo de aquellos oligarcas que pudieran poner en peligro su mando. Fue una victoria sin prisioneros, quien se movía no salía en la foto y, además, iba a la cárcel o al cementerio. Así, consolidó pronto un régimen oligárquico, compuesto por una “nueva nobleza” tutelada por un poder caudillista. Sin embargo, los lastres de la URSS continuaron inexorablemente. La segunda guerra de Chechenia fue terriblemente sangrienta. El hundimiento del submarino nuclear Kursk en agosto de 2000 una vergüenza nacional que mostraba descarnadas chapuzas y corrupciones. La matanza en Beslán (Osetia del Norte) una cruel afrenta. El negro panorama se oscurecía aún más por la persistencia de los problemas “transfronterizos” de una Rusia insegura de sí misma. Entonces, Putin asumió la necesidad de implantar una ideología de Estado acorde con la situación y la historia de Rusia y, sobre todo, capaz de elevar la autoestima del pueblo ruso.

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El neo-eurosianismo paneslavista le vino como anillo al dedo, pero la asunción de esta ideología implicaba la expansión que solo las guerras victoriosas entregaban. Tras Chechenia, Rusia invadió Georgia en 2008, con la aquiescencia, por parálisis, de George Bush y la OTAN. La Rusia victoriosa contra Napoleón y Hitler volvía por sus fueros.

Fue el discurso de Vladímir Putin durante la Conferencia de Seguridad de Múnich el 10 de febrero de 2007, donde públicamente establece el rumbo de Rusia bajo su mandato. En primer lugar acusando a Estados Unidos de tratar de imponer sus reglas y su voluntad a otros países, «pero el modelo unipolar es imposible y totalmente inaceptable en el mundo moderno». Asimismo acusó a la OTAN de expansionista y provocativa. Añadió que Rusia respetaba los acuerdos sobre la reducción de los arsenales nucleares estratégicos pero insinuó que EEUU no. Tuvo el cuajo de afirmar que solo la ONU puede autorizar el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Pero inmediatamente dejó claro que «Rusia siempre ha desarrollado una política exterior independiente y tiene la intención de continuarla; o hacemos lo mismo que vosotros o, a la vista de nuestras actuales posibilidades financieras, desarrollamos una respuesta asimétrica».

Rusia entonces volvió do solía. Centralización, autoritarismo y capitalismo de Estado, esta vez imitando el modelo de la República Popular China, si bien ajustado al “alma rusa” de un nacionalismo expansionista antioccidental. Naturalmente, el discurso del régimen asentado sobre una oligarquía parasitaria del Estado y las riquezas naturales, esos “silovikí” acaparadores de las 22 agencias gubernamentales que, con su despotismo burocrático lastran la productividad de una economía quince veces menor que la de EEUU, solo puede ser populista.

¿Es el nacional-putinismo una versión rusa del peronismo? Mi respuesta es no. Por el contrario, constituye una versión paneslava del nacionalsocialismo con aderezos de marxismo-leninismo estalinista.

Quienes desde un peculiar neutralismo sugieren motivos históricos para justificar la invasión a sangre y fuego de Ucrania, asumiendo las acusaciones putinescas contra los “nazis” ucranianos y el expansionismo yanqui, olvidan el meollo del régimen someramente descrito aquí. Quienes desde un peculiar pacifismo izquierdista claman por la paz desde la falsa equidistancia, ocultan con premeditación y alevosía que; los países que apoyan y son aliados de Putin son sus admirados Cuba, Venezuela, Corea del norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea e Irán.

EL ESTADO Y LA PRODUCTIVIDAD

De cómo la adiposis del Estado intervencionista, frena el incremento de la productividad generadora de empleo y riqueza.

14/04/2022.

Cuando España empieza a hundirse en la estanflación (estancamiento económico y elevada inflación), la inapelable subida de los tipos de interés aumenta el coste financiero del Estado empresas y familias, al progresista sistémico le pereceara insolente e inoportuno aludir a la productividad del trabajo, en vez de culpar de los estragos que sufrimos a la guerra de Ucrania o a la pertinaz sequía.

En verdad, para los sindicatos clasistas y la izquierda en general, mentar la productividad del trabajo equivale a la bicha, pues supone la constatación del error de Marx respecto a sus cálculos sobre “la fuerza productiva del trabajo” y sus “leyes”; derivadas de la crítica a la tasa del plusvalor y la tasa de la ganancia de David Ricardo. Así, Marx dedujo una «Ley de la Pobreza Creciente» que establece que en el sistema capitalista, los asalariados por cuenta ajena sólo reciben el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia. De este corolario cientificista, Marx conjeturó la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia que descubría el virus intrínseco que aniquilaría el sistema capitalista.

Teniendo en cuenta que Marx no pisó una fábrica en su vida y que su correligionario Engels, solo visitaba la de su padre en Manchester para recoger un notable peculio, aunque desde 1850 no tuvo más remedio que ejercer de comerciante de la bolsa londinense, si bien tuvo el tiempo libre suficiente para cazar zorros, hacer crítica literaria y, sobre todo, teorizar con su amigo Marx la revolución proletaria, sin impedirle ejercer de distinguido caballero victoriano que practicaba esgrima y equitación, resulta lógica la ignorancia de los padres del socialismo-comunismo sobre el progreso de la productividad como núcleo del sistema productivo, en las sociedades donde los medios de producción son de propiedad privada y existe libertad comercial. Así, en vez de confirmarse el augurio marxista descrito en la mencionada Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia, las sociedades sustentadas en la propiedad privada y el comercio libre fueron incrementando la productividad desde finales del siglo XIX y, con ello, la riqueza que condujo a su reparto a través de los salarios. Donde sí se cumplió con creces la Ley de la Pobreza Creciente fue en la URSS, y se sigue cumpliendo en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Pero ¿a santo de qué evoco en este momento la productividad del trabajo y la relaciono con el Estado? Quienes hemos tenido que dirigir una industria fabricante de equipos, sabemos que la productividad del trabajo es, junto con la innovación y la optimización de recursos, los ejes fundamentales para la sostenibilidad y el progreso de la empresa y sus trabajadores. Así, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que este ha utilizado para obtener dicha producción.

Entre los factores que determinan la productividad laboral destacan los siguientes:

A. Salario (ver salario mínimo y otras intervenciones estatales) ¤¤.

B. Capacidad del trabajador (derivada de la formación) ¤¤.

C. Legislación laboral ¤¤¤.

D. Impuestos al trabajo ¤¤¤.

E. Impuestos de Sociedades (IS) y Actividades Económicas (IAE) ¤¤¤.

F. Seguridad jurídica ¤¤¤.

G. Precio de la energía ¤¤.

H. Precio de las materias primas ¤¤.

I. Bajas laborales por enfermedad o accidentes ¤¤.

J. Organización de métodos productivos.

K. Maquinaria y métodos de producción eficientes.

L. Motivación laboral.

M. Equipamiento y recursos.

N. Entorno.

O. Liderazgo.

P. Diseño de los productos o servicios.

Q. Calidad y estado de la maquinaria.

De estos factores se evidencia que C, D, E y F dependen directamente del Estado, mientras que A, B, G, H e I lo son parcialmente. Por lo tanto, la productividad del trabajo en España está condicionada por legislaciones muy variables e impredecibles en el tiempo y unos impuestos que rozan lo confiscatorio.

Por otro lado, las estadísticas oficiales apenas distinguen la productividad aparente del factor trabajo (PAT) del sector público y el privado. Un indicador fehaciente luce cuando se comprueba que en España, durante los últimos 35 años, el sector público ha mantenido un gasto promedio entre el 42% del PIB de la época de Felipe González y un 50% del PIB actual con ligeras vaguadas del 38,2% con Aznar y el 41% con Rajoy. Actualmente, sobrepasando el 50% del PIB de gasto, el Estado español aporta el 16% del PIB, mientras emplea a más de tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa, EPA). Es decir, el Estado español maneja la mitad de la riqueza nacional pero apenas aporta el 16% a dicha riqueza con los servicios que presta: administración pública, justicia, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales. Y, sin embargo, las estadísticas oficiales estiman que el incremento de la productividad del sector público español es superior al privado, a pesar de que, según el INE, en 2018 el sector privado aportó el 84.2% por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con 16,7 millones de empleados, en tanto que el sector público el 15.8% con 3,4 millones de empleados.

Entonces ¿Por qué la productividad del trabajo en España (PTF) lleva empantanada desde 1985?. ¿Acaso este hecho tiene una relación directa con ser el país que, junto con Grecia, que desde entonces encabeza el ranking mundial de paro de los países desarrollados, con una tasa media del 12,6%, más del doble que la media de los países de la OCDE y el triple del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), donde la media es del 4,2%? ¿Por desventura existe una relación directa entre el aumento del gasto del Estado, la baja productividad, el delirante sistema educativo y el enorme desempleo sistémico?

Del gráfico siguiente se pueden deducir algunas conclusiones importantes.

Por ejemplo, que ni el alto desempleo ni la baja productividad en España, son una maldición de los dioses ni una predestinación por tara racial, puesto que entre 1954 y 1975 se produjo una impresionante aceleración del crecimiento del PIB, atribuible casi exclusivamente a la productividad laboral (5,8% de crecimiento del PIB del 6,2%).

Entre los innumerables estudios sobre el estancamiento de la productividad en España durante los últimos 37 años, se puede distinguir algunas explicaciones parciales, entre otras destacan la reducción de la industria con la entrada a la Comunidad Económica Europea, el bajo gasto de las empresas en investigación y desarrollo, la escasa inversión en capital intangible debido a, entre otros, a la regulación del comercio minorista, los costos de creación de empresas, la falta de flexibilidad del mercado laboral, los altos impuestos al trabajo, la ineficaz legislación sobre quiebras, los lentos procedimientos judiciales, los subsidios y el “amiguismo” que han conducido a extravagantes asignaciones de capital, bajas inversiones en intangibles, mientras que los sectores que crearon más empleos (construcción y servicios), tuvieron una menor productividad laboral que la industria con un crecimiento mucho más lento del producto por hora trabajada, lo que explica inversiones especulativas puntuales y escasa innovación tecnológica. Sin duda, estas explicaciones responden a la realidad aunque apenas sugieren el dato fundamental; la relación entre el estancamiento de la productividad y el aumento del tamaño del Estado español, incluida la enorme deuda contraída.

Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.

