La Misión San Francisco de Asís

Una admirable y bella prueba sobre la contribución cultural y civilizadora de los españoles en las Indias.

El pasado martes 20 de septiembre tuve el placer de visitar la Misión San Francisco de Asís en la ciudad de San Francisco. Conocida también como Misión Dolores, es una admirable y bella prueba sobre la contribución cultural y civilizadora de los españoles en las Indias, es decir; en el continente americano.

Insiste José Javier Esparza en su didáctico: “Te voy a contar tu historia. La gran epopeya de España” que España no colonizó, sino que aquellos pocos españoles, menos de un millón en total, conquistadores, frailes y colonos, lograron la inmensa hazaña del descubrimiento y el mestizaje civilizatorio, gracias al código ético forjado durante la reconquista y a la convicción de ser portadores de la religión verdadera salvadora de la humanidad, por lo que implantaron una España bis en aquellos inmensos territorios. Y si bien es cierto que en Hispanoamérica se encuentran innumerables pruebas de esta epopeya, quien quiera verificarla solo tiene que recorrer los restos de las misiones de California fundadas por fray Junípero Serra y sus colegas-hermanos franciscanos.

En el caso concreto de la Misión de San Francisco de Asís, fueron los frailes franciscanos españoles; Francisco Palóu y Pedro Cambón quienes, acompañando al explorador José Joaquín Moraga en 1776, tras consultarlo con Junipero Serra, decidieron fundar una nueva misión (la 19 en la alta California de un total de 21) en la orilla de un arroyo en la única zona relativamente llana de la actual San Francisco. Como las otras misiones, el fin era evangelizar e instruir a los indios, en este caso la tribu de los Ohlone, tribu que como las otras que habitaban la alta California, a pesar de las trolas ideologizadas del presentismo histórico indigenista, estaban en la edad de piedra y eran caníbales. Asimismo, y debido a las enfermedades que sufrían los indios sin defensas ante las enfermedades europeas, los franciscanos españoles erigieron un hospital al lado de la Misión de San Francisco de Asís.

La historia oficial presentista mexicana y yanqui asegura que la Misión de San Francisco no tuvo un rendimiento agrícola notable, sin embargo, admiten que en 1803 llegó a contar con 20.000 cabezas de ganado y de sus cosechas obtenían excedentes que vendían a los militares del fuerte de San Francisco y a los colonos que estaban conformando la nueva ciudad.

Pero tras la independencia de México en septiembre de 1821, el nuevo estado impuso la presencia de militares para controlar las misiones, una medida que provocó en 1824 la rebelión de los chumash de las misiones de Santa Bárbara, Santa Inés y La Inmaculada. Otras rebeliones de indios se produjeron en otras misiones y buena parte de ellos huyeron. En 1834 el estado mexicano secularizó las misiones de California y expulsó a los frailes españoles para reemplazarlos por funcionarios del gobierno. Pronto los Ohlone, Chumash y otras tribus que vivían en las Misiones fueron expulsados sin contemplaciones para devenir, en el mejor de los casos, mano de obra semiesclava de los hacendados y oligarcas criollos. Sin tierras y sin hospitales, las enfermedades fueron diezmando a los nativos de California. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 que concluyó la guerra México-Americana (1846-1848), México cedió el 55 por ciento de su territorio a los yanquis, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, junto con la mayoría de los territorios de las actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming. Como Texas ya estaba ocupada por los yanquis, México reconoció el Río Grande como frontera con los Estados Unidos.

Con la llamada Fiebre del Oro, estallaron sangrientos conflictos entre los californianos nativos y los inmigrantes y colonos de origen europeo. Fueron estos yanquis quienes masacraron a los indígenas que quedaban en California entre 1850 a 1880. De hecho, se puede decir que los indígenas indios de California fueron extinguidos. Pero como el presentismo indigenista inventa la historia para justificar sus actuales fechorías, en San Francisco hay un grupúsculo (obviamente de origen sudamericano) que cobra subvenciones por bailar unas supuestas danzas Ohlone.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos devolvió la propiedad de las misiones a la Iglesia Católica en 1874, la mayoría estaba en ruinas. No obstante, la bella vieja iglesia de la Misión San Francisco de Asís o Misión Dolores es el edificio intacto más antiguo de la ciudad de San Francisco y la única de las 21 misiones californianas que se encuentra inalterada. Su estructura ha sobrevivido los terremotos de la zona, especialmente el seísmo del año 1906. Fue en 1918 cuando se construyó la bella basílica que acompaña a la iglesia y se reparó una parte del viejo cementerio que contiene parte de los restos de nativos y frailes que construyeron la misión, junto con otras personalidades como el primer gobernador mexicano Luis Antonio Argüello.

 

EL FUTURO ENERGÉTICO DE ESPAÑA


Pocos españoles no están “concienciados” sobre el elevado coste de la energía, sobre todo cuando les llega el recibo de la electricidad o cargan de combustible su automóvil. Además, con la invasión de Ucrania y el cierre de uno de los grifos del gas natural procedente de Argelia, debido al inexplicado cambio de parecer de Pedro Sánchez sobre el antiguo Sahara español, la fragilidad energética latente de España se hizo patente. Empero, la paradójica e ideológica Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética aprobada 9 meses antes de la invasión rusa a Ucrania, no se ha modificado. Por el contrario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, arropada por Sánchez, impasible el ademán, persiste en el antinuclearismo primario en su plan energético para España.

Como creyente de la doctrina sandía, ya saben, verde por fuera y roja por dentro, para Doña Teresa, además del demonio nuclear existen renovables buenas y malas. Veamos.

El borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023 (PNIEC), enviado a la Comisión Europea, es otra revisión que pretende adaptarse a la Ley Europea sobre el Clima y el «Objetivo 55». Sus metas se basan en estudios y recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía; European Climate Foundation, y analistas del ámbito empresarial: RE100, Bloomberg Climatescope NEF y REPowerEU. Así, se han acordado los siguientes objetivos para 2030:

I. 32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
II. 48% de renovables sobre el uso final de la energía.
III. 44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final.
IV. 81% de energía renovable en la generación eléctrica.
V. Reducción de la dependencia energética hasta un 51%.

Obviamente, estos propósitos están determinados por el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que establece un calendario que solo la UE está dispuesta a cumplir, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ante los siniestros pronósticos del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Naturalmente, todas las medidas propuestas dicen promover un modelo de desarrollo sostenible y la neutralidad climática antes de 2050, sea lo que sea ese desarrollo y esa neutralidad.

Obvio es que los “analistas y consejeros” del Plan tienen intereses en la generación de energía, mientras cualquier contraste con las posibilidades energéticas actuales de España indica que el sesgo ideológico marca de la casa, implica un enorme gasto y dudas razonables sobre el pretendido objetivo de lograr una energía segura y barata. Así, en el borrador del Plan se establece nada menos que inversiones por un total de 294.000 millones de euros en siete años. Sin explicar cómo, se afirma que: «El 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%). El 40% de la inversión tendrá por destino las energías renovables, el 29% irán a ahorro y eficiencia, el 18% a redes energéticas y un 12% a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 34% en 2030». Pero las cuentas de esta lechera no cuadran. De hecho, según el gobierno, el referido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos para España suma 140.000 M€ entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 M€ en transferencias y el resto, recordémoslo, deuda. Claro que como el Plan ha sido diseñado con perspectiva de género, quien sabe.

Recapitulemos: el objetivo principal del Plan es la electrificación y descarbonización del sistema energético español. Por lo tanto, el programa de cuánto y cómo se genera electricidad es el quid de la cuestión. Y el Plan lo especifica con rotundidad: la potencia total instalada en el sector eléctrico en 2030 se establece en 214 GW –el incremento del 80% de los 120 GW de 2023 está justificado por la insuficiente fiabilidad de las renovables eólica, solar e hidráulica-. Para dicha potencia instalada, las renovales tendrían 160 GW instalados más 22 GW de almacenamiento diario, semanal y estacional. De los cuales; 62 GW de energía eólica –de las que 3 GW serían eólica offshore–, 76 GW de solar fotovoltaica –incluyendo 19 GW de autoconsumo–, 14,5 GW de hidráulica; 4,8 GW de solar termoeléctrica y, atención, solo 1,4 GW de biomasa. En cuanto a las llamadas “no renovables”, el Plan prevé para 2030 un total de 26,6 GW de ciclos combinados de gas y 3 GW energía nuclear procedente de centrales en funcionamiento -el calendario impuesto del apagón nuclear en 2030 funcionarían Ascó II, Vandellós II y Trillo-.

En resumen, el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 de junio 2023, eleva del 42% al 48% el porcentaje de producción renovable sobre energía total consumida en 2030 y del 74% al 81% el porcentaje de electricidad producida con renovables.
Además, añade nuevas metas relacionadas con la electrificación, la eficiencia energética y los planes verdes europeos. Entre ellos, alcanzar 11 GW de electrolizadores para producir hidrógeno verde –tecnología aún muy verde-, disponer de un parque de vehículos eléctricos de 5,5 millones en 2030 –también muy verde- y que se consuma un 73% de energía renovable en los edificios –más verde todavía-.

Aunque en el Plan PNIEC se incluye la “Hoja de Ruta del Biogás”, es sorprendente, o no tanto, que los objetivos para esta fuente energética sean menos rotundos y ambiciosos que para otras renovales. Y digo bien renovables porque el biogás lo es aunque produzca unos insignificantes gramitos de of CO2 por kWh. Y parece obvio que por el pecado CO2 sea la única energía
en la que el Plan prevé una producción mínima de biogás de 10,41 TWh anuales en el año 2030, a partir del potencial disponible de los residuos agroindustriales, de la fracción orgánica de los residuos de competencia local y de los lodos de aguas residuales, y de los estiércoles. Y sin embargo, esa producción mínima está a punto de sobrepasarse en 2024 debido a que las plantas de biogás en España son rentables. Entre las ampliaciones en curso de plantas de biogás en España, destaca la del Parque Tecnológico de Valdemingómez donde se procesan las basuras de Madrid capital y varias localidades de su alrededor.

 

Llegado aquí, dos preguntas surgen inevitablemente:

¿Por qué razón el PNIEC desdeña la energía eléctrica generada por los nuevos (Generación IV) reactores nucleares medios y modulares pequeños (SMR), si han sido reconocidos por la UE como lo que son: verdes porque no emiten CO2, fuente de energía segura y estable pues reducen los volúmenes de desechos nucleares al mínimo y en un siglo son inertes, su coste depende de forma muy marginal del precio del combustible, lo que les pone a salvo de oscilaciones en su precio debidas a factores geoestratégicos o políticos, además de imprescindibles para lograr la añorada transición energética libre de gases de efecto invernadero barata y segura?

