«Luchar por tener razón y luchar por encontrar la verdad son hechos incompatibles. Quien lucha por tener razón lo hará incluso a costa de la verdad, y quien lucha por encontrar la verdad lo hará incluso a costa de aceptar que no tiene razón» (Gallego Rey @mareaxenaterra – 18/08/2025).
La Diabólica Alianza ha impuesto la dialéctica del amigo-enemigo, dándole la razón a Carl Schmitt.
El Renacimiento marcó el surgimiento de la burguesía como clase social y, al mismo tiempo, instauró un cambio significativo hacia un sistema menos predeterminado socialmente, eliminando la inmovilidad de la cuna medieval que determinaba que si nacías villano morías villano. Fue la novel burguesía, compuesta principalmente por comerciantes y artesanos de las ciudades, quien desafió la estructura feudal tradicional y promovió la movilidad social basada en el mérito y la riqueza, en lugar de la herencia y el nacimiento.
Con la revolución industrial y agrícola nacida en Inglaterra en el siglo XIX que se extendió rápidamente a Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, se produce una transformación profunda en la estructura social, como consecuencia de la mutación de la mayoría del campesinado en trabajadores asalariados en las ciudades. Ello generó una masificación urbana colosal, una explosión demográfica y una movilidad social real que, por entonces, no fue constada por escritores e intelectuales, seguramente porque el trabajo infantil y las largas jornadas de trabajo que se asemejaban mucho al esclavismo, ensombrecían el avance que significaba el salario respeto al medieval trueque. Que no pocos terratenientes, comerciantes, artesanos y hasta algún versado obrero se convirtieran en empresarios, para la mayoría de los trabajadores y sobre todo funcionarios, profesores e intelectuales, no significaba mejora alguna porque estimaban que la inmensa mayoría de la nueva sociedad industrial estaba formada por “proletarios” aquellos que según Carlos Marx y Federico Engels «no tienen nada que perder, sino sus cadenas».
Con el retorcido y ahistórico argumento de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, Marx establece que solo con la aniquilación de la odiosa burguesía capitalista, llegará la emancipación de los proletarios y la consiguiente sustitución del capitalismo por el socialismo y el comunismo. Sobre este trampantojo mental, el marxismo predica el odio contra los que se enriquecían con el trabajo ajeno. Y aunque el odio, de clase o de cualquier otro, es la manifestación más extrema del antagonismo consustancial a toda conciencia de identidad, y en la medida en que la conciencia de clase no deja de ser una marca de identidad, el antagonismo de clase, de no importa que clase, implica odio de los que pertenecen a un endogrupo identitario contra todos los del exogrupo o quienes no se identifican con ningún grupo social etiquetado. Es el bolchevique a ratos Máximo Gorki quien, a propósito de la misantropía de Lenin, escribió: “Amaba al pueblo. Lo amaba con responsabilidad. Su amor miraba muy lejos a través de las nieblas del odio”.
Que el antagonismo de clase tras la caída del Muro de Berlín, el posmarxismo y el capitalismo woke (ENLACE A DEL MARXISMO AL CAPITALISMO WOKE) lo hayan desplazado en favor de otros odios, en concreto los que alimentan la conciencia de identidad nacional, racial o de género, es solo un cambio estratégico forzado por las circunstancias.
Mutado el virus del odio de la lucha de clases marxista a la «interseccionalidad«, palabro derivado de intersección que en geometría se refiere al punto o conjunto de puntos donde dos o más objetos geométricos (como líneas, planos, superficies, etc.) se cruzan o comparten elementos comunes, lo fantaseó la abogada militante de teoría crítica de la raza, Kimberlé Williams Crenshaw para exponer la interrelación entre “los sistemas de opresión” que sintetiza metafóricamente con la imagen del cruce de avenidas. Así, Kimberlé Williams expone que «Cada avenida es un sistema de opresión. Para comprender la violencia que particularmente viven las mujeres negras, tendríamos que dirigirnos al punto en el que se cruzan el racismo y el sexismo, dos avenidas independientes, que se encuentran en la experiencia de ciertas personas». El problema es que con tanto cruce de avenidas en forma de sistemas de opresión, se producen confusiones tales que no hay manera de saber que opresiones son consubstanciales y por tanto no interseccionales. Semejante mogollón de diferentes sistemas de «opresión» por clase, género, raza, etnia, religión, etc. que interactúan y se superponen para generar sentimientos de desigualdad y discriminación no son fáciles de encajar, por ejemplo, la interseccionalidad entre «mujer» y «hombre negro heterosexual» ¿O los hombres negros heterosexuales no son equivalentes a los blancos o asiáticos victimarios de suyo?
La interseccionalidad y otros muchos derivados del trampantojo de la doctrina woke, es consustancial de la desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones de esta doctrina, por lo que me parece más preciso denominarla posmarxismo-wokeismo.
Aclaro que el posmarxismo-wokeismo del PSOE sanchista-zapaterista es difuso y oportunista, como antes lo fuera el marxismo-leninismo de los Largo Caballero y Negrín. De hecho, el PSOE lo aplica fundamentalmente en el metalenguaje inclusivo y en las leyes, forzados por sus imprescindibles alianzas para mantenerse en el poder, sabedores que la manipulación política del lenguaje moldea la opinión pública y permite avanzar en sus agendas a través de eufemismos propagandísticos. Por supuesto sus socios Sumar y Podemos, como hijos póstumos del marxismo-leninismo, abrazan con furor el posmarxismo-wokeismo enarbolando sin complejos la cultura de la cancelación y el odio sectario que comporta.
La estrategia principal del posmarxismo-wokeismo consiste en disfrazarse de bondad y justicia, con el victimismo como resorte emotivo. Así, el testimonio de la persona considerada oprimida es sagrado e incuestionable. No existe por tanto la objetividad ni búsqueda de la verdad, por el contrario, es la “experiencia vivida” el sentimiento como ley, pues «tu identidad racial, sexual o de género definirá el 100% de tu existencia». Así, para el posmarxismo-wokeismo, el cristianismo, la Ilustración, el movimiento filosófico de los siglos XVII y XVIII sobre los que se fundamenta Occidente, con sus valores de libertad individual, secularismo y la racionalidad del método científico, etc. solo son un artificio del hombre blanco hetero occidental: un vasto y sutil régimen autoritario.
Por consiguiente, todo aquel que no se autoidentifique con alguna o varias de las mencionadas contingencias de oprimidos wokes, «la Catedral» descrita por Curtis Yarvin (también conocido como Mencius Moldbug) conformada por instituciones intelectuales, culturales, medios de comunicación, y think tanks “progresistas” o “wokeistas” que imponen y moldean la opinión pública, esa Ventana de Overton “progresista”, es automáticamente etiquetado como heteropatriarcal, racista, clasista, carca, fascista, nazi, etc. o con la retahíla de su neolengua orwelliana para patologizar al disidente a través del sufijo “fóbico”: “homofóbico”, “transfóbico”, islamofóbico, “gordofóbico”, etc.
Con todo, el posmarxismo-wokeismo no sería más que una doctrina marginal si no hubiera sido utilizado por el globalismo plutocrático, esa DIABÓLICA ALIANZA entre las elites dirigentes de las izquierdas social-comunista, incluidas las dictatoriales y ruinosas versiones del socialismo del siglo XXI iniciado por el Foro de Sao Paulo fundado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva, al que siguió el Grupo de Puebla en 2019, hoy en pleno auge, con su supuesto enemigo conformado por la amoral plutocracia internacional globalista. De hecho, el globalismo plutocrático corporativista utiliza el wokeismo como su ramera ideológica para fragmentar a la sociedad, fomentar el separatismo, desbaratar a la familia, a la iglesia, a la nación para lograr la transferencia sistemática de la soberanía nacional hacia organizaciones internacionales que aspiran regir el mundo dictatorialmente. Entre esas organizaciones del globalismo woke son bien conocidas las llamadas capitalistas filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open Society Foundations de George Soros, las gestoras de fondos de inversión BlackRock, Vanguard Group y State Street, las gubernamentales como USAID desmantelada recientemente por Trump, las ONGs como Oxfam, Reporteros Sin Fronteras, Médicos sin fronteras, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las quince agencias de la ONU como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la UNESCO, el Banco Mundial y el que menos llama la atención porque domina el cotarro contando con las élites políticas de izquierdas de todo el mundo, sobre todo de la española: el oligárquico y endogámico Partido Comunista de China (PCC) (ENLACE A CHINA COLONIZA ESPAÑA). Así, por si las declaraciones del mandamás del PCC, Xi Jinping en Davos a favor de SU globalismo no fueran lo sufrientemente concretas, describo una de las más recientes, en concreto en la reunión celebrada el 28 de marzo con los gerifaltes de las gestoras de fondos y empresas del capitalismo woke internacional en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, donde Xi Jinping sostuvo que: «el multilateralismo es la única opción para solventar las dificultades y los desafíos que enfrenta el mundo, y la globalización económica constituye una corriente histórica imparable. China persiste en el verdadero multilateralismo, promueve una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva». Es decir, describe la imposición del crédito social chino que sintetiza la consigna de Davos: “En 2030 no tendrás nada y serás feliz”. Nada, ni familia, ni patria, ni vivienda en propiedad, ni Dios.
Asimismo, la DIABÓLICA ALIANZA entre el “posmarxismo-wokeismo” y la plutocracia globalista incentiva la inmigración desaforada de magrebíes, africanos, asiáticos e iberoamericanos hacia Europa, EEUU y Canadá incurriendo con ello en el tráfico de esclavos del siglo XXI, mientras que camufla su racismo mediante el empleo implacable de la mayoría de los medios que domina aplicando la cancelación al disidente al que tacha de lo que ellos son: “xenófobos”, “racistas”. Al mismo tiempo, la DIABÓLICA ALIANZA emplea enormes herramientas de dominio y manipulación para su negocio, sobre todo para sus negocio, destacando el cambio climático antropogénico (ENLACE AL APOCALIPSIS CLIMÁTICO) y LA AGENDA 2030 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 junto con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicha agenda es un monumento a la demagogia descarada con párrafos que ni Pericles se atrevería a escribir: «Nos comprometemos a poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lo que incluirá erradicar la pobreza extrema de aquí a 2030». Sobre la hipótesis “consensuada” del cambio climático antropogénico erigida sobre las discutibles proyecciones sobre el clima realizadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, se ha establecido un relato culpabilizador indiscutible so pena de ser declarado “negacionista”, sinónimo de herético con el que condenaron a Galileo por negar el por entonces consenso geocentrista, con el que los gobiernos de los países occidentales, sobre todo la Unión Europea, han montado una enorme tela de araña de subvenciones, créditos y bicocas de las que se nutren mesnadas de burócratas y parásitos y se enriquecen empresas multinacionales que practican el «greenwashing» (lavado verde ecologista) y obtienen ganancias y suculentos contratos por su “fuerte compromiso con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) y los principios del Pacto Mundial de la ONU. Algunas incluso han recibido reconocimientos por su gestión de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
Para cebar el negocio y amedrentar a los contribuyentes del erario para que paguen mansamente los confiscatorios impuestos para “frenar” el cambio climático, pues todos somos culpables de las deletéreas emisiones de CO2 pero unos; usted, mucho más que otros, nosotros los concienciados, difunden enormes campañas y “manifiestos por el clima” perpetradas por gobiernos que subvencionan asociaciones ecologistas, de consumidores, sindicatos, plataformas, ONGs, etc. incluyendo grotescas puestas en escena de adolescentes con síndrome de Asperger como Greta Thunberg quienes, al parecer, perciben el desastre del cambio climático mejor que los físicos, ingenieros o geólogos que dudan de un “consenso” que de serlo no es científico. Por supuesto, el gobierno que encabeza el PSOE de Pedro Sánchez con su orwelliano Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apuntalado por los diputados de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, PNV y Coalición Canaria, perpetran leyes como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza redundante y más nefasto aún que la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE.
Ante esta realidad la BATALLA CULTURAL de la opinión pública contra esta DIABÓLICA ALIANZA adquiere una relevancia absoluta teniendo en cuenta que cuentan con decenios de ventaja.
LA MAGIA DE CONVERTIR UNA IDEOLOGÍA EN “CIENCIA”
Creo no equivocarme al entender que para no pocos de aquellos que peinamos canas hace unos cuantos años, la situación que vivimos ahora nos recuerda demasiado a los tiempos de la Guerra Fría, aunque la estafa intelectual comenzara mucho antes incluso del infausto “I Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura” de 1935. Sucedió cuando Vladimir Ilʹich Lenin encargó en 1919 a su amigo de exilio en Suiza, Willi Munzenberg, organizar “la guerra cultural a favor de la dictadura del proletariado soviética” dentro de la recién creada Internacional Comunista más conocida como Komintern. Así, el eficaz Munzenberg fundó el primer aparato internacional de agitación y propaganda basado en la cooptación de intelectuales y artistas a favor de la flamante URSS llamada “Sociedad de Amigos de la Unión Soviética”. Fueron esos primeros contactos los que facilitaron a Münzenberg la construcción del “Münzenberg Trust” que incluía periódicos y revistas en varios países europeos y las productoras-distribuidoras Prometheus y World Film.
Con la Sociedad de Amigos de la Unión Soviética y sus extensos medios de comunicación, Munzenberg logró dos metas sustanciales; la primera lograr el “consenso” generalizado de que el marxismo-leninismo era científico. La segunda fue consecuencia de la primera; si el marxismo-leninismo era ciencia, una auténtica ley de la naturaleza, aquel que criticara o desafiara la política soviética era un negacionista reaccionario, un canalla que no merecía vivir, mientras que apoyarla era prueba infalible de poseer un espíritu progresista, comprometido con todo lo que era mejor para la humanidad. Con estos sagaces instrumentos que luego desarrollaría Antonio Gramsci en la necesidad de trasladar la lucha de clases al terreno de la cultura de masas, la Unión Soviética de Lenin, pero sobre todo la de Stalin, obtuvo el apoyo de personalidades de la talla de Ramón María del Valle-Inclán, Gregorio Marañón, Eduardo Ortega y Gasset, Pío Baroja, Victoria Kent, Jacinto Benavente, Luis Jiménez de Asúa, Wenceslao Roces Suarez, Manuel y Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, María Teresa León, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, André Gide, Bertolt Brecht, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Ernest Hemingway, Stephen Spender, Richard Wright, John Dos Passos, Louis Fischer, André Malraux, Dorothy Parker, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragón, Walter Benjamin, Nehru, Ho Chi Minh (quien luego fue dictador comunista en Vietnam), etc. La mayoría fueron incondicionales defensores de la dictadura soviética y prefirieron ignorar o minimizar los crímenes del régimen estalinista, como los procesos de Moscú y siguientes purgas, el Holodomor y el Gulag, que solían justificar como errores necesarios en la construcción del socialismo. Otros se alejaron disimuladamente para no perder influencia en ambos lados. Solo unos pocos como André Gide, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Louis Fischer y George Orwell denunciaron al estalinismo si bien, fue el sociólogo y filósofo francés, Raymond Aron quien dedicó su vida a una defensa lúcida de la libertad y contra el falso igualitarismo marxista que culmina con “El opio de los intelectuales” (1955) donde denuncia el doble rasero moral de muchos pensadores franceses que criticaban con dureza a las democracias liberales mientras justificaban, o incluso celebraban, los crímenes del comunismo soviético y luego los de Mao Tse-Tung en China y de los Castros en Cuba que aún perduran. Aquel milagro de convertir el marxismo-leninismo en ciencia ha sido repetido con notable éxito por la DIABÓLICA ALIANZA, aplicando la desinformación en los medios de comunicación, el adoctrinamiento en las escuelas y, en muchos casos, las leyes sancionadoras que imponen quienes nos gobiernan tanto en España como en la UE. Del mismo modo, la obsesiva repetición del término «sostenible» y la ubicua presencia del logo multicolor de la Agenda 2030, son signos del nuevo totalitarismo que nos están colando por la puerta de atrás en una sociedad debilitada por la Cultura del Miedo y por la pérdida de referentes morales.
De hecho, la Agenda 2030, además de monumento a la demagogia descarada, es el manifiesto del “posmarxismo-wokeismo” y la plutocracia globalista que, naturalmente, imita los planes quinquenales de la URRS y de China (donde ahora está vigente el decimocuarto Plan Quinquenal 2021-2025). Así, el Plan Decenario Global o Agenda 2030 (ENLACE AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030) como sus antecesores quinquenales, aspira a controlar la totalidad de la vida de los individuos, incluyendo qué y cuánto comen, y qué y cuánto consumen. Eso sí, en sus cuarenta páginas la palabra «sostenible» aparece mencionada 223 veces y la palabra inclusivo, 23. Por el contrario, el término «libertad» sólo se menciona en 3 ocasiones, «familia» sólo en 1 y «propiedad privada», ninguna. Ya saben, «No tendrás nada y serás feliz».
Hay que reconocer que la DIABÓLICA ALIANZA está logrando la mayoría de sus objetivos: asfixiar el libre pensamiento, crear un miedo generalizado a disentir y generar sentimientos de culpa. Claro que cuenta con enorme poder, sobre todo en la UE que convierte en ley cada uno de sus deseos, el antepenultimo es que las empresas de IA deberán eliminar contenidos “que inciten al odio, radicalicen o sean falsos” norma que, por el momento, “son ‘voluntarias’, como lo era el Código de Conducta sobre Desinformación de 2018, hasta que pasó a ser obligatorio en enero de 2025.
Trascurridos 10 años de implantación de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a pesar de los enormes recursos públicos empleados, los datos demuestran que ningún país del mundo parece estar en camino de lograr ni la mitad de los objetivos para la fecha límite.
BAJO EL VOLCÁN LOWRYANO
Bajo el volcán lowryano en que han convertido la Península Ibérica, los meteorólogos estrellas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con sus mapas rojo intenso que se amarronan hasta el negro por las olas de calor, sus fenómenos meteorológicos adversos rojísimos, las malvadas calimas, las catastróficas DANAs, los enormes incendios forestales y demás adversidades que generamos los vasallos del erario porque, nos aseguran los meteorólogos estrellas señalándonos, somos culpables del calentamiento global basado en la hipótesis del cambio climático antropogénico. Y justo en el centro, en la caldera, se ubica el Complejo de la Moncloa. El Complejo de la Moncloa es la representación cabal de la enorme expansión del estado español que demuestran los datos, el más evidente el del gasto público que en 1975 absorbía el 25% del PIB a un despilfarro que en 2024 alcanzó el 45,4% del PIB y subiendo.
Ubicado en el noroeste de la Villa de Madrid y circunvalado por el este con la A6 y rodeado por edificios e instalaciones de la Universidad Complutense, se encuentra el palacete de La Moncloa rodeado de jardines reconstruido por Diego Méndez en 1953, destinado a hospedar a jefes de Estado y altas personalidades en visita a España. Por motivos de seguridad, debido al incremento de atentados terroristas de ETA y los GRAPO, el gobierno de Adolfo Suárez decidió en 1977 trasladar la sede de la Presidencia del Gobierno (en realidad del presidente del Consejo de ministros o primer ministro) al Palacio de la Moncloa. Pero como a Felipe González Márquez, acostumbrado a las anchuras del establo de vacas paterno de Sevilla, el palacio se le quedaba pequeño, hizo construir un pabellón anexo y el Edificio del Consejo de ministros en 1989. José María Aznar hizo construir una pista de pádel. Fue con José Luis Rodríguez Zapatero cuando se construyó el Edificio de la Vicepresidencia para Teresa Fernández de la Vega, y la ampliación a edificios y fincas colindantes hasta los 16 edificios actuales que, con jardines, aparcamientos, zonas de recreo, búnker, hospital y parque móvil, conforman 18,5 hectáreas que, cuan flujo piroclástico, alberga a cerca de tres mil políticos y burócratas.
Obvio es que el Estado de la Autonomías es mucho Estado pues La Casa Blanca apenas tiene 7,2 hectáreas, 5.100 m² construidos y trabajan 1.600 personas y el Hôtel de Matignon unas píricas 3 hectáreas y laboran 500 funcionarios, en consecuencia, el Complejo de la Moncloa es el paradigma del Gran Hermano pantagruélico donde tecnofeudalismo y burofeudalismo campan por sus fueros. Así lo hacía Francisco José Salazar, la mano que mecía la cuna y ponía la “gasolina” al Peugeot 407 de Pedro Sánchez hasta que por sus «comportamientos inadecuados con mujeres del partido” tuvo que dimitir como secretario general de Planificación Política de la Presidencia del Gobierno y secretario de Análisis y Acción Electoral, dentro de la secretaría de Organización del PSOE. Ante el trance de tener que nombrar otro sustituto del apresado Santos Cerdán, a finales de julio del corriente Sánchez perpetró un convoluto de medidas camufladoras que incluyeron la Unidad Especial para Vigilar las «campañas de desinformación y odio» en redes sociales. ¿Otro chiringuito o más telepantallas omnipresentes de vigilancia?
Lo indudable es que vigilantes no faltan pues la lucha contra el odio de los OTROS por parte del PSOE sanchista y sus secuaces es obsesiva y acapara enormes recursos del estado pantagruélico español de las autonomías.
CIENTOS DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CONTRA EL ODIO EN ESPAÑA
Comienzo por las poderosas (por presupuesto y burocracia) del gobierno de Sánchez como la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) dependiente de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Grande-Marlaska, que va con el III Plan de Lucha contra los Delitos de Odio y la ejecución de 109 medidas articuladas.
No menos opulente es el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuya principal función es la “monitorización del discurso de odio en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X a través del Sistema FARO y ALERTODIO.
Por si no hay vigilantes suficientes contra el odio, tenemos la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cuyo fin es: «favorecer el desarrollo de mecanismos que protejan a la sociedad frente a los continuos bulos, fake news e informaciones maliciosas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y, por extensión, a todo el Estado». Para ello dispone de caudales generosos, por ejemplo, el julio pasado anunció la concesión de 245 millones de euros a 256 proyectos en la Propuesta de Resolución Provisional de Proyectos en Colaboración Público-Privada 2024 ha destinado más de 6,3 millones de euros a la lucha contra la desinformación a través de 57 proyectos de investigación y colaboraciones con empresas ¿Y qué tipo de empresas aceden a estas bicocas? Imagínenlo.
Otras instituciones y organismos del gobierno central, de los 17 autonómicos y de numerosas ciudades y pueblos, están dedicados exclusivamente a perseguir el delito de odio, destacando, entre otras, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia, la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, aunque existen cientos de “Mesas Locales contra los Incidentes de Odio” (MLIO) o de nombres similares en ciudades y pueblos de España.
Por si no hay suficientes instituciones combatiendo el odio en España, se suman asociaciones, lobbies y ONGs por doquier. Así, la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) dispone de un listado de recursos por provincias donde, además de las delegaciones de los organismos mencionados, se incluyen decenas de organizaciones dedicadas a combatir el odio, destacando por su implantación el Observatorio de los Delitos de Odio y Discriminación, SOS Racismo, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Secretariado Gitano, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Amnistía Internacional, FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), AACDO (Abogados y Abogadas Contra los Delitos de Odio), Mesa Local contra los Incidentes de Odio (MLIO), Creando huellas, ONG Rescate Internacional, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge, Contra la aporofobia Hogar Sí, Movimiento contra la Intolerancia, etc. etc.
El delito de odio está tipificado en el artículo 510 del Código Penal que castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a los siguientes sujetos: «Aquellos que públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual o por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad».
«Quienes producen, elaboran, poseen con la finalidad de distribuir, facilitan a terceras personas el acceso, distribuyen, difunden o venden escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por las mismas razones del punto anterior».
«Quienes públicamente niegan, trivializan gravemente o enaltecen los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltecen a sus autores, cuando se hayan cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por las mismas razones anteriores cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos».
Además, en España existen unas cuantas leyes que abordan el odio y la discriminación, tanto estatales como autonómicas, por ejemplo, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, etc. etc. Y por si fuera poco, ministerios estatales y autonómicos han perpetrado sus versiones sobre este delito, por ejemplo, según el Ministerio del Interior dirigido por el magistrado, Fernando Grande-Marlaska Gómez, un delito de odio es «cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, en las que la víctima, el local o el objetivo de la infracción se fundamente por su “conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo”, ya sea real o percibida…». AGÁRRENSE PORQUE DESCRIBEN COMO ODIO LA “OKUPACIÓN” DE LA VIVIENDA DE OTRO. Y nosotros sin enterarnos.
En España, el régimen democrático instaurado en 1978 que derivó en un bipartidismo imperfecto matizado por los nacionalismos supremacistas de Vascongadas y Cataluña, fue trastocado por la estrategia de la confrontación consumada por Rodríguez Zapatero y plasmada en la Ley de Memoria Histórica en 2007, basada en la falacia grosera histórica que establece que el Frente Popular, según lo dictaminado por la Internacional Comunista de Stalin, conformado en 1936 por PSOE, PCE, ERC, POUM, PRRS y UGT era el culmen de la democracia, aunque apenas 16 meses antes perpetraran un golpe de estado sangriento que fracasó y consiguieran el poder a través del fraude y violencia en febrero de 1936. Por supuesto según la historia oficial blanqueadora del PSOE impuesta por ley, Stalin envió a sus esbirros y sus armas para salvar la democracia, mientras que los socialistas y comunistas nacionales y extranjeros que en estos lares combatieron, a veces contra Franco y a veces contra otros republicanos, lo hicieron por la libertad. De esta manera, Zapatero no reabrió una herida ya curada, sino que apuñalo la convivencia social y política dividiéndonos entre quienes se proclamaban legítimos sucesores de aquella nefasta II República: PSOE, PCE y ERC y los grupos surgidos de sus entrañas, mientras que aquellos que no comulgaban con su montaje ahistórico devenían en sucesores del franquismo. Y como el franquismo es el mal sin mezcla de bien alguno, impusieron e imponen un clima de asco y odio al adversario pues para ellos la derecha y la derecha extrema son moralmente deleznables. Se lo difícil que es responder a esta estrategia, ya que no contestar una ofensa equivale a aceptarla, y contestar supone entrar en su terreno, en una realidad definida por la degradación de los interlocutores, pero achantarse es morirse de impotencia.
EL ABRASADOR VERANO DE 2025
El verano de 2025 en España con relación al ámbito político está resultando más dramático y estrafalario que de costumbre. Y si bien hace calor como de costumbre en verano, las alarmas rojas tirando a negras de la Aemet que repiten como loritos los medios sistémicos (modelo subsidiado polarizado), multiplican la angustia de la población como pretenden. Estas campañas basadas en sempiternas advertencias proferidas por la Aemet gubernamental, han sido diseñadas siguiendo la consigna de Joseph Goebbels: «una mentira mil veces dicha, se convierte en una gran verdad». De esta manera, nos mortifican asegurando por fas o por nefas que el cambio climático es causante de si hace frio, de si hace calor, de si llueve mucho, de si hay sequía, de si los trenes y las catenarias se averían, de si hay inundaciones catastróficas, de si hay un apagón eléctrico general de más de 24 horas en toda la península Ibérica y, por supuesto, ahora, de la plaga de incendios forestales que están arrasando España.
Estamos ante una campaña alevosamente premeditada para producir en la población el conocido efecto de verdad ilusoria que implica la transposición de responsabilidad para atribuir culpas o errores al que no tiene responsabilidad alguna y paga religiosamente los impuestos, al tiempo que el verdadero responsable o responsables se van de rositas. El caso es que el verano político empezó muy teatrero. Así, entre ola de calor que viene y ola de calor que va, la función del sainete tragicómico comenzó con la difusión de un manifiesto de adhesión inquebrantable al caudillo de España, perdón digo de un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez por parte de un centenar de notables que recuerdan el estribillo de la canción de Jacques Brel “Les bourgeois” «los burgueses son como los cerdos, mientras más viejos, más tontos». Al mismo tiempo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaraba que el hijo pequeño de Juana Rivas «teme por su vida si vuelve con su padre», un juicio de intenciones que, si le colocamos el sufijo que tanto gusta a DIABÓLICA ALIANZA e inventamos la “padrefobia”, Rego estaría cometiendo un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.
Entrado julio, una serie de acontecimientos indignantes acaecieron en poblaciones tan diversas y distantes como Alcalá de Henares, Sabadell y Torre-Pacheco. En Alcalá un inmigrante ilegal supuestamente menor de edad residente en el centro de inmigrantes ubicado en la ciudad, asaltó a una muchacha de 21 años, le pegó una paliza, la violó y en el colmo de la humillación, la obligó a hacerse una fotografía con él. Los vecinos indignados que protestaron contra la salvaje violación fueron tildados de xenófobos, racistas por, entre otros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y apaleados por la policía de Grande-Marlasca.
En Sabadell los vecinos que protestaban contra los violentos okupas magrebíes también fueron tildados de xenófobos, racistas y apaleados por los Mossos de Illa. En Torre-Pacheco, un hombre de 68 años del pueblo fue apaleado y robado por dos inmigrantes ilegales magrebíes y, como en las anteriores, las manifestaciones de protesta fueron reprimidas con contundencia y miembros del gobierno como la ministra de Igualdad, Ana Redondo aseguró la necesidad de rechazar los «discursos xenófobos y racistas», mientras que Sumar y Vía Democrática Obrera (partido marroquí) y todos los medios afines tacharon a los protestantes de neonazis xenófobos.
En fin, el ayuntamiento de Jumilla con los votos del PP y VOX, aprobó una norma que dice que los espacios deportivos del Ayuntamiento deben usarse «exclusivamente para el ámbito deportivo, o para actividades organizadas por el Ayuntamiento«. Pero como los musulmanes de la zona suelen celebrar sus festividades religiosas en el polideportivo, los adjetivos usuales de xenofobia, islamofobia y demás lindezas contra los concejales que aprobaron la norma, manipulando su contenido, desencadenaron la consiguiente caza de fachas por parte del gobierno de Sánchez apoyado por sus medios, sobre todo por el equipo de opinión sincronizada, y hasta por la Conferencia Episcopal Española quien, al ser criticada por Santiago Abascal, redobló sus descalificaciones contra VOX a través de su Presidente Monseñor Luis Javier Argüello García quien, en un mensaje de X-Twitter justificaba las declaraciones a favor de los musulmanes y mostraba su auténtica ideología que el mismo Lenin aplaudiría: «No es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia. Ni capitalismo ni individualismo son la solución. ¡Dignidad humana y bien común!».
No menos esperpéntico resultó el traslado a cuenta gotas de menores inmigrantes ilegales a la Península desde Canarias en vuelos comerciales con un enorme costo por viajar más acompañantes que “menas”. Claro que si tenemos en cuenta que el estado español ha destinado más de €1.458 millones en solo 3 años (2022-2024) a ONGs que gestionan la acogida de inmigrantes irregulares, unos fondos sin licitación pública abierta que siempre se llevan Cruz Roja, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Fundación Acción Integral con Migrantes (Cepaim), y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad MPDL. Son casi 10.000 € por cada inmigrante irregular como demuestra en su blog Sergio Verdugo … cuando la solidaridad se convierte en negocio.
LOS INCENDIOS FORESTALES Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Mientras que el estado (gobierno central, autonomías y ayuntamientos) han invertido un 50% menos en prevención de incendios forestales (de €364 millones en 2009 a €175 en 2022 como último dato publicado), el gobierno central, sobre todo el presidido por Pedro Sánchez, ha aumentado exponencialmente los chiringuitos poblados de burócratas del PSOE y aledaños que dicen estar dedicados a cuidar los montes, la biodiversidad, los ecosistemas con todos sus animalitos.
Y cuando parecía que la coreografía se dulcificaba con un tórrido agosto en que los gobernantes del inmenso estado de la autonosuyas y Felipe VI tomaban sus inmerecidas vacaciones, sobre todo el Puto Amo con su esposa, sus cuñaos y sus compinches Zapatero e Illa viajando en nuestros Falcons y Super Pumas a Lanzarote para “okupar” el palacio de La Mareta (la ley 50/1997, de 27 de noviembre ni ninguna otra ley o reglamento establece que el presidente del gobierno tenga derecho a vacaciones pagadas en un palacio patrimonio del estado), estalla una avalancha de incendios forestales catastróficos por su amplitud y daños, sobre todo por las personas fallecidas y heridas. Y como ya es costumbre por lo sucedido con la pandemia de COVID, la erupción del volcán de la Palma en 2021 y la riada de Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía en octubre de 2024, en vez de provocar la INMEDIATA REPUESTA SOLIDARIA DE TODO EL ESTADO, los ministros de Sánchez, sobre todo los Oscars Puente y López, se lanzaron en camisa de verano y de vacaciones, a mofarse públicamente de los gobernantes del PP en las CC.AA. asoladas por los incendios. Insensibles a la desgracia, los ministros aprovecharon la desdicha de muchos para obtener rédito político a través de insultos en pleno y constante caos ferroviario. Amorales sin escrúpulos, twittearon con indisimulado odio contra la «fachosfera», llamando «sátrapas sinvergüenzas», «testaferros con derecho a roce», «periodistas lacayos a sueldo» etc. a sus enemigos al tiempo que su jefe: “El Puto Amo”, de vacaciones repetía la jugada de las anteriores catástrofes: «Si necesitan más recursos, que los pidan».
Tras una semana de devoradores incendios, Pedro Sánchez interrumpió unas horas sus inmerecidas vacaciones para visitar fugazmente zonas afectadas por los incendios en Orense y León y, en vez de anunciar medidas concretas para prevenir y apagar los incendios, anunció que su gobierno propondrá un pacto de estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática del país. Semejante necedad producida en las zahúrdas del Complejo de la Moncloa, tiene como objetivo quitarse la responsabilidad de encima, cuando sabe que, de media, en España se producen alrededor de 10.000 siniestros que queman más de 100.000 hectáreas, de los cuales hasta el 95 % se debe a causas humanas (55 % provocados y 23 % debido a negligencias y accidentes) media que este año se está superando con creces respecto a los provocados. Entonces, si la inmensa mayoría de los incendios forestales han sido provocados o consecuencia de negligencias ¿QUÉ PINTA AQUÍ EL CAMBIO CLIMÁTICO? Nada. Fuese y no hubo nada, pero nada de nada. Sin duda, la conservación, explotación, biodiversidad, ecosistemas, conservación de las especies y prevención de incendios forestales es un asunto que abarca muchos aspectos socioeconómicos que desbordan las materias técnicas de la ingeniería de montes. Destacan la despoblación rural, la falta de rentabilidad económica y la merma de usos tradicionales, sin embargo, hay otros motivos que inciden en la proliferación de incendios forestales.
Es de sobra conocido que detrás de los incendios forestales hay suculentos negocios. Desde la extinción con medios aéreos, bomberos, logística, equipos de extinción, seguridad, etc. fondos públicos para la recuperación de las zonas desbastadas y regeneración de pastos, aprovechamiento barato de la madera quemada, recalificaciones que, aunque la Ley de Montes impide edificar en suelo forestal quemado durante 30 años, existen excepciones legales como que el cambio de uso está justificado por “interés público”, para infraestructuras clave (carreteras, industrias, etc.) o si el plan urbanístico estaba aprobado antes del incendio, lo que en la práctica, permite muchas recalificaciones tras el fuego. Resultado: se invierte más en apagar que en prevenir.
