EL MEOLLO IDEOLÓGICO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA
30/04/2022
En la tercera de ABC de hoy, Carlos Granés indica que el régimen ruso es una versión del peronismo, resultante de la influencia del principal impulsor del movimiento neo-eurasianista y para-fascista Aleksandr Duguin sobre Putin, definido en “La Cuarta Teoría Política”. Asimismo, Granés describe anonadado la persistencia en Iberoamérica de los populismos surgidos durante el siglo XX; peronismo, priismo, castrismo, etcétera. No obstante, no termina de vincularlos como lo que son; hijos naturales del marxismo-leninismo, fascismo y nacionalsocialismo. Entiendo que obviar el engarce de estas ideologías y su contextualización histórica y geográfica, dificulta la comprensión del trasfondo ideológico del régimen encabezado por Putin, así como las consecuencias que de ello se derivan.
En primer lugar, es preciso subrayar que el neo-eurosianismo es antieuropeo y paneslavista. Exacerbadamente crítico con la cultura romano-germana y el “euro-centrismo”. Por supuesto, es partidario de un Estado fuerte, de la moral impartida por la Iglesia Ortodoxa, de la alianza turco-eslava y de forjar fuertes alianzas en Oriente Medio. Su crítica a la cultura posmoderna occidental y al wokismo y sus derivas sexistas e identitarias es radical. Por lo tanto, en la cuestión moral y solo en la cuestión moral, el neo-eurosianismo paneslavista coincide con los llamados populismos de extrema derecha europeos, en concreto con el polaco Ley y Justicia, el húngaro Fidesz-Unión Cívica Húngara, algo menos con el Rassemblement national de Marine Le Pen y solo de refilón con VOX.
Si repasamos sucintamente la reciente historia de Rusia, no podemos desdeñar las consecuencias sociológicas del traumático colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Tampoco es baladí la rapacería perpetrada por las élites del antiguo régimen soviético, al enriquecerse obscenamente con la adquisición a precio de saldo de los monopolios del “socialismo real” durante los nueve años de la era Yeltsin. Estos hechos, más el aumento de la corrupción mafiosa y la persistencia de la pobreza de la mayoría de la población rusa, supuso la puesta en cuestión de la legitimidad del nuevo régimen a finales de los noventa.
El dedazo de Borís Yeltsin en diciembre de 1999, instalando en la presidencia de Rusia al entonces primer ministro, Vladímir Putin, un apparatchik del PCUS y coronel del KGB, nombrado jefe de la FSB (la KGB reconstituida) en 1998 y que apenas llevaba en el cargo 4 meses, se explica como un exasperado intento de salvar a un régimen que carecía de genuinos fundamentos ideológicos que lo legitimaran.
A estas alturas, parece claro que el fracaso de Yeltsin en dirigir a Rusia hacia un modelo democrático de corte occidental capitalista de libre mercado, no solo se explica por su incapacidad dirigente y la vorágine de corrupción asociada, también influyó una abrumada y nostálgica carga sentimental de la mayoría de los rusos ante el fracaso de la URSS. Por los contactos mantenidos con unos cuantos ciudadanos rusos, comparo sus aflicciones con la desolación y el pesimismo con el que nuestros abuelos sintieron con el desastre de 1898. Así, los primeros intentos de Putin de proseguir por la senda occidentalita de Yeltsin, toparon con obstáculos internos considerables.
La crítica situación de Rusia y un carácter forjado por las vicisitudes de una infancia miserable y una formidable adaptación a un medio plagado de intrigas y purgas desde la juventud, condujo a Putin a priorizar su consolidación en el poder. En primer lugar se deshizo de aquellos oligarcas que pudieran poner en peligro su mando. Fue una victoria sin prisioneros, quien se movía no salía en la foto y, además, iba a la cárcel o al cementerio. Así, consolidó pronto un régimen oligárquico, compuesto por una “nueva nobleza” tutelada por un poder caudillista. Sin embargo, los lastres de la URSS continuaron inexorablemente. La segunda guerra de Chechenia fue terriblemente sangrienta. El hundimiento del submarino nuclear Kursk en agosto de 2000 una vergüenza nacional que mostraba descarnadas chapuzas y corrupciones. La matanza en Beslán (Osetia del Norte) una cruel afrenta. El negro panorama se oscurecía aún más por la persistencia de los problemas “transfronterizos” de una Rusia insegura de sí misma. Entonces, Putin asumió la necesidad de implantar una ideología de Estado acorde con la situación y la historia de Rusia y, sobre todo, capaz de elevar la autoestima del pueblo ruso.
