Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas en España para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 por Pedro Sánchez, procedemos a actualizar este manifiesto con el mismo propósito y esperanza que nos impulsó publicarlo el 5 de julio de 2025. Obramos, por tanto, a su actualización hoy mucho más convencidos que entonces sobre necesidad de revertir las nefastas consecuencias generadas por el sanchismo para España y, por ende, para los españoles. No obviamos que estas elecciones han sido contaminadas por el gobierno mediante aviesas medidas y leyes como la “ley de nietos” y el consiguiente aumento desbocado de electores potenciales del voto CERA, las acaecidas compras de votos a través del voto por correo, las dudas respecto a la custodia de esos votos, junto con maniobras como la aprobación de los demagógicos reales decretos sobre la vivienda por la Diputación Permanente del Congreso donde el PSOE y sus secuaces tienen mayoría.

Los promotores de esta publicación sostenemos que, de los derechos y deberes fundamentales que el Título I de la Constitución vigente establece para todos los españoles, basados en la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la cultura y la educación, aunque no se expongan expresamente, también se desprende el sostén de nuestra tradición ética y filosófica que representa la tríada de valores conformada por la búsqueda del bien, la verdad y la belleza en todos los ámbitos, sobre todo en la conducta pública, la educación y la cultura. Esta tríada se cohesiona en la lógica de la interconexión entre la verdad, el bien y la belleza, pues lo que es verdadero es necesariamente bueno por tener una razón de ser, y lo que es bueno y verdadero se manifiesta como bello al ser captado por los sentidos o el alma.

Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el régimen sanchista, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos como aseguran Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iustitia Europa y Se Acabó la Fiesta (SALF), pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España.

Teniendo en cuenta que la oscura realidad que enfrentamos ha llevado a muchos sectores de la población a concluir que es necesario reformar varios artículos de la Constitución, con el objetivo de cimentar un estado de derecho sólido y efectivo, junto con la urgente derogación de las infames leyes dictadas por el régimen actual.

Teniendo en cuenta que el artículo 167 de la Constitución Española exige una mayoría de tres quintos (3/5) en ambas cámaras, es decir, 210 diputados y 159 senadores, para realizar las indispensables reformas para reinstaurar el estado de derecho en España proponemos:

Teniendo en cuenta que el sistema electoral, basado en la ley d’Hondt y en circunscripciones provinciales, castiga la división del voto de un mismo espectro ideológico. Consideramos que por el bien supremo de salvar a España y por ende a los españoles del naufragio que sufrimos, la única alternativa viable para impedirlo y lograr la mayoría parlamentaria para hacerlo, es que PP y Vox concurrieran juntos en una lista única para evitar la pérdida de «restos» en provincias medianas y pequeñas, donde el tercer o cuarto partido más votado suele quedar fuera del reparto de escaños.
Consideramos que en un escenario nacional donde ambos partidos suman habitualmente entre 188 y 200 escaños en el arco parlamentario, esta concentración del voto en la «España Vaciada» sumaría entre 10 y 15 escaños adicionales a esta alianza constituida sobre un programa claro a costa de la izquierda y en algunas provincias también del nacionalismo, superando holgadamente la barrera de los 200 diputados.
Consideramos que por causas que no son necesarias explicitar, sabemos que en el momento que exponemos esta propuesta ambos partidos no consideran pactar un acuerdo preelectoral. Sin embargo, por considerar que la gravedad de la situación implica superar sectarismos y prejuicios, por el mencionado bien supremo nos atrevemos a pedirles que se atrevan a pactar un acuerdo como el que proponemos o similar.
Consideramos, en fin, que esta propuesta hay que mejorarla, pero es tiempo, por urgente, de atreverse y provocar el debate.
Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el RÉGIMEN SANCHISTA, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España. 

LA FUNESTA AMNISTIA: Cuando iniciamos la redacción de este balance, se publican en los medios de comunicación las triunfales declaraciones de Carles Puigdemont desde Waterloo reivindicando la «victoria de la amnistía» y la derrota del Estado de derecho que califica como «represión de los poderes públicos españoles». Con este discurso, el líder supremacista separatista y golpista celebra el fallo del Tribunal Constitucional que, bajo la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, ha estimado por una mayoría de siete votos contra cinco el recurso de amparo de los líderes golpistas condenados por el Tribunal Supremo.

Con este fallo y la anterior Sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025 que el mismo tribunal avaló por mayoría la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024), el Constitucional presidido por Pumpido con mayoría de jueces próximos al PSOE, ha legitimado el fraude político que ha permitido gobernar a Sánchez durante la legislatura que acaba de concluir, quebrando la separación de poderes al actuar, sin legitimidad alguna, como tribunal de casación y cámara de revisión política que enmienda la plana al Tribunal Supremo. Asimismo, el TC DE Pumpido, al amnistiar la malversación, lanza el mensaje de que el desvío de dinero público con fines secesionistas queda impune si existe una negociación política de por medio. Peor aún es la legitimación del desafío soberanista, pues al anular las restricciones penales abre la vía para el regreso y la plena rehabilitación política de figuras clave como Carles Puigdemont, reactivando con ello el riesgo de un nuevo desafío a la unidad nacional sin consecuencias legales eficaces.

Estas sentencias son solo parte de las nefastas consecuencias para España del fraude consistente en la compra por parte de Sánchez de los siete votos de Junts en el Congreso (con otras fórmulas Sánchez también compró los 31 de Sumar, los 7 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los 6 de EH Bildu, los 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el de Coalición Canaria), pues constituyen una bomba de relojería que pone en peligro la existencia de España si no se pone en marcha inmediatamente la supresión de todas las leyes, reglamentos, asaltos a las instituciones y empresas perpetrados por el Gobierno de Sánchez, junto con las reformas de la Constitución cuyas carencias han hecho posible las felonías del régimen sanchista.

A este respecto, recordamos que un juez comete prevaricación judicial en España cuando dicta a sabiendas una sentencia o resolución manifiestamente injusta, según recogen los artículos 446 a 449 del Código Penal. Cuando es un gobernante quien traiciona, comprometiendo la paz, la soberanía o la defensa nacional, el Código Penal tipifica estas conductas en el Título XXIII (Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional).

Noviembre de 2019 (Campaña Electoral): Sánchez prometió explícitamente en televisión traer de vuelta al expresidente catalán a España para rendir cuentas ante la Justicia. Declaró: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Lo que nos compete es traerlo de vuelta y que comparezca ante los tribunales«. Asimismo, en la misma campaña electoral durante el debate televisado organizado en la Academia de Televisión el 4 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez reprochó al candidato del PP, a la sazón Pablo Casado: «A usted se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española».

Junio de 2021: Al defender la vía de los indultos parciales, Sánchez marcó la frontera de la legalidad excluyendo la amnistía. Afirmó textualmente en el Congreso: «La amnistía no es constitucional, el indulto sí. «El independentismo pide amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar porque no entra en la Constitución».

Noviembre de 2022 (Entrevista en televisión): El presidente insistió en que el marco normativo impedía categóricamente el perdón total. «El independentismo no pide indultos, pide una amnistía que este Gobierno no va a conceder y que, desde luego, no es constitucional».

Julio de 2023 (A 48 horas de las Elecciones Generales): Durante la campaña electoral del 23-J, Sánchez reiteró que su postura no variaría. Manifestó que el independentismo pedía la amnistía y «no la ha tenido ni la tendrá», asegurando que el PSOE se mantendría dentro del estricto ordenamiento constitucional que descartaba dicha figura.

Octubre de 2023 (Comité Federal del PSOE): Tras los resultados electorales del 23-J, que obligaron al PSOE a buscar el apoyo de los partidos independentistas catalanes para retener el Gobierno, Sánchez reconoció el cambio de posición. Pronunció la frase: «En política, para avanzar, hay que hacer de la necesidad virtud«, admitiendo formalmente el inicio de las negociaciones de la Ley de Amnistía con los golpistas de Junts y ERC que llevaron a cabo Félix Bolaños y Santos Cerdán, junto con el respaldo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las fases estratégicas.
Enero de 2024 (Defensa de la constitucionalidad): Sánchez asumió por completo el giro discursivo y acuñó el término «cambio de opinión» en lugar de mentira o traición. Argumentó que la amnistía, que antes consideraba contraria a la Carta Magna, era ahora una herramienta «perfectamente constitucional» destinada a asegurar «la convivencia y el reencuentro» entre catalanes y el resto de España.

CUATRO AÑOS SIN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO: Como consecuencia del desquicie ideológico y la suma de intereses del Frankenstein que sustenta al gobierno de Sánchez. Con ello Sánchez, además de ciscarse en el artículo 134.3 de la Constitución Española, ha hecho de su capa un sayo con el dinero de los españoles negociando bilateralmente con sus socios partidas fuera del foco, modificando los presupuestos caducados con créditos extraordinarios, suplementos de crédito o transferencias de partidas. Así, la recaudación tributaria del Estado español ha aumentado un 24%, impulsada por las reformas legislativas y la inflación. Si se analiza de forma acumulada toda la «era Sánchez» (desde 2018 hasta 2026), los ingresos del Estado se han incrementado en 177.000 millones de euros, lo que equivale a un aumento en la recaudación del 84,6% respecto a los niveles de 2018. Y todo ello lo ha hecho con el apoyo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien ha abanderado fórmulas y grupos de trabajo internos para examinar los conflictos de atribuciones presentados por partidos de la oposición respecto a la gobernabilidad sin presupuestos renovados y los límites de las prórrogas consecutivas.

EMPOBRECIMIENTO CAMUFLADO: Pese al constante triunfalismo con que alardea Pedro Sánchez con sus consignas de la España que sube como un cohete, la realidad establece que la mayoría de los españoles tienen que trabajar más para pagar mayores impuestos y recibir peores servicios públicos. Así, la ratio de ingresos sobre el PIB ascendió del 35% en 2018 al 38,3% del PIB en 2026. Un incremento de más de 3 puntos del PIB en un periodo de ocho años, una velocidad de crecimiento sin precedentes en la serie histórica. Asimismo, el régimen sanchista ha establecido un maquillaje de datos que oculta el desempleo real mediante la supresión de las cifras oficiales de los fijos discontinuos en periodos de inactividad, los demandantes con disponibilidad limitada para trabajar, las personas en formación o en cursos del servicio público y a los trabajadores con empleo parcial involuntario o baja remuneración. Cuando se suman todos los parados de verdad, se comprueba que el desempleo en España durante los últimos 8 años no ha bajado de los 3,5 millones de personas.

Otra artimaña del Gobierno de Sánchez ha sido implantar un seudocrecimiento o crecimiento artificial dopando el PIB a través del gasto público, la inyección de fondos europeos y un aumento de la población residente en España en más de 4 millones de habitantes en menos de 8 años que eleva el PIB agregado, pero que mantiene estancado el PIB per cápita.

Entre 2019 y mediados de 2026, España ha experimentado una profunda vicisitud socioeconómica marcada por una inflación acumulada de casi el 27 %, un estancamiento en el poder adquisitivo real de los salarios medios y un crecimiento demográfico histórico impulsado por la inmigración masiva y descontrolada. Así, el precio de los alimentos ha liderado las subidas, acumulando incrementos de más del 40 % en algunos productos básicos si se compara con los de mediados de 2019. Aunque el salario medio nominal aumentó progresivamente en España desde los 1.694 € mensuales en 2019 hasta superar los 2.055 € mensuales en 2026, este incremento ha sido aniquilado por la inflación. De hecho, el poder de compra real del sueldo medio es aproximadamente un 1% inferior al de 2019, e incluso un 4,6 % menor si se compara con la crisis de 2008.

