EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA
En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.
¿Es conspiranóico atisbar que las próximas elecciones generales que convocarán Pedro Sánchez y sus aliados serán plebiscitarias con un ¡YO O EL FASCISMO! que justifique una ley habilitante como: «La Ley para remediar la miseria del pueblo y del Reich» instruida por Hitler en marzo de 1933, o las perpetradas por sus amigos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro?
NB: 01/07/2026 – SOBRE LA LLAMADA LEY DE NIETOS
La “Ley de Nietos”: un instrumento más para perpetrar el golpe de estado.
El reconocido periodista, Francisco Rosell publicó el 1 de julio de 2026 en El Debate un artículo titulado “El ladrón de urnas Sánchez y la estafa de los votantes oriundos” con la siguiente entradilla: «Sánchez está resuelto a hacer saltar las urnas con esa explosiva carga de votantes oriundos con los que quiere pasaportarse su impunidad y la de quienes roban todo lo que tocan. A este fin, pretende certificar, como en el adagio latino, que «el pueblo quiere que le engañen». Y tras enumerar el rosario de imputaciones por todo tipo de corrupciones de la mafia gobernante concluye: «Sánchez está resuelto a hacer saltar las urnas con esa explosiva carga de votantes oriundos con los que quiere pasaportarse su impunidad y la de quienes roban todo lo que tocan. A este fin, pretende certificar, como en el adagio latino, que «el pueblo quiere que le engañen» («Vulgus vult decipi») usando sus medios al servicio de su manipulación y engaño». (Enlace al artículo)
¿Qué es la «Ley de Nietos?
No obstante, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática firmada por la entonces Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago (hermana del Ministro Oscar Puente) en el BOE: (ENLACE AL BOE) estableció que eran exiliados todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y …
En otras palabras, donde la ley exigía probar el exilio, una instrucción administrativa proclamó que bastaba con “acreditar” la salida de España en esas fechas. Con ello abrió la puerta a meter como “exiliados” a simples emigrantes económicos. La barbaridad jurídica es evidente: una instrucción no puede ampliar una ley ni inventarse una presunción que el Parlamento no aprobó. Y las consecuencias no son menores: nacionalidad, voto, libre circulación por la UE, ayudas públicas, pensiones y derechos transmisibles a descendientes.
Por lo demás, esta disposición parte de una falacia histórica monumental porque a muy pocos exiliados del Frente Popular, incluidos los dirigentes, se les retiró la nacionalidad española mientras que muchos volvieron a España durante el franquismo. Por otra parte, la inmensa mayoría se refugió en Francia mientras que el por entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, concedió asilo político a unos 20.000 refugiados españoles, siendo la «inmigración intelectual» (dirigentes e intelectuales del Frente Popular) unos 6.000. Los exiliados de la guerra civil en el resto de Iberoamérica fueron exiguos. Otra cosa fue la emigración económica que durante las décadas de 1940 y 1950 fue numerosa. Por consiguiente, permitir a supuestos nietos, bisnietos y tataranietos de exiliados, incluyendo también a quienes emigraron hasta el 31 de diciembre de 1955, es un alarde de manipulación grosera. De esta guisa, la documentación exigida a los pretendientes a españoles es tan amplia como trivial. Por ejemplo; se admite documentación de instituciones, sindicatos o partidos políticos reconocidos por España, por supuesto incluido el PSOE, o por el país de acogida que acrediten haber sido refugiados.
Las fuentes más precisas aseguran que se han presentado más de 2,5 millones de solicitudes, principalmente de Argentina, Cuba, México, Venezuela y otros países de Iberoamérica. El caso más alarmante es el de Cuba donde apenas se refugiaron 500 exiliados y aparecen 350.000 descendientes que piden la nacionalidad española, por lo que el departamento de Estado de EE.UU. se muestra preocupado por la posibilidad de que los dirigentes de la dictadura utilicen esta vía para eludir sus responsabilidades penales.