La catastrófica realidad de los montes de España expone que la descentralización formal del sistema de prevención y apagado de incendios no ha sido acertada por muchos motivos, entre otros, porque las demarcaciones políticas de las CC.AA. no coinciden con las geográficas. El caso del incendio valle de Valdeón esta semana, enclavado en el Parque Natural de los Picos de Europa, ante la falta de medios de extinción por parte de las tres comunidades autónomas que lo abarcan: Asturias, Cantabria y Castilla y León, fueron los angustiados vecinos quienes se organizaron y extinguieron el fuego que amenazaba sus casas desatendiendo las órdenes de desalojo de las autoridades. Este episodio no es anecdótico pues ha sucedido en muchos lugares y es una prueba más de que la fragmentación de recursos y responsabilidades ha resultado carísimo, ineficaz y en algunos casos mortífero. Que las leyes y ordenanzas «ecologistas, resilientes y sostenibles» incidan en la proliferación de los fuegos es probablemente falso puesto que la mayoría son intencionados y, por consiguiente, también es falso que se deban al cambio climático. Pero que no ayudan en la prevención es un hecho contrastable en el campo donde, por embrolló legal, incompetencia burocrática e intereses espurios ya señalados, han desaparecido los cortafuegos y el desbroce y limpia de los montes. Además, los incendios que padecemos estos días exponen claramente y con crudeza las limitaciones de las autonomías y la descoordinación entre estas y el gobierno central, lo que supone mayores costos y menor eficacia.
ALLÁ VAN LEYES DONDE QUIEREN REYES
España cuenta hoy con 28 millones de hectáreas de territorio forestal. Para su regulación legal sobre la propiedad, conservación y mejora está la Ley de Montes 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. Además, hay otras tantas autonómicas más o menos redundantes de la nacional. Y, por si fuera poco, conforme a lo que dispone el artículo 29.2. de la mencionada Ley de Montes, el ministerio competente en materia de política forestal, en la actualidad el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), es quien lleva a cabo la “Estrategia Forestal Española horizonte 2050” (EFE). Así, dicha estrategia fue aprobada mediante acuerdo del Consejo de ministros denominándola EFE 2022-2032 donde se establecen un total de 289 medidas, de las cuales 86 se consideran de carácter prioritario (prácticamente una tercera parte del total) para “remediar los retos del abandono forestal, incendios, enfermedades y plagas”. Su presupuesto total provisional (sin tener en cuenta las aportaciones a realizar por las comunidades autónomas y otras administraciones con competencia en materia forestal) estimado para el primer decenio de aplicación del PFE (2022-2032) es de €2.625 millones.
Pero con la EFE no acaban los chiringuitos montados por el gobierno de Sánchez. También dentro del inmenso (MITECO), se encuentra la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD) donde se añade la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación (SGPFLD). Asimismo, dentro del exorbitante MITECO se encuentra la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (DGDRIPF) que dicen que se dedica a «diseñar estrategias y coordinar políticas relacionadas con el desarrollo rural, la innovación y la política forestal».
Por supuesto todos estos engendros burocráticos que sirven para colocar amigos, sobre todo amigas pues todos los dirigen jóvenes mujeres ingenieras que solo han trabajado en las administraciones del estado, dedicados a contratar generalmente sin concursos y a enredar y dificultar la vida de los campesinos y ganaderos con trámites inanes y contradictorios, justifican su inanidad oficinesca sobre las retahílas 2030 de “Gestión forestal sostenible”, “Ecosistemas y Biodiversidad” del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, etc. Pues bien, como ha quedado demostrado por esta profusión de incendios, ni los ayuntamientos, ni las CCAA, ni mucho menos el gobierno central que a la postre es quien tiene la mayor responsabilidad, han realizado la LABOR DE PREVENCIÓN de incendios como denuncian los vecinos damnificados. Esta estafa seudoecologista, dispendiosa e inútil, dictatorial y burocrática, que prohíbe cortar un árbol en los espacios protegidos (hasta 150.000 euros de multa) que ni limpia ni deja limpiar el monte, que humaniza a los animales como si fueran personajes de Disney, que burocratiza, castiga y presupuesta mientras cobra de lobbies de renovables y de empresas «reconstructoras», está causando enormes desgracias a España y, por ende, a los españoles.
Concluir que la DIABÓLICA ALIANZA en la que está comprometida de hoz y coz el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados, con su pleitesía al Partido Comunista de China, su sumisión al régimen de Rabat, su antitrumpismo zafio, su entrega al chantaje de los nacionalistas supremacistas y golpistas catalanes y vascos, su bulimia tributaria convertida en incautación para el despilfarro clientelar que nos empobrece y adeuda, su dictatorial acaparamiento sectario de instituciones y empresas, su estrategia de difamar y condenar socialmente a quienes cuestionan sus decisiones, su corrupción sistémica y sistematizada del PSOE y el entono familiar de Sánchez que lo incrimina al menos moralmente, su disimulada estrategia de forzar un estado de desasosiego para justificar un o yo o el caos y aprobar una Ley Habilitante para el remedio de las necesidades del Pueblo como hicieron Chavez y Hitler, integran una calamidad para España y los españoles de tal magnitud que los parches reformistas, las promesas de derogar todas las leyes sanchistas, solo prolongarían la decadencia de un régimen; el Estado de las Autonomías que de implícitamente federal, se ha convertido en un festín pantagruélico confederal con los cupos vascos y navarros más el de facto de Cataluña recibiendo recursos del resto de regiones, cuando por su nivel de renta deberían aportar, más las 41 diputaciones provinciales y los 8.000 ayuntamientos que establecen una estructura de privilegios territoriales sostenida por el chantaje y la corrupción clientelar.
Estamos ante el colapso de la nación española arrasada por la felonía, el nepotismo, el clientelismo partitocrático, la desigualdad, los privilegios, el despilfarro y la corrupción. Un colapso tal no puede evitarse con paños calientes, con un cambio de gobierno más y ni siquiera con la derogación de todas las infames leyes del sanchismo. Es hora de plantearse la imprescindible reforma radical de la Constitución de 1978. Es hora de devolver la esperanza al pueblo español porque España necesita una alternativa, no una simple alternancia (ENLACE A LA PROPUESTA: UN PACTO PARA AFIANZAR EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA).
Si devolvemos la esperanza al pueblo español, una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras es factible.
¡España necesita una alternativa, no una simple alternancia!
Los promotores de esta publicación sostenemos que, de los derechos y deberes fundamentales que el Título I de la Constitución vigente establece para todos los españoles, basados en la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la cultura y la educación, aunque no se expongan expresamente, también se desprende el sostén de nuestra tradición ética y filosófica que representa la tríada de valores conformada por la búsqueda del bien, la verdad y la belleza en todos los ámbitos, sobre todo en la conducta pública, la educación y la cultura. Esta tríada se cohesiona en la lógica de la interconexión entre la verdad, el bien y la belleza, pues lo que es verdadero es necesariamente bueno por tener una razón de ser, y lo que es bueno y verdadero se manifiesta como bello al ser captado por los sentidos o el alma.
Quien desee adherirse a esta declaración, puede hacerlo en la ventana de comentarios registrando su nombre y apellidos.
EL MAYOR LASTRE PARA LA DEMOCRACIA ES LA PARTITOCRACIA
En España, la partitocracia se ha transformado en un régimen clientelista plagado de corrupción. Su progresiva implantación ha sido facilitada por el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, que concentra el poder en las élites de los partidos políticos, distanciando al diputado del ciudadano. Por lo tanto, una medida correctiva esencial, si se busca aliviar los serios deterioros de la partitocracia, es modificar el actual sistema electoral para implementar un modelo mayoritario simple de una sola vuelta, donde los ciudadanos elijan a un solo representante para su circunscripción electoral.
En el momento en que actualizamos esta declaración, 7 de junio de 2026, los resultados de las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, han determinado acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en las tres primeras regiones, sobre el compromiso de actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para sus comunidades y para España
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación política y social de España, causada por el régimen sanchista, quien con premeditación y alevosía ha deteriorado gravemente las instituciones hasta convertirlas en organismos al servicio del gobierno presidido por Pedro Sánchez, mediante su ocupación por miembros del PSOE y sus secuaces, y con ello anulado su independencia y transparencia, hasta el punto de situar a España entre los 15 países más corruptos de la OCDE, tras escalar nueve posiciones desde 2019. Simultáneamente, el régimen sanchista está entregando a España, con el sigilo derivado de una gran corrupción, a la dictadura China regida por la milmillonaria aristocracia del Partido Comunista de China.Teniendo en cuenta que la oscura realidad que enfrentamos ha llevado a muchos sectores de la población a concluir que es necesario reformar varios artículos de la Constitución, con el objetivo de cimentar un estado de derecho sólido y efectivo, junto con la urgente derogación de las infames leyes dictadas por el régimen actual.Teniendo en cuenta que el artículo 167 de la Constitución Española exige una mayoría de tres quintos (3/5) en ambas cámaras, es decir, 210 diputados y 159 senadores, para realizar las indispensables reformas para reinstaurar el estado de derecho en España proponemos:Teniendo en cuenta que el sistema electoral, basado en la ley d’Hondt y en circunscripciones provinciales, castiga la división del voto de un mismo espectro ideológico. Consideramos que por el bien supremo de salvar a España y por ende a los españoles del naufragio que sufrimos, la única alternativa viable para impedirlo y lograr la mayoría parlamentaria para hacerlo, es que PP y Vox concurrieran juntos en una lista única para evitar la pérdida de «restos» en provincias medianas y pequeñas, donde el tercer o cuarto partido más votado suele quedar fuera del reparto de escaños.Consideramos que en un escenario nacional donde ambos partidos suman habitualmente entre 188 y 200 escaños en el arco parlamentario, esta concentración del voto en la «España Vaciada» sumaría entre 10 y 15 escaños adicionales a esta alianza constituida sobre un programa claro a costa de la izquierda y en algunas provincias también del nacionalismo, superando holgadamente la barrera de los 200 diputados.Consideramos que por causas que no son necesarias explicitar, sabemos que en el momento que exponemos esta propuesta ambos partidos no consideran pactar un acuerdo preelectoral. Sin embargo, por considerar que la gravedad de la situación implica superar sectarismos y prejuicios, por el mencionado bien supremo nos atrevemos a pedirles que se atrevan a pactar un acuerdo como el que proponemos o similar.Consideramos, en fin, que esta propuesta hay que mejorarla, pero es tiempo, por urgente, de atreverse y provocar el debate.
Estimamos que ante la grave crisis política y social provocada por el RÉGIMEN SANCHISTA, la mera alternancia no basta. Por consiguiente, consideramos que es perentorio lograr una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras que haga factible consumar las reformas imprescindibles, incluidas las constitucionales, que conformen la regeneración democrática a la que aspiramos la mayoría de los españoles. En consecuencia, por el bien superior que significan los mencionados objetivos, llamamos a que PP, Vox y todos aquellos partidos que compartan dichos objetivos pacten un programa y una lista única en las próximas elecciones generales para lograr la ansiada reposición del Estado de derecho en España.
Decimos RÉGIMEN porque es constatable que, transcurridos más de siete años de gobiernos del PSOE dirigido omnipotentemente por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, primero coaligándose con Podemos y luego con Sumar, junto con los interesados apoyos de la cohorte de supremacistas golpistas, odiadores de España: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC, paso a paso, decisión tras decisión, decreto tras decreto, han conformado una estrategia para someter a los españoles a un régimen despótico posmoderno «woke» del siglo XXI basado en la posverdad, la ilusión de participación ciudadana siempre capada por decisiones unilaterales del gobernante presentadas como inevitables y dictadas por la «ciencia» y la correspondiente vorágine de «expertos», mientras que al ciudadano raso explotado por el Estado pantagruélico se le exige paciencia porque mañana le irá mejor. A diferencia de los golpes de Estado que impusieron las dictaduras clásicas, las tácticas usurpatorias sanchistas se basan en la utilización sistemática de la demagogia, el clientelismo, la corrupción, la compra de lealtades, el control y ocupación de las instituciones y la ruptura sibilina del pacto constitucional.
El plato táctico fuerte del sanchismo ha sido erigir un “muro contra la derecha y la extrema derecha”. Frente a los requetemalos derechistas enemigos del pueblo y herederos del franquismo se encuentran ellos, los buenos, los que están en el «lado correcto de la historia» que encabeza el Gran Hermano, Pedro Sánchez.
Con la mutación constructivista de la Carta Magna a través de un Tribunal Constitucional amaestrado, el control sectario de las instituciones y empresas cardinales públicas y semipúblicas, la imposición de un relato histórico oficial (Ley de Memoria Democrática 20/2022) cainita y sectario para lavar el pasado y el presente del PSOE, del PCE, de ERC, de ETA y perpetrar atropellos como la obtención de la nacionalidad española a quienes se digan descendientes de exiliados republicanos en 1939 (Ley 52/2007), el desmantelamiento de cualquier control parlamentario y el uso y abuso de los decretos, mientras manejan el erario arbitrariamente sobre presupuestos caducados, el régimen sanchista se va consolidando.
Entendiendo que este intento autoritario del PSOE y sus secuaces nos conduce a un gran quebranto para España —que no excluye su destrucción en una confederación disolvente—, y por ende para los españoles, consideramos que no caben medias tintas ni partidismos para atajarlo. La gravedad de este siniestro intento se evidencia en numerosas decisiones, desde la más irritante, consistente en la prepotencia e ilegalidad de no presentar presupuestos generales del Estado en cuatro años, hasta la más sibilina, consistente en dar la vuelta a la teoría del «gran reemplazo» para camuflarla con un discurso buenista pleno de demagogia pseudoigualitarista que oculta una falsaria empatía premeditada para generar dependencia y clientelismo.
Con «la justicia restaurativa» delitos graves como el tráfico ilegal de personas, de drogas, la «okupación» de viviendas ajenas y atracos y robos violentos son justificados por ser medios de supervivencia de las «víctimas del sistema», un sistema que ellos controlan. Y de esta manera, mientras los delincuentes —entrar en España ilegalmente es un delito— campan a sus anchas y se benefician de los programas de reinserción social, inclusión, acogida e integración de inmigrantes, etc., aumenta la criminalidad violenta y la aparición de Estados paralelos en los barrios de las ciudades. Una tremebunda réplica de la situación de países como Francia y Suecia.
A finales de 2025 y principios de 2026, los datos sobre criminalidad en España muestran un aumento significativo en los delitos más graves y la cibercriminalidad, mientras que la población reclusa extranjera ha registrado un aumento notable. Así, los reclusos extranjeros representan el 33,2% del total de la población reclusa nacional (cifrada en 61.858 internos a finales de agosto de 2025) mientras que los extranjeros representan alrededor del 14% de la población empadronada en España.
En 2025, solo para la atención inmediata a inmigrantes irregulares en España el Estado gastó más de 1.800€ millones, unos 700€ millones solo en el sistema de protección internacional y atención humanitaria. Los centros e instituciones penitenciarias nos costaron 1.326€ millones. El coste por preso por día fue 78€. Para el mantenimiento y atención de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en varias regiones, como Madrid, en 2025 se adjudicaron contratos con un coste cercano a 70.000€ por menor al año. Para 2025, se destinaron 94 millones de euros para ayudas a entidades que trabajan con colectivos vulnerables, incluyendo personas inmigrantes, lo que supuso un incremento del 12% respecto a 2024. El gasto derivado del Ingreso Mínimo Vital (IMV) creció un 13% en 2025, alcanzando los 4.600€ millones, al tiempo que la pobreza creció con 400.000 nuevos beneficiarios. De los más de 846.000 hogares que recibieron el IMV en 2025, unos 160.000 son extranjeros, es decir, mientras que el 14,1% de la población española total tenía nacionalidad extranjera, el porcentaje de extranjeros beneficiarios del IMV fue el 19%.
La percepción de las nefastas consecuencias de la inmigración masiva y descontrolada explicitadas en la mengua de servicios sanitarios y educativos, el brutal encarecimiento de la vivienda y el aumento de la criminalidad, ya es una apreciación transversal en la sociedad española. Sin embargo, el gobierno y sus medios persisten en negar la realidad aduciendo que la inmigración masiva es la única opción que permite solucionar la decadencia demográfica y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como acostumbran, mienten con premeditación y alevosía. Saben, pero lo ocultan arteramente, que la solución probada en otros países —Hungría es el más persuasivo al destinar cerca del 5% del PIB a políticas familiares, seguido de Polonia y últimamente Japón— consiste en estimular la natalidad y facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias numerosas con bajos recursos.
Sucede que, con una inmigración récord y con una subida confiscatoria de las cotizaciones, durante el año en curso la financiación de las pensiones españolas se sigue debilitando. Pasa que la ratio de empleados cotizantes por pensionista en España, a pesar de estar inflada mediante trampas y ocultamientos como el que un mismo trabajador puede tener varios empleos registrados, por lo que las afiliaciones son mayores que el número real de ocupados, en abril de 2026 apenas alcanzó la ratio 2,01. Sucede que, mientras el Gobierno celebra «cifras históricas» de afiliación a la Seguridad Social con más de «22 millones de ocupados», los datos reales no se pueden calcular sobre ocupación, sino sobre afiliación, con lo que se dejan cerca de 120.000 afiliados por el camino. Exactamente, la Seguridad Social ha registrado 21.882.147 afiliados en abril de 2026, mientras que el número de pensiones registrado fue 10.488.694. Por consiguiente, nos encontramos muy lejos de la meta mínima de sostenibilidad estimada en 2,5 -2,47 fue alcanzada en 2007-, lo que indica que el mercado laboral de España no logra absorber la inmigración que podría garantizar la sostenibilidad de la creciente demanda de pensiones.
Apoyados en los valores mencionados en la introducción, los firmantes de esta iniciativa hemos constatado que la intentona de consolidar el régimen despótico sanchista conlleva la exaltación de la «posverdad», el falsario igualitarismo que elimina las distinciones de mérito, cultura y virtud, para ocultar su mediocridad y su amoralidad. Para ello, han priorizado lo identitario fragmentador de la sociedad como residuo espurio de la lucha de clases, imponiéndolo a través de leyes, reglamentos, gestión sectaria y compra de medios. En realidad, el sanchismo se ha instalado en el oportunismo sin principios y en el subjetivismo que renuncia a distinguir entre lo justo de lo injusto, lo mediocre de lo excelente, con el maniqueísta propósito de anular la capacidad de juicio de los españoles y poder manipularlos a su antojo. Y obvio es que una sociedad que pierde el criterio científico y estético termina perdiendo el criterio moral. Así, nos encontramos ante la brutal evidencia de estar gobernados por una secta encabezada por un mediocre con rasgos de psicópata narcisista, cuyo objetivo esencial es acaparar el máximo poder «por los siglos de los siglos».
DE LA INSEGURIDAD NEFANDA Y LA SUMISIÓN A CHINA
En el momento que redactamos esta publicación, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado «caso Plus Ultra». El juez del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, le ha citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 17 y 18 de junio. El magistrado le atribuye la presunta comisión de tres delitos principales: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez Calama señala al expresidente como presunto líder de una red de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos, especialmente en favor de la compañía de aviación venezolana Plus Ultra.
Señalamos que esta imputación no nos sorprende y consideramos que solo es la punta del iceberg de las andanzas de este nefasto expresidente que constituyó el prólogo del muro sectario sanchista resucitando odios y rencores que habían sido restañados por los españoles. Sus trapacerías perpetradas en alianza con los mandamases de las dictaduras de Venezuela y China se pueden comprobar en el siguiente enlace: ENLACE A LAS TRAPACERIAS DE CHINA DONDE ZAPATERO ES PROTAGONISTA.
Y si la inmigración masiva y descontrolada, lejos de garantizar el futuro de las pensiones incide en el aumento de la criminalidad, la deflación de los salarios, la saturación de los servicios públicos, el aumento de los precios de la vivienda como consecuencia de la estulticia gubernamental y el incremento de la pobreza y la marginalización, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la aprobación del Consejo de ministros, en septiembre de 2022 decidió disolver el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur), una unidad de élite de la Guardia Civil creada en 2018 para combatir las mafias del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
Durante sus 4 años de actividad, la OCON-Sur incautó toneladas de droga y más de 300 millones de euros. Tras dicha disolución, el narcotráfico avanza imparable, sobre todo en las costas de Huelva y Cádiz. El blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas se ha disparado un 141% en la comunidad andaluza desde 2020. Ahora mismo, los narcos pagan 1.800€ por la vigilancia y 4.000€ por hacer de «narcogasolineras». Mientras que Europol sitúa el Guadalquivir como clave en el narcotráfico, el pasado viernes 8 de mayo de 2026 dos agentes de la Guardia Civil; Germán P.G. (55 años) y Jerónimo J.M. (56 años y con tres hijos) perdieron la vida en aguas de Huelva cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil colisionaron tras una maniobra amenazante de la narcolancha que las patrulleras perseguían a gran velocidad.
La reciente tragedia no es excepción para los esforzados guardias de la Benemérita curtidos en la lucha contra los terroristas de ETA y GRAPO. Pero en su lucha contra el narcotráfico se enfrentan a asesinos no menos salvajes. Así, el 9 de febrero de 2024 fueron asesinados los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez cuando cerca del puerto de Barbate (Cádiz) fueron arrollados de manera deliberada por una narcolancha de gran tamaño que pasó por encima de su pequeña embarcación neumática. Estamos ante la cruda exposición de que la degradación del orden público en España, aunque camuflada, no solo se evidencia por el aumento del crimen; también se patentiza con el incremento exponencial de las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) año tras año. Durante 2025 hubo más de 1.000 agresiones a guardias civiles (casi 5 diarias) y 2.895 ataques a policías y guardias civiles solo en Andalucía, marcando un récord histórico. Además, el último Informe Anual de Seguridad Nacional elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, con aportaciones de 17 ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estima que más de 600 narcolanchas operan en el Estrecho de Gibraltar, mientras que la Armada identifica cada semana a unos 50 buques de la ‘flota fantasma’ rusa en aguas próximas a Canarias y Andalucía.
Con estos precedentes, nos resulta tan sospechoso como obsceno que la exministra de Hacienda, M.J. Montero, en el debate electoral del pasado 8 de mayo de 2026 en Canal Sur, calificara el homicidio de los dos guardias en Huelva mencionados como accidente laboral, que el ministro del interior Marlaska no se dignara acudir a su entierro y que la mayoría que sustenta al gobierno vote 6 días después del entierro contra la propuesta de declarar la actividad de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de alto riesgo.
Y si al trance de perder la vida por un sueldo raquítico se suma la indefensión que supone la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estipula que: «los agentes solo pueden usar armas ante una «amenaza grave, inmediata e inminente» para su vida o la de terceros», considerar que nuestros policías y guardias civiles están vendidos no es una exageración. Efectivamente, disparar contra narcos armados hasta los dientes que amenazan con abalanzarse con su potente narcolancha contra la frágil patrullera de la Guardia Civil se considera desproporcionado bajo el marco legal actual.
Y en un clima de tráfico ilegal, de obtención de dinero fácil colaborando con los narcos, de corrupción política sistémica, de cainismo y de tactismo e imposturas camufladas con cambios de opinión, que la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez (2018-presente) se caracterice por la felonía, el aventurerismo y la demagogia, suponen una peligrosa fragilización de la soberanía nacional, su independencia e integridad territorial, sobre todo en el Estrecho de Gibraltar, en Ceuta y Melilla y en las Islas Canarias, no tiene parangón histórico.
En abril de 2021, con el beneplácito del gobierno, fue hospitalizado en Logroño el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Inmediatamente el Gobierno del Marruecos publicó un comunicado «deplorando enérgicamente la actitud de España». Un año más tarde, el gobierno de Sánchez respaldó la propuesta de Marruecos de proclamar el Sáhara Occidental como autonomía del reino alauita, revirtiendo con ello la neutralidad histórica de España y alineándose con la postura de Estados Unidos. Ni una sola explicación sobre semejante cambio de criterio. Inmediatamente Argelia rompió el Tratado de Amistad y Cooperación y cerro el gasoducto Magreb-Europa (GME). Solo 4 años después a través del gaseoducto Medgaz se recuperó parcialmente el volumen de gas que España importaba en 2020 de Argelia, pero el tratado sigue roto.
Apenas 50 días después de la masacre perpetrada por los comandos terroristas de Hamás en el sur de Israel que causaron la muerte de 1.200 personas y el inhumano y torturador secuestro de 251 personas –en su mayoría civiles–, Pedro Sánchez visitó Israel junto con un homólogo belga, Alexander De Croo. Lo que se esperaba que fuese una visita destinada a expresar solidaridad con el Estado judío en uno de los momentos más duros de su historia, se convirtió en un viaje con dos objetivos: ganar el aplauso fácil de la extrema izquierda española y posicionar a España contra Israel mediante la provocación de declarar con estruendosa vehemencia el reconocimiento del inexistente estado palestino. Esta provocación, lejos de suavizarse, se ha convertido en ataques y acusaciones de genocidio contra Israel, al tiempo que apoyan abiertamente manifestaciones violentas (tremebundas las de la Vuelta Ciclista a España) y flotillas de cómplices de Hamás con una ayuda humanitaria que brilla por su ausencia.
En marzo de 2026, el gobierno de la teocracia iraní difundió vídeos e imágenes mostrando misiles listos para ser lanzados contra Israel con pegatinas del rostro de Pedro Sánchez y mensajes de agradecimiento por su apoyo. Los mensajes en inglés decían: «Esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias, primer ministro«.
Con el segundo mandato presidencial de Donal Trump, Sánchez comprobó directamente que el norteamericano le tenía calado. Enseguida, las reticencias de la administración estadounidense sobre la lealtad del gobierno español se confirmaron cuando Sánchez se apartó de la foto y rechazó la exigencia de la OTAN y de Donald Trump de elevar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), calificando dicha meta como «incompatible«, «irrazonable» y «contraproducente«. Pero el culmen del enfrentamiento ha sucedido hace pocos días cuando tras posicionarse contra de la intervención militar de EE. UU. e Israel en Irán, calificándola de «injustificada» y contraria al derecho internacional, prohibió categóricamente la utilización del espacio aéreo español y de las bases de utilización conjunta (Rota y Morón) para las operaciones de ataque ejecutadas por Estados Unidos contra Irán. Con el lema «No a la guerra». Entretanto, Sánchez ha intensificado su agenda y acercamiento político-comercial con China hasta niveles de pleitesía hacia la aristocracia organizada en el seno del Partido Comunista de China. Enlace a un artículo -en realidad son dos- sobre cómo funciona el contubernio entre los amos del Partido Comunista de China y las bandas de rapaces “españoles”.
Peor si cabe es la renuncia de soberanía de España sobre Gibraltar derivado del reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, un texto de 606 páginas y 336 artículos que decide la supresión de la Verja y redefine el funcionamiento de la frontera, mientras que, de hecho, confirma la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón. El documento será ratificado por el Parlamento Europeo y no pasará por el Congreso de los Diputados. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo calificó el acuerdo sobre Gibraltar como una capitulación histórica para los intereses españoles al suponer la “rendición total” y la “renuncia absoluta” a la soberanía política y económica de España sobre el Peñón. “Somos el único país del mundo que no controla sus fronteras”, ha denunciado el exministro, lamentando “profundamente” la “oportunidad perdida” tras el Brexit para reforzar la posición española. Tanto el PP como Vox han corroborado las palabras de García-Margallo añadiendo que compromete la seguridad nacional al permitir la libre circulación como parte del espacio Schengen.
La penúltima canallada perpetrada por un ministro amoral de un gobierno amoral fue la disolución del equipo de investigación de la Guardia Civil «Ares» dedicado a la investigación de delitos relativos al tráfico aéreo en el Aeropuerto de Barajas, como falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento, delitos que dicho equipo investigó respecto a la compañía venezolana Plus Ultra en el contexto del sospechoso rescate perpetrado por el gobierno. La secreta disolución se produjo tras la instrucción del expediente, el intento de boicot por parte de la fiscalía «¿de quién depende?» cuando iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora.
El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste».
Añadimos que todos los Gobiernos españoles se han esforzado en mantener buenas relaciones con Marruecos, a pesar de las trabas impuestas por el país magrebí que siempre ha empleado la baza del chantaje con la inmigración y el tráfico de hachís. Pero nunca se había producido una sumisión tan indigna como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Porque es inconcebiblemente estulto, salvo que existan intereses o hechos inconfesables, olvidar o hacernos olvidar que desde que Marruecos logró la independencia en 1956, nos han atacado traicioneramente en 1957 -Guerra de Ifni-, en 1975 con la Marcha Verde y en 2002 en el islote de Perejil. Y todo ello unido a constantes reclamaciones y coacciones para apoderarse de Ceuta, Melilla, los Peñones (Vélez de la Gomera y Alhucemas), las islas Chafarinas y, solapadamente y con todo tipo de sibilinos chantajes, las Islas Canarias, mientras insultan y menoscaban a los aliados de Mohamed VI, Trump e Israel.
PRIORIDAD NACIONAL
Este lema reivindicado por Vox y asumido en los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, responde a la constatación de graves discriminaciones a la población española en la concesión de ayudas públicas respecto a los inmigrantes recién llegados. Resulta que exigir justicia, como que los recursos públicos y las ayudas sociales se destinen de forma preferente a los ciudadanos españoles y a los inmigrantes con arraigo prolongado y demostrado, es denostado por el régimen sanchista y por la pléyade de organizaciones dedicadas a salvar náufragos de conveniencia, las numerosas redes de acogida y ONGs dedicadas a proteger exclusivamente a inmigrantes enarbolando la igualdad universal de derechos, pero nunca de obligaciones. Y sin matiz alguno, el enorme conglomerado protector de los inmigrantes acusa a quienes exigimos justicia distributiva y el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y el paso legal de nuestras fronteras, de racismo, xenofobia y supremacismo, incluidos los partidos y asociaciones que imponen altos perfiles de catalán y vascuence para el acceso a puestos de la administración local como barrenderos o limpiadoras.
Además del gobierno de Sánchez y sus aliados, entre quienes defienden la inmigración masiva destaca la Iglesia Católica en la voz del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Luis Argüello, quien, apelando al humanismo cristiano asegura que la dignidad humana es sagrada e intocable para cualquier persona, independientemente de su origen, y que el bien común ya no puede limitarse a una escala meramente local o estatal.
Esta rotunda postura de la cúpula clerical católica en España que está consternado a muchos católicos españoles, es difícil de encajar sin caer en mentises sobre los valores cardinales y teologales católicos que deben guiar la conducta humana: prudencia, justicia, fortaleza y templanza incluyendo los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.
Quizá estas discordancias se puedan disipar un poco si recordamos el resumen del alegato del sociólogo James Petras sobre las ONGs: «Las ONGs brindan a los progresistas oportunidades económicas y laborales, segundos salarios en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una «buena conciencia» y la remuneración económica dentro del sistema, con una palmadita en el hombro de las autoridades». Pues bien, entre las decenas de ONGs dedicadas a ayudar a los inmigrantes en España que han respaldado con fuerza la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de residentes indocumentados destacan las siguientes: Proactiva Open Arms, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones Accem, Cáritas Española, Migrantes con Derechos (Red de cooperación que unifica la acción de Cáritas, SJM, la Conferencia Episcopal Española y la Confederación de Religiosos (CONFER)), Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa, Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM España), CEAR, Asociación Cardijn, Vich-Asociación ELIN, Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Fundación Cruz Blanca, Asociación Puente de Esperanza, Cruz Roja y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
El caso más reseñable, aunque el de las otras mencionadas no es desemejante, es Accem. Constituida en 1951 por la Conferencia Episcopal de entonces, en 1990, sin cambiar siglas, se reinscribió como entidad civil aconfesional sin ánimo de lucro, para poder acceder a líneas de subvención más amplias que las confesionales. Siempre administrada por la Conferencia Episcopal Española a través de religiosos y religiosas (monjas), en 2018 Accem gestionaba 45,9 millones de euros. En 2024 alcanzó los 225,1 millones. Su propia memoria económica reconoce que el 99% de su financiación es pública: 88,16% del Estado central, 7,77% autonómico, el resto pulverizado entre diputaciones, ayuntamientos y fondos europeos. El 1% restante —apenas dos millones— procede del sector privado. Es decir, una fundación nacida del episcopado y todavía dirigida por personal eclesiástico opera con dinero del contribuyente al 99%. Su estructura ocupa a 3.839 trabajadores en trece comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Estamos ante una administración paralela. Una administración cuyo presupuesto crece exactamente al mismo ritmo que crece las llegadas de inmigrantes irregulares. Cáritas presenta cifras de otro orden, pero la lógica es idéntica. En 2024 gestionó 486,9 millones de euros.
No tendremos una visión suficiente sobre este peliagudo asunto sin tener presente la potencia de los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española agrupados y gestionados por su plataforma multimedia Ábside Media cuyos apéndices principales son: Cadena COPE (junto con un grupo de emisoras de radio generalistas y musicales (Cadena 100, Rock FM, MegaStar FM), Trece TV, el grupo Ecclesia conformado por un portal web y una revista mensual más el semanario Alfa y Omega distribuido a nivel nacional encartado en el diario ABC, perteneciente al grupo de comunicación Vocento.
Las críticas a estas ONGs que en su inmensa mayoría están al abrigo de la Iglesia Católica, se centran en tres ejes principales: el fomento del «efecto llamada» y la inmigración irregular, el cuestionamiento de su financiación con fondos públicos y la controversia por su apoyo institucional a regularizaciones masivas.
Y al considerar que las políticas del gobierno sanchista de inmigración masiva han generado graves problemas económicos y sociales, incluida la discriminación de los españoles, apuntamos las medidas urgentes para solventarlos que más adelante compilaremos junto con propuestas legislativas.
I. La erradicación de la inmigración masiva y descontrolada incluyendo la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y los legalizados que cometan delitos graves o reincidan.
II. Establecimiento legal de la «PRIORIDAD NACIONAL» para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, educación y servicios públicos por encima de los extranjeros que no cumplan los mínimos de un arraigo real, duradero y verificable de, al menos, 10 años trabajando y aportando al mantenimiento de la nación. Para ello es imprescindible modificar profundamente la Ley Orgánica 4/2000 y anular el Reglamento de Extranjería vigente (Real Decreto 1155/2024).
III. Anulación inmediata de todos los procesos de regularización y medidas y leyes que generen el “efecto llamada”, incluyendo el endurecimiento de las penas para las mafias de la inmigración ilegal, etc. Insistimos sobre las tremebundas consecuencias derivadas de la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales, cifra que tras solicitar la reagrupación para sus familiares, una vez cumplan con los triviales requisitos, ese medio millón se convertirán en unos meses en un millón y medio o incluso más para, en un cálculo demagógico irresponsable y cortoplacista, engordar las cifras de empleo, del PIB y de las afiliaciones a la S.S. con el fin de vendernos crecimiento y obtener votos de agradecimiento facilitándoles la pronta nacionalización española.
IV. Desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal de casas mediante el procedimiento penal rápido para enjuiciar delitos flagrantes con celeridad en el juzgado de guardia para obtener una sentencia en 24 horas mediante la aplicación sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero. Esta medida debe incluir la defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal.
