CASO FORESTALIA

EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA

En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.

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El llamado «Caso Forestalia» se refiere a una investigación judicial y policial sobre presuntas irregularidades en la concesión de licencias para proyectos de energías renovables en España. La implicación de José Luis Rodríguez Zapatero, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, del ministro de Industria Jordi Hereu y la conexión con China, se centran en el papel de mediación del Gobierno de Pedro Sánchez en acuerdos comerciales estratégicos que ahora están bajo sospecha por tráfico de influencias y corrupción.

Forestalia es un conglomerado que suma cerca de mil empresas con sedes en Zaragoza y Madrid. Todas están subordinadas a la matriz incluida la multinacional Levitec y el grupo Nearco, grupo que administra buena parte de las plantas de renovables, algunas de ellas bajo investigación judicial. La propiedad mayoritaria del grupo Forestalia la ostenta Fernando Rivas Samper. En mayo de 2024, Forestalia firmó una alianza estratégica con CGE (China Green Electricity, vinculada al gigante CATL) con una inversión superior a los 1.000 millones de euros para la instalación del mayor sistema de autoconsumo industrial de España que garantizará el suministro eléctrico para la producción de baterías de CATL y Stellantis. A la firma de este acuerdo acudieron como invitados de honor los ministros José Manuel Albares y Jordi Hereu. Meses más tarde, Pedro Sánchez se reunió en China con el presidente de CATL, con quien Forestalia había firmado su alianza. Antes de acabar ese año, el presidente del Gobierno recibió a ese empresario chino en la Moncloa, a quien EEUU vincula al espionaje militar de Pekín.

Gracias a la difusión de una imagen de empresa «sostenible y verde» que corresponde a un claro «greenwashing» (lavado verde), junto con una estrategia consistente en infiltrarse en las instituciones con potestad en el medio ambiente y la energía, las empresas de Rivas Samper han logrado pingues beneficios gracias a la obtención de permisos y subvenciones que les han permitido erigir plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica en España, sobre todo en Teruel y Zaragoza. Así, según las investigaciones de la Guardia Civil, se infiltraron en el gobierno del PSOE en Aragón y untaron al exconsejero de Medio Ambiente, Joaquín Aurelio Olona Blasco. A la vez, se metieron en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y compraron, entre otras, la voluntad del exdirector y militante del PSOE, Jesús Lobera para que manipulara procedimientos técnicos y presionara a funcionarios para falsificar y aprobar informes de impacto ambiental de los proyectos del grupo en Aragón.

Asimismo, la Benemérita ha descubierto que, para obtener la aprobación de plantas eólicas y fotovoltaicas y subvenciones, Forestalia compró con millones de euros las voluntades del exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en los infaustos tiempos de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, de su esposa Montserrat Heredero, de los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Águeda; y del notario Javier de Lucas Cadenas. En la vorágine de mordidas para obtener grandes beneficios infectos, Forestalia compró las voluntades del director de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y de la “fontanera del PSOE«, Leire Díez, al tiempo que transfería peculio a Servinabar, la empresa constructora sometida a investigación por corrupción de la familia Sumelzo y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Mediación de Zapatero: Diversas fuentes han señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de su «Lobby» porchino Gate Center como el facilitador del acuerdo de Forestalia con China Green Electricity y de la entrada en España de las empresas vinculadas al Partido Comunista de China. Es el caso de la incursión de CATL, el líder mundial en baterías para vehículos eléctricos, quien construye junto a Stellantis una gigafactoría en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión conjunta de 4.100 millones de euros. La planta, operativa a finales de 2026, se especializará en celdas LFP (litio ferrofosfato) y producirá 50 GWh anuales. Así Zapatero y su Gate Center se consolidan como facilitadores de la entrada y negocios para sus clientes chinos en España.

Detalles de la implicación política:

Presunta manipulación de licencias: Se investiga si ex-altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica agilizaron declaraciones de impacto ambiental para favorecer a Forestalia. Así, los investigadores consideran al exsubdirector de Evaluación Ambiental de dicho Ministerio, Eugenio Domínguez, clave para que la empresa consiguiera las licencias que se negaban a otros promotores. Sospechan que Domínguez, durante la etapa de Teresa Ribera, también aceleraba sus proyectos en detrimento de otros. La firma de Fernando Samper obtuvo el visto bueno para el Parque Eólico Teruel Clúster Maestrazgo a través de un procedimiento insólito en julio de 2024, un año antes de que se rechazara el expediente de Matarraña, a pesar de que Green Capital había iniciado los trámites cinco meses antes.