La segunda cuestión tiene también que ver con la prioridad de la ideología en lugar de la razón ¿Por qué el PNIEC no ha evaluado debidamente el biometano como inmediatamente disponible pues hoy tenemos 146 instalaciones de biogás con una producción energética de 2,74 TWh y se puede, al contrario del hidrógeno verde que sigue muy verde, incrementar su producción exponencialmente con inversiones abordables, con un potencial estimado en 163 (TWh) – 163.000 GWh- al año, lo que hubiera supuesto cubrir el 45% de la demanda de gas natural de 2022 (es decir, casi toda la demanda doméstica y la mitad de la demanda industrial de España?

Si no hubiera la esperanza de poder cambiar pronto el último borrador del PNIEC, gracias a un cambio de gobierno, el futuro inmediato energético de España estaría marcado por costosas inversiones públicas que implicarían costes energéticos altos y alta probabilidad de inseguridad energética. Menos mal que la posibilidad de cambio es probable y que muchas empresas energéticas han dejado de confiar en la hoja de ruta de la Agenda 2030 y siguientes del actual gobierno. Por ejemplo, el grupo energético italiano Enel, propietario mayoritario de la eléctrica española Endesa con un 70% del capital, confirma su apuesta por que la energía nuclear siga siendo clave en el sistema energético europeo del futuro y por abrir más reactores con tecnologías de nueva generación. Así, Enel ha firmado una alianza con la empresa de tecnología nuclear Newcleo para desarrollar proyectos de tecnología nuclear de cuarta generación, basada en reactores más pequeños que los actuales, modulares y enfriados por plomo (LFR) -reactor flexible de neutrones rápidos que puede usar combustible con uranio empobrecido o torio alimentados con MOX-, que generan menos residuos y que permiten reaprovechar basura radiactiva como combustible de las instalaciones.

La cerrazón ideológica contra la energía nuclear abanderada por Alemania que sigue el gobierno español, tiene cada día menos seguidores por razones económicas y estratégicas obvias. No es solo Francia, también Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Rusia, China y otros muchos países europeos, han optado por instalar reactores nucleares de cuarta generación.

EL DECLIVE ECONÓMICO DE ESPAÑA

La mayoría de los españoles de edad provecta sabemos que hoy nuestros hijos y nietos tienen menos poder adquisitivo que el nuestro a su edad. Sin embargo, el discurso político y mediático mayoritario habla sistemáticamente de progreso apelando a los cachivaches y medios que hace unos cuantos decenios no existían. Incluso cuando los datos desmienten el discurso y no les queda otra que admitirlo, suelen hacer trampa.

Para comprender mejor el enorme retroceso, es imprescindible señalar que España elevó su nivel de imposición fiscal del 19.6% del PIB en 1975 al 42,2% del PIB en 2022 (Datos de la OCDE).

RUSIA: EURASIANISMO PANESLAVISMO O COLAPSO

Al reconocer el estupor que me produjo la beligerante reacción de numerosas gentes del común y personalidades de países formalmente democráticos por, desde posiciones ideológicas diferentes, acreditar o apoyar claramente los pretextos que Putin utiliza para justificar la invasión de Ucrania, exhibí una notable falta de agudeza sobre la maraña de contradicciones performativas que inundan el pensamiento occidental.

Entiéndanme, no me sorprendió en absoluto que el izquierdista millonario Noam Chomsky o el delirante Atilio Boron, conocido por pedir a Nicolás Maduro que «aplastara» a la oposición para evitar que Venezuela «se convertiría, de facto, en el estado número 51 de Estados Unidos», aseguren que la invasión de Ucrania es culpa de EEUU y sus aliados, por cuanto Rusia solo defiende sus fronteras “naturales” de la expansiva y amenazante OTAN. Por supuesto estos personajes que disfrutan de libertad de expresión en sus por ellos denostadas democracias, son propagandistas de la manoseada narrativa que centra toda la responsabilidad de los conflictos mundiales en Estados Unidos, por ser la potencia imperialista capitalista hegemónica desde el final de la II Guerra Mundial. Así, según la izquierda populista posmoderna que, sin remilgo alguno es baluarte de la doctrina woke nacida e implantada en Estados Unidos, los yanquis no tienen autoridad moral para reclamar el respeto a la soberanía de ningún país, por contar con una vergonzosa historia de invasiones e intervenciones armadas catastróficas que desde su Guerra de Independencia superan la cincuentena pero que solo contando desde 1959 que inició su escalada en Vietnam, han seguido en Líbano, Irak (2 veces), Yugoslavia, Afganistán, Siria y Libia. En consecuencia, según este argumento, si la potencia norteamericana apoya a Ucrania es para debilitar o incluso aniquilar a Rusia como asegura Putin. Ni que decir tiene que este argumento denota nostalgia por aquella Unión Soviética colapsada y una vehemencia digna de mejor causa.

Más sofisticado o retorcido con respecto a la historia, pero no sorprendente, es que el discurso izquierdista descrito sea asumido por el lepenismo, el trotskismo posmoderno galo, el nacional-populismo padano y personajes como Berlusconi, por cuanto muchos franceses (los italianos algo menos) soportan mal que en 1944 las fuerzas aliadas comandadas por el yanqui Dwight D. Eisenhower liberaran Francia de los nazis, y que la generosidad de Eisenhower permitiera a la desecha honrilla gabacha que la insignificante división Leclerc desfilara victoriosa en el París liberado.

Con todo, la coherencia y la honradez deberían obligar a quienes acusan de intervencionismo imperialista a los EEUU y “su” OTAN y de seguimiento perruno a los aliados Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán, apliquen la misma regla de medir alturas morales en el comportamiento de Rusia, incluida la etapa de dominación de la dinastía bolchevique. De esta manera comprobarán que su inmenso territorio es fruto de sempiternas guerras de expansión no siempre exitosas, pero sistemáticamente convertidas en mitos patrióticos imperiales.

Por ejemplo, parece objetivo aclarar que ante la alarma provocada por la revuelta decembrista del 26 de diciembre de 1825, los mitos patrióticos rusos fueron convertidos en doctrina por el noble erudito y ministro de Educación del zar Nicolás I, Serguéi Uvárov, a través de la trinidad imperial rusa: ortodoxia, autocracia y nación «pravoslaviye, samoderzhaviye y narodnost». Esta trinidad fue poco después precisada y acervada por el ideólogo del paneslavismo, Vladímir Lamanski, disponiendo que la Rusia blanca eslava tiene la sagrada misión de dominar Eurasia. Esta ideología imperialista y xenófoba fue pulida por el filósofo de cabecera de Putin, Iván Ilyín y ahora actualizada por el llamado «Rasputin de Putin», Alexander Duguin quien, junto con Yuri Kovalchuk y otros secuaces alrededor de Putin, reedifican, bajo la denominación neo-eurasianismo, un expansionismo rojipardo que establece que el enemigo del proyecto de la Gran Rusia euroasiática es el mundo «atlántico» liderado por Washington, mientras que «una alianza turco-eslava en la esfera euroasiática» haría posible el sueño paneslávico. Por consiguiente, según estos preceptos, sin el dominio de Ucrania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia, Croacia y Serbia, sin el control absoluto del Báltico y el Mar Negro, Rusia no puede consolidar el sagrado imperio euroasiático que inicia la victoria de San Dmitri Donskói de Moscú́ sobre los tártaros de la Horda Dorada en 1380.

La rehechura de la elite establecida en el siglo XVI en el Gran Ducado de Moscú por Iván IV, “el Terrible”, según Duguin y otros mentores de Putin, es la única fórmula capaz de conseguir la soñada “Tercera Roma” con capital en Moscú que incluiría, además de los mencionados países eslavos, las tres repúblicas bálticas, Rumania, Bulgaria y Grecia. Por lo tanto, todas las guerras que Rusia ha emprendido desde la fundación del Zarato, las conquistas de los Kanatos de Crimea, Kazán y Astracán, las de Siberia, Ucrania, Finlandia y el Cáucaso, la obsesión por el dominio de Crimea que tanta sangre ha causado y parece que causará, las conquistas de Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán, la ocupación militar de las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) por el Ejército Rojo en 1940, las invasiones de Finlandia y Polonia por las tropas de Stalin en comandita con las de Hitler, las divisiones acorazadas arrasando Alemania del Este en 1953, Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968, la funesta invasión de Afganistán en 1979, las dos guerras contra Chechenia (1994-1996 y 1999- 2000), la agresión a Georgia para anexionarse Osetia del Sur y Abjasia en agosto de 2008, la intervención militar que ha consolidado la dictadura de Bashar Al Assad en Siria, el envío de tropas a Kazajistán en 2022 para reprimir la justificadísima revuelta del pueblo kazajo, los ciberataques y asesinatos selectivos de opositores y el empleo de mercenarios son, para Putin y los oligarcas y secuaces que le apoyan, historia gloriosa de Rusia.

En realidad, Putin no engaña. Su estrategia expansiva la dejó clara en 2007 en un discurso clave en la Conferencia de Política de Seguridad de Múnich. Aún más explicitó es su artículo en Izvestia de octubre de 2011, donde anunció su proyecto de una “Unión Euroasiática” que se extendería desde “Lisboa a Vladivostok”.

Ante estas y otras muchas evidencias, lo sorprendente es verificar que la concepción estatista del putinismo (la centralidad férrea del Estado en la vida política y social) más el nacional-ortodoxismo paneslavo son un reclamo para gentes que se identifican en la derecha por, según ellos, constituir un freno al imperialismo yanqui y su wokeismo amoral y disgregador que envenena occidente. Esta percepción, junto con la imagen de tipo duro de Putin, conlleva todo tipo de justificaciones geoestratégicas que disimulan la esencia del régimen ruso: una autocracia centralista y paneslavista que, ante los antecedentes históricos, intenta evitar un nuevo derrumbe por la fuerza de las armas.

Ha sido el afamado y controvertido general Ben Hodges quien hace unos días expuso el talón de Aquiles del régimen ruso cuando advirtió: «El gran tamaño de Rusia hace que la solidaridad cívica sea difícil de lograr en el mejor de los casos. Con la metrópolis debilitada, cualquier sentido de identidad nacional podría deteriorarse rápidamente». Los datos históricos muestran que los colapsos del Estado ruso se debieron a que el proyecto imperial de los zares que la URSS continuó, engendra un círculo vicioso de expansión, desequilibrada estabilización y colapso por la acumulación de dificultades macroeconómicas, sociales, políticas, geográficas y étnicas. Ha sido el profesor de historia Chris Snow quien ha expuesto la posibilidad de repetición del ciclo histórico ruso, al advertir que pese a la propaganda del régimen presumiendo de fortaleza financiera por la continuidad de sus ventas de petróleo y gas (sin mencionar los menores ingresos por los bajos precios) Rusia ya sufre una crisis estructural profunda.