V. Derogación inmediata de la “ley de nietos”, es decir, la cainita y sectaria Ley de Memoria Democrática presentada como una reparación histórica que, además de servir para lavar pasados canallescos, establece que aquellos descendientes de exiliados o emigrantes españoles que se remontan hasta 1936, -hasta nietos, e incluso en algunos casos hijos mayores de quienes ya accedieron a la nacionalidad por normas anteriores- tienen derecho a la nacionalidad española. Sobre este principio se ha desarrollado una cadena de producción en masa de nuevos españoles que, en su inmensa mayoría no ha pisado España ni aportado nada a la nación y que, por tanto. residen en el extranjero, pero que gozarán de la nacionalidad española y el consiguiente derecho al voto. Así, se prescinde de cualquier vínculo con España como condición para acceder a la nacionalidad española. Basta con acreditar una línea genealógica -a menudo reconstruida décadas después- para obtener un pasaporte y, con él, derechos políticos plenos. Las cifras hablan solas y estremecen: más de 2,5 millones de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades concedidas y una tasa de éxito del 98%.
Si esos nuevos españoles no viven ni trabajan en España, no han aportado ni aportan nada a la nación, tampoco van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar. Todos esos nuevos ciudadanos acaban en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que ya supera los 2,6 millones de inscritos. Y creciendo. Sin freno.
La apoteosis de estas felonías la interpretó la lideresa de Podemos Irene Montero cuando posesa gritó: «Ojalá la teoría del reemplazo; ojalá podamos barrer de fachas y racistas este país con gente migrante» mientras que nuestra nación se diluye, los sueldos y la productividad decaen y cada día la vida de la inmensa mayoría de españoles es un poco peor. Esta bomba de relojería avalada por la Conferencia Episcopal española encabezada por el arzobispo marxista-leninista Luis Argüello, además de alterar el censo futuro y favorecer a mafias y ONGs adheridas, ni siquiera se plantean que toda regularización masiva de inmigrantes (de hecho, es el perdón de un delito) introduce una discriminación contra quienes han llegado de forma legal, aquellos que han respetado las reglas, soportado un calvario burocrático que puede durar años, con altos costes económicos y psicológicos, esas gentes que tras acatar las leyes han descubierto, con perplejidad, que residir y trabajar en España de manera legal es un menoscabo.
DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN
Teniendo en cuenta la doctrina que profesan, no es casual que los cinco ministros nombrados por Sánchez dirigentes de la coalición electoral de la extrema izquierda, Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Sira Rego, se caractericen por haber realizado una gestión nefasta adornada de extrema arrogancia solo superada por quien dice encargarse de transportes y no se sabe que más sostenible, Óscar Puente Santiago, junto con la primera ministra de Educación de Pedro Sánchez, ejecutora de la redacción de la nefasta LOMLOE, Isabel Celaá Diéguez.
No es casual que Pedro Sánchez haya nombrado ministros de Cultura a dos catalanes; Miquel Iceta y Ernest Urtasun Domènech. Pero al contrario que su antecesor, Urtasun se crio en el burgués barrio barcelonés San Gervasio-La Bonanova, se licenció en Economía, aprobó las oposiciones del cuerpo diplomático en 2010 y siempre ha vivido de la política.
Sucedió que tras varias militancias políticas iniciadas en Acció Jove-CCOO y el Movimiento de Estudiantes Progresistas de la UAB, y pasar por el grupúsculo Jóvenes Verdes, Urtasun fue elegido eurodiputado por Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV) en 2014, desde donde se catapultó hasta convertirse en dirigente de «Sumar».
Pero para entender su trayectoria política y sus decisiones como ministro de Cultura del Reino de España, es pertinente aclarar que Urtasun es hijo de militantes del PSUC, la rama catalana del Partido Comunista de España, y nieto de Jesús Urtasun Sarasibar, un falangista navarro que luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española y fue condecorado y premiado por Franco con la Medalla del Sufrimiento por la Patria y una pensión vitalicia a cargo del Estado. Así, Ernesto no estudió en una escuela pública, sino en el elitista Liceo Francés. Fue en la universidad cuando el joven Urtasun abrazó el batiburrillo esquizofrénico extendido en Cataluña que cabriola con el independentismo supremacista identitario al asumir el soberanismo —«sin independentismo», dicen—, todos los tópicos antiespañolistas y hispanófobos junto con los postulados wokes de la teoría crítica de la raza, el generismo vulgar de la teoría queer, el indigenismo y su agenda poscolonial, las agendas climáticas globalistas junto con el «derecho a decidir», que no es otra cosa que un confederalismo disolvente para España. Al asumir estos postulados ideológicos, que la gestión de Urtasun como ministro de Cultura sea renegar de España y su cultura es lógico.
Sin bagaje intelectual, en cada declaración o decisión Urtasun expone su ignorancia supina de la Historia de España al repetir las soflamas y tópicos de la leyenda negra. Así, a los museos españoles los califica como machistas, coloniales o franquistas. Como lo leen, incluido el Museo del Prado. Pacata minuta si se compara con su equiparación de la conquista española de América que creó la hispanidad con el genocidio cometido por el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo.
Despropósito tras despropósito, Urtasun asegura que la tauromaquia no debe ser nunca considerada cultura y por ello suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia y todas las ayudas al sector, al tiempo que impulsaba una Legislativa Popular (ILP): «No es mi cultura», buscando retirar el estatus de patrimonio cultural a la tauromaquia. Asimismo, ha puesto en marcha la «descolonización» de los museos estatales para «superar inercias etnocéntricas y promover una visión más crítica de la historia».
Que el tiro de Urtasun contra la tauromaquia y la hispanidad le haya salido por la culata, demuestra que un ministerio fundado en el intervencionismo y el clientelismo derivado de las subvenciones, es una lacra para la cultura y las artes de España. Su desaparición no solo supondrá quitarse de encima un aparato de propaganda sectaria camuflado y el reparto de dádivas a las voces del amo, también significará reducir gasto público y la devolución a la sociedad civil buena parte de la defensa y promoción del patrimonio y las artes y la mejora de la autonomía de quienes crean, comparten y transmiten los elementos inmateriales y materiales que definen la cultura y las artes. Para lograr estos objetivos es imprescindible promover el mecenazgo, la industria privada y el consumo cultural libre.
Como colofón de desatinos en materia de educación en España iniciado con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 de la época del PSOE del Felipato, que eliminó la cultura del esfuerzo y desincentivó el estudio, generando un clima de degradación de la disciplina y el nivel en la Educación Secundaria, tenemos la LOMLOE también conocida por Ley Celaá. Una ley que, además de profundizar en los errores pedagógicos de sus antecesoras, que han priorizado constructos teóricos y métodos constructivistas sobre la transmisión de conocimientos básicos, atenta contra la libertad metodológica de los docentes, impone cuestiones pseudocientíficas en su redactado y, a nivel burocrático, impone complicar el modelo de evaluación hasta el infinito. Eso sin entrar en su desarrollo curricular infame, repetido y producto de un determinado modelo educativo, cuya máxima es la dilución de todo tipo de conocimientos en transversalidades sin sentido. Su sustitución urgente debe contemplar los siguientes puntos:
I. Imposición del español como lengua vehicular única en todo el territorio nacional y la erradicación del adoctrinamiento ideológico.
II. Recentralizar las competencias educativas para asegurar contenidos comunes en toda España y la supresión de elementos ideológicos.
III. Elección del centro: Fomentar un sistema de cheque escolar para que las familias elijan libremente el centro educativo (público, concertado o privado).
LA SOSTENIBILIDAD INSOSTENIBLE
Insostenible es el actual sistema de pensiones públicas pues se mantiene gracias a transferencias del erario obtenidas a través de deuda del Estado. Hablamos de un endeudamiento histórico disparado, camuflado por el gobierno que, además, tapa la «deuda implícita» que representa el compromiso futuro de pago a los trabajadores actuales, estimada en varias veces el Producto Interior Bruto (PIB) de España.
Según informes del Tribunal de Cuentas de primeros de mayo de 2026, el Gobierno destinó cerca de 2.400€ millones de los fondos europeos «Next Generation» en 2024 para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. Se trata de una ilegalidad manifiesta que ha escandalizado a los ciudadanos de los países más aportadores Mientras tanto, las trapisondas contables del gobierno de Sánchez camuflan que la deuda de la Seguridad Social supera los 136.000€ millones y que las pensiones se pagan gracias al aumento de la deuda, un agujero que, en agosto de 2025, se situó en 598.000€ millones y subiendo.
Por desgracia, esta realidad que amenaza gravemente el futuro económico apenas es abordada por la clase política por contener una cruda realidad; la necesidad perentoria de una reforma profunda del sistema que conduzca hacia un modelo mixto que combine el reparto actual con la capitalización individual, buscando la sostenibilidad a largo plazo.
Otro capítulo urgente ya apuntado es el incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad mediante ayudas económicas directas, deducciones fiscales proporcionales y en función de la renta, conciliación laboral, provisión de servicios de cuidado infantil, prioridad para el acceso a la vivienda protegida, etc.
Imprescindible y apremiante es la reducción del gasto público empezando por «el gasto político superfluo e ideológico» junto con una rebaja sustancial de impuestos que faciliten el emprendimiento y el aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos españoles.
Como demuestra la experiencia de varios países figurada en la curva de Laffer, existe un punto óptimo de presión fiscal que maximiza la recaudación; superar este nivel mediante impuestos excesivos desincentiva la actividad económica y reduce los ingresos públicos. Por tanto, con la reducción de los impuestos confiscatorios actuales aumentará la recaudación al fomentar la inversión, el empleo y la base imponible, lo que facilitará el acceso a la vivienda, la mejora de la sanidad, la educación, la seguridad jurídica y el orden público.
Vital es la reforma del IRPF para establecer un tipo único del 15% para rentas de hasta 70.000/80.000€ y del 25% para las superiores, dejando exentos los primeros 22.000€. Otros impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio, etc. deben abolirse. Asimismo, la reducción del IVA, sobre todo en productos básicos, y el impuesto de sociedades conducirán a la optimización de la mencionada Curva de Laffer.
Desde junio de 2018, a pesar de las estadísticas oficiales trucadas por el gobierno, la mayoría de los españoles ha constatado la disminución real y progresiva de su capacidad adquisitiva, especialmente desde el inicio de la crisis inflacionaria en 2021. Incluso con los datos oficiales, desde 2018, el poder adquisitivo ha disminuido alrededor de un 2%, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Otros análisis indican una pérdida del 5,5% desde la pandemia. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana: «España ha caído al puesto 15 del ranking de renta per cápita de la UE y, peor aún, obtiene un resultado crítico en 10 de los 17 indicadores socioeconómicos analizados por la Comisión Europea».
El mencionado informe del Instituto Juan de Mariana también expone otros datos alarmantes como que España es «el tercer país con mayor riesgo de pobreza, el segundo con mayor cifra de niños en peligro de exclusión social, el segundo con mayor tasa de abandono escolar o el quinto donde menos impacto tienen las transferencias sociales». Es lo que se deduce incluso de los retocados datos oficiales del IPC que exponen que la subida acumulada de precios en España entre 2020 y finales de 2025 llegó al 22,4%. Mucho peores son los datos respecto a bienes indispensables como la comida y la morada.
Así, en los alimentos el incremento de los precios en ese mismo periodo es superior al 40%, mientras que los precios de alquiler de vivienda en las grandes ciudades se han incrementado un 94%, mientras que la adquisición el incremento acumulado está entre el 30% al 45%, dependiendo de si se trata de vivienda nueva o usada y de la región geográfica.
Y mientras la burocracia estatal ha sido incrementada irresponsablemente por el sanchismo y la población productiva es masacrada con impuestos confiscatorios y trabas oficinescas, la mayoría se empobrece, puesto que el PIB per cápita de España en 2008 representaba casi un 96% del PIB per cápita medio de la UE; en 2025 nuestro PIB per cápita fue un 18% por debajo de la media de la UE. Otras fuentes señalan que el PIB per cápita en la zona euro es sustancialmente mayor, situando a España unos 10.000 euros por debajo de dicha media.
Al mismo tiempo, los gobiernos presididos por Pedro Sánchez han incrementado constantemente el gasto partidista y clientelar, financiándolo con más impuestos, más déficit y más deuda. Deuda que oficialmente a finales de 2025 superó 1,7 billones de euros (3er trimestre 2025), un aumento de más de 400.000 millones de euros desde 2019 que supone el 103,2% del PIB. Este dato oficial es el de la deuda implícita (las obligaciones futuras del Estado que no se reflejan en la deuda explícita, como el pago de pensiones, garantías de préstamos, etc.) mientras que la deuda explícita es descomunal y se acerca al 500% del PIB, según el informe de la AIReF de 2024.
Mientras que el despilfarro clientelar del sanchismo se ha incrementado constantemente, las inversiones reales y proporcionales a la demanda derivada del incremento de la población en sectores estratégicos como vivienda, industria, gestión del agua, digitalización, sanidad, educación y transporte, han disminuido. El gobierno zarandea y presume de que las cifras totales han aumentado, pero oculta que de hecho han disminuido en proporción al número de habitantes que ha aumentado asombrosamente debido a la inmigración masiva. Así, la población española pasó de 47,3 millones a principios de 2020 a superar los 49,3 millones a mediados de 2025.
DE LA CORRUPCIÓN SANCHISTA
El régimen sanchista es una gran matrioska de corrupción. Se inicia con «la banda del Peugeot» y, una vez Sánchez logró la presidencia del gobierno de España, se fue extendiendo avivadamente hasta copar todas las administraciones y empresas públicas y semipúblicas. El mecanismo invasor se basa en un nepotismo sectario que incluye a familiares de Pedro Sánchez, ministros y todo tipo de gerifaltes y pancistas del PSOE. Tras la manifestación notoria del latrocinio sistémico, solo una minoría está siendo investigada por la justicia con imputaciones de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho y organización criminal, entre otros delitos.
No es el Caso Antonio Maura-Pablo Iglesias (1910), el Caso Colaboración con la dictadura del General Miguel Primo de Rivera (1923-1930), el Caso Pistolerismo (1932-1939), el Caso Golpe de Estado contra la Segunda República (1934), el Caso Fraude Electoral (1936), el Caso secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo (1936), el Caso Masacre de Paracuellos (1936), el Caso Oro de Moscú (el mayor robo de la historia de España 510 toneladas de oro del Estado y particulares enviadas a Stalin en 1936), el Caso Chekas (1936-1939), el Caso Tesoro Artístico Nacional(1936), el Caso Incautación (incautación de cuentas de ahorros, joyas, valores, fábricas, redes de transporte y tierras agrícolas 1936-1937), el Caso Caja General de Reparaciones (1936), el Caso del yate Vita (el segundo mayor robo de la historia de España 1939-1940), el Caso Felipe González y Flick (entre 1978 y 1985 la fundación alemana Frederik Ebert transfirió 22 millones de marcos clandestinamente a las cuentas del PSOE), el Caso Filesa, el Caso ERE de Andalucía, el Caso Roldán, el Caso Flick, el Caso Hacienda, el Caso Rumasa, el Caso Aller, el Caso Seat, el Caso AVE, el Caso Arcos, el Caso Juan Guerra, el Caso Roldán, el Caso Gal, el Caso Asesores, el Caso Ciempozuelos, el Caso Cursos de Formación, el Caso Campeón, el Caso Mallén, el Caso Comercio, el Caso Matsa, el Caso ACM, el Caso Alhambra, el Caso Feval, la Operación Madeja, el Caso Delcy, el Caso Fondos Reservados, el Caso Koldo / el Caso Mascarillas, el Caso Leire Díez, el Caso Begoña Gómez, el Caso David Sánchez, el Caso Mediador (o ‘Tito Berni’), el Caso Plus Ultra, el Caso Forestalia, el Caso Zapatero, el Caso China …
¡ES EL CASO PSOE!
De esta espeluznante corrupción dirigida por la Banda del PSOE, participan también los partidos secuaces del sanchismo (Bildu, PNV, PSC, PSOE Navarra, etc) y “conseguidores e intermediarios de suculentos contratos públicos” en gran parte articulados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para numerosas empresas entre las que destacan Acciona, Acento Public Affairs, Adif, Air Europa, Bancal de Rosas, Cooperativa Noran, Dirección General de Carreteras, Duro Felguera, Empresa Sumelzo S.A., Erri Berri SL, Excavaciones Fermín Osés SL, FIADELSO, Forestalia, Globalia, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), – Montearagón SL, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áridos Anfersa, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), PDVSA, Playbol, Servinabar 2000 SL, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Sumelzo S.A., Villafuel SL – What the fav, Zamora C. F. etc.
CLIENTELISMO DEL SIGLO XXI Y SUBVENCIONES
La justificación filosófica y económica de las subvenciones del Estado a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural (cine, teatro, danza, etc.) se basa en los beneficios sociales, la corrección de fallos de mercado y el ejercicio de derechos culturales. Estos argumentos sostienen que la cultura es un bien público que requiere apoyo más allá de la rentabilidad comercial inmediata. Sin embargo, esta loable intención ha sido instrumentalizada desde el Felipato (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) para influir cultural e ideológicamente estableciendo el clientelismo partidista y evitando la participación ciudadana que supondría la promoción privada del patrocinio y mecenazgo. Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, revisada por el Real Decreto Ley 6/2023, por cicateras, no han promovido el mecenazgo privado.
Las subvenciones del Estado no solo se reservan para entidades sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, también y sobre todo a organizaciones y ONGs con claro sesgo ideológico izquierdista y woke. Obvia es la falta de transparencia en su concesión. Un ejemplo flagrante de opacidad absoluta y arbitrariedad son las dádivas otorgadas con los fondos europeos Next Generation. Asimismo, la opacidad reina en las subvenciones directas mientras que las sometidas a concurrencia competitiva se van achicando año tras año. En el caso de los gobiernos de Pedro Sánchez la pauta clientelar y de sometimiento con los informes «Fantasma», las ayudas a los amigos y la compra de medios no son relatos sino datos.
El inventario de subvenciones clientelares, para agitprop y familiares y amigos de los gobiernos de Sánchez es tan extensa que precisaríamos cientos de páginas solo para enumerarlas. Por ello solo reseñamos las que nos parecen más relevantes.
Para el control de los medios de comunicación, los gobiernos de Sánchez han destinado desde 2019 hasta 2026 la tremebunda cifra de 2.300 € millones para «publicidad» en los medios afines (destacando el Grupo PRISA, Antena 3, Cuatro, Huffington Post, AS, La Sexta, Efe, Eldiario.es y El Plural). Solo para 2026 ha destinado 271 € millones en estas subvenciones camufladas como publicidad institucional.
Empresa familiar: El Gobierno inyectó más de 700.000 € en ayudas a la empresa Industrias Plásticas Playball SL cuyo propietario y administrador es Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno.
El Grupo Inmark que absorbió una empresa dirigida por Begoña Gómez ha recibido 8 € millones de euros en subvenciones del Estado desde el año 2020.
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Desde 2021, ha recibido más de 83 € millones de euros en 412 subvenciones del Gobierno central.
El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Inclusión asigna 35,9 € millones de euros anuales específicamente a líneas relacionadas con migraciones (dentro de un total de 39 millones para el departamento). El Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Igualdad superó en 2024 los 570 € millones que fueron concedidos sin concurso público a una lista extensa de organizaciones entre las que destacan la Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Progresistas.
El gasto total autorizado en subvenciones en 2024 ascendió a 41.493 € millones y las estimaciones para 2025 sugieren cifras similares o superiores. Se estiman en más de 6.000 los organismos y empresas que recibieron ayudas y subvenciones, incluyendo ONGs, sindicatos (UGT, CCOO) y partidos afines (ERC, PSC), es decir, en «chiringuitos» clientelares.
LA CORRUPCIÓN Y LA INEPTITUD MATAN
DEL COVID AL DESCARRILAMIENTO DE ADAMUZ
Para introducir este capítulo exponemos dos datos significativos: la España funcionaria se come a la emprendedora: los empleados públicos ya superan en 346.000 a los autónomos en 2026.
En 1975 España tenía una población de 35,5 millones y contaba con 760.000 funcionarios. A finales de 2025 eran 48 millones mientras que el número de empleados públicos superó los 3.6 millones.
En términos reales y por habitante, la inversión pública del Estado español alcanzó su máximo antes de la crisis financiera, con cifras en torno a 1.300 €–1.400 € por persona. En 2024 se situó en 880 € pese al aumento continuado de la recaudación por impuestos que ahora alcanzan niveles confiscatorios, el aumento de la población en un 8% y, por tanto, unas necesidades estructurales más exigentes. De esta suerte, dos partidas se han incrementado exponencialmente en detrimento del resto. El gasto en personal del sector público que ha batido récords superando los 180.000 € millones en 2025, creciendo un 4,5% respecto al año anterior. El otro epígrafe que aumenta exponencialmente en el de las pensiones como claro caso de políticas clientelares cortoplacistas sabiendo de sobra que son insostenibles.
La partida que ha pagado el pato del aumento en sueldos funcionariales y pensiones ha sido el de las infraestructuras que ha experimentado una disminución superior en términos reales del 24% entre 2018 y 2025. Por su importancia y consecuencias, esta desinversión en el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras constituye una terrible irresponsabilidad. Pues sin que los gobiernos de Sánchez explicaran el motivo, la inversión ferroviaria se ha reducido desde 2019 un 42,5% con respecto al volumen total de km. de vía de España. Por ende, durante este lapso se ha incrementado el tráfico y el número de usuarios debido al aumento de la población con la llegada masiva de inmigrantes legales e ilegales hasta superar los 49,4 millones de habitantes de España en 2025. Por si estos datos no indicaran una dejadez canallesca, Adif, Renfe y demás empresas públicas y semipúblicas han sido “okupadas” por afiliados al PSOE y sus secuaces con sus queridongas y sobrinas, mientras se producían escandalosos yerros y accidentes por doquier.
En 2024 se registraron 22 descarrilamientos (sin víctimas). En 2023 fueron 25, con dos heridos leves. En 2018, la CIAF contabilizó 7; y en 2014, 9, de los que sólo 5 fueron investigados. Al mismo tiempo, tanto en los AVEs como en el resto del sistema ferroviario, se incrementaban accidentes, incidentes y retrasos constantes conformando un estado caótico donde el absentismo laboral en las operadoras ferroviarias, solo en entre abril de 2023 y 2024 se disparó un 32%. Que un día ocurriría una gran desgracia era un runrún tanto entre usuarios como profesionales. Y ocurrió el 18 de enero de 2026 cuando un tren Ave descarriló en Adamuz (Córdoba) llevándose por delante a otro que circulaba en sentido contrario. 46 ciudadanos resultaron muertos y 124 malheridos.
Este terrible suceso ha evidenciado crudamente las consecuencias del nepotismo sectario que deriva en corrupción sistémica, inaptitud técnica, decisiones temerarias y clara dejación de funciones. Según avanza la investigación de las causas del trágico accidente, se apuntan el desfalco perpetrado por las empresas que obtuvieron el concurso apañado de «renovación integral de la línea/vía», del control de calidad y de su mantenimiento. Por consiguiente, los 46 difuntos y los 292 heridos resultantes del descarrilamiento de un tren y el choque con el que venía en sentido contrario nunca debieron producirse con un mantenimiento adecuado.
Pero la corrupción e ineptocracia del sanchismo ya mostró antes su tétrico rostro en la pandemia de Covid-19 cuando nos impuso un confinamiento masivo que posteriormente fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Aquella gestión no sólo paralizó el país, sino que impidió a miles de familias despedirse de sus mayores. España terminó registrando más de 121.000 fallecidos por coronavirus, convirtiéndose en uno de los países europeos más golpeados por la crisis sanitaria.
Corrupción e ineptocracia durante y después de la erupción del volcán de La Palma en 2021 que destruyó más de mil hectáreas y miles de viviendas. Aunque sólo se contabilizó oficialmente una víctima mortal, la catástrofe social se prolongó durante años. Iniciando 2026 todavía hay personas viviendo en casas contenedor y sin haber recibido todas las ayudas prometidas por el Gobierno de Sánchez.
Corrupción e ineptocracia antes y después de que la DANA arrasara amplias zonas del levante español y dejara 242 fallecidos y miles de damnificados. Ni la AEMET alertó en tiempo y forma, tampoco lo hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar ambos organismos dependientes del orweliano Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ni otros cuerpos como Policía Nacional, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME) actuaron con la rapidez necesaria ante el desbordamiento del barranco del Poyo. «Si necesitan ayuda que la pidan» declaró Sánchez antes de mover un dedo mientras voluntarios de toda España acudían a socorrer a los valencianos. A semejantes despropósitos hay que sumar que la ministra del mencionado ecológico y el reto y tal y tal, Teresa Ribera, paró en 2021 la «adecuación y drenaje» del barranco del Poyo por «problemas ambientales al ser poco ecológico» y una «visión del coste-beneficio» negativa.
Corrupción e ineptocracia aquel 28 de abril de 2025 cuando se produjo un apagón masivo que afectó a la Península Ibérica y dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante horas, afectando a hospitales, transportes y servicios esenciales. Aunque el gobierno ha boicoteado la investigación sobre las causas de este desastre, los estudios y evidencias aportadas por técnicos y empresas independientes muestran que Red Eléctrica de España – Redeia Corporación, S.A. como transportista y operador único del sistema eléctrico español, dirigido por miembros y allegados del PSOE, siguieron a raja tabla la política energética del Gobierno con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia de descarbonización a 2050, más otras normativas secundarias (órdenes ministeriales, planes, etc.) que se integran en la normativa general del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ha apostado por cerrar progresivamente las centrales nucleares, reduciendo fuentes estables de generación en nombre de un extremismo climático que esconde un gran negocio para unos cuantos, sobre todo para sus aliados del Partido Comunista de China.
Corrupción e ineptocracia generan incendios forestales que llegaron a su culmen con miles de hectáreas calcinadas y varias víctimas mortales en 2025. Mientras que el Estado (gobierno central, autonomías y ayuntamientos) han invertido un 50% menos en prevención de incendios forestales (de €364 millones en 2009 a €175 en 2022 como último dato publicado), el gobierno sanchista aumentaba exponencialmente los chiringuitos poblados de burócratas del PSOE y aledaños que dicen estar dedicados a cuidar los montes, la biodiversidad, los ecosistemas con todos sus animalitos. Y mientras tanto, quienes conocen el campo y los montes han visto como sus advertencias de que la prohibición de limpiar los montes, junto con la escasez de cortafuegos eficaces y una política forestal pasiva, eran desdeñadas y silenciadas por una burocracia estatal obediente a la ideología sintetizada en la “Emergencia Climática” basada en normativas y prohibiciones estultas derivadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), etc. Esta caterva rufianesca ha contribuido a que los incendios forestales en España sean prácticamente incontrolables.
Corrupción e ineptocracia son las causantes de que el 38% de las presas estatales presenten deficiencias en seguridad hidrológica e hidráulica. Que el 60% de los embalses del Estado necesiten mejoras de seguridad inmediata. Que 112 de las 375 represas estatales requieran refuerzos estructurales sin que el gobierno contemple su realización. Que más del 75% de las presas estatales no tengan planes de emergencia. Que cerca de 140 pantanos de titularidad pública tengan su seguridad comprometida por falta de mantenimiento. Que más de 54.000 km de carreteras y autovías estatales tengan defectos graves o muy graves. Y qué decir de la red ferroviaria… mientras tanto, la red eléctrica española colapsa: no se podrán admitir nuevas peticiones de puntos de conexión para vivienda, centros de datos o industria porque dicha red en febrero de 2026 tiene más del 90% de ocupación mientras que los reglamentos insensatos impiden las inversiones imprescindibles para revertir esta situación. Además, la electricidad tiene un impuesto especial que supera el 5%, como si fuera alcohol o tabaco y,sobre ese impuesto se aplica posteriormente el IVA, en una doble tributación inmoral.
Corrupción, ineptocracia y maquiavelismo llevaron al PSOE regido por Felipe González Márquez (Felipato) a implantar, a través de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990) el constructivismo pedagógico, esa ideología desarrollada por el comunismo soviético, que con su banal eslogan «aprender a aprender» ha dominado todas las leyes educativas españolas que siguieron: LOE y LOMCE hasta la abracadabrante LOMLOE sanchista vigente. Año tras año se fue erigiendo el actual sindiós educativo, cuyo balance es: ¡Viva la ignorancia! No fueron ajenas a la plasmación del costoso e infructífero engendro del caos en el aula y el fracaso escolar las CC.AA. erigiendo universidades públicas por doquier con miles de titulaciones abstrusas mientras, en comandita con los gobiernos centrales, se dedicaban a cerrar centros de formación profesional y universidades laborales de gran prestigio, con la delirante excusa de haberlas construido el franquismo. Pero lo peor de todo, por artero es que, lejos de enmendar el fracaso, el sanchismo ha incrementado la burocracia e implantado la «neolengua» inclusiva woke y el fracaso oculto. Así, la tasa de abandono educativo temprano en España se situó en 2024 en el 13%, mientras que los informes PISA muestran resultados penosos; por debajo de la media de la OCDE en ciencias, y muy por debajo en comprensión lectora y matemáticas. Desde luego, lejísimos de los resultados de Singapur, Corea del Sur, Japón, Finlandia … y de los objetivos de cohesión social, igualdad de oportunidades y desarrollo y enriquecimiento económico, científico y cultural.
Y mientras que en España (y en la UE) se reduce capacidad industrial porque nos están salvando de la “emergencia climática”, China ha hecho justo lo contrario: ha reforzado su industria, ha asegurado el control de materias primas clave y se ha colocado como proveedor casi imprescindible de muchas de las tecnologías que ahora se consideran “estratégicas”. Paneles solares, baterías, componentes electrónicos… buena parte de lo que necesitamos comprar depende hoy de fábricas chinas, mejor dicho, de la oligarquía financiera e industrial organizada en el Partido Comunista de China. Enlace a CHINA COLONIZA ESPAÑA.
Menos autonomía energética y tecnológica; más intermediación, más regulación, más certificación, más dependencia de cadenas globales de suministro, menos futuro o un futuro oscuro. Presentar esta decadencia como una consecuencia inevitable de la globalización es falso. No ha sido la mano invisible del mercado lo que nos ha traído hasta este negro panorama, han sido las decisiones políticas.
Evidenciado que el sanchismo y sus secuaces consideran a España un botín a saquear y el poder político un mecanismo de beneficios recíprocos, es lógico que sus dirigentes hayan fraguado un plan o golpe para perpetuarse y lograr el poder omnímodo del Estado. Y ese plan lo están llevando a cabo mediante la usurpación de las instituciones, empresas públicas, semipúblicas y no pocas privadas. Es el nepotismo sectario y el enchufismo que han originado dinámicas clientelares, grandes corrupciones e ineficiencias clamorosas. Al mismo tiempo, han aprobado, y persisten en ello, leyes con narrativas delirantes que dicen luchar contra las injusticias y la discriminación, cuando lo que pretenden es vivir del rédito que éstas les generan y la degradación sistemática del Estado de Derecho.
Estamos ante una maquinación para eliminar los controles y contrapesos propios del Estado de Derecho resumidos en el imperio de la ley, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente perpetrada por el plenipotenciario ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feliz Bolaños García quien proyecta modificar urgentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial para implantar un modelo de oposiciones de futuros jueces y fiscales controlado por un centro dependiente directamente del Gobierno, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para controlar totalmente a los fiscales, junto con la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” que pretende eliminar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución.
Un atropello de mayor cuantía jurídica que demuestra hasta donde pueden llegar, es la justificación perpetrada por los jueces adictos al PSOE del Tribunal Constitucional (¿o anticonstitucional?) con su presidente Pumpido a la cabeza, validando la amnistía a los golpistas catalanes mediante el siguiente dislate: «Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que, en virtud del principio democrático, ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico». Con este despropósito, el TC ha dictaminado que el gobierno pueda, con la escueta mayoría parlamentaria que lo sostiene, aprobar un referéndum de autodeterminación para Cataluña, Vascongadas o Melilla y, peor aún, aprobar una ley habilitante que le otorgue plenos poderes para implantar un régimen totalitario. El precedente lo tenemos con la declarada ilegal, por el TC, ley habilitante 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes para la pandemia de COVID-19.
LA UE NO SALVARÁ A ESPAÑA DE SÁNCHEZ
Por si no estaba clara la conducta despótica y el obsesivo control para blindar su poder de instituciones, justicia, medios, empresas, redes, familias, cuerpos, sexualidades ajenas etc. del gobierno de Pedro Sánchez, en febrero de 2026 el mismo Sánchez ha declarado con solemne agresividad que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y perseguirá penalmente los usos «perversos» de mensajes de odio, “bulos” y manipulación de algoritmos que incluirán sanciones a directivos de plataformas que no cumplan sus mandamientos. Asimismo, aseguró que fundará y apoyará una «coalición de voluntarios» para lograr una gobernanza digital a su gusto.
Ante la evidencia de la deriva del sanchismo hacia un régimen totalitario, no pocos intelectuales, periodistas y ciudadanos creen que la UE le parará los pies sancionándolo debidamente. Sin embargo, los hechos desmienten esa esperanza por cuanto el Artículo 7 del Tratado de la UE que permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado miembro si se constata una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la UE, requiere un procedimiento políticamente difícil de activar por necesitar una mayoría cualificada. Es por este motivo por lo que nunca se ha activado a pesar de que dichos valores han sido boicoteados no pocas veces tanto por gobiernos de varios países miembros, como por la Comisión.
Si a este impedimento sumamos el dato filtrado procedente del informe titulado: “The EU Censorship Files, Part II” del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que expone con detalle cómo la Comisión Europea ha interferido y condicionado el debate político y las elecciones en al menos ocho países: en Irlanda en 2024 y 2025; Francia en 2024; Países Bajos en 2023 y 2025; Eslovaquia en 2023; Moldavia en 2024; y Rumanía ese mismo año. El caso de Rumanía resulta especialmente grave. Un tribunal anuló las elecciones presidenciales de 2024 por supuesta interferencia rusa en TikTok. Sin embargo, la propia plataforma informó a la Comisión que no encontró pruebas de esa campaña. Investigaciones posteriores demostraron que otro partido rumano había financiado la campaña atribuida falsamente a Rusia. Aun así, Bruselas utilizó el relato para justificar su intervención.
Esperar, por tanto, que con la configuración de poder de la actual UE que comanda la Comisión, cuya defensa de los valores democráticos sintetizados en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos es nimia por no decir antagónica, junto con las limitaciones del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia para la aplicación del Artículo 7 del Tratado, que la UE nos saque las castañas del fuego del totalitarismo sanchista es más que optimista ilusorio.
SUGERENCIAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTA MAGNA
Consideramos que la regeneración política del Estado español debe afirmar el constitucionalismo frente al nacionalismo identitario, por consiguiente, el proceso de “Libertad Constituyente” deberá enfocarse en mejorar la seguridad jurídica por lo que apuntamos las siguientes sugerencias que no precisarán un procedimiento de reforma agravado (art. 168 CE):
Revisión del lenguaje y conceptos de la Constitución que, no pocas veces, son confusos o generan confusión. En concreto respecto a la insólita subordinación de la norma constitucional a “lo que dispongan las leyes” que significa que cualquier gobierno, en el caso del de Pedro Sánchez Pérez-Castejón es obvio, tiene la capacidad de modificar la Constitución. Más confusión si cabe resulta de la utilización aleatoria de los términos “autoridades”, “poderes públicos” y la Jefatura del Estado, los estatutos autonómicos “garantizados”, etc. El Título de la Constitución peor conseguido, desde el punto de vista jurídico, es sin duda el Título VIII, dedicado al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, hasta el punto de haber sido considerado como un “desastre sin paliativos”.