Ofensiva parlamentaria: El PP ha registrado más de 30 preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno, exigiendo explicaciones sobre por qué Albares y Hereu «apadrinaron» contratos de una empresa que estaba siendo rastreada por la Guardia Civil.

Conflictos de intereses: Se examina si el Gobierno presidido por Pedro Sánchez utilizó su influencia diplomática para favorecer intereses privados de Forestalia en el mercado asiático a cambio de contraprestaciones políticas o económicas.

En abril de 2026, la macrocausa judicial y política del «Caso Forestalia» que investiga presuntas irregularidades administrativas, corrupción y delitos medioambientales en la tramitación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos por la empresa Forestalia por supuestos de trato de favor, pagos a excargos y daño al territorio, afectando a la credibilidad de la transición energética, sigue abierta bajo secreto del sumario en algunas de sus piezas. Al mismo tiempo, China sigue colonizando España.

GEOINGENIERÍA

La controvertida técnica que pretende controlar el clima

CONTEXTO: En el momento de escribir este suelto se está cerrando la vigésimo octava Cumbre del Clima de Dubái (COP28), con una división radical entre países que conforman dos bloques antagónicos. Por un lado el anfitrión y los países del Golfo Pérsico, Rusia, países africanos, China, India y Brasil rechazan sin contemplaciones la propuesta encabezada por la UE y EEUU, consistente en el “abandono ordenado y justo de los combustibles fósiles”. Aunque al cerrar la cumbre seguramente se acordara un texto de compromiso, este enfrentamiento, junto con los retrasos acumulados, ponen en solfa los objetivos de reducción de emisiones acordados en Paris en el año 2015, para alcanzar 0 emisiones netas en el año 2050 y así frenar el calentamiento del planeta.

Ante la situación y conociendo sus obras y discursos, es fácil augurar que este revés a las agendas climáticas plenas de catastrofismo enarboladas por ministros y burócratas de la Beyond Oil and Gas Alliance (Alianza más allá del petróleo y el gas), donde destaca por su beligerancia verbal la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, será camuflado con nuevas dosis de agitación y propaganda catastrofista para aumentar o inventar impuestos para salvar el planeta. No obstante, el cebado con enormes cantidades de dinero procedente de los impuestos directos e indirectos que subvencionan energías renovables, tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y procesos energéticos “verdes y sostenibles” publicitados por el conocido escaparate «greenwashing«, ha despertado iniciativas que alteran y compiten con los sistemas oficiales beneficiarios del gran negocio llamado cambio climático. En este contexto, ha surgido un intruso llamado geoingeniería.

La geoingeniería o ingeniería del clima está desarrollándose sobre técnicas y alguna que otra tecnología, con el fin de, según sus promotores, contribuir con eficacia y rapidez en atajar el calentamiento del clima terráqueo debido a la actividad humana, acorde con lo establecido por los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés, IPCC). Se trataría, entonces, de lograr anticipadamente y por una vía alternativa, los objetivos plasmados en el Acuerdo de París y posteriores respecto a la disminución de las emisiones de CO2, para lograr que antes de 2030/2052 la temperatura media (global) de la tierra, no aumente de 1,5/2ºC con respecto a los niveles preindustriales.

Recordemos que el protocolo oficial adoptado por los acuerdos de París (COP21 firmado el 12 de diciembre de 2015 y que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y posteriores) establece que para lograr el objetivo de evitar el aumento de la temperatura media global por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales, es imprescindible reducir sustancialmente las emisiones de los gases de efecto invernadero que encabeza el CO2. Sin embargo, las mediciones oficiales posteriores al 2016 confirman que no se están reduciendo la cantidad de CO2 imprescindible establecida para moderar o detener dicho calentamiento. Sobre estas tesituras, los impulsores de la geoingeniería aseguran que sus técnicas son indispensables para lograr los mencionados objetivos, al poder lograr reducciones inmediatas de la temperatura en amplias zonas. Con ello no niegan la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, sino que debido a la urgencia del momento, para evitar la catástrofe anunciada desde 1988 por el IPCC y sus adláteres, la geoingeniería es la panacea.