Reparemos que conceder la nacionalidad española por los mencionados motivos es una injusticia hacia los españoles por igualar en derechos a los nacidos, criados, educados y contribuido al erario del Estado español con quienes en su inmensa mayoría ni siquiera han pisado suelo español. Se trata de personas que no pagaron ni pagan impuestos, no sufren las consecuencias de las políticas nacionales y no conocen la realidad cotidiana de España. Así, la supuesta reparación de una conjeturada injusticia “histórica” se convierte en un derecho político heredado (lo hacen quienes critican y castigan las herencias de padres a hijos) que diluirá la soberanía y devaluará la capacidad de decisión de los que realmente habitan España y contribuyen al sostenimiento del Estado.
Por lo tanto, con esta maniobra el Gobierno de Sánchez trata de inflar el censo exterior y con ello facilitar un voto por correo (sin custodia estricta en algunos países) que podría alterar escaños en circunscripciones ajustadas.
De esta suerte, en los consulados podrán asignar arbitrariamente la provincia de voto a los nuevos nacionales si no eligen una expresamente. En provincias que reparten entre 3 y 5 diputados (como Zamora, Ávila, Palencia, Lugo, Orense, Asturias o Huesca), el último escaño en disputa se dirime habitualmente por márgenes de apenas unos cientos de votos entre los restos de los partidos tradicionales. Si en una provincia interior con un censo local envejecido y decreciente irrumpen de golpe entre 15.000 y 25.000 nuevos electores activos desde el exterior a través de la Ley de Nietos, «el peso específico de un voto emitido en Buenos Aires o La Habana pasa a ser matemáticamente superior y más decisivo para adjudicar un escaño que el voto de un residente local«.
A la par, obvio es que no pocos «nuevos españoles» sean dirigentes y sicarios de los regímenes de Cuba, Venezuela, México y Nicaragua y que, en un momento dado, puedan eludir sus criminales responsabilidades gracias al pasaporte español.
Hasta ahora se han concedido cientos de miles (alrededor de 300.000-500.000 registradas/aprobadas según fuentes recientes), lo que aumenta el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes).
La apoteosis de estas felonías la interpretó la lideresa de Podemos Irene Montero cuando posesa gritó: «Ojalá la teoría del reemplazo; ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante» mientras que nuestra nación se diluye, los sueldos y la productividad decaen y cada día la vida de la inmensa mayoría de españoles es un poco peor. Esta bomba de relojería avalada por la Conferencia Episcopal española encabezada por el arzobispo marxista-leninista Luis Argüello, además de alterar el censo futuro y favorecer a mafias y ONGs adheridas, ni siquiera se plantean que toda regularización masiva de inmigrantes (de hecho, es el perdón de un delito) introduce una discriminación contra quienes han llegado de forma legal, aquellos que han respetado las reglas, soportado un calvario burocrático que puede durar años, con altos costes económicos y psicológicos, esas gentes que tras acatar las leyes han descubierto, con perplejidad, que residir y trabajar en España de manera legal es un menoscabo.
Realidad objetiva:
Aumento significativo del censo exterior por esta Instrucción Seudoley. Es un cambio demográfico real y rápido. El incremento de nacionalizados ha provocado un aumento sin precedentes del voto exterior (CERA), destacando provincias como Madrid, donde en menos de tres años se sumaron 106.000 nuevos electores.
La externalización de las gestiones y la adscripción flexible a circunscripciones electorales suscitan dudas respecto a la fiabilidad y justicia del sistema para incorporar nuevos votantes. También existe un riesgo grave de irregularidades de un voto por correo en países con poca supervisión, posibles abusos en solicitudes masivas, o falta de verificación estricta de los requisitos.
‘Marque aquí’ su circunscripción
Para quienes no han vivido jamás en España, la normativa permite vincular su censo electoral al municipio donde sus antepasados tuvieron su última residencia, aunque en la práctica nada impide que decidan el que más les conviene.
