LOS CUENTOS DE ECHENIQUE Y RIBERA

Resumen sobre los motivos del desorbitante incremento de la energía eléctrica.

14/08/2021.

ANTECEDENTES:

En noviembre de 2019, en plena campaña electoral, Unidas Podemos afirmó: «Bajaremos la factura de la luz y pondremos firmes a las grandes eléctricas». El PSOE por su parte, prometía con orgullo un plan Superecologicoespialidoso por parte del orwelliano Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la jurista, profesora universitaria y alta funcionaria Teresa Ribera Rodríguez, afirmando que se trataba de una revolución energética y ambiental, producida por una extensión vertiginosa de las energías renovables y la consiguiente eliminación de centrales nucleares y de ciclo combinado. Esta salvadora descarbonización de España, afirmaba el PSOE, permitiría rebajar inmediatamente el precio de la factura de la energía eléctrica de, al menos, un 12% entre 2019 a 2030. Ni que decir tiene que esta reducción no se justificaba mediante cálculo objetivo alguno.

El gobierno de coalición PSOE-Podemos estableció el 1 de junio de 2021 un nuevo modelo de facturación general basado en tres tramos horarios, con el fin de que «los usuarios puedan ahorrar en función de su eficiencia y a que ajusten mejor la potencia contratada a sus horarios de consumo». De esta suerte, según el gobierno, la nueva factura eléctrica «fomentará el ahorro energético, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico». En román paladino; el gobierno estableció con el desparpajo que le caracteriza que, por el bien del planeta y de unos cuantos de sus habitantes, españolito que vienes al mundo te guarde Dios porque te aumentamos el precio de la energía eléctrica.

RESULTADO:

En el último año y a pesar de una reducción del IVA del 21% al 10% desde el 26 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el precio de la energía eléctrica se ha incrementado en España un 180%.

DEL SUSTO A LA DEMAGOGIA:

Ante semejante inflación que aflige a la mayoría de los ciudadanos, la protesta y la indignación se han generalizado. El recibo de la luz de julio para hogares, comercios e industrias ha sido escalofriante y la subida continua imparable en agosto, por ejemplo, ayer 13 de agosto subió hasta 117,29 euros megavatio hora (MWh) de media, otro récord histórico.

A pesar de la acostumbrada pose arrogante respecto a las indignadas protestas por semejante quebranto, la coalición gubernamental no le ha quedado otro remedio que darse por enterada, No tanto como para que el Presidente del gobierno cancele por un rato sus vacaciones, pero lo suficiente para que los cientos de asesores y expertos asentados en La Moncloa y aledaños, se lancen a la tormenta de ideas geniales.

Raudos, los expertos gubernamentales nos han ofrecido los habituales brochazos y ocurrencias para solventar «DE UNA VEZ POR TODAS» problemas complejos. Fue Pablo Echenique, quien llevaba unos meses un tanto mustio por la fuga de su protector Pablo Iglesias, el primero en blandir la espada flamígera desfacedora de entuertos, declarando la enésima solución, de una vez por todas, que todo marxista-peronista presenta cada día: «tener al menos una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz». Como de costumbre, la camarilla del PSOE en el gobierno pegó un respingo y envió a la jefa del ramo ecológico y reto demográfico, Teresa Ribera, a desmentir, con la contundencia que solo es capaz de superar María Jesús Montero Cuadrado, que el gobierno tuviera en mente crear una empresa pública de energía eléctrica. Aprovechando el ratito, se dedicó a echar la culpa de las subidas de la luz a Aznar y a Rajoy, olvidando los 7 años de Zapatero y sus desorbitadas subvenciones a las renovables. Pero como la andanada a morito muerto no coló, al día siguiente culpó a la Unión Europea y al presidente de Rusia, Vladímir Putin por la subida del precio del gas natural. Como nadie se tragó estos cuentos y sus socios podemitas seguían con la tabarra nacionalizadora para tratar de salvarse de la quema, Doña Teresa anunció el 12 de agosto de 2021 la fundación de una empresa pública de generación de electricidad, a través de la absorción de las concesiones hidroeléctricas, una vez expire su plazo de concesión.