Los datos parecen dar razón a Snow. El primer desequilibrio de Rusia es demográfico. Con 145 millones de habitantes su población desciende cada año, sobre todo en las grandes ciudades y en los krais Russkii (Русский) de etnia mayoritaria eslava, frente a los de las veintiuna repúblicas de etnias diferentes cuya población sube ligeramente. De hecho, entre 2002 y 2020, la etnia ruso-eslava se ha reducido en 10 millones de personas. Por otro lado, el PIB ruso en 2022 sumó 1,7 billones de dólares, mientras que Italia, con 59 millones de habitantes, tiene un PIB de 1,9 billones de dólares. En términos de renta por habitante, Rusia anda a la zaga de Kazajistán, Croacia y Rumanía. Su productividad es tercermundista pues el 60% de sus exportaciones son gas y petróleo, que representan, en total, un tercio de su economía, ligada, por tanto, a los vaivenes del precio de la energía. Les siguen otras materias primas y aparejos de guerra que en la práctica se han mostrado quebradizos. Así, el déficit presupuestario del Kremlin de 2022 fue de 47 mil millones de dólares, y el déficit presupuestario de este año aumentó a 3,42 billones de dólares en abril. Los ingresos totales de Rusia cayeron un 22 por ciento y sus gastos aumentaron un 26 por ciento. Rusia no cumplió con su objetivo presupuestario para todo el año y las pérdidas aumentan constantemente. Además, el valor del rublo se ha depreciado en más del 30% desde principios de 2023. Estas cifras contrastadas se oponen a no pocas oficiales que aseguran que el impuesto al valor añadido (IVA) se mantiene estable, lo que induce a pensar que Moscú nos está mintiendo para hacer que la situación sea menos catastrófica de lo que es.

El reconocido escritor ruso Mikhail Shishkin tuvo el coraje de escribir una carta abierta con el título: “Mi querido pueblo ruso: los ucranianos luchan contra el ejército de Putin para defender su libertad y la nuestra”. En el fondo, expresa la realidad de un poder oligárquico cuyo sistema de explotación y extracción centralizado en Moscú se muestra cada día más cruel e ineficiente. A pesar de las apariencias, el poder vertical implantado por Putin es frágil al estar constituido por un grupo reducido de individuos sin un mecanismo real de sucesión. Ineficiencia y aventurerismo hace que el sistema de Putin sea incluso más débil que el de la Unión Soviética. Personajes como Yevgueni Prigoshin y Serguéi Shoigú muestran la vorágine delincuencial del régimen.

Además, la Federación Rusa compuesta por nueve krais, cuarenta y siete óblasts, veintiuna repúblicas, cuatro distritos autónomos y dos ciudades federales que conforman los ochenta y tres sujetos federales, carece de instituciones locales sólidas. En realidad, solo la bota moscovita contiene las aspiraciones ancestrales de chechenos, baskirios, tártaros del Volga, udmurtos, mordovianos, ingusetios, calmucos, tuvanos, yacutos y altáis repartidos en las veintiuna repúblicas y varios krais y óblasts. De hecho, muchos han intentado independizarse de Moscú en el pasado. En la década de 1980, por ejemplo, Osetia, Chechenia e Ingushetia. Tartaristán y Baskiria también lo intentaron antes y hoy, a pesar de la represión, acontecen protestas contra la guerra en estas repúblicas. En Kuban perviven rescoldos del genocidio circasiano entre 1864 y 1870, por lo que la convivencia entre autóctonos y rusos es tensa. La efímera República de los Urales de 1993, es otro ejemplo de intentos fallidos de separarse del gobierno de Moscú.

La inestabilidad inherente a una federación que en realidad es una confederación, regida por un poder central extractor incapaz de generar riqueza, está siendo más fragilizada por el sangrado de recursos exigidos por una guerra generada por la mezcla de ambición imperialista y miedo del régimen a su propio colapso. Así, el sufrimiento y la pobreza aumentan al tiempo que el colapso demográfico de la Rusia eslava parece imparable.

En este contexto ¿se puede culpar a Ucrania de aspirar a pertenecer a la Unión Europea, en lugar de plegarse a una Rusia económicamente irrelevante, lastrada por un implacable centralismo étno-imperialista, además de científica y tecnológicamente muy inferior a Estados Unidos, China, Japón, Corea del sur y otros países del bloque occidental?

LA LOCOMOTORA ALEMANA SE HA GRIPADO

Un repaso sobre los motivos de una decadencia ocultada por el oportunismo

Uno de los tópicos, no sin fundamento, es el de la laboriosidad juiciosa de los alemanes. Pero como a toda generalización habrá que aplicar la regla de los pimientos de Padrón; unos si y otros no. En realidad, su prestigio como nación seria es muy reciente, apenas se remonta a las últimas siete décadas que inauguran dos hombres sabios y sobrios: Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Fue gracias a sus decisiones que la República Federal de Alemania (RFA) logró recuperarse rápidamente de la hecatombe de la II Guerra Mundial.

Creo que merece la pena repasar sumariamente cómo, a partir de 1949, el Ministro de economía de la RFA, Ludwig Erhard aplicó una política económica basada el ordoliberalismo (también inspirador del Plan de Estabilización franquista) una corriente surgida en la Universidad de Friburgo en la década de los treinta del siglo pasado, cuyo padre intelectual fue Walter Eucken al que siguieron las aportaciones de Franz Böhm, Hans Großmann-Doerth, Leonhard Miksch, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack y el mismo Ludwig Erhard. Fue Alfred Müller-Armack, mano derecha de Erhard, quien acuñó el concepto «Economía Social de Mercado». El fundamento del ordoliberalismo es el pacto entre sindicatos y patronal para coordinar y acordar salarios y productividad, bajo el compromiso de incrementar la capacidad adquisitiva de los salarios, el mantenimiento del empleo y el aumento general de la riqueza. Algo muy parecido al corporativismo aplicado por Eduardo Aunós durante la Dictadura de Primo de Rivera (en el que colaboró con denuedo la UGT dirigida por Largo Caballero) y la socialdemocracia de los países escandinavos. El socialdemócrata Karl Schiller no solo apoyó esta política económica sino que la amplió a través del Globalsteuerung, o dirección global, un proceso por el cual el gobierno no interviene en los detalles de la economía, pero establece pautas que fomentan un crecimiento no inflacionario e ininterrumpido. Por supuesto, también la RFA se vio favorecida por el Plan Marshall (1948-1952), y la reducción por parte de los aliados del 50% de la deuda externa alemana en la Conferencia de Londres de 1952.

El éxito de los “Treinta Gloriosos” (1946-1975) y el modelo de economía social de mercado que los socialdemócratas siguieron y ampliaron, dio a la República Federal de Alemania un periodo casi ininterrumpido de prosperidad con un crecimiento medio del 7 % anual, mientras que el desempleo cayó del 11 % en 1950 al 0.7 % en 1965. Semejante hazaña también fue posible gracias a la reconciliación sincera entre Francia y Alemania que desembocó en la Declaración de Schuman que propuso que el carbón y el acero de la RFA y Francia (y los demás países que se adhirieran) se sometieran a una administración conjunta que llevó a la firma del Tratado de París el 18 de abril de 1951 por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado por Francia, RFA, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El aumento general de la riqueza en la RFA, como resultado de una renovada y productiva industrialización, hizo olvidar a sus ciudadanos guerras, crisis y hambrunas no tan lejanas, incluida la hiperinflación durante la catastrófica República de Weimar. Pero de pronto llegó la crisis petrolera de 1973 poniendo en solfa la estabilidad con el aumento de la inflación y la inseguridad energética. Este contratiempo inesperado produjo un sentimiento de frustración y vulnerabilidad en la sociedad alemana occidental.

Como consecuencia colateral de la crisis del petróleo, los grupúsculos residuales de las revueltas de los 60 y los situados a la izquierda del Partido Socialdemócrata, sin olvidar, aunque se olvida, el latente econazismo de montañas nevadas y banderas al viento en sectores no tan minoritarios de la población, surgió un movimiento ecologista potente contra la energía nuclear civil llamado Energiewende (antinuclear, control democrático y activismo medioambiental). De esta manera, en 1980, seis años antes del accidente de Chernóbil, se funda el Partido verde Die Grünen. La primera gran victoria de los verdes, se produce con la paralización del proyecto de la central nuclear de Wyhl en 1983. La fusión del núcleo del reactor de la central nuclear de Chernóbil en 1986 afianzó a los verdes como fuerza política, al exagerar hasta el paroxismo los niveles de radioactividad o lluvia radiactiva procedente de Chernóbil que caía como hecatombe flamígera sobre Alemania. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que había hasta entonces apoyado el plan de desarrollo de la energía nuclear civil, en agosto de 1986 propuso su abandono en 10 años. Empero, el entonces Canciller y dirigente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Helmut Kohl, mantuvo el apoyo a la energía nuclear.

Bajo la batuta de Kohl como canciller de la RFA entre el 1 de octubre de 1982 y el 26 de octubre de 1998, la política de diversificación energética se mantiene a pesar de las manifestaciones en contra de los verdes y del SPD. Esta posición y el mantenimiento del ordoliberalismo como línea maestra de la economía, permitieron a la RFA remontar la crisis de los setenta con creces. Ya en 1989 la RFA era la tercera potencia económica mundial solo por detrás de EEUU y Japón. Y sobre estos poderes, el 3 de octubre de 1990 el Helmut Kohl logró la reunificación de Alemania que consistió en la absorción por parte de la RFA de los cinco landers de la sovietizada República Democrática Alemana: Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia Anhalt y Turingia y Brandeburgo. Con el cierre de las tres deplorables centrales nucleares de la RDA, la RFA en 1992 tenía 17 plantas nucleares en activo.

Tras la victoria electoral de la coalición del SPD dirigido por Gerhard Schröder y los Verdes encabezados por Joshka Fischer en 1998, el nuevo gobierno roji-verde establece el objetivo de eliminar todas las centrales nucleares inmediatamente. Tras escabrosas negociaciones que duraron más de dos años, el gobierno dirigido por Schröder pactó con la industria el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares, estableciendo un periodo máximo de actividad de 32 años, de modo que el último reactor se debería desconectar en 2022. Al mismo tiempo, el gobierno aprobó una serie de leyes (Erneuerbare-Energien-Gesetz) para incentivar, a través de reducciones fiscales, subvenciones y otros muchos privilegios, la generación de energía eléctrica renovable como colofón del programa Energiewende.

El 30 de mayo de 2005 Ángela Merkel es elegida Canciller de la RFA. Al constatar que el precio de la energía eléctrica generada por las energías renovables era mucho más caro e inestable que la generada por las centrales nucleares recién cerradas de Stade y Obrigheim, mientras que las centrales de gas natural aseguraban el suministro, el 13 de octubre del 2005, Gazprom Export firmó un contrato con las alemanas Wingas y Wintershall (filial de BASF), para suministrar 9 millones de m³ de gas natural al año durante 25 años. El 9 abril 2010 el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, y Ángela Merkel, inauguraron la construcción del primer ramal del gasoducto Nord Stream para facilitar la llegada del gas ruso a Alemania que hasta entonces se suministraba a través de Ucrania y Polonia por los gaseoductos Brotherhood y Yamal-Europa (1997). Aquel acuerdo fue una puñalada trapera para Ucrania, Polonia y las repúblicas del Báltico. En noviembre de 2011 fue inaugurado por Merkel y Medvédev el primer ramal. El segundo ramal empezó a construirse en mayo de 2011 y se terminó en abril de 2012. El tendido de Nord Stream 2 se llevó a cabo entre 2018-2021. La primera línea de Nord Stream 2 se completó en junio de 2021 y la segunda línea se completó en septiembre de 2021.