Pues resulta que el año pasado, la masa salarial de las administraciones públicas españolas superó todas las marcas de la serie histórica. De acuerdo con las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público (funcionarios junto al personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público) más sus pagos por cotizaciones sociales ascendió a 147.363 millones anuales, es decir, el 27% del total del presupuesto de 550.484 millones de euros (un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020) que se comió la mitad de la riqueza producida. No piensen mal de la coalición Frankenstein que aprobó semejante cifra, ni apelen al clientelismo al constatar que los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. Trabajar en el sector público supone ganar 10.500 euros más al año de media.

Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.

Si la adiposis y el intervencionismo del Estado frena el incremento de la productividad y, si el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país solo se logra con el crecimiento sostenido de la competitividad, es decir, cuando la mejora de la productividad del trabajo permite a las empresas generar valor añadido y con ello empleo bien remunerado, el diagnóstico de la situación actual de España parece obvio.

El GATILLAZO ESTRATÉGICO DEL PP

21/02/2022

El descalabro causado por el Comité Ejecutivo del Partido Popular liderado por Pablo Casado y su General Secretario Teodoro García Egea, con el fin de liquidar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, es generalmente presentado por los medios como una lucha de poder entre dos liderazgos, más que por un enfrentamiento entre dos tendencias políticas. Sin negar que este conflicto contenga algo de lucha típica entre facciones de los partidos políticos, constituidas por camarillas con intereses diversos y hasta antagónicos que pretenden acaparar el poder, y cuyos desmanes suelen ser amortiguados por la imprescindible alianza para alcanzar el poder superior del Estado, considero que lo mollar de este episodio es el gatillazo estratégico de la cúpula dirigente del PP.

Recapitulemos y, sobre todo, no nos dejemos obnubilar por el atrezo. Los Montescos y Capuletos, los Rasputines y Maquiavelos, los Duncanes y ladies Macbeth, son los personajes forzosos para cualquier representación dramática de una gran mudanza de fortuna. Y en el PP, en estas horas, la fortuna está fané y descangayada. Pero el prólogo del drama se inició con el «Hasta aquí hemos llegado« lanzado contra Santiago Abascal por un encendido Pablo Casado, en el pleno del Congreso que debatía la moción de Censura presentada por VOX el 21 de octubre de 2020. Una declaración de guerra que, por la contundencia de la ofensa, dejó boquiabiertos a diputados y periodistas de todas las tendencias. Recordemos algunas frases pronunciadas por Casado: «Usted es el seguro de vida política de Sánchez… Ha llegado en auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más»…Solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados» …Esto es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en Moncloa»…Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su propio interés». Solo le faltó mentar a la madre de Abascal y llamar fachas a los de VOX. El motivo de semejantes invectivas, fue desmarcarse con contundencia de la extrema derecha con que la izquierda y los separatistas califican a VOX.

Caer en la trampa tendida por el Sanchismo y sus socios izquierdistas y separatistas, presentando a VOX como extrema derecha heredera del franquismo, solo es comprensible desde una miope visión producida por el mito convertido en tópico; La victoria por mayoría absoluta la consigue quien atraiga el voto del centro. Esta simple fórmula es justificada por la teoría espacial del voto, aunque es evidente que, desde años ha, muchos la creyeron y se equivocaron.

Uno de los primeros que pagó caro la adopción del mito centrista fue el Partido Reformista fundado en 1912 por Melquíades Álvarez, quien fue asesinado por las turbas milicianas en el sótano de la cárcel Modelo de Madrid, la noche del 22 al 23 de agosto, tras ser arbitrariamente aprisionado. El último, por el momento, arrasado por el mito es Ciudadanos. Entre ellos, todos, repito, todos los intentos por consolidar partidos centristas en España durante los últimos 110 años han fracasado. Uno tras otro. Al poco de proclamarse la II República, una de las organizaciones que con más ahínco la promovió; la Agrupación al Servicio de la República (ASR) de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y López de Ayala, se vio desbordada por la radicalización del gobierno provisional republicano. Otro fracaso trascendental para comprender la deriva de la II República fue el de la Derecha Liberal Republicana (DLR) liderada por Niceto Alcalá Zamora. La organización “trasversal” que impulsó la Transición democrática: Unión de Centro Democrático (UCD) se autodestruyó. También fracasaron estrepitosamente el Centro Democrático y Social (CDS) liderado por Adolfo Suárez González, quien volvió a caer en la misma piedra de UCD, mientras que el Partido Reformista Democrático (PRD conocido como la Operación Roca, del político catalán Miquel Roca) duró un suspiro. A Unión Progreso y Democracia (UPyD) liderado por Rosa Diez lo fagocitó Ciudadanos de Albert Rivera que, a su vez, fue fagocitado por las urnas.

¿Están malditos los partidos de centro? Preguntaba con la retranca que le caracteriza Anabel Díaz el 11 de noviembre de 2019 en El País, con motivo de la dimisión de Rivera tras la debacle electoral de Ciudadanos. Quizá la respuesta más obvia no sea muy sesuda, pero el repaso histórico demuestra que; Si a la despiadada guerra ideológica declarada por las izquierdas con el fin de lograr la hegemonía cultural y política, se le opone un centrismo ligero de equipaje moral, economicista y maleado en el tactismo oportunista y en el escaqueo patriótico, su muralla resulta tan liviana como la casita de paja del pequeño cerdito.

A pesar de que el tópico del voto del centro como determinante de las victorias electorales es fomentado por medios de tirios y troyanos, ni el PSOE de Zapatero ni mucho menos el de Sánchez, han abrazado este postulado. Todo lo contrario, desde 2004 el PSOE reanudó su antañona radicalización, reavivando la confrontación política y social mediante legislaciones ideológicamente sesgadas, rematadas por la ley de memoria histórica como máquina de lavar su espeluznante pasado y expendedora de escarnio para todo aquel que osara criticar el relato histórico oficial, colocándole el sambenito de pecado original franquista. Tan contundente fue la radicalización Zapateril que, durante el Congreso del POSE celebrado en julio del 2008, tres docenas de antiguos dirigentes expulsados en 1946, al ser entonces tildados de traidores por su colaboración con los comunistas estalinistas durante la guerra civil, empezando por Juan Negrín y terminando por el presidente del FRAP Julio Álvarez del Vayo, a título póstumo fueron reintegrados con todos los honores al PSOE. ¿Acaso Sánchez abraza la estrategia centrista cuando consuma el brazo del oso a Podemos y sus derivadas y contubernia con los separatistas golpistas y los decanos dirigentes de ETA? Sin duda, es duro admitir que el Sanchismo gobierna asentado en un Frente Populista.

Si a la omisión histórica y al menoscabo de un análisis cabal de la realidad, se añade el empaque resultante de controlar una superestructura partidaria considerable, sin méritos ni capacidades que lo abalen, va de suyo que la inhábil cúpula dirigente del PP torne a la estrategia marianista del Don Tancredo ideológico, desdeñosa y cobarde ante la hegemonía del relato izquierdista. Por consiguiente, cualquiera que dentro del partido perturbe la estrategia Tancredo-Centrista, de palabra u obra, es un saboteador, aunque su discurso se base en el liberalismo moral de la Escuela de Salamanca y algunas gotas destiladas del pensamiento de Juan Donoso Cortés, gane elecciones y sea popular. Sobran pues las enardecidas Cayetanas e Isabeles que desafían el relato woke y al Frente Populista Sanchista.

Es indudable que, a pesar de abrazar la mencionada estrategia centrista, la guerra interna en el PP no se hubiera producido o hubiera sido una escaramuza más, si la ejecutiva nacional hubiera actuado con mesura y no obnubilada por la prepotencia y la envidia. Incluso es probable que un PP dirigido por Alberto Núñez Feijóo hubiera actuado con más cautela y paternalismo, aunque, no lo podemos olvidar, también estaría amarrado a la estrategia centrista abrazada por estos inhábiles muchachos.

Ahora, para el bien de la mayoría de los españoles, queda la esperanza de que el viento perenne de destrucción creadora genere una estrategia capaz de desarbolar el Frente Populista Sanchista y emprender la regeneración de España, sobre la base del liberalismo moral y patriota.

UNA LEY POPULISTA DE LA VIVIENDA

Evocación al memorable artículo de Mariano José de Larra “Lo que no se puede decir, no se debe decir” publicado en 1834.

03/02/2022.

Aunque dentro de 12 años se cumplirán dos siglos de la publicación del memorable artículo: “Lo que no se puede decir, no se debe decir” escrito por Mariano José de Larra, su lectura nos indica que el constructivismo posmodernista que niega la posibilidad de alcanzar una verdad objetiva, no es tan novedoso como nos lo vendieron sus profetas. Al fin y al cabo, el romanticismo no fue otra cosa que el culto a la subjetividad, a la irracionalidad y al sentimiento, aunque tantas veces Larra renegara de ese encuadre buscando la verdad, con una envidiable y elegante prosa. Ejemplo de su rebeldía ante la censura y la descarada manipulación de la verdad, es la irónica fórmula con la que concluye el mencionado artículo: «Examino mi papel; no he escrito nada, no he hecho artículo, es verdad. Pero en cambio he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema; buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna, y concluiré siempre diciendo: «Lo que no se puede decir, no se debe decir». Y en esas estamos, tratando de sortear, cualquiera escribe torear, a la censura de los moralistas que nos gobiernan y procurando no incurrir en la palabra maldita o en la frase que puedan considerar heteropatriarcal, no sea que nos excomulguen y nos cancelen en vida. Ni Dios está a salvo, por lo tanto, debo escribir y escribo que este artículo, aunque no lo parezca, no pretende criticar a la que será la ley estrella de la incalificable legislatura que padecemos.

No sé si debo decir que desde el título; Ley por el Derecho a la Vivienda, hasta las antefirmas de nombres orwellianos de los ministerios de las titulares de las ministras que firman este proyecto de ley, pasando por una exposición de motivos donde los sintagmas demagógicos como «vivienda digna», conforman un extenso brindis al sol pleno de desvergonzado autobombo incluida la desfachatez de anunciarlo como norma pionera en la actual etapa democrática.

No sé si debo decir que es probable que ni las ministras abajo firmantes lean todo el texto de la ley, debido al cansancio que significa soportar tanta jerga políticamente correcta, plena de desquiciados sintagmas del tipo «soluciones habitacionales». También fatiga mucho soportar el palabreo que trata de camuflar la patológica obsesión ideológica de PSOE y UP de aniquilar el anhelo de comprar una vivienda a las nuevas generaciones, mientras ellos se afanan en acumularlas en su patrimonio particular.

