EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA
En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.
CASO FORESTALIA: OTRA PISTA DEL CONTUBERNIO ENTRE LAS ÉLITES DEL PSOE Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA
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El llamado «Caso Forestalia» se refiere a una investigación judicial y policial sobre presuntas irregularidades en la concesión de licencias para proyectos de energías renovables en España. La implicación de José Luis Rodríguez Zapatero, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, del ministro de Industria Jordi Hereu y la conexión con China, se centran en el papel de mediación del Gobierno de Pedro Sánchez en acuerdos comerciales estratégicos que ahora están bajo sospecha por tráfico de influencias y corrupción.
Forestalia es un conglomerado que suma cerca de mil empresas con sedes en Zaragoza y Madrid. Todas están subordinadas a la matriz incluida la multinacional Levitec y el grupo Nearco, grupo que administra buena parte de las plantas de renovables, algunas de ellas bajo investigación judicial. La propiedad mayoritaria del grupo Forestalia la ostenta Fernando Rivas Samper. En mayo de 2024, Forestalia firmó una alianza estratégica con CGE (China Green Electricity, vinculada al gigante CATL) con una inversión superior a los 1.000 millones de euros para la instalación del mayor sistema de autoconsumo industrial de España que garantizará el suministro eléctrico para la producción de baterías de CATL y Stellantis. A la firma de este acuerdo acudieron como invitados de honor los ministros José Manuel Albares y Jordi Hereu. Meses más tarde, Pedro Sánchez se reunió en China con el presidente de CATL, con quien Forestalia había firmado su alianza. Antes de acabar ese año, el presidente del Gobierno recibió a ese empresario chino en la Moncloa, a quien EEUU vincula al espionaje militar de Pekín.
Gracias a la difusión de una imagen de empresa «sostenible y verde» que corresponde a un claro «greenwashing» (lavado verde), junto con una estrategia consistente en infiltrarse en las instituciones con potestad en el medio ambiente y la energía, las empresas de Rivas Samper han logrado pingues beneficios gracias a la obtención de permisos y subvenciones que les han permitido erigir plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica en España, sobre todo en Teruel y Zaragoza. Así, según las investigaciones de la Guardia Civil, se infiltraron en el gobierno del PSOE en Aragón y untaron al exconsejero de Medio Ambiente, Joaquín Aurelio Olona Blasco. A la vez, se metieron en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y compraron, entre otras, la voluntad del exdirector y militante del PSOE, Jesús Lobera para que manipulara procedimientos técnicos y presionara a funcionarios para falsificar y aprobar informes de impacto ambiental de los proyectos del grupo en Aragón.
Asimismo, la Benemérita ha descubierto que, para obtener la aprobación de plantas eólicas y fotovoltaicas y subvenciones, Forestalia compró con millones de euros las voluntades del exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en los infaustos tiempos de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, de su esposa Montserrat Heredero, de los hermanos Alberto y Eduardo Pérez Águeda; y del notario Javier de Lucas Cadenas. En la vorágine de mordidas para obtener grandes beneficios infectos, Forestalia compró las voluntades del director de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y de la “fontanera del PSOE«, Leire Díez, al tiempo que transfería peculio a Servinabar, la empresa constructora sometida a investigación por corrupción de la familia Sumelzo y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Mediación de Zapatero: Diversas fuentes han señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de su «Lobby» porchino Gate Center como el facilitador del acuerdo de Forestalia con China Green Electricity y de la entrada en España de las empresas vinculadas al Partido Comunista de China.
Es el caso de la incursión de CATL, el líder mundial en baterías para vehículos eléctricos, quien construye junto a Stellantis una gigafactoría en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión conjunta de 4.100 millones de euros. La planta, operativa a finales de 2026, se especializará en celdas LFP (litio ferrofosfato) y producirá 50 GWh anuales. Así Zapatero y su Gate Center se consolidan como facilitadores de la entrada y negocios para sus clientes chinos en España.
Detalles de la implicación política:
Presunta manipulación de licencias: Se investiga si ex-altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica agilizaron declaraciones de impacto ambiental para favorecer a Forestalia. Así, los investigadores consideran al exsubdirector de Evaluación Ambiental de dicho Ministerio, Eugenio Domínguez, clave para que la empresa consiguiera las licencias que se negaban a otros promotores. Sospechan que Domínguez, durante la etapa de Teresa Ribera, también aceleraba sus proyectos en detrimento de otros. La firma de Fernando Samper obtuvo el visto bueno para el Parque Eólico Teruel Clúster Maestrazgo a través de un procedimiento insólito en julio de 2024, un año antes de que se rechazara el expediente de Matarraña, a pesar de que Green Capital había iniciado los trámites cinco meses antes.
Ofensiva parlamentaria: El PP ha registrado más de 30 preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno, exigiendo explicaciones sobre por qué Albares y Hereu «apadrinaron» contratos de una empresa que estaba siendo rastreada por la Guardia Civil.
Conflictos de intereses: Se examina si el Gobierno presidido por Pedro Sánchez utilizó su influencia diplomática para favorecer intereses privados de Forestalia en el mercado asiático a cambio de contraprestaciones políticas o económicas.
En abril de 2026, la macrocausa judicial y política del «Caso Forestalia» que investiga presuntas irregularidades administrativas, corrupción y delitos medioambientales en la tramitación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos por la empresa Forestalia por supuestos de trato de favor, pagos a excargos y daño al territorio, afectando a la credibilidad de la transición energética, sigue abierta bajo secreto del sumario en algunas de sus piezas. Al mismo tiempo, China sigue colonizando España.