Así, tras obtener el pasaporte, para inscribirse en el censo el nuevo español tiene que cumplimentar un formulario necesario, aunque no es obligatorio, donde elige el municipio al que se desea —según reza el documento— quedar «adscrito a efectos electorales». ENLACE AL DOCUMENTO DE DECLARACIÓN EXPLICATIVA
Como se evidencia, el formulario plantea diversas opciones para justificar la elección: «Municipio de última residencia», «de mayor arraigo propio» o «de mayor arraigo de ascendientes». Existe una cuarta opción: «Otros motivos (especifíquelos)». Esta opción es la que más alarma a conocedores internos del sistema. ¿La razón? Permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde ejercerá su voto —Cádiz, Cuenca o cualquier otra— alegando motivos difíciles de comprobar.
Así, los nuevos españoles pueden adscribirse a un municipio sin vínculo real, más allá de marcar una casilla en un formulario, lo que abre la puerta a que una parte de este electorado decida escaños en ciertas circunscripciones. También sucede que cuando el votante no ha especificado la circunscripción, es la oficina del censo electoral la que determina a qué provincia va ese voto. Alarmante es que, en las recientes elecciones autonómicas de Andalucía, el PSOE ganara en el voto extranjero (CERA) +5,2%, tras perderlas por 19 puntos en el voto presencial en las urnas.
Llegados aquí, es imprescindible resaltar que el Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a emigrantes a superar un complejo procedimiento para votar. Esta reforma causó un aumento claro en la participación del exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a alrededor del 10% en 2023, un incremento cercano al 47%.
La custodia del voto CERA
Tras la reforma electoral de la Ley Orgánica 12/2022 el 30 de septiembre de 2022 el gobierno de Sánchez y sus secuaces eliminaron el voto rogado. Así, ya no es necesaria la solicitud para votar en el exterior, sino que es la Oficina del Censo Electoral quien envía directamente a cada inscrito en el censo todo lo necesario para ejercer el voto desde el extranjero. Esto incluye papeletas, sobres, un certificado de inscripción en el censo y un manual con instrucciones.
El votante residente en el extranjero dispone entonces de dos alternativas. Puede acudir personalmente a su embajada o consulado, mostrar pasaporte o DNI ante un funcionario y depositar la papeleta en urna, igual que en un colegio electoral en España. O puede elegir la opción más “práctica”: enviar por correo la fotocopia del documento de identidad y el certificado del censo firmados dentro del sobre con la papeleta, al consulado correspondiente. Esta modalidad difiere significativamente del voto por correo dentro de España.
Tras el escándalo de compra de votos en Melilla en 2023, la Junta Electoral reforzó los controles del voto por correo, pero no los del voto CERA. Cuando se envía el voto desde el extranjero, nadie verifica la identidad en el momento de entrega; la fotocopia del documento viaja junto a la documentación y sólo se verifica posteriormente cuando el consulado y la Junta Electoral abren y validan los sobres. Así, la papeleta circula separada de los papeles que acreditan la identidad, todo a través del sistema postal internacional sin control presencial.
El informe de la consultora Freemarket Corporative Intelligence advierte que la «Ley de Nietos» incorporará hasta 1,3 millones de nuevos votantes extranjeros al censo electoral español. El estudio destaca que este torrente de votos tendrá un impacto decisivo y podría alterar las mayorías en futuras elecciones.
Impacto territorial: Más del 70% de estos nuevos electores proceden de Iberoamérica (destacando Argentina con el 40%, Cuba, Brasil y México). Distorsión en las circunscripciones: Dado que muchos de los nuevos inscritos no tienen arraigo directo en una provincia española específica, su voto podría terminar asignándose a provincias pequeñas y menos pobladas, alterando el peso de cada escaño.
Incertidumbre en los escrutinios: Las noches electorales perderán su capacidad para ofrecer resultados definitivos, ya que el recuento del voto exterior será matemáticamente superior y decisivo en circunscripciones con menor censo local.