Encabezar con este párrafo el Preámbulo: España es una nación ancestral que se remonta a tiempos pre-romanos y romanos, la reconquista, el descubrimiento de América, la Hispanidad, el Siglo de Oro, hasta la España contemporánea. Esta larga trayectoria ha dejado una huella profunda en la cultura, el idioma, el arte y la forma de vida de los españoles. Esta historia compartida es un factor clave de la identidad nacional española.
Eliminar el término nacionalidades y regiones del Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Modificar el Artículo 3: «El castellanoespañol es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Modificar el artículo 6: Los partidos políticos expresanson expresión del pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamentalinstrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres y sus estatutos y actividades están sometidos a la Constitución y a la ley. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y lo que disponga la legislación orgánica que regulará el carácter democrático de su estructura interna, su funcionamiento y su financiación pública o privada. La legislación reguladora de los partidos políticos incluirá a todos los organismos, asociaciones, sindicatos y fundaciones vinculadas a ellos.
Ampliar el artículo 18.2: El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La propiedad de la vivienda es un derecho del ciudadano español, derecho que debe protegerse contra el allanamiento de morada y la falsificación contractual de manera contundente y rápida, a través de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial, en el momento que el propietario observe que la vivienda de su propiedad ha sido allanada.
Ampliar el artículo 20.2: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previani secuestro informativo.
Modificar el Artículo 27.2: El Estado tiene la competencia exclusiva de la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales de los españoles.
Modificar el Artículo 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuitaserá financiada a través de los presupuestos generales del Estado.
Eliminar el “tutelaran” del Artículo 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
Modificar el Artículo 33.3.: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Cuando por los mencionados motivos, se tenga que expropiar una propiedad privada, el Estado debe indemnizar al propietario mediante un justiprecio ponderado, justiprecio que prioritariamente debe de ser acordado y en caso contrario determinado objetivamente por un tribunal especializado.
Eliminar frase del Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Eliminar el Artículo 54.
Eliminar el punto 4 del Artículo 57.
Modificar apartado i) del artículo 62: Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales ni amnistías.
Modificar el Artículo 68: Considerar la posibilidad de modificar la circunscripción electoral, actualmente la provincia, por circunscripciones más amplias o incluso a nivel nacional para mejorar la representatividad. Con ello se facilitaría una nueva ley electoral más representativa.
Eliminar los puntos 2, 2 y 3 del artículo 71.
Modificar el Artículo 73.1: Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a julio.
Modificar y añadir texto al punto 2 del Artículo 98: El Presidente del Consejo de Ministros del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Nadie podrá ejercer el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del gobierno más de dos períodos consecutivos.
Modificar el punto 3 del Artículo 123: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales serán elegidos directamente por los propios jueces y magistrados, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Modificar el punto 4 del Artículo 124: El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial quien podrá vetar la propuesta del Gobierno y reclamarle otro candidato.
Ampliar el Artículo 139: 139.3: El Estado tiene la competencia de garantizar la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales dentro del territorio nacional, así como la eliminación de barreras y obstáculos que puedan surgir entre las diferentes comunidades autónomas, asegurando, con ello, la igualdad de las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica en España.
Eliminar frase del Artículo 149ª: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Ampliar el Artículo 149: 33ª: La educación en todos los ámbitos y fases.
Modificar el Artículo 150.2: 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Se excluyen las transferencias o delegaciones de aquellas competencias exclusivas del Estado referentes a las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad, la planificación, gestión y disciplina urbanística y del acceso a la vivienda y a la educación.
Modificar el Artículo 159.1:El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Modificar el Artículo 167.3: Aprobada la reformapor las Cortes Generales,será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de losquince días siguientes a su aprobación, una mayoría simple de los miembros de cualquiera delas Cámaras.
DECÁLOGO COMPENDIADO DE PROPUESTAS URGENTES
I. Control mediante expulsión o internamiento de todos los inmigrantes ilegales.
II. Expulsión de aquellos solicitantes de asilo rechazados, así como de delincuentes extranjeros.
III. Ayudas económicas en especie y nunca en efectivo a los más necesitados.
IV. Prioridad absoluta para la concesión de ayudas sociales y acceso a la vivienda para los ciudadanos nativos españoles.
Anulación de todas las leyes, programas, instituciones, subvenciones y propagandas dedicadas a sustentar la tesis del cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) incluyendo el Pacto Verde Europeo, el Programa LIFE «Objetivo 55», el de alcanzar la reducción del 90 % de las emisiones netas para 2040 (los 4 de la UE). Por supuesto, consideramos imprescindible la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y el Plan de emergencia climática.
VI. La red eléctrica española está saturada y tiene graves problemas de inestabilidad, debido al demencial y corrupto programa de “transición energética” que implantó y sigue imponiendo (VER QUIENES SON LOS GRANDES APROVECHADOS los gobiernos españoles desde la perniciosa época de J. L. Rodríguez Zapatero con las subvencionadas “renovables” eólias y solares. Para evitar que el colapso eléctrico de abril de 2025 se repita y que los gastos de renovación y expansión de la red nos arruinen, es tan urgente como imprescindible elaborar un plan de mantenimiento de las centrales nucleares y la instalación de nuevas con reactores de Generación IV, complementadas con Reactores Modulares Pequeños (SMR). Al mismo tiempo, es necesario implementar un plan urgente de ampliación y renovación de las Centrales Hidroeléctricas basadas en el Bombeo Reversible.
VII. Reforma URGENTE del sistema público de pensiones de España y del sistema fiscal que incluya la anulación del impuesto sobre el patrimonio, reducciones notables y progresivas en el IVA, IRPF, trabajo, autónomos y sociedades para que la presión fiscal actual del el 36,7% del PIB se reduzca al 25%. Menos regulaciones, menos impuestos y más mercado libre.
VIII. Reforma de la Ley Orgánica 1/2025 que expulse y encarcele a los “OKUPAS” ipso facto. Promoción del «alquiler con opción a compra» mediante incentivos fiscales y programas financieros público-privados. Además, es preciso implementar un programa de incentivos para recuperar población en las zonas que la han perdido en los últimos años que incluya la rehabilitación de viviendas antiguas.
IX. Un ambicioso proyecto para fomentar la natalidad mediante incentivos fiscales y financieros.
X. Modelo familiar tradicional: rechazo de la “ideología de género “, solo dos sexos biológicos, oposición a cirugías de cambio de género en menores.
REFORMAS LEGISLATIVAS Y ESTRUCTURALES
Son propuestas que pretenden afianzar la libertad, la seguridad jurídica, la división de poderes y el fortalecimiento social, económico y cultural de los españoles.
Si, como deseamos y tratamos de impulsar, el pacto para asentar el estado de derecho en España prospera y se logra la mayoría contundente en ambas cámaras de representantes, las primeras medidas del gobierno resultante deberán establecer un calendario urgente de derogación de TODAS las leyes perpetradas por el PSOE y sus adláteres y la aprobación de las leyes alternativas. Por supuesto, otras medidas urgentes como auditorias en ministerios, instituciones, empresas públicas y semipúblicas son imprescindibles para lograr los mencionados objetivos.
Leyes derogables sin necesidad de otras alternativas: En nuestra opinión, son derogables inmediatamente, con una sola ley ómnibus y sin necesidad de alternativa, las siguientes leyes:
Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en la Justicia.
Ley Orgánica 1/2024 de amnistía.
Real Decreto 1155/2024 reglamento de extranjería.
Ley 4/2023 trans y de derechos LGTBI.
Ley Orgánica 2/2024 de “paridad”.
Ley 1/2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la seguridad global.
Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera.
Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda.
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual “solo sí es sí».
Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación “Zerolo”.
Ley orgánica 14/2022 de reforma del Código Penal.
Ley 20/2022 de memoria democrática.
Ley Orgánica 3/2021 de Eutanasia.
Ley 12/2021 “Rider”.
Ley 16/2021 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral y el siguiente RDL 2/2022.
Ley 4/2020 del Impuesto sobre servicios digitales.
Ley 5/2020 del impuesto sobre las transacciones financieras.
LEYES QUE NECESITAN SER SUSTITUIDAS URGENTEMENTE
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Última modificación: 07 de septiembre de 2022).
«La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».
La llamada Ley VioGén junto con los Sistemas del mismo nombre en todos y cada uno de los ministerios del gobierno sanchista, fue diseñada para combatir y erradicar la violencia que los hombres, solo los hombres, ejercen sobre las mujeres como «manifestación de discriminación y desigualdad», por consiguiente, impone la inversión de la carga de la prueba privando con ello la presunción de inocencia del hombre por el mero hecho de serlo. De este modo instaura una presunción “iuris et de iure” (sin posibilidad de prueba en contrario) de que la mayor reprochabilidad jurídico-penal es debida a que esas formas de maltrato o violencia se ejecutan con ánimo machista, por el mero hecho de que la víctima es una mujer a la que el hombre quiere dominar. Su sustento, desde la exposición de motivos hasta la disposición final sexta, es la «ideología de género» (o teoría queer) pues impone que la identidad es una construcción puramente discursiva o de voluntad individual, ignorando la realidad material biológica y su papel en la reproducción social. Semejante despropósito aplicado al derecho penal, destruye la neutralidad jurídica al imponer algo indemostrable, que una agresión ocurra estrictamente «por ser mujer».
Trascurridos cerca de 20 años de aplicación de la ley Vio-Gen, los resultados son lamentables en todos los aspectos excepto para quienes disfrutan del entramado institucional y sus sucursales conformadas por numerosas asociaciones, consultorías y ONGs. Para empezar, hay que destacar que las denuncias de las mujeres se han disparado año tras año (alrededor de 579 diarias en cada trimestre de 2025) y aunque han bajado un poco los llamados feminicidios (más de 1.300 desde 2004, con decenas anuales) es evidente que el diagnóstico del problema ha fallado y, lo que es peor, ha deteriorado las relaciones de afectividad entre mujeres y hombres por un reiterado uso instrumental que dificulta la reconciliación o los acuerdos amistosos, lo que ha generado un clima de desconfianza mutua que se ha extendido al clima social.
Cuando se verifican los datos recientes se comprueba un enorme enrarecimiento de las relaciones de pareja y un desbalance que prueba una vez más que lo justiciero no es justicia. De las más de 16.000 sentencias dictadas en el segundo trimestre de 2025, el 82,58% fueron condenatorias para los hombres. Peor aún son los datos de los 108 juzgados exclusivos especializados de violencia sobre la mujer cuya tasa de condena durante dicho trimestre fue el 93,31%. Sin embargo, de las más de 50.000 denuncias anuales en los últimos años, las denuncias se han disparado hasta el punto de que solo en el segundo trimestre de 2025 hubo 51.897 según los datos del Poder Judicial, sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado.
Y a pesar de la considerable cifra de recursos públicos destinados a la aplicación de esta ley que para el año 2025 supusieron 179,8 € millones, más fondos procedentes de la UE, CC.AA., Diputaciones, etc. suma que no incluye los costes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en violencia de género (Ministerio del Interior), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Ministerio de Justicia), ayudas de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), se suceden pifias en la protección de menores, desbarajustes en los recursos dedicados a las víctimas (solo se contemplan como victimas a las mujeres, los hombres nunca pueden serlo según esta ley), etc. En realidad, estamos ante un tinglado justificado en supuestos derechos a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, a trabajar o dejar de hacerlo, a opacas ayudas económicas, a planes de sensibilización, etc. cometidos por delegaciones, subdelegaciones, secretarías, observatorios institucionalizados, asociaciones todas ellas contra la violencia de género, con sus miles de expertos y especialistas dedicados a prevenir lo que a todas luces no previenen constituyendo con ello una formidable industria leguleya.
En el entramado institucional destacan Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales, Red de Puntos Violeta, Unidades de Violencia sobre la Mujer con delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, más recursos locales en Ayuntamientos y Diputaciones a través de sus Centros de Acción Social (CEAS), Red de Puntos Violeta y otros centros asesores específicos para la mujer en cada comunidad autónoma.
De entre las decenas de asociaciones y ONGs subvencionadas por el Estado sobresalen: Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Ana Bella, Fundación Amaranta, Asociación Malos Tratos, Asociación Clara Campoamor, FAMUVI, APRAMP, Asociación MUM, Fundación Aspacia, Asociación Stop Violencia de Género Digital, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Victoria, ONG Rescate, Asociación Por Ti Mujer, Asociación ALANNA, Asociación Somos Más, INPAVI, Caritas Española, Plataforma de Infancia (YMCA, ANAR, Fundación Diagrama y Fundación Márgenes y Vínculos), Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Fundación Aldaba, ABD, ADAVASYMT, Fundación Alma, OVIM (agrupa Associació Hèlia y Almena Cooperativa Feminista y colabora con “Madres Protectoras”, una red investigada por la justicia en varias ocasiones por ofrecer asesoramiento y ayuda a madres para huir con sus hijos cuando pierden la patria potestad a favor del padre.
Algunos pocos juristas y algún filósofo se han atrevido a criticar esta ley. Remarcable nos parece la de Javier Pérez Roldán en «Visión Crítica de la Ley de Violencia de Género» denunciando el negativo impacto en el derecho de familia y la desigualdad de trato procesal de esta ley.
Mención honorifica merece el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora al advertir como la ley VioGén aplica la desigualdad penal y el trato diferenciado, por cuanto el castigo para ciertos delitos es mayor si el agresor es hombre y la víctima es mujer. Según De Lora, esta diferenciación atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que no se basa en el acto en sí, sino en el sexo de los implicados. Asimismo, de Lora cuestiona el concepto de «violencia de género» señalando las aporías que surgen cuando la identidad de género se vuelve una cuestión de voluntad (autodeterminación), lo que podría invalidar la lógica de protección específica para el sexo biológico femenino.
La mayor repercusión mediática lograda respecto a esta ley ha sido la reciente publicación, fruto de años de investigación, de “Esto no existe” del periodista de investigación, Juan Soto Ivars donde denuncia:
Abuso del sistema: ya que el marco legal actual facilita que algunas personas, especialmente en procesos de divorcio, interpongan denuncias falsas por violencia de género, con consecuencias devastadoras para los hombres acusados (pérdida de hijos, ruina económica).
Víctimas invisibles: al enfocarse solo en la violencia machista tradicional, el sistema ignora a hombres y niños que sufren maltrato y a mujeres que no son «santas» o que son instrumentalizadas, creando una visión simplista de la violencia.
Falta de debate y polarización:reprocha como desde el poder se impide un debate social honesto sobre los fallos de la ley, tachando de «negacionistas» o «machistas» a quienes señalan problemas, lo que polariza y evita la mejora del problema.
Consecuencias nefastas para hombres y, sobre todo, para los niños: sostiene que los hombres denunciados falsamente son también víctimas de maltrato por parte del sistema, sufriendo un daño profundo y a menudo incomprendido.
Invisibilización de datos: al haber impuesto un tabú social y político que oculta la realidad de las denuncias falsas.
Quiebra del Estado de Derecho: al establecer penas diferenciadas por sexo, lo que es incompatible con la igualdad jurídica y la presunción de inocencia.
Inacción institucional ante las denuncias falsas: puesto que la Fiscalía General del Estado no persigue de oficio las denuncias falsas, favoreciendo con ello un uso instrumental de la ley.
«Nacional-ginocentrismo»: Define la narrativa de género actual como una forma de «nacionalcatolicismo de izquierda» que impone un pensamiento único.
Necesidad de una ley mejor: Juan Soto Ivars no propone explícitamente la derogación de la Ley Vio-Gen, sino que aboga por abrir un debate crítico sobre sus «efectos secundarios» y avanzar rápidamente a su reforma integral para que proteja a todas las víctimas reales y no sea un arma en disputas personales, aportando rigor y datos para su mejora. Por nuestra parte compartimos esta opinión.
LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES PÚBLICAS
Es URGENTE una reforma del sistema público de pensiones de España
Consideramos urgente e imprescindible la aprobación de una ley que anule los entuertos y constructos originados por el Real Decreto Legislativo 8/2015, la (Ley General de la Seguridad Social), la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo, el Real Decreto Legislativo 670/1987 (Ley de Clases Pasivas), Ley 27/2011, el Real Decreto 625/2014 que regula el procedimiento administrativo para la tramitación de pensiones, el Real Decreto-ley 2/2023 y el Real Decreto Ley 11/2024.
Modificación urgente del sistema de pensiones públicas: El Sistema Público de pensiones de España, obligatorio vía Seguridad Social, donde los trabajadores actuales pagan a los jubilados bajo un sistema de reparto injusto y piramidal, hace años que es insostenible debido a una demografía en notable decadencia cuya tasa de natalidad se situó en 1,10 hijos por mujer en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1), junto con la creciente esperanza de vida. Ambos factores han reducido la ratio hasta los 2,3 trabajadores por cada pensionista en 2025. Además, la demagógica indexación de las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo) han forzado al gobierno a perpetrar un nuevo impuesto llamado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-“, lo que además de incrementar los impuestos al trabajo, ha desvirtuado el carácter contributivo de las cotizaciones y no ha mitigado el déficit que sigue incrementándose.
Y a pesar de las medidas y decretos de urgencia para paliar el déficit, al cierre de 2025 el déficit real del sistema ha sido 67.800 € millones, déficit cubierto por transferencias estatales que equivalen a gran parte del déficit público total, que se incrementa año tras año.
Ante esta situación es URGENTE aplicar una reforma total que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones público, favoreciendo la creación de empleo y no penalizándolo como las medidas recientemente aprobadas. Por consiguiente, proponemos derogar todas y cada una de las leyes y decretos leyes vigentes sobre el sistema público de pensiones y aprobar una LEY ORGÁNICA DE PENSIONES que contemple el cálculo de toda la vida de cotización para computar la base reguladora, retrasar la edad de jubilación obligatoria a los 68/69 años y a más de los 72 de una manera voluntaria. Asimismo, la nueva ley debe depurar del Sistema Contributivo todos los sobrecostes que no le corresponden y plasmar un Sistema Complementario de Capitalización sin fiscalizaciones ni barreras. Además, es imprescindible implementar mayor seguridad al futuro pensionista con la implantación de la denominada “Mochila Austriaca” para que, en el caso de que el trabajador no la consuma durante su vida activa, ésta se podría aportar a un fondo de pensiones individual.
La Ley 7/2023 de bienestar animal es un compendio de buenismo que resulta inane por estar repleta de contradicciones y carecer de normativa adecuada.
Ley Orgánica 5/1985 “LOREG”: Desde la aprobación en 1985 de la del Régimen Electoral General (LOREG), se ha reformado en veintitrés ocasiones, la última en septiembre de 2022. Aunque algunos de sus defectos provienen del Artículo 68 de la Constitución, algunos estudios han concluido que es posible mejorar la actual desproporcionalidad del voto, sobre todo para las elecciones al Congreso de los diputados, sin modificar el mencionado artículo.
Que el primer diputado al Congreso en 2023 haya sido elegido por la provincia de Soria con 14.775 votos, por la de Lérida con 26.930 y por la de Madrid con 90.351, significa un enorme quebranto de la representatividad al primar a los partidos mayoritarios que, por ejemplo, en Lérida, Gerona y Guipúzcoa son los nacionalistas. Por otro lado, las listas cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y del resto de parlamentos de las CCAA y concejales, restringe la libertad de los ciudadanos pues, los electores no escogen a candidatos, sino que, en realidad, se adhieren a los designados, en un determinado orden, por cada partido, lo que desvincula completamente a los representantes de sus representados. Es bien sabido que cuando se pregunta a cualquier ciudadano en cualquier provincia quién es el número tres de la lista de cualquier partido, prácticamente, nadie es capaz de decir su nombre. Así, las circunscripciones enormes y las listas cerradas provocan que el Parlamento esté compuesto por empleados del jefe del partido, no por representantes directos de la ciudadanía.
Ante este escenario, invitamos al PP y VOX a confeccionar una nueva LOREG que mejore la representatividad de los ciudadanos mediante listas cerradas, pero desbloqueadas, reduzca la representación mínima inicial por provincia de dos diputados a uno y sustituya la formula D’Hondt por la Hare o Sainte-Laguë para garantizar una mayor proporcionalidad y mejor representatividad.
La LOMLOE o Ley Celaá – Ley Orgánica 3/2020: una apoteosis invertebrada de la LOGSE que ha impuesto la agenda ideológica del gobierno del PSOE-Sumar presidido por Pedro Sánchez. La abolición del español como lengua vehicular, el acoso a la escuela concertada, la eliminación del mérito como sistema de promoción, el troceamiento regional de los planes de estudio, la imposición de un canon político con excusas cívicas, la persecución de la religión o la negación de la enseñanza especial son algunos de los desastres que consagra esta ley.
Por consiguiente, es urgentísimo que la razón, la ciencia, el mérito, la transmisión de valores democráticos y cívicos, el sentido crítico y la valoración del esfuerzo se instalen en nuestras aulas.
Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética: esta ley inspirada en el fanatismo climático, consagra, como si ciencia fuera, los acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 para “alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la generación de energía con fuentes renovables” mientras sienta las bases para un sistema eléctrico basado en fuentes renovables por ser más resiliente, como hemos comprobado con el apagón eléctrico en la península Ibérica el 28 de abril de 2025.
Los extravagancias y barbaridades que consagra esta ley subscrita por Teresa Ribera Rodríguez, cuando era vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo se explican por la combinación de sectarismo ideológico derivado de la combinación de la «Agenda Woke» y la antidemocrática Agenda 2030 impuesta por un club de oligarcas globalistas que han decidido tutelar a la población mundial y determinar lo que deben pensar y hacer los ciudadanos en todos los países, lo que deben tomar como aceptable, como positivo para sus vidas, asociado con los intereses espurios generados por el enorme colchón financiero que la UE ha sustanciado mediante el Pacto Verde Europeo con los programas y mecanismos de financiación: NextGenerationEU, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Mecanismo para una Transición Justa, etc., etc.
Al partir de una hipótesis discutida y discutible como el cambio climático antropogénico (ENLACE A DEL APOCALÍPSIS CLIMÁTICO), esta ley se mece al compás del maltusianismo, la verborrea y las inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros estimadas por la UE, para prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en España (incluyendo la fracturación hidráulica) los minerales radiactivos, incluyendo el uranio (España posee una enorme reserva de uranio), lo que significa la interdicción de nuevas centrales nucleares, incluidas las MSR (Reactores Modulares Pequeños). Estas prohibiciones se extienden a nuevas autorizaciones o permisos mientras se proponen desiderátums tautológicos como la “movilidad sostenible” que significa que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación de vehículos que emitan CO2.
El problema de esta sarta de disparates no solo lo ha expuesto el corte generalizado del suministro eléctrico que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, también, como se ha evidenciado en países y regiones que han impuesto estas medidas como Alemania y California, es que la inseguridad de suministros y la falta de rigor en la implementación y control de la generación energética, suponen un aumento del precio de la energía y una inseguridad que está desmantelando la industria, el comercio y el sector primario.
Y mientras esta nefasta ley obstaculiza el desarrollo de la industria y el comercio libres, implanta una serie de concesiones, subvenciones y privilegios para las empresas que se lavan la cara con la ecología y, con ello, se benefician económicamente (greenwashing), la tautología del cambio climático (la epistemología de la ciencia pone de manifiesto la imposibilidad de una teoría predictiva del clima, al menos hasta ahora) sirve para amedrentar y culpabilizar de los desastres que sus políticas provocan a los ciudadanos para que paguen la fiesta ecológica sin rechistar y auto culpabilizándose. «El futuro energético de España o es verde o no será» declaró Pedro Sánchez Pérez Castejón pocos días antes del gran apagón eléctrico en la península Ibérica.
Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos urgente la sustitución de esta nefasta ley por una coherente que reconozca la energía nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible, imprescindible para un mix energético seguro para España, junto con un plan Hidrológico Nacional que abarque todas y cada una de las cuencas con el fin de garantizar la distribución racional del agua para todos los españoles, junto con la generalización de las centrales hidroeléctricas de bombeo de última generación que permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la demanda de energía.
La Ley Orgánica 1/2023 del aborto es amoral y merece ser abolida. Sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sensatas sobre el aborto que, aun sosteniendo el principio del derecho a la vida del nasciturus desde la concepción, contemplan circunstancias psíquicas y sociales que podrían justificarlo en determinadas circunstancias, una ley al respecto tiene cabida siempre y cuando contenga unas previsiones como las que seguidamente exponemos como sugerencias:
I. Establecer un periodo de reflexión de, al menos, siete días.
II. No se debe autorizar el aborto de menores sin consentimiento parental.
III. Las entidades próvida deben tener voz y acceso a las ayudas públicas.
IV. Contemplar ayudas públicas y privadas (mediante mecenazgo) para facilitar la protección de la mujer y el niño.
V. Considerar los siguientes supuestos para la despenalización del aborto:
A: que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer o que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo contra la libertad o la integridad sexual de la mujer.
B: que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma.
C: que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo, no irreversible, pero si importante y duradero, para su salud tanto física como psíquica.
D: que se acrediten los dilemas mencionados con rigor mediante un informe motivado, emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente que deberán ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde se vaya a producir. Si existe peligro para la mujer en un caso de urgencia no será necesario este informe. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida se precisa un informe sobre la madre y otro sobre el feto.
VI. Establecer que la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse, más allá de las 20 semanas, en el caso de que exista un peligro vital para la madre o se derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.
VII. Garantizar la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y la objeción de conciencia de los médicos respecto a realizar abortos.
Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: Aprobada al final de la primera legislatura del Partido Popular dirigido por José María Aznar, pero atacada por las ONGs agrupadas en la Plataforma Papeles para todos y todas con lemas buenistas como: “Ningún ser humano es ilegal”. Esta ley, sin embargo, contiene un efecto llamada contundente derivado de un extraordinario cúmulo de derechos para el inmigrante. Manga ancha para la reagrupación familiar, derecho a la asistencia jurídica gratuita, facilidades para apátridas, indocumentados y refugiados, facilidad total para la autorización de residencia y trabajo, etc.
Y a pesar de que esta ley fue concebida cuando aún la inmigración ilegal era infinitamente menor que la actual, desde hace años no se cumple en muchos apartados, en concreto respecto al retorno de los menores no acompañados (menas) y la expulsión de los ilegales. El mayor responsable de estos incumplimientos, por inacción, es el Ministerio del Interior regido por Fernando Grande-Marlaska Gómez.
Por otro lado, al no contar con la mayoría necesaria para ampliar “derechos y puertas abiertas”, el gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón modificó el reglamento de la ley con el Real Decreto 1155/2024 – Reglamento de Extranjería (Reloex), al tiempo que el Ministerio del Efecto Llamada, más conocido como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, planifica la regularización de, al menos, 500.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a España hasta diciembre de 2024.
Aunque la mayoría “progresista” que sostiene el gobierno del PSOE-Sumar, por motivos inconfesables, esconde las consecuencias de la inmigración ilegal con su potente aparato de Agitprop, la inmensa mayoría de los españoles sabemos del criminal y mafioso tráfico de seres humanos que está engordando las faltriqueras de muchos “solidarios”, de la degradación de las condiciones de trabajo y disminución de los salarios de los españoles e inmigrantes legales, del aumento de la inseguridad y la delincuencia y del sobrecoste, en más de 30.000 millones de euros anuales, en atenderlos. Por consiguiente, los firmantes de este documento consideramos que la respuesta a esta lamentable situación nos la señalan las políticas implementadas por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
OTRAS REFORMAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES
Si bien es cierto que el proceso de desindustrialización de España fue iniciado por el PSOE dirigido por Felipe González Márquez en 1983 hasta convertirnos, esencialmente, en una economía de servicios excesivamente dependiente del turismo, también lo es que los siguientes gobiernos no hicieron nada por revertir la situación.
El culmen de una política industrial suicida lo han logrado los gobiernos del PSOE de Pedro Sánchez Pérez-Castejón con sus políticas basadas en el fanatismo climático y los consiguientes impuestos ambientales: sobre hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre la utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica, sobre determinados medios de transporte, etc. Así, desde 2018 el sector industrial español ha perdido el 30% de sus empresas, la producción está estancada en niveles de 1995 y el empleo industrial está en mínimos históricos.
No menos grave es la “desagrarización” de la economía, es decir, del sector primario de España que incluye la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ha experimentado una reducción en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo a lo largo del tiempo. Así, este sector representaba un 6,9% del PIB español en 1985 mientras que en 2024 supuso el 2,7% del PIB. Más de 18.000 agricultores y ganaderos autónomos han echado el cierre en los últimos 7 años en España y tan solo el 4% de las explotaciones agrícolas están dirigidas por un español menor de 35 años.
Al mismo tiempo, España es el país con los peores datos de paro de toda la Unión Europea y la OCDE (10,9%), uno de cada cuatro parados de la eurozona es español o inmigrante residente en España y mayoritariamente joven. Así, menos de 2 de cada 10 contratos de trabajo que se firman en España son indefinidos y a tiempo completo, más de 900.000 afiliados tienen dos o más trabajos, de los que más de 100.000 combinan tres o más trabajos.
Las causas del mayor problema económico y social de España son múltiples y se han agravado durante los últimos años. Revertir esta grave realidad precisa de cambios legislativos, algunos ya los hemos apuntado, otros los listamos seguidamente sin desarrollarlos porque ello precisaría de un espacio inusitado para un documento de esta índole.
Limpieza seguida de auditorías en las instituciones y empresas ocupadas por el PSOE: la restauración de la salud de un organismo enfermo, precisa de un diagnóstico certero que permita su curación. El diagnóstico es evidente y, por tanto, la curación prevista para esta enfermedad mórbida también; desalojo inmediato de los ocupas del PSOE de estas instituciones y empresas seguido de auditorías integrales en todas ellas.
Una reforma laboral: que reduzca la intervención estatal en el mercado laboral, promueva la flexibilidad y la competitividad. Debería incluir la simplificación de los contratos, la reducción de costes laborales no salariales y la flexibilización de la negociación colectiva. El objetivo es atraer inversión, generar empleo y mejorar la eficiencia económica.
Un plan energético nacional: enfocado en la reducción de la intervención estatal y la promoción de la competencia en el sector energético. Esto implicaría la desregulación de los mercados energéticos, la eliminación de subsidios a tecnologías específicas y la promoción de la inversión privada en energías seguras como los reactores modulares pequeños (SMR), los reactores rápidos refrigerados por sodio (SFR) y los reactores de sales fundidas (MSR), así como el uso de inteligencia artificial y fabricación aditiva. El impulso a las renovables pasaría por las nuevas tecnologías en centrales hidroeléctricas de bombeo centradas en mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta del sistema. El objetivo del plan sería garantizar un suministro energético seguro, asequible y sostenible, impulsando la innovación y la eficiencia.
Plan integral de mejora y desarrollo de Infraestructuras: forjado en la eficiencia, la competencia y la inversión privada al sustentarse en la capacidad y experiencia de nuestras empresas punteras en este sector. Se trataría de reducir las prerrogativas de la intervención estatal que debido al despilfarro de tantos años y a la deuda pública verá reducida su capacidad de inversión, para en su lugar fomentar la participación del sector privado en la construcción y gestión de infraestructuras, priorizar proyectos que promuevan la conectividad, la productividad y el crecimiento económico.
Mercado único en España: Eliminar las trabas de etiquetado y otras barreras comerciales perpetradas por no pocas CCAA por motivos inconfesables, implantando la libre circulación de bienes, servicios y capitales, al tiempo que se incentive la competencia, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas y un crecimiento más robusto.
Plan de reindustrialización: para vivificar la industria fomentando un sector competitivo y dinámico a través de la reducción de la intervención estatal y la promoción de la libre competencia. Esto implicaría medidas como la disminución de la carga regulatoria, la facilitación de la inversión privada y la apuesta e incentivación fiscal por la investigación, la innovación y las mejores tecnologías.
Plan hidrológico nacional y de regadío: Bajo el lema “el agua de España es patrimonio de todos los españoles” establecer una estrategia de gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, con un enfoque en la eficiencia y la optimización del uso del agua, especialmente para el regadío, considerando también la sostenibilidad ambiental. La regulación e interconexión de las Confederaciones Hidrográficas y su administración basada en la eficacia de un personal contratado por sus méritos y capacidades es imperativo.
Fiscalidad orientada al crecimiento económico: basada en la Curva de Laffer, se reduciría la carga tributaria, se simplificarían los impuestos y se establecería un sistema para establecer una mayor eficiencia en el gasto público. Estas medidas incluirían la disminución de impuestos directos e indirectos, la eliminación de trabas burocráticas y la promoción de la competencia y la inversión. Por ende, se incluiría el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del déficit fiscal y la deuda pública.
Por una cultura libre: El intervencionismo estatal en la cultura española es una constante que se remonta a la transición y que siguiendo su doctrina, las izquierdas y los nacionalistas (las derechas nunca han osado contradecirles), han extendido exponencialmente, al monopolizar su financiación (por gobiernos centrales, CCAA y Ayuntamientos) mediante ayudas y subvenciones con claro sesgo ideológico. Dicha monopolización copiada de la Francia jacobina centralista, se ha conseguido restringiendo el mecenazgo privado, mediante una fiscalidad exigua de incentivos. Así, el mecenazgo cultural en España está regulado por la Ley 49/2002 (gobierno de José María Aznar) que el actual gobierno pretende modificar sin grandes variaciones.
Nuestra propuesta pasa por una ley de mecenazgo inspirada en el “Gift Aid scheme” británico, según el cual, una entidad o fundación sin ánimo de lucro puede reclamar al gobierno los impuestos pagados por los mecenas por la donación realizada. Otra ventaja que disponen las entidades sin ánimo de lucro con este sistema, es que los legados recibidos no se contabilizan en la obligación global sobre el impuesto de sucesiones que permite reclamar el reembolso integro de impuestos sobre las donaciones hechas por los contribuyentes.
Plan de reforestación: España necesita urgentemente un plan de reforestación y restauración de bosques, a través de incentivos al sector privado y la reducción de barreras burocráticas para la inversión en proyectos forestales. Se enfocaría en la gestión sostenible de los recursos forestales, la creación de empleo en zonas rurales y la compensación de emisiones de CO2. Al mismo tiempo, es imprescindible reforzar las competencias del Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales (CECO), para evitar las constantes obstrucciones e insuficiencias que se producen en grandes incendios o cuando estos atañen a dos o más Comunidades Autónomas.
Quien desee adherirse a esta declaración, puede hacerlo en la ventana de comentarios registrando su nombre y apellidos.
Con el Estado Leviatán-Zeus no tendrás nada y … serás siervo
Cuando Thomas Hobbes toma la figura del monstruo marino gigante de la mitología hebrea; el Leviatán, como representación metafórica para revelar alegóricamente la naturaleza del Estado moderno que hacia 1650, tras la guerra civil inglesa y los tratados de Westfalia con los que concluyeron la guerra de los Treinta Años en Alemania y la guerra de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos, expone símbolo y realidad, metáfora y descripción, explicación, advertencia y, sobre todo, presagio. Hobbes presentó entonces al Leviatán como figura alegórica que impone en el flamante estado-nación un poder unitario; eclesiástico y civil; síntesis del acaparamiento del poder religioso y político; un satánico cíclope que concentra todos los poderes en un territorio llamado nación.