El aumento desmedido de una población inmigrante mayoritariamente procedente de países del Sur Global, ha demandado atención sanitaria recurrente y otros muchos recursos del Estado como las dádivas derivadas del Ingreso Mínimo Vital, subvenciones clientelares vía ONGs, etc. Por otro lado, debido a la demografía se ha incrementado el número de personas que reciben pensiones públicas mientras que la política populista del sanchismo elude la ya inaplazable reforma del sistema de pensiones públicas que, de hecho, solo se sostiene gracias al incremento de la deuda del estado. Estas condiciones han generado una subida sustancial de costes del sistema sanitario y, en cierta manera, ha justificado el incremento de los empleados públicos mientras que se perpetraban medidas despilfarradoras clientelares. Ello ha supuesto, a pesar del mencionado incremento de impuestos, una deuda pública desbocada. Así, la deuda del Estado español se ha incrementado en cerca de 600.000 millones de euros durante el régimen de Sánchez, disparando el pago de intereses anuales y comprometiendo la estabilidad presupuestaria a cortísimo plazo.

LA INVASIÓN DE CEUTA: por más de 80.000 marroquíes ha mostrado con crudeza el maquiavélico desdén, falta de empatía hacia el sufrimiento de los ceutíes y un desprecio artero a la Nación Española por parte de Pedro Sánchez. Igualmente ha evidenciado su sumisión al globalismo, a las mafias de tráfico de personas y ONGs que se lucran de él, al contubernio con el lobby promarroquí del PSOE con la oligarquía económica, política y militar marroquí llamada “Majzén”, a la presión de las más de 1000 empresas españolas que han deslocalizado su producción a Marruecos y, en fin, que la sospecha de que el Reino Alauita tiene información comprometedora de Sánchez y otros ministros lograda mediante el software espía Pegasus consuma las causas de tanta pleitesía a Mohamed VI.

INMIGRACIÓN MASIVA Y DESCONTROLADA: Impulsada con premeditación y alevosía mediante “efectos llamada” y «puertas abiertas» que comenzaron con la acogida del barco Aquarius en 2018, seguida con falsarios acuerdos de control fronterizo con Marruecos, giras africanas a Mauritania, Gambia y Senegal defendiendo la regularización de la inmigración, regularización que Sánchez perpetró seguidamente con el Real Decreto 316/2026 del 15 de abril de 2026. Estas decisiones han supuesto la entrada a España desde 2019 hasta mediados de 2026 de más de 4 millones de inmigrantes legales y cerca de 500.000 ilegales, lo que ha significado un aumento de la población residente en España en más de 4 millones de habitantes en menos de 8 años. De esta manera, España superó por primera vez en este periodo los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero.

PRECARIZACIÓN LABORAL: Como consecuencia de flujos masivos e irregulares de inmigrantes y leyes laborales estultas que benefician las dinámicas de la globalización económica que buscan mano de obra barata, perjudicando los salarios y la estabilidad laboral de los trabajadores españoles.

VIVIENDA INASEQUIBLE DEBIDO AL GOBIERNO HIENA: Radiografía de los ocho años de Sánchez en vivienda: 4,5 millones más de habitantes, alquileres un 45% más caros, 393.000 pisos menos en oferta y, por consiguiente; comprar una vivienda es un 74% más caro que en 2018. El gran desequilibrio entre la oferta y la demanda derivado del mencionado crecimiento de habitantes que, en su inmensa mayoría, viven en ciudades, mientras que apenas se han construido 500.000 viviendas (desde 2019 en España se ha construido una media 8.600 pisos de VPO al año frente a los 60.000 de hace 15 años) tiene un gran responsable y se llama Pedro Sánchez.
Es la cerrazón ideológica y, sobre todo, el oportunismo sin principios de Sánchez y sus ministros y secuaces del Frankenstein lo que les impide comprender que LA NECESIDAD NO CREA DEMANDA.

No quieren comprender que ante la catarata de decretos leyes (Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo, Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda) que pretenden regular todo y supuestamente, defender a la parte débil, generando con ello una enorme inseguridad jurídica, DESINCENTIVA la inversión en vivienda.

¿Cómo van a invertir los particulares o los fondos buitres y no buitres en construir vivienda en España sabiendo que la bolsa, los fondos de inversión, la deuda pública, el oro y hasta las criptomonedas tienen menos riesgo y ofrecen más rentabilidad que la vivienda?

Porque además de las trabas burocráticas de todo tipo, los muchos y onerosos impuestos, las políticas energéticas inspiradas en la Agenda 2030 cuyo culmen esperpéntico y estulto es la generadora de desastres Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, la falta de capacidad de la red eléctrica es un cuello de botella que en 2026 ha dejado más de 80.000 viviendas terminadas o en desarrollo bloqueadas sin poder entregarse a sus compradores.

SANIDAD COLAPSADA: Debido al aumento exponencial de la población generada por la inmigración masiva y descontrolada, aumento que no ha sido compensado con el correspondiente aumento de financiación a la CC.AA. que no ha permitido el aumento proporcional de médicos y personal sanitario, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria.

EDUCACIÓN PRECARIA Y EN RETROCESO: Explicitada por los últimos informes PISA que muestran una caída en lectura, matemáticas y ciencias en España, situándose por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Además, varios estudios académicos señalan que el retroceso en el rendimiento académico de los estudiantes en España no solo se debe a la aplicación de la nefasta Ley Celaá (LOMLOE – Ley Orgánica 3/2020) que ha minado la exigencia académica al flexibilizar los criterios de repetición y promoción de curso, reducido el peso de la educación concertada y la gestión de los centros de educación especial, asimismo, con el aumento de alumnos extranjeros en las aulas españolas en los últimos 8 años, verificadores como Verificat indican que los estudiantes de origen extranjero suelen registrar un mayor retraso o fracaso escolar, debido a problemas de integración, lengua y nivel socioeconómico bajo.

DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA: Desde 2019 hasta octubre de 2026, las investigaciones judiciales en torno al Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se han ramificado en 22 causas judiciales.
1. Caso Koldo-Ábalos (Pieza Principal / Mascarillas)
2. Caso Koldo (Obra Pública).
3. Caso Puertos del Estado-Ábalos.
4. Caso Santos Cerdán (desglosado del Caso Koldo y del Caso Leire).
5. Caso ADIF.
6. Caso Begoña Gómez.
7. Caso Begoña Gómez pieza separada por el contrato de Red.es a Barrabés.
8. Caso David Sánchez («Hermanísimo»).
9. Caso Filtración de Secretos por el Fiscal General del Estado.
10. Caso Financiación Ilegal del PSOE.
11. Caso Plus Ultra.
12. Caso Plus Ultra pieza separada por las joyas de Zapatero.
13. Caso Leire (Rescate de Tubos Reunidos).
14. Caso Leire (Fontanera o Cloacas del PSOE – ver nota).
15. Caso Delcygate / Maletas de Barajas.
16. Caso Mediador (Tito Berni).
17. Caso Hidrocarburos.
18. Caso SEPI / Hirurok.
19. Caso Plus Ultra.
20. Caso Forestalia / Perserte.
21. Caso Air Europa / SEPI.
22. Caso Alfonso Carlos Moscoso.

Nota: El adelanto electoral retrasará la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Ferraz.
De los 22 casos, el Caso Koldo-Ábalos (Pieza Principal / Mascarillas) concluyó con una sentencia unánime del Tribunal Supremo dictada en junio de 2026 condenado a José Luis Ábalos (24 años y 3 meses de prisión por su delincuencia continuada durante su gestión ministerial) Koldo García (19 años, 8 meses y 1 día de prisión) y Víctor de Aldama (4 años y 6 meses de prisión).

El Caso David Sánchez («Hermanísimo») fue sentenciado por la Audiencia Provincial de Badajoz el 14 de julio de 2026 condenando a David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente del Gobierno) a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa en calidad de cooperador necesario y a Miguel Ángel Gallardo (exsecretario general del PSOE de Extremadura) por prevaricación administrativa.
Respecto al Caso Filtración de Secretos por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (ex fiscal general del Estado) fue condenado por el Tribunal Supremo a 12 meses de multa y 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos vinculado al uso de datos confidenciales de particulares.

EMERGENCIAS, CRISIS Y DESASTRES: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

Desde que Pedro Sánchez logró la presidencia del Gobierno en junio de 2018 hasta el momento que redactamos esta nota, España ha encadenado una serie de emergencias, crisis y desastres sin precedentes en la historia, cuyo culmen es la referida invasión orquestada por Marruecos de Ceuta el 30 y 31 de julio de 2026, cuando alrededor de 80.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera desde Marruecos.

COVID-19: España fue el quinto país del mundo y el primero de Europa con la tasa de mortandad más alta debido al COVID-19. Así, entre 2020 y 2023 fallecieron 121.886 personas, lo que equivale a una tasa de mortalidad acumulada per cápita de aproximadamente 245 muertes por cada 100.000 habitantes. Aconteció que, por motivos políticos espurios, el Gobierno de Sánchez permitió la manifestación feminista y otros espectáculos de masas el 8 de marzo de 2020, al calificar el riesgo para la salud pública en España como moderado (oficialmente solo 589 casos activos en toda España, 202 en Madrid). Luego se evidenció que el gobierno sabía que la circulación real del virus ese día era de más de 12.000 contagios concurrentes. Semejante canallada significó un enorme golpe sanitario y social para la población agravado por severos confinamientos bajo estados de alarma que posteriormente fueron declarados inconstitucionales. Al mismo tiempo, la centralización de compras de mascarillas y otros objetos sanitarios, supuso un estado de corrupción criminal orquestado por ministros del gobierno y soportado por falsos comités de expertos.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TAJOGAITE O CUMBRE VIEJA: Han pasado casi cinco años desde la erupción en La Palma (septiembre-diciembre de 2021) que duró 85 días. Entonces la lava sepultó más de 1.300 viviendas, 180 edificaciones agrícolas, 75 edificios industriales y hasta 370 hectáreas de cultivo que albergaban 1.360 fincas. Todo ello conllevó el realojo de miles de familias que habían perdido sus casas y que aún hoy permanecen bajo la ceniza o han desaparecido tras el paso de las coladas. Tanto el gobierno central como el autonómico no fueron capaces de acelerar las ayudas que han tardado más de 4 años en ser abonadas a los damnificados. Además, aún está pendiente la reconstrucción de que lo quedó bajo la lava, la recuperación de viviendas, cultivos, infraestructuras, negocios y, con ellos, la actividad económica y social de las zonas afectadas.

LA DANA: Popularmente conocida en el pasado como «gota fría» el 29 de octubre de 2024 provocó inmensas inundaciones que anegaron decenas de municipios de la provincia de Valencia y zonas limítrofes, provocando un trágico coste humano de más de 200 víctimas mortales y destrozos materiales masivos en viviendas, coches e industrias. El Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH), que recoge los episodios significativos de inundación fluvial registrados en España, demuestra que toda la península ibérica está expuesta a inundaciones, aunque destacan las cuencas mediterráneas, donde la gran riada de Valencia entre el 13 y el 14 de octubre de 1957 fue la última gran catástrofe de la zona que costó la vida a 81 personas en Valencia. Que pasados 67 años solo se haya realizado “El Plan Sur”, una colosal obra del franquismo terminada en 1969 que desvió el río Turia y que ha salvado a la ciudad de varias inundaciones incluida la reciente, deja en evidencia a muchos gobiernos incluidos los de la Generalidad Valenciana de Ximo Puig y el de Sánchez, en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) entonces dirigido por Teresa Ribera que en 2021, descartó y paralizó formalmente el proyecto de encauzamiento del Barranco del Poyo y otros causes adjuntos porque los 200 millones de euros que costaba no justificaba el beneficio proyectado y presentaba severas «trabas ambientales». Y fue el aumento exponencial y el consiguiente desbordamiento del barranco del Poyo la causa principal de la catástrofe.