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No sé si debo decir que fue el inefable Rodríguez Zapatero quien inició el intento de guetarizar a grandes sectores de la población con el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Real Decreto 2066/2008. Fracasado el intento, sus sucesores continúan con el propósito de intervenir el mercado de la vivienda, estableciendo mecanismos despóticos sobre los precios de los alquileres, recargos abusivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes se atrevan a hacer con su propiedad lo que consideren oportuno (“esos diabólicos grandes tenedores”), implantar al menos un 50% de viviendas protegidas en alquiler (mejor excluir la propiedad no sea que los trabajadores tengan algo más que perder que sus cadenas). A simple vista, solo la necedad ideológica justifica repetir el fracasado intento de Zapatero, cuando se comprueba que, tras 12 años de vigencia, en 2021 España contaba con 290.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, es decir, el 1,6% del total. Pero me parece que achacar la persistencia en imitar el nefasto sistema francés llamado HLM (habitación a alquilar) que ha terminado en guetos invivibles, debe tener un objetivo que supera el sostenella y no enmendalla ideológico.

Veamos. Desde la larga exposición de motivos se palpa el intervencionismo justificado con el sinhogarismo, aunque es en el Capítulo II. Régimen Jurídico Básico del Derecho de Propiedad de Vivienda, donde al hacer más hincapié en los deberes y cargas del propietario de una vivienda que en sus derechos, se detecta claramente que nos encontramos con un relato propagandístico muy ideologizado.

No sé si debo decir que es a través de la disposición final quinta, cuando esta ley pone en solfa el derecho de propiedad de la vivienda, modificando la ya ineficaz Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil para, con enredos leguleyos, retrasar y complicar las reclamaciones del propietario ante la justicia para recuperar su vivienda “okupada” ilegalmente. Conocido y sufrido el tortuguismo con que opera la justicia del Estado español, se puede deducir que las condiciones burocráticas impuestas al atracado, pueden postergar el desalojo de los ocupantes ilegales as calendas griegas, si dichos ocupantes alegan vulnerabilidad económica o social.

No sé si debo decir que una ley que se denomina por el derecho a la vivienda y establece «Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles» incluya el derecho de ocupación de la vivienda del prójimo, por quienes aleguen vulnerabilidad económica o social, es un monumento al cinismo y un vituperio a la inteligencia.

No sé si debo decir que como es habitual en este tipo de leyes tan progresistas e igualitaristas, al Estado se le dota de instrumentos coercitivos e intervencionistas, entes burocráticos para colocar adeptos como el Consejo Asesor de Vivienda, además de abracadabras del tipo “Vivienda asequible incentivada” que nada nuevo aportan salvo instrumentalización política. Monumento al populismo son los preceptos dedicados a las llamadas “zonas de mercado residencial tensionado” establecidas por criterios tan enrevesados como que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), debe superar el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, para establecer estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico. Pero como los datos justificadores no se conocen, los redactores de la ley han tenido que establecer una moratoria de año y medio desde la entrada en vigor de la ley, para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consiga estos datos de las CCAA y los ayuntamientos. Y con semejante berenjenal burocrático acotado a 3 años, pretenden imponer un límite de precio a la renta conforme a un sistema de índices de precios de referencia establecidos por el Estado, cuando las viviendas pertenezcan a “grandes tenedores” con personalidad jurídica. No obstante, los pequeños propietarios y los grandes tenedores que tengan viviendas en las zonas tensionadas, no estarán sujetos a limitación de precios, pero sí a una congelación de las rentas que afectará tanto a los nuevos contratos como a los ya firmados. En cualquier caso, al tener que ser las CCAA quienes soliciten las áreas, es probable que este capítulo quede en humo demagógico.

No sé si debo decir que como el papel de bueno se lo autoconcede el gobierno, el imprescindible malo de la película es adjudicado a los ayuntamientos. Así, los consistorios podrán penalizar mediante un recargo de hasta el 150% en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal», como ser segunda residencia, estar en obras de rehabilitación o estar ofertada en el mercado. El recargo fija un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona. Nada dicen de las consecuencias económicas que sufre el propietario cuando los okupas le roban la casa. No sé si debo decir que solo consistorios regidos por personajes como Ada Colau, aplicarán esta normativa.

No sé si debo decir que siguiendo el papel de malo para los consistorios, la ley establece criterios para incrementar el parque de vivienda social reservando el 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones que deberá destinarse a la vivienda protegida, reteniendo un 50% de esa cantidad al alquiler social. El problema es que estas reservas, tendrán que ser compensadas a las promotoras por los ayuntamientos. La normativa también blinda la vivienda pública para que las administraciones autonómicas y locales (quienes tienen competencias en la materia) no puedan enajenar el parque público. Así, las viviendas de protección oficial (VPO) no podrán descalificarse durante un periodo mínimo de 30 años. A su vez, los inmuebles construidos sobre suelo destinado a VPO no podrán perder su calificación de protección.

No sé si debo decir que mientras quienes cargan con el peso de las medidas incentivadoras son las CCAA y los ayuntamientos, la inconcreción financiera preside los supuestos planes estatales en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, el fondo social de vivienda y los parques públicos de vivienda. Apenas se estipulan reducciones fiscales para promociones, alquileres a jóvenes y reparaciones. Tampoco se mejoran las obligaciones de los promotores de viviendas que perciban cantidades anticipadas y, en no pocos casos, se estropean los incentivos de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

No sé si debo decir que el gobierno que aprueba esta ley no tiene la intención de ponerla en marcha al establecer plazos de ejecución que impiden su curso antes de la finalización de esta legislatura. Ergo, parece que empezamos a encontrar el motivo principal de su aprobación en ese patio de Monipodio llamado Congreso. No me mal interpreten, lo que no se puede decir, no se debe decir y no digo que solo los dividendos electorales derivados de la agitación y propaganda con que está siendo y sobre todo será publicitada justifican el esfuerzo de nuestro gobierno.

En fin, No sé si debo decir que desde la percepción del fin propagandístico y clientelar de esta normativa, se puede entender el desprecio del gobierno al aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el “problemático encaje” constitucional de esta Ley. Qué más da que la ley sea recurrida y hasta anulada por el Tribunal Constitucional, si antes obtenemos buenos réditos electorales, se dirán regocijados. Mientras tanto, la sombra de la posible aplicación de esta ley, reducirá las inversiones inmobiliarias. Pero otros muchos ganarán, me refiero a unos medios bien engrasados y a otros que, previsiblemente, se caerán del caballo por el lado izquierdo ante el reparto de pasta procedente del maná de la UE que la Moncloa reparte y repartirá aún más con su reconocida generosidad. Entonces, las loas sobre esta igualitarista ley serán grandiosas.

GUERRA EN LA UE POR EL DINERO VERDE

O EL REVÉS DE LOS CLIMÁTICOS ASTUTOS

Día de Reyes de 2022.

Para comprender mejor este trance, provocado por la propuesta de la Comisión Europea de considerar como “energía verde” la nuclear y el gas natural, parece imprescindible presentar, aunque sea sintéticamente, el campo de batalla y los motivos que estimulan el inesperado enfrentamiento entre los 27 países que componen la Unión Europea.

Con la firma del Protocolo de Kioto y siguientes, la UE se comprometió a limitar el aumento global de la temperatura del planeta, en función de los pronósticos realizados por los “Informes de evaluación y especiales” que, desde 1990 hasta hoy, ejecuta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Desde sus inicios, los informes del IPCC están conformados sobre la teoría, por demostrar, del origen antropogénico del cambio climático (calentamiento global derivado del aumento observado de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana). Aunque basta repasar los pronósticos del IPCC desde 1990, para dudar del cumplimiento de los “principios de predicción” establecidos en los protocolos científicos, algunos científicos se atreven. Entre los más rigurosos figuran Kesten C. Green y J. Scott quienes en: ”Forecasting global climate change: A scientific approach” (2014) ponen negro sobre blanco la falta de rigor que explica tantos pronósticos fallidos del IPCC y sus consecuencias que resumen así: «Veintitrés de las alarmas derivaron en acciones gubernamentales. Las medidas gubernamentales fueron perjudiciales en 20 casos y no fueron benéficas en ningún caso».

Utilizando la lógica y la experiencia derivada del tiempo trascurrido, parece absurdo que la mayoría de los gobiernos del mundo asuman sin rechistar (otra cosa es que unos cuantos importantes como China, Rusia o India hagan de su capa un sayo) los informes del IPCC. Esta paradoja se aclara cuando se observa la dinámica iniciada con las catastróficas profecías de Thomas Malthus a finales del siglo XVIII, las del Club de Roma en los setenta del siglo pasado y las del IPCC. Esta deriva, más la moralina que nos inunda, han convertido al cambio climático antropogénico en causa ideológica y moral. ¡Ay de quien ponga en duda uno solo de sus mandamientos! Inmediatamente, los guardianes de la causa y los exhibicionistas morales le acusarán de negacionista, verdugo de la Madre Tierra y de mil pecados más. En consecuencia, le aplicarán la pena de cancelación social y profesional a través de los medios adictos a la causa y las redes sociales. Por otro lado, esta causa, como todas, tiene una parte netamente utilitaria pues gobiernos, burocracias estatales y plutócratas en general, la han abrazado con fruición, notablemente los de la UE, esparciendo ingentes cantidades de nuestro dinero en forma de subvenciones y prerrogativas, con el fin de aumentar su poder intervencionista y, de rebote, quien sabe si lucrativo.

Sobre estos pilares ideológicos, la causa del clima remacha su tesis con la pátina que le otorga el “consenso científico”, un consenso que recuerda el de aquellos astrónomos que aseguraron a Einstein que el universo era estable. Por lo tanto, todo esfuerzo es poco con tal de que la temperatura media del clima del planeta no supere 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales. Y para evitar la anunciada hecatombe, la UE se propone a “orientar” los flujos financieros para lograr un “desarrollo resiliente del clima”. Aunque determinar en qué consiste el desarrollo resiliente del clima parece tan arduo como determinar el misterio del reino de los cielos, las medidas para intentarlo son muy terrenales.