El neo-eurosianismo paneslavista le vino como anillo al dedo, pero la asunción de esta ideología implicaba la expansión que solo las guerras victoriosas entregaban. Tras Chechenia, Rusia invadió Georgia en 2008, con la aquiescencia, por parálisis, de George Bush y la OTAN. La Rusia victoriosa contra Napoleón y Hitler volvía por sus fueros.
Fue el discurso de Vladímir Putin durante la Conferencia de Seguridad de Múnich el 10 de febrero de 2007, donde públicamente establece el rumbo de Rusia bajo su mandato. En primer lugar acusando a Estados Unidos de tratar de imponer sus reglas y su voluntad a otros países, «pero el modelo unipolar es imposible y totalmente inaceptable en el mundo moderno». Asimismo acusó a la OTAN de expansionista y provocativa. Añadió que Rusia respetaba los acuerdos sobre la reducción de los arsenales nucleares estratégicos pero insinuó que EEUU no. Tuvo el cuajo de afirmar que solo la ONU puede autorizar el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Pero inmediatamente dejó claro que «Rusia siempre ha desarrollado una política exterior independiente y tiene la intención de continuarla; o hacemos lo mismo que vosotros o, a la vista de nuestras actuales posibilidades financieras, desarrollamos una respuesta asimétrica».
Rusia entonces volvió do solía. Centralización, autoritarismo y capitalismo de Estado, esta vez imitando el modelo de la República Popular China, si bien ajustado al “alma rusa” de un nacionalismo expansionista antioccidental. Naturalmente, el discurso del régimen asentado sobre una oligarquía parasitaria del Estado y las riquezas naturales, esos “silovikí” acaparadores de las 22 agencias gubernamentales que, con su despotismo burocrático lastran la productividad de una economía quince veces menor que la de EEUU, solo puede ser populista.
¿Es el nacional-putinismo una versión rusa del peronismo? Mi respuesta es no. Por el contrario, constituye una versión paneslava del nacionalsocialismo con aderezos de marxismo-leninismo estalinista.
Quienes desde un peculiar neutralismo sugieren motivos históricos para justificar la invasión a sangre y fuego de Ucrania, asumiendo las acusaciones putinescas contra los “nazis” ucranianos y el expansionismo yanqui, olvidan el meollo del régimen someramente descrito aquí. Quienes desde un peculiar pacifismo izquierdista claman por la paz desde la falsa equidistancia, ocultan con premeditación y alevosía que; los países que apoyan y son aliados de Putin son sus admirados Cuba, Venezuela, Corea del norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea e Irán.
Mucho antes que la pandemia vírica y la guerra de Ucrania, en 2019, la productividad de España cayó un 10,45% frente a un crecimiento del 4,5% en el resto de la UE. Pero el gasto del Estado siguió incrementándose como si la competitividad de la economía fuera viento en popa a toda vela.
Mientras tanto, se incrementa la morosidad las pequeñas y medianas compañías, hasta un nivel de deudas comerciales de 279.808 millones de euros sin cobrar a cierre de 2021, un 17,3% más en términos interanuales.
Recapitulemos y, sobre todo, no nos dejemos obnubilar por el atrezo. Los Montescos y Capuletos, los Rasputines y Maquiavelos, los Duncanes y ladies Macbeth, son los personajes forzosos para cualquier representación dramática de una gran mudanza de fortuna. Y en el PP, en estas horas, la fortuna está fané y descangayada. Pero el prólogo del drama se inició con el «Hasta aquí hemos llegado« lanzado contra Santiago Abascal por un encendido Pablo Casado, en el pleno del Congreso que debatía la moción de Censura presentada por VOX el 21 de octubre de 2020. Una declaración de guerra que, por la contundencia de la ofensa, dejó boquiabiertos a diputados y periodistas de todas las tendencias. Recordemos algunas frases pronunciadas por Casado: «Usted es el seguro de vida política de Sánchez… Ha llegado en auxilio de la criatura en su peor momento para revivirla una temporada más»…Solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados» …Esto es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en Moncloa»…Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su propio interés». Solo le faltó mentar a la madre de Abascal y llamar fachas a los de VOX. El motivo de semejantes invectivas, fue desmarcarse con contundencia de la “extrema derecha” con que la izquierda y los separatistas califican a VOX.