¡EXPRÓPIENSE LOS PANTANOS DE FRANCO!

Como el cuento de la buena pipa, la llamada recuperación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas, gira como el asno de Buridán en la noria de un pozo sin agua. En realidad, se trata de un ensueño ideológico de redención contra una obra franquista exitosa. De hecho, excepto algunas concesiones de antes de la guerra civil, la mayor parte de las concesiones se renovaron a finales del siglo pasado y algunas otras se prorrogaron, con lo que las principales centrales podrían llegar al final de su concesión hacia 2070. Por otro lado, entre los cientos de centrales y minicentrales que funcionan en España, suman una capacidad instalada de 17.792 MW, apenas el 20% del mix eléctrico español. Además, el panal de rica miel que se adivina con el retorno de las concesiones al Estado, ha sido rodeado por un enjambre de municipios, sindicatos, asociaciones ecologetas y comunidades autónomas.

Por supuesto ni una palabra, ni un resquicio de crítica a uno de los principales factores que han disparado los precios energéticos. Esos derechos de emisión de CO2 que la política ambientalista de la UE dirigida por Alemania ha encarecido hasta superar en este arranque de agosto los 54 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros.

LA SUBASTA DEL PRECIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

España, con José María Aznar de presidente del gobierno y con el apoyo de CiU y el PNV, se incorporó al sistema eléctrico europeo en 1997.

La UE ha establecido un marco regulatorio para el sector eléctrico europeo hasta 2030, basado en mercados transfronterizos de energía. Cada mercado establece un precio diario marginal para el día anterior a aquel en el que la energía es producida y consumida. Es el llamado electric pool o piscina eléctrica. El volumen económico de las compras mayoristas en 2020 en España sumó 3.307 millones de euros, un 30% menos que 2019 debido a la pandemia de la COVID-19. El mercado eléctrico español está interconectado con Portugal, Francia y Marruecos. Francia y Marruecos exportan mucho más que importan del mercado ibérico.

El sistema actual de pool eléctrico o piscina eléctrica establecido en 2013, fue pensado para lograr equilibrar un precio final cada día, determinado por el costo de producir la «última» unidad de potencia más cara (el costo marginal). El volumen medio negociado al contado en España durante el primer semestre de 2021 es de unos 480 GWh (80% de demanda). En principio esta fórmula de subasta asegura que se utilicen los recursos energéticos más baratos, de modo que la demanda de electricidad se satisfaga al menor costo posible para la sociedad. Esta es la teoría, pero la práctica no es tan evidente, puesto que la información sobre los costes de producción no es tan exacta como debiera, lo que implica distorsiones agravadas por el mercado de derechos de emisión de CO2.

Cada día, las empresas generadoras indican a qué precio están dispuestas a vender electricidad para cada una de las horas del día siguiente, mientras que las comercializadoras señalan a qué precio están dispuestas a comprar, según la demanda que estiman que sus clientes harán, en cada una de esas horas. A continuación, se procede a ordenar, para cada hora, todas las propuestas de venta de electricidad de menor a mayor precio y todas las propuestas de compra en sentido contrario, lo que configura, respectivamente, las curvas de oferta y de demanda. Así, van entrando a la piscina de la oferta cada central de generación eléctrica.