Groso modo, la geoingeniería consiste en la aspersión de aerosoles en la estratosfera (SAI, por sus siglas en inglés) consistentes en diminutas partículas reflectantes como dióxidos de azufre, sal finamente pulverizada o carbonato de calcio. De esta manera, “nublan” el cielo artificialmente y reducen la temperatura de la superficie de la Tierra. Los experimentos recientes con estas técnicas, han logrado desplegar nubes reflectantes a más de 20 kilómetros de la superficie de la Tierra utilizando globos estratosféricos. Estas nubes reflectantes permanecen en la estratosfera aproximadamente un año reflejando (rechazando) buena parte de los rayos del sol al igual que las nubes naturales que se encuentran debajo. Según los geoingenieros, un solo gramo de esas nubes compensa el efecto de calentamiento de una tonelada de CO₂ durante un año.

Aunque resulte reiterativo y políticamente incorrecto, insisto en que el calentamiento global es un gran negocio mundial que abarca casi todo. Desde el lucrativo mercado de emisiones de CO2, los llamados bonos medioambientalmente “sostenibles”; green bonds, cat-bonds, multicat-bonds, weather derivatives que, por supuesto, abrazan con ardor las haciendas públicas de todo el mundo como el Sovereign Green Bond Issuance Program de España. En lo concreto, las subvencionadas energías renovables (solar, eólica, marina), el sector del automóvil, iluminación, seguros meteorológicos para agricultores, tecnologías agrícolas y ganaderas, fertilizantes, alimentos vegetales “sostenibles e inmaculados” y, por supuesto; la geoingeniería. En otra trinchera no menos lucrativa se encuentran los combatientes “naturalistas” como el World Rainforest Movement, Amigos de la Tierra, etc. Sustanciales son los afanes geoestratégicos que envuelven a empresas públicas y privadas como la Regulación Taxonómica de la Unión Europea. De hecho, los programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó en 2016 el costo global de la adaptación a estos impactos climáticos serían entre 140 mil y 300 mil millones de dólares por año para 2030 y entre 280 y 500 mil millones de dólares por año para 2050. Se quedaron cortos, muy cortos.

LA BASE DE LA GEOINGENIERÍA: En 1991, tras 500 años de inactividad, el volcán Pinatubo situado en la isla de Luzón en las Filipinas, en solo 15 horas arrojó a la estratosfera más de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre, gas que se instaló como una nube que ocultó el Sol en buena parte del hemisferio sur provocando que las temperaturas globales de la Tierra descendieran aquel año 0,5ºC.

Con mucha menos precisión, por cuanto sucedió a comienzos del siglo XIX, los promotores de la geoingeniería rememoran lo que se ha llamado “el año sin verano”, suceso ocurrido en el sur de Indonesia cuando en 1815 el volcán Tambora produjo una enorme erupción lanzando gases y cenizas a la estratosfera que perduraron varios años, lo que, según los pocos datos que por entonces se podían obtener, hoy se calcula que llegó a disminuir la temperatura media global más de 2,5ºC.

También la eliminación de carbono mediante la captura directa de aire suele considerarse una forma segura y elegante de geoingeniería, pero la tecnología es incipiente, intrínsecamente lenta y prohibitivamente cara. Por esas razones, incluso sus partidarios argumentan que es mejor considerarlo como una forma potencial de compensar las emisiones de las pocas industrias que son difíciles de descarbonizar, como la aviación. La inyección de aerosoles de azufre, por otro lado, sería relativamente fácil y barata de implementar inmediatamente a escala planetaria, con un costo de “sólo” dos mil millones de dólares al año.

Como ya he mencionado, los defensores de la investigación en geoingeniería no la presentan como sustitutoria de la transición para abandonar los combustibles fósiles. Su principal argumento es que debido a que el dióxido de carbono persiste en la atmósfera durante miles de años, más los evidentes problemas que causan su abandono rápido, la geoingeniería es la alternativa que garantiza ganar el tiempo necesario para hacer esa transición sin traumas. También señalan que, eliminar las emisiones de carbono sólo evitaría que el mundo se calentara aún más; No volvería a enfriar el mundo, al menos no para nadie que esté vivo hoy. Incluso si el mundo lograra descarbonizarse para 2050, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar representarían una amenaza mayor que la actual durante muchos siglos por venir.

“Los recortes de emisiones son necesarios”, escribió David Keith, profesor de física aplicada y políticas públicas en Harvard, en The Times en 2021. «Pero pretender que el cambio climático se puede resolver únicamente con recortes de emisiones es una fantasía peligrosa. Si se quieren reducir los riesgos de las emisiones que ya están en la atmósfera (ya sea para prevenir incendios forestales en Argelia, olas de calor en Columbia Británica o inundaciones en Alemania), hay que recurrir a la eliminación de carbono, la geoingeniería solar y la adaptación local».