El Leviatán descrito por Hobbes fue poco a poco maniatado, que no eliminado, gracias a la sapiencia y rigor moral de liberales como Locke y Montesquieu. Ambos entendieron que solo la libertad política junto con la soberanía del pueblo se podía lograr una república democrática. Y la mejor fórmula que encontraron fue el principio de separación de poderes en el seno del Estado, a través del autocontrol derivado de un sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) que disminuyen la probabilidad de un uso despótico o ilegítimo del poder público. Los primeros que establecieron un sistema de pesos y contrapesos para separar poderes del estado fueron los federalistas norteamericanos (James Madison, Alexander Hamilton y John Jay) inspirados en la propuesta de Locke de tres poderes: legislativo, ejecutivo y federativo, del equilibrio de poderes de Bolingbroke y de la balanza de poderes de Montesquieu. Y sobre estos principios John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington conformaron la Constitución de los Estados Unidos de América, redactada en 1787 y promulgada en 1789. Todas las siguientes constituciones DEMOCRÁTICAS del mundo siguieron la pauta de la división equilibrada de poderes. Sin embargo, es obvio que en muchos países occidentales aparentemente democráticos, esta separación ha sido y es pervertida. El ejemplo claro de perversión de la división de poderes lo tenemos ahora en la España gobernada por Pedro Sánchez.
RECORDATORIO HISTÓRICO:
• Han trascurrido casi cuatro siglos desde el vaticinio de Hobbes, vaticinio que se ha cumplido con creces.
• Dos siglos y medio desde la consolidación de los primeros estados-nación (EEUU y Francia).
• Más de dos siglos desde que el nacionalismo romántico derivado del hegelianismo se impuso en occidente. Y aunque parezca que este idealismo ha menguado, sus preceptos han sido adoptados por las doctrinas derivadas del posmodernismo.
• Otro tanto desde que el discípulo de Hegel, Ludwig Feuerbach, estableció que la creencia en Dios es fruto de la constatación de la finitud y de la impotencia humanas. «No es Dios el que crea al hombre, sino el hombre el que crea a Dios». Los seguidores del ateísmo de Feuerbach fueron Marx, Engels, Nietzsche y Freud.
• Ciento setenta y seis años desde la publicación del Manifiesto Comunista firmado por Marx y Engels que supuso el nacimiento de una ideología disfrazada de ciencia denominada materialismo histórico-dialéctico basada en la lucha de clases (en el resentimiento más que en la justicia y la igualdad).
• Ciento cincuenta y tres años desde la publicación de “El origen del hombre” del naturalista inglés Charles Darwin donde expone la teoría de la evolución y de donde se desprende su apuesta a la selección natural inspirado en el “Ensayo sobre el principio de población” (1798) de Thomas Robert Malthus. Pocos años después, inspirado en la selección natural, el solterón e hipocondríaco, Herbert Spencer promociona el darwinismo social y su derivada la eugenesia.
• Siglo y medio desde el auge del cientificismo psicologista y darwiniano establecido en banderizas conocidas como emergentismo, sociología positivista, conductismo, darwinismo social, psicoanálisis, etc.
• Poco más de un siglo desde la publicación de «El Estado y la revolución» de Vladimir Illich Lenin y la consiguiente Revolución de octubre bolchevique en Rusia, revolución que condujo al Estado totalitario absoluto basado en el terror y la violencia llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS).
• Ochenta y nueve años desde la publicación de “Mein Kampf” de Adolf Hitler en donde el cabo austríaco argumenta que las bases del nacionalsocialismo: antisemitismo racial (los judíos son inferiores en virtud de su raza o conformación genética), del darwinismo social (ciertos individuos o grupos étnicos son dominantes debido a su inherente superioridad genética) y del Lebensraum (la noción de que los alemanes necesitaban un mayor «espacio vital», o sea más territorio, especialmente en Europa oriental), es la medicina que curará su resentimiento y el de todos los verdaderos germánicos que le proclamarán su Führer.
• Ochenta años desde la publicación de “Camino de servidumbre” de Friedrich A. Hayek, correspondiente a cuarta entrega del estudio “Abuso y declinar de la razón”. En este ensayo, el lucido economista de la escuela austriaca denunció las ideologías contrarias a la razón y a la sociedad abierta, y como en cualquier economía sometida a una planificación central, las decisiones de los ciudadanos son sustituidas por una burocracia estatal que controla todos los medios económicos. Así, tras el repaso de experiencias históricas, pero sobre todo la del nacismo por entonces sucumbiendo y la del comunismo soviético del, a la sazón, vencedor Stalin, Hayek demostró que con la planificación económica estatal la democracia deviene imposible.
• Treinta y cinco años desde la caída del Muro de Berlín y la predicción del final de la historia por el norteamericano Francis Fukuyama quien entendió que el triunfo de la democracia liberal era total por falta de alternativas.
Cuando la “teoría crítica” producida por los pensadores de la llamada la Escuela de Fráncfort languidecía en los campus norteamericanos, el posmodernismo parisino denominado por los yanquis como la “French Theory”, sirvió de ungüento amarillo y argamasa para aglutinar a los Horkheimer, Adorno y Marcuse con los Derrida, Foucault, Lyotard, etc, para entronizar el nihilismo ético y el relativismo cognitivo con el consiguiente cuestionamiento de la mayoría de los valores civilizatorios occidentales. Es decir, pusieron en solfa la noción de «verdad» y “razón”, pero continuaron la estela marxista de dividir la sociedad en estamentos estancos irreconciliables sin posibilidad de perdón alguno.
Efectivamente, se puede dudar de todo. Se puede dudar de las tradiciones que se nos han inculcado. Se puede dudar de la existencia de Dios. Se puede dudar incluso de la experiencia sensorial. De lo único de lo que es imposible dudar es del hecho de que se está dudando. Por tanto, «cogito ergo sum»: «Pienso, luego existo» de René Descartes. Sin embargo, la teoría crítica posmoderna en EEUU enseguida derivó en movimiento político conocido como “teoría crítica de la raza” y luego “cultura woke”.
WOKE O EL IMPERIO DEL RESENTIMIENTO
La doctrina woke — ver: “DEL MARXISMO AL CAPITALISMO WOKE”— hoy es una ideología totalizante establecida en la posverdad que sigue varias ramas posmarxistas como el posmarxismo laclausiano, pero desdeña lo económico para enfocarse en los aspectos psicológicos, sociológicos y culturales, asumiendo con ello la estrategia de instrumentalización de la cultura de Antonio Gramsci. Así, woke reemplaza la lucha de clases por la lucha de quienes sufren injusticia y contra todo aquello que entienden sus líderes como social y culturalmente protervo. Esta diluida pero englobadora fórmula, es capaz de abarcar todo tipo de agrupaciones reales o imaginadas de víctimas derivadas de su condición u opción sexual (Queers (raros), color de la piel, etnia, cultura y, cuando conviene, religión. Todos son considerados por la doctrina woke como víctimas de la cultura occidental heteropatriarcal y, por tanto, no tanto sujetos de emancipación como la clase proletaria para el marxismo, sino sujetos políticos a empoderar, con lo que nos encontramos con un matiz sustancial por cuanto empoderamiento implica que las personas desarrollen capacidades para actuar con éxito dentro del sistema y las estructuras de poder existentes, mientras que la emancipación implica analizar críticamente, resistir y desafiar las estructuras de poder.
Por otro lado, la doctrina woke no puede reivindicar calidad científica alguna, al definirse sobre un contexto cultural e histórico en el que la contrastación empírica y la búsqueda de la objetividad son menos relevantes que la creencia en sí misma y las emociones e ilusiones que genera a la hora de crear corrientes de opinión pública. En consecuencia, la doctrina woke establece la IDENTIDAD como palanca para elevar la autoestima personal o de “colectivos históricamente discriminados” para empoderar uno a uno al tiempo que reniega de la búsqueda de la verdad.
Hay que reconocer que los predicadores de la doctrina woke ha superado en capacidad de agitación y propaganda a Goebbels y a Willi Münzenberg, sobre todo inventando símbolos y produciendo eslóganes y gestos simbólicos (hincar la rodilla como protesta), pero son muy mediocres a la hora de presentar medidas de mejora concretas debido a su nulidad epistemológica. En realidad, su éxito propagandístico es relativamente reciente y deriva de la buena utilización de las redes sociales de internet donde descontextualizan el discurso y toman las opiniones como cifras que se van sumando a una causa o sobre un objetivo, al tiempo que se hace imposible la rectificación del que participa o la defensa ante la masa del que es interpelado en las redes. Por consiguiente, sus reivindicaciones son contextualizadas sobre el voluntarismo individual egocentrista del “tu puedes ser lo que quieras ser”.
Anatema es para woke involucrarse con las ciencias naturales y las ciencias físicas. El objetivo primordial de esta doctrina es penetrar en las creencias y sentimientos personales mientras desdeña la biología y la física, al tiempo que extrapola datos a modo cientificista, para imponer los relatos medioambientales que favorecen su relato tal que la aceptación acrítica de la hipótesis del cambio climático antropogénico. Por otro lado, notable es la capacidad woke de inventarse identidades, tipos y grados de opresiones sistémicas e “identidades oprimidas”. Antológico es el acrónimo «QIAPNK» (queer, intersexuales, asexuales, pansexuales, Kink y no binarias…) y sus derivas llamadas “interseccionalidad” de quienes sufren dos o más formas de discriminación fruto de la confluencia de varias “identidades oprimidas”. Con semejante totum revolotum combaten los ismos y fobias malditas del racismo, sexismo, homofobia, transfobia, xenofobia, islamofobia, colonialismo y capitalismo. Perdón, el capitalismo según y cómo.
Como el wokeismo ha establecido que tu identidad (etno-racial, sexual-género, cultural-religiosa, etc.) definirá el 100% de tu existencia, solo pueden existir enmiendas parciales compensatorias de la desigualdad derivada de la identidad. Es el caso del programa impuesto a instituciones y empresas occidentales conocido con el acrónimo DEI (diversidad, equidad e inclusión) —por supuesto ni en China, Rusia, Irán, Venezuela o Cuba hay DEI que valga— para recompensar a la “multitud queer” descrita por la alumna de la marxista-leninista Simone de Beauvoir; Judith Butler. De hecho Butler, en su famoso “El género en disputa” (1990) fundacional de la teoría queer postmoderna y postestructuralista, al relacionar la capacidad “performativa” del lenguaje con la configuración del género, es también la gran impulsora del “lenguaje inclusivo”, ese inflamiento semántico de ciertas palabras que pasan a englobar una serie de fenómenos más expansivos que conforma una calamitosa jerga repleta de neologismos como postfeminismo, transfeminismo, activismo menstrual, implantación de pronombres de género neutro, multiculturalismo selectivo, ambientalismo radical, “justicia reproductiva”, etc, etc, etc, que imita el escabroso argot inventado por Sigmund Freud para su cientificista psicoanálisis. Ya saben, San Freud estableció que el cuerpo humano es una totalidad erógena.
Considero que hay que insistir en que el fundamento doctrinal woke, cuando divide la sociedad entre víctimas buenas hasta por nacimiento y victimarios malos sobre todo por nacimiento, al tiempo que anula la compasión y el consiguiente perdón para los clasificados como malos, es decir, imposibilita la reconciliación y por tanto trastoca perdón por humillación, se establece sobre el nihilismo ético y epistemológico. Y es que sobre tales fundamentos, es obvio que es imposible alcanzar un criterio que defina con carácter universal qué es la verdad o, si hacemos teoría de la praxis, qué es el bien o la justicia. Como bien observa Aron Gurwitsch en “Sobre el nihilismo de nuestro tiempo” el nihilismo ético y epistemológico conforma la otra manifestación del nihilismo epocal: el totalitarismo, al que califica como “la culminación del nihilismo”.
En el caso concreto de España, la doctrina woke ha sido asumida y está siendo implantada por la izquierda gobernante fucsia y vocinglera. Fue el gobierno del PSOE dirigido por Rodríguez Zapatero quien, envuelto en una supuesta agenda feminista, legisló contra la violencia de género con claros guiños lingüísticos e ideológicos woke-queer. También perpetró la ley de memoria histórica de parte y la de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con aborto libre durante las 14 primeras semanas. Asimismo estableció la Ley 13/2005 conocida como Ley del Matrimonio Igualitario, que supuso el reconocimiento de las reivindicaciones LGBTIQ+. No menos woke es la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Pero ha sido con los gobiernos del PSOE-PODEMOS-SUMAR dirigidos por Pedro Sánchez Pérez-Castejón cuando la doctrina woke ha sido el eje principal de sus leyes y normas de obligado cumplimiento. Las menos comentadas pero las más intervencionista ideológicamente son las reformas de la educación secundaria obligatoria (ESO con la Ley orgánica 3/2020 que modificó la LOE de 2006 (LOMLOE); el Real Decreto 157/2022, que establece la “ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria”; y el Real Decreto 243/2022, que enumera y describe las “enseñanzas mínimas de la etapa educativa de bachillerato”. Todas ellas son leyes que marginan las humanidades e introducen nuevas asignaturas que potencian conceptos con gran carga ideológica, como la incorporación de la “perspectiva de género” en todas las materias, el “lenguaje inclusivo” y la “memoria democrática”.
Con todo, son las leyes promovidas por el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero las que representan la apoteosis woke del gobierno sanchista. Desde la Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del “sólo sí es sí” que, además de discriminatoria e intimidatoria para los hombres, resultó un tiro salido por la culata al permitir que miles de presos condenados por agresiones sexuales vieran reducidas sus penas o salieran de la cárcel.
Es obvio que la Ley para la Igualdad y no discriminación, más conocida como «ley Zerolo» es justamente lo contrario de lo que anuncia porque discrimina al tiempo que genera un chiringuito burocrático estatal con el largo y rimbombante nombre: «Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación” que usurpa a los tribunales de justicia. Con la modificación de la Ley Orgánica de la Salud Sexual y Reproducida y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2023, las niñas menores de 16 años pueden abortar sin el consentimiento de los progenitores.
La ley woke por antonomasia expelida por Montero es la “Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+”, norma que permite la modificación del sexo legal en el Registro Civil sin someterse a condiciones médicas, al tiempo que garantiza el cambio de sexo a través de cirugía y hormonas desde los 16 años y desde los 12 años es “la madurez del menor” —¿Dónde se compra el medidor de madurez de menores?— quien decidirá modificar su sexo, las operaciones de su cambio de sexo y su tratamiento hormonal. Tras aprobarse en 2023, como sucedió con la ley del “sólo sí es sí”, en pocos meses se comprobó que era fuente de fraudes y terribles bestialidades cometidas a los niños.
LA ESTRATEGIA GLOBAL DEL WOKEISMO
Además de su formidable aparato de agitación y propaganda, el wokeismo tiene una estrategia de expansión basada en los contundentes siguientes asertos:
I. Disparidad equivale a discriminación.
II. Tú puedes ser lo que quieras ser a pesar de la biología y la cultura.
III. La expresión debe restringirse con el fin de imponer el programa político.
IV. La crítica de sistemas y sus estructuras y superestructuras deben acompañarse con el establecimiento paralelo de sistemas y estructuras controladas por la superestructura woke con el fin de dominar y subyugar a quienes hayan subyugado o dominado a lo largo de la historia. Se trata de sustituir una hegemonía por otra.
V. Para lograr que la doctrina woke sea hegemónica social, cultural y económicamente, es imprescindible implantar una gran burocracia de activistas en instituciones públicas y privadas a tiempo completo, con las correspondiente infraestructuras.
Sobre esta estrategia la doctrina woke fue implantándose en occidente por falta de oposición estructurada en el liberalismo tras la desaparición de Thatcher y Reagan. En consecuencia, hoy es constatable que ha logrado la hegemonía cultural que Antonio Gramsci proyectó como instrumento de dominio al determinar que las superestructuras son epifenómenos determinados directamente por la infraestructura.
De esta suerte, desde las universidades norteamericanas y británicas una enorme burocracia se fue extendiendo como balsa de aceite por los países occidentales. Agencias de derechos para los millones de víctimas raciales, étnicas, culturales y sexuales. Tribunales especiales para la vigilancia de derechos y discriminaciones positivas. Incalculables agencias y comités de vigilancia y censura contra la incorrección política que ponga en duda la doctrina woke en ministerios, universidades, colegios, empresas públicas y privadas, instituciones culturales públicas y privadas, motores de búsqueda y redes sociales de internet, etc. Infinitas comisiones, academias, facultades y cátedras encargadas de propagar la buena nueva woke y vigilar el cumplimiento de la innumerables normativas y leyes en defensa de los colectivos de víctimas.
Pronto se evidenció que semejante atracón burocrático y las subvenciones asociadas a la imposición de la doctrina woke tenían un coste disparatado y un efecto paralizante pero, como antes en la URSS, la masa inercial y el clientelismo asociado incentivaron a los dirigentes de la casta política a mantenerla y no enmendarla. En consecuencia, esa enorme burocracia lejos de reducirse se amplió y globalizó a través de la ONU, el foro de Davos y demás instituciones internacionales derivando en el CAPITALISMO WOKE – Enlace a: DEL MARXISMO AL CAPITALISMO WOKE UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA-
EL GRAN REINICIO DEL GLOBALISMO CORPORATIVO-MONOPOLISTA (Great Reset)
Los reinventores del término Gran Reinicio (Great Reset en inglés), con el ensayo «COVID-19: the Great Reset» (2020) Klaus Schwab (economista fundador del Foro Económico Mundial de Davos de representantes del capitalismo global, políticos y algunos intelectuales selectos como Yuval Harari) y Thierry Malleret (asesor, en los años ochenta y noventa, del primer ministro socialista francés Michel Rocard) postulan sin recato alguno cambiar los comportamientos sociales, acelerar la cuarta revolución industrial y aumentar la intervención del Estado para imponer la transición ecológica y la economía circular junto con la vigilancia de todos los individuos gracias a Internet y al reconocimiento facial para imponer un sistema parecido al crédito social chino. En realidad, este “Gran Reinicio” es un programa político para implantar un corporativismo mundial basado en el llamado “capitalismo de stakeholders” o capitalismo woke” a través de los estados nacionales.
Debatido en Davos y otros andurriales político-financieros, las propuestas del Gran Reinicio fueron pronto asumidas por la izquierda fucsia frente-populista woke en Europa, Canadá, Australia y EEUU. Que unos ricachos servidores de multibillonarios y de las élites político-culturales del mundo, utilicen los argumentos demagógicos de la doctrina woke para lanzar un programa estratégico global lleno de paternalismo, antiliberalismo y soberbia, con el fin de convertir a la inmensa mayoría de humanidad en siervos de las mencionadas élites, en línea con la Agenda 2030 y otras agendas y grandes negocios derivados de la imposición de la hipótesis del cambio climático antropogénico (enlace a “Del apocalipsis climático”) nos demuestra que la doctrina woke es un regalo para el capitalismo amoral dirigido por oportunistas sin principios.
Este “Gran Reinicio” fue inmediatamente aplaudido, asumido y propagado por los medios «mainstream» progres como The New York Times, Libération, Le Monde, The Guardian, Corriere della Sera y, por supuesto, El País. Al mismo tiempo, estos medios y ONGs del ramo, se confabularon con las multinacionales wokes y los gobiernos de la izquierda fucsia frente-populista woke para acusar de «conspiración» o “negacionismo” cualquier voz que critique las ideas propuestas en el Great Reset y contra cualquier sospecha de que todo este inmenso programa es despótico y supone un pingue negocio para los multibillonarios woke y sus lacayos políticos.
Tras la lectura de unos cuantos ensayos, informes y artículos (hay miles) sobre el Great Reset vendido envuelto en la farfolla woke de la economía sostenible e inclusiva, junto con la observación de los nefastos resultados evidenciados de su aplicación durante más de tres años, no hacen falta grandes dotes en economía política ni en ciencias sociales para comprender que estamos ante la evidencia de que el programa se está cumpliendo como previsto; es decir, que las medidas tomadas benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Los datos del Banco Mundial y otros organismos internacionales exponen que desde 2019 la llamada brecha entre ricos y pobres, tanto por países como por individuos, se está ampliando. Lo mismo ocurre con la desigualdad al acceso a la riqueza, la educación y la salud. Por otro lado, las costosísimas medidas contra el cambio climático están deteriorando la industria europea y de otros países industrializados con fracasos contundentes como la imposición del automóvil eléctrico o el desarrollo del hidrógeno verde. Al mismo tiempo, las pocas democracias liberales que quedan que aún se autodenominan “estados del bienestar”, convulsionan social y políticamente ante la confusión generada por la alianza entre la izquierda y el capitalismo woke plasmado en programas que chocan con los intereses y preocupaciones vitales de la mayoría de la población como son el desempleo, la inmigración ilegal, la inseguridad, el descenso del poder adquisitivo, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la sanidad y la educación junto con la desconfianza en las instituciones y el achicamiento de las libertades individuales.
Poco se habla y menos se escribe sobre la obviedad de que el despótico programa de servidumbre del Gran Reinicio global y agendas como la 2030 impulsados por la mencionada élite mundial, está pretendiendo transmutar al ciudadano que aún consume lo que considera oportuno o lo que bien puede, en siervo dependiente del Estado Leviatán-Zeus como consecuencia de su propósito corporativista monopolista global. De este modo, el Estado a imagen y semejanza del que rige Xi Jinping, impone las agendas mundiales previstas y recolecta, a través de impuestos confiscatorios, el dinero imprescindible para aplicarlas. Asimismo, el Estado Leviatán-Zeus se encarga de vigilar y controlar a cada siervo por su bien cuan padre todopoderoso que ejerce su suprema autoridad. Si todo marcha como previsto por los perpetradores del Gran Reinicio global, el sistema de crédito social de China será una entelequia pues las herramientas de control del Estado Leviatán-Zeus ya son mucho más sofisticadas; desde la Inteligencia Artificial (si es inteligencia no puede ser artificial sino lo que realmente es; un veloz selector de plagios) hasta ese amoral transhumanismo del Sillicon Valey inductor de un tramposo sentimiento de omnipotencia.
Porque la palabra ciudadano en el estado-nación democrático liberal significa derecho de participación política continua y responsable, libertad de expresión y movimiento, de reunión y asociación, de enseñanza y culto, el reconocimiento de su dignidad, al tiempo que estos derechos conllevan un comportamiento digno y responsable, respeto de la ley, solidario y partícipe del bien común. Entonces, en este proyecto de estados paternalistas Leviatán-Zeus confederados ¿Dónde queda el ciudadano igual ante la ley y ante el Estado? ¿Dónde su derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley?
A estas preguntas básicas sobre los principios democráticos hay que añadir otra de singular carácter ¿Cuál es el fondo obtenido de la peor psicología de masas en que se sustenta el proyecto de transmutar los estados democráticos liberales en una confederación mundial de estados Leviatán-Zeus? La respuesta no es tan complicada como a primera vista puede parecer.
Si Dios ha muerto, el planeta está en peligro inmediato de cataclismo y el “conócete a ti mismo” es una entelequia ¿Quién nos aplaca el sentimiento trágico de la vida? ¿Quién apacigua la sensación de desamparo frente a leyes naturales y la conciencia constatada de nuestra finitud? ¿Quién establece la esperanza de resurrección final como anhelo de lo infinito que nos empuja al libre albedrío?
En este manipulado juego de pretender ser dioses salvadores del planeta, en medio de un páramo moral, los apóstoles del Gran Reinicio Woke (¿incluimos en el lote woke al catolicismo y otras comunidades cristianas?) nos colocan en una pavorosa encrucijada; aceptar devenir siervos del Estado Leviatán-Zeus padre y patrón sustentado en un capitalismo corporativista y monopolista global o abrazar un islán teocrático medieval.
Estamos ante mucho más que un proyecto de nueva sociedad, se trata de implantar un nuevo modelo de vida, de la versión posmoderna del “hombre nuevo” marxista-leninista. Para lograrlo estorban el cristianismo, la familia natural, los hijos, la heterosexualidad, la propiedad privada de la vivienda y el automóvil, el pensamiento libre, comer carne y pescado, el liberalismo económico, la educación decidida por los padres de familia… «En 2030 no tendrás nada y serás feliz».
Mientras tanto, los estados occidentales en plena conversión en Leviatán-Zeus amplían sus gastos corrientes sin freno real. Así, entre mediados del siglo XX hasta la década actual, los estados occidentales han pasado de gastar una media del 15%-20% de su producto interior bruto (PIB) hasta 50% y algunos más de su PIB. En el caso concreto de España, la ratio gasto público total en relación al PIB pasó del 20% en 1962 al 27% en 1975 hasta llegar en 2023 al 46,4% del PIB y subiendo sin freno. Al mismo tiempo, la deuda pública española en 1975 era del 7% del PIB, mientras que el ratio de deuda se situó en el 107,7% del PIB a finales de 2023. La misma o parecida senda mantienen otros estados occidentales y Japón.
Efectivamente, parece que 2030 no tendremos nada pero estaremos endeudadísimos sin comerlo ni beberlo.
SINOPSIS DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL CRÍTICA
Para quienes con 11 años nos obligaban en segundo de bachillerato a estudiar latín y traducir párrafos incomprensibles de la Guerra de las Galias con Caesar siempre presente, al tiempo que debíamos memorizar las cinco declinaciones, sin que el profesor nos aclarara debidamente que la sustancial diferencia de la estructura gramatical entre el español y el latín, es que en español se añade una proposición delante del sustantivo mientras que en latín se cambia el final del sustantivo, la asignatura era una tortura. Quizá es debido a esta vivencia y el nombre de la institución de la Iglesia Católica “Opus Dei” a la que pertenecieron los ocho famosos ministros de Franco que los despechados falangistas llamaban “tecnócratas” y que entre 1957 a 1975, junto con notables funcionarios favorecieron la plena industrialización de España, por lo que asocio un poco inconscientemente el popularizado acrónimo DEI (diversidad, equidad e inclusión) que representa el tótem de la doctrina woke, con una “obra” cuya misión no es precisamente salvar almas sino implantar la doctrinaria «justicia social crítica» popularizada como “woke” o “wokeness”.
Confieso que esta rebuscada entradilla se me ha ido un poco de las manos debido a la premeditada pretensión de introducir las reminiscencias bíblicas que influyen en la doctrina que integra la llamada “cultura woke”. El bien pensado puede resumirla como ideología que aboga por la igualdad racial y social, el feminismo de género, el movimiento LGTBIQA++, etc. El más puntilloso añadirá que su núcleo doctrinal se establece en el engendro de una neolengua orwelliana de género neutro, mejor dicho en los “giros lingüísticos” con sus “construcciones performativas”, según las identidades derivadas de las construcciones socio-culturales que Judith Butler copió de la teoría del lenguaje del pragmatista norteamericano Richard Rorty. Se trata de una teología del lenguaje derivada de un pragmatismo no lejano al de los teólogos de la Compañía de Jesús, puesto que «si no existe una verdad que esté ahí afuera, independiente de nuestros estados mentales, independiente de nuestro lenguaje y de nuestras prácticas sociales, la verdad sólo es atribuible a nuestras proposiciones sobre el mundo». De este constructo Butler concluye que las palabras, lejos de representar o reflejar una realidad externa, «hacen cosas».
Pero para que las palabras hagan cosas, nada menos que una teoría revolucionaria, además de hacer actos «performativos», es decir, representaciones teatrales no convencionales, no bastan referencias impactantes como la frasecita de Simone de Beauvoir «no se nace mujer: llega una a serlo», por cuanto para una estructurar la “Justicia Social Crítica” basada en que la sociedad occidental ha sido construida sobre una estructura opresiva que discrimina por identidades grupales de raza, clase, género, sexualidad, capacidades, etc. hasta configurar las impugnaciones en el feminismo interseccional, los derechos de los transexuales, las historias críticas del colonialismo (del imperialismo británico, de la conquista española y otras), se necesita algo más que inventar un léxico, se necesitan referencias teleológicas e históricas, aunque luego siempre sean distorsionadas. Y esas referencias no solo se remontan al marxismo, también y en ocasiones es mucho más evidente, a la encíclica del papa León XIII llamada “Rerum Novarum” inspirada en “El Sermón de la Montaña” y la famosa frase que el Evangelio de San Mateo pone en boca de Jesucristo: «Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros».
La implantación de la Teoría de la Justicia Social Crítica ((TJSC) o doctrina woke primero en las universidades y luego en instituciones públicas y privadas de EEUU y Canadá, constituyó un éxito de la estrategia de la hegemonía cultural, económica y social inspirada por el marxista-leninista Antonio Gramsci. Ese «Great Awokening» (Gran Despertar) sustituyó al proletariado marxista como sujeto revolucionario, por las minorías raciales, culturales y “sexuales”. La consigna «Proletarios del mundo, uníos» fue sustituida por: «Stay angry, stay woke» (Permanece enfadado, permanece despierto).
En “The Origins of Woke: Civil Rights Law, Corporate America, and the Triumph of Identity Politics” (2023), el investigador estadunidense, Richard Hanania, ahonda en la base de la teoría de género, el movimiento trans y el nuevo racismo basado en medir el tono de piel o las costumbres sexuales para distinguir entre explotadores y explotados. Pero sobre su origen discrepa de la versión oficial que se remonta al posmarxismo de Herbert Marcuse con su “El hombre unidimensional”, la “New Left”, la hipótesis Sapir‑Whorf de la relatividad lingüística mezclado con el relativismo posmoderno de la French Theory (ver DEL MARXISMO AL CAPITALISMO WOKE). Por el contrario, Hanania sostiene que la explosión de la doctrina woke en Estados Unidos (y, desde allí, en todo el mundo) ha estado lejos de ser un fenómeno meramente orgánico. De hecho, señala como una paulatina imposición orquestada desde la élite política norteamericana quien, a través del gobierno federal, ha implantado leyes y regulaciones laborales en comandita con burócratas, administradores de recursos humanos y poder judicial.
Según Hanania, la doctrina woke se ha implantado sobre tres pilares categóricos. El primero en el dogma de que todas las disparidades son evidencia ipso facto de discriminación. El segundo el que afirma que «para superar estas disparidades problemáticas, es necesario restringir la expresión». Finalmente, dogmatizan que «con el fin de superar las disparidades y regular el discurso, se necesita una burocracia de tiempo completo (comités DEI: diversidad, equidad e inclusión y normativas-criterios ESG: Medio Ambiente (Environmental), Social (Social) y Gobernanza (Governance)) para imponer el pensamiento y la acción correctos»”. Por consiguiente estos pilares han conformado la hipersensibilidad hacia la raza, el género y la sexualidad de los grupos de víctimas del “sistema capitalista del hombre blanco heterosexual occidental”. Nada, por tanto, de fenómeno surgido desde la base ni provocado por los discursos de ensueño de Martin Luther King, ni acontecimientos que derivaron en los movimientos Me Too, Black Lives Matter, etc, sino de un sumergido proceso de más de medio siglo de legislación por parte de la burocracia federal estadounidense izquierdista, formada por las universidades más elitistas que se remonta hasta la Ley de Derechos Civiles (CRA) de 1964.
Por otro lado, Heather Mac Donald planteó en su libro “When Race Trumps Merit: How the Pursuit of Equity Sacrifices Excellence, Destroys Beauty, and Threatens Lives” (2023 – Cuando la raza triunfa sobre el mérito: cómo la búsqueda de la equidad sacrifica la excelencia, destruye la belleza y amenaza vidas) como la administración Obama «hizo todo lo posible para acosar a las escuelas por las diferencias en el castigo entre estudiantes blancos y negros» con el argumento explícito de que las políticas racialmente neutrales que crean un impacto dispar podrían ser ilegales. De manera similar, «las localidades que contratan policías, bomberos y funcionarios penitenciarios ahora se ven obligadas a reducir los estándares físicos para poder contratar a más mujeres» … «Incluso las pruebas de alfabetización para profesores han sido objeto de demandas por derechos civiles»” lo que a menudo ha dado lugar a enormes indemnizaciones.
El caso de la ley contra el acoso en el trabajo “Harassment at work” (en España esta ley se llama “ley de garantía integral de la libertad sexual”) basada en la idea, sin duda bien intencionada, de que las mujeres o las minorías no deberían sentirse “incómodas” en el trabajo. Sin embargo, Hanania señala que «se ha desarrollado para garantizar que los empresarios tengan que restringir su propia expresión y también vigilar a sus empleados según la ley federal». La definición de “acoso sexual”, por ejemplo, fue ampliada drásticamente por los tribunales: pasó de prohibir, con razón, a los jefes exigir favores sexuales a sus subordinados, a cualquier cosa que pudiera contribuir a un “ambiente de trabajo hostil”. Este estándar vago está muy abierto a la interpretación. El resultado es un entorno laboral en el que los empleados están predispuestos a ofenderse y a ser extremadamente litigiosos, una actitud que inevitablemente se propaga a la cultura en general.
La práctica de la Teoría de la Justicia Social Crítica Woke se basa en lo que Althusser llamaba «ideología práctica» y, por consiguiente, envuelve ilación y unidad. Su ilación se establece sobre el único de sus principios: la imposibilidad del conocimiento objetivo de la realidad. Con ello, reniega de la búsqueda de la verdad porque, aseguran sus líderes, solo existen opiniones impuestas por los más poderosos. Y como los últimos (las víctimas del sistema) se convierten en primeros, lógicamente imponen SU VERDAD hasta convertirla en hegemónica. Y como lograr la unidad de acción de tantas víctimas distintas es tarea que supera lo complejo, no queda otra que enmarañar deseos, sentimientos, sensaciones e ideas, y armarse con toneladas de cicuta para ser administradas a todo aquel que por activa o por pasiva cuestione los mandamientos woke. Así, las huestes woke transfiguran cualquier debate plural y tolerante en una dialéctica unidimensional y totalitaria, destruyen la hermandad compasiva de la “Rerum Novarum” y devienen opresores.
ANTICULTURA DE LA CANCELACIÓN Y PRESENTISMO HISTÓRICO
En la cultura y las artes, la evidencia del carácter estrictamente punitivo de la «cultura de la cancelación» y la falta de garantías mínimas (básicamente, la ausencia de la presunción de inocencia y del principio de contradicción), generó alarma en notables círculos académicos y artísticos que se explicitó en una carta suscrita por más de un centenar de intelectuales publicada en Harper’s Magazine el 7 de julio de 2020 (entre otros, Fernando Savater, César Antonio Molina, Óscar Tusquets, Carmen Posadas, Sergi Pàmies, Zoe Valdés, Mark Illa, Francis Fukuyama, Noam Chomsky, Gloria Steinem, Margaret Atwood, Martin Amis, etc), denunciando que esta seudocultura suponía un quebranto para la libertad de expresión en general y específicamente, para la libertad propia del ámbito académico en unas universidades que están dejando de ser espacios de argumentación, discrepancia informada y discusión racional, para convertirse en castillos medievales atravesados de un peligroso y nuevo dogmatismo. Un dogmatismo que se ha convertido en revisionismo basado en el presentismo histórico donde personajes tan distintos como Colón, Shakespeare, Voltaire, Nabokov o Picasso son estigmatizados junto a sus obras, porque esta esquizofrenia presentista es incapaz de separar autor y obra e imaginar otro contexto de vida que el que sus meninges guardan.
En España, el presentismo histórico del gobierno presidido por Pedro Sánchez conformado por una coalición entre PSOE y el consorcio de extrema izquierda Sumar, sobrepasa con creces cualquier rigor histórico en la persona del ministro de cultura, Ernest Urtasun, quien asume sin reparo alguno la leyenda negra contra España escrita por sus enemigos; Inglaterra y Francia, y se suma con denuedo digno de mejor causa al discurso victimista anticolonialista woke trufado de presentismo histórico. Así, Urtasum reniega de sus antepasados y se dedica a “descolonizar” los museos porque «perpetúan los discursos coloniales». Por si esta arenga no fuera suficiente para demostrar su adhesión a la causa woke, este ministro ultraizquierdista asegura que «la descolonización de los museos y otras instituciones y documentos suponen la desactivación de las relaciones de poder colonial en el día a día, la comprensión de cómo se construye nuestro racismo y poder crear herramientas de reparación, tanto dentro como fuera de estas instituciones». Con estas declaraciones y acciones Urtasum demuestra su categoría moral y sus conocimientos culturales e históricos.