No puede ser casual que desde que dejó de ser canciller en 2005, Gerhard Schröder trabajara para la industria gasista y petrolera rusa en concreto Presidente del consejo de administración del consorcio petrolero Rosneft, con un sueldo oficial de 600.000 euros al año, consejero de Gazprom y del Nord Stream AG, además de reconocer ser amigo personal de Putin.

En 2010 Angela Merkel acuerda en su segunda legislatura, con el Partido Liberal (FDP) como socio, extender los plazos para las entonces 17 plantas nucleares en activo. Se mantiene el objetivo del adiós a la energía nuclear, pero prolonga 14 años más la actividad de los reactores más recientes. Ya la dependencia de la RFA del gas ruso era importante, con el Nord Stream 2 y el cierre de las centrales nucleares y de carbón se convierte en absoluta. Pero el gas ruso es abundante y barato, más barato para Alemania que para todos los demás. Putin está encantado con su clienta Merkel.

Cuatro días después de la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011, Ángela Merkel revierte su anterior decisión y recupera el calendario del apagón para 2022. Ordena revisar la seguridad de todas las plantas y establece que las siete centrales nucleares construidas en los ochenta deben desconectarse en tres meses. Indemniza a los consorcios afectados con 2.400 millones de euros. Esta pusilánime decisión carente de visión estratégica por cuanto deja Alemania a merced de la llave de paso del gas ruso, es aplaudida por la mayoría de la opinión pública alemana y europea. El gas ruso sigue siendo abundante y barato, más barato para Alemania que para todos los demás. Putin está aún más encantado con su clienta Merkel.

El socialdemócrata Olaf Scholz logró en diciembre de 2021 formar gobierno aliado con los verdes y los liberales. Solo tres meses más tarde, Rusia invade Ucrania. Ante este panorama, pero creyendo que se trataba de un Blitzkrieg (guerra relámpago) de los rusos, su gobierno decide una última prórroga para las tres centrales nucleares que siguen activas. El apagón ya no será el 31 de diciembre de 2022 sino el 15 de abril de 2023. Scholz adopta esa decisión sin el consenso de sus socios. El ministro de Economía y Protección del Clima, el verde Robert Habeck, defendió el calendario previsto, mientras que el de Finanzas, el liberal Christian Lindner, reclamó mantener las últimas plantas en activo durante más tiempo.

Pero los ucranianos aguantaron la embestida y se han empeñado en subsistir como nación. Mientras tanto, Alemania se encontró entre la espada de su dependencia energética del gas ruso y la pared de su pertenencia a la OTAN y a la UE. De cómo llegó la laboriosa y parecía que sensata Alemania a esta lamentable situación solo se explica por la implantación de una ideología falsificadora de la realidad que establece la anticientífica e insensata doctrina antinuclear, como elemento sustancial para proteger el medio ambiente, cuando la realidad científica demuestra que es todo lo contrario. Porque además, la reaccionaria doctrina antinuclear frena la investigación científica y el desarrollo de una industria eficiente y limpia. El ejemplo palmario de este sindiós ideológico es la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética perpetrada por el gobierno de Sánchez.

La trampa tendida por Putin, ese gas abundante y barato, ha destapado el dumping energético a una industria antaño dinámica y competitiva y hoy entumecida.

El conocido historiador alemán Andreas Rödder exponía hace un mes en Die Welt su temor: «Todo el modelo empresarial alemán ya no funciona». Recordaba que «se apoyaba en tres pilares: Importaciones de energía barata de Rusia, dependencia económica de China y seguridad proporcionada por EE UU y la OTAN sin pagar por nuestra parte».

LA PANDEMIA HISTORICISTA

Al ser utilizado a diario consciente o inconscientemente por la inmensa mayoría de periodistas e eruditos que publican en los medios, nos hemos habituado a leer y escuchar ensayos, artículos y noticieros basados en el historicismo, una teoría que sostiene que la naturaleza de los seres humanos y de sus actos, solo se puede entender considerándolos como parte integrante del devenir de la historia, un proceso histórico continuo debido a que la historia tiene sus propias leyes. Uno de los pensadores que ha refutado esta tesis con determinación fue Karl Popper en: “La miseria del Historicismo” indicando que el historicista cree en una «ley del desarrollo histórico» y en la existencia de un patrón en la historia, e incluso de un fin, y en que su descubrimiento es la tarea central de la ciencia social. Desde esa presunción, el historicismo establece que esas leyes deben determinar la dirección de la acción política y social.

Los padres del historicismo tienen gran reputación en diferentes corrientes de pensamiento, desde Gottfried von Herder hasta Benedetto Croce, pasando por Friedrich Hegel, Karl Marx, Wilhelm Dilthey, etc. Quizá la frase más rotunda y que mejor sintetiza el historicismo sea la firmada por Wilhelm Dilthey: “Lo que el hombre es lo experimenta solo a través de su historia”. Por supuesto los principios del materialismo dialéctico en que se basa el materialismo histórico marxista, contienen los rasgos historicistas de predeterminación del destino del hombre ordenado por un proceso histórico. Y aunque los padres del historicismo y sus seguidores suelen alinearse en ideologías redentoristas, otras corrientes antitéticas como el positivismo con su búsqueda de leyes generales reguladoras del devenir social y varias ramas del liberalismo como el neoliberalismo (consenso de Washington) siguen pautas historicistas. Es el caso de Francis Fukuyama con su afamada teoría del Fin de Historia cuando establece: “la Historia entendida como un único y coherente proceso evolutivo”.

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Las tópicas frases hechas que oímos o leemos a menudo como: «los mercados libres conducen al desarrollo democrático«, o «el socialismo es inevitable debido a la ineludible crisis final del capitalismo«, contienen un determinismo historicista claro. Al profundizar en estos rasgos historicistas, el historiador Timothy Snyder los ha sintetizado con dos conceptos interpuestos: política de la eternidad y política de la inevitabilidad. Así, el relato de la eternidad es, además, identitario y maniqueo. Trata de nosotros/los puros contra ellos/los malos, y el éxito de los primeros pasa por la eliminación física o política de los segundos. Lo importante son los roles inmutables atribuidos por el autor del relato, y a partir de ahí lo relevante no es lo que uno hace, sino lo que uno es según el papel asignado. En consecuencia, desaparece la objetividad. Los hechos ya no son valorados por lo que son, sino en función de sus autores: un mismo hecho es bueno si lo hacemos “nosotros”, y malo si lo hacen “ellos”.

Con la inevitabilidad, las ideologías apoyadas en el historicismo presentan el triunfo de sus ideas como predestinado y fin y final de la historia. A menudo, los políticos de la inevitabilidad retratan la historia como un viaje del salvajismo a la civilización y asumen que esta tendencia continuará hasta el resultado deseado. Así, Marx entendía que la sociedad había cambiado entre varios modos de producción, desde los cazadores-recolectores neolíticos, la esclavitud antigua, la servidumbre feudal y luego el capitalismo, y que estos modos de producción dictaban cómo operaban las sociedades y, en última instancia, sus contradicciones (dialéctica) conducían al siguiente modo. Marx argumentó que la historia era, en esencia, una lucha de clases y que esta lucha definía su recorrido. Por lo tanto, la victoria del proletariado sobre la burguesía era ineludible como consecución de la dialéctica histórica. En el período moderno, postuló Marx, la lucha entre la burguesía y el proletariado conduciría al colapso del capitalismo y al triunfo del socialismo. Como indica el Manifiesto Comunista: «Hasta ahora, toda forma de sociedad se ha basado, como ya hemos visto, en el antagonismo de las clases opresoras y oprimidas… El desarrollo de la Industria Moderna, por lo tanto, corta bajo sus pies la base misma sobre la cual la burguesía produce y se apropia de los productos. Lo que produce, pues, la burguesía, sobre todo, son sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables». Este determinismo historicista ha impulsado e impulsa tácticas, estrategias y acciones despiadadas por parte de sus creyentes. Así, durante los procesos revolucionarios y sus consolidaciones como regímenes en Rusia, China y otros países, los dirigentes marxistas-leninistas-populistas cometieron y cometen atrocidades con impunidad, ya que todo lo que hicieron y hacen, es al servicio de la justa e inevitable revolución mundial, tal y como dicta el dogma.

LA INEVITABILIDAD DE LOS HISTORICISTAS “LIBERALES”

Según el canon histórico liberal, gracias a los grandes pensadores que desarrollaron los conceptos de libertades universales y derechos de propiedad, se desarrollaron las instituciones de los Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos logrando con ello adoptar las formas de gobierno más óptimas y democráticas. Con esta tesitura, el relato de los Fukuyama aseguraron que el comunismo y el fascismo fracasaron porque no tomaron en cuenta el anhelo innato de libertad dentro de todas las personas. Además, muchos liberales del siglo XX creían que el capitalismo combinado con la democracia proporcionaría el equilibrio perfecto para la gobernabilidad y, en consecuencia, se arraigaría en todos los países en donde se estableciera la propiedad privada y el mercado libre. Sobre esta inevitabilidad, cuando se derrumbó la Unión Soviética los liberales historicistas concluyeron que el liberalismo ya era dominante y que había llegado el «fin de la historia«. Los últimos vestigios del comunismo, en China, caerían con el desarrollo de mercados abiertos, puesto que la emergente clase media china exigiría reformas políticas liberadoras y democráticas, por lo que la democracia capitalista liberal reinaría en el mundo per in sæcula sæculorum amen.

Ante estas derivas historicistas neoliberales Snyder es categórico: «Los traumas aparentemente lejanos del fascismo, el nazismo y el comunismo parecían estar retrocediendo hasta volverse insignificantes. Nos permitimos el lujo de aceptar la política de la inevitabilidad, la sensación de que la historia solo podía avanzar en una dirección: hacia la democracia liberal. Entre 1989 y 1991, cuando tocó a su fin el comunismo en Europa oriental, nos tragamos el mito de un «final de la historia». Al hacerlo, bajamos las defensas, limitamos nuestra imaginación, y dejamos la puerta abierta justamente al tipo de regímenes que nos decíamos que no podrían volver jamás».