Las primeras en zambullirse en la piscina son las centrales nucleares (con una media del 22% del total) por constituir el costo más barato ya que no pueden dejar de funcionar salvo mantenimiento o avería, lo que significa que muchas veces ofrecen sus megavatios a coste cero. No obstante, las compañías propietarias de estas centrales se resarcen con el llamado dividendo del carbono, un porcentaje de la tasa por emisiones de CO2 destinado a incentivar el uso de las energías que no emiten carbono también es conocido por el peyorativo nombre: “windfall profits” (beneficios caídos del cielo), beneficios que el gobierno PSOE-PODEMOS arrebatará en unas semanas cuando se apruebe una Ley que establece una fórmula de minoración de los ingresos caídos del cielo (nunca mejor dicho respecto a las hidroeléctricas) que «puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones». Consecuencia previsible: remoloneo en la entrada en la subasta de las centrales limpias de CO2 para incrementar su precio.

Volviendo a la secuencia de la subasta, tras las nucleares se van incorporando a la piscina las generadoras más económicas en orden ascendente: la “hulla blanca” de las centrales hidroeléctricas que, debido a sus particularidades suponen una media del 10,5% del total, aunque su producción en verano puede reducirse hasta el 3% y convertirse en energía cara y sobrepasar en algún tramo horario el precio de las centrales de ciclo combinado. Seguidamente las renovables, cuya rentabilidad está regulada por ley a través de sustanciosas subvenciones que paga el consumidor, empezando por los generadores eólicos con el 24,8% que tienen el gran inconveniente de su irregularidad, sobre todo en verano. Otras renovables que, sin embargo emiten CO2, por tanto caras, son las centrales de biomasa, biogás, bioetanol y biodiesel estimadas en un 17% del total. La muy subvencionada solar fotovoltaica y térmica solo genera durante el día un 8% del total. Las últimas en entrar a la piscina son las centrales de ciclo combinado de gas o carbón (de carbón en 2021 solo funcionan seis, tres cerrarán a finales de este año y otras dos el próximo) que suponen una media del 16,3% del mix. El precio del costo de la última central de ciclo combinado que entra en la piscina suele establecer el precio marginal del día.

Las subastas diarias e intradiarias son organizadas por OMIE-OMIP, empresa privada que ejerce de operador de mercado eléctrico designado NEMO (según la terminología europea), para la gestión del mercado de electricidad en la Península Ibérica, es decir: de España y Portugal. Así, OMIE/P participa en el acoplamiento de los mercados mayoristas de electricidad en la UE, conjuntamente con todos los NEMOs designados en cada Estado miembro. La península Ibérica tiene un grado de interconexión con el sistema europeo muy inferior al del resto de países de la Unión, por debajo del 5 %, lo que le impide acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de las interconexiones eléctricas.

PAGAR IMPUESTOS COMO SI FUERA ENERGÍA

El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) que limita el volumen de los gases de efecto invernadero (ETS) CO2, que pueden emitir las industrias con gran consumo de energía, los productores de energía y las compañías aéreas, fue establecido por la UE en 2005. En España es el Plan Nacional de asignación quien establece el volumen de CO2 que las empresas están obligadas a entregar a las arcas del Estado. Se trata de comprar los derechos suficientes para cubrir todas sus emisiones si no quieren que se les impongan fuertes multas. Con este sistema se penaliza la energía generada con combustibles fósiles y se pretende impulsar las energías renovables. Se trata de un mercado que funciona según el principio de limitación y comercio. Es decir, se pone un límite máximo a la cantidad total de emisiones que pueden hacer las centrales obligadas a comprar los derechos en subastas semanales o en el mercado secundario. Al final de cada año, las centrales eléctricas deben entregar suficientes derechos para cubrir sus emisiones. En caso contrario, son sancionadas con la morrocotuda cifra de 95 euros por cada g/km de CO2 excedido.