Esta pulsión retrógrada y astigmática de la doctrina woke, como reacción anti-ilustrada y pulsión regresiva contraria a la parcelación y autonomía de ámbitos como el derecho, el arte y la política, es incapaz de comprender que Caravaggio era un asesino que pintó cuadros maravillosos, que el “Viaje al final de la noche” de Céline es de un primor literario antológico aunque su autor comulgara con el nazismo, que Baudelaire escribió poesía excelsa a pesar de ser un hedonista drogadicto. Y esta pulsión regresiva e inquisitorial de la doctrina woke preñada de presentismo histórico, ha supuesto que obras maestras del arte, la literatura, el teatro y la danza estén siendo “canceladas”. La película “Lo que el viento se llevó” o el ballet “La Bayadera” no pueden representarse por políticamente incorrectos, mientras que el antaño conservador Disney ahora es alabado por perpetrar obras propagandísticas LGTBIQA++ mientras la pornografía es uno de los negocios más boyantes del planeta.
LA TOMA DE UNIVERSIDADES, ESCUELAS E INSTITUCIONES CON LAS ARMAS WOKE
Con la victoria de Joe Biden en enero de 2021, parecía que la estrategia de los cabecillas wokes de obtención de la hegemonía cultural, económica y social gramsciana, marchaba viento en popa a toda vela en todo occidente. Por supuesto, en EEUU y Canadá las órdenes emanadas en los campus universitarios y las élites político-burocráticas para la implantación doctrinal woke eran obedecidas sin crítica alguna por los ámbitos culturales, artísticos y empresariales. Así, los “Comités DEI” para la implantación y vigilancia de la diversidad, equidad e Inclusión no solo se impusieron en las universidades e instituciones estatales, sino que como se puede comprobar en un artículo fechado el 6 de enero de 2022 en la página del World Economic Forum ((WEF) – Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos), titulado: “Why the road to stakeholder capitalism begins with diverse boards” (Por qué el camino hacia el capitalismo de partes interesadas (woke) comienza con comité de diversidad) las élites financieras, en un oportunismo diabólico asumieron la doctrina woke como herramienta de subyugación de la población mundial embozándose en criterios de apariencia redentorista llamados factores «ESG» (Environmental, Social, Governance – ambientales, sociales y de gobierno corporativo) que conforman supuestas políticas de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza corporativa.
Las iniciativas de cambio climático y la eliminación de los combustibles fósiles son los programas más visibles relacionados con ESG. Algunos de los marcos de desarrollo y planeamiento ESG más populares además del Foro Económico Mundial (WEF), destacan Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), International Integrated Reporting Council (IIRC), Carbon Disclosure Project (CDP) y Task Force on Climate Related Disclosures (TCFD).
ESG y DEI son los acrónimos que integran las armas de la doctrina woke. Se materializan con la implantación de comités burocráticos DEI en todas las corporaciones privadas del mundo. Por otra parte, la estrategia prevista por la élite mundial representada en Davos, derivada del discurso de la catástrofe climática producida por la humanidad, daba excelentes resultados porque los ciudadanos contribuyentes, al sentirse culpables del desastre, no protestaban por los nuevos abusivos impuestos para salvar el planeta ni los sacrificios derivados por la Agenda 2030 y similares.
Con estas armas, en las universidades norteamericanas se generó y expandió la doctrina woke rompiendo el pacto entre el ciudadano y la república. Un pacto consistente en que el ciudadano financia la universidad para formar a los jóvenes más sobresalientes y voluntariosos de cada generación, para impulsar un futuro basado en el interés público y el bien común. Dicha ruptura se consolidó con la implantación en todas las facultades y también en cada escuela y jardín de infancia, comités y burocracias ejecutadoras y vigilantes de la diversidad, equidad e inclusión (DEI). Al principio y gracias a la hábil propaganda, estos comités concertaban simpatías generalizadas por su aparente loable fin de facilitar la igualdad de oportunidades, sin embargo, enseguida los comités DEI se comportaron como comisarías políticas y tribunales del Santo Oficio de la doctrina woke.
De la «diversidad» sugerente de pluralidad de personas, pensamientos, experiencias y conocimientos, los comités y burócratas del DEI la utilizan para justificar una política de discriminación racial a veces explícita, a veces implícita: una inversión total de los principios de igualdad daltónica y el mérito individual.
La «inclusión» es utilizada por los comités DEI, como justificación para excluir a personas e ideas que se consideran una amenaza para su doctrina y situar a sus acólitos en puestos de responsabilidad sin tener la preparación y experiencia adecuada.
Finalmente, para los comités DEI la «equidad» nada tiene que ver con el principio de que cada hombre o mujer debe ser juzgado como individuo, no castigado ni recompensado en función de su ascendencia. Al contrario, la equidad woke exige categorizar a los individuos en identidades grupales y asignar un trato desigual a los miembros de esos grupos, buscando “igualar” lo que de otro modo se consideraría resultados injustos.
En su labor de comisarios políticos e inquisidores, los comités DEI imponen sus criterios y discursos mientras vigilan el comportamiento de los profesores, estudiantes y personal. Todo ello esquivando la búsqueda de la verdad, que debería ser el mayor compromiso de una universidad, a los dogmas de su doctrina.
Relevante de las prácticas de los comités DEI ha sido la profusión en las redes y algunos medios de los materiales de capacitación del programa DEI de la Universidad de Colorado Boulder.
El predicado básico del programa DEI de CU Boulder es que los estudiantes “negros, indígenas y de color” (BIPOC) están fracasando debido a la “cultura de supremacía blanca” ¿Y Qué es la cultura de la supremacía blanca? Según la documentación DEI de CU Boulder, incluye “individualismo”, “perfeccionismo”, “sentido de urgencia”, “adoración de la palabra escrita” y “objetividad”. Estos rasgos son supuestamente vestigios de “blancura” y no están disponibles para las minorías raciales.
Si tiene la desgracia de ser hombre blanco y además heterosexual, los comisarios del DEI CU Boulder le exigirán que participe en un “Desafío de creación de hábitos de equidad racial” de 21 días. Un desafío que incluye una guía sobre «Cómo ser una mejor persona blanca«. Así, se estipula un protocolo de diferentes etapas. Paso uno: «Date cuenta de que eres blanco«. Paso dos: «Reconoce tu privilegio«. Paso tres: «Saber cosas«. Finalmente, de un recurso relacionado, instrucciones sobre cómo ser un “aliado” de las minorías raciales: “Transfiere los beneficios de tu privilegio a quienes carecen de él”; “amplifica la voz de los oprimidos antes que la tuya propia”; “Reconoce que, aunque sientas dolor, la conversación no se trata de ti”.
Bien es cierto que en la historia de la humanidad abundan más las brutalidades que las compasiones y las injusticias que las ecuanimidades. Pero convertir a un grupo de población, los blancos europeos, en el chivo expiatorio como la esencia del mal no es más que fruto de una doctrina sostenida por la asimilación de que la idea contenida tanto en el milenarismo de la biblia como en el marxismo. Así, para llegar al paraíso antes hay que pasar por el apocalipsis, por la batalla final entre el bien y el mal, entre Cristo y el Anticristo. El marxismo es aún más concreto, por cuanto Marx y Engels, en el Manifiesto de Partido Comunista escriben: «Los comunistas no tienen por qué ocultar sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios no tienen en ella nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen, en cambio, todo un mundo que ganar».
Pero mientras que se llega al paraíso DEI-WOKE, el poder obtenido en las universidades, escuelas y empresas, sirve para algo más que proclamar la buena nueva, por ejemplo como justificación para contratar académicos, personal y ejecutivos adictos a la causa. Cuotas raciales, de género, de minorías sexuales tanto explícitas como implícitas han llenado claustros y despachos por todo el mundo occidental, al tiempo que se limpiaba de “opresores” por competentes que fueran.
LA REBELIÓN DE LOS GENTILES
Empero, a pesar de la radical censura en los medios sistémicos y redes sociales, desde mediados de 2023 empezaron a detectarse no pocos signos de hartura y desengaño entre los sectores sociales que estaban pagando las facturas y sufriendo las viles discriminaciones derivadas de la doctrina woke. A esta rebeldía se sumó la percepción de que la inmigración masiva proveniente de África y países musulmanes, (en EEUU la masiva inmigración procedente de Hispanoamérica no genera tantos problemas como los persistentes originados por la esclavitud de los que hoy se conocen como afroamericanos) era parte de la ingeniería social que abocaba a la servidumbre y la aniquilación de su cultura. Entonces, sectores de las clases medias y trabajadoras que hasta entonces habían colaborado algo forzados o se mantenían neutrales, empezaron a comprender que esas caritativas burocracias surgidas de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) estaban reduciendo sus derechos y perjudicando su cartera. A esta lógica percepción y el consiguiente rechazo a la corrección política se la bautizó como polarización socio-política.
La utilización del término polarización es engañoso porque sugiere un enfrentamiento radical entre iguales, cuando en realidad estamos ante una rebelión de los paganos del banquete que quieren recuperar lo que se les ha robado: su dignidad y su peculio. Sus reivindicaciones, tildadas de populistas y de extrema derecha por los activistas y medios wokes, son sencillas: priorizar el mérito sobre la ascendencia y gobernar según el principio de igualdad daltónica, en lugar del racialismo de izquierda. Ser juzgados como individuos, y no como avatares del “opresor” y del “oprimido”. Asimismo, respetar la búsqueda de la verdad, del conocimiento sin prejuicios, fomentar una diversidad genuina (una variedad de opiniones, de una variedad de personas). Abolir los DEI y restaurar el mérito.
El manifiesto de un español liberal cualquiera, es una propuesta para la reflexión y la acción política, ante el crítico momento que atraviesan los españoles y la nación.
1. Respetar y proteger la propiedad privada.
2. Respetar el comercio y sustentarlo con leyes que no lo corrompan ni distorsionen.
3. Justicia como equidad, como sistema de cooperación social a lo largo del tiempo, de una generación a la siguiente, entre ciudadanos libres e iguales. Una justicia poder del estado independiente que pueda juzgar con rigor y encarcelar a los criminales.
4. Igualdad formal de oportunidades que sea equitativa pero eficiente. Nadie talentoso y esforzado debe quedar excluido.
5. Que la libre circulación de personas no sea permitir inmigración febril e ilegal.
6. Libertad de expresión con todas las consecuencias pero con el debido respeto a la intimidad e integridad de las personas.
7. No amedrentar ni adoctrinar a la población con anuncios de inmediatos cataclismos climáticos basados en hipótesis cientificistas.
8. Libertad de emprendimiento e investigación científica sin otra cortapisa que la moral que evoluciona bajo axiomas ensayo-error, sin por ello despreciar las heredadas del cristianismo.
9. Impulsar la familia y la conveniencia de tener hijos.
10. Prohibición de adoctrinamiento sexual de los niños y de cualquier credo pederasta. Reintegración del derecho de los padres a que sus hijos no reciban formación moral contraria a sus convicciones.
11. Abolición de la inconstitucional inmersión lingüística en la enseñanza en las CCAA que lo han decretado y la restitución de la educación en español. Restableciendo el vulnerado Artículo 3 de la Constitución española que estable que «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
12. Abolición en la enseñanza de la ideología de género en escuelas y libros para niños y adolescentes.
13. Prohibición de cambios de sexo en niños y adolescentes.
14. Oposición a las doctrinas “woke” y sus derivadas: Ambiental-Social-Gobernanza (ASG), diversidad, equidad e inclusión (DEI), etc. por constituir fundamentalismo identitario y hostilidad racial derivadas del globalismo tiránico inspirado en el posmarxismo relativista.
15. Establecer una ley de mecenazgo según el modelo liberal, con deducciones totales de las aportaciones, tanto para las personas físicas como jurídicas, que impulsen la libre creatividad en la cultura y el arte.
16. Abolir las leyes de género y la de Memoria Histórica Democrática.
17. Establecer el estudio de la historia de España como ciencia rigurosa en primaria secundaria y bachillerato.
18. Mejorar el estatus social y económico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y eliminar las policías autonómicas.
19. Preservar la cultura/identidad nacional de España e Hispanoamérica.
20. Denunciar las doctrinas falsamente igualitaristas como el comunismo.
21. Promover la soberanía nacional.
22. Restablecer la unidad legislativa y anular miles de leyes redundantes o extintas.
23. Emprender, construir, desarrollar e innovar para mejorar la vida de la humanidad y de la Tierra.
24. Celebremos la grandeza, la virtud en la mirada, la meritocracia y la cordura.
Esta semana ha surgido en EEUU un escándalo en las redes sociales, derivado del nombramiento de Katherine Maher como directora ejecutiva de la National Public Radio (NPR), -el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos que produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia-, cuya trayectoria como Ex directora ejecutiva de Fundación Wikimedia, ha sido denunciada documentalmente por el periodista, Christopher F. Rufo quien, además de publicar decenas de tuits y vídeos en los que Maher muestra su baja catadura moral y su sectarismo izquierdista woke, la describe así: «K. Maher pertenece a una creciente cohorte de directivas adineradas de izquierda que dominan RR.HH. y DEI (Recursos Humanos integrados en Diversidad, Equidad e Inclusión). Es el arquetipo de las matriarcas del American Longhouse woke del Partido Demócrata que valoran su seguridad y estatus por encima de la libertad, la censura por encima del debate y relativismo sobre la verdad». Y continua Rufo: «K. Maher no sólo quiere «eliminar la mala información» en los medios e Internet. Quiere reemplazarla con «buena información» (es decir, narrativas de izquierda) y obligar al público a «sentarse dentro de esa buena información» como «un colectivo»».
La evidencia sectaria de la censura en la Wikipedia ha sido reconocida por su cofundador Larry Sanger, quien asegura que Wikipedia ha sido corrompida ideológicamente, hasta el punto de plantear la posibilidad de que Katherine Maher colaborara con la inteligencia estadounidense para luego apostillar que, si la NPR estuviera comprometida con la verdad, la despediría «de inmediato«.
Hace unas semanas, publiqué un artículo sobre organizaciones privadas “sin ánimo de lucro” cuya actividad, finalidad, financiación y estructura organizativa no tienen, en términos de legitimidad e incluso legalidad, derecho de arrogarse la lucha contra la “desinformación”, horrible neologismo para describir la censura. Estamos ante una red tentacular agrupada en el llamado “Fact-Checking” que es financiada directa o indirectamente por gobiernos, en concreto la UE, EEUU, Canadá, Australia, etc. y por los conglomerados de tecnología y redes sociales que conocemos, a los que sirven en la labor de censurar toda publicación que no sea respetuosa con el mainstream ideológico también llamado políticamente correcto. Esta vigilancia pone en el borde de la navaja a particulares, medios de comunicación y empresas hasta el punto de que, para ponerse a salvo de las reacciones de cancelación del sacerdocio woke, muchas marcas se han organizado en plataformas preventiva como el Global Alliance for Responsible Media.
No descubro nada nuevo para quienes participamos en alguna red social buscando la verdad, pues tenemos que hacer equilibrios semánticos y autocensura para soslayar la censura que nos vigila como Gran Hermano. De hecho, padecemos el prejuicio de unas empresas sostenidas con el dinero de los contribuyentes para establecer que es cierto y que no, que borran todo aquello que no se ajuste a su “verdad” oficial sobre salud, sexualidad, alimentación, razas, cambio climático, etc. Su verificación de datos son sentencias utilizadas por los VLOP y VLOS que sirven para identificar y suprimir “desinformación”. Meta, por ejemplo, informa que utilizó más de 190.000 artículos distintos de verificación de datos para etiquetar y reducir la amplificación de más de 40 millones de contenidos en Facebook en la primera mitad de 2023.
De hecho, se trata del COMPLEJO INDUSTRIAL DE LA CENSURA que combina métodos establecidos de manipulación psicológica, herramientas altamente sofisticadas de informática, incluida la inteligencia artificial, expertos en doctrinas wokes, feminismo, movimientos queer, neolengua, identitarismo y culto al agravio, personalidades, puntos de vista marginales, junto con funcionarios, contratistas y hasta robots rusos.
A las empresas del complejo industrial de la censura autodenominadas como verificadoras de datos, los estados les han concedido unas mantas de cobertura legal tales como la Red Europea de Normas de Verificación de Datos (EFCN) signataria del Código Disinfo que dice deben cumplir el Código Europeo de Estándares para Organizaciones Independientes de Verificación de Datos, y están sujetos a un procedimiento de queja de EFCN. Es decir, un conglomerado burocrático al margen de los tribunales de justicia.
Famosa por sus desmanes es la Counter Disinformation Unit (CDU – Unidad de Lucha contra la Desinformación) establecida en marzo de 2020 para «Tomar medidas enérgicas contra la “información falsa sobre el coronavirus en línea”».
Pero quien seguramente más se parece al vigilante Ministerio de la Verdad orweliano es la norteamericana NewsGuard, una organización con fines de lucro que califica la credibilidad de las fuentes de noticias, ofreciendo servicios de suscripción que se pueden comprar e incluso aparece en las aulas donde se enseña alfabetización mediática. Entre los socios de NewsGuard se encuentran el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Organización Mundial de la Salud, cuya institución considera que respalda dogmáticamente como un hecho indiscutible. Quizás lo peor de todo es que NewsGuard se ha asociado con la Federación Estadounidense de Maestros para difundir el uso de NewsGuard en todas las escuelas. Se trata del sindicato de docentes encabezado por Randy Weingarten, quien defendió el cierre prolongado de escuelas debido al Covid y ahora afirma deshonestamente lo contrario. «Hemos podido llevar nuestra herramienta de calificación de confiabilidad de noticias a más de 800 bibliotecas públicas, donde 7 millones de usuarios de bibliotecas públicas usan NewsGuard cuando van a la biblioteca para obtener acceso de banda ancha», se jactó NewsGuard en su anuncio de la AFT. Y ya estamos siendo utilizados en docenas de escuelas y universidades públicas, así como en escuelas independientes».
Pero la arrogancia y agresividad de estas organizaciones que se atribuyen la posesión de la verdad ha llegado a tal punto de prepotencia, que el valiente periodista británico, Freddie Sayers ha publicado un exhaustivo informe en vídeo sobre el misterioso Global Disinformation Index (GDI – “Índice de Desinformación Global”) censor del discurso político en Europa y Estados Unidos.
Así, el blog de Freddie Sayers https://unherd.com/ recibe correos electrónicos de GDI de este estilo: “Nuestro equipo volvió a revisar el dominio, la calificación no cambiará ya que continúa teniendo narrativas anti-LGBTQI+… Los autores del sitio han sido criticados por ser anti-trans. Kathleen Stock es reconocida como una feminista “prominente y crítica con el género”. Una justificación transmitida después de una serie de solicitudes, para incluir a UnHerd en la llamada “lista de exclusión dinámica” de publicaciones que supuestamente promueven la “desinformación” y, por lo tanto, deberían ser boicoteadas por todos los anunciantes.
Se trata de mucho más que censura, estos de Global Disinformation Index y otros semejantes, hacen listas negras para arruinar y desprestigiar a quienes no obedezcan los mandamientos de la doctrina woke, discrepen de la ruta de las agendas climáticas, mantengan que existen diferencias biológicas entre los sexos o critiquen cualquier otro tabú de la izquierda reaccionaria o del capitalismo corporativista global quienes se han aliado en el objetivo de establecer un mundo feliz orweliano.
Desde los umbrales de la historia, la humanidad ha pretendido sobrepasar su devenir, trascender lo natural inventando realidades, produciendo, al mismo tiempo que conceptos y artefactos, un mejor devenir, incluida la eternidad. No obstante, esa ambición no está exenta de precauciones realistas que suelen reflejarse en advertencias en forma de mitos. El de Prometeo expone las consecuencias de retar la sabiduría de los dioses inmortales. El de Adán y Eva cuenta las graves secuelas de ingerir los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal prohibido por Yahvé quien, furioso por la desobediencia, expulsó a Adán y Eva del paraíso condenándoles a la muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás»» (Génesis 3:19) y «parirás a tus hijos con dolor» (Génesis 3:16). Pero la conciencia de la finitud de la condición humana supone una fuerza generadora capaz de propulsar un anhelante deseo de inteligencia infinita, de belleza y superación de las limitaciones biológicas, el ensueño de liberar al fin la chispa divina atrapada en el cuerpo mortal y devenir dioses parejos a los mitológicos griegos.
La RAE define la eugenesia como el “estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana”. En realidad, la palabra emanada del griego significa buen origen y fue adoptada por el pensador británico Francis Galton en su obra publicada en 1883 con el título: “Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo» (Inquiries into Human Faculty and its Development), apoyándose en la teoría darwiniana de la selección natural. Se trata de una tesis cientificista que pretende la mejora del linaje humano. Sin embargo, la primera noticia que tenemos de práctica eugenésica se remonta al siglo V a. C. con la agogé espartana que pretendió conseguir toda una estirpe de seres humanos física e intelectualmente mejores. Más tarde, Platón en “La República” alentó la instauración de matrimonios pactados entre hombres y mujeres con las mejores capacidades físico-intelectuales, con el fin de engendrar a los mejores ciudadanos posibles para su república ideal.
El gnóstico especulativo Carlos Marx, como gran teólogo de la religión secular (Voegelin), cuyo dogma fundamental es que la existencia social determina la conciencia (él lo sabía mejor que nadie pues despilfarró su herencia y la copiosa de su mujer y no trabajó a pesar de que sus hijos pasaron hambre), desliza afirmaciones que implican una transformación de la naturaleza humana, estableciendo al hombre como constructor de sí mismo: «El hombre que sólo ha encontrado su propio reflejo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, ya no estará dispuesto a encontrar sólo la apariencia de sí mismo. Allí donde busca y deberá encontrar su verdadera realidad pues la esencia humana carece de verdadera realidad».
Basándose en la eugenesia de Galton, surgió a principios del siglo XX el «darwinismo social» para mejorar la «higiene racial». El darwinismo social fue aplicado en numerosos países. En 1907 se aprobó en Indiana (EEUU) la primera ley destinada a “prevenir la procreación de criminales confirmados, idiotas, imbéciles y violadores”. La esterilización obligatoria de las personas consideradas ineptas se extendió por países como Japón, Australia, Canadá y los países escandinavos regidos por partidos socialistas. La legislación eugenésica de esterilización involuntaria y coercitiva fue abolida en el Estado de California en 1979. En Suecia, sigilosamente, fue abolida la esterilización forzada de idiotas, indígenas, gitanos y personas vulnerables en 1996. Bajo la inspiración del médico y biólogo, Alfred Ploetz, Hitler culminó la política de higiene racial con las Leyes de Núremberg de 1935.
En la por entonces flamante Unión Soviética, León Trotski en “Literatura y revolución” (1924) escribió: ”La especie humana, el perezoso Homo Sapiens, ingresará otra vez en la etapa de la reconstrucción radical y se convertirá en sus propias manos en el objeto de los más complejos métodos de la selección artificial en oposición a la selección natural darwiniana y del entrenamiento psicofísico. El hombre logrará su meta… para crear un tipo sociobiológico superior, un superhombre si se quiere”. Al mismo tiempo, el primer ensayo de bolchevismo eugenésico desarrollado por Iliá Ivanovich Ivanov consistente en híbridos entre humanos y simios fue un rotundo fracaso que Stalin disimuló con la entelequia del “hombre nuevo soviético” cuya primera figura ejemplar fue el minero Alekséi Stajánov; trabajador hiperproductivo pleno de virtudes socialistas; belleza, fuerza física y moral, un héroe del trabajo socialista tan escaso como los auténticos socialistas. Ernesto Che Guevara, tras su monumental fracaso como ministro de industrias durante los primeros cuatro años de dictadura castrista, consideró que sin gentes como Stajánov no era posible una sociedad socialista y mucho menos comunista, por lo que era imprescindible generar el hombre nuevo socialista desde los inicios de la revolución.
Acabada la Segunda Guerra Mundial y tras la constatación de las terribles consecuencias de la eugenesia nazi y el holocausto, junto con las purgas estalinistas y la institucionalización del Gulag, en 1947 Ludwig von Mises publica: “Caos planificado: Epílogo a Socialismo” en donde señala a la eugenesia o darwinismo social como leitmotiv de los totalitarismos disfrazados de igualitarismo; «El plan nazi era más completo y por lo tanto más pernicioso que el de los marxistas. Su objetivo era abolir el laisser-faire no sólo en la producción de bienes materiales, sino también en la producción de hombres. El Führer no sólo era el director general de todas las industrias; también era el director general de la granja de cría con la intención de formar hombres superiores y eliminar a los inferiores. Un grandioso esquema de eugenesia debía ser puesto en práctica de acuerdo a los principios “científicos”».
UN MUNDO FELIZ
En la magnífica novela distópica “Un mundo feliz” escrita en la década de 1930, Aldous Huxley describe las tecnologías que configuran un modelo social que controla a la mayoría de la población. Es el Estado omnipotente dirigido por la minoría Alpha descendiente de la vanguardia revolucionaria, quien dictamina la reproducción humana en “Centros de Incubación y Condicionamiento”, utilizando la técnica de clonación del método de Bokanowsky en función de su condición genética, previamente alterada, para dividir a la sociedad en castas, desde los Alpha hasta los Epsilon, de mayor a menor inteligencia. Por supuesto en la formación de los infantes se utiliza un método tecno-inductivo a través del sueño, mientras que a los ciudadanos se les imbuye en un sistema de placeres y trabajos predeterminados en función de su casta social. La estabilidad social absoluta se logra estableciendo el hedonismo a través del consumo de ansiolíticos versátiles «soma» que procuran felicidad y despreocupación, al tiempo que se promueve un liberalismo sexual donde «todos son de todos» y las relaciones son consumadas sin celos ni remordimientos; es decir, una suerte de poliamor donde uno puede gozar sin riesgo. Bajo este supuesto estado de libertad, entretenimiento, satisfacción y confort, las personas se convierten en instrumentos al servicio del engranaje técnico-social. «La rueda debe girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres que la vigilen, hombres tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes, hombres cuerdos, obedientes, estables en su felicidad» de un mundo frío y vacío.
La descripción que hace Huxley de la ilusoria democracia estatalista hoy nos resuena muy familiar: «Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera sonarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre».
En 1984, la catedrática de la Universidad de California que se define como feminista-socialista-transhumanista o cibor-feminista, en su “Manifiesto para cyborgs” describe la biopolítica de su admirado Michel Foucault como: “una fláccida premonición de la política cyborg”. Así, la filósofa estableció la imperiosa necesidad de abolir tres fronteras:
1ª: Entre lo humano y lo animal.
2ª Entre organismos y máquinas.
3ª Entre lo físico y lo inmaterial.
Sobre estas premisas, Haraway abrió otra vasija de Pandora a través de un extenso catálogo que pretende «destruir la coartada burguesa, biempensante, banal, que encubre formas de dominación y ocultamiento de lo otro, de lo negado, reprimido, atormentado y sometido a dominación llamada humanismo». De este modo, Haraway establece que el humanismo adolece de dualismos que deben superarse porque entronizan un miembro del binomio mientras degradan y explotan al otro: «Los más importantes de estos turbadores dualismos son: yo/otro, mente/cuerpo, cultura/naturaleza, hombre/mujer, civilizado/primitivo, realidad/apariencia, todo/parte, agente/recurso, constructor/construido, activo/pasivo, bien/mal, verdad/ilusión, total/parcial. Dios/hombre».
En lugar de propiedades esenciales, para Haraway su cyborg convierte los conceptos “eugenesia” y “perfección” en “control de la población” y “optimización”. Si bien los términos «óptimo» y «control de la población» carecen de los matices ideológicos totalizadores de una «raza superior» o de «débiles mentales«, tales categorías obligan a elegir qué tipo de personas debería haber, fragmentadas o no, y por lo tanto qué tipo de personas deberían existir.
WOKEISMO O JUSTICIA SOCIAL CRÍTICA
A finales de la década de 1980, un grupo de académicas norteamericanas, entre ellas la filósofa posestructuralista, Judith Butler, la antropóloga cultural Gayle Rubin, el ingeniero o ingeniera, Sandy Stone y la historiadora devenida luego profesora transgénero de hombre a mujer, Susan Stryker, establecieron las reglas de la “teoría queer” y los “estudios transgénero”. Estas académicas decretaron que el género era una “construcción social” utilizada para oprimir a las minorías raciales y sexuales, y denunciaron las categorías tradicionales de hombre y mujer como un falso binario concebido para apoyar el sistema de “heteronormatividad”: es decir, los hombres blancos con su estructura de poder masculina y heterosexual. Este sistema, argumentaron, debía ser destruido sin piedad. Y la mejor manera de lograrlo es promover el transgénero. Si los hombres pueden convertirse en mujeres y las mujeres en hombres, aventuraban, la estructura natural biológica podría ser derribada.
Con estos mimbres se configuró el Wokeismo o Justicia Social Crítica como enfermedad senil del marxismo. Una doctrina que renuncia abiertamente a los principios de la ilustración como el universalismo y la objetividad, para zambullirse en un fundamentalismo identitario que se ha coronado en poder fáctico intimidatorio en los países anglosajones, para luego instalarse en las instituciones políticas y culturales de las izquierdas de occidente y asumida por las grandes empresas multinacionales como estrategia comercial. En el caso de España, en el momento que redacto este suelto, sus prosélitos están gobernando la nación y legislando según el catecismo woke consistente en la “racialización” de la política y la sociedad (cultura) en los siguientes términos: tu identidad racial, sexual o de género definirá el 100% de tu existencia. Por consiguiente, eres víctima o victimario. Como con el marxismo-leninismo, no hay posibilidad de diálogo pues la dialéctica sigue siendo la oposición explotador-explotado o dominante-dominado.
EL PECADO ORIGINAL HETEROPATRIARCAL
Uno de los aspectos más controvertidos del cristianismo es el pecado original al tratarse de un pecado «contraído» por herencia y, por tanto, no «cometido«. Sin embargo, se trata de un claro aviso contra la tentación de pretender devenir dioses como les prometió el demonio si desobedecían a Dios. Por el contrario, el pecado original que la doctrina woke aliada al transhumanismo, deriva del nihilismo antropológico con su derivada histórico-presentista. El hombre blanco violento y opresor que estableció la esclavitud y el racismo como instrumentos de dominación, es decir, el hombre blanco occidental heteropatriarcal es culpable desde que nace porque hereda el pecado original llamado heteropatriarcado. Poco importa que otras culturas y razas también fueran racistas y esclavistas, por cuanto son presentadas como víctimas. Condenados los varones blancos occidentales cuan manzana plagada de pecados estructurales, sociales y económicos que ha ‘envenenado’ a las minorías, a las mujeres y a la comunidad LGBTQIAPN+, su única posibilidad de perdón y rehabilitación es asumir sin rechistar la doctrina.
DISFORIA DE GÉNERO
En 2008, Susan Stryker radicalizó su tesis ideológica transgénero describiéndola como “sermón secular” que aboga sin contemplaciones abrazar un poder disruptivo y refigurativo de género queer o transgénero como recurso espiritual para la transformación social y ambiental. En el ensayo más conocido de Stryker, “Mis palabras a Victor Frankenstein sobre la aldea de Chamounix: Performing Transgender Rage”, sostiene que el “cuerpo transexual” es una “construcción tecnológica” que representa una guerra contra la sociedad occidental. «Soy transexual y, por tanto, soy un monstruo», escribe Stryker. Y este monstruo, continúa, «está destinado a canalizar su rabia y venganza contra el orden heterosexual naturalizado; contra los valores familiares tradicionales; y contra la opresión hegemónica de la propia naturaleza». Sobre esta tesis se desarrolla el concepto disforia de género que se caracteriza por una incongruencia entre el género experimentado o expresado por un individuo y el género biológico cuando nació.
Recordemos que la eugenesia industrializada de la Alemania nazi, fue dirigida por los médicos alópatas Victor Brack y Joseph Mengele. Ambos realizaron varias cirugías experimentales de «reasignación de género«.
TRANSHUMANISMO Y TRANSEXUALISMO
En el primer punto de la conocida como Declaración Transhumanista, en la última versión promulgada en diciembre de 2017, se manifiesta la convicción sobre la viabilidad de “rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra”.
Aunque existen varias tendencias y derivaciones, el fundamento filosófico y antropológico más característico del transhumanismo es el reduccionismo materialista: el hecho de concebir al ser humano como un conjunto de genes, neuronas, células, que funcionan como una máquina que, en el fondo, es “chatarra biológica” que ha de ser mejorada. Así, la evolución natural ha llevado a que el producto sea defectuoso, por lo que hemos de tomar nosotros las riendas del desarrollo futuro, aplicando la ciencia y la técnica a esa máquina imperfecta para elevarla hasta la perfección. Se mezclan aquí materialismo, reduccionismo y mecanicismo, al concebirse únicamente al ser humano en su dimensión material. Por supuesto, se excluye la espiritual y trascendente. Por el momento, se aprecian tres tipos de transhumanismo:
I. Transhumanismo cultural inspirado en la crítica postmoderna […] contra el humanismo y el proyecto de la modernidad.
II. Transhumanismo biológico reivindicador del ideal ilustrado de la perfectibilidad potencialmente infinita del ser humano […] a través del “biomejoramiento” humano que persiguen las tecnociencias (fundamentalmente la biología y la medicina genética).
III. Transhumanismo cibernético, que sería en realidad un auténtico posthumanismo, en la medida en que pretende crear una nueva especie a partir de la hibridación hombre/máquina y que recurre preferentemente a la robótica y la IA pero sin descartar la biología.
El famoso Yuval Noah Harari, autor de superventas cientificistas como “Sapiens” y “Homo Deus”, plantea un futuro en el que la selección natural sea sustituida por una selección artificial y demográfica, donde la voluntad del hombre sea el único criterio rector para gobernar el rumbo de la vida (posthumana), vida que probablemente será transespecie, exoplanetaria y posgénero. En un hipotético futuro cíborg (Cybernetic + Organism), quien no suscriba y no siga los postulados transhumanistas, corre el riesgo de integrar una subespecie.
¿Una subespecie donde persista el dimorfismo sexual o será al contrario?
¿Cuándo y cómo transhumanismo y transexualismo convergen en una trampa macabra donde caen y se mezclan igualitaristas de toda laya posmarxista y liberales wokes?
¿CÓMO SE IMPLANTÓ EL WOKEISMO EN OCCIDENTE?
Para responder a esta pregunta es imprescindible consultar al teórico marxista-leninista italiano del siglo XX Antonio Gramsci, quien desarrolló el concepto de hegemonía cultural a partir de la teoría de Marx que determina que la ideología dominante de la sociedad refleja las creencias e intereses de la clase dominante. Gramsci argumentó que el consentimiento al gobierno del grupo dominante se logra mediante la difusión de ideologías (creencias, supuestos y valores) a través de instituciones sociales como escuelas, iglesias, tribunales y los medios de comunicación, entre otras. Estas instituciones hacen el trabajo de socializar a las personas en las normas, valores y creencias del grupo social dominante. Como tal, el grupo que controla estas instituciones controla al resto de la sociedad.