Trascurridos más de tres decenios de los augurios del fin de la historia y el “inevitable” reinado del liberalismo en todo el orbe, somos testigos que en vez de avanzar hacia esa meta estamos retrocediendo. La degradación de las libertades al socaire de las doctrinas woke en occidente, el fracaso de la llamada primavera árabe, la propagación del terrorismo islamista, la radicalización de la dictadura del Partido Comunista en China y el ascenso del populismo en general, a veces revestido de redentorista y otras de nacionalista, son hechos peliagudos. Por si faltaba poco para nublar el presente y el futuro de la humanidad, los principios liberales del capitalismo están siendo arrasados por el capitalismo woke que no es otra cosa que en un juego de monopolio. Juego que conduce a un corporativismo apoyado por la mayoría de los estados occidentales y otros organismos internacionales como Naciones Unidas, con el fin de lograr la cancelación de los insumisos e imponer un orden corporativo mundial. No hace falta ser muy perspicaz para no ver esta estrategia global, basta leer las agendas de desarrollo sostenible o el ODS 13 Acción por el clima o, mejor aún, al imperioso el fundador y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab en junio de 2020: «Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un «Gran Reset» del capitalismo».

ETERNIDAD Y VICTIMISMO

Establecidos en la incertidumbre hacia el futuro, triunfa la política de la eternidad donde un grupo o nación se coloca en el centro del victimismo histórico colectivo y perpetuo. Para los predicadores nacionalistas y xenófobos que han optado por la política de la eternidad, su eterna nación está bajo el constante ataque de los forasteros, por lo que no hay otra alternativa que expulsar o eliminar a los extranjeros o traidores y establecer un férreo Estado nacional.

Donde la política de la eternidad victimista se exhibe ahora, con la contundencia sofista de la engrasada por años de experiencia soviética de la agitprop, el relato del gobierno ruso sobre su invasión a Ucrania. Es Vladimir Putin quien afirma que Occidente ha intentado durante milenios penetrar en Rusia: imponer la cultura occidental, las instituciones occidentales y la moral occidental en el estado ruso. Rusia, como un «Estado inocente«, simplemente ha buscado protegerse a sí mismo y a sus «estados hermanos pequeños» como Ucrania, de la dominación occidental. Así, Rusia se defiende del decadente liberalismo occidental, de su ateísmo y de la degradación de la familia. En 2014, Putin justificó la ocupación del Donbás y la anexión de Crimea manu militari con el argumento, también usado por los nazis para anexionarse los Sudetes y Austria, de proteger a los rusoparlantes, cuyos derechos estaban siendo atacados. La invasión de Ucrania en 2022 actualizó ese relato: se estaba produciendo un genocidio contra la población rusa en Ucrania y había que acudir a su rescate y derrocar al Gobierno neonazi de Zelenski. Ese supuesto genocidio, por supuesto, no iba a limitarse a Ucrania: era el pueblo ruso, el russkiy mir, el que estaba en peligro. El ataque a Ucrania era preventivo. «Lo que está ocurriendo en Ucrania es una tragedia, de eso no hay duda. Pero no teníamos elección. Era cuestión de tiempo que se produjera un ataque contra Rusia», dijo Putin en abril de 2022. Este discurso victimista oculta la ambición derivada del decimonónico paneslavismo, donde la «gran nación rusa» compuesta exclusivamente por los eslavos, tiene el deber y el derecho de unificarlos y establecer el Russkiy mir en Europa y Asia bajo las égidas de autocracia y ortodoxia.

 

La tesis de la agresión occidental es asumida por muchos ciudadanos occidentales. Y lo hacen desdeñando muchos datos históricos relevantes, por ejemplo: el Pacto Mólotov-Ribbentrop y la consiguiente invasión del este de Polonia por la URSS en septiembre de 1939 mientras los nazis tomaban el oeste. Tampoco dan importancia a la ocupación soviética de los países bálticos a mediados de junio de 1940, el frustrado intento de quedarse con Finlandia invadiéndola a sangre y fuego en diciembre de 1939, invasión que recuerda la actual en Ucrania. Olvidan también el dato de la enorme ayuda norteamericana a la URSS de Stalin sin la que los habitantes de la URSS habrían sufrido aún más el zarpazo nazi, mientras pasan por alto como la URSS se apropió de la Europa oriental incumpliendo los compromisos de la Conferencia de Yalta. Pero menos justificable si cabe es esquivar la dominación colonialista y con bota militar encima de las naciones de Europa oriental demostrada por la invasión sangrienta que aplasto la insurrección de los húngaros en 1956, junto con la invasión bestial de Checoslovaquia con 2.000 tanques soviéticos y cientos de miles de soldados que acabaron con la heroica Primavera de Praga en agosto de 1968.

Si estos datos no ponen en duda la eternidad victimista del relato putinesco, al menos deberían templar las acusaciones de quienes en occidente culpan a Estados Unidos de la Guerra Fría, acusan a las administraciones de Reagan y H. W. Bush de dividir el Pacto de Varsovia y de traición a lo pactado con Rusia, tras el hundimiento de la URSS, por parte de los sucesivos presidentes estadounidenses y dirigentes de la Unión Europea ampliando la OTAN y la UE y enganchando a los países del este de Europa fronterizos con Rusia. Además, alineándose con el relato de la eternidad rusa, los rusófilos occidentales consideran que Occidente simplemente está repitiendo su táctica centenaria para atacar los valores rusos y la grandeza de Rusia, aludiendo a la Guerra de Crimea y la I Guerra Mundial. De este modo compran acríticamente el relato victimista de Putin expresado claramente en su discurso de año nuevo de 2023: «El futuro de Rusia es lo que más importa. Defender nuestra Patria es el deber sagrado que tenemos con nuestros antepasados y descendientes. La verdad moral e histórica está de nuestro lado. Occidente nos mintió sobre la paz mientras se preparaba para la agresión, y hoy ya no dudan en admitirlo abiertamente y utilizar cínicamente a Ucrania y su pueblo como un medio para debilitar y dividir a Rusia. Nunca hemos permitido que nadie haga esto y no lo permitiremos ahora».

Menos mal que la política de la eternidad comete el mismo error que la política de la inevitabilidad, al eliminar la dinámica iniciativa de individuos y movimientos con motivaciones y estrategias propias. Si recorriendo los acontecimientos históricos desde inicio del siglo XX, resulta palmario comprender los motivos de los polacos para pedir la entrada en la UE y en la OTAN, tampoco es complicado comprender el sentimiento pro-occidental de los ucranianos expresado en la Revolución de la Dignidad, si recordamos, por ejemplo, el Holodomor.

LIBERTAD Y RACIOCINIO

El determinismo historicista expresado en la inevitabilidad y en la eternidad, cancela cualquier desarrollo de la conciencia política y social de los individuos y las sociedades, cuando es ese desarrollo el que concreta la historia. Predecir las evoluciones de las sociedades es labor de arúspice más que de científicos. Se puede utilizar las ciencias para encauzar políticas y economías, se puede usar, con la debida prudencia y no con métodos Tezanos, encuestas y datos estadísticos para evaluar tendencias. Lo que es falaz y contrario a la experiencia milenaria, además de acientífico, es crear una única narrativa coherente sobre el pasado histórico, el presente político y el futuro prospectivo por el simple hecho de que los seres humanos no tienen omnisciencia. No podemos aislar a los individuos y comunidades que dan forma al desarrollo histórico. No podemos agregar la historia, y no debemos intentarlo.

La faceta más peligrosa de la política de la eternidad y la política de la inevitabilidad no es la simplificación excesiva de la historia que encarnan, sino las implicaciones sociales que imponen. La crisis actual de las democracias capitalistas liberales tiene varias causas, destaca, sin embargo, la alianza entre burócratas y oligarcas para restaurar un corporativismo oligopolista mundial, donde el wokeismo sea el soma narcotizante que entretenga a las masas, lo que supondría la aniquilación de las “eternas” premisas e instituciones liberales. Por el contrario, los epígonos posmodernos marxistas continúan con neologismos rebuscados justificando la cancelación de insumisos, la privación de derechos y la aniquilación del enemigo en nombre de una revolución mundial inevitable que nunca llegará. Para los nacionalistas significa una lucha paranoica constante por el dominio contra sus vecinos y renegados, sin importar el costo.

Finalmente, estas narrativas historicistas debilitan la capacidad del individuo para hacer un cambio junto con su comunidad. Niegan uno de los factores más fundamentales del desarrollo histórico: que los individuos, las instituciones y los grupos de interés pueden y deben impulsar el “progreso”. Las ideas historicistas, como dice Timothy Snyder, nos ponen en un “coma intelectual”. Al negar el historicismo, no debemos negar que el progreso es posible, sino que debemos aceptar que el progreso no está predeterminado y depende de todos nosotros como participantes activos para hacer historia de verdad.

Referencias:

La miseria del Historicismo. Karl Popper

El camino hacia la no libertad. Rusia, Europa America. Timothy Snyder

Manifiesto Comunista. Karl Marx y Friedrich Engels

Vladimir Putin’s politics of eternity. Timothy Snyder en The Guardian

Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam. Vivek Ramaswamy

Canadá: la primera nación woke

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Sigo con interés los acontecimientos de Canadá, pues no en vano pasé allí 8 años de juventud con sus correspondientes inviernos de los de antes del cambio climático y conservo algunos familiares y amigos. Se bien que en España, la opinión mayoritaria considera a Canadá un país civilizadísimo, la Escandinavia de América. No pretendo estropearles esa amable estampa aunque, como sucede en los países escandinavos, no es oro todo lo que reluce. Ya conté en “Caminos sobre la mar” mis impresiones cuando llegué en otoño de 1965 a Montreal, en donde la provincia de Quebec se despojaba sin aparentes traumas del nacional-catolicismo del admirador de Franco, Maurice Duplessis, para ir abrazando un liberalismo contaminado de socialdemocracia que abanderaban unos jóvenes políticos que llamaban a su propósito “Révolution tranquille”, revolución que muy pronto degeneró en nacionalismo.

Mucho me sorprendió entonces encontrarme un país con automóviles de cocote largo y gasolineras en todas las esquinas que, sin embargo, carecía de seguridad social (se estableció en noviembre de 1970) y una calidad democrática mediocre, debido a una judicatura intervenida por el poder político de forma aún más descarada que la del franquismo. Así, los jueces de los tribunales superiores de justicia provinciales eran (son) nombrados y destituidos por el Gobierno Federal de Canadá, los jueces de otros tribunales provinciales y federales eran (son), respectivamente, nombrados y destituidos por los gobiernos provinciales y federales.