¿Están malditos los partidos de centro? Preguntaba con la retranca que le caracteriza Anabel Díaz el 11 de noviembre de 2019 en El País, con motivo de la dimisión de Rivera tras la debacle electoral de Ciudadanos. Quizá la respuesta más obvia no sea muy sesuda, pero el repaso histórico demuestra que; Si a la despiadada guerra ideológica declarada por las izquierdas con el fin de lograr la hegemonía cultural y política, se le opone un centrismo ligero de equipaje moral, economicista y maleado en el tactismo oportunista y en el escaqueo patriótico, su muralla resulta tan liviana como la casita de paja del pequeño cerdito.
Aunque dentro de 12 años se cumplirán dos siglos de la publicación del memorable artículo: “Lo que no se puede decir, no se debe decir” escrito por Mariano José de Larra, su lectura nos indica que el constructivismo posmodernista que niega la posibilidad de alcanzar una verdad objetiva, no es tan novedoso como nos lo vendieron sus profetas. Al fin y al cabo, el romanticismo no fue otra cosa que el culto a la subjetividad, a la irracionalidad y al sentimiento, aunque tantas veces Larra renegara de ese encuadre buscando la verdad, con una envidiable y elegante prosa. Ejemplo de su rebeldía ante la censura y la descarada manipulación de la verdad, es la irónica fórmula con la que concluye el mencionado artículo: «Examino mi papel; no he escrito nada, no he hecho artículo, es verdad. Pero en cambio he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema; buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna, y concluiré siempre diciendo: «Lo que no se puede decir, no se debe decir». Y en esas estamos, tratando de sortear, cualquiera escribe torear, a la censura de los moralistas que nos gobiernan y procurando no incurrir en la palabra maldita o en la frase que puedan considerar heteropatriarcal, no sea que nos excomulguen y nos cancelen en vida. Ni Dios está a salvo, por lo tanto, debo escribir y escribo que este artículo, aunque no lo parezca, no pretende criticar a la que será la ley estrella de la incalificable legislatura que padecemos.
No sé si debo decir que como el papel de bueno se lo autoconcede el gobierno, el imprescindible malo de la película es adjudicado a los ayuntamientos. Así, los consistorios podrán penalizar mediante un recargo de hasta el 150% en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal», como ser segunda residencia, estar en obras de rehabilitación o estar ofertada en el mercado. El recargo fija un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona. Nada dicen de las consecuencias económicas que sufre el propietario cuando los okupas le roban la casa. No sé si debo decir que solo consistorios regidos por personajes como Ada Colau, aplicarán esta normativa.
Utilizando la lógica y la experiencia derivada del tiempo trascurrido, parece absurdo que la mayoría de los gobiernos del mundo asuman sin rechistar (otra cosa es que unos cuantos importantes como China, Rusia o India hagan de su capa un sayo) los informes del IPCC. Esta paradoja se aclara cuando se observa la dinámica iniciada con las catastróficas profecías de Thomas Malthus a finales del siglo XVIII, las del Club de Roma en los setenta del siglo pasado y las del IPCC. Esta deriva, más la moralina que nos inunda, han convertido al cambio climático antropogénico en causa ideológica y moral. ¡Ay de quien ponga en duda uno solo de sus mandamientos! Inmediatamente, los guardianes de la causa y los exhibicionistas morales le acusarán de negacionista, verdugo de la Madre Tierra y de mil pecados más. En consecuencia, le aplicarán la pena de cancelación social y profesional a través de los medios adictos a la causa y las redes sociales. Por otro lado, esta causa, como todas, tiene una parte netamente utilitaria pues gobiernos, burocracias estatales y plutócratas en general, la han abrazado con fruición, notablemente los de la UE, esparciendo ingentes cantidades de nuestro dinero en forma de subvenciones y prerrogativas, con el fin de aumentar su poder intervencionista y, de rebote, quien sabe si lucrativo.