La democracia es el voto de MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLÍTICA (DEMOS)
Sólo ellos pueden votar porque solo ellos serán beneficiados o perjudicados por lo que elijan.
¿Por qué no se permite votar a los que NO SON MIEMBROS? Porque no deben decidir quién y cómo gobernará una comunidad que no es la suya.
La comunidad política puede crecer, incluyendo nuevos miembros con ciudadanía y derecho al voto. Pero no puede componerse de miembros con todas las obligaciones, y de no-miembros con derecho a votar, pero sin ninguna obligación, como pretende la Ley de Nietos. Eso deja de ser democracia porque no hay demos con poder soberano sobre sí mismo.
Por estos motivos los españoles no podemos votar en las elecciones generales de Portugal, o de Francia, por mucho que nos gusten esos países, y pese a ser miembros de la Unión Europea. Y viceversa. Las democracias entienden la soberanía y la ciudadanía como derecho al sufragio de sus ciudadanos, con obligaciones y derechos propios.
Acciones legales:
El partido Antipartido: Iustitia Europa ha elevado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para fiscalizar las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Por su parte, Vox ha solicitado la nulidad de las instrucciones del Ministerio para frenar las concesiones.
Hazte Oír ha presentado una querella contra la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, por un presunto delito de prevaricación cometido mientras ocupaba el cargo de Directora General del Ministerio de Justicia. La asociación la acusa de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.
«Que la prudencia no nos haga traidores»
NB 23/11/2025
Atrincherado en una deleznable mayoría parlamentaria conformada por quienes tienen como primer objetivo destruir España, el sanchismo ha derivado en un régimen de corrupción administrativa desplegado sobre una trama sectaria que ha asaltado las instituciones, empresas públicas, semipúblicas como Indra Sistemas, S.A. y privadas estratégicas como Telefónica.
Dicha mayoría fue comprada por el PSOE con indultos y amnistías a los golpistas catalanes, privilegios y condonaciones de la deuda de Cataluña, blanqueado del partido de ETA que incluye el bienestar para los pocos etarras presos con la connivencia de los siempre alevosos del PNV, además de otras disfrazadas regalías mercadeadas en zahurdas de Suiza y Bélgica.
En realidad, a Pedro Sánchez Pérez-Castejón solo le falta el control del poder judicial para consolidar su ya despótico régimen. Lo lleva intentando desde el principio y, en buena parte, ya lo ha conseguido. Así, controla el Tribunal Constitucional, no tanto el Consejo General del Poder Judicial mientras que, la condena del fiscal general del gobierno por revelación de secretos por el Tribunal Supremo, ha confirmado que el fiscal de Sánchez, García Ortiz, emprendió una guerra sucia política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Semejante varapalo ha soliviantado y embravecido a Sánchez hasta el punto de que su ira puede romperle la mandíbula. Por ende, el gobierno ha redoblado sus ataques a los jueces que cumplen con su deber y azuzado a sus huestes mediáticas para que aseveren que, la condena al fiscal de Sánchez es un golpe judicial y los jueces que no se rinden a las órdenes del “puto amo” son prevaricadores. Esta campaña de agitación y propaganda solo tienen una explicación lógica: consumar el asalto al Poder Judicial de España.
Pensar que con los antecedentes históricos del PSOE y los ya consumados por Sánchez y sus secuaces, esta caterva no se atreverá a intentar un golpe que les consolide en el poder indefinidamente, es algo peor que una ingenuidad. Por consiguiente, me parece que la frase atribuida al filólogo y nacionalista catalán, Jordi Carbonell: «Que la prudencia no nos haga traidores», los españoles debemos de aplicárnosla de inmediato.