También quedó de manifiesto la impericia de instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La primera respecto a las alertas de lluvias y la segunda sobre los avisos sobre el caudal del Barranco del Poyo. Y mientras la catástrofe aún se prolongaba, se evidenciaba la dejación de funciones del Gobierno de la Generalidad Valenciana y del Gobierno central de España, Pedro Sánchez; quien declaraba: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA: han aumentado exponencialmente durante los últimos 8 años con un notable incremento de fallecidos civiles y de brigadas de extinción, causando miles de heridos y desplazados, mientras que la superficie calcinada ha alcanzado máximos históricos, destacando especialmente el año récord de 2025 con más de 354.000 hectáreas devastadas y el 2026, que ha superado las 300.000 hectáreas. Sin desdeñar la parte de responsabilidad de las CC.AA. Pedro Sánchez culpabiliza a la “alarma climática” de estos incendios para camuflar la irresponsabilidad de su gobierno, sobre todo respecto a los medios aéreos contraincendios. Así, de la flota de 14 hidroaviones Canadair (10 del veterano modelo CL-215T y 4 del modelo CL-415) del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), solo 6 o 7 aviones están operativos por falta de mantenimiento y piezas de repuesto. La negligencia del gobierno ha sido ampliada aún más por cuanto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) extinguió en julio de 2026 el contrato para modernizar los hidroaviones de la flota estatal, tras cuatro años de bloqueo y sin ejecutar las mejoras previstas. «Si necesitan más recursos, que los pidan».

EL APAGÓN ELÉCTRICO PUEDE REPETIRSE: El 28 de abril de 2025, España, Portugal y Andorra sufrieron un apagón eléctrico sin precedentes que dejó sin suministro a millones de personas durante más de 24 horas, que paralizó los servicios esenciales, el transporte, las telecomunicaciones, los hospitales, la industria, etc. Aunque las causas del apagón eran evidentes desde el principio, problemas en el control de tensión y la estabilidad de la red por parte de la empresa semiestatal Redeia, presidida por Beatriz Corredor, una dirigente del PSOE sin formación para ejercer ese cargo, pero que es parte de la élite del partido acaparando empleos; ministra de Vivienda de Zapatero entre 2008 y 2010, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas (2010-2011), Diputada en el Congreso por el PSOE, etc., etc.

A las 12:30 del 28 de abril de 2025, según datos de REE, el mix de generación en España era el siguiente:
Solar fotovoltaica: 18.068 MW (53,34%).
Eólica e hidráulica combinadas: aproximadamente 20%.
Ciclos combinados: 1.635 MW (4,82%).

El resto (biomasa, cogeneración, etc.). En estas condiciones, cualquier desequilibrio súbito generaría una variación de frecuencia más rápida y profunda, limitando la capacidad de respuesta de las protecciones y aumentando el riesgo de desconexiones en cascada (Bollen, Understanding Power Quality Problems, IEEE Press, 2000). Quien permitió el riesgo fue Red Eléctrica de España (REE), cuya empresa matriz es Redeia. Así, se desbordó la función de control dinámico de frecuencia, tensión y absorción de reactiva de la generación sincrónica de las centrales nucleares, ciclos combinados de gas, fuel, carbón e hidroeléctricas, por lo que aquel mediodía de abril se produjo, tras unos 30 minutos de intensas oscilaciones de frecuencia, tensión, potencia y pérdidas de generación por disparo, una reacción en cadena que produjo el colapso hasta el cero de tensión en el sistema peninsular español. (Ver los principales beneficiarios del negocio de las fotovoltaicas: CÓMO CHINA COLONIZA ESPAÑA (ENLACE PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN).

Aunque el gobierno de Sánchez desde el principio se sacudió toda responsabilidad y oculta la inepta gestión y falta de previsión de Red Eléctrica —con informes internos desvelados en 2026 que prueban que conocían de antemano la inestabilidad de la red—, la persistencia de las tensiones en el sistema eléctrico español a lo largo de 2026 indican que por intereses espurios el gobierno no ataja los problemas estructurales que van desde las deficiencias del Operador (Red Eléctrica), las deficiencias de la red eléctrica vinculadas a la generación asíncrona continúan y se amplifican significativamente en 2026. Así, Red Eléctrica ya ha tenido que activar en múltiples ocasiones durante este verano el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), ordenando paradas a la gran industria para balancear el sistema ante caídas repentinas de fotovoltaica y eólica. Al mismo tiempo, las deficiencias y la saturación de la red eléctrica en España actúan en 2026 como un importante cuello de botella que frena tanto las nuevas inversiones industriales como el suministro eléctrico a miles de viviendas.

EL TRÁGICO ACCIDENTE FERROVIARIO DE ADAMUZ: Ocurrido el 18 de enero de 2026 tras el descarrilamiento de un tren Iryo y el posterior choque contra los vagones descarrilados de un tren Alvia que circulaba en sentido contrario, que causó 46 víctimas mortales y decenas de heridos graves, ha sido calificado por sindicatos, maquinistas e investigadores como la auténtica crónica de un desastre anunciado. Durante meses, y de forma crítica las horas previas, la infraestructura viaria acumuló una cadena sistemática de averías, alertas desatendidas y fallos tecnológicos. Asimismo, el informe de la Guardia Civil sobre el accidente señala la negligencia de Adif en el control, mantenimiento y gestión de la infraestructura, concluyendo que una rotura en la soldadura de la vía fue la causa principal del descarrilamiento.

Tras muchas declaraciones oficiales y extraoficiales, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (no es broma lo de sostenible), Óscar Puente, garantizando la máxima transparencia en la aportación de datos técnicos y sosteniendo que asumirá las responsabilidades necesarias derivadas de la investigación si se confirman fallos por acción u omisión, declaró que él no había sido quien había soldado el carril roto que causó el accidente.
Si bien con José Luis Ábalos al frente del antiguo Ministerio de Fomento (luego de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) entre 2018 y 2021 ya se hicieron evidentes problemas de falta de inversión y mantenimiento acumulados tanto en las carreteras como en los ferrocarriles que se tradujeron en retrasos en proyectos clave e incidencias puntuales en el servicio ferroviario de regiones como Extremadura o las cercanías, desde que Óscar Puente asumió el cargo de ministro del ramo en noviembre de 2023, la red ferroviaria española ha acumulado numerosos retrasos, averías técnicas y accidentes, el más trágico el referido en Adamuz, hasta convertir la alta velocidad en baja y arriesgada debido al estado de las infraestructuras. Lo mismo sucede con las cercanías y en Rodalies. Estas vicisitudes han generado una notable caída de usuarios y Renfe y ADIF AV acumulan cada día más pérdidas.

Mientras tanto y a pesar de los graves problemas que debería estar resolviendo, Oscar Puente se dedica a insultar y despotricar contra todo aquel que ose criticar a su Puto Amo Sánchez en la red social X. Su último sonoro desbarre aconteció poco después de que Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales con la siguiente frase: «Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva». Quizá ni Puente ni Sánchez, ni los restantes líderes y lideresas de la izquierda lunática que configura el régimen sanchista, sepan que la biología y la ecología consideran al buitre un animal sumamente noble y necesario, el auténtico «guardián silencioso» de los ecosistemas, mientras que por “El Rey León” sabemos que las hienas, que como los buitres comen carroña, mienten y engañan como hace la hiena Scar manipulando a su tropa prometiéndola comida ilimitada. Y ya sabemos cómo termina Scar.

Indignante y traicionera es la renuncia de soberanía de España sobre Gibraltar derivado del reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, un texto de 606 páginas y 336 artículos que decide la supresión de la Verja y redefine el funcionamiento de la frontera, mientras que, de hecho, confirma la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón. El documento será ratificado por el Parlamento Europeo y no pasará por el Congreso de los Diputados. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo calificó el acuerdo sobre Gibraltar como una capitulación histórica para los intereses españoles al suponer la “rendición total” y la “renuncia absoluta” a la soberanía política y económica de España sobre el Peñón. “Somos el único país del mundo que no controla sus fronteras”, ha denunciado el exministro, lamentando “profundamente” la “oportunidad perdida” tras el Brexit para reforzar la posición española. Tanto el PP como Vox han corroborado las palabras de García-Margallo añadiendo que compromete la seguridad nacional al permitir la libre circulación como parte del espacio Schengen.

La penúltima canallada perpetrada por un ministro amoral de un gobierno amoral fue la disolución del equipo de investigación de la Guardia Civil «Ares» dedicado a la investigación de delitos relativos al tráfico aéreo en el Aeropuerto de Barajas, como falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento, delitos que dicho equipo investigó respecto a la compañía venezolana Plus Ultra en el contexto del sospechoso rescate perpetrado por el gobierno. La secreta disolución se produjo tras la instrucción del expediente, el intento de boicot por parte de la fiscalía «¿de quién depende?» cuando iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora.

El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste».

Añadimos que todos los Gobiernos españoles se han esforzado en mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de las trabas impuestas por el país magrebí que siempre ha empleado la baza del chantaje con la inmigración y el tráfico de hachís. Pero nunca se había producido una sumisión tan indigna como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Porque es inconcebiblemente estulto, salvo que existan intereses o hechos inconfesables, olvidar o hacernos olvidar que desde que Marruecos logró la independencia en 1956, nos han atacado traicioneramente en 1957 -Guerra de Ifni-, en 1975 con la Marcha Verde y en 2002 en el islote de Perejil. Y todo ello unido a constantes reclamaciones y coacciones para apoderarse de Ceuta, Melilla, los Peñones (Vélez de la Gomera y Alhucemas), las islas Chafarinas y, solapadamente y con todo tipo de sibilinos chantajes, las Islas Canarias, mientras insultan y menoscaban a los aliados de Mohamed VI, Trump e Israel.

Este lema reivindicado por Vox y asumido en los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, responde a la constatación de graves discriminaciones a la población española en la concesión de ayudas públicas respecto a los inmigrantes recién llegados. Resulta que exigir justicia, como que los recursos públicos y las ayudas sociales se destinen de forma preferente a los ciudadanos españoles y a los inmigrantes con arraigo prolongado y demostrado, es denostado por el régimen sanchista y por la pléyade de organizaciones dedicadas a salvar náufragos de conveniencia, las numerosas redes de acogida y ONGs dedicadas a proteger exclusivamente a inmigrantes enarbolando la igualdad universal de derechos, pero nunca de obligaciones. Y sin matiz alguno, el enorme conglomerado protector de los inmigrantes acusa a quienes exigimos justicia distributiva y el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y el paso legal de nuestras fronteras, de racismo, xenofobia y supremacismo, incluidos los partidos y asociaciones que imponen altos perfiles de catalán y vascuence para el acceso a puestos de la administración local como barrenderos o limpiadoras.

Además del gobierno de Sánchez y sus aliados, entre quienes defienden la inmigración masiva destaca la Iglesia Católica en la voz del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Luis Argüello, quien, apelando al humanismo cristiano asegura que la dignidad humana es sagrada e intocable para cualquier persona, independientemente de su origen, y que el bien común ya no puede limitarse a una escala meramente local o estatal.

Esta rotunda postura de la cúpula clerical católica en España que está consternado a muchos católicos españoles, es difícil de encajar sin caer en mentises sobre los valores cardinales y teologales católicos que deben guiar la conducta humana: prudencia, justicia, fortaleza y templanza incluyendo los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.

Quizá estas discordancias se puedan disipar un poco si recordamos el resumen del alegato del sociólogo James Petras sobre las ONGs: «Las ONGs brindan a los progresistas oportunidades económicas y laborales, segundos salarios en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una «buena conciencia» y la remuneración económica dentro del sistema, con una palmadita en el hombro de las autoridades». Pues bien, entre las decenas de ONGs dedicadas a ayudar a los inmigrantes en España que han respaldado con fuerza la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de residentes indocumentados destacan las siguientes: Proactiva Open Arms, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones Accem, Cáritas Española, Migrantes con Derechos (Red de cooperación que unifica la acción de Cáritas, SJM, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de Religiosos (CONFER)), Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa, Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM España), CEAR, Asociación Cardijn, Vich-Asociación ELIN, Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Fundación Cruz Blanca, Asociación Puente de Esperanza, Cruz Roja y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El caso más reseñable, aunque el de las otras mencionadas no es desemejante, es Accem. Constituida en 1951 por la Conferencia Episcopal de entonces, en 1990, sin cambiar siglas, se reinscribió como entidad civil aconfesional sin ánimo de lucro, para poder acceder a líneas de subvención más amplias que las confesionales. Siempre administrada por la Conferencia Episcopal Española a través de religiosos y religiosas (monjas), en 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. Su estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Estamos ante una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al mismo ritmo que crece las llegadas de inmigrantes irregulares. Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 gestionó 486,9 millones de euros.