Coherente con la exitosa estrategia de máxima independencia energética, iniciada en la década de los setenta y un poco más tarde que España, el Presidente de Francia Emanuel Macron, en noviembre de 2021 declaró solemnemente: «Para garantizar la independencia energética de Francia y asegurar el suministro eléctrico en nuestro país, y para lograr nuestros objetivos, en particular la neutralidad de carbono en 2050, por primera vez en décadas relanzaremos la construcción de reactores nucleares en nuestro país y continuaremos desarrollando energías renovables». Esta inesperada declaración puso las orejas de punta a los gobiernos vecinos, sobre todo al alemán y al español.
Fue en Alemania donde apareció el primer partido verde “Die Grünen” en 1980 con el fin de cambiar el paradigma social y económico alemán. La mayoría de sus dirigentes procedían de otros partidos, por ejemplo: Petra Kelly del SPD mientras que Gerald Häfner pertenecía a la Sociedad Antroposófica Universal. También había militantes procedentes de la extrema izquierda sesentayochista, incluidos unos cuantos maoístas, algunas feministas y sujetos procedentes de la agricultura biodinámica y del Bioland, más unos cuantos ideólogos que escondían su pasado. La imagen juvenil que proyectaron con sus verdes praderas y bucólicas montañas nevadas y banderas al viento, no terminaba de borrar cierto aire supremacista apegado a la antroposofía de Rudolf Steiner, por cuanto al enfatizar la supremacía del “Planeta” conlleva un biocentrismo radical, en el que el ser humano comparte el mismo valor con los demás seres vivos y, por tanto, no tiene derecho a erigirse en un ser superior que somete a los otros seres y a los ecosistemas para sus necesidades vitales.
El movimiento ecologista organizado en España no logró consolidarse como en Alemania debido a diversos factores, entre los que destacan la ley electoral y la incapacidad de desprenderse de su querencia roja o rojinegra. Sin embargo, como ideología simpática y buenista, fue asumida como añadido electoral imprescindible, tanto por el PSOE como por el PP. Desde este beneplácito estratégico, se entienden las decisiones de los diferentes gobiernos respecto a las políticas energéticas y medioambientales. Asimismo, para entender mejor estas políticas infectadas de ideología, es preciso recordar que la Junta de Energía Nuclear (JEN), fue fundada en 1951, es decir, en los inicios del régimen franquista, con el objetivo de liderar la investigación de los procesos de producción y el control institucional de la energía nuclear de fisión en España, incluyendo la investigación sistemática de minerales radiactivos. En 1968 Franco inauguró la Central nuclear José Cabrera (más conocida como Zorita). En 1969 fue aprobado el Plan Eléctrico Nacional que estableció un programa estratégico para lograr un alto grado de autonomía eléctrica, mediante las centrales hidroeléctricas y las nucleares de fusión. En 1971 se inauguraron dos centrales nucleares; Santa María de Garoña y Vandellós I. En 1972 se aprobó el Plan Energético Nacional (PEN), en el que se establecía la construcción de siete nuevos reactores que tendrían que entrar en servicio entre 1980 y 1983 y aportar una potencia, junto a las centrales ya en funcionamiento, de 15.000 MWe. Dentro de este plan se encontraba la construcción de la central nuclear de Lemóniz I y II (Vizcaya), cuyas obras de construcción comenzaron igualmente en 1972.
Con lo que no contaban los impulsores del PEN era con la oposición radical de la banda terrorista ETA, junto con no pocos compañeros de viaje de la banda. El caso es que ETA perpetró cerca de 20 atentados con bomba en instalaciones de Iberduero y en las obras de la central nuclear de Lemóniz, al tiempo que extorsionaba al gobierno exigiendo la demolición de la central, a cambio de no ejecutar al ingeniero del proyecto nuclear de Lemóniz, José María Ryan Estrada, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en 1981. En 1982, ETA asesinó con premeditación y alevosía al ingeniero Ángel Pascual Múgica cuando se dirigía con su hijo a su trabajo en las obras de Lemóniz.