«CRISIS CLIMÁTICA» LA EXCUSA AUTORITARIA Y NECIA QUE PERPETRA LA DIVISIÓN ENTRE ACTIVIDADES E INVERSIONES SOSTENIBLES O INSOSTENIBLES

Tras establecer en 2005 el régimen de comercio de derechos de emisión (CO2), que ha demostrado la falsedad del cacareado principio del que contamina paga, pues quien está pagando la costosa cuenta es el consumidor, el 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó un plan integral para frenar el avance del cambio climático, con el objetivo de lograr que Europa sea “climáticamente neutra” en el año 2050. Con el denominado Pacto Verde de la UE, implantaron la llamada Taxonomía Europea Verde de la UE que acaba de entrar en vigor en enero de 2022. Se trata de un plan basado en la implantación de un modelo de financiación dopado para las inversiones consideradas favorables para la transición hacia una Europa resiliente al clima. Con esta maquinada formula, se han clasificado sectores económicos e industrias como “sostenibles”, resultando que el resto, por ejemplo: fabricantes de cemento, fabricantes de acero, ganaderos, carniceros, etc. etc. son insostenibles, incluso malditos. En consecuencia, solo las inversiones catalogadas como sostenibles, pueden recibir subvenciones y ayudas financieras de la UE y de cada país miembro.

Entre 2019 y 2021 la UE ha elaborado dispendiosos presupuestos inspirados en el “verde que te quiero verde”, destacando el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP) de 2.018 billones de euros a precios de 2018, en el que se ha integrado el Fondo Europeo de Desarrollo. Además, la UE aprobó el instrumento de recuperación Next Generation EU con 750.000 millones de euros. Esta enormidad que ya estamos pagando los ciudadanos de la UE-27 (emisiones de bonos a largo plazo que se complementan con decenas de miles de millones de títulos de deuda a corto plazo) se reparte en varios programas para estimular la “energía verde”, destacando los siguientes:

Protección de recursos naturales y medio ambiente: MFP 401.000 millones de euros + NextGenerationEU clima: 18.900 millones de euros. Total: 419.900 millones de euros.

Los Fondos de Transición Justa energética del NextGenerationEU cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, tiene previsto conceder subvenciones por 10.900 millones de euros.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinado a 7 áreas estratégicas de inversión y reformas (Flagships). De los 69.528 millones de euros que cuenta este programa, un 40,29% se destinan a la promoción de la transición verde y ecológica.

El programa de inversión en investigación e innovación Horizonte Europa 2021-2027 – Objetivos de Desarrollo Sostenible con 95.500 millones de euros a precios de 2018. El apartado de lucha contra el cambio climático cuenta con el 35 %.

Termino el resumido capítulo de bombeo de dinero verde (ya saben, inversión sostenible) con los bonos verdes (financiación o refinanciación de inversión en activos sostenibles y socialmente responsables). Se trata de deuda emitida por instituciones públicas o privadas iniciada por el Banco Mundial en 2007. A esta institución le siguieron otras muchas, incluido el gobierno español que en 2021, emitió la primera emisión de bonos verdes soberanos del Reino de España por importe de 5.000 millones de euros. Esta partida se deriva del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que afirma, sin sonrojo alguno que: «la recuperación económica española será decididamente verde y azul» Se les olvidó el rojo. Además, el gobierno español ha patrocinado el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles para facilitar la emisión de bonos verdes en el sector privado auxiliado por los bonos verdes estatales. De esta suerte, Iberdrola es el mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo. Solo a principios de 2021 realizó la emisión del mayor bono verde híbrido de la historia, por valor de 2.000 millones de euros. Un 90 % del plan de inversión 2020-2025 de Iberdrola, dotado con 75.000 millones de euros hasta 2025 y 150.000 millones hasta 2030, se alinea con la taxonomía verde de la Unión Europea para la mitigación del cambio climático.

El caso de Iberdrola es genérico pues como empresa privada de alcance multinacional productora y distribuidora de electricidad, equipos de energía, ingeniería y hasta propietaria de una inmobiliaria, está obligada a subordinar su estrategia a los incentivos de la UE y de los países donde opera, por lo que no le queda otra que asumir el lenguaje emocional de «la crisis climática» y presentarse como adalid de su superación. Pero adaptarse a las circunstancias o incluso aprovecharse a fondo de ellas, puede convertirse en una trampa cuando surgen los conflictos de interés que los incentivos y subvenciones de la UE irremediablemente generan. De hecho, cada país de la UE tiene, desde hace décadas, diferentes estrategias energéticas condicionadas por sus recursos.

FRANCIA TAMBIÉN QUIERE SU PARTE SIN RENUNCIAR A SU ESTRATEGIA NUCLEAR

Coherente con la exitosa estrategia de máxima independencia energética, iniciada en la década de los setenta y un poco más tarde que España, el Presidente de Francia Emanuel Macron, en noviembre de 2021 declaró solemnemente: «Para garantizar la independencia energética de Francia y asegurar el suministro eléctrico en nuestro país, y para lograr nuestros objetivos, en particular la neutralidad de carbono en 2050, por primera vez en décadas relanzaremos la construcción de reactores nucleares en nuestro país y continuaremos desarrollando energías renovables». Esta inesperada declaración puso las orejas de punta a los gobiernos vecinos, sobre todo al alemán y al español.

Y como la realidad tiene la mala costumbre de contradecir a las ideologías, la Comisión Europea (no sean mal pensados y no vean intervenciones de franceses y alemanes), acaba de proponer que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren verdes, es decir, sostenibles en la transición ecológica y, por consiguiente; calificadas para obtener fondos de Transición Justa energética y el resto de bicocas financieras descritas.

EL GOBIERNO ESPAÑOL SE RELAMÍA COCINANDO EL SABLAZO DE LA REFORMA FISCAL VERDE

No pocas empresas y gobiernos europeos ya tenían hecha la cuenta de la vieja respecto al monto de pasta gansa que obtendrían de las canonjías de la UE. Fue el caso del gobierno español quien cree tenerlo todo atado y bien atado, gracias a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en mayo de 2021. Se trata de la ejecución de una tabla rasa verdiroja y de un pretexto leguleyo para propinar otro hachazo a la faltriquera del contribuyente, a través del viciado nombre de reforma fiscal verde. Hablamos de un pastiche ideológico lleno de moralina que justifica disparates y atropellos en nombre del sacrosanto cambio climático antropogénico. Sin reparar en gastos, esta ley arrasa con todo lo que suena a nuclear y hace rememorar con cierta nostalgia, el medido programa nuclear dirigido por el eminente físico José María Otero Navascués. Además de doctrinaria, esta ley se distingue por colocar sogas en el cuello al progreso científico y tecnológico, al eliminar la exploración e investigación de recursos aún insustituibles como los hidrocarburos y minerales radioactivos.

La protesta del gobierno español ante la propuesta de recibir la etiqueta verde al gas natural y a las inversiones en centrales nucleares, solo es una reacción de quien, de la noche a la mañana, se encuentra con el culo al aire. Obvio es que Alemania, en su objetivo de etiquetar como verde el gas natural proporcionado por Rusia, tiene como aliados a Dinamarca, Austria y Luxemburgo. Pero todo indica que para lograrlo, ha tenido que tragar con la aspiración francesa y digerir su equivocada decisión de finiquitar sus centrales nucleares. Por el otro lado, con Francia están Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Polonia y Rumanía. Incluso en el último Consejo de ministros de Energía, este grupo recibió el apoyo de los Países Bajos y Suecia. Al mismo tiempo, el Ministro italiano de la Transición Ecológica en el Gobierno Draghi, Roberto Cingolani, exponía la cuestión con notable realismo: «Están surgiendo tecnologías de cuarta generación, sin uranio enriquecido y sin agua pesada. Hay países que están invirtiendo en esta tecnología, no está madura, pero está cerca de estar madura. Si en un momento determinado ocurre que los residuos radiactivos son muy pocos, la seguridad se ha mejorado y el coste es más bajo, es una locura no considerar esta tecnología. En el interés de nuestros hijos está prohibido ideologizar cualquier tipo de tecnología. Sigamos haciendo números y después tomamos las decisiones».

La reacción airada de ministros españoles y organizaciones ambientalistas ante el triunfo de la realidad, apelando a su superioridad moral como gobierno comprometido en salvar a la Tierra de la próxima hecatombe, algunos incluso se atreven a invocar a la ciencia, tendría gracia si no fuera un guion repetitivo y catequista. Sobre todo porque ahora, desfachatadamente, solo enfocan su crítica a la generación nuclear, esquivando que el gas natural emite gases de efecto invernadero y las nucleares 0 patatero. Así, su diatriba contra las centrales nucleares, se resume a los muchos años que se tarda en construir las centrales, que son muy costosas y difíciles de amortizar y que sus residuos no son reciclables y suponen una losa de miles de años. Estos argumentos y datos hoy son inexactos. Como indica el ministro italiano citado, las recientes tecnologías para las centrales nucleares, junto con los reactores modulares (SMR), que ya cuentan con 72 prototipos en diferentes etapas de desarrollo en el mundo, donde destacan los de Francia y Reino Unido en periodo de prueba, son ya los antecesores del reactor de fusión que más pronto que tarde será la fuente de energía que la humanidad necesita.

WOKISMO

28/11/2021

El Wokismo o Justicia Social Crítica, es la enfermedad senil del posmarxismo. Una doctrina que renuncia abiertamente a los principios de la ilustración como el universalismo y la objetividad, para zambullirse en un fundamentalismo identitario que se ha coronado en poder fáctico intimidatorio en los países anglosajones, primero en las academias elitistas y luego en la cultura y la política. Con el colapso de la cosmovisión judeocristiana y el surgimiento del secularismo banal, esta doctrina se ha extendido a toda velocidad en el occidente aún democrático. En el caso de España, sus prosélitos están gobernando la nación y legislando según el catecismo woke.

Quien se atreve a discrepar de los mandamientos woke, se expone a ser sacrificado en la hoguera de los infames heteropatriarcales y desprestigiado hasta el ostracismo, sin otro juicio que la opinión de cualquier militante wokista.

Rebelarse contra esta nueva religión reaccionaria e inquisitorial, es luchar por la libertad, el libre albedrío personal y el determinismo temerario.

Sobre la violencia moralista de la manada, la de aquellos que se consideran moralmente superiores por pertenecer a ella, nos avisaba Alexander Solzhenitsyn: «Para hacer el mal, el ser humano debe, en primer lugar, creer que lo que está haciendo es bueno

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VÍCTIMAS PROPICIATORIAS DEL CLIMATISMO

Un repasito conveniente para no llamarse a engaño

01/11/2021

Uno de los rasgos que mejor expone la situación que vivimos en plena resaca de la pandemia de nunca acabar, es la sorpresa con que la mayoría de los ciudadanos españoles perciben la exponencial subida del precio de la energía eléctrica. Nada extraño por cuanto llevamos cuatro décadas digiriendo todo tipo de tentempiés energéticos y medioambientales despachados por lobbies político-económicos, cuyos contrapuestos intereses logran sublimarse en el estado gaseoso de un larvado ideologismo. Me refiero al climatismo, una doctrina transversal, sostenible, ecológica, verde, aclimatable, comunitaria, algorítmica, reciclable, anisotrópica, bucólica, antropogénica, integradora, bromatológica, paisajística, biodegradable, holoeconómica, agorera, catastrofista, cabildera, bioclimatológica, global y, en fin, suma y sigue con los estupendos sustantivos y calificativos que han configurado la ideología más rentable en términos económicos y políticos del siglo XXI.