Pero, como el precio del CO₂ estaba muy bajo y no producía el efecto disuasorio que se buscaba y el recaudatorio que se suele omitir en el discurso ecologeta, la UE decidió reducir derechos de emisión creando un mecanismo de reserva para que subiera el precio. Y ya lo creo que lo subió, al subir los precios del CO₂ el coste final de la electricidad se ha incrementado exponencialmente. Fue el gobierno español presidido por Sánchez quien redujo de 60 millones de toneladas asignadas a 10 millones. Con ello perseguía dos objetivos; forzar la producción eléctrica con renovables y aumentar la recaudación en, al menos, 1.000 millones de euros. Pero como la fiabilidad de las energías renovables a través del tiempo es incierta, las inversiones se paralizaron, sobre todo con la pandemia, por lo que quedaron a expensas del futuro maná de la UE. Como al gobierno los ingresos aún le parecían poco, redujo un 14% los derechos de emisión de CO2 asignados gratuitamente. En consecuencia, se produjo la especulación y el consiguiente aumento del precio desde los 6 euros por tonelada en 2013 hasta sobrepasar los 52,8 euros por tonelada cuando la generación por ciclo combinado de gas ha tenido que incrementarse al iniciarse el verano. Al mismo tiempo, las empresas de generación intentan cargar al precio de su oferta el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales.

Es innegable que el encarecimiento del gas natural ha sido un factor determinante del aumento del costo de generación de la energía eléctrica de las centrales de ciclo combinado cuyo costo fue 28,7 €/MWh en junio de 2021. Si a este aumento se suma la especulación de los derechos de emisión impulsada con denuedo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la jurista Teresa Ribera, más el aumento real de los impuestos basados en el porcentaje sobre los costos, el resultado no puede ser otro que el calculado por el Banco de España en el informe emitido hace tres días: “EL PAPEL DEL COSTE DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2 Y DEL ENCARECIMIENTO DEL GAS EN LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS MINORISTAS DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA: Un 20% de la subida se debe al mayor coste de los permisos de emisión de Co2. Un 50% del alza es consecuencia del encarecimiento del gas en el mercado. El resto se debe a la mayor base imponible de impuestos y el traspaso a minoristas.

EL SEGUNDO PLAN E DEL PSOE

O el I Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

Pablo Rojo. 03/05/2021.

La demagogia andante asegura que hay que imprimir dinero para el pueblo y no para los bancos. Bajo esta consigna aparentemente solidaria, los EEUU de Biden y la UE de las burocracias, se han lanzado a tumba abierta a multiplicar dinero. Ya no les basta con la varita mágica de la expansión monetaria cuantitativa cocinada desde sus respectivos bancos centrales, ahora se endeudan para gastar solidariamente.

En realidad, el Plan de Recuperación para Europa es otra vuelta de tuerca de los planes de incentivación de la UE que subvencionan inversiones supuestamente estratégicas. Por supuesto, se presenta como fórmula excepcional ante una coyuntura difícil, pero resulta que, desde el Programa Eureka de la entonces CEE, la excepción se ha ido convirtiendo en normalidad. De hecho, este plan es el súmmum por la morrocotuda cantidad de dinero que reúne, nada menos que 750.000 millones de euros del paquete “Next Generation”, más 100.000 millones de euros del SURE. Estos 850.000 millones fueron acordados el 21 de julio de 2020, cuando los estragos económicos producidos por la pandemia de coronavirus apenas auguraban lo que vendría después.

Más que un conjunto de estímulos, este Plan parece inspirado en el neocartalismo que establece el dinero como criatura del Estado, pues rebasa, con creces, los estímulos de la expansión monetaria cuantitativa puesta en marcha por el Banco Central Europeo en marzo de 2015, tras los avatares producidos por la crisis del 2008. Recordemos que esta medida fue vendida como provisional para evitar el hundimiento del euro, de los bancos comerciales y, sobre todo, absorber la deuda pública hasta bajar los tipos de interés a 0 con la consiguiente expansión de dinero barato. Ahora se trata de unos fondos obtenidos con la emisión de deuda por parte de la Unión Europea, que serán repartidos a los estados miembros en función de varios parámetros, para que cada Estado los reparta en forma de subvenciones o préstamos, tanto al sector público como al privado, bajo unas condiciones acordes con la corrección política vigente.