El babel ideológico del PSOE sistemáticamente conlleva la incomprensión de la realidad sobre las necesidades presentes y futuras en economía y energía, por consiguiente, el dislate al respecto fue y es marca de la casa. Uno de los desatinos más memorables de la época, que indica la burbuja marxista teñida de malthusianismo en que habita este partido, lo protagonizó el arquitecto Eduardo Mangada. Miembro de la Federación Socialista Madrileña tras su expulsión del PCE en 1982, llegó a concejal de urbanismo con Tierno Galván para, posteriormente, ocupar la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda durante la presidencia de Joaquín Leguina. De su cosecha fue el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, en el que basándose en la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia marxista, concluyó que la crisis económica mundial de fines de los setenta y primeros ochenta era la definitiva del capitalismo y que, por tanto, Madrid no iba a crecer más. En consecuencia, declaró no urbanizable todo el suelo que separaba la ciudad del resto de municipios de la corona metropolitana. “Madrid no crece ni crecerá”, decía textualmente la Memoria del Plan, y denominó a este foso como Cinturón Verde. Y como Madrid no iba a crecer más, ¿para qué mejorar el transporte y las comunicaciones? Mangada afirmaba que no iba a aumentar el número de vehículos privados, que los ciudadanos harían en ferrocarril y autobús el 80% de sus desplazamientos. Despreció la M-40, que tildó de faraónica, y propuso como eje de transportes la llamada “J”, es decir, la M-30 inacabada y el distribuidor sur. La realidad desmintió todos sus pronósticos. El capitalismo continuó mientras que se hundía la URSS y Madrid siguió creciendo aunque el Plan Mangada encareció la vivienda, mientras muchas calles se colapsaron debido al aumento de vehículos. Menos mal que en 1997 se aprobó un nuevo Plan que derrocó aquel despropósito.
La ley de marras se compromete a participar fieramente en frenar el cambio climático, a sabiendas de su incapacidad y nimiedad. Pero no repara en gastos para subvencionar una transición energética hacia el verde que te quiero verde. Nada menos que 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030. Semejante cantidad se justifica con un despropósito: «Las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23 % respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050». Y los es porque establecer para dentro de 29 años la llamada neutralidad climática, es decir, la extinción del consumo de los combustibles fósiles, cuando el transporte naval y aeronáutico no tiene aún una alternativa a la vista, corona un alarde de estulticia y demagogia.
Es innegable que, excepto en Alemania y algún país escandinavo, la prioridad de la enseñanza oficial en Europa y por supuesto en España, no ha sido formar en las profesiones realmente demandadas por las necesidades económicas y sociales. Esta generalizada falta de personal cualificado imprescindible para la buena marcha de la economía, ha llevado a empresas como Dyson a formar su propia escuela de ingenieros basada en la combinación de la práctica de trabajo en la fábrica y la teoría. El resultado ha sido excelente por cuanto los estudiantes reciben un pequeño salario mientras trabajan y adquieren experiencia. Algunas escuelas y universidades del Reino Unido y Alemania han adoptado el syllabus Dyson.
Recordar que fue el PSOE durante el Felipato quien aniquiló en 1989 la excelencia de la formación profesional española, resulta desgarrador por sus consecuencias. Pero esta funesta medida solo anticipó el desastre llamado Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en 1990. Claro que antes el gobierno del PSOE implantó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) para “flexibilizar” los planes de estudio. Desde entonces, la exuberancia de oferta de cursos de postgrado ha superado las imaginaciones más desquiciadas. La tómbola de títulos contiene todas las especializaciones imaginables, abundan los másteres lugareños y patrioteros para todos los gustos y con el mínimo esfuerzo, al oscilar entre 20 y 500 horas lectivas.
Según el Observatorio del Sistema Universitario, en noviembre de 2017 en España existían en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) un total de 2.713 grados con 560 nombres distintos. En el curso 2017-2018, los centros adscritos a universidades públicas impartieron 222 grados y los adscritos a universidades privadas 44. Las universidades públicas ofrecían el 57,9% de titulaciones en Artes y Humanidades, un 56,2% en Ciencias, un 7,1% en Ciencias de la Salud (7,1 %), un 11,7 % en Ciencias Sociales y Jurídicas y un 28,1 % en Ingeniería, Arquitectura y Física. La oferta de las universidades privadas se concentra en las ramas de Ciencias de la Salud (el 35,7 % de los grados de esta rama se ofrece en la privada) y de Ciencias Sociales y Jurídicas (33,1 %). En cambio, manifiestan menor preferencia por Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humanidades y Ciencias, con proporciones del 19,1 %, 18,5 % y 7,9 %, respectivamente.