No tendremos una visión suficiente sobre este peliagudo asunto sin tener presente la potencia de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española agrupados y gestionados por su plataforma multimedia Ábside Media cuyos apéndices principales son: Cadena COPE (junto con un grupo de emisoras de radio generalistas y musicales (Cadena 100, Rock FM, MegaStar FM), Trece TV, el grupo Ecclesia conformado por un portal web y una revista mensual más el semanario Alfa y Omega distribuido a nivel nacional encartado en el diario ABC, perteneciente al grupo de comunicación Vocento.

Las críticas a estas ONGs que en su inmensa mayoría están al abrigo de la Iglesia Católica, se centran en tres ejes principales: el fomento del «efecto llamada» y la inmigración irregular, el cuestionamiento de su financiación con fondos públicos y la controversia por su apoyo institucional a regularizaciones masivas.

Y al considerar que las políticas del gobierno sanchista de inmigración masiva han generado graves problemas económicos y sociales, incluida la discriminación de los españoles, apuntamos las medidas urgentes para solventarlos que más adelante compilaremos junto con propuestas legislativas.

I. La erradicación de la inmigración masiva y descontrolada incluyendo la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y los legalizados que cometan delitos graves o reincidan.

II. Establecimiento legal de la «PRIORIDAD NACIONAL» para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, educación y servicios públicos por encima de los extranjeros que no cumplan los mínimos de un arraigo real, duradero y verificable de, al menos, 10 años trabajando y aportando al mantenimiento de la nación. Para ello es imprescindible modificar profundamente la Ley Orgánica 4/2000 y anular el Reglamento de Extranjería vigente (Real Decreto 1155/2024).

III. Anulación inmediata de todos los procesos de regularización y medidas y leyes que generen el “efecto llamada”, incluyendo el endurecimiento de las penas para las mafias de la inmigración ilegal, etc. Insistimos sobre las tremebundas consecuencias derivadas de la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales, cifra que tras solicitar la reagrupación para sus familiares, una vez cumplan con los triviales requisitos, ese medio millón se convertirán en unos meses en un millón y medio o incluso más para, en un cálculo demagógico irresponsable y cortoplacista, engordar las cifras de empleo, del PIB y de las afiliaciones a la S.S. con el fin de vendernos crecimiento y obtener votos de agradecimiento facilitándoles la pronta nacionalización española.

IV. Desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal de casas mediante el procedimiento penal rápido para enjuiciar delitos flagrantes con celeridad en el juzgado de guardia para obtener una sentencia en 24 horas mediante la aplicación sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero. Esta medida debe incluir la defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal.

V. Derogación inmediata de la “ley de nietos”, es decir, la cainita y sectaria Ley de Memoria Democrática presentada como una reparación histórica que, además de servir para lavar pasados canallescos, establece que aquellos descendientes de exiliados o emigrantes españoles que se remontan hasta 1936, -hasta nietos, e incluso en algunos casos hijos mayores de quienes ya accedieron a la nacionalidad por normas anteriores- tienen derecho a la nacionalidad española. Sobre este principio se ha desarrollado una cadena de producción en masa de nuevos españoles que, en su inmensa mayoría no ha pisado España ni aportado nada a la nación y que, por tanto. residen en el extranjero, pero que gozarán de la nacionalidad española y el consiguiente derecho al voto. Así, se prescinde de cualquier vínculo con España como condición para acceder a la nacionalidad española. Basta con acreditar una línea genealógica -a menudo reconstruida décadas después- para obtener un pasaporte y, con él, derechos políticos plenos. Las cifras hablan solas y estremecen: más de 2,5 millones de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades concedidas y una tasa de éxito del 98%.

Si esos nuevos españoles no viven ni trabajan en España, no han aportado ni aportan nada a la nación, tampoco van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar. Todos esos nuevos ciudadanos acaban en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que ya supera los 2,6 millones de inscritos. Y creciendo. Sin freno.

Teniendo en cuenta la doctrina que profesan, no es casual que los cinco ministros nombrados por Sánchez dirigentes de la coalición electoral de la extrema izquierda, Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego, se caractericen por haber realizado una gestión nefasta adornada de extrema arrogancia solo superada por quien dice encargarse de transportes y no se sabe que más sostenible, Óscar Puente Santiago, junto con la primera ministra de Educación de Pedro Sánchez, ejecutora de la redacción de la nefasta LOMLOE, Isabel Celaá Diéguez.

No es casual que Pedro Sánchez haya nombrado ministros de Cultura a dos catalanes; Miquel Iceta y Ernest Urtasun Domènech. Pero al contrario que su antecesor, Urtasun se crio en el burgués barrio barcelonés San Gervasio-La Bonanova, se licenció en Economía, aprobó las oposiciones del cuerpo diplomático en 2010 y siempre ha vivido de la política.

Sucedió que tras varias militancias políticas iniciadas en Acció Jove-CCOO y el Movimiento de Estudiantes Progresistas de la UAB, y pasar por el grupúsculo Jóvenes Verdes, Urtasun fue elegido eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV) en 2014, desde donde se catapultó hasta convertirse en dirigente de «Sumar».

Pero para entender su trayectoria política y sus decisiones como ministro de Cultura del Reino de España, es pertinente aclarar que Urtasun es hijo de militantes del PSUC, la rama catalana del Partido Comunista de España, y nieto de Jesús Urtasun Sarasibar, un falangista navarro que luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española y fue condecorado y premiado por Franco con la Medalla del Sufrimiento por la Patria y una pensión vitalicia a cargo del Estado. Así, Ernesto no estudió en una escuela pública, sino en el elitista Liceo Francés. Fue en la universidad cuando el joven Urtasun abrazó el batiburrillo esquizofrénico extendido en Cataluña que cabriola con el independentismo supremacista identitario al asumir el soberanismo —«sin independentismo», dicen—, todos los tópicos antiespañolistas y hispanófobos junto con los postulados wokes de la teoría crítica de la raza, el generismo vulgar de la teoría queer, el indigenismo y su agenda poscolonial, las agendas climáticas globalistas junto con el «derecho a decidir», que no es otra cosa que un confederalismo disolvente para España. Al asumir estos postulados ideológicos, que la gestión de Urtasun como ministro de Cultura sea renegar de España y su cultura es lógico.

Sin bagaje intelectual, en cada declaración o decisión Urtasun expone su ignorancia supina de la Historia de España al repetir las soflamas y tópicos de la leyenda negra. Así, a los museos españoles los califica como machistas, coloniales o franquistas. Como lo leen, incluido el Museo del Prado. Pacata minuta si se compara con su equiparación de la conquista española de América que creó la hispanidad con el genocidio cometido por el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo.

Despropósito tras despropósito, Urtasun asegura que la tauromaquia no debe ser nunca considerada cultura y por ello suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia y todas las ayudas al sector, al tiempo que impulsaba una Legislativa Popular (ILP): «No es mi cultura», buscando retirar el estatus de patrimonio cultural a la tauromaquia. Asimismo, ha puesto en marcha la «descolonización» de los museos estatales para «superar inercias etnocéntricas y promover una visión más crítica de la historia».

Que el tiro de Urtasun contra la tauromaquia y la hispanidad le haya salido por la culata, demuestra que un ministerio fundado en el intervencionismo y el clientelismo derivado de las subvenciones, es una lacra para la cultura y las artes de España. Su desaparición no solo supondrá quitarse de encima un aparato de propaganda sectaria camuflado y el reparto de dádivas a las voces del amo, también significará reducir gasto público y la devolución a la sociedad civil buena parte de la defensa y promoción del patrimonio y las artes y la mejora de la autonomía de quienes crean, comparten y transmiten los elementos inmateriales y materiales que definen la cultura y las artes. Para lograr estos objetivos es imprescindible promover el mecenazgo, la industria privada y el consumo cultural libre.

Como colofón de desatinos en materia de educación en España iniciado con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 de la época del PSOE del Felipato, que eliminó la cultura del esfuerzo y desincentivó el estudio, generando un clima de degradación de la disciplina y el nivel en la Educación Secundaria, tenemos la LOMLOE también conocida por Ley Celaá. Una ley que, además de profundizar en los errores pedagógicos de sus antecesoras, que han priorizado constructos teóricos y métodos constructivistas sobre la transmisión de conocimientos básicos, atenta contra la libertad metodológica de los docentes, impone cuestiones pseudocientíficas en su redactado y, a nivel burocrático, impone complicar el modelo de evaluación hasta el infinito. Eso sin entrar en su desarrollo curricular infame, repetido y producto de un determinado modelo educativo, cuya máxima es la dilución de todo tipo de conocimientos en transversalidades sin sentido. Su sustitución urgente debe contemplar los siguientes puntos:

I. Imposición del español como lengua vehicular única en todo el territorio nacional y la erradicación del adoctrinamiento ideológico.

II. Recentralizar las competencias educativas para asegurar contenidos comunes en toda España y la supresión de elementos ideológicos.

III. Elección del centro: Fomentar un sistema de cheque escolar para que las familias elijan libremente el centro educativo (público, concertado o privado).

Insostenible es el actual sistema de pensiones públicas pues se mantiene gracias a transferencias del erario obtenidas a través de deuda del Estado. Hablamos de un endeudamiento histórico disparado, camuflado por el gobierno que, además, tapa la «deuda implícita» que representa el compromiso futuro de pago a los trabajadores actuales, estimada en varias veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España.

Según informes del Tribunal de Cuentas de primeros de mayo de 2026, el Gobierno destinó cerca de 2.400€ millones de los fondos europeos «Next Generation» en 2024 para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Se trata de una ilegalidad manifiesta que ha escandalizado a los ciudadanos de los países más aportadores Mientras tanto, las trapisondas contables del gobierno de Sánchez camuflan que la deuda de la Seguridad Social supera los 136.000€ millones y que las pensiones se pagan gracias al aumento de la deuda, un agujero que, en agosto de 2025, se situó en 598.000€ millones y subiendo.

Por desgracia, esta realidad que amenaza gravemente el futuro económico apenas es abordada por la clase política por contener una cruda realidad; la necesidad perentoria de una reforma profunda del sistema que conduzca hacia un modelo mixto que combine el reparto actual con la capitalización individual, buscando la sostenibilidad a largo plazo.

Otro capítulo urgente ya apuntado es el incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad mediante ayudas económicas directas, deducciones fiscales proporcionales y en función de la renta, conciliación laboral, provisión de servicios de cuidado infantil, prioridad para el acceso a la vivienda protegida, etc.

Imprescindible y apremiante es la reducción del gasto público empezando por «el gasto político superfluo e ideológico» junto con una rebaja sustancial de impuestos que faciliten el emprendimiento y el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles.

Como demuestra la experiencia de varios países figurada en la curva de Laffer, existe un punto óptimo de presión fiscal que maximiza la recaudación; superar este nivel mediante impuestos excesivos desincentiva la actividad económica y reduce los ingresos públicos. Por tanto, con la reducción de los impuestos confiscatorios actuales aumentará la recaudación al fomentar la inversión, el empleo y la base imponible, lo que facilitará el acceso a la vivienda, la mejora de la sanidad, la educación, la seguridad jurídica y el orden público.