Si bien desde la pulsión acaparadora anglosajona se suele señalar a Rachel Carson como la iniciadora de la conciencia ambientalista tras la publicación de “Primavera silenciosa” en 1962, lo cierto es que el valor supremo de la naturaleza surge con el romanticismo. Aunque bien documentado, apenas se ha divulgado que el misticismo naturalista alemán del siglo XIX, expresado en la consigna “Blut und Boden”: «Sangre y tierra» fue abrazado con frenesí por el nacionalsocialismo a través de los ideólogos del völkisch que predicaron el regreso a la tierra y a la simplicidad. Así, el Tercer Reich convirtió la agricultura orgánica, el vegetarianismo y el culto a la naturaleza en parte sustancial de su política. Por ejemplo, el Führer insistía sobre «la impotencia de la humanidad frente a las leyes eternas de la naturaleza».

En el caso concreto de España, es la Institución Libre de Enseñanza como bien muestra Santos Casado de Otaola en “Naturaleza patria: ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo” quien impulsa el contacto de los discípulos con la naturaleza como pedagogía impulsora de una España bucólica y “sana”. Y como se consideraban regeneracionistas patriotas, esta visión fue asumida a principios del siglo XX por falangistas, carlistas, regionalistas y nacionalistas varios.

El empeño protector de la naturaleza, empieza a derivar en ideología con la aparición en pleno 1968 de un lobby peculiar llamado Club de Roma. Pronto se hace famoso por su primer informe publicado en 1972, titulado “Los límites del crecimiento”. Pero la sospecha de que este lobby se establecía para implantar una tesis neo-malthusiana que estrangulaba el desarrollo de los países en vías de desarrollo, algunos de estos países organizaron una conferencia en la localidad suiza de Founex, para elaborar un informe sobre desarrollo y medio ambiente objetivo. El Informe Founex de 1971 intentó armonizar la protección del medio ambiente con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustancial para todos los países del mundo. Sin embargo, las visiones deterministas configuradas por un apetitoso revuelto de catástrofe malthusiana y parusías neomarxistas y rescoldos nacionalsocialistas sazonado con el relativismo posmoderno, con la primera crisis del petróleo se fue consolidando en los países occidentales más desarrollados como movimiento alternativo al capitalismo controlado por el Estado socialdemócrata.

Fue en Alemania donde apareció el primer partido verde “Die Grünen” en 1980 con el fin de cambiar el paradigma social y económico alemán. La mayoría de sus dirigentes procedían de otros partidos, por ejemplo: Petra Kelly del SPD mientras que Gerald Häfner pertenecía a la Sociedad Antroposófica Universal. También había militantes procedentes de la extrema izquierda sesentayochista, incluidos unos cuantos maoístas, algunas feministas y sujetos procedentes de la agricultura biodinámica y del Bioland, más unos cuantos ideólogos que escondían su pasado. La imagen juvenil que proyectaron con sus verdes praderas y bucólicas montañas nevadas y banderas al viento, no terminaba de borrar cierto aire supremacista apegado a la antroposofía de Rudolf Steiner, por cuanto al enfatizar la supremacía del “Planeta” conlleva un biocentrismo radical, en el que el ser humano comparte el mismo valor con los demás seres vivos y, por tanto, no tiene derecho a erigirse en un ser superior que somete a los otros seres y a los ecosistemas para sus necesidades vitales.

Por supuesto, el chivo expiatorio del ecologismo militante es el depredador capitalismo por cuanto uno de los representantes más conspicuos del movimiento ecologista; Murray Bookchin, lo resume de esta guisa: «La biosfera está sufriendo daños profundos de diferentes maneras y en vastas zonas del planeta, algunas de ellas ya convertidas en lugares inhabitables debido a los desechos tóxicos y los desastres provocados por las plantas nucleares. Mientras, la polución sistémica, los agujeros de ozono, el calentamiento global y desastres de todo tipo continúan haciendo pedazos el tejido del que depende la vida entera. Que este daño lo provocan principal y abrumadoramente las corporaciones de la competitiva economía de mercado internacional nunca había estado tan claro como hasta ahora, del mismo modo que nunca había sido tan perentoria como en la actualidad la necesidad de reemplazar la sociedad existente por otra como la que promueve la ecología social». Pero un chivo expiatorio tan vaporoso exige el sacrificio simbólico de culpables a la diosa Tierra. Y quien mejor expresa el rito apaciguador de la ira de la Pachamama o Gaia, es la famosa frase de James Lovelock: «El hombre es una plaga: la tierra está enferma de humanidad, es un cáncer de la biosfera».

Claro que hay humanos culpables y humanos inocentes comprometidos en salvar el planeta. En un reciente artículo en ABC titulado: “Los verdes nos lo han puesto negro” Juan Carlos Girauta, además de aclarar que no se siente concernido por los mensajes milenaristas de Al Gore y Greta Thunberg, señala las raíces podridas de los verdes alemanes mencionando a Baldur Springmann y Werner Vogel. Que ambos personajes pertenecieran en su juventud al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, no es anecdótico pues, los ideólogos de pasado inconfesable no eran una excepción. Rudolf Bahro, Otto Schily y Herbert Gruhl apenas barnizaron su ideología primigenia con brochazos etéreos. Famoso fue entonces Gruhl como autor del superventas: “El planeta es saqueado: las consecuencias del terror de nuestras políticas”, donde explícita un darwinismo social ecológico y patrocina la separación cultural de los pueblos como «ley natural»: «…una ley de entropía que encontramos particularmente en la ecología, y que se aplica también a las culturas humanas». De ahí al supremacismo racial o al indigenismo y otros particularismos de los buenos pueblos solo hay un pasito.

Y si los verdes alemanes como precursores del ecologismo posmoderno tuvieron las raíces comentadas, en España su raigambre regeneracionista decimonónica apenas tuvo repercusión. De hecho, tanto en los Verdes como en la Federación Progresista que se fundaron en 1984, abundaban los escaldados procedentes de los partidos comunistas; carrillistas, marxistas-leninistas y trotskistas. Al fundarse Izquierda Unida en 1986, la mayoría se integró en la coalición no sin desgarros, escisiones, y vueltas a empezar con diferentes nombres que continúan alrededor de IU-Podemos y demás partidos adyacentes.

El movimiento ecologista organizado en España no logró consolidarse como en Alemania debido a diversos factores, entre los que destacan la ley electoral y la incapacidad de desprenderse de su querencia roja o rojinegra. Sin embargo, como ideología simpática y buenista, fue asumida como añadido electoral imprescindible, tanto por el PSOE como por el PP. Desde este beneplácito estratégico, se entienden las decisiones de los diferentes gobiernos respecto a las políticas energéticas y medioambientales. Asimismo, para entender mejor estas políticas infectadas de ideología, es preciso recordar que la Junta de Energía Nuclear (JEN), fue fundada en 1951, es decir, en los inicios del régimen franquista, con el objetivo de liderar la investigación de los procesos de producción y el control institucional de la energía nuclear de fisión en España, incluyendo la investigación sistemática de minerales radiactivos. En 1968 Franco inauguró la Central nuclear José Cabrera (más conocida como Zorita). En 1969 fue aprobado el Plan Eléctrico Nacional que estableció un programa estratégico para lograr un alto grado de autonomía eléctrica, mediante las centrales hidroeléctricas y las nucleares de fusión. En 1971 se inauguraron dos centrales nucleares; Santa María de Garoña y Vandellós I. En 1972 se aprobó el Plan Energético Nacional (PEN), en el que se establecía la construcción de siete nuevos reactores que tendrían que entrar en servicio entre 1980 y 1983 y aportar una potencia, junto a las centrales ya en funcionamiento, de 15.000 MWe. Dentro de este plan se encontraba la construcción de la central nuclear de Lemóniz I y II (Vizcaya), cuyas obras de construcción comenzaron igualmente en 1972.

Con lo que no contaban los impulsores del PEN era con la oposición radical de la banda terrorista ETA, junto con no pocos compañeros de viaje de la banda. El caso es que ETA perpetró cerca de 20 atentados con bomba en instalaciones de Iberduero y en las obras de la central nuclear de Lemóniz, al tiempo que extorsionaba al gobierno exigiendo la demolición de la central, a cambio de no ejecutar al ingeniero del proyecto nuclear de Lemóniz, José María Ryan Estrada, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en 1981. En 1982, ETA asesinó con premeditación y alevosía al ingeniero Ángel Pascual Múgica cuando se dirigía con su hijo a su trabajo en las obras de Lemóniz.

En 1984 el gobierno del PSOE presidido por Felipe González, reviso el PEN para reducir 5.000 MWe de los contemplados inicialmente en el PEN. La potencia eléctrica instalada del sector nuclear en España quedó reducida a 7500 MWe, un 40% menos de la expectativa inicial planificada en el PEN. En 1984 el PSOE gobernante decretó la moratoria nuclear, paralizando la construcción de cinco centrales nucleares: Lemóniz I y II (Vizcaya) con una potencia de 930 MWe cada una, Valdecaballeros I y II (Badajoz) con una potencia de 975 MWe cada una, y Trillo II (Guadalajara) con 1041 MWe.

Otros proyectos que ya habían completado el proceso administrativo para su construcción fueron paralizados: Santillán (Cantabria), Sayago (Zamora), Vandellós III (Tarragona) y Regodela (Lugo). El principal argumento del gobierno del PSOE fue la necesidad de adecuación de la capacidad de generación de energía eléctrica en España, en un periodo de caída de la demanda de energía eléctrica como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70. Recordemos que el accidente de Chernóbil ocurrió el 27 de abril de 1986, es decir, 2 años más tarde que la moratoria nuclear. A finales de 1994 el gobierno de Felipe González aprobó la paralización definitiva de los proyectos de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). Mientras tanto, Francia construía un parque de centrales nucleares que le aseguraba el 70% de su consumo de energía.