En esas cavilaciones estaba cuando de refilón conocí a Pierre E. Trudeau en la Asociación Española de Pedro, una especie de Café de Flore aflamencado situado a pocos metros de la McGill University, entonces izquierdista y ahora woke. Por allí deambulaban izquierdistas, nacionalistas quebequenses, desertores yanquis y huidos de todo el mundo. Como hijo de una familia opulenta gracias a la especulación inmobiliaria acaecida en Montreal a principios del siglo XX (bautizado Joseph-Philippe-Pierre-Yves-Elliott), aquel aún joven catedrático cordial, solterón y decían que promiscuo que acababa de ser elegido diputado del Partido Liberal, frecuentaba los garitos de la bohemia intelectual de la época. Cuando poco después llegó a Primer Ministro de Canadá no le vi más en persona pero mucho en televisión, sobre todo en octubre de 1970 cuando puso al ejército a patrullar las calles de Quebec y declaró el estado de sitio contra los terroristas del FLQ cercanos ideológicamente a ETA. El “liberal” Pierre Trudeau abolió la pena de muerte en 1976, al mismo tiempo que respaldaba al dictador Fidel Castro regalándole unos cuanto millones de dólares. Su amistad con el tirano cubano se prolongó hasta el final de sus días, al punto que Fidel Castro se desplazó a Montreal en el 2000, para asistir al funeral de su magnánimo amigo Pierre.

¿De tal palo tal astilla? Pues aunque no sea una ley biológica, teniendo también en cuenta el perfil hippie New Age burguesote de su madre; Margaret Joan Sinclair, que Justin Trudeau sea un político relativista, vanidoso y oportunista, capaz de firmar un acuerdo de coalición Frankenstein, sustentado en la doctrina woke, entre su partido y los izquierdistas desnortados del NDP, con el único fin de amarrarse al poder hasta, al menos 2025, no es sorprendente. Sobre todo para los españoles que soportamos una actitud similar por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

La última medida basada en la doctrina woke que abraza con fanatismo el gobierno presidido por Justin Trudeau, es el proyecto de ley C36 “anti-hate bill” (Ley anti odio). Una ley que impone multas de hasta $200,000, la incautación de bienes y la cárcel para médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que manifiesten “información engañosa a los pacientes o al público” tanto privada como públicamente en redes sociales o artículos de opinión. Es decir, se criminaliza cualquier discurso o cualquier opinión que no se ajuste al oficial derivado de la doctrina izquierdista woke.

Con esta ley, el gobierno de Trudeau pretende implantar la censura previa y el castigo severo al discrepante, a través de una ley que proclama evitar el odio. Se trata de una inquisición descarada contra todos los que no comulguen con los mandamientos woke. En realidad, con dicha ley se “legaliza” la imposición del pensamiento único oficial del Gran Hermano que desde hace años campea en las universidades, escuelas e instituciones canadienses.

Un atisbo de esperanza acaba de surgir en Canadá, pues parece que el silencio de los corderos se ha roto con el escándalo surgido tras el intento de cancelar profesional y socialmente al famoso psicólogo clínico Jordan Peterson, por parte del Colegio de Psicólogos de Ontario. Con un descaro ostentoso, el Colegio profesional se ha permitido cancelar el derecho de ejercer su profesión a Peterson y quiere imponerle unos cursos de reorientación de duración indeterminada (pueden ser años), para que el psicólogo clínico purgue los pecados cometidos en sus comentarios públicos en Twitter y el podcast The Joe Rogan Experience. Es evidente que estamos ante una condena que recuerda los campos de reeducación soviéticos. Los ejemplos de los supuestos delitos de Peterson en las redes sociales incluyen pedir el fin de los mandatos de vacunación discriminatorios y no científicos, retuitear al líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, y criticar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

De la violencia contra la mujer

31/12/2022.

Acabando 2022 nos encontramos con los terribles datos de una lacra social vergonzosa, la violencia contra la mujer por parte de abusadores y asesinos. Además de cientos de agresiones sexuales a mujeres y niños de ambos sexos, durante 2022 en España han sido asesinadas 49 mujeres. No menos alarmante son los datos de violencia en las relaciones entre menores de 18 años que en 2021 llegaron a 661, lo que supuso un 28,6% más que en el año anterior. Según los datos de este año, las denuncias por violencia de género y agresión sexual en los juzgados españoles han aumentado cerca del 10% con respecto a 2021. Estos espeluznantes datos son una constante durante lo que llevamos de siglo. Además de mujeres, fueron asesinados decenas de niños y quedaron huérfanos otros tantos.

Empecemos recordando que desde el 2004 España cuenta con la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, el Código de Violencia de Género y Doméstica, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género así como otras leyes similares en cada una de las 17 autonomías. Todas estas leyes, códigos, pactos y reglamentos, están inspirados por la ideología género que considera a los hombres como perpetradores y a las mujeres como víctimas. En ningún caso se contabiliza oficialmente como violencia de género cuando la mujer agrede al hombre.

El Ministerio de Igualdad fue creado en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero, quien luego lo integró como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En 2020 el departamento de Igualdad fue desvinculado de la Vicepresidencia del Gobierno, para convertirse de nuevo en Ministerio de Igualdad regido por Irene Montero, asistida por la secretaria de Estado de Igualdad Noelia Vera. Mediante el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo se estructuró orgánicamente el Ministerio de Igualdad, estableciendo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género con rango de Dirección General dirigido por Victoria Rosell. Dependen de la Delegación del Gobierno, con nivel orgánico de subdirección general, la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género, la secretaría del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer.

Al socaire de las mencionadas leyes, regulaciones y organismos, se establecieron otras instituciones públicas y privadas (asociaciones mayoritariamente subvencionadas por el erario) con programas contra la violencia de género y ayudas a las víctimas. Destacan, entre otras instituciones y organismos, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, los observatorios autonómicos de violencia de género, las redes de atención integral para la violencia de género, las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, etcétera. De este frondoso árbol institucional han florecido expertas en violencia de género en los distintos campos; desde abogadas, juezas, fiscalas, psicólogas, trabajadoras sociales, periodistas y sociólogas.

Desde el tronco hasta la última de las ramas del árbol institucional mencionado, se reivindican que las medidas de protección integral tienen como finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas directas de esta violencia.

Ante los aterradores datos de agresiones y crímenes surge la obvia pregunta ¿Por qué este formidable aparato estatal, que supone un enorme esfuerzo de recursos de todo tipo, ha sido incapaz de reducir, tras tantos años, la violencia contra la mujer? Y no solo no la ha reducido sino que los datos muestran el aumento de la violencia en las relaciones entre los jóvenes. La respuesta que ahora nos ofrece el gobierno y sus medios es «Más educación contra el machismo y nunca difundir discursos que niegan la violencia de género». Acabáramos, educación para la ciudadanía correcta y censura a lo políticamente incorrecto.

La contumacia de los ideólogos que conforman el gobierno español es palmaria puesto que no aprecian traspié alguno ni daño a la convivencia en las “discriminaciones positivas” derivadas de la ideología de género impuestas en todas las aludidas leyes y reglamentos, en detrimento de la igualdad establecida en el Artículo 14 de la Constitución española aún vigente: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Esta cerrazón ideológica, les lleva directamente a la siguiente pirueta cuando apelan a la educación como otro bálsamo de fierabrás para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo hacen con un desparpajo vergonzoso sabiendo de sobra el constante incremento de la violencia en las relaciones de pareja tras 8 leyes educativas en España desde 1980, de la LOECE a la LOMLOE, 15 años de Educación para la Ciudadanía, cinco con semáforos y buzones de Correos unisex e innumerables tesis, masters y conferencias.

Ante los hechos, ante la cruda realidad de unas relaciones afectivas entre hombre y mujer equívocas, sobradas de hedonismo y exclusivismo que generan conflictos que derivan demasiadas veces en violencia, es imprescindible verificar porqué, a pesar del enorme intervencionismo del Estado, los conflictos y la violencia entre parejas lejos de disminuir, aumentan. Enseguida, nos encontramos frente a la ideología de género o teoría queer. Para empezar, como el marxismo hizo con las clases sociales, la queer divide al ser humano en dos dimensiones; cosa pensante y sustancia extensa frente a autoconciencia y corporeidad. Por ello, la especie humana en su conjunto es dividida entre “seres humanos en sentido biológico” y “personas”. Ambas separaciones explican la aceptación acrítica de conceptos tan difusamente delineados como: “identidad autopercibida” y “sexo psicológico”, protagonistas en la formulación teórica de la ideología de género. Estas elucubraciones han fructificado en las sociedades occidentales democráticas donde, tras décadas de opulencia, se ha maximizado el hedonista placer individual; la censura a todo límite moral o institucional impuesto al deseo de satisfacción individual y la brutalidad frente a todo cuanto se opone a la realización de las pretensiones individuales. La razón biológica y la ética impugna el concepto queer, mostrando que el tratamiento hormonal y la cirugía no operan un “cambio substancial” en el individuo, sino tan sólo movimientos accidentales. Que el sujeto permanezca siendo el mismo, aunque su cuerpo se transforme radicalmente, explica el alto grado de insatisfacción entre las personas reasignadas. Tanto “quiénes somos” como “lo que somos”, constituye un dato objetivo y objetivable mucho antes de ser percibido por nuestra conciencia. Entender al ser humano como autoconciencia hace que desaparezca la realidad. La autoconciencia no aporta necesariamente una información veraz sobre nosotros mismos sino que siempre es matizada por la mirada ajena.

Deducir de lo antedicho y de la información disponible que la ideología de género o teoría queer es una doctrina de teología turbada que, sin embargo, ha reinventado el infierno trentino en la tierra para condenar “cancelar de la faz de la tierra” a heteropatriarcales y otros infieles a través de autos sacramentales y fetuas mil, es de una lógica aplastante. Por consiguiente, se trata de un credo antidemocrático que pone su epicentro en la subjetividad, pretende una construcción arbitraria de la identidad sexual ajena a los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales de la naturaleza humana, e intenta imponer una sociedad radicalmente separada de la búsqueda de la verdad dentro de la naturaleza. No debe, por tanto, formar parte del currículo escolar ni ser base de legislación alguna.

¿EL CAPITALISMO WOKE SE DEBILITA?

10/12/2022.

El capitalismo woke o «stakeholder Capitalism» (ver: DEL MARXISMO AL CAPITALISMO WOKE. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA parece que está empezando a perder fuelle, prestigio y, sobre todo, dinero. Como ha denunciado Vivek Ramaswamy en “Woke Inc”, los ejecutivos formados en las universidades wokes, junto con la enorme presión del Partido Demócrata y los lobbies alrededor de los Sanders-Warren, ACLU, etc, etc, han logrado imponer la agenda ESG (en inglés “Environmental, social and corporate governance”- ASG en español así como ISR de inversión sostenible y responsable que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) en todo occidente. Ello implica la falsificación del objetivo principal de la empresa: obtener beneficios para sus accionistas y óptimo servicio a sus clientes, puesto que estos empresarios dedican tiempo y dinero de la empresa que dirigen, en labrarse reputaciones personales como altruistas conscientes de los males del mundo. Con este plan, con el dinero que les confían sus inversores y clientes, se exhiben con no poca insolencia como salvadores de la tierra y bienhechores de la humanidad. Estos “concienciados” directivos quieren cambiarnos copiando en buena parte el guión de ese “hombre nuevo” imaginado por Nietzsche y Guevara; unos vasallos zombis que paguen sin rechistar. Y todo ello en comandita con los activistas wokes que practican la censura y la intolerancia que sintetiza la llamada «cultura de la cancelación«, para eliminar social y laboralmente a todo aquel que ose criticar el juego de monopolio que pretenden imponer.