Vital es la reforma del IRPF para establecer un tipo único del 15% para rentas de hasta 70.000/80.000€ y del 25% para las superiores, dejando exentos los primeros 22.000€. Otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio, etc. deben abolirse. Asimismo, la reducción del IVA, sobre todo en productos básicos, y el impuesto de sociedades conducirán a la optimización de la mencionada Curva de Laffer.

Desde junio de 2018, a pesar de las estadísticas oficiales trucadas por el gobierno, la mayoría de los españoles ha constatado la disminución real y progresiva de su capacidad adquisitiva, especialmente desde el inicio de la crisis inflacionaria en 2021. Incluso con los datos oficiales, desde 2018, el poder adquisitivo ha disminuido alrededor de un 2%, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Otros análisis indican una pérdida del 5,5% desde la pandemia. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana: «España ha caído al puesto 15 del ranking de renta per cápita de la UE y, peor aún, obtiene un resultado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos analizados por la Comisión Europea».

El mencionado informe del Instituto Juan de Mariana también expone otros datos alarmantes como que España es «el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono escolar o el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales». Es lo que se deduce incluso de los retocados datos oficiales del IPC que exponen que la subida acumulada de precios en España entre 2020 y finales de 2025 llegó al 22,4%. Mucho peores son los datos respecto a bienes indispensables como la comida y la morada.

Así, en los alimentos el incremento de los precios en ese mismo periodo es superior al 40%, mientras que los precios de alquiler de vivienda en las grandes ciudades se han incrementado un 94%, mientras que la adquisición el incremento acumulado está entre el 30% al 45%, dependiendo de si se trata de vivienda nueva o usada y de la región geográfica.

Y mientras la burocracia estatal ha sido incrementada irresponsablemente por el sanchismo y la población productiva es masacrada con impuestos confiscatorios y trabas oficinescas, la mayoría se empobrece, puesto que el PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96% del PIB per cápita medio de la UE; en 2025 nuestro PIB per cápita fue un 18% por debajo de la media de la UE. Otras fuentes señalan que el PIB per cápita en la zona euro es sustancialmente mayor, situando a España unos 10.000 euros por debajo de dicha media.

Al mismo tiempo, los gobiernos presididos por Pedro Sánchez han incrementado constantemente el gasto partidista y clientelar, financiándolo con más impuestos, más déficit y más deuda. Deuda que oficialmente a finales de 2025 superó 1,7 billones de euros (3er trimestre 2025), un aumento de más de 400.000 millones de euros desde 2019 que supone el 103,2% del PIB. Este dato oficial es el de la deuda implícita (las obligaciones futuras del Estado que no se reflejan en la deuda explícita, como el pago de pensiones, garantías de préstamos, etc.) mientras que la deuda explícita es descomunal y se acerca al 500% del PIB, según el informe de la AIReF de 2024.

 

La justificación filosófica y económica de las subvenciones del Estado a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural (cine, teatro, danza, etc.) se basa en los beneficios sociales, la corrección de fallos de mercado y el ejercicio de derechos culturales. Estos argumentos sostienen que la cultura es un bien público que requiere apoyo más allá de la rentabilidad comercial inmediata. Sin embargo, esta loable intención ha sido instrumentalizada desde el Felipato (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) para influir cultural e ideológicamente estableciendo el clientelismo partidista y evitando la participación ciudadana que supondría la promoción privada del patrocinio y mecenazgo. Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, revisada por el Real Decreto Ley 6/2023, por cicateras, no han promovido el mecenazgo privado.

Las subvenciones del Estado no solo se reservan para entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, también y sobre todo a organizaciones y ONGs con claro sesgo ideológico izquierdista y woke. Obvia es la falta de transparencia en su concesión. Un ejemplo flagrante de opacidad absoluta y arbitrariedad son las dádivas otorgadas con los fondos europeos Next Generation. Asimismo, la opacidad reina en las subvenciones directas mientras que las sometidas a concurrencia competitiva se van achicando año tras año. En el caso de los gobiernos de Pedro Sánchez la pauta clientelar y de sometimiento con los informes «Fantasma», las ayudas a los amigos y la compra de medios no son relatos sino datos.

El inventario de subvenciones clientelares, para agitprop y familiares y amigos de los gobiernos de Sánchez es tan extensa que precisaríamos cientos de páginas solo para enumerarlas. Por ello solo reseñamos las que nos parecen más relevantes.

Para el control de los medios de comunicación, los gobiernos de Sánchez han destinado desde 2019 hasta 2026 la tremebunda cifra de 2.300 € millones para «publicidad» en los medios afines (destacando el Grupo PRISA, Antena 3, Cuatro, Huffington Post, AS, La Sexta, Efe, Eldiario.es y El Plural). Solo para 2026 ha destinado 271 € millones en estas subvenciones camufladas como publicidad institucional.

Empresa familiar: El Gobierno inyectó más de 700.000 € en ayudas a la empresa Industrias Plásticas Playball SL cuyo propietario y administrador es Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno.

El Grupo Inmark que absorbió una empresa dirigida por Begoña Gómez ha recibido 8 € millones de euros en subvenciones del Estado desde el año 2020.

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Desde 2021, ha recibido más de 83 € millones de euros en 412 subvenciones del Gobierno central.

El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Inclusión asigna 35,9 € millones de euros anuales específicamente a líneas relacionadas con migraciones (dentro de un total de 39 millones para el departamento). El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Igualdad superó en 2024 los 570 € millones que fueron concedidos sin concurso público a una lista extensa de organizaciones entre las que destacan la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas.

El gasto total autorizado en subvenciones en 2024 ascendió a 41.493 € millones y las estimaciones para 2025 sugieren cifras similares o superiores. Se estiman en más de 6.000 los organismos y empresas que recibieron ayudas y subvenciones, incluyendo ONGs, sindicatos (UGT, CCOO) y partidos afines (ERC, PSC), es decir, en «chiringuitos» clientelares.

Estamos ante una maquinación para eliminar los controles y contrapesos propios del Estado de Derecho resumidos en el imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente perpetrada por el plenipotenciario ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feliz Bolaños García quien proyecta modificar urgentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un modelo de oposiciones de futuros jueces y fiscales controlado por un centro dependiente directamente del Gobierno, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para controlar totalmente a los fiscales, junto con la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que pretende eliminar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.

Por si no estaba clara la conducta despótica y el obsesivo control para blindar su poder de instituciones, justicia, medios, empresas, redes, familias, cuerpos, sexualidades ajenas etc. del gobierno de Pedro Sánchez, en febrero de 2026 el mismo Sánchez ha declarado con solemne agresividad que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y perseguirá penalmente los usos «perversos» de mensajes de odio, “bulos” y manipulación de algoritmos que incluirán sanciones a directivos de plataformas que no cumplan sus mandamientos. Asimismo, aseguró que fundará y apoyará una «coalición de voluntarios» para lograr una gobernanza digital a su gusto.

Ante la evidencia de la deriva del sanchismo hacia un régimen totalitario, no pocos intelectuales, periodistas y ciudadanos creen que la UE le parará los pies sancionándolo debidamente. Sin embargo, los hechos desmienten esa esperanza por cuanto el Artículo 7 del Tratado de la UE que permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado miembro si se constata una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la UE, requiere un procedimiento políticamente difícil de activar por necesitar una mayoría cualificada. Es por este motivo por lo que nunca se ha activado a pesar de que dichos valores han sido boicoteados no pocas veces tanto por gobiernos de varios países miembros, como por la Comisión.

Si a este impedimento sumamos el dato filtrado procedente del informe titulado: “The EU Censorship Files, Part II” del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que expone con detalle cómo la Comisión Europea ha interferido y condicionado el debate político y las elecciones en al menos ocho países: en Irlanda en 2024 y 2025; Francia en 2024; Países Bajos en 2023 y 2025; Eslovaquia en 2023; Moldavia en 2024; y Rumanía ese mismo año. El caso de Rumanía resulta especialmente grave. Un tribunal anuló las elecciones presidenciales de 2024 por supuesta interferencia rusa en TikTok. Sin embargo, la propia plataforma informó a la Comisión que no encontró pruebas de esa campaña. Investigaciones posteriores demostraron que otro partido rumano había financiado la campaña atribuida falsamente a Rusia. Aun así, Bruselas utilizó el relato para justificar su intervención.

Esperar, por tanto, que con la configuración de poder de la actual UE que comanda la Comisión, cuya defensa de los valores democráticos sintetizados en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos es nimia por no decir antagónica, junto con las limitaciones del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia para la aplicación del Artículo 7 del Tratado, que la UE nos saque las castañas del fuego del totalitarismo sanchista es más que optimista ilusorio.

Consideramos que la regeneración política del Estado español debe afirmar el constitucionalismo frente al nacionalismo identitario, por consiguiente, el proceso de “Libertad Constituyente” deberá enfocarse en mejorar la seguridad jurídica por lo que apuntamos las siguientes sugerencias que no precisarán un procedimiento de reforma agravado (art. 168 CE):