El babel ideológico del PSOE sistemáticamente conlleva la incomprensión de la realidad sobre las necesidades presentes y futuras en economía y energía, por consiguiente, el dislate al respecto fue y es marca de la casa. Uno de los desatinos más memorables de la época, que indica la burbuja marxista teñida de malthusianismo en que habita este partido, lo protagonizó el arquitecto Eduardo Mangada. Miembro de la Federación Socialista Madrileña tras su expulsión del PCE en 1982, llegó a concejal de urbanismo con Tierno Galván para, posteriormente, ocupar la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda durante la presidencia de Joaquín Leguina. De su cosecha fue el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, en el que basándose en la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia marxista, concluyó que la crisis económica mundial de fines de los setenta y primeros ochenta era la definitiva del capitalismo y que, por tanto, Madrid no iba a crecer más. En consecuencia, declaró no urbanizable todo el suelo que separaba la ciudad del resto de municipios de la corona metropolitana. “Madrid no crece ni crecerá”, decía textualmente la Memoria del Plan, y denominó a este foso como Cinturón Verde. Y como Madrid no iba a crecer más, ¿para qué mejorar el transporte y las comunicaciones? Mangada afirmaba que no iba a aumentar el número de vehículos privados, que los ciudadanos harían en ferrocarril y autobús el 80% de sus desplazamientos. Despreció la M-40, que tildó de faraónica, y propuso como eje de transportes la llamada “J”, es decir, la M-30 inacabada y el distribuidor sur. La realidad desmintió todos sus pronósticos. El capitalismo continuó mientras que se hundía la URSS y Madrid siguió creciendo aunque el Plan Mangada encareció la vivienda, mientras muchas calles se colapsaron debido al aumento de vehículos. Menos mal que en 1997 se aprobó un nuevo Plan que derrocó aquel despropósito.

A pesar de que el PP de Aznar se escandalizó y declaró su apuesta por recuperar el plan eléctrico nacional, cuando llegó al poder apenas balbuceo el propósito de prolongar la vida de las centrales nucleares. Así, en sus programas electorales apenas se hablaba de un «mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles». Y cuando han gobernado, tanto en la época de Aznar como en la de Rajoy, una vez metidos en Moncloa; nada de lo prometido.

Por otra parte, quiero resaltar que la hemeroteca es mala compañera de viaje del climatismo. Pues resulta que si el Observatorio oficial en el volcán Mauna Loa de la NOAA que mide el CO2 de referencia atmosférica, informa que alcanzó su punto máximo para 2021 en mayo, con un promedio mensual de 419 partes por millón (ppm), resulta que hace nada menos que 26 años estábamos en 350 ppm con el «agujero de ozono» al máximo y, según el diario El País, hundidos en acontecimientos meteorológicos extremos. Si el aumento de un 20% conlleva la catástrofe anunciada desde hace décadas, debería ser un asunto discutido y discutible. Pero no lo es bajo pena de cancelación.

El ínclito Zapatero llenó los bolsillos de los espabilados que eran capaces de generar electricidad por la noche con paneles solares, para cobrar las sustanciosas subvenciones. Pero estas naderías son peccata minuta comparadas con las medidas del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Como primera medida el gobierno aceleró el cierre de las centrales eléctricas de carbón. Y aunque la Covid-19 retraso algunas medidas, a pesar de que los precios del gas natural y el petróleo iniciaban un tenebroso incremento, el gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez, apoyado parlamentariamente por los separatistas catalanes; ERC y PDeCAT, por los separatistas vascos; PNV y Bildu, por los particularistas-nacionalistas; Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria, en fin, por los escindidos populistas de Más País, en julio de 2021 aprobaron la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

La ley de marras se compromete a participar fieramente en frenar el cambio climático, a sabiendas de su incapacidad y nimiedad. Pero no repara en gastos para subvencionar una transición energética hacia el verde que te quiero verde. Nada menos que 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. Semejante cantidad se justifica con un despropósito: «Las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23 % respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050». Y los es porque establecer para dentro de 29 años la llamada neutralidad climática, es decir, la extinción del consumo de los combustibles fósiles, cuando el transporte naval y aeronáutico no tiene aún una alternativa a la vista, corona un alarde de estulticia y demagogia.

Si la demagogia resplandece desde el preámbulo de la ley, el climatismo en que se basa resulta espeluznante porque desdeña la realidad, toma por indiscutibles las proyecciones del calentamiento global antropogénico perpetradas por la burocracia de la ONU y los lobbies adyacentes, mientras que basa los objetivos estratégicos en el etéreo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Colocando la carreta delante de los bueyes, las medidas de la ley se condicionan al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ambos aún en el limbo. Pero lo fundamental de la ley es prohibir sin importar las consecuencias. En primer lugar, la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España: «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. A partir de la entrada en vigor de esta ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen». Pero el afán prohibitivo se dispara hasta la memez cuando a partir de la entrada en vigor de la ley, se aniquila la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, «no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas».

Pero ahí no queda la cosa. De un plumazo la ley se carga la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. «A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. 2. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiendo como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas».

Recapitulemos. El gobierno de coalición PSOE-Podemos encabezado por el doctor Sánchez y sus aliados, ha limitado la vida de los siete reactores nucleares que proporcionan el 23% de la producción eléctrica consumida que irán cerrando entre 2025 y 2035. Ha extinguido la producción de carbón nacional y cerrado las correspondientes centrales eléctricas. Ha prohibido la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos. Ha prohibido la fracturación hidráulica o fracking que en España se estimaba en 90 años de cobertura del consumo nacional de hidrocarburos. Por supuesto, estas medidas tan verdes del gobierno son aplaudidas por el portugués que ejerce de Secretario de la ONU y toda la dispendiosa y extensa cohorte burocrática del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, apoyados incondicionalmente por innumerables lobbies y ONGs climáticos.

Como resultado de estas medidas contra el Cambio Climático, los españoles somos los más roji-verdes, los más limpios, aunque paguemos multas a la UE por no depurar las aguas residuales, los que pronto pasaremos en el ranking de mejor país que lucha contra el cambio climático a la Noruega gran extractora de hidrocarburos, los que pagamos precios desorbitados por la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, los que pagamos como lujo el transporte, los que devenimos totalmente dependientes de países terceros y, por lo tanto, muy vulnerables teniendo en cuenta que quedamos a merced de los países que especulan con los hidrocarburos, los que, en fin, pagamos caro y pagaremos carísimo el delirio climatista de nuestros gobernantes.

Mientras tanto, China está construyendo 200 centrales eléctricas accionadas por carbón y aumentará el uso de tecnología nuclear de nueva generación, incluidos los reactores marinos a pequeña escala. Francia invertirá 1.000 millones de euros en la construcción de nuevas centrales nucleares. Similares medidas son aprobadas en Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía. Polonia se mantiene firme en el aprovechamiento de su carbón. El Reino Unido amplifica la construcción de centrales nucleares y promociona el desarrollo rápido de los pequeños reactores modulares SMR conocidos como minicentrales nucleares. Jennifer Granholm, secretaria de Energía del Gobierno de Biden, acaba de declarar que; «el despliegue continuado de la energía nuclear es esencial para afrontar el cambio climático», mientras que Bill Gates inicia la fabricación de minicentrales nucleares. Rusia se relame con el precio del gas, se carcajea de la fecha 2050 como límite de la total descarbonización y se delita con la dependencia de Alemania de su gas, país cuya dirigente Ángela Merkel tomó la cobardona decisión de limitar la energía nuclear tras el accidente de Fukushima, y ahora trata de capear el temporal aumentando, sin publicidad, las centrales de carbón. India y el resto de Asia van a su aire y no digamos el continente Africano.

Mientras un tiranosaurio se convierte en la mascota de la ONU que con voz meliflua nos alerta que los humanos estamos en peligro de extinción por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, la predicadora de la mala nueva Greta Thunberg, que parece tener hilo directo con la tierra cuando, con motivo de la costosísima conferencia climática Glasgow COP26, nos vocifera: «La humanidad no está consiguiendo detener la crisis climática. Ahora ya es más que urgente — el planeta está pidiendo ayuda a gritos». Quienes somos incapaces de oír los gritos de la madre Tierra, de Gaia o Pachamama, comprobamos que la subida de precios de los bienes y servicios está impactando de lleno en el bolsillo de las familias españolas. Familias que a final de 2021 habrán sufrido una merma de poder adquisitivo de unos 8.600 millones de euros. Mientras el clima se recalienta, nosotros nos estamos congelando y endeudando hasta el punto de dejar una losa fatal a nuestros descendientes.

ESPAÑA, la primera globalización

Quien conoce la historia, construye el futuro

Un documental de José Luis López-Linares producido por López-Li Films

17/10/2021

Resulta singular que un film, aunque sea un documental de 90 minutos, se estrene en Madrid un sábado a las 12,30 de la mañana del vermut. Imagino que será una estrategia requetepensada por los directivos del Cine Yelmo Ideal. El caso es que la sala 2 se llenó de un público variopinto que incluía muchos jóvenes con enormes cajas de palomitas. Con semejante ambiente, José Luis López-Linares hizo una breve pero emotiva presentación del documental, con la que agradeció a los colaboradores y a los participantes del micromecenazgo su contribución a la producción del film.

Es el actor Antonio Valero el narrador principal del documental al que se añaden las intervenciones de 39 historiadores, académicos, filósofos y peritos en diversas materias, entre otros: Carmen Iglesias, Luis Ribot, Elvira Roca Barea, Enriqueta Vila Villar, Fernando García de Cortázar, Jaime Contreras, Miguel Ángel Ladero, Nigel Townson, Marcelo Gullo, Stanley Payne, Manuel Lucena, Luo Huiling, Ramón Tamames, Pedro Insua, Patricio Llons, Fray Carlos Enrique Díaz Urbina, etcétera.

Enseguida se explica el motivo del título del documental, revelando la historia poco conocida por los españoles, originada por la crisis de confianza y una notable inflación en China durante el siglo XVI, cuya consecuencia forzó a la dinastía Ming a tomar la arriesgada decisión, al finalizar el siglo, de establecer el uso obligatorio de monedas de plata para el comercio oficial, sin apenas contar con minas de plata en su territorio. Esta decisión, coincidió con la consolidación de la ruta del Galeón de Manila iniciada en 1566 que sumaba unas 15.000 millas náuticas, conectando Sevilla con Veracruz en su tramo Atlántico, Veracruz y Acapulco a través de la Ciudad de México por tierra y finalmente Acapulco y Manila atravesando la totalidad del Pacífico. Esta formidable ruta comercial y cultural que duró hasta 1821, se basó en la exportación de la plata americana y otros metales a China y la importación de sedas, marfil y porcelana. Este substancial comercio ultramarino, supuso el control monetario de España sobre China y buena parte del mundo, al tiempo que trascendió en aspectos culturales en oriente y occidente que se evidencia en el arte religioso y decorativo.