De los analistas que conozco, quien considero que ha estudiado con notable rigor la implantación del wokeismo en EEUU (y luego en todo occidente) a través de la estrategia gramsciana es el escritor, cineasta y activista cultural y político, Christopher F. Rufo autor de “America’s Cultural Revolution: How the Radical Left Conquered Everything” (La revolución cultural estadounidense: cómo la izquierda radical lo conquistó todo -2023).
En este ensayo, Rufo describe la larga marcha de la izquierda estadunidense desde la publicación en 1964 de “El hombre unidimensional” del marxista de la Escuela de Frankfurt Herbert Marcuse, hasta la dominación absoluta de las instituciones durante la presidencia de Barack Obama. Se trata de un riguroso relato histórico de cómo los radicales marxistas revolucionarios, a menudo violentos, trasladaron su ideal utópico del proletariado a las minorías raciales primero y más tarde a las sexuales. Rufo hace hincapié en el papel de figuras y organizaciones históricas clave con raíces en el tumulto de los años sesenta desde; Herbert Marcuse y la Weather Underground, Angela Davis y las Panteras Negras, y Paolo Freire y su acólito Henry Giroux, hasta los actuales movimientos Antifa y Black Lives Matter. Y esta, en apariencia, sorprendente victoria del izquierdismo radical reaccionario en la nación capitalista por antonomasia, ha sido posible gracias a que la dispersa doctrina woke o justicia social crítica, ha logrado explotar los viejos demonios de la sociedad norteamericana sacralizando a los grupos sociales históricamente marginados y utilizando etiquetas aparentemente inocuas como «diversidad» o «inclusividad», mientras que los conservadores y liberales estaban en la inopia celebrando su victoria frente a la URSS.
De este modo, la justicia social crítica aliada con el transhumanismo utilizó el entrismo de sus militantes en las universidades como trampolines para controlar escuelas, cultura, arte, medios de comunicación, tribunales de justicia, burocracia estatal, élite política y, al fin, corporaciones capitalistas. La legislación norteamericana sobre acoso consagró la idea de que la libertad de expresión debe suprimirse para eliminar los «entornos hostiles» definidos subjetivamente para los grupos protegidos. El Título IX prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier programa educativo que reciba ayudas federales. Esto condujo en última instancia a la derogación de los derechos de los hombres al debido proceso en el campus y a la microgestión de las relaciones entre los sexos. Todas estas medidas fueron seguidas por los gobiernos “progresistas” occidentales incluido los del PSOE de Zapatero y Sánchez.
Las leyes posteriores impusieron a las implacables guardianas de la fe woke con elevados sueldo de ejecutivas en todas las instituciones y empresas públicas y privadas bajo el rotulo DEI (diversidad, equidad e inclusión) donde huelgan los millones de graduados en estas doctrinas. Además, las burocracias estatales se llenaron de ministerios de igualdad, departamentos de vigilancia para el cumplimiento de los Programas wokes en los contratos de trabajo, comisiones para la igualdad de oportunidades en el empleo, etc. etc. Una burocracia para vigilar el estricto cumplimento de la doctrina woke. Para asegurar dádivas para los militantes wokes, en la mayoría de los países occidentales, incluida la España sanchista, han aprobado leyes que imponen la llamada discriminación positiva, a menudo denominada acción afirmativa o trato preferencial, destinadas, según sus preámbulos justificativos, a remediar las injusticias históricas y las desigualdades sistémicas brindando trato preferencial u oportunidades a personas o grupos que históricamente han estado en desventaja o subrepresentados. Es decir, si tu tatarbauelo fue esclavo o eres una mujer muy atormentada, tendrás prioridad para ocupar un puesto de trabajo frente a otra persona que sea hombre blanco y tenga los mismos o superiores méritos que tú. Solo un sectario imbuido de doctrina woke no percibe que la discriminación positiva no es otra cosa que discriminación pura y dura al priorizar características físicas o ancestrales sobre el mérito y las calificaciones, lo que al perjudicar a terceros inocentes, destruye el principio de justicia e igualdad de oportunidades.
Naturalmente las enormes burocracias DEI viven muy requetebién gracias a los impuestos del explotado contribuyente occidental. Asimismo, en las instituciones públicas y en las empresas privadas de los países que han impuesto la discriminación positiva por ley, mantienen en puestos de dirección a personas de muy dudosa capacidad, por lo que el eslogan get woke and go broke se comprende perfectamente cuando se estudia la trayectoria de Walt Disney Co.
LA NEOLENGUA ORWELLIANA LGBTQIAPN+
Toda esta enorme superestructura eclesial ha elaborado su metalenguaje, una jerga calcada a la neolengua orwelliana al que llaman lenguaje inclusivo. Es fácilmente detectable que la neolengua de la teoría radical de género fue diseñada siguiendo los criterios descritos por “Los principios de la neolengua” en la novela “1984”, de George Orwell. Para empezar, consideran malditas y eliminan: “hombre”, “mujer”, “mamá”, “papá«, etc.
Aunque profusamente difundidos en leyes y textos oficiales del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, señalo unos cuantos neologismos wokes con abundante carga sexual, quirúrgica y médico-farmaco-química que, en su conjunto, resultan sicalípticos: Agénero, Bigénero, Biespíritu, Bifobia, Cirugía de abajo, Cisgénero, Clitoroplastia (creación de un clítoris), Discriminación múltiple e interseccional, Disforia de género, Escrotoplastia (creación de un escroto y a menudo acompañada de implantes testiculares), Faloplastia (creación de un falo masculino), Familias diversas, Familia LGTBI, Género fluido, Genderqueer, Heteronormatividad, Histerectomía, Homofobia, Infancias trans, Interseccionalidad, Intersexual Labioplastia, LGTBIfobia, Metoidioplastia (creación de un falo masculino mediante tejido del clítoris aumentado con testosterona), No binario, Pangénero, Pansexual, Personas menstruantes, Ooforectomía (extirpación de ovarios), Orquiectomía (extirpación de los testículos), Penectomía (extirpación del pene), Queer, Sexilio, Terfa (feministas que, según otras, son transfóbicas), Transfobia, Transgénero, Tucking (ocultar el pene y los testículos con cinta adhesiva) Vaginectomía (extirpación de la vagina), Vaginoplastia (creación de una neovagina), Vulvoplastia (creación de una vulva)…
EL DESEO COMO DERECHO
La explosión del catálogo de derechos humanos ha llegado al esperpento. Un típico ejemplo del disparate es el derecho a tener novi@ que lleva aparejado la obligación de alguien de ejercer tal papel al respecto de quien no lo haya conseguido por sus medios y, sin embargo, lo desee. Que la izquierda reaccionaria haya inflado de derechos haya donde gobierna, solo responde al paternalismo que esconde su irrefrenable deseo autocrático de controlar a los paisanos mediante supuestas prebendas que son todo menos gratis.
Al consagrar el deseo como derecho (llamándolo empoderamiento y palabros parecidos), no se especifica quien paga, sino que se proclama que es el propio sujeto (o entidades superiores a las que pueda estar adscrito: mutualidades, aseguradoras, compañías experimentales, clínicas, laboratorios farmacéuticos o el Estado) quien decide comprar, implantarse, modificarse o sustituirse cualquier rasgo inherente a su cuerpo o mente para formar parte de su entidad biopsíquica genuina. Así se ha implantado el consentimiento a la esterilización, a la eutanasia, al suicidio asistido para cualquier persona, de cualquier edad y por cualquier motivo y, por supuesto, siguiendo las mismas pautas de propaganda, marketing y publicidad basada en la psicología de Edward L. Bernays para normalizar la esterilización eugenésica, los activistas promotores del transexualismo utilizan su neolengua para confundir y enmarcan el cambio de sexo como un derecho humano, «personas menstruantes», «no binarios», «infancias trans», familias «diversas», utilizadas en charlas afectivosexuales, etc. etc. La plaga de “derechos” wokes incluyen el aborto sin injerencias ni restricciones, la eutanasia sin consentimiento explícito y el cambio de sexo desde la tierna infancia sin que los progenitores tengan nada que objetar.
Nada habla de los derechos de los progenitores la “Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” de España, donde, en el Artículo 19: Atención a la salud integral de las personas intersexuales, en el párrafo 2 dice: «Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de doce años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre doce y dieciséis años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas». Es decir, los menores de 16 años en España no pueden votar, no pueden conducir un automóvil, no pueden jugar a la lotería, no pueden comprar bebidas alcohólicas, pero si modificarse sus atributos congénitos a su gusto sin que los padres tengan nada que objetar. Incluso más jóvenes de 12 años pueden castrarse si un médico lo considera oportuno.
De esta manera el cíborg es la nueva criatura en un mundo postgénero. En particular, el cíborg acaba con la distinción natural entre masculino y femenino. El sexo deja de ser el tirano del cuerpo […] Debemos aceptar la unión cuerpo-máquina como una extensión del cuerpo, de nuestras vidas y de nuestra intimidad.
La filósofa Rodríguez Magda (2019) analiza que, a falta de certezas y garantías, el yo se erige en único juez y rector de su identidad, tomando su deseo y su sentimiento como único peso y medida de su subjetividad. Se trata de “solipsismo sexual” donde «cada cual descubre que yo soy yo, y que ser yo es mi única ley. En estos momentos, hay tantos géneros como personas, o muchas más, puesto que cada persona puede evolucionar en el entendimiento de su subjetividad. En el siguiente momento, las personas podemos unirnos por afinidades voluntarias que hacen de los géneros conjuntos voluntarios y difusos».
La ruta hacia el cíborg postgénero exige sexualizar a los niños destruyendo la inocencia infantil. Implantar la doctrina woke en las escuelas mientras que el Estado reemplaza a los padres. Asimismo, las escuelas deben promover bloqueadores de la pubertad, mastectomías dobles y cualquier experimento médico aunque sea irreversible. Por supuesto el derecho de sexualidad infantil exige que los docentes enseñen prácticas sexuales y hasta compartir su sexualidad con los niños si estos “consienten”.
Lois, Andrea, Daniela, Álvaro y Alejandro han conseguido cambiar su sexo legal en los últimos meses, es decir, el marcador que aparece en documentos como el DNI o el pasaporte. Son menores trans de menos de 12 años que, sin tener que aportar informes patologizantes, han podido modificar la mención registral del sexo sin que sus padres puedan decir ni pio.
EL LUCRO INFAME DEL MUNDO FELIZ CÍBORG POSTGÉNERO
En 1977 los por entonces famosos intelectuales franceses marxistas-postestructuralistas-deconstruccionistas-constructivistas-subjetivistas; Althusser, Barthes, Derrida, Rancière, Sartre, de Beauvoir, Lyotard, Deleuze, Guattari y Dolto firmaron una declaración sobre la sexualidad y el niño donde afirmaban que hay que escuchar al niño y nada más. Posteriormente, Butler y los movimientos LGBTQIAPN+ se sumaron a esa posición y afirmaron que la protección sexual del infante es opresión heteropatriarcal y que solo se debe permitir el libre consentimiento del impúber a tener relaciones sexuales entre ellos o con mayores de edad.
Resulta que los supuestos derechos sexuales del niño y los derechos a cambiar y transfigurar su sexo biológico, han sido perpetrados por adultos que conforman la plutocracia global, esa minoría Alpha que explota lucrativos negocios. Y lo hacen, como hemos visto, legalmente y apoyados por el aparato del Estado y decenas de instituciones públicas y privadas.
El espurio relato que asegura que se puede nacer en un cuerpo equivocado, conlleva a proceder al bloqueo del sano desarrollo natural de los niños, hasta el punto de mutilar órganos sanos, sobre la promesa o expectativa completamente falsa de que con ello se cambia el sexo, causando daños irreversibles y dependencias de por vida de los inmolados niños a los fármacos.
En realidad, estamos ya ante un potente y bien organizado plan de implantar un biopoder mundial sustentado en la doctrina Woke o Justicia Social Crítica. Ya no se trata de lograr mejoras en el origen, funcionamiento y evolución de los seres vivos; ahora se busca su manufactura, su fabricación. Las vías de dicha transformación son químicas (farmacopea), genéticas (bioingeniería eugenésica), quirúrgicas (protésicas, modificativas), cibernéticas (chips reguladores de la fisiología o/y de las hormonas) y nanotecnológicas. Quienes optan o les empujan hacia convertirse en personas transgénero, pueden seguir los mencionados tratamientos, junto con terapias conductuales, terapias hormonales con bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y todo tipo de cirugías llamadas de afirmación de género.
Los ilegítimos nuevos derechos sexuales de los infantes y adolescentes son un enorme negocio diseñado para convertirlos es sumisos siervos del Mundo Feliz, donde el SOMA hoy se llama FENTANILO, una droga sintética barata que conduce a la imbecilidad y a la muerte. Y es que les sobra carnaza.
Para la conversión del infante en siervo cíborg postgénero, la plutocracia Alpha pone a su disposición toda la maquinaria clínica, farmacéutica, psicológica, pedagógica, mediática y cultural. Destacan, por su agresividad los siguientes métodos:
Cirugía de la afirmación de Género consistente en intervenciones quirúrgicas “GAS” de mama y tórax, intervenciones faciales y cosméticas y cirugía reconstructiva genital.
Histerectomía consistente en la eliminación de los genitales internos como el útero y los ovarios.
Vaginoplastia robótica con flap peritoneal.
Orquiectomía implica la extracción de los testículos.
Faloplastia es la creación quirúrgica de un falso pene.
En 1818, Mary Shelley escribió la famosa novela Frankenstein; o El Prometeo moderno. La premisa del libro es que la ciencia moderna, despojada de las limitaciones de la ética y la naturaleza, acabará creando monstruos. Los médicos “transafirmantes” son la versión posmoderna del protagonista del libro, el Doctor Frankenstein.
Según datos de la investigación de The Trevor Project, que encuestó a casi 34.000 jóvenes LGBTQ de 13 a 24 años en Estados Unidos en el otoño de 2021, hasta el 80 por ciento de las personas trans sufren psicopatologías graves y una cuarta parte de los jóvenes trans negros intentan suicidarse cada año. La “atención de afirmación del género” en gran medida no logra resolver estos problemas, sin embargo, los médicos utilizan estos fracasos para justificar intervenciones aún más extremas hasta la última: la reconstrucción genital.
En España, el primer estudio a nivel estatal de la realidad trans en 2022 arroja cifras que las feministas clásicas consideran «preocupantes». Un mínimo de 12.205 personas «sanas», entre 2018 y 2021, más mujeres que hombres, con edad de entre 16 y 25 años, habrían iniciado tratamientos con hormonas cruzadas; un mínimo de 1.000 mujeres, entre 2016 y 2021, habrían sido intervenidas quirúrgicamente para la doble amputación de mamas y extracción de sus genitales; y un mínimo de 1.000 menores, entre 2019 y 2021, habrían iniciado tratamientos para detener artificialmente su desarrollo puberal con fármacos no recomendados por la Agencia Española de Medicamentos, «de forma experimental, con efectos dañinos e irreversibles para su salud».
Serie XII del negocio del cambio climático antropogénico.
Con el término del año y la llegada del siguiente, los medios sistémicos nos bombardean con anécdotas y algunas estadísticas del año concluido, destacando, como de costumbre, algún record de calor en alguna provincia o en algún país, al tiempo que aseguran que la pertinaz sequía en la Península Ibérica, es una novedad consecuencia del cambio climático antropogénico.
Y mientras las élites de la plutocracia gobernante nos hace pagar escandalosas cifras por cada kilovatio que consumimos, nos acusan de asesinar el planeta por el achicharramiento que provoca nuestro consumo insaciable, también nos conminan a alquilar que no poseer automóviles eléctricos carísimos, mientras ocultan o disimulan todo suceso que contradiga su discurso.
Pues resulta que desde que ha comenzado 2024, las temperaturas en el norte de Europa son las mínimas desde el siglo XIX. En Kvikkjokk, un municipio del norte de Suecia, la temperatura bajó a -43,6ºC durante la noche del 2 al 3 de enero, la temperatura más baja registrada en este lugar desde que comenzaron las mediciones en 1888.
Este récord sucede tras varias olas de frío que han azotado el norte de Europa desde principios de diciembre. Según el instituto de meteorología sueco, las altas presiones con temperaturas extremadamente frías permanecen sobre el noreste de Suecia y el norte de Finlandia y Rusia. También Noruega se encuentra paralizada por el frío y la nieve. Así, en Oslo, las temperaturas de la última semana han descendido hasta -27°C, mientras que intensas nevadas han provocado el caos en el sur del país, donde cerraron escuelas y se cancelaron muchos vuelos.
El caso de Oslo es paradigmático porque el caos del transporte de este invierno concierne a los flamantes automóviles eléctricos y, sobre todo, a los autobuses eléctricos del transporte público. Resulta que el invierno paraliza la nueva flota de autobuses eléctricos estrenados el pasado abril, nada menos que 183 autobuses articulados de Solaris (Grupo CAF), equipados con una batería High Energy con una capacidad total de 700 kWh, que concede una supuesta autonomía de más de 250 kilómetros que ni en verano lograron, pero que las autoridades municipales elogiaron presentándolos como el futuro de la movilidad sostenible. No se podía saber que el rendimiento de sus baterías descenderían estrepitosamente a medida que baja de 0ºC la temperatura. Así, a -6ºC apenas tienen un 25% de rendimiento. Toda la noche cargando las baterías para que apenas duren 30 minutos a marcha lenta.
Por supuesto las autoridades municipales de Oslo están quitando hierro al asunto y dicen que solo hay que calentar algo (¿Con gasóleo?) a los autobuses para mejorar su rendimiento.
La empresa de transporte EMT Madrid ha realizado un pedido a Solaris de 50 autobuses eléctricos el pasado mes de diciembre. Otras ciudades españoles tienen estos “sostenibles” vehículos fabricados en Polonia.
Ante la persistencia de mis comentarios sobre esta ideología doctrinaria, no pocos se preguntarán si no padezco obsesión sobre un asunto secundario con lo que está cayendo en Ucrania y Gaza o incluso en España. A esta interpelación respondo que me parece todo lo contrario. De hecho, considero que no pocas de las vicisitudes, dudas tácticas y estratégicas, la pusilanimidad y el relativismo de los líderes y políticos occidentales, la falta de liderazgo y reflexión geoestratégica ante estos conflictos y sus derivadas, la aceptación por buena parte de la crema intelectual occidental de que Putin es un antiwoke, cuando solo es un duplo del expansionismo soviético, o la constatación de que no solo las universidades norteamericanas o británicas de élite están dominadas por la doctrina woke, sino que también otras instituciones fundamentales como los ejércitos, sobre todo el estadounidense que ha pasado de la humillación machista del soldado como método disciplinario y de obediencia absoluta al mando denunciado por Kubrick en “La Chaqueta Metálica” (1987 – Full Metal Jacket), al abrazo pleno de los imperativos sociales de la izquierda estadounidense woke.
El panorama ha quedado aún más claro si cabe la pasada semana, cuando el Partido Republicano estadounidense, alarmado por las manifestaciones antijudías en las universidades del país, presididas por eslóganes como: “from the river to the sea, Palestine will be jews free” (desde río hasta el mar, Palestina libre de judíos será) llamó a las presidentas de las universidades más prestigiosas para saber cómo defendían los principios constitucionales y las reglas antidiscriminatorias en sus dominios. Las respuestas inconexas y relativistas de las tres presidentas han escandalizado a buena parte de la opinión pública occidental. Vergonzosa, por infame, fue la respuesta de la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, a la pregunta que la legisladora republicana, Elise Stefanik le hizo: «¿Llamar al genocidio de judíos viola las reglas de Harvard sobre intimidación y acoso?». La respuesta de Gay fue: Puede serlo, dependiendo del contexto. La evidencia de la podredumbre ética, de la quiebra de los valores constitucionales y de los derechos humanos por parte de la nomenclatura universitaria norteamericana, solo se explica por el dominio de la doctrina totalitaria woke en sus aulas.
A pesar de existir no pocos compendios que estudian lo que se conoce como woke o wokismo, ante el laberíntico espectáculo establecido por la agitación y la propaganda en medios y redes sociales por agentes y tontos útiles, no son pocos los que preguntan: ¿En qué consiste la doctrina woke? La respuesta resumida que considero cabal es la que establece que sus fundamentos y práctica se fundan en la invención y multiplicación de divisiones sociales derivadas de la raza, la cultura, la religión, el sexo (género), etcétera, para transfigurar la lucha de clases marxista, basada en la lucha contra la explotación de la clase obrera, en un trampantojo capaz de manipular sentimientos que permitan a la élite que la abandera, establecer (en no pocos casos a través de leyes discriminatorias disimuladas mediante la “hipermoralización progresista”) conductas sociales que les granjeen un disfrute del poder político y económico pleno.
Por ende, los gobiernos, partidos políticos, organizaciones civiles, ONGs, y empresas multinacionales occidentales adheridas a la doctrina woke, de la misma manera en los dominios donde reinaban y reinan los mitos marxistas desde principios del siglo XX, sus dogmas: «colectivo, voluntad y poder», resumidos como “corrección política”, han impuesto una burocracia artificiosa en las instituciones, universidades y empresas, justificada con la consigna: «diversidad, equidad e inclusión». Se trata de la primacía del grupo sobre la persona, del énfasis en la voluntad a expensas de la razón o naturaleza, de la anulación del mérito personal y la igualdad de oportunidades. De este modo, quien crítica la llamada “discriminación positiva de la mujer” es un machista. Quien considera que los “colectivos” que abanderan las siglas LGTBIQ+ no tienen por qué tener privilegios o ayudas procedentes del erario es tildado de homófobo. Aquel que se atreva a defender la libertad empresarial plena es demonizado como explotador. Quien pida una inmigración ordenada es automáticamente tildado de xenófobo fascista.
La herramienta preferida por el wokismo es la manipulación claramente orwelliana (explicitada como “neolengua” en la novela “1984”) del lenguaje, con el obvio fin de imponer una realidad paradigmática consecuente con la doctrina. Desde la matraca del lenguaje inclusivo, bautizar como “muerte digna” a la eutanasia; despojar de significado, hasta el punto de demonizarlas, palabras como “matrimonio” y “familia”, son solo unos pocos ejemplos de los que constituye, en palabras de Rodrigo Ballester un «caballo de Troya del adoctrinamiento, haciendo de “pieza maestra” para imponer un marco de pensamiento de lo que debe ser correcto, expresable e incluso legal o ilegal». De esta manera, todo aquel que discrepe del pensamiento único impuesto por el lenguaje oficial correcto, se enfrenta a descalificaciones y campañas de desprestigio que suelen terminar en asesinato civil del disidente, es decir, en la destrucción de la reputación de toda persona que no comparta los postulados políticamente correctos. Toda opinión alejada de la retórica dominante queda desautorizada automáticamente como una expresión fascista. De ese modo, el wokismo anula el debate y se asegura la imposición de su agenda ideológica, alimentándose de un clima de miedo y censura.
La evidente consecuencia de este guion es la proliferación del odio, el racismo y las discriminaciones de todo tipo que los oficiantes wokes dividen entre positivas (las que ellos dictan) y negativas, aboliendo con ello el principio esencial de la declaración universal de los derechos humanos que establece que toda discriminación es negativa de suyo.
Las personas “canceladas” envilecidas y desterradas, las estatuas derribadas, la historia manipulada para ajustarla al dogma, los libros proscritos, las iglesias vandalizadas, los espectáculos censurados y anulados, las conferencias derogadas, los escritores, maestros y catedráticos amordazados, los “colectivos” demonizados en función del color blanquecino de su piel, su etnia, el sexo que asuman, la religión que procesen, las preferencias sexuales, etcétera, etcétera, son pistas de lo que nos espera si la doctrina woke se implanta decisivamente en occidente.
Uno de los debates reiterados durante los años sesenta del siglo pasado entre marxistas de diferente etiqueta, era la habilidad con que el capitalismo de los países occidentales (con sus aliados socialdemócratas) “recuperaba o asimilaba” muchas de sus propuestas y las pregonaba como éxito del sistema. Sin embargo, tres décadas antes Georg Lukács en “Historia y conciencia de clase” (1923) hurgó sobre el asunto recuperando con ello la “reificación” que Marx menciona de pasada al hablar del “fetichismo de la mercancía” en “El Capital”. Con su análisis sobre la reificación, Lukács estableció que la identidad del individuo moderno no se construye en el siglo XX a partir del trabajo sino del consumo.
Poco faltó para que los camaradas jefes de Lukács en el Partido Comunista de Hungría, en comandita con el Presidente de la Comintern luego purgado por Stalin; Grigori Zinóviev, le hicieran pagar su osadía con la vida, por mucho que adujera que solo pretendía iluminar a los bolcheviques ante la eminente muerte de Lenin. Pero lo cierto es que sus deducciones ponían en solfa unas cuantas “leyes marxistas”.
Por aquel tiempo, Max Horkheimer fundó el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, con el fin de estudiar el fracaso de la revolución comunista en Alemania en 1918. Sin embargo, la ya reconocida como Escuela de Frankfurt, a partir de 1931 se empeñó en estudiar la superestructura del capitalismo como sistema de dominación cultural que, según acordaron tras sesudos informes, oprime al proletariado sutilmente a través de la cultura de masas. Desde este enfoque, los miembros de la Escuela de Frankfurt mezclaron marxismo con psicología freudiana, hasta convertir el marxismo del optimismo agitador del Manifiesto Comunista en resignación melancólica. Esta resignación fue aparentemente superada durante unos pocos meses por los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia.
El fracaso del mayo francés (desde la toma de la Bastilla hasta nuestros días, Francia es el país que más derrotas revolucionarias acumula) supuso el hundimiento de las dos estrategias paralelas que confluyeron en los partidos comunistas de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. La primera fue poner definitivamente en solfa la estrategia estalinista de principios de la década de 1930, basada en preservar el «socialismo en un solo país», es decir, la URSS como superpotencia y faro del socialismo real que, a través de la Komintern impuso a sus partidos satélites bautizándola «alianza con el campo progresista» a través de los frentes populares. Sin decirlo expresamente, el Gramsci encarcelado por Mussolini cuestionó la estrategia de Stalin al desarrollar la teoría de la hegemonía cultural, teoría con la que Palmiro Togliatti hizo una pirueta en 1947 llamada svolta di Salerno, integrando al Partido Comunista de Italia en la democracia capitalista democratacristiana. De esta alianza interclasista, surgió el Eurocomunismo que abrazo el Partido Comunista de España dirigido por Santiago Carrillo Solares, conocida como «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura».
El desengaño del mayo del 68 también produjo la radicalización aventurera de quienes siguieron al maoísmo chino de la Revolución Cultural y al estalinismo albanés, grupúsculos que se escindieron de los partidos comunistas de Europa occidental obedientes a la URSS y algo más tarde lo hicieron en EEUU y Canadá, etiquetándose como marxistas-leninistas. Fue por entonces cuando se consolidó la “militarización” de ETA (recordemos que el primer asesinato perpetrado por ETA fue el del joven agente de tráfico de la Guardia Civil José Pardines el 7 de junio de 1968). En 1971 se fundó, de la mano del Partido Comunista de España (marxista-leninista), el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), presidido por el hoy homenajeado dirigente del PSOE, Julio Álvarez del Vayo. Fue el FRAP la primera organización española que, tras la desarticulación del maquis a principios de los 50, proclamó el reinicio de la lucha armada (popular) contra el franquismo. Al mismo tiempo, surgieron en Europa organizaciones del mismo sesgo ideológico que propugnaron y utilizaron la violencia terrorista como el Ejército Republicano Irlandés Provisional (PIRA), la Facción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania Occidental, las Brigadas Rojas en Italia, la Acción Directa (AD) en Francia y el Communist Combatant Cells (CCC) en Bélgica. El terrorismo de extrema izquierda en Europa asesinó e hirió a miles de personas y fue perseguido con mayor o menor contundencia por los países europeos que lo sufrieron. El derrumbe de la URSS, de la Albania comunista y la conversión de China al capitalismo inclemente dirigido por la oligarquía instalada en el Partido Comunista de China al iniciarse la década de los 90, fueron los acontecimientos que dieron la puntilla al terrorismo que se identificaba como marxista-leninista. Solo los que mezclaban esta ideología con el nacionalismo como el PIRA irlandés y la ETA vascuence persistieron en el terrorismo.
LA NUEVA IZQUIERDA NORTEAMERICANA
En Norteamérica, a pesar de mantener una economía próspera y creciente, la década de los 60 tuvo un inicio peliagudo que se fue alargando en forma de convulsiones políticas y sociales durante toda la década y la siguiente. Fue la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, cuando la Guerra Fría a punto estuvo en devenir hecatombe nuclear, el aviso contundente a los dirigentes yanquis de la amenaza latente que suponía tener un régimen comunista aliado de la URSS a 166 kilómetros de la costa de Florida. A este acontecimiento se sumó enseguida el magnicidio de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 y de Martin Luther King 4 de abril de 1968. En realidad, el asesinato del carismático líder del Movimiento por los Derechos Civiles en EEUU, fue el culmen de una serie de asesinatos de líderes negros que se remonta hasta Emmett Till en 1955, Medgar Evers el 12 de junio 1963 que generó la significativa Marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963 y Malcolm X el 21 de febrero de 1965. La mayoría de los asesinos, apaleadores y secuestradores de líderes y activistas negros, pertenecían al Ku Klux Klan liderado por Samuel H. Bowers. La vorágine homicida contra líderes políticos culminó con el asesinato de Robert F. Kennedy el 6 de junio de 1968.
Al malestar de una parte considerable de la sociedad norteamericana por la represión y agresiones contra los movimientos por los derechos civiles, se unió el rechazo de muchos jóvenes al reclutamiento forzoso derivado de la guerra de Vietnam a partir de 1964. Bien es cierto que no todas las organizaciones que reivindicaban la igualdad de derechos eran pacifistas. Utilizaron la violencia terrorista el Partido Pantera Negra de Autodefensa y el Black Power desde 1966, mientras que el Youth International Party, cuyos partidarios eran conocidos como «yippies», lograron fama tras las manifestaciones violentas durante la Convención Nacional Demócrata del Partido Demócrata que se celebró en Chicago del 26 al 29 de agosto de 1968. Estos acontecimientos y los que siguieron, tomaron una dirección política emanada de la influencia en las universidades norteamericanas de los miembros de la Escuela de Frankfurt que se refugiaron en EEUU en 1933.
La repercusión del pensamiento posmarxista de Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse en los movimientos estudiantiles fue extraordinaria. Pero fue sin duda Marcuse, de quien se suele ocultar que fue fichado en 1943 por William “Wild Bill” Donovan, a la sazón director del Office of Strategic Services (antecesora de la CIA) como informador, quien al recorrer las universidades de Brandeis, California, Columbia, Harvard, Boston y San Diego y participar en el Institute for Social and Economic Research and Policy (ISERP) de la Universidad de Columbia, junto con la publicación en 1964 de “El hombre unidimensional”, se convirtió en el gurú ideológico de lo que se llamaría New Left (nueva izquierda en contraposición a la vieja representada por el Partido Comunista de los Estados Unidos de América). La otra gran influencia en la izquierda norteamericana, fue la propagación en la universidad de la hipótesis Sapir‑Whorf de la relatividad lingüística, hipótesis que supuso un maremágnum al mezclarse pronto con el relativismo posmoderno de la French Theory.
En “Eros y Civilización” (1953) Herbert Marcuse identifica el orden capitalista y la moral burguesa como continuadoras del arcaico patriarcado establecido a través de los medios de reproducción social y de dominación como la familia. Con «Una falta de libertad cómoda, fluida, razonable y democrática prevalece en la civilización industrial avanzada, una muestra del progreso técnico esconden una estructura totalitaria basada en la explotación del hombre por el hombre» inicia Marcuse “El hombre unidimensional”. Luego señala el camino declarando: «El objetivo de la revolución no ha de ser meramente la sustitución de la clase dominante por otra, sino el nacimiento de un hombre nuevo». Otro pensador influyente en la New Left fue el profesor de la Universidad de Columbia, Charles Wright Mills quien concluyó con la proclamación del llamado ”sustituismo” afirmando que el sujeto histórico revolucionario hacia el socialismo no es la clase obrera, sino los intelectuales revolucionarios. Claro que con un método más elaborado, el sustituismo de clase fue teorizado mucho antes por Antonio Gramsci.
¿Qué joven generoso y altruista, siempre un poco narcisista, no anhela superar las añejas miserias de sus antepasados y devenir salvador de los parias de la tierra? La organización que abrazó los señuelos del marxismo freudiano fue Students for a Democratic Society (SDS Estudiantes para una Sociedad Democrática). La SDS logró una notable implantación en las universidades norteamericanas, sin embargo, el maremágnum ideológico y la progresiva radicalización, supuso su escisión en grupos más radicales como Weather Underground, Revolutionary Youth Movement y el claramente maoísta o marxista-leninista Society Progressive Labor Party (PLP). Con la reedición ya en los 70 de la obra de Antonio Gramsci y la popularización de la French Theory posmoderna, se consolidaron en los campus universitarios yanquis los movimientos contraculturales como el «Free Speach Movement» y los movimientos feministas Women’s liberation movement, feminism lesbian self awareness en el campus de la Universidad de Míchigan y Women’s studies creado en 1969 en la Universidad de Cornell.
CONTRACULTURA, POLÍTICAS DE IDENTIDAD Y WOKENOMICS
El académico, novelista y profesor de historia de la Universidad de California, Theodore Roszak, acuñó la expresión contracultura en su ensayo “The Making of a Counter Culture” publicado en 1969. En su estudio, Roszak describe el fenómeno social como espíritu del tiempo que rebela el hartazgo de las nuevas generaciones respecto a la tecnocracia, al cientificismo y a los esquemas de relación familiar y sexual tradicionales. El papel de la “psicodelia”, sobre todo el alucinógeno LSD, en esta forma de rebeldía fue pronto justificado por el filósofo Alan Watts y los profesores de psicología de la Universidad de Harvard; Timothy Leary y Richard Alpert, como ritual e instrumento de liberación del individuo frente a la voracidad del sistema capitalista. “Cambia la mente y cambiarás el mundo” era la consigna.
Un adelantado de la psicodelia en España fue el por entonces joven marxista-leninista profesor de filosofía y derecho en la Universidad Central Complutense de Madrid, Antonio Escohotado quien, en abril de 1967 consiguió que la prestigiosa Revista de Occidente publicara un artículo suyo titulado: “Los alucinógenos y el mundo habitual” donde explicaba las positivas modificaciones perceptivas, filosóficas y culturales que implicaba el consumo de drogas alucinójenas. Condenado a dos años y un día por un delito inducido por la policía, Escohotado escribió «Historia general de las drogas» en la cárcel de Cuenca, ensayo que logra publicar en 1983 con gran escándalo por encontrarse España en pleno boom de heroína que provocó sufrimiento, delincuencia juvenil y miles de yonquis muertos.