NB 23/09/2025: Publiqué este artículo el pasado abril, con la única pretensión de exponer una inquietud basada en datos históricos sobre los golpes de estado “de la ley a la ley”, cuya constante inicial es el asalto a las instituciones del Estado que permiten la imposición en el momento oportuno de “leyes habilitantes” con las que se implanta el nuevo régimen dictatorial, como sucedió cuando Hitler hizo aprobar la Ley habilitante en 1933 y Hugo Chávez en el 2000.
Ante esta lección histórica, el deducir la probabilidad de un proceso de liquidación de la ya corroída Constitución Española por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en contubernio con sus socios ultraizquierdistas reaccionarios y supremacistas catalanes y vascos, al entender que no solo puede ser derrocado como consecuencia de perder las elecciones sino que, además, como consecuencia de la enorme corrupción generada por su gobierno, hay grandes posibilidades de que él, junto con no pocos familiares y secuaces, terminen en la cárcel, no es, en mi opinión, una hipótesis descabellada.
Como detallaré, su régimen ha consumado el asalto a las instituciones y empresas públicas, semipúblicas y privadas estratégicas como: el Tribunal Constitucional, la fiscalía aún ocupada por un procesado por un delito de revelación de secretos, el Consejo de Estado, el CIS, Renfe, AENA, INE, Correos, RTVE, Banco de España, Agencia EFE, etc. etc. sin olvidar Indra, la empresa encargada de la defensa, ciberseguridad y el recuento de votos.
Y aunque sabía que el cabecilla de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, estableció desde los inicios de su partido “un horizonte de una república plurinacional y solidaria”, no imaginé que tras ser Vicepresidente del gobierno de Sánchez, luego propietario de un canal de TV y de una taberna, persistiera ahora en su objetivo de forma tabernaria, se dedique a amenazar escupir hiel y mencionar posibles fusilamientos con el obvio objetivo de meter prisa a Sánchez. Ante la obviedad de que las declaraciones de Iglesias Turrión son un alegato incitador de un golpe de estado, he añadido un corte del vídeo en que Iglesias declara sus deseos.
Y con ser un golpe de estado una amenaza terrible por las consecuencias que pueda tener, los nubarrones se ennegrecen aún más cuando se observa la posibilidad de que el probable golpe de estado del PSOE de Sánchez y sus secuaces, constituya la transformación de España en una colonia de la República Popular China, como de facto ya lo son numerosos países de África —One Belt, One Road en África— e Iberoamérica a través de la «diplomacia de la deuda» que en España se ha establecido con la Asociación Estratégica Integral entre China y España establecida por la estrategia de “El Frente Unido” que en palabras de Xi Jinping es «una importante arma mágica para reforzar la posición dominante del Parido, y para llevar a cabo el Sueño Chino del Gran Rejuvenecimiento de la Nación China».
El primer golpe de estado moderno “incruento”, de la ley a la ley, se remonta al conocido “18 de brumario” perpetrado por Napoleón Bonaparte al 9 de noviembre de 1799, con el que liquidó al inestable directorio que pretendía moderar la Revolución francesa. La consecución posterior de otros muchos golpes de estado cesaristas, a través de manipulaciones legales, llevó a la elaboración de diferentes tesis entre la que destaca “Técnica del golpe de estado” (Technique du coup d’etat – 1931) del periodista y dramaturgo italiano, Curzio Malaparte en la que, entre otros, desentraña varios golpes de estado; el Bolchevique y la táctica de Trotski, el 18 de Brumario, el de Primo de Rivera finalizando con la Marcha sobre Roma, de la que el propio autor fue partícipe, liderada por Mussolini con la que se inicia el golpe que estableció el fascismo.