1. Revisión del lenguaje y conceptos de la Constitución que, no pocas veces, son confusos o generan confusión. En concreto respecto a la insólita subordinación de la norma constitucional a “lo que dispongan las leyes” que significa que cualquier gobierno, en el caso del de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es obvio, tiene la capacidad de modificar la Constitución. Más confusión si cabe resulta de la utilización aleatoria de los términos “autoridades”, “poderes públicos” y la Jefatura del Estado, los estatutos autonómicos “garantizados”, etc. El Título de la Constitución peor conseguido, desde el punto de vista jurídico, es sin duda el Título VIII, dedicado al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, hasta el punto de haber sido considerado como un “desastre sin paliativos”.
2. España es una nación ancestral que se remonta a tiempos pre-romanos y romanos, la reconquista, el descubrimiento de América, la Hispanidad, el Siglo de Oro, hasta la España contemporánea. Esta larga trayectoria ha dejado una huella profunda en la cultura, el idioma, el arte y la forma de vida de los españoles. Esta historia compartida es un factor clave de la identidad nacional española.
3. Eliminar el término nacionalidades y regiones del Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
4. Modificar el Artículo 3: «El castellano español es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla
5. Modificar el artículo 6: Los partidos políticos expresan son expresión del pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres y sus estatutos y actividades están sometidos a la Constitución y a la ley. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y lo que disponga la legislación orgánica que regulará el carácter democrático de su estructura interna, su funcionamiento y su financiación pública o privada. La legislación reguladora de los partidos políticos incluirá a todos los organismos, asociaciones, sindicatos y fundaciones vinculadas a ellos
6. Título V de la Constitución española de 1978, titulado «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales», el cual abarca los artículos 108 al 116. Disolución automática de las Cortes (Congreso y Senado) y nuevas elecciones generales si el Gobierno no consigue la aprobación de los Presupuestos antes de fin de año.
7. Limitación estricta del gobierno ejecutivo por Real Decreto y Decreto Ley a decisiones ejecutivas sin repercusión presupuestaria o legislativa, como nombramientos y ceses o reorganización interna, y a circunstancias extraordinarias como catástrofes naturales y estados de alarma, excepción o guerra.
8. Adaptación de la destitución parlamentaria (impeachment) de miembros del Gobierno por delitos o incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones. Cese automático del Gobierno al término de su mandato sin posibilidad de prórroga por causas extraordinarias, y convocatoria automática de elecciones generales.
9. Ampliación del Artículo 117.1 para la separación efectiva de poderes: elección del Consejo General del Poder Judicial por los jueces y magistrados en activo, sin injerencia del Gobierno ni de los partidos políticos; control judicial de la Fiscalía, separada del Gobierno; protección de la acción y acusación popular como derecho fundamental no derogable ni limitable por ley ordinaria.
10. Desaparición del Tribunal Constitucional, sustituido por una sala especial del Tribunal Supremo con funciones claramente limitadas al control de constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales.
11. Modificación del Artículo 71: Supresión de todos los aforamientos de cargos públicos, y ascenso de la transparencia para el control de las administraciones y entidades públicas a exigencia legal de obligado cumplimiento mediante sanciones efectivas.
12. Modificación del artículo 9.3 para establecer con nitidez la protección de la seguridad jurídica mediante el control previo de constitucionalidad (derogado por Felipe González en 1985) que inhabilite decretos y leyes de cualquier ámbito que contradigan o modifiquen la Constitución y las leyes vigentes aprobadas por el Legislativo.
13. Modificación del Artículo 22 (Derecho de asociación) para prohibir aquellos que persiguen la secesión de una parte del territorio nacional o su entrega a una potencia extranjera, de los que pretendan sustituir la democracia liberal por dictaduras o sistemas totalitarios, y disolución de aquellos condenados por terrorismo, sedición y crimen organizado, impidiendo su refundación enmascarada bajo nuevas siglas y denominaciones.
14. Aclarar el Título VIII para establecer la redistribución del modelo y competencias territoriales, e igualdad ciudadana de derechos y obligaciones: lista de las exclusivas del Estado intransferibles (que incluya sanidad, seguridad y educación), lista de competencias autonómicas y lista de competencias municipales, evitando en lo posible solapamientos, redundancias y ambigüedades.
15. Modificación del artículo 141 10 con el objetivo de suprimir las diputaciones provinciales y entidades administrativas redundantes, de ministerios y direcciones generales cuyas competencias sean de titularidad autonómica o municipal. Eliminación de las disposiciones adicionales que elevan privilegios anacrónicos a “derechos históricos”, suprimiendo el régimen fiscal de Concierto y Cupo o Aportación.
16. Modificar el Artículo 27 con el fin de establecer claramente la obligación de ofrecer educación en español a lo largo de todo el sistema educativo, de primaria al doctorado, prohibiendo la inmersión lingüística obligatoria de alumnos hispanohablantes, con el aprendizaje de lenguas cooficiales autonómicas como opción optativa, y con la educación en lengua cooficial como opción electiva que también deberá garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades básicas. Veto de las barreras de acceso a ayudas y empleos públicos por exigencia abusiva de la lengua cooficial.
17. Modificación del Artículo 23 para instituir la exigencia de residencia habitual en España, incluyendo domicilio fiscal, para derecho al sufragio activo y pasivo (candidaturas a cargos públicos y voto), distinguiendo la nacionalidad de la ciudadanía de modo que la posesión de la nacionalidad, por nacimiento o por adquisición legal, no sea equiparable a la plena ciudadanía activa.
18. Ampliar el artículo 18.2: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La propiedad de la vivienda es un derecho del ciudadano español, derecho que debe protegerse contra el allanamiento de morada y la falsificación contractual de manera contundente y rápida, a través de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial, en el momento que el propietario observe que la vivienda de su propiedad ha sido allanada
19. Ampliar el artículo 20.2: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni secuestro informativo.
20. Modificar el Artículo 27.2: El Estado tiene la competencia exclusiva de la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.
21. Modificar el Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita será financiada a través de los presupuestos generales del Estado.
22. Eliminar el “tutelaran” del Artículo 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
23. Modificar el Artículo 33.3.: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Cuando por los mencionados motivos, se tenga que expropiar una propiedad privada, el Estado debe indemnizar al propietario mediante un justiprecio ponderado, justiprecio que prioritariamente debe de ser acordado y en caso contrario determinado objetivamente por un tribunal especializado.
24. Eliminar frase del Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos
25. Eliminar el Artículo 54.
26. Eliminar el punto 4 del Artículo 57.
27. Modificar apartado i) del artículo 62: Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales ni amnistías.
28. Modificar el Artículo 68Considerar la posibilidad de modificar la circunscripción electoral, actualmente la provincia, por circunscripciones más amplias o incluso a nivel nacional para mejorar la representatividad. Con ello se facilitaría una nueva ley electoral más representativa.
29. Eliminar los puntos 2, 2 y 3 del artículo 71.
30. Modificar el Artículo 73.1: Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a julio.
31. Modificar y añadir texto al punto 2 del Artículo 98: El Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Nadie podrá ejercer el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del gobierno más de dos períodos consecutivos.
32. Modificar el punto 3 del Artículo 123: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán elegidos directamente por los propios jueces y magistrados, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
33. Modificar el punto 4 del Artículo 124: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial quien podrá vetar la propuesta del Gobierno y reclamarle otro candidato.
34. Ampliar el Artículo 139: 139.3: El Estado tiene la competencia de garantizar la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales dentro del territorio nacional, así como la eliminación de barreras y obstáculos que puedan surgir entre las diferentes comunidades autónomas, asegurando, con ello, la igualdad de las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica en España.
35. Eliminar frase del Artículo 149ª: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
36. Ampliar el Artículo 149: 33ª: La educación en todos los ámbitos y fases.
37. Modificar el Artículo 150.2: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Se excluyen las transferencias o delegaciones de aquellas competencias exclusivas del Estado referentes a las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad, la planificación, gestión y disciplina urbanística y del acceso a la vivienda y a la educación.
38. Modificar el Artículo 159.1: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
39. Modificar el Artículo 167.3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

 

I. Control mediante expulsión o internamiento de todos los inmigrantes ilegales.

II. Expulsión de aquellos solicitantes de asilo rechazados, así como de delincuentes extranjeros.

III. Ayudas económicas en especie y nunca en efectivo a los más necesitados.

IV. Prioridad absoluta para la concesión de ayudas sociales y acceso a la vivienda para los ciudadanos nativos españoles.

Anulación de todas las leyes, programas, instituciones, subvenciones y propagandas dedicadas a sustentar la tesis del cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) incluyendo el Pacto Verde Europeo, el Programa LIFE «Objetivo 55», el de alcanzar la reducción del 90 % de las emisiones netas para 2040 (los 4 de la UE). Por supuesto, consideramos imprescindible la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y el Plan de emergencia climática.

VI. La red eléctrica española está saturada y tiene graves problemas de inestabilidad, debido al demencial y corrupto programa de “transición energética” que implantó y sigue imponiendo (VER QUIENES SON LOS GRANDES APROVECHADOS los gobiernos españoles desde la perniciosa época de J. L. Rodríguez Zapatero con las subvencionadas “renovables” eólias y solares. Para evitar que el colapso eléctrico de abril de 2025 se repita y que los gastos de renovación y expansión de la red nos arruinen, es tan urgente como imprescindible elaborar un plan de mantenimiento de las centrales nucleares y la instalación de nuevas con reactores de Generación IV, complementadas con Reactores Modulares Pequeños (SMR). Al mismo tiempo, es necesario implementar un plan urgente de ampliación y renovación de las Centrales Hidroeléctricas basadas en el Bombeo Reversible.

VII. Reforma URGENTE del sistema público de pensiones de España y del sistema fiscal que incluya la anulación del impuesto sobre el patrimonio, reducciones notables y progresivas en el IVA, IRPF, trabajo, autónomos y sociedades para que la presión fiscal actual del el 36,7% del PIB se reduzca al 25%. Menos regulaciones, menos impuestos y más mercado libre.

VIII. Reforma de la Ley Orgánica 1/2025 que expulse y encarcele a los “OKUPAS” ipso facto. Promoción del «alquiler con opción a compra» mediante incentivos fiscales y programas financieros público-privados. Además, es preciso implementar un programa de incentivos para recuperar población en las zonas que la han perdido en los últimos años que incluya la rehabilitación de viviendas antiguas.

IX. Un ambicioso proyecto para fomentar la natalidad mediante incentivos fiscales y financieros.

X. Modelo familiar tradicional: rechazo de la “ideología de género “, solo dos sexos biológicos, oposición a cirugías de cambio de género en menores.

REFORMAS LEGISLATIVAS Y ESTRUCTURALES

Son propuestas que pretenden afianzar la libertad, la seguridad jurídica, la división de poderes y el fortalecimiento social, económico y cultural de los españoles.

Si, como deseamos y tratamos de impulsar, el pacto para asentar el estado de derecho en España prospera y se logra la mayoría contundente en ambas cámaras de representantes, las primeras medidas del gobierno resultante deberán establecer un calendario urgente de derogación de TODAS las leyes perpetradas por el PSOE y sus adláteres y la aprobación de las leyes alternativas. Por supuesto, otras medidas urgentes como auditorias en ministerios, instituciones, empresas públicas y semipúblicas son imprescindibles para lograr los mencionados objetivos.

Leyes derogables sin necesidad de otras alternativas: En nuestra opinión, son derogables inmediatamente, con una sola ley ómnibus y sin necesidad de alternativa, las siguientes leyes:

Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la Justicia.

Ley Orgánica 1/2024 de amnistía.

Real Decreto 1155/2024 reglamento de extranjería.

Ley 4/2023 trans y de derechos LGTBI.

Ley Orgánica 2/2024 de “paridad”.

Ley 1/2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la seguridad global.

Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera.

Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda.

Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual “solo sí es sí».

Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación “Zerolo”.

Ley orgánica 14/2022 de reforma del Código Penal.

Ley 20/2022 de memoria democrática.

Ley Orgánica 3/2021 de Eutanasia.

Ley 12/2021 “Rider”.

Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral y el siguiente RDL 2/2022.

Ley 4/2020 del Impuesto sobre servicios digitales.

Ley 5/2020 del impuesto sobre las transacciones financieras.

LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Última modificación: 07 de septiembre de 2022).

«La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

La llamada Ley VioGén junto con los Sistemas del mismo nombre en todos y cada uno de los ministerios del gobierno sanchista, fue diseñada para combatir y erradicar la violencia que los hombres, solo los hombres, ejercen sobre las mujeres como «manifestación de discriminación y desigualdad», por consiguiente, impone la inversión de la carga de la prueba privando con ello la presunción de inocencia del hombre por el mero hecho de serlo. De este modo instaura una presunción “iuris et de iure” (sin posibilidad de prueba en contrario) de que la mayor reprochabilidad jurídico-penal es debida a que esas formas de maltrato o violencia se ejecutan con ánimo machista, por el mero hecho de que la víctima es una mujer a la que el hombre quiere dominar. Su sustento, desde la exposición de motivos hasta la disposición final sexta, es la «ideología de género» (o teoría queer) pues impone que la identidad es una construcción puramente discursiva o de voluntad individual, ignorando la realidad material biológica y su papel en la reproducción social. Semejante despropósito aplicado al derecho penal, destruye la neutralidad jurídica al imponer algo indemostrable, que una agresión ocurra estrictamente «por ser mujer».

Trascurridos cerca de 20 años de aplicación de la ley Vio-Gen, los resultados son lamentables en todos los aspectos excepto para quienes disfrutan del entramado institucional y sus sucursales conformadas por numerosas asociaciones, consultorías y ONGs. Para empezar, hay que destacar que las denuncias de las mujeres se han disparado año tras año (alrededor de 579 diarias en cada trimestre de 2025) y aunque han bajado un poco los llamados feminicidios (más de 1.300 desde 2004, con decenas anuales) es evidente que el diagnóstico del problema ha fallado y, lo que es peor, ha deteriorado las relaciones de afectividad entre mujeres y hombres por un reiterado uso instrumental que dificulta la reconciliación o los acuerdos amistosos, lo que ha generado un clima de desconfianza mutua que se ha extendido al clima social.

Cuando se verifican los datos recientes se comprueba un enorme enrarecimiento de las relaciones de pareja y un desbalance que prueba una vez más que lo justiciero no es justicia. De las más de 16.000 sentencias dictadas en el segundo trimestre de 2025, el 82,58% fueron condenatorias para los hombres. Peor aún son los datos de los 108 juzgados exclusivos especializados de violencia sobre la mujer cuya tasa de condena durante dicho trimestre fue el 93,31%. Sin embargo, de las más de 50.000 denuncias anuales en los últimos años, las denuncias se han disparado hasta el punto de que solo en el segundo trimestre de 2025 hubo 51.897 según los datos del Poder Judicial, sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado.