CRITICAS A LA GEOINGENIERÍA
Llegados aquí, distinguir la crítica rigurosa basada en datos y la que esconde intereses de parte no es sencillo. Sobre todo cuando demasiados científicos hace tiempo que no se respetan a ellos mismos dedicándose a la propaganda. Por ello tomo nota escéptica sobre la carta abierta firmada por “expertos” y académicos del “clima y la gobernanza”, pidiendo a los gobiernos nacionales y a las Naciones Unidas que restrinjan el desarrollo de la geoingeniería, sosteniendo que representa un “riesgo inaceptable”, por tres razones:

Los efectos secundarios son demasiado peligrosos. Rociar azufre en la estratosfera podría reducir la temperatura de la Tierra, pero también podría blanquear el cielo, cambiar los patrones climáticos, aumentar la propagación de la malaria, agotar la capa de ozono y alterar la luz que las plantas necesitan para crecer. Algunas regiones podrían sufrir mientras otras se benefician, creando posibilidades de conflicto.

“Imagínese si India comenzara a bombear azufre a la atmósfera sólo para ver una enorme sequía afectar a Pakistán”, escribió Bill McKibben en The New Yorker el año pasado. «Dos potencias nucleares, ya enfrentadas, y una está convencida de que la otra está dañando a su gente«.

Es una falsa esperanza. Los hostiles a la geoingeniería advierten que podría restar valor a los esfuerzos por abandonar los combustibles fósiles si se la percibiera erróneamente como una póliza de seguro contra el cambio climático. Por ejemplo, las personas podrían postergar la adopción de medidas para reducir su huella de carbono. Lo que es más preocupante, los lobbies con grandes intereses en la industria de los combustibles fósiles podrían ejercer presión para lanzar azufre al aire, para mantener el petróleo y el gas funcionando.

A pesar de las críticas, Make Sunsets, la flamante empresa de geoingeniería norteamericana, ya está vendiendo “créditos de refrigeración” como compensaciones al CO2.

«Pronto todos los que dependen del carbón, el petróleo y el gas se subirán al tren de la geoingeniería y dirán: ‘Podemos continuar durante 40 años con combustibles fósiles'», manifestó Frank Biermann, politólogo de la Universidad de Utrecht, al Guardian, añadiendo una frase que encierra el conflicto de intereses: “Este debate amenaza con descarrilar las políticas climáticas actuales. Es un riesgo enorme”.

Otras críticas a la geoingeniería se centran en la necesidad de inyectar aerosoles durante cientos de años, critica que sin quererlo, pone en solfa la solución de la reducción de CO2 para frenar el cambio climático antropogénico. No menos original es la acusación de que la geoingeniería es antidemocrática al mismo tiempo que sus sostenedores arriman el ascua a la sardina de la burocracia global para evitarlo: “los países lo suficientemente poderosos como para desarrollar y desplegar tecnologías de geoingeniería solar deben poner sus tecnologías bajo el control de instituciones multilaterales efectivas, con garantías de derechos de veto colectivo para las naciones más vulnerables”.

Concluyo tratando de evidenciar que en el embrollo crematístico que tanto dinero nos cuesta a los ciudadanos, es difícil, por no decir imposible, encontrar la virtud filantrópica, esa que auxilia por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y de su derecho. Así, el físico David Keith que encabeza desde hace varios años la investigación de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences de geoingeniería solar, es famoso por tener grandes inversiones en estos procesos, su dedicación al cabildeo en gobiernos y gestionar, junto con Ken Caldeira, el Fondo para la Investigación Innovadora del Clima y la Energía (FICER, por sus siglas en inglés), un fondo multimillonario para la geoingeniería financiado por Bill Gates desde 2007. Keith también comisionó un estudio a una empresa aeroespacial estadunidense que argumenta la viabilidad del despliegue a gran escala de las tecnologías de geoingeniería solar. No por casualidad la empresa pionera en geoingeniería Make Sunsets marcha viento en popa a toda vela y ha obtenido permisos de ensayos a gran escala, algunos ya realizados, en baja California. Y ya lo dice el refrán, el que da primero da dos veces … y esta empresa tiene las patentes y los recursos para convertirse en multinacional monopolística.