Algunos autores aseguran que el ensayo de Malaparte inspiró a Hitler tras su fracaso en el Putsch de la cervecería de Munich. Sea cierto o no, fue una ley habilitante o de plenos poderes la que el Parlamento alemán concedió a Hitler en 1933, y sobre la que con velocidad de blitzkrieg estableció «legalmente» su tiranía. Y fue Carl Schmitt quien con “El guardián de la Constitución” (Der Hüter der Verfassung 1931) se convirtió en el jurista del Tercer Reich. Así, la ley habilitante fue aprobada por el Reichstag (Gobierno) y proclamada con el consentimiento del Reichsrat (Parlamento), estableciendo una enmienda constitucional que permitió la reforma de facto de la constitución al permitir al gobierno del Reich, encabezado por Hitler, solucionar las “Urgencias del Pueblo y la Nación Alemana” mediante las leyes que él considerara oportunas.
Establecido el modelo ley habilitante como recurso “temporal” de cesión de poder que el Parlamento concede al Gobierno para hacer frente a una situación de emergencia, (ver las leyes habilitantes decretadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela) para implantar un golpe constitucional, no deberíamos extrañarnos la admiración de Ínigo Errejón y Pablo Iglesias y demás líderes de Podemos, Sumar con sus ramas En Comú Podem, Compromís, Más Madrid, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, IU, ERC, PNV y Bildu por la figura de Carl Schmitt, por cuanto inspiran buena parte de su estrategia al ensayo “Teoría del Partisano” (1.ª ed. 1963) en donde el jurista nazi alemán establece los mecanismos legales para lograr «el estado total hobbesiano». Así, «El combatiente que criminaliza a su adversario y se propone exterminarlo por todos los medios. Es el combatiente irregular que se confunde con la población civil y ataca por sorpresa a las tropas regulares en la retaguardia. No porta sus armas a la vista, no se identifica como combatiente, y su lucha imprevisible no renuncia a nada que pueda dañar al enemigo».
En este corte, el mandamás de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, declara sus intenciones de forma tabernaria, escupiendo miedo y hiel y hablando de fusilamientos de establecer una república plurinacional y solidaria con el obvio objetivo de meter prisa a Sánchez.
A estas alturas, tras las infames e inconstitucionales leyes y órdenes del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, tal que la amnistía a los golpistas catalanes o la derogación del delito de sedición, junto con la ocupación de las instituciones y la corrupción sistémica en la que se evidencia a Mr. X en su persona, resulta estéril especular si el presidente del gobierno ha leído y asumido las estrategias golpistas de Gramsci, Ernesto Laclau-Chantal Mouffe y Carl Schmitt como hacen los jefes de sus aliados ultraizquierdistas y supremacistas. De hecho, los inspiradores de Benito Mussolini fueron notables intelectuales como Gabriele d´Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Alceste De Ambris y otros muchos. Igualmente, Sánchez se ha rodeado de centenares de avisados estrategas. Desde el jefe Diego Rubio, cuyo título de tesis doctoral “La ética del engaño: secretismo, transparencia y falsedad” es más que relevante, hasta inquietantes personajes como Ángel Alonso, Paco Salazar y el reciente fichaje Idafe Martin Pérez, un demagogo periodista habitual del insulto y recreador del término “fachosfera” en el compendio de artículos publicados en El País con el título “Libre de estilo: Cuentos de la fachosfera”.
Por supuesto, en este lote de Maquiavelos posmodernos globalistas arropadores serviles de Sánchez y admiradores del sistema de crédito social de la República Popular China (Enlace a “SECRETOS” DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL ENTRE CHINA Y ESPAÑA), no podemos olvidar al actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García y su mentor el reconocido masón el director general de asuntos políticos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España Antonio Hernández Espinal. Como admitir que apenas quedan restos de poderes independientes en el Estado español, y que Sánchez cuenta con los instrumentos suficientes para dictar la ley habilitante golpista que aniquile la Constitución, cuyos precedentes son los decretos declarados inconstitucionales que impusieron el estado de alarma por el COVID-19, demasiados cándidos de derechas e izquierdas no asumen que el PSOE puede perpetrar un golpe, a pesar de todos los indicios y de la historia del PSOE (enlace a CONCISA HISTORIA DEL PSOE .