Y a pesar de la considerable cifra de recursos públicos destinados a la aplicación de esta ley que para el año 2025 supusieron 179,8 € millones, más fondos procedentes de la UE, CC.AA., Diputaciones, etc. suma que no incluye los costes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en violencia de género (Ministerio del Interior), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Justicia), ayudas de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), se suceden pifias en la protección de menores, desbarajustes en los recursos dedicados a las víctimas (solo se contemplan como victimas a las mujeres, los hombres nunca pueden serlo según esta ley), etc. En realidad, estamos ante un tinglado justificado en supuestos derechos a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, a trabajar o dejar de hacerlo, a opacas ayudas económicas, a planes de sensibilización, etc. cometidos por delegaciones, subdelegaciones, secretarías, observatorios institucionalizados, asociaciones todas ellas contra la violencia de género, con sus miles de expertos y especialistas dedicados a prevenir lo que a todas luces no previenen constituyendo con ello una formidable industria leguleya.

En el entramado institucional destacan Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales, Red de Puntos Violeta, Unidades de Violencia sobre la Mujer con delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, más recursos locales en Ayuntamientos y Diputaciones a través de sus Centros de Acción Social (CEAS), Red de Puntos Violeta y otros centros asesores específicos para la mujer en cada comunidad autónoma.

De entre las decenas de asociaciones y ONGs subvencionadas por el Estado sobresalen: Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Ana Bella, Fundación Amaranta, Asociación Malos Tratos, Asociación Clara Campoamor, FAMUVI, APRAMP, Asociación MUM, Fundación Aspacia, Asociación Stop Violencia de Género Digital, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Victoria, ONG Rescate, Asociación Por Ti Mujer, Asociación ALANNA, Asociación Somos Más, INPAVI, Caritas Española, Plataforma de Infancia (YMCA, ANAR, Fundación Diagrama y Fundación Márgenes y Vínculos), Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Fundación Aldaba, ABD, ADAVASYMT, Fundación Alma, OVIM (agrupa Associació Hèlia y Almena Cooperativa Feminista y colabora con “Madres Protectoras”, una red investigada por la justicia en varias ocasiones por ofrecer asesoramiento y ayuda a madres para huir con sus hijos cuando pierden la patria potestad a favor del padre.

Algunos pocos juristas y algún filósofo se han atrevido a criticar esta ley. Remarcable nos parece la de Javier Pérez Roldán en «Visión Crítica de la Ley de Violencia de Género» denunciando el negativo impacto en el derecho de familia y la desigualdad de trato procesal de esta ley.

Mención honorifica merece el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora al advertir como la ley VioGén aplica la desigualdad penal y el trato diferenciado, por cuanto el castigo para ciertos delitos es mayor si el agresor es hombre y la víctima es mujer. Según De Lora, esta diferenciación atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que no se basa en el acto en sí, sino en el sexo de los implicados. Asimismo, de Lora cuestiona el concepto de «violencia de género» señalando las aporías que surgen cuando la identidad de género se vuelve una cuestión de voluntad (autodeterminación), lo que podría invalidar la lógica de protección específica para el sexo biológico femenino.

La mayor repercusión mediática lograda respecto a esta ley ha sido la reciente publicación, fruto de años de investigación, de “Esto no existe” del periodista de investigación, Juan Soto Ivars donde denuncia:

Abuso del sistema: ya que el marco legal actual facilita que algunas personas, especialmente en procesos de divorcio, interpongan denuncias falsas por violencia de género, con consecuencias devastadoras para los hombres acusados (pérdida de hijos, ruina económica).

Víctimas invisibles: al enfocarse solo en la violencia machista tradicional, el sistema ignora a hombres y niños que sufren maltrato y a mujeres que no son «santas» o que son instrumentalizadas, creando una visión simplista de la violencia.

Falta de debate y polarización: reprocha como desde el poder se impide un debate social honesto sobre los fallos de la ley, tachando de «negacionistas» o «machistas» a quienes señalan problemas, lo que polariza y evita la mejora del problema.

Consecuencias nefastas para hombres y, sobre todo, para los niños: sostiene que los hombres denunciados falsamente son también víctimas de maltrato por parte del sistema, sufriendo un daño profundo y a menudo incomprendido.

Invisibilización de datos: al haber impuesto un tabú social y político que oculta la realidad de las denuncias falsas.

Quiebra del Estado de Derecho: al establecer penas diferenciadas por sexo, lo que es incompatible con la igualdad jurídica y la presunción de inocencia.

Inacción institucional ante las denuncias falsas: puesto que la Fiscalía General del Estado no persigue de oficio las denuncias falsas, favoreciendo con ello un uso instrumental de la ley.

«Nacional-ginocentrismo»: Define la narrativa de género actual como una forma de «nacionalcatolicismo de izquierda» que impone un pensamiento único.

Necesidad de una ley mejor: Juan Soto Ivars no propone explícitamente la derogación de la Ley Vio-Gen, sino que aboga por abrir un debate crítico sobre sus «efectos secundarios» y avanzar rápidamente a su reforma integral para que proteja a todas las víctimas reales y no sea un arma en disputas personales, aportando rigor y datos para su mejora. Por nuestra parte compartimos esta opinión.

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES PÚBLICAS

Es URGENTE una reforma del sistema público de pensiones de España

Consideramos urgente e imprescindible la aprobación de una ley que anule los entuertos y constructos originados por el Real Decreto Legislativo 8/2015, la (Ley General de la Seguridad Social), la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo, el Real Decreto Legislativo 670/1987 (Ley de Clases Pasivas), Ley 27/2011, el Real Decreto 625/2014 que regula el procedimiento administrativo para la tramitación de pensiones, el Real Decreto-ley 2/2023 y el Real Decreto Ley 11/2024.

Modificación urgente del sistema de pensiones públicas: El Sistema Público de pensiones de España, obligatorio vía Seguridad Social, donde los trabajadores actuales pagan a los jubilados bajo un sistema de reparto injusto y piramidal, hace años que es insostenible debido a una demografía en notable decadencia cuya tasa de natalidad se situó en 1,10 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1), junto con la creciente esperanza de vida. Ambos factores han reducido la ratio hasta los 2,3 trabajadores por cada pensionista en 2025. Además, la demagógica indexación de las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo) han forzado al gobierno a perpetrar un nuevo impuesto llamado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-“, lo que además de incrementar los impuestos al trabajo, ha desvirtuado el carácter contributivo de las cotizaciones y no ha mitigado el déficit que sigue incrementándose.

Y a pesar de las medidas y decretos de urgencia para paliar el déficit, al cierre de 2025 el déficit real del sistema ha sido 67.800 € millones, déficit cubierto por transferencias estatales que equivalen a gran parte del déficit público total, que se incrementa año tras año.

Ante esta situación es URGENTE aplicar una reforma total que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones público, favoreciendo la creación de empleo y no penalizándolo como las medidas recientemente aprobadas. Por consiguiente, proponemos derogar todas y cada una de las leyes y decretos leyes vigentes sobre el sistema público de pensiones y aprobar una LEY ORGÁNICA DE PENSIONES que contemple el cálculo de toda la vida de cotización para computar la base reguladora, retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 68/69 años y a más de los 72 de una manera voluntaria. Asimismo, la nueva ley debe depurar del Sistema Contributivo todos los sobrecostes que no le corresponden y plasmar un Sistema Complementario de Capitalización sin fiscalizaciones ni barreras. Además, es imprescindible implementar mayor seguridad al futuro pensionista con la implantación de la denominada “Mochila Austriaca” para que, en el caso de que el trabajador no la consuma durante su vida activa, ésta se podría aportar a un fondo de pensiones individual.

La Ley 7/2023 de bienestar animal es un compendio de buenismo que resulta inane por estar repleta de contradicciones y carecer de normativa adecuada.

Ley Orgánica 5/1985 “LOREG”: Desde la aprobación en 1985 de la del Régimen Electoral General (LOREG), se ha reformado en veintitrés ocasiones, la última en septiembre de 2022. Aunque algunos de sus defectos provienen del Artículo 68 de la Constitución, algunos estudios han concluido que es posible mejorar la actual desproporcionalidad del voto, sobre todo para las elecciones al Congreso de los diputados, sin modificar el mencionado artículo.

Que el primer diputado al Congreso en 2023 haya sido elegido por la provincia de Soria con 14.775 votos, por la de Lérida con 26.930 y por la de Madrid con 90.351, significa un enorme quebranto de la representatividad al primar a los partidos mayoritarios que, por ejemplo, en Lérida, Gerona y Guipúzcoa son los nacionalistas. Por otro lado, las listas cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y del resto de parlamentos de las CCAA y concejales, restringe la libertad de los ciudadanos pues, los electores no escogen a candidatos, sino que, en realidad, se adhieren a los designados, en un determinado orden, por cada partido, lo que desvincula completamente a los representantes de sus representados. Es bien sabido que cuando se pregunta a cualquier ciudadano en cualquier provincia quién es el número tres de la lista de cualquier partido, prácticamente, nadie es capaz de decir su nombre. Así, las circunscripciones enormes y las listas cerradas provocan que el Parlamento esté compuesto por empleados del jefe del partido, no por representantes directos de la ciudadanía.

Ante este escenario, invitamos al PP y VOX a confeccionar una nueva LOREG que mejore la representatividad de los ciudadanos mediante listas cerradas, pero desbloqueadas, reduzca la representación mínima inicial por provincia de dos diputados a uno y sustituya la formula D’Hondt por la Hare o Sainte-Laguë para garantizar una mayor proporcionalidad y mejor representatividad.

La LOMLOE o Ley Celaá – Ley Orgánica 3/2020: una apoteosis invertebrada de la LOGSE que ha impuesto la agenda ideológica del gobierno del PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez. La abolición del español como lengua vehicular, el acoso a la escuela concertada, la eliminación del mérito como sistema de promoción, el troceamiento regional de los planes de estudio, la imposición de un canon político con excusas cívicas, la persecución de la religión o la negación de la enseñanza especial son algunos de los desastres que consagra esta ley.

Por consiguiente, es urgentísimo que la razón, la ciencia, el mérito, la transmisión de valores democráticos y cívicos, el sentido crítico y la valoración del esfuerzo se instalen en nuestras aulas.

Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética: esta ley inspirada en el fanatismo climático, consagra, como si ciencia fuera, los acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 para “alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la generación de energía con fuentes renovables” mientras sienta las bases para un sistema eléctrico basado en fuentes renovables por ser más resiliente, como hemos comprobado con el apagón eléctrico en la península Ibérica el 28 de abril de 2025.

Los extravagancias y barbaridades que consagra esta ley subscrita por Teresa Ribera Rodríguez, cuando era vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo se explican por la combinación de sectarismo ideológico derivado de la combinación de la «Agenda Woke» y la antidemocrática Agenda 2030 impuesta por un club de oligarcas globalistas que han decidido tutelar a la población mundial y determinar lo que deben pensar y hacer los ciudadanos en todos los países, lo que deben tomar como aceptable, como positivo para sus vidas, asociado con los intereses espurios generados por el enorme colchón financiero que la UE ha sustanciado mediante el Pacto Verde Europeo con los programas y mecanismos de financiación: NextGenerationEU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Mecanismo para una Transición Justa, etc., etc.

Al partir de una hipótesis discutida y discutible como el cambio climático antropogénico (ENLACE A DEL APOCALÍPSIS CLIMÁTICO), esta ley se mece al compás del maltusianismo, la verborrea y las inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros estimadas por la UE, para prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España (incluyendo la fracturación hidráulica) los minerales radiactivos, incluyendo el uranio (España posee una enorme reserva de uranio), lo que significa la interdicción de nuevas centrales nucleares, incluidas las MSR (Reactores Modulares Pequeños). Estas prohibiciones se extienden a nuevas autorizaciones o permisos mientras se proponen desiderátums tautológicos como la “movilidad sostenible” que significa que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2.