Por supuesto, estos multimillonarios empresarios cuentan con el apoyo de Naciones Unidas, la UE, la mayoría de los gobiernos occidentales, e innumerables asociaciones con ánimo de lucro no declarado. Al mismo tiempo, la salvación del planeta que proponen les comporta cantidades ingentes de recursos públicos y algunos privados que, en realidad, sufragan los contribuyentes al erario de los países occidentales, a través de todo tipo de impuestos. Sobre esta colchoneta de dinero, se han fundado organizaciones wokes intergubernamentales y privadas, con el fin de guiar y comprometer (y vigilar) el buen comportamiento ESG de las empresas de occidente. Son los poderosos lobbies y conglomerados: Net Zero Asset Managers (NZAM), European CEO Alliance, European Green Deal, EU taxonomy, Global Reporting Initiative (GRI), etc. Más que alentar, estas organizaciones se encargan de imponer y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de los objetivos de diversidad (incluyendo la discriminación positiva), alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y mantener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

Además de que la inmensa mayoría de los objetivos ESG-wokes son humo, imponerlos en las empresas privadas constituye un claro incumplimiento fiduciario de los directivos, por cuanto al perpetrarlos, utilizan fondos de sus accionistas y clientes en promover agendas sociales que muchos de esos accionistas y clientes *nunca* aceptaron. Ni que decir tiene que Iberdrola, Santander, BBV, Repsol, CEPSA, Telefónica, Grupo Social Once, Mercadona, Inditex, ESG, Ikea, Mapfre, Mutua Madrileña, Mahou San Miguel, Caixabank, IberCaja, Banco Sabadell, BANKINTER, RENFE, AENA, Pascual, Campo Frío, Sanitas, El Corte Inglés, Naturgy, PRISA, Vocento, Unidad Editorial, Atresmedia, Planeta, Mediaset, Grifols, ACCIONA y unas cuantas más, han pasado por el aro ESG y pertenecen a uno o a varios de los mencionados lobbies y conglomerados vigilantes del ESG. En seguida veremos porqué.

Y sin embargo, desde hace unos meses las grietas empiezan a surgir en las empresas más wokes. Parece que la estrategia ESG no termina de ser rentable y no pocos inversores empiezan a protestar o a irse a empresas menos wokes. El primer signo de cuestionamiento claro de esta estrategia, acaeció a finales de noviembre de este año, cuando Disney estrenó el costosísimo film animado ‘Strange World‘ (Mundo Extraño) y perdió 150 millones de dólares solo durante la primera semana de proyección. El rechazo del público por su radicalismo woke fue contundente cuando el boca a boca difundió que se trataba de un panfleto woke, sustentado en insulsas aventuras de una improbable familia interracial, con un personaje adolescente abiertamente LGBTQ+. Fue la gota que colmó el vaso pues expuso con crudeza la posibilidad del cumplimiento del lema creado por Brandon Smith para Holiwood: «Get Woke, Go Broke«. Solo unos días después del estreno, fue destituido fulminante su CEO Bob Chapeck quien, además de generar pérdidas sustanciales con otros films con mensajes wokes, incitado por los muchos empleados wokes de Disney, fracasó rotundamente cuando se enfrentó al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, denostando públicamente el proyecto de ley estatal de derechos de los padres en la educación, que prohíbe enseñar ideología de género y orientación sexual en las aulas.

La semana pasada, Vanguard, el segundo administrador de fondos mutuos y cotizados en bolsa más grande del mundo, se retiró de la Net Zero Asset Managers (NZAM), la mencionada alianza del sector financiero comprometida objetivo de cero emisiones netas para 2050 y ayudar a mantener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, afirmando que la medida era necesaria para brindar «claridad» a los inversores.

Tras estos acontecimientos, en medios financieros y sectores de la sociedad civil contrarios al wokeismo, ha surgido la expectativa sobre el futuro inmediato de BlackRock Inc. el fondo más grande del mundo en gestión de activos valorados en más de diez billones de dólares, dirigido por el Larry Fink, un auténtico campeador del stakeholder Capitalism que defiende con arrojo que: “el capitalismo stakeholder tiene el poder de transformar la sociedad” y no duda en aplicar en su gestión, solo en los países occidentales, objetivos ambientales y de diversidad radicales, según los cánones wokes y una estricta estrategia ESG. Sin embargo, su práctica ESG empieza a ser puesta en cuestión por inversores y clientes, tanto por injusta como por ineficaz.

En realidad, las fórmulas aplicadas por Flink han sido cuestionadas hace tiempo, aunque solo en agosto de este año se han explicitado con contundencia cuando diecinueve fiscales generales estatales de EEUU, encabezados por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, escribieron a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) demandado abrir una investigación sobre los vínculos de BlackRock con el Partido Comunista de China, además de verificar si estaba priorizando o no su responsabilidad fiduciaria con los inversores. La carta destaca que el gigante inversor encabezado por el multimillonario Larry Fink, invierte y hace negocios con empresas chinas que a menudo ignoran las preocupaciones ambientales, al tiempo que presiona a las empresas estadounidenses para que recorten drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, los fiscales han solicitado a la SEC que examine si los vínculos del grupo con varios grupos climáticos y los objetivos ESG entran en conflicto con sus responsabilidades fiduciarias. «Según los datos disponibles actualmente, BlackRock parece usar el dinero obtenido a través del esfuerzo de muchos ciudadanos, para eludir el mejor retorno de la inversión posible, así como su voto. Asimismo, continúan, los compromisos públicos anteriores de BlackRock indican que ha utilizado los activos de los ciudadanos, para presionar a muchas de las empresas en que participan a cumplir con tratados como el Acuerdo de París, que obligan a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, aumentan los precios de la energía, impulsan la inflación y debilitan la seguridad nacional de los Estados Unidos».

El pasado octubre los Estados de Luisiana y Misuri retiraron 500 y 794 millones de dólares respectivamente de sus fondos de pensiones públicas administrados por BlackRock, aduciendo malos rendimientos derivados de las políticas woke. Hace unos días, el Estado de Florida ha retirado 2.000 millones de dólares en activos de BlackRock, por anteponer la sostenibilidad a la rentabilidad. Los motivos de esta acción han sido explicados por el director financiero del Estado de Florida, Jimmy Patronis: «Si Larry, o sus amigos de Wall Street, quieren cambiar el mundo, preséntense como candidatos en las elecciones, funden una organización sin ánimo de lucro, donen a las causas que les importan, pero no jueguen con el dinero de los contribuyentes de Florida. Creo que es antidemocrático que los principales administradores de activos usen su poder para influir en los asuntos políticos y sociales. Usar nuestro dinero para financiar los proyectos de ingeniería social de BlackRock no es algo en lo que Florida se haya apuntado. No tiene nada que ver con maximizar los rendimientos y es lo contrario por lo que se le paga a un administrador de activos».

Teniendo en cuenta los continuos atropellos del Gobierno de Sánchez al orden constitucional, seguramente no pocos de quienes han tenido la paciencia de llegar hasta este párrafo se pregunten ¿en qué concierne a los españoles estos asuntos? La respuesta podría apelar a las tremebundas leyes wokes aprobadas y en tramitación, pero quizá sea más práctico informar que BlackRock es el primer inversor de la bolsa española. Dirige, de hecho, empresas españolas, algunas en apuros como Grifols. Es el primer accionista de Repsol (5,475%), BBVA (5,48%), Banco Santander (5,426%), Telefónica (4,983%) y Amadeus (6,153%). Asimismo, es el segundo accionista de Iberdrola (5,251%). También está presente en otras muchas compañías del Ibex: Enagás (3,833%), Redeia -antigua Red Eléctrica- (3,47%), ACS (5,373%), AENA (3,071%), Colonial (3,595%), Merlin Properties (3,996%), Banco Sabadell (4,610%), Caixabank (3,211%), Cellnex (5,207%), Ferrovial (3,133%), Siemens Gamesa (3,739%) y Solaria (3,821%). Y, al mismo tiempo, en el segundo trimestre del año su beneficio cayó el 22% y los ingresos el 6%. Creo que tras esta información, se comprende mejor el entusiasmo de las grandes empresas españolas respecto a los objetivos ESG.

EL GRAN HERMANO REINA EN CHINA

25/09/2022

Ayer, varios medios informaban de la purga perpetrada por el autócrata Xi Jinping sobre varios gerifaltes del Partido Comunista de China (PCC) como el exministro de Justicia, Fu Zhenghua y exviceministro de Seguridad, Sun Lijun. A nadie se le escapa que se trata de un aviso a navegantes para que su reelección como Secretario General esté expedita en el XX Congreso del PCC que se celebrará el próximo octubre. De hecho, la noticia no me ha sorprendido en absoluto pues desde la observación in situ hace 8 años, hasta la constatación posterior muy cercana de cómo el régimen espía y castiga cualquier opinión por inocua que sea, incluso a los extranjeros, además de los innumerables datos históricos y recientes testimonios lóbregos, demuestran que la purga actual es solo el pan nuestro de cada día del régimen chino.

Es innegable que hubo momentos donde pareció que el régimen parecía democratizarse, que el Partido Comunista de China aflojaba la cincha un poco, por ejemplo antes de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Sin embargo, hechos y datos indican que el régimen chino persiste en la autocracia e incluso la refuerza. En realidad, unos años antes ya se había consolidado la corrupta oligarquía multimillonaria, la aristocracia roja que maneja el PCC cuan martillo pilón e instrumento de su enriquecimiento. Así, la cleptocracia sistémica fue generando conflictos de intereses, guerras internas entre bandas que, ante la falta total de justicia independiente vinculada estrictamente al bien general, son zanjadas mediante purgas al mejor estilo estalinista. Las purgas son el constante desenlace de la lucha de clanes en el seno del PCC desde su creación, si bien se materializan con mayor desgarro desde la fundación de la República Popular China en 1949.

El suma y sigue de muerte y calamidades en China desde 1949 es aterrador, aunque los constantes lavados de cara y los éxitos económicos los ocultan sistemáticamente. El Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, fueron desastres humanitarios provocados por aquel Mao Gran Timonel, dueño y señor tan despiadado o más que el padercito sanguinario de la URSS; su camarada Stalin. Entre 1949 y 1975 calamidades y desastres produjeron millones de muertos, purgados, desaparecidos y encarcelados. Con la muerte de Mao y la purga del grupo de desalmados a la sombra de Mao compuesto por su viuda, Jiang Qing junto con Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen, conocido como la “Banda de los Cuatro” y la consiguiente resolución del XI Comité Central del PCC en diciembre de 1978 que repudió con contundencia la práctica política y el legado económico de Mao, se inició un periodo de reformas económicas que incluyeron la legalización de la propiedad privada de los medios de producción y el final de la autarquía. En definitiva, el camino hacia un capitalismo de corte corporativo, según la fórmula del nuevo jefe Deng Xiaoping “gato negro o gato blanco, lo importante es que cace ratones”. Pero de esta reforma económica no surgió, como algunos supusimos ingenuamente entonces, una reforma política similar a la ocurrida durante el tardofranquismo, que democratizara China.