Tras la introducción, el documental entra de lleno en los temas peliagudos de nuestra historia y en la Leyenda Negra. Se describe someramente el basamento del estado español fundado por los Reyes Católicos, donde el catolicismo fue la argamasa de su unidad al ser la condición indispensable para ser español y tener los derechos civiles derivados del humanismo renacentista. Con el derecho de gentes, plasmado por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca, se establece el orden jurídico y social del Imperio español que abarcó a todos los españoles, peninsulares e indígenas sin distinción. Desde aquí, el documental entra en el examen de la inquisición, la expulsión-conversión de los judíos, la conquista de América, la política de mestizaje, el formidable sistema político administrativo con instituciones que procuraron la fundación de universidades, hospitales, escuelas e industrias que procuraron un grado de prosperidad notable para la época y una paz que duró cerca de tres siglos en los Virreinatos del Imperio. Son estos datos incontrovertibles, los que ponen en solfa la inferida trapacería de los incultos españoles, la supuesta incompetencia económica del Imperio español y el sambenito de la crueldad genocida contra los nativos.

Con el trascurrir del documental van quedando claros los motivos que han impulsado a José Luis López-Linares a emprender esta arriesgada empresa; responder a la embestida de nacionalistas, populistas de diferente jaez revueltos dentro de la olla podrida posmoderna donde se aglutinan las derivadas reaccionarias del indigenismo marxistoide y su complementaria supremacista. Unos derriban estatuas de Colon en Colombia y otros la de fray Junípero Serra en un lugar tan simbólico como la Universidad de Stanford fundada por el supremacista blanco Leland Stanford. Los de más acá, se apuntan a la ceremonia de la confusión achacando al franquismo el monopolio del patriotismo, para justificar la implantación de una historia oficial que convenga a sus intereses sectarios.

El empeño de José Luis López-Linares de llamar a rebato a los españoles denunciando la propaganda, las mentiras y las medias verdades sobre nuestra historia que intereses espurios han implantado por todo el mundo hasta acomplejarnos, esquiva un tanto la responsabilidad de muchos españoles en lo sucedido. Por cuanto, desde hace siglo y medio, los españoles hemos sido criados y maleducados sobre la vergüenza de pertenecer a una nación decadente y de malvado pasado. Los intentos de desfacer este entuerto, como el protagonizado por el polígrafo regeneracionista liberal y notorio políglota, Julián Juderías en “La leyenda negra y la verdad histórica” (1914), fueron eclipsados por planteamientos derivados de un eugenismo mal digerido que impele a la decadencia de la raza. De ser bajitos, morenos y algo holgazanes derivan los males de la patria para Lucas Mallada, mientras que para Ortega y Gasset el enano Gregorio el botero, pintado por Zuloaga, es un ser deforme, grotesco, símbolo de feria y de España. Incluso el católico conservador Menéndez Pelayo no ayudo mucho en mejorar nuestra autoestima cuando amonestaba, no exento de perspectiva: «España evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Trento, cuna de San Ignacio […]; ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reinos de taifas». Y aunque fuera el loable deseo de una pronta regeneración, es la generación del 98 la que siente a España como dolor, desventura y anomalía. Son los Unamuno, Menéndez Pidal, Azorín, Machado, Sánchez Albornoz, Marañón y Ortega y Gasset quienes ahondan en la herida cometida por la Leyenda Negra sosteniendo, como en el famoso texto de Ortega que: «el patriotismo en nuestra España de hoy debe partir de una crítica acerba y un valeroso reconocimiento del enorme fracaso español». Hubo que esperar hasta 1985 a que uno de los discípulos más destacados de Ortega y Gasset; Julián Marías Aguilera, pusiera cordura al asunto en “España inteligible. Razón histórica de las Españas”, descartando la decadencia racial, para sostener que España es coherente e inteligible desde el enfoque de la razón histórica.

Opino que el documental “ESPAÑA, la primera globalización” además de defender y divulgar hechos irrefutables de nuestra compleja y emocionante historia, con el noble fin de denunciar imposturas e impostores, nos pone a los españoles en el brete de determinar si nuestra vida en común, en un mundo globalizado que se desquicia con particularismos inventados e imposturas manipuladoras, puede fundamentarse también en la defensa y enriquecimiento de la hispanidad, entendida como tesoro cultural y útil de los pueblos que la conforman.

Enlace al tráiler de España, la primera globalización

MASCOTAS Y ANIMALISMO

Continuación de: “Haciendo amigos. Sobre mascotas y cambio climático”

11/10/2021

Trascurridas varias semanas desde la publicación de «Haciendo amigos. Sobre mascotas y cambio climático» y teniendo en cuenta las críticas recibidas, algunas muy airadas como conjeturé, asumo el error de base cometido cuando, dejándome llevar por el ánimo provocador y evitar extenderme demasiado, desdeñé una parte sustancial del asunto; que el amor recientísimo por los animales de compañía, que hasta no hace tanto era patrimonio de la aristocracia con sus peluches, ahora se plasma en convivencia hogareña estrechísima, prácticamente familiar en los pequeños apartamentos de las ciudades occidentales, no tiene otra explicación que la adopción por parte de la mayoría de la población occidental, de manera más o menos consciente, de una de las ramas del darwinismo ideológico apoyado en la pangénesis. Me refiero al animalismo, ideología derivada del llamado darwinismo social o eugenesia. Trataré de explicar esta aserción con brevedad.

La eugenesia, como pseudociencia desarrollada por Francis Galton, ha sido impugnada radicalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial al considerarse, con razón, una de las causas que conllevaron al horror del holocausto. No obstante, conviene recordar que los ensayos eugenésicos no solo supusieron la consecución del crimen sistemático de Estado perpetrado por el nacionalsocialismo, también fueron ensayadas unas cuantas atrocidades como las esterilizaciones forzadas en EEUU, los países escandinavos regidos por la socialdemocracia y, no por ocultado menos cierto, en la URSS donde, la pretensión bolchevique de crear el “hombre nuevo soviético” permitió a Trofim Lysenko y al biólogo Nikolai Koltsov, realizar experimentos genéticos hasta llegar a la locura del hombre-mono como soldado sumiso que Stalin permitió ensayar al biólogo Ilya Ivanov. En España, no podemos olvidar el matricidio de Hildegart Rodríguez Carballeira en 1933, como consecuencia del desvarío ideológico eugenésico libertario de su madre, luego defendido por el doctor Félix Martí Ibáñez.

La fuente de la que mana la eugenesia y del darwinismo social, es la extrapolación zoológica que el propio Darwin realiza al subsumir al hombre en una noche zoológica, donde toda diferencia que nos pueda dignificar, es suprimida para hacer del hombre un mono venido a más. Esta animalización como ser, cuya única virtud es haber desarrollado un cerebro más grande que le permite “dominar” a otros o incluso a la naturaleza, conlleva a la humanización de los animales, sobre todo, de los animales domesticados por el hombre o cercanos a su vida.

De los estudios que conozco al respecto, es el filósofo Carlos Javier Alonso Gutiérrez en “La agonía del cientificismo. Una aproximación a la filosofía de la ciencia” (1999) quien mejor expresa el dilema, cuando explica que el hombre es a la vez un animal biológico y biográfico. «En cuanto es biológico, tiene una naturaleza animal. En cuanto es biográfico tiene historia». Por consiguiente, el desamparado homo sapiens ha supervivido, no por ser el más apto, sino porque sus escasos recursos adaptativos han sido mejorados con creces por su inteligencia, inteligencia que le permite obtener estímulos de la realidad cambiante y tomar conciencia de esa realidad y de sus actos. Es la inteligencia humana, generadora de la racionalidad, la autonomía, el lenguaje y la conciencia de la vida y de la muerte de cada individuo, el grandioso atril que nos diferencia del resto de los animales.

Con la crítica del capitalismo como depredador de los recursos naturales del planeta, se activaron las ideologías vegetarianas y animalistas. Desde esa óptica, se desarrolla el “antiespecismo” militante como reacción al llamado “especismo” vigente que, según sus detractores antiespecistas, discrimina a los animales al colocar a la humanidad en la cúspide de la naturaleza. Así, el antiespecismo considera que todos los seres vivos, y no solo los humanos, son sujetos de derecho y su vida tiene el mismo valor. En consecuencia, los animales tienen los mismos derechos que los humanos. De los deberes no comentan nada o dan por supuesto que es la humanidad quien tiene el deber de cuidar del resto de las especies.

Una de las líderes animalistas antiespecista es la francesa Corine Pelluchon, autora del “Manifiesto animalista. Politizar la causa animal” (2018), cuyo perturbador contenido conduce al veganismo radical y al anticapitalismo posmarxista. Claro que hay animalistas antiespecistas que no son veganos ni posmarxistas, pero en buena lógica deberían serlo. Pues si el animalismo antiespecista veda la crianza de animales para ser sacrificados por los humanos para alimentarse, también debería prohibir que los mismos humanos sacrifiquen animales para que perros, gatos y otras mascotas puedan comer lo que precisan. Por supuesto, siguiendo la misma lógica, se deben cerrar los muladares que alimentan las aves rapaces y convertir a leones y tigres al veganismo.

Por otro lado, es evidente que el concepto básico del animalismo que estipula que todos los animales son seres “sintientes” es una hipótesis improbable. No solo porque no todos los animales tienen un sistema nervioso centralizado, también porque las reacciones ante los estímulos en no pocos casos son iguales o inferiores a los de las plantas quienes, como seres vivos mayormente fotosintéticos podrían sentir, ser “sintientes” (algunos estudios parecen confirmarlo) pues no pocas responden a estímulos. Entonces ¿De qué se alimentarán los veganos si las plantas son también “sintientes”?

Con el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales que ha presentado el Ministerio de Derechos Sociales, el Estado español pretende intervenir estableciendo unas normas de obligado cumplimiento, no tanto para proteger a los animales de malos tratos puesto que ya existe legislación al respecto, sino para imponer conductas antiespecistas para urbanitas y propietarios de chalets, al tiempo que se beneficia a la floreciente industria alrededor de las mascotas.