El problema de esta sarta de disparates no solo lo ha expuesto el corte generalizado del suministro eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, también, como se ha evidenciado en países y regiones que han impuesto estas medidas como Alemania y California, es que la inseguridad de suministros y la falta de rigor en la implementación y control de la generación energética, suponen un aumento del precio de la energía y una inseguridad que está desmantelando la industria, el comercio y el sector primario.

Y mientras esta nefasta ley obstaculiza el desarrollo de la industria y el comercio libres, implanta una serie de concesiones, subvenciones y privilegios para las empresas que se lavan la cara con la ecología y, con ello, se benefician económicamente (greenwashing), la tautología del cambio climático (la epistemología de la ciencia pone de manifiesto la imposibilidad de una teoría predictiva del clima, al menos hasta ahora) sirve para amedrentar y culpabilizar de los desastres que sus políticas provocan a los ciudadanos para que paguen la fiesta ecológica sin rechistar y auto culpabilizándose. «El futuro energético de España o es verde o no será» declaró Pedro Sánchez Pérez Castejón pocos días antes del gran apagón eléctrico en la península Ibérica.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos urgente la sustitución de esta nefasta ley por una coherente que reconozca la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible para un mix energético seguro para España, junto con un plan Hidrológico Nacional que abarque todas y cada una de las cuencas con el fin de garantizar la distribución racional del agua para todos los españoles, junto con la generalización de las centrales hidroeléctricas de bombeo de última generación que permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la demanda de energía.

La Ley Orgánica 1/2023 del aborto es amoral y merece ser abolida. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sensatas sobre el aborto que, aun sosteniendo el principio del derecho a la vida del nasciturus desde la concepción, contemplan circunstancias psíquicas y sociales que podrían justificarlo en determinadas circunstancias, una ley al respecto tiene cabida siempre y cuando contenga unas previsiones como las que seguidamente exponemos como sugerencias:

I. Establecer un periodo de reflexión de, al menos, siete días.

II. No se debe autorizar el aborto de menores sin consentimiento parental.

III. Las entidades próvida deben tener voz y acceso a las ayudas públicas.

IV. Contemplar ayudas públicas y privadas (mediante mecenazgo) para facilitar la protección de la mujer y el niño.

V. Considerar los siguientes supuestos para la despenalización del aborto:

A: que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer o que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo contra la libertad o la integridad sexual de la mujer.

B: que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma.

C: que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo, no irreversible, pero si importante y duradero, para su salud tanto física como psíquica.

D: que se acrediten los dilemas mencionados con rigor mediante un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente que deberán ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde se vaya a producir. Si existe peligro para la mujer en un caso de urgencia no será necesario este informe. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida se precisa un informe sobre la madre y otro sobre el feto.

VI. Establecer que la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse, más allá de las 20 semanas, en el caso de que exista un peligro vital para la madre o se derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.

VII. Garantizar la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y la objeción de conciencia de los médicos respecto a realizar abortos.

Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: Aprobada al final de la primera legislatura del Partido Popular dirigido por José María Aznar, pero atacada por las ONGs agrupadas en la Plataforma Papeles para todos y todas con lemas buenistas como: “Ningún ser humano es ilegal”. Esta ley, sin embargo, contiene un efecto llamada contundente derivado de un extraordinario cúmulo de derechos para el inmigrante. Manga ancha para la reagrupación familiar, derecho a la asistencia jurídica gratuita, facilidades para apátridas, indocumentados y refugiados, facilidad total para la autorización de residencia y trabajo, etc.

Y a pesar de que esta ley fue concebida cuando aún la inmigración ilegal era infinitamente menor que la actual, desde hace años no se cumple en muchos apartados, en concreto respecto al retorno de los menores no acompañados (menas) y la expulsión de los ilegales. El mayor responsable de estos incumplimientos, por inacción, es el Ministerio del Interior regido por Fernando Grande-Marlaska Gómez.

 

Por otro lado, al no contar con la mayoría necesaria para ampliar “derechos y puertas abiertas”, el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón modificó el reglamento de la ley con el Real Decreto 1155/2024 – Reglamento de Extranjería (Reloex), al tiempo que el Ministerio del Efecto Llamada, más conocido como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, planifica la regularización de, al menos, 500.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a España hasta diciembre de 2024.

Aunque la mayoría “progresista” que sostiene el gobierno del PSOE-Sumar, por motivos inconfesables, esconde las consecuencias de la inmigración ilegal con su potente aparato de Agitprop, la inmensa mayoría de los españoles sabemos del criminal y mafioso tráfico de seres humanos que está engordando las faltriqueras de muchos “solidarios”, de la degradación de las condiciones de trabajo y disminución de los salarios de los españoles e inmigrantes legales, del aumento de la inseguridad y la delincuencia y del sobrecoste, en más de 30.000 millones de euros anuales, en atenderlos. Por consiguiente, los firmantes de este documento consideramos que la respuesta a esta lamentable situación nos la señalan las políticas implementadas por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

OTRAS REFORMAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES

Si bien es cierto que el proceso de desindustrialización de España fue iniciado por el PSOE dirigido por Felipe González Márquez en 1983 hasta convertirnos, esencialmente, en una economía de servicios excesivamente dependiente del turismo, también lo es que los siguientes gobiernos no hicieron nada por revertir la situación.

El culmen de una política industrial suicida lo han logrado los gobiernos del PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus políticas basadas en el fanatismo climático y los consiguientes impuestos ambientales: sobre hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre la utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica, sobre determinados medios de transporte, etc. Así, desde 2018 el sector industrial español ha perdido el 30% de sus empresas, la producción está estancada en niveles de 1995 y el empleo industrial está en mínimos históricos.

No menos grave es la “desagrarización” de la economía, es decir, del sector primario de España que incluye la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ha experimentado una reducción en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo a lo largo del tiempo. Así, este sector representaba un 6,9% del PIB español en 1985 mientras que en 2024 supuso el 2,7% del PIB. Más de 18.000 agricultores y ganaderos autónomos han echado el cierre en los últimos 7 años en España y tan solo el 4% de las explotaciones agrícolas están dirigidas por un español menor de 35 años.

Al mismo tiempo, España es el país con los peores datos de paro de toda la Unión Europea y la OCDE (10,9%), uno de cada cuatro parados de la eurozona es español o inmigrante residente en España y mayoritariamente joven. Así, menos de 2 de cada 10 contratos de trabajo que se firman en España son indefinidos y a tiempo completo, más de 900.000 afiliados tienen dos o más trabajos, de los que más de 100.000 combinan tres o más trabajos.

Las causas del mayor problema económico y social de España son múltiples y se han agravado durante los últimos años. Revertir esta grave realidad precisa de cambios legislativos, algunos ya los hemos apuntado, otros los listamos seguidamente sin desarrollarlos porque ello precisaría de un espacio inusitado para un documento de esta índole.

Limpieza seguida de auditorías en las instituciones y empresas ocupadas por el PSOE: la restauración de la salud de un organismo enfermo, precisa de un diagnóstico certero que permita su curación. El diagnóstico es evidente y, por tanto, la curación prevista para esta enfermedad mórbida también; desalojo inmediato de los ocupas del PSOE de estas instituciones y empresas seguido de auditorías integrales en todas ellas.

Una reforma laboral: que reduzca la intervención estatal en el mercado laboral, promueva la flexibilidad y la competitividad. Debería incluir la simplificación de los contratos, la reducción de costes laborales no salariales y la flexibilización de la negociación colectiva. El objetivo es atraer inversión, generar empleo y mejorar la eficiencia económica.

Un plan energético nacional: enfocado en la reducción de la intervención estatal y la promoción de la competencia en el sector energético. Esto implicaría la desregulación de los mercados energéticos, la eliminación de subsidios a tecnologías específicas y la promoción de la inversión privada en energías seguras como los reactores modulares pequeños (SMR), los reactores rápidos refrigerados por sodio (SFR) y los reactores de sales fundidas (MSR), así como el uso de inteligencia artificial y fabricación aditiva. El impulso a las renovables pasaría por las nuevas tecnologías en centrales hidroeléctricas de bombeo centradas en mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta del sistema. El objetivo del plan sería garantizar un suministro energético seguro, asequible y sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia.

Plan integral de mejora y desarrollo de Infraestructuras: forjado en la eficiencia, la competencia y la inversión privada al sustentarse en la capacidad y experiencia de nuestras empresas punteras en este sector. Se trataría de reducir las prerrogativas de la intervención estatal que debido al despilfarro de tantos años y a la deuda pública verá reducida su capacidad de inversión, para en su lugar fomentar la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras, priorizar proyectos que promuevan la conectividad, la productividad y el crecimiento económico.

Mercado único en España: Eliminar las trabas de etiquetado y otras barreras comerciales perpetradas por no pocas CCAA por motivos inconfesables, implantando la libre circulación de bienes, servicios y capitales, al tiempo que se incentive la competencia, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas y un crecimiento más robusto.

Plan de reindustrialización: para vivificar la industria fomentando un sector competitivo y dinámico a través de la reducción de la intervención estatal y la promoción de la libre competencia. Esto implicaría medidas como la disminución de la carga regulatoria, la facilitación de la inversión privada y la apuesta e incentivación fiscal por la investigación, la innovación y las mejores tecnologías.

Plan hidrológico nacional y de regadío: Bajo el lema “el agua de España es patrimonio de todos los españoles” establecer una estrategia de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, con un enfoque en la eficiencia y la optimización del uso del agua, especialmente para el regadío, considerando también la sostenibilidad ambiental. La regulación e interconexión de las Confederaciones Hidrográficas y su administración basada en la eficacia de un personal contratado por sus méritos y capacidades es imperativo.

Fiscalidad orientada al crecimiento económico: basada en la Curva de Laffer, se reduciría la carga tributaria, se simplificarían los impuestos y se establecería un sistema para establecer una mayor eficiencia en el gasto público. Estas medidas incluirían la disminución de impuestos directos e indirectos, la eliminación de trabas burocráticas y la promoción de la competencia y la inversión. Por ende, se incluiría el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit fiscal y la deuda pública.

Por una cultura libre: El intervencionismo estatal en la cultura española es una constante que se remonta a la transición y que siguiendo su doctrina, las izquierdas y los nacionalistas (las derechas nunca han osado contradecirles), han extendido exponencialmente, al monopolizar su financiación (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) mediante ayudas y subvenciones con claro sesgo ideológico. Dicha monopolización copiada de la Francia jacobina centralista, se ha conseguido restringiendo el mecenazgo privado, mediante una fiscalidad exigua de incentivos. Así, el mecenazgo cultural en España está regulado por la Ley 49/2002 (gobierno de José María Aznar) que el actual gobierno pretende modificar sin grandes variaciones.

Nuestra propuesta pasa por una ley de mecenazgo inspirada en el “Gift Aid scheme” británico, según el cual, una entidad o fundación sin ánimo de lucro puede reclamar al gobierno los impuestos pagados por los mecenas por la donación realizada. Otra ventaja que disponen las entidades sin ánimo de lucro con este sistema, es que los legados recibidos no se contabilizan en la obligación global sobre el impuesto de sucesiones que permite reclamar el reembolso integro de impuestos sobre las donaciones hechas por los contribuyentes.

Plan de reforestación: España necesita urgentemente un plan de reforestación y restauración de bosques, a través de incentivos al sector privado y la reducción de barreras burocráticas para la inversión en proyectos forestales. Se enfocaría en la gestión sostenible de los recursos forestales, la creación de empleo en zonas rurales y la compensación de emisiones de CO2. Al mismo tiempo, es imprescindible reforzar las competencias del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO), para evitar las constantes obstrucciones e insuficiencias que se producen en grandes incendios o cuando estos atañen a dos o más Comunidades Autónomas.