En vez de condiciones, el Plan de Recuperación para Europa propone erigir un jardín de rosas sin espinas. Ahí es nada, se trata de estimular la investigación y la innovación, transiciones climática y digital justas, lograr la preparación, recuperación y resiliencia económica, un nuevo programa de salud, modernización de políticas tradicionales, como la de cohesión y la política agrícola común, en fin, esa quijotesca lucha contra el cambio climático al que se concede nada menos que el 30 % de los fondos. Además, el plan atiende a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género. Un auténtico Plan Quinquenal posmoderno que concede a cada estado de la UE la clarividencia de diseñar el futuro económico, la omnipotencia de repartir dádivas y la omnipresencia de controlar los resultados, eso sí, con la aquiescencia de la burocracia bruselense.

El Plan Quinquenal del gobierno del Frente Populista y los separatistas

A estas alturas, tener que advertir que el gasto estatal, ese dinero que “no es de nadie” según la ínclita Carmen Calvo, siempre, siempre y siempre es pagado por aquellos contribuyentes que trabajan en el sector privado de la economía. En el caso de España, en el momento que escribo y según la «Encuesta de Población Activa (EPA) – Primer trimestre de 2021- unos 16 millones de esforzados trabajadores españoles sostienen a 42 millones, es decir: a más de 3 millones de funcionarios, un millón de políticos y asesores adjuntos, a una población envejecida sustentada por cerca de 10 millones de pensiones públicas, 2,5 millones de personas que perciben prestaciones por desempleo, más alrededor de un millón que recibe una o más ayudas públicas (hay 22 partidas). Es decir, entre funcionarios, políticos-asesores, pensionistas y desempleados varios que perciben prestaciones del Estado suman 16,5 millones. O lo que es lo mismo, cada contribuyente real debe sostener a 1,032 compatriotas. Es obvio que esta situación es insostenible, con maná o sin maná de la UE.

Pues bien, al mismo tiempo que Biden presentaba en el Congreso su “Old Deal”, consistente en un paquete de 2.3 billones de dólares de gasto en infraestructuras y otros indefinidos incentivos económicos, el gobierno español presentó a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta suerte, el gobierno español espera conseguir 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, desde mediados del 2021 hasta 2026.

Si tienen la paciencia de leer las 348 páginas del Plan Quinquenal, apreciaran que está redactado en la neolengua de madera vigente, pero sin caer en las molestas reiteraciones y paráfrasis de la neolengua inclusiva. Así, propone «inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental». Estupendo, el problema surge al comprobar que el recuento de medidas basadas en los 4 ejes o condiciones del Plan de Recuperación para Europa mencionadas, acompañadas de imágenes de relleno bucólicas, para lograr «crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia consistente y coordinada», recuerda demasiado al cuento de la lechera. Nada más y nada menos que 30 propuestas llenas de diseño transversal, gobernanza, hasta llegar al desiderátum de, como Felipe González en 1982, prometer 800.000 puestos de trabajo «en sectores de futuro» indeterminados. Pero el primer reto que ofrece el texto de este plan es encontrar su estrategia. Y es que marea y despista tanto pleonasmo alrededor de las palabras gancho, del cúmulo de ecosistemas resilientes, biodiversidades, sostenibilidades, transiciones justas hacia digitalización, la ecológica, el cambio climático, la cohesión social y territorial, la igualdad de género, vuelta a los pilares transversales, la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial e igualdad de género. Y si difícil es encontrar la estrategia, mucho más complicado es hallar concreciones en «un paquete coherente y equilibrado de inversiones y reformas que se implementarán en los próximos 3 años dedicando casi el 40% de las inversiones a la transición verde, el 30% a la transición digital, el 10% a la educación y las habilidades y el 7% a I + D». El caso es que pretenden “movilizar” entre 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, y otros 70.000 millones en los tres años siguientes.