Los motivos por los que ningún régimen controlado por un partido comunista de corte leninista progresa hacia la democracia merecen estudiarse. Lo indudable es que solo China y Vietnam han avanzado hacia un capitalismo vigilado por una aristocracia organizada en el partido que se ha convertido en oligarquía financiera. En China, cualquier intento de progreso hacia una democracia liberal ha sido aplastado a sangre y fuego. El ejemplo más doloroso sucedió en 1989, cuando el primer ministro Li Peng (luego purgado por corrupción), ordenó al Ejército Popular de Liberación disparar a discreción sobre los estudiantes que protestaban en la plaza de Tiananmen.

Trabajando como chinos en fábricas de corporaciones multinacionales o en fábricas propiedad de la aristocracia roja del PCC, los obreros y campesinos de la República Popular China lograron una gran hazaña económica entre 1980 y 2010. Fueron las multinacionales occidentales obnubiladas por la productividad, los bajos salarios y el potencial de consumo de los miles de millones de chinos, quienes invirtieron ingentes capitales acompañados de descomunales mordidas a los altos funcionarios miembros del PCC. No les importó ni la corrupción sistémica ni la inseguridad jurídica. Solo los beneficios cortoplacistas contaron. Así, la enorme riqueza generada derivada de la multiplicación por diez del Producto Interior Bruto (PIB) entre 1997 y 2016, no se ha repartido como teóricamente debía hacerse en un país “socialista” dirigido por un partido comunista. Todo lo contrario, el índice Gini fue subiendo desde el 16 del reparto de la miseria de finales de los 70 hasta el 49 en 2008 (España 32,4).

La diferencia de salarios y condiciones de trabajo y vida se fueron agrandando entre los trabajadores de Shanghái o Pekín y los de las zonas rurales donde reside aún el 60% de la población china.

El famoso bloguero Pan Caifu establece siete clases sociales en la RPC. Sin contradecirle en absoluto, recojo su clasificación agregando algunos matices captados desde diferentes fuentes y datos.

EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA HAY CLASES

I.        La clase de los poderosos funcionarios (权贵阶层) o aristocracia roja. Esta oligarquía está formada por los dirigentes del PCC y sus familias. Además de los miembros del Comité Central y el Politburó, pertenecen a esta estirpe los prominentes miembros del Congreso Nacional del Pueblo y el Consejo de Estado. Sus vástagos pertenecen al Cuerpo de Jóvenes Pioneros de China y a la Liga de la Juventud Comunista de China. Según varias fuentes, esta oligarquía la conforman alrededor de 50.000 individuos, cuya riqueza individual suele sobrepasar los miles de millones de dólares. Esta opulencia es adquirida a través del tráfico de influencias que los chinos llaman “guanzi”. Según una encuesta de Net Ease, sólo el 3% de los chinos cree posible hacer negocios sin guanxi.

II.      Los altos funcionarios o cuadros del PCC (官僚阶层) que ocupan altos puestos en las estructuras del Estado: jueces, fiscales, presidentes de asociaciones, rectores de universidad y directores de empresas estatales. La mayoría son miembros del PCC. Además de sus altos salarios, son premiados con esplendidos gajes como automóviles con chofer, amplia vivienda en barrios residenciales específicamente construidos para ellos, pagos por favores conocidos como “sobres rojos” (hongbao). Además, como derivada de su poder en las concesiones de licencias y otros muchos permisos, practican el mencionado tráfico de influencias guanzi remunerado con mordidas que pueden ser en metálico o mediante acciones de empresas cotizadas en bolsa a nombres de sus familiares. Estas prácticas corruptas son descritas con crudeza y precisión por Desmond Shum en: “Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today’s China” 2021 (Ruleta Roja: Una historia privilegiada de riqueza, poder, corrupción y venganza en la China de hoy). Con ingresos y patrimonios millonarios, se estima que esta clase la conforman alrededor de 4 millones.

III.       Las elites (精英阶层) constituidas por directores de empresas privadas, personajes famosos de la cultura y el espectáculo, abogados de prestigio o líderes de opinión constituyen un estamento social parcialmente dependiente de los dos estamentos anteriores que controlan el Estado. Aunque algunos gozan de influencia social y tienen abundantes recursos económicos, son constantemente supervisados por las dos clases superiores y se ven en la obligación de cooperar con ellas hasta el punto de afiliarse al PCC. Esta ambivalente situación provoca inseguridad social y financiera. Se estima que a esta clase pertenecen unos 8 millones de individuos.

IV.       Funcionarios y trabajadores contratados por el Estado (国有中产阶层). Tienen el privilegio de tener trabajo fijo con buenos sueldos y sinecuras considerables como vivienda, seguro médico, vacaciones y buenas condiciones laborales. Todos son miembros del PCC y suman alrededor de 15 millones.

V.       Clase media (中产阶层). Compuesta por trabajadores de empresas privadas, pequeños empresarios, autónomos, abogados, profesores universitarios, escritores, artistas, trabajadores para empresas extranjeras, periodistas en los medios comerciales, etc. Según Pan Caifu es “la clase de la esperanza” (希望阶层), al tiempo que confirma que en los últimos años su crecimiento se ha estancando, sus riquezas han disminuido y su espacio social se ha reducido. Es obvio que esta clase no es homogénea ni en recursos ni estatus. Como he mencionado, hay enormes diferencias salariales y condiciones de vida entre los habitantes de Shanghái, Pekín y otras ciudades industriales frente a los residentes de ciudades y pueblos del interior. En todos los casos, no disfrutan de un seguro médico al modelo occidental pues los pacientes están obligados a pagar, de media, más del 30% de los gastos médicos. Para ellos la escuela primaria suele ser gratuita pero la secundaria, la profesional y la universitaria corren a cargo de los parientes exclusivamente. Estamos hablando de unos 50 millones de personas.

VI.       El campesinado (农民阶层) puede vivir en el campo o en la ciudad. En general están sometidos al hukou de su nacimiento (registro censal que opera como un pasaporte interno o permiso de residencia al que se ligan tanto el lugar de residencia como la provisión de servicios sociales). Muchos de ellos han perdido sus tierras, algunos todavía viven de la agricultura o tienen pequeños negocios. Otra de las características de esta clase social es que los políticos no les prestan atención al no contar con representación política real. Son los grandes perjudicados del proceso de urbanización y de la destrucción del medio ambiente. Pan Caifu piensa que son la clase social más numerosa de China: unos 800 millones, sin embargo, teniendo en cuenta que la población activa de la RPC en 2021 era 793 millones, el 35% de campesinos suponen unos 500 millones de personas. Sin embargo, se calcula en unos 200 millones los emigrados a las ciudades de forma clandestina. La gran tragedia del campesinado chino es que carece de derechos laborales, sus condiciones de trabajo son precarias o inexistentes, mientras que el salario es de mera supervivencia. De hecho es el ejército de reserva barato para la industria.

VII.       El proletariado (无产阶层) según Pan Caifu es la clase social más baja, pobre y desprotegida. Aquí entrarían los campesinos más pobres emigrados clandestinamente a las ciudades, los trabajadores que se han quedado en el paro después de trabajar en empresas privadas, las personas sin hogar, los peticionarios o las familias aquejadas de una grave enfermedad, etc. Un grupo extenso que conformaría el lumpen de la sociedad china. Desdeñados por el sistema, no tienen protección social alguna, sobre todo los clandestinos victimas del hukou. De tal manera que si tienen la desgracia de caer enfermos, tienen que pagar de su exiguo bolsillo al médico. Una operación quirúrgica de urgencia es para ellos una tragedia en todos los aspectos. De los 500 millones de campesinos se calcula que hay más de 200 millones de inmigrantes internos que circulan por las ciudades chinas sin derechos de ningún tipo. El proletariado o lumpen del proletariado suma alrededor de 250 millones de personas.

Si el “socialismo con peculiaridades chinas” establecido por el denguismo (Deng Xiaoping) entre 1978 y 2012 supuso un extraordinario avance económico para China, parece obvio que sus mayores beneficiarios no fueron las masas obreras y campesinas sino los integrantes del partido que dice ser la vanguardia del proletariado. Esta obviedad fue aprovechada por Xi Jinping para escalar hasta la cumbre del PCC como Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China en noviembre de 2012, enarbolando una supuesta reforma igualitaria. Sin embargo, trascurrida prácticamente una década de xiísmo, lejos de mejorar la distribución de la riqueza, se ha seguido concentrando en las manos de la oligarquía roja. Así, el índice Gini sigue rozando el 5 que significa una desigualdad social tercermundista. Entre tanto, el camarada Xi se ha desembarazado de las escasas restricciones de acaparamiento de poder establecidas por Deng como la dirección colegiada, la limitación de mandatos, la concentración del poder o el propio culto a la personalidad.

Antes del coronavirus, la economía China dejó de crecer realmente por diversos motivos. Seguramente el más importante, junto con la crisis inmobiliaria, fue el retorno a una planificación y centralización más firme ordenada por Xi Jinping, que pronto desincentivó a los inversores internacionales. Hong Kong era una ventana amplia que demostraba que el capitalismo funciona mejor con libertad. El principio de “un país, dos sistemas” chocaba con el proyecto recentralizador de Xi. Solución estilo Mao y Stalin; Sometimiento por la fuerza aunque signifique la destrucción de una democracia con una economía boyante. Tras esta demostración de fuerza parece obvio que el próximo bocado de Xi es Taiwan.

Como un Mao redivivo, Xi Jinping se afianza en el poder absoluto justificando sus arbitrariedades y purgas por la lucha contra la corrupción. La realidad es que el guanxi sigue funcionando a toda máquina, al tiempo que el Gran Hermano llamado Partido Comunista de China vigila a cada súbdito chino que no pertenece a la oligarquía del PCC a través de su móvil, de una gran red tecnológica de monitorización, policías con gafas con reconocimiento facial, obligación de llevar chips RFID en todos los coches, más millones de videocámaras por calles y portales. Quien no obedece escrupulosamente las órdenes y reglas del Gran Hermano Partido Comunista de China, se le quitan puntos de crédito social hasta, si persiste, borrarle.

Si la dictadura de Xi constituye una tribulación para la humanidad, el apoyo indisimulado de los Klaus Schwab, Al Gore, Larry Fink, Tim Cook, Reed Hastings, Satya Nadella, Bill Gates y demás CEOs wokes como impulsores del «Gran Reset» o control social para un Nuevo Orden Mundial, estremece a cualquiera que considere la libertad como uno de los bienes más preciados de la humanidad.