En el totum revolotum de los “wokes” de la penúltima ola, el animalismo antiespecista rezuma por todos los sitios nihilismo y contrición mística. Incluso se evidencia claramente su rechazo hacia una naturaleza donde la depredación es sustancial a la vida, esa vida que se alimenta de vida y constituye las dinámicas de la biodiversidad. Por otro lado, el imperio de la corrección política ha implantado en el lenguaje cotidiano las muletillas animalistas cuando hablan de educar a los perros y gatos como si fueran alumnos de enseñanza general básica. A los perros, gatos, caballos, burros y demás animales domésticos se les doméstica, doma o entrena, además de alimentarlos y cuidarlos.

SECUELAS DE LA INDUSTRIA POLÍTICA

DE LA PARTIDOCRACIA A LA INEPTOCRACIA

07/10/2021

Desde mediados de septiembre las gasolineras del Reino Unido de la Gran Bretaña no pueden atender la demanda normal de combustible. Al mismo tiempo, los anaqueles de los supermercados están casi vacíos de hortalizas, pollo y otras viandas mientras que los precios de los alimentos y la energía se han disparado. Además, faltan productos farmacéuticos y, a pesar de no producirse un aumento de la demanda apreciable, los precios de alquileres y compra de vivienda siguen subiendo. Ante el panorama, el gobierno dirigido por el despeinado campeón del Brexit llamado Boris, aquel que prometió “all-singing, all-dancing” tras la salida de la UE ya que, gracias al formidable montante de dinero que se ahorrarían cubrirían el déficit del Estado y el de la seguridad social, además de controlar la inmigración procedente de países europeos, ahora se dedica a reírse del ingenuo ciudadano declarando quimeras de esta guisa: «Después de décadas de desconcertante negativa, hemos persuadido a los estadounidenses para que importen carne de res británica de primera calidad, un mercado que ya vale 66 millones de libras».

Los británicos están verificando en sus carnes que fuera de la UE también hace frío, sobre todo cuando se juntan el hambre con las ganas de comer de la demagogia y la ineficacia institucional. Pues resulta que, solo en Inglaterra faltan 100.000 camioneros, miles de recogedores de aves vivas en las granjas, operarios especialistas para mataderos y salas de despiece, sexadores de pollitos, cuidadores de ancianos, enfermos y discapacitados, tripulantes de pesca, marineros, etcétera. Tampoco los británicos tienen suficientes veterinarios, fontaneros, electricistas, matriceros, fresadores y torneros. La pregunta del millón para ellos y nosotros es: ¿La migración procedente de países subdesarrollados puede ejercer estos oficios y profesiones?

Al mismo tiempo, la inflación es alimentada por el incremento sideral del gasto público en forma de ayudas a cierto tipo de corporaciones de los amigos plutócratas, calcando el Next Generation de la UE. Esta tormenta de descoordinación y mamoneo se produce como efecto del rebote, que no de la recuperación, económica puesto que más de la mitad de la fuerza laboral del transporte aéreo, de las industrias del arte, el ocio y hostelería se encuentran en “furlough” (sistema similar al ERTE). De hecho, en septiembre, en el Reino Unido había 700.000 personas menos trabajando que antes de la Covid, mientras que cerca de un millón de empleados perderán el furlough (ERTE) a finales de octubre. Por si faltaba alguna incertidumbre, para tapar los agujeros el gobierno británico aumentará los impuestos al trabajo y a los ahorros privados.

¿La alarmante situación del Reino Unido solo es consecuencia del Brexit y su mal gobierno? Solo en parte pues, Polonia, Francia, Grecia, Italia y también España, padecen similares situaciones. Todos sufren carencia de camioneros especializados en conducir vehículos que transportan materias peligrosas y de larga distancia. También escasea la mano de obra para trabajos duros en granjas, mataderos, salas de despiece, cuidado de ancianos, enfermos y discapacitados. Asimismo faltan miles de oficiales y peritos para ramas industriales y de mantenimiento. En el caso concreto de España, con una tasa de desempleo de menores de 25 años superior al 33%, es llamativa la falta de trabajadores para empleos no excesivamente especializados que, sin embargo, son duros por sus condiciones o demandan privaciones considerables para la vida familiar y social.

Porque a pesar de la publicidad pintoresca, la actividad del sector privado en España abarca mucho más que esos «big data, business intelligence, data analyst y machine learning» de una Revolución Digital que arrancó en la década de los setenta del pasado siglo. Precisamente, ha sido durante el confinamiento decretado por el estado de alarma derivado de la COVID-19, cuando comprobamos que junto a los médicos, sanitarios, policías e informáticos, trabajaron con equivalente riesgo y sacrificio millones de trabajadores que nos procuraron los alimentos y servicios imprescindibles. Y es el esfuerzo diario de empresarios y trabajadores lo que oculta la escasez de obreros cualificados en España. De esos oficiales de primera que se formaban en aquellas universidades laborales y se empoderaban profesionalmente con la experiencia del taller y la obra. Pues es evidente que son las abrumadoras cifras de paro las que ocultan la angustiosa escasez de los ahora renombrados expertos en electromecánica: soldadores, matriceros, fresadores, torneros, electricistas, ferrallistas, caravisteros, etcétera, etcétera.

Es innegable que, excepto en Alemania y algún país escandinavo, la prioridad de la enseñanza oficial en Europa y por supuesto en España, no ha sido formar en las profesiones realmente demandadas por las necesidades económicas y sociales. Esta generalizada falta de personal cualificado imprescindible para la buena marcha de la economía, ha llevado a empresas como Dyson a formar su propia escuela de ingenieros basada en la combinación de la práctica de trabajo en la fábrica y la teoría. El resultado ha sido excelente por cuanto los estudiantes reciben un pequeño salario mientras trabajan y adquieren experiencia. Algunas escuelas y universidades del Reino Unido y Alemania han adoptado el syllabus Dyson.

Recordar que fue el PSOE durante el Felipato quien aniquiló en 1989 la excelencia de la formación profesional española, resulta desgarrador por sus consecuencias. Pero esta funesta medida solo anticipó el desastre llamado Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en 1990. Claro que antes el gobierno del PSOE implantó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) para “flexibilizar” los planes de estudio. Desde entonces, la exuberancia de oferta de cursos de postgrado ha superado las imaginaciones más desquiciadas. La tómbola de títulos contiene todas las especializaciones imaginables, abundan los másteres lugareños y patrioteros para todos los gustos y con el mínimo esfuerzo, al oscilar entre 20 y 500 horas lectivas.

Los vergonzosos resultados de los informes PISA solo señalan la punta del iceberg de la ineficiencia de un sistema educativo costoso e inoperante. Aunque pocos, algunos profesores y observadores se atreven a denunciar que la sociedad está anestesiada ante la magnitud del problema; la destrucción paulatina del mérito y el esfuerzo que genera la plasmación de, en palabras de Marcos Taracido: «ciudadanos sin recursos, irresponsables, inmaduros intelectualmente y sin destrezas para afrontar la crudeza de la vida socio-laboral; una Educación asentada en lo insustancial, la banalidad y la laxitud de la exigencia, y que sigue creciendo en unos despachos empapados, en el mejor de los casos, de buenismo social y utopías tan alejadas de la realidad que no parecen existir amortiguadores para la caída».

Según el Observatorio del Sistema Universitario, en noviembre de 2017 en España existían en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) un total de 2.713 grados con 560 nombres distintos. En el curso 2017-2018, los centros adscritos a universidades públicas impartieron 222 grados y los adscritos a universidades privadas 44. Las universidades públicas ofrecían el 57,9% de titulaciones en Artes y Humanidades, un 56,2% en Ciencias, un 7,1% en Ciencias de la Salud (7,1 %), un 11,7 % en Ciencias Sociales y Jurídicas y un 28,1 % en Ingeniería, Arquitectura y Física. La oferta de las universidades privadas se concentra en las ramas de Ciencias de la Salud (el 35,7 % de los grados de esta rama se ofrece en la privada) y de Ciencias Sociales y Jurídicas (33,1 %). En cambio, manifiestan menor preferencia por Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humanidades y Ciencias, con proporciones del 19,1 %, 18,5 % y 7,9 %, respectivamente.

Para cualquier observador es sencillo dilucidar que la profesión de clase política española es la de político. La aparente perogrullada puede confundir por cuanto, en principio, sus profesiones y oficios se concentran en los ámbitos leguleyos, ecónomos y sociológicos. La inmensa mayoría inicia su profesión en las juventudes del partido, los pocos plurilingües compaginan el español con los castrapos de sus respectivas autonomías y, en general, carecen de experiencia profesional relevante anterior a la dedicación política. Se trata de una casta que, con notoria sagacidad, el economista José María Gay de Liébana y Saludas señaló denominándola industria política y que pocos días antes de su fallecimiento denunciaba de esta guisa: «Hemos de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año». Sin embargo, Gay de Liébana no añadió las ayudas y subvenciones a partidos políticos, fundaciones afines y sindicatos que multiplican por cuatro su cifra.

Fue el filósofo francés Jean D’Ormesson quien acuño el término ineptocracia para definir la degradación de las democracias occidentales. «La ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en número descendente, y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías, que se sabe que han fracasado allí donde se han aplicado, a unas personas que sabe que son idiotas».

La inepcia de los mandarines que rigen y configuran la industria política en cada Estado-nación, desde hace tiempo estimula su instinto de supervivencia hasta niveles paranoicos. Entonces, la demagogia no es suficiente y desarrollan estratagemas y alianzas con las plutocracias nacionales y globales hasta el punto de retroalimentarse mutuamente mediante mordidas que llaman “consensos”. Los consensos elaborados por las plutocracias globales, se basan en la consigna del Nuevo Orden Mundial. Así, se ha consensuado la corrección política, el neo-maltusianismo, el cambio climático antropogénico, el océano de liquidez que pagarán nuestros descendientes, la ideología de género, la seudocultura de la cancelación, los derechos a la carta del chef de turno, el indigenismo presentista, la legislación ideológica y el relativismo ético ante la vida. Para lograr la implantación del nuevo orden, es imprescindible contar con instrumentos contundentes, el primero de todos, como experimentaron el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, es implantar el miedo, siempre antesala del terror.

Los desmanes que soportamos y la incertidumbre respecto al futuro, parecen consecuencias evidentes de la desincronización de intereses entre plutócratas y mandarines políticos, pues los síndromes ideológicos en que sustentan su estrategia ordenancista son antagónicos de suyo. Quizá el ejemplo más claro de las consecuencias de choques entre síndromes ideológicos cretinoides y relativistas, es la derrota de occidente causada por la vergonzosa, aunque aplaudida y presentada como heroica, huida de los yanquis y nosotros, sus aliados, de Afganistán.