Porque para la personalidad narcisista, egocéntrica y arrogante de Sánchez, es insoportable no deshacerse de los jueces cumplidores de la ley, de los pocos medios críticos, de las redes sociales donde se le critica o de la oposición radical de VOX, por lo que no hace falta más que observar sus mandíbulas desencajadas que evidencian su frustración, al menor episodio que trabe sus deseos. Frustración que multiplica al no lograr manejar y controlar el laberinto que lo acogota, incluyendo a los erráticos partidos que le sostienen con pinzas. Por consiguiente, teniendo en cuenta su currículo, es más que previsible que Sánchez y sus consejeros no vean otra salida para mantenerse, mejor dicho, perpetuarse en el poder, que imitar a Teseo cargándose al Minotauro que para él es el Estado de Derecho que con no pocos desaciertos determina la vigente constitución.
Cuando el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Alejandro Fernández, ha equiparado la “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana” que presentaron hace unos días JxSí y la CUP con la asamblea constituyente de Venezuela, advirtiendo que los independentistas han convertido Catalunya en una «autocracia«, opino que debería ampliar el foco y mirar al Palacio de la Moncloa.
Porque no hace falta mucha imaginación para sospechar que Sánchez, con el beneplácito de sus aliados; Sumar con sus ramas En Comú Podem, Compromís, Más Madrid, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, IU, más ERC, PNV y Bildu, convocará en el momento que mejor le convenga unas elecciones generales plebiscitarias revestidas por un Yo o el fascismo que, de triunfar, supondría la aprobación de una ley habilitante que imponga, como hizo el alemán nacido en Austria y luego un tal Hugo Chavez en Venezuela, su poder absoluto como Virrey del “Virreinato de China de los Pueblos de España” con un preámbulo de este estilo: Nosotras, nosotros y nosotres, miembros, miembras y miembres descendientes de los ancestrales pueblos y naciones de la península ibérica, trabajadoras y trabajadores de toda clase instituidos en jerarquías de dirigentes, administrativos y administrados, de la mano de nuestro caudillo y virrey Pedro Sánchez, iluminado por el pensamiento de Xi Jinping, nos declaramos súbditos de la República Popular China dirigida por el Gran Timonel y lingxiu (领袖) Xi Jinping.
Y no esperen nada de la UE cuya Comisión Europea amachambrada en la coalición de populares, socialistas, liberales y verdes regida por personajes como Ursula von der Leyen, Christophe Hansen, Kaja Kallas, Stephane Séjourné o Teresa Ribera, porque, como ya sucede en muchos países miembros, los golpes de la ley a la ley ya se están dando con la complicidad de los mencionados partidos.
Gracias a la difusión de una imagen de empresa «sostenible y verde» que corresponde a un claro «greenwashing» (lavado verde), junto con una estrategia consistente en infiltrarse en las instituciones con potestad en el medio ambiente y la energía, las empresas de Rivas Samper han logrado pingues beneficios gracias a la obtención de permisos y subvenciones que les han permitido erigir plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica en España, sobre todo en Teruel y Zaragoza. Así, según las investigaciones de la Guardia Civil, se infiltraron en el gobierno del PSOE en Aragón y untaron al exconsejero de Medio Ambiente, Joaquín Aurelio Olona Blasco. A la vez, se metieron en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y compraron, entre otras, la voluntad del exdirector y militante del PSOE, Jesús Lobera para que manipulara procedimientos técnicos y presionara a funcionarios para falsificar y aprobar informes de impacto ambiental de los proyectos del grupo en Aragón.
Es el caso de la incursión de CATL, el líder mundial en baterías para vehículos eléctricos, quien construye junto a Stellantis una gigafactoría en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión conjunta de 4.100 millones de euros. La planta, operativa a finales de 2026, se especializará en celdas LFP (litio ferrofosfato) y producirá 50 GWh anuales. Así Zapatero y su Gate Center se consolidan como facilitadores de la entrada y negocios para sus clientes chinos en España.