Y todo esto ¿quién lo paga y a quienes beneficia? Los embrolladores y beneficiarios del Plan responderán que la UE para socorrer a todos y todas. La verdad es que los paganos serán los de siempre, trabajadores por cuenta ajena y autónomos y empresarios alejados de las sinecuras otorgadas por los gobernantes. En algún caso y con mucha suerte, es posible que a alguno de entre los mencionados paganos le toque algún reintegro. Por supuesto, los premios gordos están ya repartidos entre la nomenklatura y las empresas cortesanas del erario, ya saben, Endesa, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, ICL, Naturgy, etcétera. Solamente los proyectos presentados por Endesa e Iberdrola ya suponen uno de cada dos euros de las subvenciones totales de Europa para el conjunto del Estado español.

El abracadabra engañoso está implícito hasta en el título del principal paquete del maná: Next Generation EU (NGEU). Así, parece que se trata de un formidable esfuerzo para mejorar el futuro de la próxima generación, cuando en realidad, les endilgamos una monstruosa deuda que tendrán que pagar. De hecho, la UE tiene previsto emitir 850.000 millones de euros en bonos, durante los próximos 5 años e incrementar su techo de gasto hasta el 2,0% del PIB (unos 70.000 millones de euros adicionales por año). De esta guisa, se aumentarán los derechos de aduana, las contribuciones de los Estados miembros sobre la base del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), el nuevo impuesto sobre los plásticos no reutilizables y, a partir de junio de 2024, el impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos a las empresas con una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades.

¿Estamos ante el reinflado de la gran burbuja de liquidez creada en 2009 que apenas ha producido un crecimiento ínfimo?

De momento, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento queda en suspenso sine die. Sin embargo y a pesar de la recesión producida por la pandemia, unos cuantos países, que hasta ahora no eran del grupo de los frugales como Francia e Italia, han decidido reducir las cargas fiscales para relanzar la economía. Justo lo contrario que establece en su plan el gobierno español. En cualquier caso, resulta preocupante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se considere incapaz de calibrar el crecimiento que aportará el Plan de Recuperación a la economía española. No me extraña.

Por otro lado, afirmar que el gobierno español recibirá 140.000 millones de euros limpios es una falsedad. Las cuentas derivadas de nuestros compromisos como miembros de la UE, establecen que nuestra aportación será equivalente a nuestro peso económico.

Incluso aceptando que el dinero previsto llegue en tiempo y forma, es evidente que al Plan Quinquenal gubernamental le sobra palabrería y le falta concreción. Las reformas estructurales son retoques, la frugalidad y la productividad están vedadas, mientras la imprescindible reforma laboral que implante la flexiseguridad es un vade retro para el gobierno del Frente Populista Separatista.

Ante este panorama, conviene armarse de coraje y paciencia para tratar de evitar, en la medida de lo posible y con los ingenios que cada uno pueda tener, que este Plan Quinquenal no sea la repetición en forma de farsa del estéril y despilfarrador Plan E de Zapatero.

P. S. Mientras estaba pasando el texto a formato html para publicarlo en este blog, los medios no adscritos a las indicaciones de Moncloa han activado la primera alarma sobre los propósitos que se esconden entre los recovecos de la verbosidad progre, ya saben, el trampantojo inclusivo, transversal, movilidades sostenibles, seguras y conectadas … a las brechas de género … Efectivamente, en el Anexo IV, página 341, apartado 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, subrayan:«Por otro lado, se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Si perpetran esta medida, significará una subida de impuestos de 2.400 millones de euros que pagarán más de 2 millones de familias, es decir, la sustracción de 1.150 euros al año a cada familia o, lo que es lo mismo, más de 4 millones de contribuyentes de todo tipo de renta y condición. Que un día antes de las elecciones de la CAM, la ministra desparpajo matice la medida, solo garantiza que el gobierno tiene el firme propósito de imponerla.

Caminos sobre la mar integra una crónica sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en España y el resto del mundo durante buena parte del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI.