DE LOS NIÑOS “ROBADOS” POR EL FRANQUISMO Y OTRAS FALACIAS

El pasado 31 de marzo de 2026, THE OBJECTIVE publicó un memorable artículo firmado por su directora adjunta, Maite Rico titulado: “Una farsa a la medida de Garzón” con el subtítulo «Nadie mejor para presidir la Comisión de la Verdad que un exjuez prevaricador que alentó dos bulos delirantes que la izquierda quiere colar en la ‘memoria histórica’» (Enlace al artículo).

Como implacable periodista curtida por los embates del poder por mantener su compromiso con la veracidad de los hechos y la información, Rico resume en un párrafo la calaña narcisista y manipuladora de Baltasar Garzón Real y, de rebote, la de Pedro Sánchez: «Hasta que Pedro Sánchez ha venido al rescate, facilitándole un retorno triunfal: el Gobierno acaba de nombrarlo presidente de la llamada Comisión de la Verdad, creada por la Ley de Memoria Democrática para investigar los crímenes del franquismo». Quién mejor que Garzón, muñidor de dos de las mentiras más delirantes que la izquierda pugna por imponer en el relato de la Guerra Civil y la dictadura: la de que España «es el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya» y la de «los 300.000 bebés robados del franquismo». Y es que Maite Rico fue una de los dos articulistas (el otro fue Arcadi Espada) que denunció el execrable embuste de «los niños robados por el franquismo».

Considero que la más grave patraña que ha demostrado hasta dónde pueden llegar algunas gentes sin escrúpulos para justificar sus ansias de poder, notoriedad y riqueza, es la de los niños robados por el franquismo, patraña que sigue siendo aireada por un antifranquismo sobrevenido subvencionado muchos años después de la muerte de Franco y de su régimen, gracias a las leyes ideológico-revisionistas de la historia perpetradas por el PSOE para esconder su execrable trayectoria entre 1931 y 1939, justificar su absentismo entre 1939 y 1975 y generar de nuevo una confrontación social que permita a sus dirigentes y secuaces perpetuarse en el poder y en los privilegios adyacentes.

Pues resulta que, después de todo lo vivido desde 1945, después de todo lo visto y escuchado, de haber tenido el privilegio de conocer a mucha gente de diferentes estratos sociales, de haber nacido en el seno de una familia republicana damnificada por la Guerra Civil y la posguerra, de haber militado en partidos izquierdistas durante la dictadura franquista y en los primeros años de la democracia donde abundaban personas que habían sido represaliadas inmediatamente después de la guerra o muchas más que lo fueron durante el franquismo, de haber conocido a unos cuantos «niños de la guerra» desperdigados por toda Europa y por la URSS, de convivir en la escuela y en el vecindario con niños y adultos que pasaron en la posguerra por establecimientos de Auxilio Social, de pronto, en el otoño de 2008, una serie de artículos publicados principalmente por los medios del Grupo Prisa, y sobre todo por el diario El País, me sorprendió. Revelaban con total seguridad que miles de niños habían sido robados por la dictadura franquista a presas políticas y a familias republicanas.

El caso es que años antes había leído alguna denuncia similar poco elaborada. Recordaba la publicación de unos reportajes en la revista Interviú escritos por la periodista —y también jefa de informativos de la TVE del PSOE en los tiempos del GAL— María Antonia Iglesias González, entre enero y febrero de 1982, donde, con el título «La monja que trafica con niños», revelaba una trama dedicada a robar niños y darlos en adopción a personas afines, dirigida presuntamente por sor María Gómez Valbuena (de las Hijas de la Caridad) y el ginecólogo Eduardo Vela en el Patronato de Protección a la Mujer, las clínicas Santa Cristina y San Ramón y el Hogar-cuna de La Almudena desde los años 60 hasta principios de los 80. Pero el estilo, la foto del cadáver de una niña en la nevera de la clínica y la poca precisión de los datos, junto con las muchas opiniones escatológicas, enmarcaban estos artículos dentro del amarillismo de la revista.

También me llegaron noticias de un documental emitido por TV3 en 2002 con el título “Els nens perduts del franquisme”, dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, basado en el libro del «comprometido» catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona Ricardo Vinyes Ribas “Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas», publicado poco antes. Pero el turbión de artículos que me sorprendió fue motivado por el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional del dieciocho de noviembre de 2008, firmado por el famoso y exjuez prevaricador Baltasar Garzón Real donde diseminaba en 62 juzgados provinciales la investigación de los crímenes del franquismo considerados como crímenes contra la humanidad.

Reitero mi sorpresa cuando aparecieron en tromba noticias que, apoyadas en textos de Montse Armengou, Ricard Belis, Ángel Viñas, Ricardo Vinyes etc., aseguraban que, al menos, 30.000 niños fueron arrebatados a sus madres republicanas encarceladas o fallecidas para «venderlos» a familias franquistas o ser encerrados en orfanatos, el Auxilio Social, las colonias infantiles, etc., durante la dictadura franquista. Lo insólito era que no conociera ni hubiera leído antes un solo caso de secuestro de niños de madres encarceladas, teniendo en cuenta que tuve familiares cercanos y amigos y amigas que estuvieron presos durante el régimen, leí innumerables ensayos, periódicos y panfletos de organizaciones antifranquistas y conocí personalmente a condenadas a muerte o a largas penas por su pertenencia al PCE como Juana Doña Jiménez (1918-2003), Manolita del Arco (1920-2006) y otras menos conocidas. Incluso los testimonios escritos por Juana Doña o Tomasa Cuevas Gutiérrez muestran la dureza de la vida de las madres presas con sus hijos, pero ninguna menciona secuestros de menores. De hecho, esas mujeres compartieron sus vidas con sus hijos en la cárcel (en las galerías de madres). Sin embargo, Garzón en su auto y sus propagandistas exponían y denunciaban como política de Estado del régimen franquista el «sistemático» robo de niños a las presas rojas, peor incluso que lo sucedido después en Argentina.

En su auto judicial, el justiciero juez dedica gran atención al tema de los niños de esta guisa: «Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba a su familia republicana como “inadecuada” para su formación. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Estas acusaciones, al socaire de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica perpetrada por el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, enseguida aventadas por los medios del Grupo Prisa o incluso RTVE, dispararon todo tipo de artículos de opinión, reportajes y tesis doctorales pues, se trataban de delitos gravísimos.

A pesar del artificio jurídico de su auto, Garzón no aporta, como tampoco antes lo hiciera Vinyes, indicios claros de que existió un plan de Estado de la dictadura de Franco para robar miles de niños a presas y madres «republicanas», para ser criados en los principios franquistas. De hecho, Garzón solo apunta con dedo acusador y pide que se investigue lo ocurrido con los niños perdidos que sus acusaciones convierten en robados por el régimen franquista. Lógicamente, tamaña acusación generó los correspondientes organismos y asociaciones para indagarla. Así, «los niños robados por el franquismo» se convirtió en leitmotiv de la memoria histórica oficial establecida por el gobierno del PSOE. La pléyade de periodistas e intelectuales “comprometidos con la causa” más los políticos y asociaciones del ramo produjeron innumerables artículos y libros con tétricas historias de niños robados, incluidas dos telenovelas en Tele5 y Antena3, folletinescos melodramas como «El silencio de otros» (2018 producido por Pedro Almodóvar) y, por supuesto, las consabidas novelas de Almudena Grandes Hernández «El lector de Julio Verne» (2012) y «La madre de Frankenstein» (2020), o “Mala gente que camina” (2011) de Benjamín Prado.

Pronto, la avalancha mediática de supuestos relatos de robos de bebés durante el franquismo fue establecida como un suceso incontestable en la opinión pública española. ¿Quién era el guapo que se exponía a poner ponía en duda públicamente que hubo una trama criminal de robo de niños en la dictadura franquista, formada por monjas, curas y médicos perversos, que se apropió de, nada menos que entre 30.000 a 300.000 recién nacidos (la imprecisión sobre el número y el espacio temporal es morrocotuda pues este último abarca desde 1939 hasta 1995, 20 años después de la muerte de Franco) de madres republicanas primero y pobres después, para dárselos a familias franquistas opulentas? Incluso los católicos «progresistas» reprocharon el prudente silencio del cardenal Antonio María Rouco Varela sobre el asunto.

Al socaire de subvenciones y escandaleras mediáticas surgieron decenas de asociaciones, plataformas, observatorios y asesores legales para rescatar a tantos miles de niños robados. A pesar del formidable ruido y las espantosas cifras, entre 2009 y 2018 solo se produjeron poco más de 2.000 denuncias, suficientes, sin embargo, para organizar muchas visitas de europarlamentarios, de burócratas de la ONU, instituir una oficina de Atención a las Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia con 27 sucursales provinciales para asistencia jurídica y psicológica de las «víctimas», una fiscalía especializada, una unidad de policía especializada, una Comisión Estatal, etc., etc.

El caso más conocido por publicitado fue el de Inés Elena Madrigal Pérez, una señora que nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, (nada menos que tres décadas después de terminada la guerra civil) quien, tras saber que había sido adoptada por sus padres, concluyó que era un bebé robado y fundó con otras personas la asociación SOS Bebés Robados (sigue activa subvencionada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada dirigido por el PSOE) donde fue elegida presidenta. Con el soporte de su subvencionada asociación, Inés E Madrigal denunció en 2010 en los tribunales de justicia de Madrid a su madre adoptiva por considerar que la había comprado y acusó al ginecólogo de 85 años Eduardo Vela y a la monja María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, de haberla sustraído a su madre biológica nada más nacer, para venderla a sus padres adoptivos. Tras la denuncia, Madrigal saltó a la fama acudiendo a muchos programas de radio y televisión tales como: “Al rojo vivo” y “El intermedio” de la Sexta, o los supuestamente serios como el de la BBC; News Mundo.

Madrigal, ya famosa o afamada, fue invitada por el grupo parlamentario Unido/as Podemos a declarar en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados del Reino de España. Y a pesar de que ya había comenzado el juicio oral del caso en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Inés Madrigal declaró en la sala Ernest Lluch el 16 de noviembre de 2017, sobre el: «mayor escándalo ocurrido en este país a lo largo del siglo XX». Como hiciera antes en los platós de televisión, Inés Madrigal afirmó en el Congreso con contundencia que «…el doctor Vela me regaló a mis padres adoptivos. … Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas, manipulaban documentos públicos. Se denunciaron hechos a través de medios, pero nadie hizo caso, nadie presto atención. Me vendieron a mi madre en una cámara oculta. Hablamos de un mínimo de 60 años de tráfico de seres humanos en este país».

Aquella narración espeluznante seguramente ayudó a que las tres ilustrísimas magistradas emitieran la sentencia nº: 640/2018 del 27 de septiembre, condenando por hechos probados al acusado Eduardo Vela a un total de 13 años de prisión por los delitos de sustracción de menores, de suposición de parto, de falsedad de documento oficial y de detención ilegal siendo la víctima menor de edad. Asimismo, el doctor Vela fue condenado a indemnizar a Inés Madrigal con 350.000,00 euros por daños morales. Con todo, el párrafo que fija la responsabilidad del doctor es llamativo: «Que en 1969 entregó a Inés Pérez y Pablo Madrigal una niña de pocos días de edad y que tal entrega se produjo fuera de los cauces legales sin que conste que los padres biológicos hubieran tenido ni tan siquiera conocimiento de ello y sin que hubiera mediado consentimiento». Y la falta de constancia llevó a las tres juezas a condenar al acusado aunque no les quedó más remedio que absolver al doctor Vela, al entender que los delitos estaban prescritos desde el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

La sentencia significó una victoria agridulce para la causa de los niños robados por el franquismo, por cuanto el único culpable que vivía había sido absuelto y era, tras una década, la única sentencia condenatoria tras 2000 denuncias de las que 552 fueron admitidas a trámite con 81 análisis de ADN y ni un solo caso de robo de niños probado.

Y mientras la orgía mediática continuaba, en julio de 2019 Inés Madrigal desveló en una escueta rueda de prensa que gracias a las pruebas logradas en un banco de ADN de Estados Unidos, encontró a su familia biológica y que tiene cuatro hermanos. Sin embargo, la rueda de prensa de Madrigal era forzada por un comunicado anterior sin trascendencia mediática de la Fiscalía que negaba radicalmente que Madrigal fuera un bebé robado, y donde explicaba que la propia Madrigal comunicó al Ministerio Público de forma oral y escrita que había contactado con sus verdaderos hermanos por parte de madre y con una tía carnal, quienes le habían confirmado que fue dada en adopción de forma voluntaria. Además, informaba que su madre biológica había fallecido el 22 de enero de 2013 en Madrid.

Sucedió que cuando Madrigal confesó a la Fiscalía que su tía la había entregado voluntaria y conscientemente en adopción, la Fiscalía acordó requerir muestras genéticas a los cuatro familiares y procedió a interrogarles. Durante los interrogatorios en calidad de testigos, todos los familiares reconocieron la entrega en adopción del bebé sin saber si era niña o niño. Para ratificar estos hechos, el Ministerio Público pidió un estudio genético de los involucrados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que dictaminó que los perfiles genéticos de Inés Madrigal con los de su tía y sus tres hermanos hallados son: «78.802 más probables de la compatibilidad genética observada si consideramos que Inés Elena Madrigal Pérez es hija de la supuesta madre (cuyo patrimonio genético ha sido deducido a partir de los perfiles genéticos de aquellos) frente a que lo sea una persona tomada al azar de la población y no relacionada genéticamente con ella». Tras estos resultados y con las declaraciones de los testigos, la Fiscalía consideró que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de la niña legamente llamada Inés Elena Madrigal Pérez “y con ello el delito de detención ilegal”. Entonces la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que asegura probado que Eduardo Vela Vela tuvo conocimiento de que la entrega de la niña se efectuaba sin consentimiento de la madre biológica y consideró probado que Inés Madrigal era un bebé robado, se demostraba falsa.

Inés Elena Madrigal Pérez ya no quiere ir a los platós de televisión ni a las emisoras de radio. Se excusa en su derecho a la intimidad, pero no ha tenido la decencia de pedir disculpas públicas al anciano Eduardo Vela (falleció el 21 octubre 2019) al que hizo la vida miserable y destrozó su dignidad, solo por quizá haber sido, junto con los administradores de la clínica San Ramón, negligentes con el papeleo legal de adopciones. Y si Madrigal no ha pedido perdón a nadie, ni siquiera a sus padres adoptivos, tampoco lo ha hecho la bandada de periodistas y literatos activistas que la jalearon. Al contrario, la inmensa mayoría persiste en el relato de los niños robados digan lo que digan los hechos, pues si lo hicieran, se acabarían las subvenciones y se estropearía el relato victimista perpetrado por Garzón y sus aliados.

Pero todavía hay gentes decentes en España, por ejemplo la periodista Maite Rico en un artículo titulado: “La estafa de los bebés robados. La trama de los niños sustraídos durante el franquismo es un relato tan irresistible como falso. La aportación española a las fake news” publicado en Vozpópuli el 17 de julio de 2019, donde denuncia la impostura y aclara que forenses prestigiosos como Antonio Alonso o Rafael Bañón no han encontrado indicios de una trama de robo de bebés, como tampoco los halló la comisión de investigación creada en el Parlamento navarro ni la fiscalía del País Vasco. (ENLACE AL ARTÍCULO). A la denuncia de Maite Rico se unió cuatro días después Arcadi Espada en El Mundo con un contundente artículo titulado “Garzón and me” (ENLACE AL ARTÍCULO) donde Espada describe la trama urdida por el juez Garzón y la colaboración de tantos en ella que representa «…esta secuencia de titulares sobre bebés robados, de la misma prensa socialdemócrata: «Dos gemelas se reencuentran 50 años después de su nacimiento» (11 de mayo de 2011). «Vicky conoce a su gemela con 51 años» (12 de mayo de 2011). «Que el ADN diga lo que quiera, pero María José y yo somos gemelas» (9 de junio de 2011). Nuestra prensa no es ya el hazmerreír de la verdad, sino de la mentira». Por su parte, José Carlos Rodríguez en Disidentia un día después realza el pundonor de Maite Rico y Arcadi Espada con el claro título “Niños robados: la venganza de la realidad”. Nada más, incluso prosiguen las acusaciones pintorescas de negacionismo de quienes los hechos y datos estorban a sus proyectos lucrativos barnizados de redentorismo.

Si no conociéramos el percal oportunista de los antifranquistas sobrevenidos, podríamos asombrarnos de que a pesar de las pruebas concluyentes de que los niños robados por el franquismo es una trola monumental, nos asombraríamos de su contumacia. Pero los casos de Eugenio Fuentes con su novela «Piedras Negras» (2020), el film «Madres paralelas» (2021) dirigido por Almodóvar, Amnistía Internacional que lejos de borrar el bulo insiste en la “denuncia”, la Fundación FIBGAR, presidida por el mismo Baltasar Garzón, el Instituto Cervantes o la Asociación SOS Bebés Robados Madrid subvencionada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada gobernado por el PSOE, Izquierda Unida, etc. impasibles el ademan mantienen la engañifa de los bebes robados por el franquismo.

¿Qué podemos esperar de esa Comisión de la Verdad presidida por Baltasar Garzón con su hija María Garzón Molina de vocal en el Consejo de Memoria Democrática y su actual compañera ahora fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado y ex fiscal general del Estado nombrada por Pedro Sánchez, Dolores Delgado García? Y mientras tanto, el gobierno dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus aliados supremacistas, han aprobado dos amnistías, una «legal» para los golpistas catalanes y otra camuflada para los esbirros de ETA quienes son homenajeados en los aquelarres llamados “ongi etorri” cuando son liberados de la cárcel.