Tras años de notables desencantos y desgracias personales, la contracultura fue desenmascarada como hedonista y generadora de un consumo de distinción social. Hippies y yuppies lo hacen por igual. El «No Logo» de la contracultural periodista canadiense Naomi Klein, significaba, como denunciaron más tarde los profesores de filosofía canadienses Joseph Heath y Andrew Potter en su famoso ensayo “Rebelarse vende: el negocio de la contracultura cambiar” (2004) un fraude. Así, Heath y Potter destrozan el mito revolucionario dominante en el pensamiento político, económico y cultural en el que se basan tanto el movimiento antiglobalización como el feminismo y el ecologismo. En su contundente denuncia explican que la supuesta rebelión contra el sistema capitalista, se transformó enseguida en un signo de diferenciación donde germinó el consumidor “rebelde” que trasmuta los barrios donde reside en guetos cool y consume las marcas trendy contraculturales acordes con la ideología de cada grupo o identidad. En último término, los contraculturales fueron el caldo de cultivo donde florecieron las políticas de identidad con el concurso de la French Theory. Fueron los posmodernistas relativistas quienes pusieron en solfa las «metanarrativas» de la cultura y la historia occidental y muchas cosas más. Así, los Lyotard, Foucault, Derrida, Lacan, Deleuze y compañía, reducen el mundo a un juego de lenguaje, difuminan los límites entre lo objetivo y lo subjetivo, la verdad y la creencia, los sexos y el género.
Sobre las premisas relativistas de la French Theory, se inician los Gender Studies, o estudios de género en la neoyorquina Universidad de Cornell, estudios que enseguida se extendieron a otras universidades norteamericanas. De ellos surgieron varias hipótesis feministas destacando la «Queer Theory» (teoría de lo extraño, de lo raro), inspirada en el placer como estrategia de empoderamiento de Michel Foucault que se popularizó en EEUU durante la década de 1990, al tiempo que se propagaba la epidemia de SIDA. Los primeros grupos activistas queer fueron Act Up y Queer Nation.
Sobre los mismos principios posmodernos, también se iniciaron en la Universidad de Detroit los African American Studies que pronto se extendieron a otros centros académicos. De ellos surgió la Teoría Crítica de la Raza (Critical Race Theory – CRT) promocionada por la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Kimberlé Crenshaw, quien también es inventora de la “interseccionalidad”. La CRT estipula que el racismo sistémico blanco es consustancial a la sociedad estadounidense y, de rebote, a occidente. Al surgir de las mismas fuentes filosóficas y sociológicas que la teoría queer, sufre de los mismos desatinos. De esta suerte, la CRT contempla la raza desde un prisma maniqueo, donde sus teóricos y activistas se dedican a clasificar a cada individuo y meterlo en uno de los dos cestos dispuestos; en el de los opresores o en el de las víctimas. Estas ideologías han infectado a toda la sociedad norteamericana, empezando por la política y continuando por la educación, el trabajo, la sanidad, el arte, la religión y la milicia. Desde la concepción de una sociedad enfrentada entre buenos y malos, las causas de que la policía de EEUU dispare (más de 1.000 disparos mortales en 2019) en una proporción 1,6 veces superior contra ciudadanos negros y mulatos que al resto de la población, se despacha con una palabra; racismo. No hay posibilidad alguna de análisis, y quien se atreva a poner en duda este axioma, corre el riesgo de ser cancelado, boicoteado, borrado como ciudadano con derechos humanos.
Paradójicamente, o no tanto como veremos luego, algunos de los primeros teóricos Queer como Judith Butler, criticaron en los años 90 las políticas de identidad, por considerar que convierten la identidad en esencia, en una verdad inmutable sobre el yo. Además, alegaron que los relatos identitarios en los cuales se basan las políticas de la identidad, aunque sean interpersonales, afirman el fetiche y el motor del capitalismo: el sujeto privatizado. No obstante, la profesora de Berkeley se desdijo luego de esta crítica a través de textos abstrusos que terminan asegurando que el género no es un hecho anatómico, sino que lo crea la palabra, por lo tanto, la identidad de uno no está ligada a su sexo biológico, sino al sentimiento que cada persona. Esta ocurrencia sin base científica ni epistémica alguna, ha conducido a la multiplicación de sentimientos de género y a la consiguiente obsesión narcisista por la autorepresentación personal. La conclusión es que hay un número infinito de géneros que la famosa sigla LGBTQ+ no puede abarcar. Si quién tiene el poder de definir el discurso tiene el poder real, habrá que reconocer que las activistas del Me Too lo bordan, sin embargo es evidente que la sobresaturación de identidades y denuncias cruzadas conforman un antropofágico escenario. Para superarlo, Williams Crenshaw creo un ardid, la mencionada “interseccionalidad” donde se solapan innumerables formas de discriminación, fruto de la confluencia de varias “identidades oprimidas” en una misma persona o grupo. Así, la interseccionalidad enlaza raza, sexo, clase, sexualidad, identidad de género, religión, estatus migratorio, capacidad física, salud mental y tamaño corporal, más subcategorías como el tono exacto de la piel, la forma del cuerpo y las identidades de género y sexualidades abstrusas, que se cuentan por centenares. Vamos que hay oprimidos a la enésima potencia.
El conjunto de teorías “interseccionalizadas”, se conoce como Teoría de la Justicia Social Crítica ((TJSC). Su implantación desde las universidades a organizaciones e instituciones públicas y privadas de EEUU y Canadá se denominó Great Awokening (Gran Despertar). Este gran despertar supone un formidable salto de toma de conciencia desde las minorías oprimidas a las clases pudientes educadas en el izquierdismo (liberals en EEUU). Los despertados más significativos son los poderosos chief executive officers (CEOs – directores ejecutivos) de corporaciones públicas y privadas, bancos y fondos financieros que se autodenominan sostenibles, un desiderátum que se vende estupendamente pues plantea «crecer de manera constante sin causar daño al planeta, aliviando la devastación provocada por el cambio climático y cerrando la brecha con los grupos más vulnerables». Semejante proeza ha sido etiquetada con las siglas ESG (Environment-Social- Good Governance: Medioambiente, Social y Buen Gobierno). Ni que decir tiene que esta etiqueta es la vitola del buen CEO que no solo mira por sus intereses, sino que se preocupa de las emisiones de gases de efecto invernadero, la preservación de la biodiversidad, de las energías renovables y la eficiencia energética, de la buena vida de sus empleados incluyendo la diversidad y la inclusión, la transparencia, cerrar todas las brechas salariales y de género, romper el techo de cristal y erradicar la discriminación por razón de género, edad, religión, orientación sexual y discapacidad. La bondad infinita hecha persona en el jefe de la gran corporación multinacional.
El 25 de mayo de 2020 el mundo fue testigo de cómo el oficial de policía del barrio de Powderhorn de Mineápolis Derek Chauvin, apoyó su rodilla en el cuello del ciudadano negro George Floyd hasta asfixiarle. El asesinato de Floyd provocó una oleada de dolor en todo el mundo con rezos masivos, estrellas del deporte y del show business, artistas e incluso grandes banqueros se arrodillaron contritos. ONGs y empresas de todo tipo divulgaron sus condolencias y prometieron aportar sus recursos para la curación del racismo. Al mismo tiempo, el grupo Black Lives Matter (BLM – Las vidas de los negros importan) organizó protestas callejeras masivas. No fueron protestas pacíficas como las del Movimiento por los Derechos Civiles de 4 décadas antes, sino análogas a los disturbios que arrasaron el centro de Detroit en 1967. Similares en violencia pero mil veces más extensas. La primera protesta violenta sucedió en Minneapolis el día después de la muerte George Floyd. Enseguida se expandieron a otras ciudades y pueblos de los EEUU. A finales de junio se contabilizaban más de 1000 tumultos que provocaron centenares de heridos por los enfrentamientos de los militantes y simpatizantes de BLM con la policía y ciudadanos disidentes, así como la destrucción de cientos de propiedades públicas y privadas.
Estos tumultos, lejos de ser condenados unánimemente por políticos, medios y organizaciones civiles y económicas, se llevaron a beneficio de inventario como si se trataran de sacrificios al Dios antirracista. Así, alrededor de 40 grandes corporaciones autoetiquetadas ESG, reafirmaron su compromiso en profundizar la diversidad, equidad e inclusión en sus empresas y donaron importantes sumas a los dirigentes de Black Lives Matter Global Foundation (BLMGF), si una fundación sin ánimo de lucro que dice dedicarse a la educación, cuando quieren decir a la agitación y propaganda para obtener sus fines: «erradicar la supremacía blanca y construir poder local para intervenir en la violencia infligida a las comunidades negras por el estado y los vigilantes».
Con estos mimbres se ha construido la “racialización” de la política y la sociedad (cultura) en los siguientes términos: tu identidad racial, sexual o de género definirá el 100% de tu existencia. Por consiguiente, eres víctima o victimario. Como con el marxismo-leninismo, no hay posibilidad de diálogo pues la dialéctica sigue siendo la oposición dominante-dominado. Además, instituye el pecado original de raza, todos los blancos son culpables de los grandes males desde que el mundo es mundo; racismo, colonialismo, capitalismo. Todos los ciudadanos de un país colonialista, aunque haga más de un siglo que ha dejado de serlo, son colonizadores y traficantes de esclavos. Todos los varones, sobre todo los blancos, son machistas y potenciales agresores de mujeres. Todos lo “no nacionalistas” son imperialistas. En “Cynical Theories” (2020) Helen Pluckrose y el matemático James A. Lindsay afirman que el wokismo es “una teoría del complot sin conspiradores individuales”. El racismo, el machismo, el occidentalismo, el colonialismo son males estructurales. Todos los blancos nacen con un pecado original (el privilegio blanco) que los define, incluso a los que luchan por los derechos civiles.
El caso es que los CEOs de gigantes multinacionales yanquis con etiqueta ESG como: Amazon, Apple, Google, Nike, McDonalds, Goldman Sachs, Microsoft y BlackRock (Los directivos de los bancos son filántropos con el dinero de sus clientes y de sus inversores), entre otros muchos, además de expresar su mea culpa por acarrear el pecado original heteropatriarcal y blanco racista, reafirmaron su determinación con la causa de la igualdad racial y la diversidad con frases redentoristas como: «El cambio en nosotros mismos ayuda a impulsar el cambio en el mundo» (Microsoft). Todas las corporaciones mencionadas y unas cuantas más, donaron a BLMGFdel bolsillo de sus accionistas entre un millón y dos millones de dólares respectivamente. De esta manera, cerca de 40 corporaciones multinacionales donaron más de $90 millones a BLMGF en 2020, de los que $6 millones fueron destinados a comprar una opulenta mansión entre Los Ángeles y Hollywood de 603 m², 8 habitaciones y baños, piscina y estacionamiento para más de 20 automóviles. Por supuesto, la mansión fue adquirida por Delaware Limited Liability filial de BLMGF. Además de la mansión, el triunviro queer dirigente de BLM formado por Patrisse Cullors, Alicia Garza y Melina Abdullah, tuvo que reconocer públicamente sus formidables ingresos derivados de contratos entre BLMGF y empresas de servicios que supusieron un incremento patrimonial formidable de cada una en apenas 8 años.
Que la emancipación de los parias de la tierra empieza siempre por sus apóstoles, no debe despistarnos sobre las enseñanzas de estos sucesos, a saber, que el adoctrinamiento sistemático ejercido durante más de 6 decenios en la mayoría de facultades de humanidades en EEUU y Canadá, han logrado sus objetivos gracias a la incorporación de sus alumnos más aplicados a los puestos ejecutivos de la política y las corporaciones empresariales. En general, los CEOs de las grandes multinacionales occidentales suelen tener masters en administración de empresas (MBA), apenas hay científicos, médicos o ingenieros (Elon Musk es la excepción de la regla) entre ellos. Excelentes promotores de sí mismos, sus concienciadas y despiertas socialmente mentes, predican una moral de conveniencia con notable éxito en Norteamérica y, con algo de retraso, también en Europa. Con el “wokenomics”, la antigua responsabilidad social de la empresa se ha reconvertido en un instrumento de acumulación de riqueza y prestigio disfrazado con un manto honorable. Convertidos en bienhechores, los altos y famosos ejecutivos están dirigiendo estrategias para problemas sociales, ambientales y políticos, desde el cambio climático hasta la desigualdad racial. Y lo hacen cuan si fueran ecuaciones que deben resolver el genio de unos pocos iluminados; es decir, los Zuckerberg, Bezos, Gates, Musk, Benioff, Soros, Schwab, Al Gore, Fink, etcétera .
Parece obvio que la venia o anexión a la ideología woke por buena parte de las élites empresariales y políticas occidentales, es más oportunista que altruista. En realidad, se trata de un quid pro quo difícil de limitar quien ejerce mejor el oportunismo o el chantaje. Un fantasma recorre Norteamérica: el fantasma del wokeismo que intimida a las élites empresariales, políticas y culturales; el perder la reputación personal. Ha ganado la antidemocrática “cultura de la cancelación” basada en el boicot y el oprobio del sacrílego (public shaming). Y como ni siquiera vale el silencio, “White silence is violence”, los dirigentes empresariales sobreactúan para salvar el pellejo incluso en detrimento de los intereses de los inversores de sus empresas que son sus verdaderos propietarios. Pero a esta situación no se ha llegado sin la complicidad de unos cuantos poderosos que pretenden establecer un nuevo modelo económico y social en el mundo. «Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un «Gran Reset» del capitalismo» Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial de Davos.
DEL ANTIFRANQUISMO UNIVERSITARIO
Es público y notorio que las facultades de humanidades de las universidades públicas españolas, fueron poco a poco copadas por marxistas y/o nacionalistas. Pero la historia grande o pequeña contiene paradojas reveladoras, por ejemplo, la del grupúsculo que se erigió en efímero Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en 1966 y redactó el “Manifiesto por una universidad democrática”. Aquel manifiesto fue apoyado por otros grupos antifranquistas universitarios y, aunque clandestino, el estilo de su redacción señalaba la autoría de Manuel Sacristán Luzón, a la sazón reconocido filósofo y teórico marxista dirigente del Partido Comunista de España (PCE) y profesor no numerario de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Barcelona.
Aquel manifiesto denunciaba la implantación coactiva de la ideología oficial franquista, criticaba las malas prácticas de la Universidad y proponía medidas para democratizar la institución y mejorar su rendimiento científico. Entre las propuestas, destacaba la que declaraba: «ningún cargo universitario debe ser cubierto por tiempo indeterminado». Otra sin duda innovadora propuesta era la que propugnaba la eliminación de las cátedras vitalicias, al tiempo que pedía la dignificación de los profesores no numerarios.
Llegado el PSOE de Felipe González al poder en 1982, se inició la vorágine fundadora de universidades públicas en cualquier ciudad o pueblo que el político del lugar proponía para su mayor gloria. Enseguida se fundaron a toda prisa decenas de universidades públicas, al tiempo que el gobierno convirtió en funcionarios a todos los profesores. En cualquier caso, no hubo protestas cuando los concursos de acceso a cátedras y titularidades universitarias se simplificaron, se redujo el número de miembros de los tribunales o comisiones que habían de decidirlos (de siete miembros a cinco, con lo que resultaba fácil conseguir mayorías de sólo tres votos), y se entregó la designación de dos de estas personas a la decisión de los propios departamentos universitarios afectados. El incremento de la endogamia que significaban estas disposiciones, en detrimento del mérito, se implantó como sistema en la universidad pública española. En 1984, unos pocos meses antes de morir, Manuel Sacristán Luzón fue nombrado catedrático de Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona.
En los inicios del Felipato, el inexorable declive de la URSS impuso planteamientos revisionistas de socialistas y comunistas en todo el mundo. En España, como en otros lugares, trataron de salvar los muebles y evitar por todos los medios certificar la defunción del marxismo al modo del falsacionismo de “La sociedad abierta y sus enemigos” de Karl Popper. Por supuesto, no se trataba de reestudiar el oscuro “Materialismo y empiriocriticismo “de Lenin sino de seguir los compases de los Radicales italianos del folclórico Marco Pannella que se adornaba con los desplantes del entonces joven y rojiverde Giovanni Negri, junto con el neomaltusianismo instalado en “Los Límites del crecimiento” por el Club de Roma, unido a la ambivalencia ideológica de los flamantes Verdes Alemanes (Die Grünen). De esta manera, se fue conformado un relato bonancible con intenciones de paradigma. Así, a la entropía la convirtieron en una nueva versión de ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que acabaría con el consumismo compulsivo del primer mundo capitalista. El consumismo compulsivo era, ¿es? la enfermedad mortal del capitalismo, enfermedad que por entonces no tenían la URSS donde no había ni leche que consumir y de una China en la que el mañoso Deng Xiaoping iniciaba, con no pocos sobresaltos, su reforma hacia el capitalismo salvaje de partido único.
Ecologista se declaró en aquel tiempo el recién expulsado dirigente del PCE y prestigioso catedrático de economía Ramón Tamames Gómez. Menos mediático y fiel al Partido (PCE) el considerado el gran teórico marxista español, Manuel Sacristán Luzón publicó “Pacifismo, ecología y política alternativa” en 1987. Pero el Felipato, como práctica de poder sin contrapesos evitó la expansión del posmodernismo en el ámbito académico, en realidad, no hay un Lyotard español y este movimiento solo se manifestó como coartada estética, cultural y sexual que representan fenómenos banales como la movida madrileña.
DEL ANTIFRANQUISMO SOBREVENIDO AL POPULISMO WOKE
Los intelectuales universitarios españoles que se autodenominaban progresistas, es decir, marxistas más o menos leninistas enfadados con el proletariado, durante el Felipato se agarraron al clavo ardiendo de Gramsci y emprendieron la tarea de lograr la hegemonía cultural convirtiendo a las ya numerosas facultades de humanidades en centros de adoctrinamiento. Lo lograron. Por consiguiente, parece justo mencionar a los brahmanes más destacados en su empeño. Por su curiosa trayectoria ideológica considero merecedor de encabezar la distinguida lista a José Luis Sampedro Sáez seguido de Ramón Cotarelo García, Juan Ramón Capella Hernández, Montserrat Galcerán Huguet, Jaime Pastor Verdú, Antoni Domènech Figueras, Joan Subirats Humet (ministro de Universidades del Gobierno presidido por Sánchez Castejón desde 2021), Ludolfo Paramio Rodrigo, Carlos Berzosa Alonso Martínez, Carlos Taibo Arias, Heriberto Cairo Carou, Antonio García-Santesmases, Carlos Fernández Liria, Luis Alegre Zahonero, Santos Miguel Ruesga Benito, David M. Rivas Infante, Andrés Arias Astray, Julio Alguacil Gómez, Jorge Fonseca Castro y Rafael Escudero Alday. Faltan tantos que sus nombres ocuparían demasiado espacio, pero cuando recuerdo a unos cuantos que traté personalmente hace ya muchos años, no acabo de entender cómo personas de trato agradable y siempre aseados, soportaban la cochambre que reinaba y reina en las facultades y los vandálicos escraches de sus alumnos a quienes no eran del mester de progresía.
Aparentemente, como sucedió en Norteamérica, el Neo Marxismo Gramsciano impartido en las aulas de humanidades de nuestras universidades públicas, no parecía tener mucha influencia social debido a la aparente consolidación de un bipartidismo imperfecto condicionado por los nacionalistas vascos y catalanes. Pero en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y la consiguiente depresión económica. Surgen entonces los indignados contra el sistema, aunque no fue hasta 2014 que las semillas ideológicas sembradas durante tantos años en la universidad pública española dieran cosecha en forma de partido político. Bien es cierto que en España no tuvimos un solo Lyotard afamado salvo que consideremos como tal a Pedro Almodóvar Caballero, pero la influencia de Gramsci se fue alargando hacia un populismo posmarxista de resonancias peronistas formulado por la pareja Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en “Hegemonía y estrategia socialista: hacia una política democrática radical” (1985), una propuesta abrazada con frenesí por los doctorandos, luego devenidos famosos políticos, que por aquel tiempo estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ubicada en el campus de Somosaguas.
La consigna «Democracia Real YA» de mayo de 2011 fue un amargo grito que expresaba el anhelo de un cambio de rumbo, mientras que «Juventud Sin Futuro» la constatación de un fracaso político y social trasformado en descrédito de la democracia liberal. Las plataformas y movimientos llamadas 15M proclamaban su apartidismo, pero bastaba con acercarse a cualquiera de las ágoras de indignados organizadas en las plazas de las ciudades españolas, sobre todo las de la Puerta del Sol madrileña y la Plaza de Cataluña barcelonesa, para comprobar que quienes dirigían la orquesta asamblearia con notable destreza y experiencia adquirida en facultades, sindicatos y partidos, eran un manojo de veteranos líderes de Izquierda Unida y los aventajados alumnos de las inefables facultades de humanidades devenidos ya profesores. Los más ardorosos se camuflaron en el “colectivo” universitario Juventud Sin Futuro. Este colectivo estaba controlado por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) de ideología marxista que ejercía de consultora y Think Tank del «Socialismo del Siglo XXI» desarrollado por Heinz Dieterich Steffan, Michael Lebowitz y la discípula de Althusser, Marta Harnecker. Era el socialismo que estaban implantando entonces los Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales. Ya entonces la CEPS era dirigida por el núcleo que en 2014 fundó el partido Podemos. También eran fácilmente detectables las consignas del movimiento antiglobalización internacional ATTAC y el Nuevo Partido Anticapitalista capitaneado por el incombustible trotskista Olivier Besancenot.
La diferencia doctrinal del socialismo del siglo XXI respecto al soviético apenas se distingue en el detalle de no perpetrar sistemáticamente la socialización de los medios de producción (incautación por el estado), sino la implantación de un Estado Leviatán manejado por una casta dirigente, cuya legitimidad está fundada en la superioridad moral de su ideología. La estrategia para lograr la superioridad moral es la consecución de la hegemonía cultural establecida por Gramsci que al inicio del siglo XXI es aumentada con la política de identidad que en el caso de Iberoamérica combina el antitético indigenismo con el nacionalismo histórico bolivariano. Esta aberración es asumida por el Frankenstein del mester de progresía español quien ha desechado el feminismo clásico igualitarista y se ha apuntado de hoz y coz a la queer theory.
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El fulgurante ascenso a la fama de Pablo Iglesias Turrión y de rebote el partido Podemos, no se explica sin la colaboración de los medios de comunicación, sobre todo de los canales de televisión generalistas privados. El personaje apenas era conocido hasta que en 2010 comenzó a presentar el programa de tertulia política La Tuerka en Tele K. Poco después, Iglesias comenzó a colaborar con el periódico Público y apareció como analista en un programa especial de La Sexta, La Sexta Columna y en Fort Apache del canal público iraní Hispan TV. Ya afamado, Iglesias aparecía por todas las televisiones generalistas, La Sexta Noche; Las Mañanas de Cuatro y Te vas a Enterar, La Noche en 24 Horas, El Cascabel de Trece-COPE, La Lupa del Canal 10; Al Rojo Vivo, El Objetivo o Salvados, Las Mañanas de La 1 en TVE y hasta en El Gato al Agua del derechista canal de Intereconomía en 2013. De estrella mediática predicadora del igualitarismo y la eliminación de la plutocracia a diputado europeo y jefe de Podemos apenas fue un paso lógico.
Lo sucedido después con el personaje y su partido es bien conocido. Pero lo relevante de la conversión de un desconocido profesor en líder carismático es que excepto TVE, todos los canales mencionados que le promocionaron pertenecen a propietarios privados, cooperativas, instituciones religiosas y, sobre todo, grandes grupos de comunicación como Atresmedia y Mediaset. Y por si aún no queda clara la cuestión, destaco que estos grandes grupos cooperativos de comunicación, exponen a bombo y platillo en sus balances y “statements” en español e inglés su vitola ESG de compromiso social, ambiental y de buen gobierno.
Por motivos que comprenderán y por constatar además que sus platós acogieron el “ESG Spain 2020 Corporate Sustainability Forum”, elijo como referente el informe:”Estado de información no financiera consolidado 2021 de ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A.”. Ya en la carta del Presidente, José Creuheras Margenat, queda clara la adhesión a la corrección política ESG de la corporación: «En 2021 hemos finalizado nuestro segundo Plan Director de Responsabilidad Corporativa, llevando a cabo sus últimas acciones y estableciendo, tras él, nuevos objetivos ESG que guiarán la actuación durante 2022 y 2023. Estos primarán el refuerzo de la estrategia medioambiental, el impulso de la medición del impacto social del Grupo y el incremento en la respuesta a inversores sobre el desempeño ESG». Un desempeño ya notable antes pues en el informe queda escrito negro sobre blanco que unas decenas de millones de euros de sus accionistas han financiado campañas a favor de ONGs (sospechosamente sin especificar), a lograr para Atresmedia la ambicionada calificación B de la organización Carbon Disclosure Project (CDP) por su actuación contra el cambio climático y a la obtención del índice de sostenibilidad FTSE4Good Ibex por mejora de eficiencia energética. Asimismo, la Política General de Responsabilidad Corporativa diseñada por sus CEOs, establece proveer «un empleo de calidad gratificante, promover la igualdad, la diversidad y la conciliación, garantizar los derecho laborales, evitar la discriminación por razón de género, edad, religión, orientación sexual y discapacidad, total compromiso con la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas», etcétera, etcétera.
En primer lugar, ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A. tiene como Objeto Social solo y exclusivamente servicios de televisión y radiodifusión. Asimismo, por ser una sociedad anónima, la ley le concede el privilegio de limitar a sus propietarios y directivos la responsabilidad frente a los acreedores, lo que pone a salvo su patrimonio personal en caso de quiebra, luego cabe preguntarse si sus directivos pueden legal y moralmente convertir la compañía en santuario difusor de una ideología concreta que no tienen por qué compartir ni sus accionistas ni sus clientes. Es más, si fuera solo Atresmedia el asunto, aunque grave, sería anecdótico, pero estamos hablando de que casi todas las empresas españolas cotizadas en bolsa y muchas más, han asumido su encuadre en el ESG. Incluso existen unos cuantos índices nacionales e internacionales que miden, sin criterios objetivos y transparencia, el grado de cumplimiento ESG de las empresas que, en el caso de España, suele estar liderado por Mercadona, seguida de Inditex, Ikea, Mapfre, Mutua Madrileña, Mahou San Miguel, Nestlé, Telefónica, Caixabank, etcétera.
Ante esta realidad, surge la inevitable pregunta: ¿Qué intereses y estrategias mueven a la miríada de altos dirigentes del capitalismo mundial a desplegar, sobre todo desde la plataforma de Davos, el llamado capitalismo stakeholder aderezado con la ideología woke? Repito entonces las contundentes palabras del fundador y presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, cuando escribió en junio de 2020: «Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un «Gran Reset» del capitalismo».
Podemos especular, no sin motivo, que el cártel ESG-Woke es una reedición de la referida al principio de este artículo “recuperación asimiladora” del capitalismo, para neutralizar el wokeismo militante de extrema izquierda, además de una buena «herramienta de marca». Asimismo, se puede llegar a la conclusión de Vivek Ramaswamy en “Woke Inc.” (2021) estimando que la “wokenomics» es una estafa egoísta, una puesta en escena para engañar a consumidores y accionistas con dos propósitos camuflados por angelicales palabras solidarias; elevar el estatus social (moral) de los CEOs y gurús de las grandes corporaciones y camuflar, con preocupaciones éticas fingidas, el objetivo que realmente les importa: las millonarias bonificaciones que se otorgan. En definitiva un amoral matrimonio de conveniencia entre organizaciones de activistas y directivos de grandes corporaciones; un bochornoso quid pro quo. También es instructiva la conclusión del reconocido ensayista y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Tecnología de Sydney, Carl Rhodes que establece que el capitalismo woke está saboteando la democracia liberal, es decir, la democracia. De hecho, entre el trampantojo construido por el cártel ESG-Woke de estructuras culturales, económicas y sociales paralelas, se puede entrever la sombra de la ambición monopolística que suele conducir al corporativismo, un corporativismo que ahora sería mundial.
Como han adivinado, la sombra del socialismo corporativo tiene una vieja y tétrica historia que se remonta a finales del siglo XIX y se impone en varios países europeos, con diferentes etiquetas, a principios del siglo XX hasta concluir en los mayores baños de sangre que registra la historia. Hoy, el paradigma de los Klaus Schwab, Al Gore, Larry Fink, Tim Cook, Reed Hastings, Satya Nadella y demás CEOs wokes se barrunta como un neofascismo economicista autoritario. No por casualidad, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, decidió en 2021 que el invitado de honor fuera el dictador chino Xi Jinping. El anfitrión, Klaus Schwab, presentó a Jinping con alabanzas de esta guisa: «Tenemos que comenzar una nueva era global y contamos con usted”. Xi, fue claro, reconoció que su régimen no es «igualitario». Que confiere el poder económico y político a las élites empresariales y estatales, además de utilizar la coacción y el poder del Estado para concentrar el control de la riqueza en sus manos, por mucho que prometan redistribuirla mediante la «justicia social». Además, Jinping aseguró que la senda a seguir es un nuevo gobierno mundial en el que China tendrá un lugar predominante. «En China estamos siguiendo el camino hacia un país socialista moderno. Ahora, desempeñaremos un papel más activo para fomentar una globalización económica mundial que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos» manifestó poco después de ordenar apalear a los manifestantes de Hong Kong, seguir encerrando en campos de concentración a los discrepantes de Xinjiang, recluir o hacer desaparecer a quienes discrepan de la versión oficial del Covid e implantar el orwelliano sistema de crédito social, un siniestro carnet por puntos que los ciudadanos ganan o pierden en función de si cumplen las rígidas normas establecidas por el Estado Leviatán chino, dirigido por la oligarquía instalada en el Partido Comunista. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudieron con fervor a Xi.
Trascurridas varias semanas desde la publicación de «Haciendo amigos. Sobre mascotas y cambio climático» y teniendo en cuenta las críticas recibidas, algunas muy airadas como conjeturé, asumo el error de base cometido cuando, dejándome llevar por el ánimo provocador y evitar extenderme demasiado, desdeñé una parte sustancial del asunto; que el amor recientísimo por los animales de compañía, que hasta no hace tanto era patrimonio de la aristocracia con sus peluches, ahora se plasma en convivencia hogareña estrechísima, prácticamente familiar en los pequeños apartamentos de las ciudades occidentales, no tiene otra explicación que la adopción por parte de la mayoría de la población occidental, de manera más o menos consciente, de una de las ramas del darwinismo ideológico apoyado en la pangénesis. Me refiero al animalismo, ideología derivada del llamado darwinismo social o eugenesia. Trataré de explicar esta aserción con brevedad.
La eugenesia, como pseudociencia desarrollada por Francis Galton, ha sido impugnada radicalmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial al considerarse, con razón, una de las causas que conllevaron al horror del holocausto. No obstante, conviene recordar que los ensayos eugenésicos no solo supusieron la consecución del crimen sistemático de Estado perpetrado por el nacionalsocialismo, también fueron ensayadas unas cuantas atrocidades como las esterilizaciones forzadas en EEUU, los países escandinavos regidos por la socialdemocracia y, no por ocultado menos cierto, en la URSS donde, la pretensión bolchevique de crear el “hombre nuevo soviético” permitió a Trofim Lysenko y al biólogo Nikolai Koltsov, realizar experimentos genéticos hasta llegar a la locura del hombre-mono como soldado sumiso que Stalin permitió ensayar al biólogo Ilya Ivanov. En España, no podemos olvidar el matricidio de Hildegart Rodríguez Carballeira en 1933, como consecuencia del desvarío ideológico eugenésico libertario de su madre, luego defendido por el doctor Félix Martí Ibáñez.
La fuente de la que mana la eugenesia y del darwinismo social, es la extrapolación zoológica que el propio Darwin realiza al subsumir al hombre en una noche zoológica, donde toda diferencia que nos pueda dignificar, es suprimida para hacer del hombre un mono venido a más. Esta animalización como ser, cuya única virtud es haber desarrollado un cerebro más grande que le permite “dominar” a otros o incluso a la naturaleza, conlleva a la humanización de los animales, sobre todo, de los animales domesticados por el hombre o cercanos a su vida.
De los estudios que conozco al respecto, es el filósofo Carlos Javier Alonso Gutiérrez en “La agonía del cientificismo. Una aproximación a la filosofía de la ciencia” (1999) quien mejor expresa el dilema, cuando explica que el hombre es a la vez un animal biológico y biográfico. «En cuanto es biológico, tiene una naturaleza animal. En cuanto es biográfico tiene historia». Por consiguiente, el desamparado homo sapiens ha supervivido, no por ser el más apto, sino porque sus escasos recursos adaptativos han sido mejorados con creces por su inteligencia, inteligencia que le permite obtener estímulos de la realidad cambiante y tomar conciencia de esa realidad y de sus actos. Es la inteligencia humana, generadora de la racionalidad, la autonomía, el lenguaje y la conciencia de la vida y de la muerte de cada individuo, el grandioso atril que nos diferencia del resto de los animales.
Con la crítica del capitalismo como depredador de los recursos naturales del planeta, se activaron las ideologías vegetarianas y animalistas. Desde esa óptica, se desarrolla el “antiespecismo” militante como reacción al llamado “especismo” vigente que, según sus detractores antiespecistas, discrimina a los animales al colocar a la humanidad en la cúspide de la naturaleza. Así, el antiespecismo considera que todos los seres vivos, y no solo los humanos, son sujetos de derecho y su vida tiene el mismo valor. En consecuencia, los animales tienen los mismos derechos que los humanos. De los deberes no comentan nada o dan por supuesto que es la humanidad quien tiene el deber de cuidar del resto de las especies.
Una de las líderes animalistas antiespecista es la francesa Corine Pelluchon, autora del “Manifiesto animalista. Politizar la causa animal” (2018), cuyo perturbador contenido conduce al veganismo radical y al anticapitalismo posmarxista. Claro que hay animalistas antiespecistas que no son veganos ni posmarxistas, pero en buena lógica deberían serlo. Pues si el animalismo antiespecista veda la crianza de animales para ser sacrificados por los humanos para alimentarse, también debería prohibir que los mismos humanos sacrifiquen animales para que perros, gatos y otras mascotas puedan comer lo que precisan. Por supuesto, siguiendo la misma lógica, se deben cerrar los muladares que alimentan las aves rapaces y convertir a leones y tigres al veganismo.
Por otro lado, es evidente que el concepto básico del animalismo que estipula que todos los animales son seres “sintientes” es una hipótesis improbable. No solo porque no todos los animales tienen un sistema nervioso centralizado, también porque las reacciones ante los estímulos en no pocos casos son iguales o inferiores a los de las plantas quienes, como seres vivos mayormente fotosintéticos podrían sentir, ser “sintientes” (algunos estudios parecen confirmarlo) pues no pocas responden a estímulos. Entonces ¿De qué se alimentarán los veganos si las plantas son también “sintientes”?
Con el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales que ha presentado el Ministerio de Derechos Sociales, el Estado español pretende intervenir estableciendo unas normas de obligado cumplimiento, no tanto para proteger a los animales de malos tratos puesto que ya existe legislación al respecto, sino para imponer conductas antiespecistas para urbanitas y propietarios de chalets, al tiempo que se beneficia a la floreciente industria alrededor de las mascotas.
En el totum revolotum de los “wokes” de la penúltima ola, el animalismo antiespecista rezuma por todos los sitios nihilismo y contrición mística. Incluso se evidencia claramente su rechazo hacia una naturaleza donde la depredación es sustancial a la vida, esa vida que se alimenta de vida y constituye las dinámicas de la biodiversidad. Por otro lado, el imperio de la corrección política ha implantado en el lenguaje cotidiano las muletillas animalistas cuando hablan de educar a los perros y gatos como si fueran alumnos de enseñanza general básica. A los perros, gatos, caballos, burros y demás animales domésticos se les doméstica, doma o entrena, además de alimentarlos y cuidarlos.